El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), implementado en diciembre de 2019, tiene fecha de vencimiento para el 23 de diciembre de 2024, tras cinco años de vigencia según lo estipulado en la Ley N° 27.541. El gobierno de Javier Milei anunció que no solicitará una prórroga para este tributo, por lo que dejará de aplicarse a partir del 24 de diciembre de este año.

Desde su creación, el impuesto PAIS ha sido una fuente importante de ingresos para el Estado, orientada a estabilizar la economía y financiar programas sociales. Este gravamen se aplica a diversas operaciones en moneda extranjera, como:

Inicialmente, la alícuota general fue del 30%, con el objetivo de reducir la demanda de divisas y proteger las reservas internacionales del país.

A lo largo de su vigencia, el impuesto PAIS experimentó varios ajustes:

El impuesto PAIS ha sido clave para la recaudación fiscal. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en enero de 2024 aportó $469.199 millones, lo que representó un 6,1% del total de recursos tributarios. Entre enero y julio de este año, la recaudación acumulada alcanzó $4.291.758 millones.

Los fondos generados se destinaron principalmente a:

Con la decisión del gobierno de no prorrogar este tributo, surgen interrogantes sobre cómo se compensará la pérdida de estos ingresos en el presupuesto nacional. Aunque su eliminación puede aliviar el costo de operaciones en moneda extranjera para ciudadanos y empresas, también podría generar tensiones en las finanzas públicas y limitar recursos para programas sociales y obras de infraestructura.

El Ministerio de Economía está considerando un cambio significativo en el esquema de subsidios para la energía eléctrica y el gas en Argentina, que podría simplificar las categorías de beneficiarios y reducir gradualmente las ayudas económicas. Fuentes de la Secretaría de Energía informaron que el Gobierno estudia prorrogar por otros seis meses el sistema de transición, reduciendo progresivamente los subsidios hasta llegar a dos tipos de usuarios: con o sin subsidio.

Actualmente, rige un sistema de segmentación en tres niveles, diseñado en su momento por el exministro de Economía, Martín Guzmán, y puesto en práctica bajo la gestión de Sergio Massa. Este esquema, que clasifica a los usuarios según los ingresos de sus hogares, está previsto que finalice el 30 de noviembre, aunque el decreto 465/2024, que regula esta política, contempla una extensión de seis meses. Sin embargo, desde el Gobierno ya anticiparon que esta segmentación en tres niveles podría abandonarse.

El sistema actual clasifica a los consumidores de gas y electricidad en tres niveles, basándose en los ingresos familiares:

Usuarios de bajos ingresos (N2): en gas, reciben una bonificación del 64% sobre un bloque de consumo, pagando el precio de referencia solo en el excedente. Para electricidad, el bloque subsidiado es de 350 kWh mensuales, con una bonificación del 72%.

Usuarios de ingresos medios (N3): para gas, reciben una bonificación del 55% sobre un bloque de consumo. En electricidad, el subsidio cubre hasta 250 kWh mensuales, con una bonificación del 56%.

Usuarios de ingresos altos (N1): las industrias, comercios y hogares de este grupo pagan el valor de referencia sin bonificaciones adicionales, aunque este valor ya incluye un subsidio estatal.

En el caso del gas, el precio de referencia se ha mantenido por debajo del costo real. Actualmente, equivale a unos USD 3,08 por millón de BTU, mientras que el costo promedio en el país ha sido de USD 4,77. En electricidad, el valor de referencia subsidiado es de $63.187 por MWh, en comparación con el costo total de $68.016 por MWh.

Por lo tanto, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) también reciben transferencias y pagan el 64% del costo del gas. Con las bonificaciones sobre un valor de referencia ya subsidiado, los N2 cubren el 23% del costo del gas y los N3, el 29%. El resto lo financia el Ministerio de Economía con subsidios.

En electricidad, los usuarios N2 y N3 tienen un consumo bonificado hasta un bloque máximo, que es de 350 kwh por mes para los hogares de ingresos bajos y de 250 kwh para los de ingresos medios. Hasta ese tope de consumo, los usuarios N2 tienen una bonificación de 72% y los N3, el 56%.

Al igual que en gas, como el valor de referencia también está subsidiado (es $63.187 el MWh de un costo sin subsidios de $68.016), las industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26% hasta 250 kwh de consumo por mes y 93% sobre el excedente, y los N3, el 41% por el consumo bonificado hasta 350 kwh y 93% sobre el excedente.

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una medida destinada a agilizar los trámites de la administración pública, estableciendo el "silencio administrativo positivo" en ciertos procedimientos, según lo dispuesto en el Decreto 971/2024. Este cambio significa que, si la administración no responde en el plazo estipulado, la falta de resolución se interpretará automáticamente como una aprobación del trámite en cuestión.

El Decreto 971/2024 introduce el silencio administrativo positivo como un mecanismo para reducir los tiempos de espera en los trámites públicos. Esta medida se basa en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, actualizada por la Ley de Bases N° 27.742, que establece que la inacción de la administración podrá considerarse una aprobación en ciertos casos. Así, los ciudadanos podrán continuar con sus solicitudes sin requerir una respuesta explícita de las autoridades, lo que representa un cambio significativo hacia la simplificación administrativa.

Sin embargo, el nuevo sistema no será universal. Los trámites relacionados con la salud pública, el medio ambiente, los servicios públicos y los derechos sobre bienes de dominio público están excluidos de esta modalidad, ya que requieren una supervisión específica y no se permite una aprobación tácita. En estos casos, la falta de respuesta no implicará una resolución favorable automática.

Para aplicar el silencio administrativo positivo de forma eficaz, el Gobierno ha impulsado la digitalización de todos los trámites a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y otros sistemas digitales de cada organismo. Esta estrategia busca eliminar la necesidad de acudir a una oficina física, promoviendo una gestión más accesible y transparente para los ciudadanos.

La implementación se realiza de forma progresiva: el sistema de silencio positivo ya rige en la Administración Pública Central desde el 1 de noviembre de 2024 y se extenderá a los organismos descentralizados a partir del 1 de diciembre de 2024.

El Decreto 971/2024 se complementa con dos anexos que detallan los trámites a los que aplica el silencio positivo y aquellos excluidos de la medida. El Anexo I incluye los trámites exceptuados, tales como autorizaciones en sectores sensibles y servicios esenciales, mientras que el Anexo II abarca los trámites en los que sí se aplicará el silencio positivo. Entre estos, se encuentran permisos turísticos y registros de datos personales, áreas en las que la agilidad es fundamental y la aprobación automática no implica riesgos significativos.

El sistema de silencio positivo representa una ventaja para quienes esperan respuestas rápidas en sus gestiones cotidianas. De acuerdo con fuentes oficiales, este cambio permitirá reducir la burocracia y facilitará la obtención de autorizaciones en sectores no críticos. Para los interesados, los detalles sobre qué trámites aplican a este nuevo sistema pueden consultarse en los anexos del Decreto 971/2024, disponibles en la web del Boletín Oficial de la República Argentina.

Cómo cada 30 de julio desde 2013, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) dieron a conocer estadísticas y estrategias de intervención en la Argentina, mientras el país está inmerso en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Fueron la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembro que, a través de una resolución específica, concluyeron que cada 30 de julio se conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas con la idea de “concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, así como también para promocionar y proteger sus derechos”.

Ese mismo año, el MPF creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para abarcar “desde la realización de investigaciones preliminares propias; la colaboración en los expedientes de otras fiscalías y/o juzgados; el registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional; el dictado de capacitaciones y seminarios nacionales e internacionales a organismos públicos y privados; y la representación de MPF en diferentes foros regionales e internacionales”.

Según datos de la PROTEX, desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se iniciaron más de 3.700 investigaciones preliminares y se trabajó, además, en más de 16.600 denuncias recibidas a través de la línea 145.

Estas investigaciones permitieron lograr 490 sentencias en el fuero federal, en las que 976 personas fueron condenadas.

“De los 976 condenados, el 77,3% son argentinos y la mayoría varones. En cuanto a las 2.305 víctimas, el 78,6% son mujeres, un 20,9% varones y un 0,5% personas trans”, detalla el informe.

A su vez, destacan que, de las 490 sentencias relevadas, el 74,3% fue por explotación sexual y el 24,5% por explotación laboral.

Desde la PROTEX sostienen que hubo “un impacto positivo de las numerosas medidas adoptadas a lo largo de los años, especialmente en la sensibilización pública y la capacitación de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, señalan que los avances en la identificación temprana de víctimas y en la coordinación interinstitucional a nivel nacional y provincial permitieron que se logren mejores resultados.

“Por otro lado, se sigue propugnando la investigación de la corrupción facilitadora de la trata de personas y la realización de oportunas y eficientes investigaciones patrimoniales con miras a efectivizar las reparaciones económicas a las víctimas”, explican.

Por último, destacan que se facilitó la articulación de políticas públicas y la implementación de estrategias integrales, “permitiendo la identificación de retos en la asignación de recursos y en la homogeneización de prácticas entre provincias con realidades diversas”.

El relevamiento arrojó que el principal problema que afecta al país actualmente es la pobreza (37%), seguido en un segundo escalón por la inflación, los bajos salarios y la inseguridad (32% en los tres casos), mientras que aparece cerca la falta de trabajo (30%).

Al comparar con la medición anterior, se refleja una merma en la consideración de la inflación como la principal dificultad argentina pasando de 34% en mayo al 32% actual, pero a la par se observa un aumento en la elección de la pobreza para ubicarla en el tope de las preocupaciones, pasando de 35% a 37%.

En este sentido, queda a la vista que la desaceleración de los precios está repercutiendo en la ciudadanía, pero de igual modo están teniendo mayor impacto en la opinión pública los problemas vinculados a la recesión, como la pobreza, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Al desagregar las problemáticas según el espacio político que hayan votado los encuestados, aparece la inseguridad como principal problema para los votantes de La Libertad Avanza (38%) y Juntos por el Cambio (42%), mientras que surgen la pobreza (45%) y los bajos salarios (38%), para los de Unión por la Patria.

En cuanto al grado de conformidad con el actual escenario del país, el 63% de los consultados en la encuesta de UdeSA aseguran estar insatisfechos por cómo marchan las cosas, mientras que el 33% manifiesta estar satisfecho. Esto implica una caída de 8 puntos respecto a mayo, cuando un 41% expresaba satisfacción.

Al segmentar por niveles socioeconómicos, la clase baja es la más insatisfecha (64%) mientras que la clase media alta son los más satisfechos (40%). En cuanto a las diferencias generacionales, todas las categorías tienen una insatisfacción mayor a 51%, con los millenials como los más insatisfechos (62%).

Al consultar sobre cómo se observa la situación actual con respecto al año pasado y frente al próximo calendario, el 49% considera que la situación del país empeoró en relación al 2023, pero un 43% cree que mejorará el año que viene.

Asimismo, el relevamiento aporta que el nivel de aprobación del gobierno de Javier Milei se mantiene en un 48%, mientras que un 49% lo desaprueban. Las políticas que mayor nivel de satisfacción generan son las de Defensa (37%), Economía (35%), Seguridad (34%) y Exterior (34%).

El presidente Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúan encabezando la lista de imagen positiva de dirigentes políticos y sociales con un 45% de encuestados que tienen una opinión buena o muy buena de ellos. Mientras que los dirigentes con peor imagen neta continúan siendo Alberto Fernández (71% de diferencial negativo), Pablo Moyano (62% de diferencial negativo) y Máximo Kirchner (59% de diferencial negativo).

El sondeo también abordó distintos temas de coyuntura como la fusión de la La Libertad Avanza con el PRO, la baja de la edad de imputabilidad, la eliminación de las elecciones PASO y la implementación de una nueva movilidad jubilatoria, entre otros.

Con respecto a la alianza entre el partido gobernante y el liderado por Mauricio Macri, el 79% de los encuestados que votaron a Bullrich y el 63% de los que votaron a Milei están de acuerdo con una unión entre sus partidos.

En lo que refiere a la baja de la edad de imputabilidad, el 57% de los encuestados está de acuerdo con la reducción de la imputabilidad a los 13 años, mientras que el 25% se encuentra en desacuerdo. A su vez, el 69% de los encuestados está en desacuerdo con permitir el voto a jóvenes de 14 años, mientras que el 23% se encuentra de acuerdo.

Continuando con las opiniones en materia electoral, el 65% de los encuestados se manifiesta a favor de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 63%, a favor de la introducción de la boleta única de papel en las elecciones nacionales, en reemplazo de las boletas por partidos.

Por otro lado, el 43% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con una nueva forma de movilidad jubilatoria, mientras que el porcentaje de acuerdo con esta política es del 37%

La mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) de todo el país afirma que habla de temas de violencia y abuso domésticos con alguien de la escuela, mientras que el 15% asegura no compartir con nadie estos temas.

Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%) son las provincias con mayor porcentaje de chicos que los revelan.

Los datos surgen del informe “Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mercedes Sidders (Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano – UdeSA), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

La prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se puede encarar en las escuelas a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021, regulación social que se agrega a la sanitaria y alimenticia en el quehacer educativo.

Es que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, definida como una “epidemia silenciosa” con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes.

En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%).

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirma que en el último año ha tenido que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes.

Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informan lo mismo.

En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%).

De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. 

A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo (como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales), para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.

Finalmente, la inflación subió en junio respecto de mayo, pero menos de lo esperado, al arrojar un 4,6% y acumular 271,5% en los últimos doce meses.

En el primer semestre del año la suba de precios fue del 79,8%, informó el INDEC.

Como había anticipado el Gobierno, la suba de precios quedó por debajo del 5% y levemente por encima de mayo, cuando subió 4,2%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda.

Le siguieron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%) por subas en todos los niveles de enseñanza.La división con mayor incidencia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), en las regiones GBA, Noreste, Noroeste y Cuyo, mientras que en Pampeana y Patagonia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%), donde se destacaron los aumentos de Verduras, tubérculos y legumbres, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%).A nivel de las categorías, Regulados (8,1%) lideró el incremento, seguida por Estacionales (4,4%) y el IPC Núcleo (3,7%).

La mayor alza de precios se produjo en la región de Cuyo, donde subieron 5,1%.

El Ministerio de Economía destacó que la inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, fue de 3,7%, la lectura, junto a la de mayo, más baja desde enero de 2022.

Y señaló que la variación interanual del IPC Nacional fue de 271,5%, el segundo mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior.

“La suba en la inflación general respecto de mayo (que fue el mes con menor inflación desde enero de 2022) se explicó plenamente por la recomposición en las tarifas de electricidad y gas natural, que se encuentran dentro de los componentes regulados del índice”, sostuvo el Palacio de Hacienda.

La dinámica de precios volvió a ubicarse por debajo de lo esperado por el consenso de los analistas participantes en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. En los relevamientos de mayo y junio, la mediana de la expectativa de inflación esperada para el mes pasado fue de 5,5% y 5,2%, respectivamente.

Si se compara contra el promedio de los 10 mejores pronosticadores del REM en la publicación de diciembre, la inflación acumulada entre diciembre y junio resultó 59 puntos inferior a la esperada por los analistas.

“El análisis de las medias móviles de las variaciones del IPC Nacional en los últimos meses es consistente con una profundización en el proceso de desinflación. La media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde febrero de 2023, y resultó casi 5 puntos inferior a la media móvil de 6 meses. Este último indicador, que todavía incorpora en buena medida el efecto de las correcciones de precios relativos en los primeros meses de gestión, ya es el más bajo desde noviembre”, indicó Economía.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticó al Gobierno nacional por no haber invitado al sector agropecuario a la firma del Pacto de Mayo y subrayó que el diálogo debe ser “con todos” incluso con los que piensan distinto.

“Confederaciones Rurales Argentinas, con sus rurales de base, con su federal distribución, a lo largo y ancho del país, lamenta no haber sido convocada pese a la adhesión pública que la misma efectuara sobre los puntos contenidos en el acuerdo”, indicó la entidad en un comunicado de prensa

La representación rural remarcó que “la firma del llamado Pacto de Mayo, celebrado ayer en Tucumán, ha dejado una serie de impresiones generadoras de expectativas y esperanzas de un proceso nuevo, tanto político como social, capaz de encontrar un destino común y un acuerdo de políticas públicas consensuadas, tan necesarias como urgentes”.

“En ese contexto, el pacto suscripto resulta un acierto”, enfatizó.

Pero al mismo tiempo consideró que “asimismo, y para que lo firmado nos contenga a todos, la representación, aunque mas no sea simbólica, debió contar con la presencia del campo en su genuina composición, ello en virtud de su distribución territorial y su aporte tanto al proceso productivo como al erario público”.

“No es la vanidad la que sustenta la queja, sino que consideramos necesario que el diálogo con el campo sea con todos, incluso con quienes podemos tener ideas, propuestas o gestiones que no encuadren con las medidas dispuestas por el actual Gobierno, como lo hicimos, a su tiempo, con los anteriores”, añadió CRA.

Para la entidad agropecuaria “la esencia del Pacto de Mayo, que lo convierte en virtuoso, es no sólo la aquiescencia de los amigos o allegados, sino la presencia del conjunto de la sociedad representada por sus instituciones genuinamente constituidas”.

“Confiamos en que las autoridades nacionales ampliarán la mirada sobre el sector productor y en el futuro, éstas serán convocadas en mérito a su historia y representación”, finalizó la nota.

CRA es una de las primeras entidades agropecuarias que se pronunció sobre la ausencia del sector en la suscripción del Pacto de Mayo.

El oficialismo cantó hoy victoria tanto con la Ley Bases como con el paquete fiscal y los artículos más discutidos sobre el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Si bien los resultados marcan mayorías relativamente cómodas, tuvo que sudar la gota gorda en algunos casos, y dejar varias reformas en el camino, que seguramente serán retomadas más adelante con nuevas leyes específicas.

La Ley Bases 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Apoyaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la mayor parte de la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias.

En contra votaron el bloque de Unión por la Patria, los cinco integrantes del Frente de Izquierda, los dos diputados socialistas de Santa Fe (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Natalia De la Sota de Hacemos Coalición Federal.

Se abstuvieron Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Mónica Frade (Coalición Cívica)

En la reposición de la cuarta categoría de Ganancias, la distribución fue parecida, pero con mayor fragmentación en bloques de la oposición dialoguista como la UCR.

Este capítulo, que obliga a volver a gravar los ingresos salariales superiores a los 1.800.000 pesos, fue aprobado con 136 votos positivos, 116 negativos y tres abstenciones (Roxana Reyes, Silvana Ginocchio y Mónica Frade).

Unión por la Patria votó en contra con la excepción de los tres catamarqueños (Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Noblega), y también se opusieron a la vuelta de Ganancias los cinco representantes de izquierda, los dos socialistas, De la Sota (HCF), Acevedo (Por Santa Cruz), Jorge Ávila (HCF), Fernando Carbajal (UCR), Carla Carrizo (UCR), Mariela Coletta (UCR), Marcela Coli (UCR), Pablo Juliano (UCR), Osvaldo Llancafilo (MPN), Facundo Manes (UCR), Ana Clara Romero (PRO), Danya Tavela (UCR) y Martín Tetaz (UCR).    

La reforma de Bienes Personas, que incluye una rebaja de las alícuotas, terminó con 134 votos afirmativos, 118 negativos y tres abstenciones (Frade, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer).

En contra votaron, además de Unión por la Patria y la izquierda, Fein (Socialista), Paulón (Socialista), De la Sota (HCF) , Acevedo (PSC), Jorge Ávila (HCF), Fernando Carbajal (UCR), Carrizo (UCR), Coletta (UCR), Coli (UCR), Juliano (UCR), Manes (UCR), Emilio Monzó (HCF), Florencio Randazzo (HCF), Tavela (UCR).

El consumo masivo cayó en mayo 14,5% en forma interanual y 3,1% frente a abril, según un estudio privado realizado sobre ventas en los principales circuitos de ventas.

La cantidad de tickets cayeron 0,3 % frente al mes anterior y 8 % contra el año anterior.

Las unidades por ticket retrocedieron 1,6 % mensual a 4 unidades por ticket y disminuyen 9,4 % interannual a 4,5 unidades.

Los datos fueron reproducidos por la consultora Focus Market que tomó datos de la empresa  Scanntech (lector de código en 756 puntos de venta de todo el país).

“El mes de mayo muestra una menor caída en el consumo respecto de los meses anteriores”, destacó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Di Pace consideró que “las paritarias comienzan a ser positivas frente a la variación de precios de la economía desde abril 2024 y en el mes de mayo el congelamiento de tarifas de servicios públicos más medicina prepaga dieron un poco de oxígeno al bolsillo”.

El formato de tienda Self-Independiente, presenta una mayor caída de consumo contra el mes anterior, con un -20,1% ( $ 6.862 de ticket promedio y 5,2 unidades por ticket). En tanto, el autoservicio grande retrocede solo un -14,4%, con un ticket promedio de $ 4.292 y 4,6 unidades por ticket.

“La performance en las ventas por tamaño de punto de venta son diferentes. El formato de tienda Grande, presenta una mayor caída de consumo contra mes el anterior, con un -5,1% ( $ 6.552 de ticket promedio y 4 unidades por ticket). Los supermercados de tamaño mediano retrocede solo un -0,2%, con un ticket promedio de $ 5.113 y 3,5 unidades por ticket”, explicó Di Pace.

Añadió que “la cercanía por reposición actúa por goteo a medida que el ingreso está disponible para la compra y pierde efecto las grandes compras ganando en venta las compras por oportunidad en promoción, oferta y descuentos”.

En el área Metropolitana la tendencia es un retroceso del -12,9 % interanual y – 2,3% respecto de abril. Por su parte, en el interior del país en forma interanual el consumo masivo cae 15,5%% y 3,6 % frente a abril 2024.

El Gobierno dispuso actualizar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) desde el 1 de junio, por lo que el sábado los precios de la nafta y el gasoil subirán un 20,44% y un 11,26%, respectivamente.

Tras postergar el aumento de los tributos en mayo, el Ejecutivo determinó aplicar las actualizaciones de los periodos pendientes con un nuevo cronograma de gradualidad, fijado mediante el Decreto 466/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que “los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos precitados, derivados de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2023, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, conforme a un cronograma de gradualidad, cuyo último tramo, referido a la actualización correspondiente al cuarto trimestre calendario del año 2023, resultaría aplicable a partir del 1° de junio de 2024, inclusive”.

Asimismo, resolvió que “a partir de esa misma fecha también surtirán efecto los incrementos en los referidos montos originados en la actualización correspondiente al primer trimestre calendario del año 2024”.

De esta manera, el nuevo cronograma fijó que para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, los montos de impuesto se incrementarán en los importes que se detallan a continuación: $10,121 el ICL sobre la nafta y $8,245 el ICL sobre el gasoil que también tendrá una suba extra de $4,464. Mientras que el incremento al IDC será de $0,619 para la nafta y de $0,935 para el gasoil.

En tanto que “para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de julio de 2024, inclusive, deberá considerarse el incremento total en los montos de impuesto”.

El Decreto firmado por el presidente, Javier Milei, el ahora ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “con el fin de estimular el crecimiento de la economía garantizando un sendero fiscal sostenible, resulta razonable diferir parcialmente los efectos de los incrementos que resultarían aplicables a partir del 1° de junio de 2024 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”.

A falta de la comunicación de las petroleras sobre el traslado del aumento de los impuestos a los precios de la nafta y el gasoil, se estima que el litro de nafta subiría 20% promedio en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el gasoil lo haría por encima de un 11%.

El índice de inflación finalmente descendió a un dígito, ya que arrojó 8,8% en abril último, informó el INDEC.

En el primer cuatrimestre, el costo de vida subió 65%, mientras que en los últimos doce meses fue del 289,4%. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) por los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad.

Le siguieron Comunicación (14,2%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Prendas de vestir y calzado (9,6%) por cambios de temporada.

Las divisiones con mayor incidencia fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) en las regiones de GBA, Cuyo y Patagonia, donde se destacaron las subas de Gas, Suministro de Agua y Electricidad; y Alimentos y bebidas no alcohólicas (6%) en las demás regiones, donde se destacaron Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en abril fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%) y Bienes y servicios varios (5,7%).

A nivel de las categorías, Regulados (18,4%) lideró el incremento seguida por Estacionales (9,9%), mientras que el IPC Núcleo aumentó un 6,3%.

Justamente, este número venía monitoreando el Gobierno, ya que allí puede verse una baja sostenible y una proyección del futuro de la inflación al no considerar los productos estacionales ni los precios de las tarifas de servicios públicos, algo que este mes pegó de lleno.

“La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 6.3%. Este fue el dato más bajo desde enero de 2023”, sostuvieron fuentes oficiales desde Economía.

Además, indicaron que la inflación de abril “volvió a ser muy inferior a la expectativa de los analistas participantes en el REM de diciembre”.

Desde el Palacio de Hacienda comentaron que “la fuerte desaceleración en los últimos meses se sustenta en el programa económico implementado en diciembre, cuyos pilares son el equilibrio fiscal, el saneamiento de la hoja de balance del BCRA y la implementación de medidas de desregulación y reducción de costos para el sector privado. Esto permitió transitar, en menos de 5 meses, de una economía con expectativas desancladas y alto riesgo de hiperinflación a una que ha generado las condiciones para la reaparición del crédito hipotecario de largo plazo luego de 7 años”.

El economista liberal Roberto Cachanosky cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y advirtió que en muchos temas claves está haciendo “lo contrario a lo que prometió”.

“Milei estuvo vendiendo algo que no iba a poder cumplir. Está haciendo las cosas inversas a las que dijo, sube impuestos en vez de bajarlos, puso un tipo de cambio máximo que es un control de precios. Vendió liberalismo pero aplicó políticas fuertemente intervencionistas”, sostuvo.

Además, alertó que “si vos liberas todos los precios de la economía, le ponés un techo a los salarios y lo que estás haciendo es licuarlos. Al mismo tiempo, le puso un techo al tipo de cambio. Complicas el consumo, la exportación y la inversión no va a venir mientras esté el cepo. No veo cómo salir de esto”.

Cachanosky advirtió que “cuanto más tiempo tenés el cepo, más complicado va a ser salir. Tenes una caída muy fuerte en el nivel de actividad económica, industria y construcción. Eso te afecta a la recaudación, eso hace que tengas que hacer un esfuerzo más grande para sostener el equilibrio fiscal".

"Me parece que están encarando de forma complicada el manejo de lo que recibieron. El ajuste pasa básicamente por el sector privado, aumentaste y extendiste el impuesto PAÍS, volviste a ganancias, tenes el aumento del impuesto a la tasa de combustibles todo el tiempo. Me llega la factura de gas, la cantidad de impuestos es impresionante. Detrás de cada aumento de tarifas, hay un impuestazo. Todo lo contrario a lo que él dijo en la campaña”, señaló Cachanosky en declaraciones radiales.

Consideró que Milei “dijo cosas que se sabía que no se podían cumplir, como la dolarización. Yo no estoy en contra, pero no se podía hacer. Él planteó la dolarización como un modelo estandarte de campaña, cuando se sabía que no se podía porque no había con qué. Dijo que tenía 10 mil millones de dólares y nunca aparecieron. Lo primero que hizo fue rajar a Emilio Ocampo”, el economista impulsor de la dolarización.

Dijo que “se hace muy difícil imaginar por dónde va a meter un gol porque tendría que cambiar todo de nuevo, cambiar el equipo económico y presentar un plan de estabilización".

Sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “es un hombre más de finanzas y no sé si entiende toda la macro. Vos podés hacer artificios financieros durante un tiempo pero al mismo tiempo tenés que tener un plan económico que cambie las expectativas de los agentes económicos”.

Explicó que ejemplo de ese tipo de iniciativas fueron “el Plan Austral, que cambió por completo las expectativas de los agentes. Otro fue la convertibilidad”.

"No veo cuál va a ser el motor que va a mover la economía de acá en adelante. La inversión va a tardar en venir y las exportaciones están afectadas por un atraso del tipo de cambio. No sé cómo va a mover la economía”, señaló.

Además, Cachanosky dijo que el Gobierno "no está limpiando el balance del Banco Central, lo está ensuciando. La deuda del BCRA crece más rápido que las reservas que compran. Ellos dicen las reservas que compran, no te dicen las reservas que liquidan”.

Con el fin de frenar el impacto sobre la inflación, el Poder Ejecutivo publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles.

Además, el Ministerio de Economía decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que tendrían que haberse aplicada a partir de mayo.

A partir de este miércoles debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación.

Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.

Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.

Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.

Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.

En cuanto a los combustibles, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024.

De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en  mayo.

En cuanto a los combustibles, el Poder Ejecutivo publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles.

La medida implica que no habrá incremento alguno por dicho concepto en mayo.

En este sentido, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024.

De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo.

Tanto el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que encabeza Nadín Argañaraz, como Profit Consultores y Autoría de Amílcar Collante, y Outlier, con Gabriel Caamaño, calcularon que en el primer trimestre se licuó casi en un 35% la capacidad adquisitiva de jubilaciones y pensiones.

El mandatario destacó textualmente, en su discurso pronunciado por cadena nacional, que “de los cinco puntos del déficit del Tesoro que hemos ajustado, sólo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público”.

A lo que Collante opuso: “Lo primero a resaltar es el papel que jugó el gasto en jubilaciones y pensiones, que aportó más de 0,2 puntos PBI de reducción durante dicho período, lo que implicó una caída real superior al 30% y explicó poco más de un tercio del esfuerzo de reducción del gasto.

#GastoPublico % de participación en el proceso de ajuste👇 pic.twitter.com/2WYd34LoQZ

El resultado es que el recorte del gasto, 34,9%, se explica por jubilaciones, seguido por el practicado en los Gastos de capital (obra pública), que ocupó 22% del total reducido y la baja de los subsidios, que representó algo menos del 12%.

Coincidió el economista Gabriel Caamaño, de Outlier:“Respecto de la baja del gasto, la evolución de sus componentes versus el PIB indica que de los 0,6 puntos porcentuales de reducción del gasto primario 0,22 puntos los aportan las jubilaciones (un tercio). Otro tanto el gasto de capital (un tercio), 0,1 puntos porcentuales subsidios económicos (15%) y otro tanto Transferencias a Provincias (15%)”.

En tanto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que encabeza Nadín Argañaraz, estimó que en porcentaje y en millones constantes las erogaciones fueron reducidas $2.984 millones, que serían un 35% explicado por el retraso en los aumentos de las jubilaciones y pensiones durante el primer trimestre, en plena aceleración de la inflación.

En el análisis del IARAF se hizo notar que el ajuste fiscal del primer trimestre fue equivalente, en términos anuales, a 6 puntos porcentuales del PIB, ya que "en enero había sido equivalente a 8 puntos porcentuales y en el primer bimestre a 7 puntos porcentuales del PIB. El equilibrio fiscal requiere un esfuerzo anual de 5 puntos porcentuales del PIB", indicó.

El estudio del instituto cordobés explica que "estos datos anualizados no significan una proyección fiscal de 2024, sino una anualización equivalente del comportamiento fiscal del primer trimestre del año.

"La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. Fin", dijo el ex ministro de economía de Macri, @alfonsopratgay pic.twitter.com/2DmloZD7Gr

También el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Adolfo Prat Gay se refirió a cómo los adultos mayores vuelven a ser la válvula de ajuste. "La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real de jubilaciones. Fin"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno ha dado marcha atrás en los aumentos al Registro Automotor que habían sido establecidos en el Boletín Oficial de este martes.

En sus redes sociales, el funcionario comunicó que, luego de reevaluar la situación, se han dejado sin efecto dos resoluciones emitidas hoy.

Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores, aunque no se proporcionaron detalles sobre las razones detrás de esta decisión.

La resolución modificaba los aranceles percibidos por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, junto con los montos mínimos y máximos para la liquidación de emolumentos por parte de los encargados de estos registros.

Los cambios implicaban la actualización de los anexos que detallan los aranceles y montos, con el propósito de asegurar una relación proporcional con los valores de los bienes registrados y mantener el equilibrio económico-financiero de los registros.

Según informes filtrados, los aranceles no habían experimentado cambios desde 2023, cuando fueron ajustados en junio y octubre, entrando en efecto el 1° de noviembre del mismo año.

La inflación fue del 11% en marzo y acumuló 287,9% en los últimos doce meses, informó el INDEC.

En el primer trimestre, el índice de precios al consumidor acumuló una variación del 51,6%. 

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (52,7%), por los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del ciclo lectivo. 

Le siguieron Comunicación (15,9%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,3%), por alzas en el servicio de electricidad.La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,5%). 

Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados, Leche, productos lácteos y huevos, Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo fueron Restaurantes y hoteles (8,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (5%).

A nivel de las categorías, Regulados (18,1%) lideró el aumento seguida por Estacionales (11,1%), mientras que el IPC Núcleo registró un incremento de 9,4%.

La lechuga, con una suba del 66,7% y el tomate redondo, con un alza del 56,3%, fueron los alimentos que más subieron en marzo.

En el área metropolitana (Capital y conurbano) el índice de precios subió 11,5 por ciento, por encima del nivel general.

La inflación se viene desacelerando, luego de subir 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero, de acuerdo con las cifras oficiales.

Algunas consultoras estiman que el costo de vida de abril podría ubicarse en un dígito, en caso de mantenerse esta tendencia.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, se reunieron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos para limar diferencias respecto de la Ley Bases.

“Fue una reunión positiva. Dialogamos con los gobernadores de Juntos por el Cambio sobre la Ley Bases y el paquete fiscal. Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos”, indicó Francos tras la reunión con los mandatarios provinciales en Casa Rosada.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo al salir de la reunión que tienen pensado “analizar” las propuestas del Gobierno y señaló que todavía hay algunas discrepancias sobre Ganancias y jubilaciones.

“Vamos a analizar esta semana las propuestas que nos hicieron llegar, tenemos algunas diferencias en el tema Ganancias y sobre el tema jubilaciones”, aseguró Torres al salir del encuentro que duró una hora y media.

En esa línea, el mandatario chubutense expresó: “De cara al pacto de Mayo, muchas de las propuestas se tomaron y celebro la voluntad de diálogo. Que haya espíritu crítico es positivo”, dijo el mandatario patagónico.

Según indicaron fuentes de la Casa Rosada a Noticias Argentinas, el Gobierno tiene previsto enviarle a los mandatarios provinciales y a los jefes de bloque los borradores finales del paquete fiscal y la Ley Bases la semana próxima para que puedan analizarlos. El Ejecutivo espera que los dos proyectos puedan votarse en conjunto.

En este sentido, indicaron que durante el encuentro se expusieron las distintas posiciones en relación a Ganancias, aunque todavía no pudieron llegar a un consenso respecto del piso. “Creemos que se puede llegar a algo en lo que todos estemos de acuerdo”, aseguraron fuentes gubernamentales.

La obra pública era otra de las preocupaciones que los gobernadores de JxC llevaron a la reunión y desde el Ejecutivo se explicó que tienen que tener financiamiento internacional para su ejecución. Aunque indicaron que se analizará cuales son las prioritarias a fin de finalizarlas o traspasarlas a las provincias.

También se debatió acerca del conflicto que se inició por los aportes que se les debe girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, otro de los temas calientes para los gobernadores.

En este sentido, el Gobierno tiene en marcha una auditoria y aguarda su finalización para dar definiciones al respecto, aunque reconoció que fue "un error no forzado en el afán de ordenar el frente fiscal”.

En la previa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había manifestado la voluntad de los gobernadores de JxC de acompañar en general la Ley Bases.

“Venimos a colaborar con un Gobierno que está comenzando para darle las herramientas. Vamos a acompañar la Ley Bases en términos generales, pero por supuesto queremos discutir cada una de las particularidades”, dijo el mandatario santafesino.

Los mandatarios provinciales que formaron parte de la reunión son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Clara Muzzio (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

También estuvieron presentes en la reunión el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

La Argentina y Paraguay acordaron avanzar, en un corto plazo, en superar las diferencias derivadas por el cobro de la tasa establecida en el tramo del río Paraná entre Confluencia y el puerto de Santa Fe, en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Así lo acordaron en una reunión realizada en la sede de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE).

El encuentro, que fue convocado por la AGPSE, se hizo en su sede Dársena Norte del Puerto Buenos Aires, y contó con la presencia de directivos del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), junto a la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) y la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (CATERPPA), así como de representantes gubernamentales de Argentina y Paraguay.

En ese sentido, con la visión compartida de mejorar las condiciones de navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná y la prerrogativa de los Estados de cobrar tasas retributivas por servicios efectivamente prestados, los participantes acordaron establecer bases para adecuar y optimizar los servicios requeridos a fin de mejorar la navegabilidad y su contraprestación correspondiente, a partir de un abordaje integral, que contemple otras herramientas disponibles que contribuyan al desarrollo, modernización y eficiencia de la navegación y transporte fluvial.

También se definió profundizar los mecanismos actuales de consultas entre usuarios privados y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a través de una mesa de trabajo técnica que se reunirá con periodicidad.

Los avances de la reunión fueron informados a los demás representantes de los países que integran el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná con el fin de aportar mayores elementos para arribar a una solución del asunto.

La tensión entre el Gobierno y las empresas productoras de alimentos llegó a su punto máximo días atrás y terminó con cambios en la estructura de la poderosa Copal, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

Los cambios se concretarán en los primeros días de abril en la asamblea donde se definirán los cargos aunque ya se sabe cuáles son los más drásticos.

La crisis se definió con el apartamiento de nombres como el de Daniel Funes de Rioja, histórico presidente de la entidad y hombre fuerte de la Unión Industrial Argentina y de Alfredo Gusmán representante de la Federación Argentina de Productores e Industrializadores de Sal, entre otros. Se estima que la presidencia de la Copal sería ocupada por Carla Bonito, quien hoy oficia como segunda de Daniel Funes de Rioja.

Por definición la presidencia no puede estar en manos de un titular de empresa. Y el nombre de Bonito como sucesora es el que más chances tiene. “Sabe del sector y es muy trabajadora”, reconoció un miebro de la entidad.

La semana pasada Economía bajó la carga impositiva para la importación de alimentos y otros productos de la canasta básica para compensar los altos precios en las góndolas.

Tras el anuncio oficial el secretario de Comercio Pablo Lavigne recibió a los ejecutivos de empresas fabricantes de alimentos de la cámara Copal, quiénes le plantearon la necesidad de igualar el tratamiento impositivo para los insumos necesarios en la producción.

Desde el Gobierno advierten que tras la resolución algunos precios comenzaron a bajar.

En ese listado aparecen, entre los alimentos: Carnes bovinas, porcinas, aviar, y derivados; Pescados y derivados; Lácteos y derivados; Huevos, Hortalizas, Legumbres, Frutas, Verduras, Frutos secos y demás alimentos primarios, Especias, Cereales y sus derivados, Oleaginosas y sus derivados, Grasas y aceites, Preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.) e Insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.). También cervezas y bebidas sin alcohol.

También se incluyó productos de higiene personal: Algodones e hisopos, Desodorantes Corporales, Máquinas y espuma de afeitar, Insecticidas de uso personal, Jabón de tocador, Pañales Descartables, Papel Higiénico, Pastas Dentales, Preservativos, Productos para Bebes, Protección Femenina, Shampoo y Acondicionador, indicaron fuentes oficiales.

Entre los de limpieza estarán detergentes, Jabón/Detergente para Ropa y Suavizantes; y Lavandina y Limpiadores. Habrá, también, unos 800 medicamentos que tendrán ese tratamiento impositivo.

La Copal es una organización empresaria que nuclea y representa a casi la totalidad de los sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas de Argentina. Cuenta con más de 34 cámaras sectoriales asociadas, que representan a más de 2.200 empresas de todo el país.