Desde el inicio de este gobierno provincial y en sintonía con sus aliados del gobierno nacional,  docentes y educación pública han sido blanco de ataques sistemáticos. En Entre Ríos, las persecuciones ante reclamos, los pagos mal efectuados y los descuentos exorbitantes e injustificados son claros ejemplos de un plan para castigar a quienes sostienen nuestras escuelas. La rapiña injustificada sobre los salarios de noviembre además constituye una agresión directa a ingresos de por sí insuficientes que  afectan gravemente a su condición de profesional y trabajador/a y desde luego a sus familias. Es urgente la resolución inmediata de este problema que se suma a despojo en programas, parálisis de la obra pública  educativa, lo reiterativo de  malas liquidaciones del salario, la inseguridad a la que están expuestas escuelas rurales y de barrios humildes, sus estudiantes y docentes.A todo eso se agrega el impulso de Frigerio al proyecto de malas prácticas con descontrol en el uso de agrotóxicos, que afecta la salud de los/as estudiantes y docentes. Este otro daño estructural que promueve el proyecto de ley que cuenta con media sanción desencadena el proyecto de Frigerio, expone a las escuelas rurales. Son sus docentes y estudiantes las víctimas que quieren ser acalladas violentamente por el gobernador que da la espalda al cuidado del que es responsable. Las y los expone a fumigaciones sin control, a lo cual suma a  toda la comunidad educativa a quedar a expensas de  productos tóxicos y peligrosos para la salud. No hay en el articulado de la ley ni una referencia específica que dé cuenta del cuidado de la salud, solo ambigüedad que busca privilegiar el negocio de los laboratorios que los producen y sus socios.El proyecto se sustenta en el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas que no tiene validación científica. En cuanto a las distancias de seguridad para las aplicaciones de agrotóxicos, el proyecto reduce la distancia permitida para las aplicaciones en algunos casos a 15 metros de las escuelas (aplicaciones con drones y mochilas), en el caso de las aplicaciones terrestres y aéreas (dispuestas en el proyecto a 100 y 500 metros respectivamente). Ahora está permitida las aplicaciones a 1000 metros. La idea de que las aplicaciones se realicen los fines de semana o en horario nocturno representa un ocultamiento de las prácticas y no tienen ningún garante de que se realice cuidando a las comunidades.Además, el proyecto plantea la creación de un Consejo que tendría que decidir sobre la aplicación de estas medidas, pero es una burla al ser tan predominante la mayoría de las organizaciones que ya tiene posición tomada a favor de la aplicación de los agrotóxicos con este formato de achicamiento de las medidas.Hoy más que nunca, es necesaria una respuesta contundente e inmediata. Docentes de Entre Ríos no merecen más atropellos, persecuciones ni una educación expuesta a las consecuencias del modelo agropecuario que prioriza los intereses de unos pocos sobre la salud y el bienestar de la comunidad.Es momento de que el gobierno provincial garantice las condiciones dignas para enseñar y aprender.

En la reunión de Comisión de Educación convocada para el día de la fecha, el presidente de la misma definió un temario que solo incluye los proyectos que definen a la educación como servicio esencial.El tratamiento sobre los proyectos giró en torno a que es lo esencial respecto al derecho a la educación. La legislación vigente, consensuada y discutida ya lo responde. La Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional definen herramientas en torno a la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la inclusión y la calidad educativa.La educación es esencial porque garantiza el ascenso social, permite el desarrollo de las comunidades y garantiza el aprendizaje para todos y todas a través de la educación pública. Hace falta más educación inicial, mejores salarios, más formación docente, más becas estudiantiles, más infraestructura escolar, en definitiva más recursos y presencia del estado para que esas condiciones se cumplan.En un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente que declara que viene a destruir el estado, y la escuela es el estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad la cual sólo impide el derecho a huelga de los docentes.En reuniones pasadas se dictaminó sobre FONID y financiamiento universitario, esos dictámenes y reuniones fueron resultado de un emplazamiento votado en el recinto y de la movilización de la comunidad educativa, ya que la voluntad del oficialismo era y es desfinanciar y debilitar el derecho a la educación.Lo esencial es que el Estado Nacional cumpla con su responsabilidad de garantizar el Derecho a la Educación.Ante la solicitud del Bloque de Unión por la Patria y Frente de izquierda a la Presidencia de la Comisión, a cargo del Diputado Alejandro Finocchiaro, que pudiera expresarse la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se encontraba presente teniendo en cuenta  que los proyectos tratados atañen expresamente los derechos que la Central representa y que no hubo reunión informativa antes. La respuesta fue negativa, contrario a los acuerdos implícitos de la Cámara de Diputados de escuchar todas voces implicadas y que democratizan el tratamiento de proyectos.El Bloque Unión por la Patria presentó dictamen propio expresando el rechazo de los proyectos tratados por ir en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Educación Nacional N° 26.206  que definen el Derecho a la Educación.En este contexto de feroz ajuste en el que la educación es una variable más de un excel y no un derecho, es importante reafirmar la organización de la comunidad educativa que día a día construyen las escuelas y darles espacios de visibilización y escucha.La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir?La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales.