Con esta nueva suba, la nafta V-Power (Premium) ya se comercializa por encima de los $1.800 por litro, mientras que la Súper —la opción más económica— también superó la barrera de los $1.490.

Súper: $1.492 (antes $1.470) → +1,50%

V-Power Nafta: $1.734 (antes $1.707) → +1,58%

Diésel Común: $1.543 (antes $1.514) → +1,92%

V-Power Diésel: $1.734 (sin cambios respecto al 14/08)

Si bien el V-Power Diésel no registró aumentos esta vez, el resto de los productos volvió a encarecerse, con el Diésel común liderando el alza en esta actualización.

La seguidilla de incrementos deja un panorama contundente: en apenas siete meses, entre enero y agosto de 2025, los combustibles aumentaron entre un 30% y un 43%, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que según el INDEC fue del 17,3%.

Súper: de $1.067 a $1.526 → +43%

V-Power Nafta: de $1.287 a $1.791 → +39%

Diésel común: de $1.140 a $1.559 → +37%

V-Power Diésel: de $1.351 a $1.758 → +30%

La nafta Súper fue la que más se encareció en lo que va del año, mientras que el V-Power Diésel mostró la menor variación porcentual.

A diferencia de meses anteriores, cuando cada incremento despertaba quejas de automovilistas y transportistas, hoy la reacción es de resignación. La continuidad de las subas —casi semanales durante agosto— parece haber apagado la protesta frente a un escenario en el que el combustible no deja de marcar récords.

Cuando en sus actos y discursos Rogelio Frigerio pretendía el sillón de Urquiza, expresaba: “debido a la crisis, ya no tenemos 100 días para poner en práctica las medidas necesarias, tenemos 100 horas….”. 

Si el hoy Gobernador no contradijo sus dichos, la pregunta adecuada y oportuna sería: ¿Qué se hizo en esas 100 horas? y, siendo benévolos, ¿qué se hizo en los primeros 100 días? 

Nuestra interpretación sobre estas primeras acciones de gobierno es que estamos ante una equivocación esencial que surge de la comprensión equivocada de los fenómenos económicos y que pasamos a describir:

1) El equilibrio fiscal, reforma y modernización del Estado, no puede ser un paso previo para llevar adelante un plan de desarrollo sistémico e integral.

2) El ordenamiento del Sector Público, no puede ser un previo a la estrategia de desarrollo. 

3) Orientar un proceso de inversión hacia los sectores exportadores, es un gran error. 

4) Adherir sin objeciones al más brutal plan de ajuste llevado adelante por la Nación, es un grosero error político. 

5) Desconocer la realidad y la morfología del subdesarrollo provincial y fundamentalmente sus causas, es una falla básica. 

Así presentadas las prioridades del gobierno provincial, justamente al revés de lo que se debería hacer para revertir el nivel de subdesarrollo y atraso, cada vez más profundo y agudo. 

Tanto el Estado provincial hipertrofiado, elefantiásico y sobredimensionado, como un aparato productivo anémico y desintegrado, son piezas del mismo fenómeno: el “subdesarrollo provincial”, al cual nos hemos referido sistemáticamente en nuestros artículos publicados. 

No existiendo integración de y en los procesos productivos, gran parte de la renta y del poder de consumo del salario de los entrerrianos, es transferido en forma sumaria, sin reparos, hacia fuera de la provincia a causa de un comercio desigual y asimétrico (drenaje de fondos y capital financiero) y su resultante es, causalmente la desesperanza que explica muchas circunstancias que evitamos observar y que ciertamente no son nuevas. 

Este fenómeno del subdesarrollo, en términos generales, se expresa hacia adentro de la provincia en desempleo y falta de oportunidades, desocupación y éxodo de personas y sobre todo jóvenes, salarios bajos y el estado como única posibilidad de obtener trabajo estable. 

El empleo del sector público aparece entonces, en muchísimas ocasiones, como un subsidio implícito por desempleo. 

Los entrerrianos preferimos evitar la compilación sistemática y seriada de datos estadísticos, lo cual nos impide llevar cualquier análisis comparativo, habilitándose tramposa y ficticiamente a todos los gobiernos asegurar que la gestión es excelente y evadirse de realidades dolorosas que exhiben el retroceso, deterioro y fracaso. 

Y es así, entonces, como negamos la emigración de la ciudadanía joven del interior profundo de nuestra provincia y escondemos la tasa de suicidios de jóvenes, que está entre las más altas del país. 

Este aparato burocrático cada vez más grande con respecto a la actividad privada, se auto-protege, parasitando el sector productivo privado, y en este contexto, el sector primario es esquilmado cada vez con mayor fuerza. 

Es por este motivo que, si bien es necesario eficientizar el Estado y reducir su gasto burocrático, este objetivo carece de sentido sin un plan de integración de nuestra economía doméstica, con generación de empleo genuino y devengamiento de salarios complejos. Es decir, para ser más claros, que debemos reconvertir nuestra economía, que es básicamente agropastoril, en una economía mayor de complejidad. 

Esto no ha sido siquiera bosquejado o insinuado, sino que solamente se han implementado mecanismos presupuestarios de ajuste de los salarios y jubilaciones públicas, el pago de una cuantiosa deuda en dólares heredada, tratando modificar y emparchar el siempre vigente problema previsional mediante aumentos en los aportes (que lastima aún más, a los ya degradados salarios públicos) e intentando producir pequeñas reformas para paliar el déficit de la Caja, sin interpretar que la única salida, es el crecimiento de la producción y el trabajo. 

Por lo tanto, concluimos que nada de lo que se está realizando como acción de gobierno nos conduce a la indispensable e imperiosa modificación de nuestra estructura económica provincial, y que la decisión política de convertir a nuestra economía provincial en una “economía compleja”, simplemente no existe. Nosotros sostenemos insistentemente que la energía debe ser un vector de apalancamiento de la producción y del desarrollo, toda vez que la energía sirve para multiplicar la riqueza. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho, detectamos un desalentador continuismo con respecto a las políticas llevadas adelante en por los menos los últimos 25 años, donde el precio de la energía está asociado con la política a través de una carga impositiva que permite recaudar sin ningún esfuerzo y así contribuir a deteriorar los procesos productivos.

Es así, como el precio de las tarifas es publicitado como un dato que nos es impuesto por la Nación, es decir que el metamensaje contenido en estas afirmaciones, es la inexistencia de una política energética soberana. 

Esto anterior pone en evidencia que no existe una decisión política que beneficie a los sectores productivos y a los consumidores residenciales, a quienes sólo se les propinó, de la mano de un brutal tarifazo, un “apagón energético” cuya resultante será otro duro golpe a la economía y al estándar de vida. 

Como observaciones concretas podemos señalar las siguientes: 

1. Entre Ríos tiene la tarifa eléctrica más cara del país. 

2. ⁠Entre Ríos aceptó mediante Decreto el pago de las regalías con un bono. 

3. ⁠Entre Ríos (mediante ENERSA) cuando quiso pagar los costos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con los propios bonos emitidos por Nación, fueron rechazados por no ser instrumentos cancelatorios. Ergo, el Decreto Provincial debe ser inmediatamente declarado lesivo. 

4. ⁠Las designaciones en el sector energético provincial (Sec. de Energía, EPRE y ENERSA) no respetaron los criterios dichos por el gobernador en campaña: mérito, esfuerzo, sacrificio y quienes vienen de carrera. Se ubicó a políticos neófitos en la materia, desplazando a técnicos de años y preparados. 

5. ⁠Entre Ríos no tiene un plan energético a mediano y largo plazo. 

Sin energía barata, disponible y abundante no se puede alimentar el motor productivo. 

Análisis realizado por el Ing. Alejandro Di Palma, Cr. Roberto Domingo y el Dr. Rubén Pagliotto

Esto así, puede ser visto en la acción del gobierno de EEUU durante la post pandemia, cuando el valor del combustible tocó máximos históricos e impactó frontalmente sobre la opinión pública y la producción. Tampoco podemos dejar de señalar los misteriosos sabotajes contra los gasoductos que cruzan el báltico (Nord Stream), que abastecían de gas ruso a Europa, un grosero error estratégico de Alemania.

La "autonomía estratégica en energía", se refiere -sin lugar a dudas- a la capacidad de un Estado para asegurar su suministro energético de manera independiente y sin depender en exceso de fuentes externas, es decir, el autoabastecimiento. Esta autonomía puede ser importante por varias razones. Veamos:

La primera razón está vinculada a la seguridad energética, es decir, que depender en gran medida de fuentes energéticas externas puede hacer a un país vulnerable a interrupciones en el suministro debido a conflictos entre países, políticas internacionales o desastres naturales.

La segunda razón, es económica, puesto que, si un Estado depende demasiado de importaciones de energía, está sujeto a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales, lo cual pone en duda la lógica de aceptar como costo de producción el “valor de mercado” de la energía. La producción interna o la diversificación de fuentes energéticas, pueden ayudar a estabilizar los precios y reducir la vulnerabilidad económica, es decir aislarlos del fenómeno “mercado”, con todos sus riesgos.

La tercera razón, y seguramente la más importante, es de una dimensión Política y/o geopolítica, por cual la dependencia energética puede limitar la independencia política de un Estado, ya que las decisiones sobre el suministro energético pueden ser influenciadas por otros Estados o actores externos, es decir, quitarían grados de libertad a decisiones que deberían ser soberanas.

Lo expuesto en este tercer (y más importante) punto, se resume en la siguiente regla básica: “Conservar la libertad de acción”. 

En el fenómeno tensionante, que en las organizaciones sociales es “obtener el objetivo”, hay un álgebra (o conjunto de reglas) subyacente, que es dictado por la ESTRATEGIA como ciencia. La lucha de las voluntades se reduce entonces a una lucha por libertad de acción, tratando cada uno, de conservarla y privar de ella al adversario.

El papel de la estrategia es señalar a las técnicas y a las tácticas, los objetivos hacia los cuales encaminar su acción, así como su evolución.

Según “el arte de la guerra” (Sun Tzu), si no se dispone de una estrategia (proyecto provincial, en nuestro caso), aunque se apele a múltiples tácticas (normalmente ceñidas a anuncios o meros eslóganes), la derrota será inevitable

También debemos señalar que, el máximo grado de libertad al que puede aspirarse será producto de un necesario equilibrio entre oportunidades, idealismos propios y un pragmatismo realista, lo que debe realizarse conforme a un indispensable “proyecto provincial de desarrollo”, cuya estrategia política (geopolítica) sea la más conveniente para la época, administrando correctamente las relaciones de fuerzas que operan sobre la provincia y nunca dejándose atrapar por emociones ideológicas personales.

En toda estrategia se pueden discernir dos elementos distintos y esenciales: la elección del “punto decisivo” que se quiere alcanzar. Esto es, en primer lugar, función de las vulnerabilidades adversas y, en segundo orden, la elección de la maniobra preparatoria que permita alcanzar el punto decisivo.

El éxito se orientará hacia aquel de los dos oponentes que haya sabido impedir la maniobra adversa y dirigir la propia hacia su objetivo.

Las políticas energéticas son conjuntos de decisiones, acciones y regulaciones implementadas por gobiernos y entidades gubernamentales para gestionar y dirigir el sector energético de un Estado. Estas políticas deben estar diseñadas para lograr una serie de objetivos que deben incluir:

Seguridad energética: Garantizar un suministro confiable de energía para satisfacer las necesidades del desarrollo del Estado y reducir la vulnerabilidad a interrupciones en el suministro.

Competitividad económica: Establecer un marco regulatorio que fomente la competencia en el sector energético y promueva la eficiencia económica.

Acceso universal a la energía: Asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios energéticos accesibles y fiables, entendiendo que se trata de un bien vital e indispensable.

Sostenibilidad ambiental: Promover el uso de fuentes de energía limpia y renovable, así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, entendiendo que en esto es la vida de los seres humanos y su calidad, el objetivo por antonomasia y no la rentabilidad monetaria o financiera.

Eficiencia energética: Fomentar y concientizar acerca del uso eficiente y responsable de la energía para reducir el consumo y minimizar el desperdicio.

La “autonomía estratégica” es, entonces, un concepto que, en términos energéticos, desde Entre Ríos como productor superavitario de energía, deberíamos considerar seriamente, ya que resulta absolutamente indispensable para el desarrollo inclusivo de nuestra provincia.

Cuando predomina, como ha sido nuestro caso, un exacerbado tribalismo político, donde las relaciones entre los diversos grupos políticos son fuertemente cerradas, donde cada uno de ellos se habla a sí mismo en una suerte de soliloquio existencial dentro de círculos cerrados de ideas y se cultiva la hostilidad con los restantes grupos, entonces el destino se encamina hacia el desastre, cuando no a la desintegración, y es precisamente desde ese punto desde donde debemos salir. La verdadera agenda provincial y las gravosas circunstancias en las que nos encontramos, son elementos con capacidad suficiente para unirnos transversalmente. Sería, digamos sin temor alguno, la posible síntesis y medula de un partido político provincial, un movimiento entrerriano que evite postergar la agenda vernácula ante debates extraños. 

En el caso de la política entrerriana, debemos señalar que la clausura intolerante del diálogo que se ha sostenido hasta ahora, nos ha llevado a que el “anti” se vuelva el principal criterio político para definir situaciones, lo que produce el actual desorden decadente. Esta suerte de ridícula reducción binaria por reacción, como falacia de razonamiento: si critico a X, soy Z, desdeñando irresponsablemente la posibilidad de transitar un camino que no sea ni X ni Z.

Cuando funcionarios híper-ideologizados (de ambos lados), aplican sistemáticamente esa lógica endogámica al plano político (geopolítico), desconociendo los intereses permanentes de nuestra provincia, sólo pueden esperarse malas decisiones que afectarán (como lo han hecho) el futuro provincial, manteniéndonos, dolosamente, en el patético subdesarrollo en el que estamos.

Autores: Ing. Alejandro Di Palma, Cr. Roberto Domingo y Dr. Rubén Pagliotto

Miembros de ETER (Entre Todos Entre Ríos), IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz) y de la Mesa Federal Energética.

Es evidente que en Entre Ríos, la falta de políticas energéticas orientadas al desarrollo productivo y social, ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, una suerte de vaso comunicante entre las distintas gestiones, tanto de uno como de otro color político. 

Fue esa distinción transversal y sostenida en el tiempo, la que selló fatídicamente el destino de subdesarrollo provincial, demostrando una manifiesta incapacidad de la clase política entrerriana, para comprender cabalmente la importancia vital de una política energética orientada al desarrollo.

Así fue como Entre Ríos, sostuvo en forma dogmática, casi religiosa, una política energética que se limitó a proponer tarifas de las más altas del país, y una de las resultantes negativas de esta errática “decisión política” puede verse a través del éxodo de productores de arroz y citrus, quienes emigraron hacia provincias vecinas (Corrientes y Santa Fe), persiguiendo condiciones energéticas mucho más favorables. 

De manera tal, que esa acción puede sintetizarse como: el uso de una tarifa eléctrica como vector de transferencia de rentas, y fue como se señaló anteriormente, una decisión política que trascendió a todos los gobiernos de las últimas décadas, es decir, una triste coincidencia cuyo resultado es la realidad. Dicho lo cual, para aquellos escépticos e incrédulos o desconfiados, la sola comparación con provincias vecinas puede resolver cualquier duda o perplejidad.

Dicho lo anterior, resulta evidente que, tanto los reclamos sobre: 1- las resultantes hidroeléctricas de Salto Grande; 2- los daños generados como producto de las obras inconclusas de la represa; 3.- o los producidos por los impactos negativos resultantes de la construcción de la represa no resueltos jamás o,  hasta inclusive, 4- la creación de una empresa con capacidad de comercializar la energía de la represa (la última idea de quienes nos trajeron hasta este punto y dejaron el gobierno hace 120 días, energía que consideramos de propiedad entrerriana), por la que NUNCA se entablo una disputa formal con la Nación, NO son elementos que, en sí mismos, garanticen un cambio radical de esa “decisión política” que hemos señalado por viciada en lo referente a la incomprensión esencial sobre el fenómeno “Desarrollo”, el que no responde (y nunca lo hará), al paso del tiempo sino que es la resultante de un proceso dirigido por un Estado administrado por un objetivo político, que en el caso de Entre Ríos, evidentemente nunca existió. 

Sintéticamente reclamamos que: El objetivo político sea el desarrollo provincial y para que eso ocurra, es necesario (pero no suficiente) que la tarifa eléctrica definida, resulte inferior a la del AMBA (la región más desarrollada del país y vecina a nuestra provincia), para lo cual se requiere trazar una estrategia tal que permita alcanzar ese objetivo.

Esa tarifa eléctrica señalada, que es parte indivisible y medular de una política energética, es la que debería hacer viable toda actividad productiva e industrial y a la vez, la que debería surgir de los costos reales, una vez alcanzado el objetivo de obtener y utilizar razonablemente las resultantes energéticas de nuestros recursos naturales, y nunca como resulta ahora, de la arbitrariedad de un burócrata de turno, quien discrecionalmente garantiza una renta a las empresas distribuidoras eléctricas, impidiendo el desarrollo provincial y asociando a los municipios en esa transferencia dolosa. O sea, atender a la utilidad o renta social, antes que a la de naturaleza económico financiera, como si se tratase de una empresa privada.

Para que este análisis no se convierta en algo abstracto y meramente enteléquico, es importante y necesario señalar que las tarifas resultantes del actual TARIFAZO decidido por el gobierno de turno, no tienen fundamentos. La falta de transparencia en su cálculo o estimación es evidente. Nadie, seria y realmente sabe cómo se calcularon, puesto que no hay justificación de costos, ni se conoce qué rigurosidad legal tienen estas nuevas tarifas, de tal suerte que, como se señaló, resultan ostensiblemente gravosas por trasladarse a todos los usuarios y formar parte de la matriz de costos de nuestra producción provincial.

Entre Ríos, por el hecho de ser copropietario de un recurso natural como es el rio Uruguay, que permitió la construcción de la represa hidroeléctrica Salto Grande, debería tener (como lo tienen las provincias petroleras) un beneficio por su carácter de propietario del mismo, y esta propiedad en conjunción con una acción política orientada en el sentido indicado, debería “asegurar” que la energía en Entre Ríos, sea mucho más barata que en el resto del país, incluyendo al AMBA. 

El proceso de desarrollo que reclamamos (recién después de más de 40 años de funcionamiento de la represa), fue el objeto principal del proyecto de la represa hidroeléctrica y formó parte de los fundamentos del “desarrollismo” en todo el mundo,  y eso puede verificarse en otros lugares, por ejemplo, después de la creación de parte de Roosevelt, durante el “new deal”, del Tennesse Valley Authority (TVA), un proyecto que desarrolló una gran región de EEUU a partir de un conjunto de represas hidroeléctricas y el control del flujo fluvial. 

En contraste con lo anterior, vemos el caso de la provincia de Entre Ríos, donde se sostiene una situación de extractivismo neocolonial que lleva más de 40 años y que fue la resultante de la incomprensión de la política provincial, que permitió, por acción u omisión, una flagrante distorsión del proyecto original que, como se dijo, perseguía el desarrollo de esa zona en particular y de la provincia en general, y en cambio de eso, tenemos a los pies de la represa la ciudad más pobre del país (Concordia). 

Nuestra posición es federal, y por ello creemos en la necesaria solidaridad de las provincias que tienen recursos naturales, pero aun así no podemos dejar de señalar que debe existir un necesario grado de razonabilidad, es decir que, en este caso, la energía eléctrica utilizada en la provincia y que permitiría el desarrollo de industrias electro intensivas, debería tener una importante incidencia del costo de Salto Grande, algo parecido al costo puro de generación, sin el agregado de un peaje (desde Ezeiza) tan ridículo como distorsivo. 

Esto anterior, como se dijo, considerando la solidaridad con las provincias o regiones que no tienen el recurso, por ejemplo, el AMBA. 

Debemos señalar que, en nuestro caso provincial, existen dos modelos en tensión para la gestión de esos bienes naturales (Energía). Por un lado, uno netamente extractivista con una planificación pública básica y lineal, flagrantemente rústica, que priorizo la renta por regalías, es decir, desestimó el agregado de valor en origen, sin orientación de las ganancias generadas por la explotación del recurso energético en sinergia con la inversión productiva. Es decir, un modelo donde la posibilidad de industrializar la región es mínima y exclusiva de los segmentos concentrados del capital, sin distribución de la riqueza y con aumento de las brechas de desigualdad.

Por el otro, un modelo donde la conducción de la política energética está en manos de un Estado inteligente y a través de su planificación, centralización y jerarquización para la acumulación de capacidades tecnológicas provinciales, se orienten los esfuerzos a maximizar la equidad energética y la potenciación de la estructura productiva y tecnológica provincial mediante alianzas que permitan intercambios comerciales con agregado de valor local, es decir, con una importante inclusión de trabajo entrerriano. Un modelo donde las fortalezas que devienen de la inigualable dotación de recursos energéticos (los ríos más caudalosos del país), sea aprovechada para el crecimiento económico y el desarrollo de la provincia.

Es un imperativo categórico ineludible, reflexionar respecto a qué modelo debe impulsar nuestra política provincial en materia energética para alcanzar el desarrollo (que debería ser el objetivo político económico por antonomasia),  lo cual requiere comprender la necesaria sinergia que se debe alcanzar entre la producción primaria y los recursos energéticos que nuestra provincia posee en grandes cantidades.

Escrito realizado por: Ing. Alejandro Di Palma, Cr. Roberto Domingo y Dr. Rubén Pagliotto - Integrantes de ETER (Entre Rodos Entre Ríos) y de la Mesa Federal Energética.