Es indudable que el primer aspecto que se debe tener en cuenta, refiere al saneamiento de las cuentas públicas que la administración del gobernador Rogelio Frigerio encaró de manera decidida, ante un cuadro de situación verdaderamente preocupante que, inclusive, fue mucho más grave que el previsto antes de asumir.

Solo basta recordar el primer discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa en febrero para la apertura de las sesiones ordinarias de este año, donde se enfocó en dar a conocer al conjunto de los entrerrianos, que estábamos ante una provincia desfinanciada y endeudada, en un contexto de absoluta postergación y con un diagnóstico más que preocupante en muchos aspectos, pero primordialmente en cuanto a lo social, educativo y con una creciente inseguridad para los ciudadanos.

Fue así que comenzó el trabajo de priorizar todos aquellos aspectos que resultan imprescindibles para el funcionamiento del Estado, con un recorte sin precedentes en el gasto de la política, con las denuncias correspondientes de los nichos de corrupción, y con la premisa de que cada peso que se gasta, sea una inversión para mejorar la vida de los entrerrianos y no de los funcionarios.

En ese marco, y luego de dar a conocer ese crudo panorama inicial, tanto el Gobernador como todo su equipo de gobierno, con la compañía de quienes estamos convencidos de que este es el camino, ya no hubo más espacio para hablar de la herencia, sino que, tal como ocurrió desde el primer día de labor, todos los esfuerzos se enfocaron en revertir ese difícil comienzo.

Hoy, a poco más de 150 días, podemos afirmar que los resultados han sido más que positivos, en principio, a partir de poner de manifiesto, como se ha hecho en la práctica en especial con los reclamos o requerimientos de los sectores sindicales que representan a los trabajadores estatales, que desde el diálogo, la tolerancia, el respeto y el intercambio de ideas, se pueden acercar posiciones y acordar los caminos a seguir, sin conflictos, y valorizando la función del empleado público.

Desde allí, se ha ido construyendo. Desde esta actitud, con amplitud de criterio, desde el saneamiento, la transparencia y la austeridad, esta gestión de gobierno está demostrando que, pese a las dificultades que también se presentaron en cuanto a la llegada a las arcas provinciales de los recursos nacionales; ha sido posible empezar a revertir la situación general de Entre Ríos y de los entrerrianos.

Escuchar las problemáticas del sector privado, de los vastos sectores de la producción de todas las riquezas que ofrece nuestro suelo, conectar a la provincia con el mundo en la búsqueda de mercados internacionales, potenciar el desarrollo de programas conjuntos dentro del esquema de la Región Centro junto a las provincias de Córdoba y Santa Fe, han tenido y tienen una dedicación permanente en las áreas de gobierno correspondientes.

En tanto, desde nuestro lugar en la Cámara de Diputados, avalamos esta clara postura de gobernar con sentido común, para ser custodios de los actos de gobierno, y para contribuir a reflexionar en todos aquellos temas que nos pueden parecer erróneos, ya que sabemos, asimismo, que es decisión del gobernador, revisar todas las acciones que puedan o deban ser modificadas, siempre con la premisa de mejorar la vida de los entrerrianos.

Un femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal. El concepto surgió para dar cuenta de una situación que se repetía trágicamente: mujeres muertas a manos de varones (generalmente parejas o familiares cercanos), luego de ser víctimas de violencia, abusos y sumisión. Era necesaria una palabra que se diferenciara de otros tipos de crímenes, para denunciar un horror que se repetía como una epidemia, que estaba al lado de nuestras casas, en nuestros barrios y ciudades, pero que no salían a la luz.

También surgieron las marchas: mujeres de todas las diversidades, sin más identificación que el lema Ni una menos exigen, cada año, que se detenga la violencia de género, los abusos y violaciones en las calles y en las casas, aunque cuesta mucho mantener la pureza del reclamo y evitar que quede entrampado de la mirada sesgada, del partidismo.

Lamentablemente, el número de casos de femicidios en el país no se ha reducido. A pesar de que la problemática se ha puesto en el centro del debate público y la gran mayoría de los argentinos son conscientes de la gravedad de este flagelo, prácticamente todos los días nos enfrentamos con la noticia de otra mujer asesinada.

El caso de Cecilia, en Resistencia, no es un caso más. Al horror de la desaparición de una mujer, de los indicios que parecen apuntar a un crimen atroz, a los detalles truculentos; a la desesperación de la familia que no obtiene respuestas hay que sumarle la opresión del poder porque los imputados en este hecho son quienes se han manejado durante décadas como dueños y señores del Estado.

El clan Sena, comandado por el matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, vienen manejando a discreción recursos estatales millonarios, amparados por la impunidad que les ha otorgado su socio, el gobernador Jorge Capitanich y el kirchnerismo nacional a cambio de favores electorales. Esa impunidad desaforada los llevó a esta locura de sangre y muerte.

Es un femicidio del poder, donde impera el miedo a quienes se manejan por sobre la ley y las instituciones. ¿Cómo no recordar ahora a María Soledad, de Catamarca, o Paulina Lebbos, de Tucumán?

Se repite el dolor y el horror, los asesinos ebrios de poder e impunidad, la búsqueda de verdad y justicia por parte de madres y padres destrozados. Las marchas de miles de ciudadanos que buscan saber qué pasó, pero que también reclaman por el imperio de la ley.

En el medio del proceso electoral del Chaco, Capitanich se esforzó para calificar al femicidio de Cecilia como un tema policial y deslindar vinculaciones políticas. Aunque las muertes llevan todas al mismo dolor, no es lo mismo una cosa u otra para quienes buscan justicia.

Debe quedar bien claro que cuando los crímenes se cometen al amparo del poder, cuando quienes los perpetran están acostumbrados a no dar cuenta de sus actos y son máximos dirigentes del poder que gobierna una provincia, son casos políticos.

Por eso, nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, por los derechos que nos asisten a todas las mujeres nos lleva a reclamar justicia por Cecilia. Y a acompañar a su madre y a su familia que con valentía se enfrenta a todo un aparato gubernamental que pretendió desde el principio sumir este hecho en el silencio.