Debido a la ausencia de transferencias de fondos a las provincias para programas alimentarios, los senadores de Más para Entre Ríos inician una ronda de conversaciones con organizaciones sociales, gremiales y civiles en reclamo de la declaración de la emergencia alimentaria.

Este jueves 22 de febrero fueron integrantes de la Mesa contra el hambre, quienes expusieron a los legisladores la preocupación por la crítica situación que están viviendo en los barrios y en los comedores comunitarios de la ciudad de Paraná y de toda la provincia.

Los senadores se comprometieron a hacer todo lo necesario para visibilizar esta demanda que están llevando adelante las organizaciones sociales conjuntamente con la Pastoral Social del Episcopado de Paraná.

En este sentido, el senador por el departamento Tala Juan Diego Conti manifestó que “la comida de los argentinos y de los entrerrianos no puede ser una variable de ajuste. Estamos muy preocupados por la creciente demanda de alimentos, y no solamente en las grandes ciudades de la provincia”.

En la reunión, se abordó la necesidad de obtener un registro claro de las políticas alimentarias nacionales y su impacto tras dejar de financiarlas. Se destaca la importancia de comprender el impacto presupuestario en cada territorio, incluyendo subsidios y convenios con intendentes.

Además, se propuso trabajar en un proyecto de emergencia alimentaria en la provincia, buscando la participación de diversos sectores. Incluso, se planteó la posibilidad de formar un consejo económico y social, involucrando actores del sector privado.

“La primera evaluación que se hace en la mesa es la necesidad de poder tener un registro claro de lo que venían siendo las políticas alimentarias de la Nación en la provincia y qué impacto eso tiene al no financiarlas más, al no promoverlas más. Y después, en segundo lugar, los senadores plantearon poder trabajar, por supuesto, un proyecto de emergencia alimentaria en la provincia con todos los sectores de la mesa contra el hambre y, además, promover que se sumen otros actores de diferentes instituciones o, inclusive, actores del sector privado”, expresó por su parte, Emiliano Gómez Tutau, del Movimiento Evita.

Se hizo hincapié en un contexto acuciante donde hay 27 millones de pobres y 7 millones de indigentes, según el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y donde la inflación acumulada de diciembre y enero calculada por el INDEC sumó 51,4%, elevando el nivel de pobreza del 44,7%, observado en el tercer trimestre de 2023, al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.

La Mesa contra el Hambre está integrada por la Pastoral Social, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluido (MTE), Libres del Sur, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la organización civil Suma de Voluntades entre otros.

De la reunión participaron los senadores Juan Diego Conti (Tala), Claudia Silva (Paraná), Gladys Domínguez (Feliciano) y Víctor Sanzberro (Victoria). Por parte de la Mesa Contra el Hambre estuvieron presentes Sergio Elizar (CTA), Emiliano Gómez Tutau y Belen Cislagui (Movimiento Evita) Mauro Rossi (UTEP) Eve Kloster (MTE) y José María Velázquez (Pastoral Social).

El documento menciona: “Vinimos a escuchar un plan de gobierno y no hubo ningún anuncio de políticas públicas sobre la provincia”.“Es más fácil para el gobernador Rogelio Frigerio echarle la culpa al gobierno anterior que reclamarle con seriedad y responsabilidad al actual gobierno nacional. Sin embargo, está fresco en la memoria de los entrerrianos que durante la gestión del gobernador Bordet –y aún con las dificultades del gobierno nacional de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, del cual Rogelio Frigerio fue Ministro del Interior y brazo político ejecutor- Entre Ríos cumplió cabalmente sus obligaciones, garantizó derechos  y fomentó el crecimiento de la economía”, agrega.Luego, consigna: “Frigerio repite el latiguillo de que recibió una provincia desorganizada y endeudada, mientras que en campaña nada decía de esto, porque la realidad era otra y no podía mentir sobre lo evidente. Sucede que la realidad cambio drásticamente en los 60 días de gobierno de Javier Milei, un Presidente que permanentemente está atacando a los habitantes de las provincias con la intención de profundizar el ajuste, y que encuentra en Entre Ríos el silencio complaciente de su gobernador”.“Desde el 11 de diciembre asistimos a  una serie de anuncios aparentemente vinculados a corregir vicios que el gobernador atribuye a la dirigencia política. Hemos acompañado sus propuestas en el debate legislativo y seguiremos tratando de hacer los mejores aportes a aquello que pueda optimizar el manejo de los recursos públicos, pero sabemos que son en general iniciativas tendientes a fortalecer el relato de la “herencia recibida”. Medidas que sobredimensionan y espectacularizan acciones de gobierno que no tienen impacto real en la vida de las personas”, puntualiza.Asimismo, precisa: “Mientras tanto el gobernador Frigerio  avala un rumbo de gobierno que solo puede tener un resultado: el empobrecimiento de los habitantes de las provincias. Lo ha dicho en más de una oportunidad: que el DNU de Milei es el “norte” del país o que la Ley ómnibus es la herramienta necesaria para llevar adelante el ordenamiento de la Argentina, para cuya sanción no solo instruyó a los diputados nacionales de su espacio sino que también trabajó para conseguir el apoyo de otros gobernadores”.“Frigerio es uno de los mandatarios provinciales  que apuntaló las ideas del gobierno nacional. No es la prudencia ni el culto a la moderación lo que guía su conducta, es la coincidencia con esas ideas de Milei. Y sabemos que el verdadero problema no son los improperios a los gobernadores a los que ya nos tiene acostumbrados el Presidente, sino la aplicación de un rumbo con el que Frigerio ha dicho estar de acuerdo”, destaca.En ese orden, remarcaron: “Es fácil alardear de entrerrianía desde una fiesta popular, mate en mano;  pero hoy los perjudicados son la educación entrerriana, los trabajadores entrerrianos y todos aquellos que sufren el recorte de sus derechos. Y es allí donde debería verse ese apego a la defensa de la provincia. No pretendemos juzgar una gestión de la que solo han transcurrido 60 días, pero si preguntamos qué se hará frente a todo esto”.Luego, el escrito deja una serie de interrogantes:¿Qué herramientas se van a implementar para amortiguar los efectos de las medidas nacionales en la economía provincial?¿Cómo se dará continuidad a la obra pública y se sostendrá el nivel de empleo?¿Cómo se va a proteger a la industria entrerriana, a nuestras Pymes, a las economías regionales?¿Qué herramientas se van a poner en marcha para sostener a las y los emprendedores de la Economía Social?¿Cómo se va a garantizar el derecho a la alimentación o el acceso a la salud de los entrerrianos en situación de mayor vulnerabilidad?¿Cómo se afrontará el problema del transporte público por el recorte de subsidios o qué sucederá con el Fonid que forma parte del salario docente?En ese marco, reseña: “Esperamos estas respuestas del gobierno provincial. Queremos saber qué hará Frigerio para que el Estado provincial pueda cumplir con sus obligaciones en materia de salud, educación, desarrollo social, obra pública y otros aspectos”.“Seguimos dispuestos a participar  de un diálogo  genuino, sin golpes bajos, porque asumimos la responsabilidad de ser una oposición razonable y constructiva. Pero entendemos que si no hay un reconocimiento del cambio ocurrido en el contexto nacional, y si no se asume una postura en consecuencia con esa realidad, será muy difícil para los entrerrianos sobrellevar estar coyuntura”, consigna el documento.“Hoy no sabemos siquiera con claridad cuáles son los recursos que pierde Entre Ríos por la quita de fondos que realiza el gobierno de Milei, y menos aún vemos a un  gobierno provincial en actitud de reconocer ese problema, que es el primer paso necesario para hacer algo al respecto”, concluye.

Los y las diputadas provinciales del bloque Más Para Entre Ríos manifestamos nuestra adhesión incondicional a la convocatoria al paro y movilización convocado por las centrales obreras, gremios y los movimientos sociales para este miércoles 24 en defensa de un país que permita a todos los argentinos vivir con dignidad.

Es nuestra responsabilidad sumarnos al genuino reclamo de los sectores castigados por el avance de un modelo excluyente e insensible. La descomunal devaluación aplicada a poco de asumir Javier Milei en el gobierno de la Nación, la destrucción del poder adquisitivo, los despidos de trabajadores, la entrega del patrimonio nacional, la desinversión educativa, el abandono de la salud y las más rancias recetas de ajuste que vuelven a promoverse en estos días son las características de una administración a la cual no le interesa la situación del pueblo argentino. Un gobierno que en nombre de la libertad castiga a los sectores populares y productivos de la patria.

El DNU y la denominada “ley ómnibus” atentan contra el sistema republicano de división de poderes que es base de nuestra democracia, porque delega facultades del Congreso al Presidente, lo cual está prohibido en nuestra Constitución Nacional.

Por esas razones expresamos nuestro más contundente rechazo a este plan de gobierno y en favor de la defensa del pueblo argentino, porque  creemos que la Patria no se vende.

Esperamos que la masividad de la protesta constituya un llamado de atención que permita cambiar el rumbo de esta gestión. Creemos en un país donde todas las personas tengan oportunidades para desarrollarse con dignidad y justicia. Y creemos firmemente que el Estado debe ser garante de esas posibilidades.

En medio de un panorama nacional signado por medidas gubernamentales que generan preocupación en diversos sectores, los diputados pertenecientes al bloque Más Para Entre Ríos han impulsado un proyecto de Ley de Góndolas Entrerriana con el objetivo de resguardar a los pequeños y medianos productores, así como a las cooperativas y consumidores locales, de los efectos adversos de políticas promovidas por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa legislativa busca contrarrestar el impacto negativo de la derogación de la "Ley de Góndolas" nacional, materializada a través del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70; que es parte de las políticas promovidas por el actual gobierno nacional para favorecer aún más a las a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, perjudicando los productores regionales.

El bloque justicialista propone una normativa que promueva condiciones de competencia justa, evitando abusos de posición dominante en el mercado y fortaleciendo el tejido productivo regional. La Ley de Góndolas Entrerriana se propone como un mecanismo para garantizar relaciones equitativas entre productores locales, Medianas y Pequeñas Empresas (MIPyMEs) y los grandes establecimientos comerciales, a fin de impulsar una oferta diversificada de productos y defender la generación de empleo local.

Entre los puntos destacados de la propuesta legislativa se encuentra la imposición de condiciones comerciales justas y equitativas entre productores locales, MIPyMEs y los gigantes del retail. La norma también busca sensibilizar a los consumidores sobre las ventajas económicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos.

En virtud de esta ley, los comercios deberán exhibir de manera clara los productos locales en un espacio visible, manteniendo un equilibrio entre diferentes proveedores. Se prohíbe que un mismo grupo empresario supere el 40% del espacio de exhibición, abarcando tanto espacios físicos como virtuales.

Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble y estantería, en los que se ofrecen productos de similares características, incluidas las puntas de góndola; y también para las locaciones virtuales como páginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico o similar. 

Además los grandes comercios deberán mantener condiciones de no discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productos alcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no están comprendidos en la norma. 

Contrario al paradigma del "sálvese quien pueda", los legisladores justicialistas argumentan que la propiedad privada debe cumplir una función social, alineándose con los principios constitucionales de desarrollo equitativo. Destacan la importancia de proteger a MIPyMEs, productores primarios y cooperativas locales como un medio para lograr una distribución más equitativa del ingreso y generar mayores oportunidades laborales.

La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Desarrollo Económico, y una vez sancionada, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de 90 días para su reglamentación.