La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la denominada Causa Vialidad ha marcado un nuevo hito en la historia judicial y política argentina. Sin profundizar en los aspectos técnicos de la causa, ampliamente descriptos en las últimas semanas, resulta inevitable analizar las repercusiones de este fallo en la sociedad y su proyección a futuro.

Un sector significativo de la opinión pública celebra la decisión con una efusividad que trasciende lo estrictamente judicial. Para muchos, ver a Cristina condenada es un triunfo esperado, una especie de reparación simbólica ante años de sospechas de corrupción que han marcado su gestión y su legado político. Sin embargo, este entusiasmo pocas veces se detiene en los detalles del fallo ni en el proceso que llevó a la condena, un proceso que ha sido seriamente cuestionado por juristas y periodistas de investigación, quienes advierten inconsistencias y una preocupante escasez de pruebas concluyentes que determinen con certeza su culpabilidad. En lugar de apoyarse en evidencias irrefutables, el fallo parece cimentarse en una presunción de culpabilidad que muchos ya daban por hecha.

Este clima de certeza emocional sobre la culpabilidad de la expresidenta no se limita a esta causa en particular; más bien, es una sensación extendida en la sociedad: Cristina es culpable, sin importar de qué se la acuse ni cuántas pruebas haya o falten. El problema es que la Justicia no puede depender de percepciones ni de climas sociales, sino de pruebas firmes y de procesos transparentes. De lo contrario, cualquier fallo -actual o futuro- siembra dudas.

Incluso en el escenario en que la solidez del caso fuera indiscutible, los antecedentes de los jueces involucrados proyectan algunas sombras sobre la imparcialidad de sus fallos. No son pocas las fotos, videos y publicaciones que exponen sus vínculos con el macrismo y con sectores del poder que históricamente han sido opositores al kirchnerismo.

Las dudas y sospechas en torno a la independencia del tribunal son el bastión de quienes defienden a la exmandataria, exigiendo la revisión del fallo y proclamando su inocencia. En este escenario, la condena no hace sino revivir una de las fracturas fundamentales de la historia argentina: la lucha entre peronismo y antiperonismo. Incluso podríamos remontarnos a la década del 30 y a la figura de Hipólito Yrigoyen para recordar cómo los liderazgos populares han sido recurrentemente enfrentados por los poderes económicos y conservadores. Argentina, fiel a su tradición política, parece estar escribiendo un nuevo capítulo de esa eterna confrontación.

A esto se suma el papel de ciertos periodistas, quienes han demostrado que el análisis crítico y objetivo cede cada vez más lugar a la militancia mediática. Tal como se mencionó en una columna anterior, la actitud de muchos comunicadores recuerda más a la de jefes de hinchadas que a la de profesionales que buscan esclarecer los hechos. La condena a Cristina no solo fue informada, sino festejada como una victoria en una batalla política, dejando a un lado la responsabilidad de poner en cuestión los procedimientos y garantizar el equilibrio de voces en el debate público.

Lo ocurrido pone en evidencia, una vez más, la urgencia de que los máximos representantes de la justicia en Argentina sean personas de trayectoria intachable, que su nombramiento no dependa de simpatías políticas, sino de una capacidad indiscutible de imparcialidad y rigor en su labor. La confianza en el sistema judicial es un pilar fundamental de cualquier república, y su deterioro arrastra consigo la credibilidad democrática. Y en este sentido, sería bueno que estos mismos jueces que no dudaron en condenar a una expresidenta tampoco demoren en ocuparse de las causas que involucran a otros exmandatarios como Mauricio Macri, Alberto Fernández o incluso al actual presidente, Javier Milei.

Solo así, será Justicia.

El 7 de junio, Argentina celebra el Día del Periodista, recordando la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno en 1810. Aquel primer periódico no pretendía los aplausos de sus lectores, sino plantear verdades incómodas: la importancia de un pueblo informado, la libertad de expresión y el debate público, y la rendición de cuentas de los gobernantes.

Más de dos siglos después, el periodismo muestra una peligrosa deformación de su esencia con esta suerte de "periodismo para la hinchada", que optan ejercer cada vez más periodistas y medios. Una práctica que deja de lado la búsqueda de la verdad para convertirse en un eco complaciente de las ideas y prejuicios de su audiencia. 

Si la audiencia cree que el gobierno es un desastre, encontrarán periodistas que lo dirán con fervor. Si creen que la oposición es lo peor que le pasó al país, tendrán comunicadores que les confirmarán cada sospecha. Y así, la rueda gira sin fricción, sin preguntas incómodas, sin información que realmente nos permita entender lo que pasa más allá de nuestras propias convicciones.

La propuesta prende. Vende. Fideliza seguidores. Genera rating. En tiempos de redes sociales y polarización extrema, decirle a la gente lo que quiere escuchar parece ser el camino más fácil para ganar influencia.

Lo que alguna vez fue una profesión dedicada a la investigación rigurosa y la fiscalización del poder como garantías de credibilidad, hoy se confunde cada vez más con el entretenimiento. Muchos periodistas se han convertido en operadores demagógicos que priorizan la espectacularidad por sobre la veracidad. Buscan indignación, clics y tendencia en redes antes que contexto y profundidad. El resultado es un periodismo debilitado, cada vez más cuestionado y asociado con intereses económicos, políticos o simplemente con la necesidad de alimentar egos y audiencias.

Pero el problema no es solo de quienes ejercen este periodismo, sino también de quienes lo consumen. Las audiencias alimentadas por medios que solo refuerzan sus sesgos de confirmación terminan viviendo en una realidad ficticia. Se engañan a sí mismas al elegir solo aquellas narrativas que les resultan cómodas y rechazar cualquier información que las confronte.

Sin embargo, la realidad, tarde o temprano, golpea la puerta. Y cuando lo hace, los ciudadanos que han vivido dentro de burbujas mediáticas se ven completamente desarmados. No saben cómo reaccionar ante hechos que no esperaban, porque simplemente nunca quisieron verlos. 

Ejercer el periodismo responsable es difícil. Decir la verdad, aunque duela, conlleva el riesgo de perder seguidores, recibir insultos y enfrentar presiones. Pero es la única manera de garantizar que la sociedad no quede atrapada en su propio reflejo.

En este Día del Periodista, vale la pena preguntarnos qué tipo de periodismo queremos: ¿uno que nos confirme lo que ya creemos, o uno que nos ayude a ver el mundo como realmente es? Si elegimos lo primero, estaremos condenados a vivir en una democracia frágil, en un país donde la verdad siempre llega tarde, y donde el periodismo deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en un instrumento de complacencia.

En una sociedad donde la información es moldeada para agradar y no para informar, la capacidad crítica se erosiona. Y sin ciudadanos críticos, la democracia se debilita. Porque si solo vemos el mundo como queremos verlo y no como realmente es, nuestras decisiones—electorales, económicas, sociales—se basarán en ilusiones. Y como decía Mariano Moreno: "Si los pueblos no se ilustran, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez su suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía."

La obra maestra de George Orwell, "1984", nos presenta un mundo distópico donde el Estado controla cada aspecto de la vida de las personas. Uno de los elementos más perturbadores y memorables del libro es el ritual de los "Dos minutos de odio", que consiste en una sesión diaria en la que los ciudadanos, frente a una pantalla, descargan su furia sobre quienes el poder señala como “enemigos del Pueblo”. La intención de la singular práctica no es solo canalizar el odio colectivo, sino reforzar la lealtad al partido gobernante y, sobre todo, mantener un enemigo constante que justifique la opresión interna y distraiga la atención de los problemas reales que atraviesan los ciudadanos.

La ficción de Orwell presenta una alarmante similitud con la preocupante dinámica de la que somos testigos en Argentina bajo la figura del presidente Javier Milei. En varias declaraciones públicas, Milei ha arremetido contra los periodistas (particularmente aquellos que no le demuestran una tan incondicional como patética obsecuencia), calificándolos de "mercenarios" y "corruptos" -entre los epítetos más suaves-, incitando al odio hacia quienes ejercen la profesión de informar. Estas declaraciones no solo buscan desacreditar a los medios de comunicación, sino que también promueven una atmósfera de hostilidad y desconfianza hacia la prensa.

Como en los "Dos minutos de odio", se trata de manipular las emociones de la población para consolidar el poder. Al igual que en la novela de Orwell, donde el odio hacia un inventado “enemigo del pueblo” refuerza la unidad en torno al Gran Hermano, en la Argentina de Milei, el desprecio hacia los periodistas pretende apuntar el malestar social hacia un nuevo enemigo, desviar la mirada de las dificultades que a diario deben soportar los ciudadanos y consolidar su figura como líder indiscutido e indiscutible.

El peligro de estas prácticas es evidente, incluso cuando pueda uno encontrar algunas actitudes reprochables en el ejercicio periodístico. Pero la demonización de la prensa no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que también erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: el derecho del pueblo a estar informado. Sin una prensa libre e independiente, los ciudadanos quedan a merced de la propaganda y la desinformación, perdiendo la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su presente y su futuro.

Es vital recordar que la prensa cumple un rol esencial en la vigilancia del poder. Los periodistas, con su trabajo de investigación y denuncia, actúan como un contrapeso necesario frente a los excesos y abusos de los gobernantes. Atacar a la prensa es, en última instancia, atacar a la democracia misma.

La incitación al odio hacia los periodistas que promueve el Presidente de la Nación no es solo una táctica política peligrosa, sino también perjudicial incluso para quienes la alientan desde distintos sectores. El ejercicio libre de la prensa es fundamental para la calidad democrática de los países. Sin una prensa libre, no hay democracia; sin democracia, no hay libertad. Es imperativo defender y proteger a los periodistas que se enfrentan al poder para que la verdad prevalezca y la democracia florezca.

Los recientes accidentes de tránsito ocurridos en la Ruta Nacional 3, donde varias personas perdieron la vida en choques frontales, han puesto de manifiesto una dura realidad: la infraestructura vial, lejos de mejorar, se encuentra en un estado de abandono que pone en peligro la vida de quienes transitan por las rutas del país. Este deterioro no es casualidad ni consecuencia del azar, sino de decisiones políticas concretas. El gobierno nacional, bajo la premisa de recortar el gasto público, ha tomado medidas que implican no solo la cancelación de contratos de reparación y construcción de carriles, sino también la suspensión de servicios esenciales como el mantenimiento de la iluminación en cruces peligrosos, el cuidado de las banquinas y el corte de pasto en los márgenes de las rutas.

El presidente Javier Milei ha enarbolado el concepto de la “motosierra” como símbolo de su política de ajuste. Su decisión de reducir drásticamente la inversión en infraestructura vial no solo responde a la necesidad de achicar el déficit fiscal, sino que también plantea interrogantes sobre las consecuencias directas de un ajuste que deja en segundo plano la seguridad de los ciudadanos. Es cierto que las administraciones previas han estado marcadas por casos de corrupción en la obra pública, con licitaciones previamente acordadas, sobreprecios escandalosos y nulo control sobre las empresas a cargo. Sin embargo, la respuesta a estas irregularidades no debería ser el abandono total del mantenimiento de las rutas, sino la implementación de mecanismos de control más estrictos que garanticen transparencia en los contratos y eficiencia en la gestión de los recursos.

La Ruta Nacional 3 es solo un ejemplo de una problemática que afecta a todo el país. La falta de inversión no solo impide la necesaria ampliación y extensión de los caminos, sino que convierte cada viaje en un riesgo latente. La ausencia de mantenimiento provoca que rutas con una alta circulación de camiones y vehículos particulares se transformen en trampas mortales. Los accidentes fatales no pueden ser vistos como meras estadísticas ni como inevitables tragedias del destino; son consecuencias directas de decisiones gubernamentales que afectan el día a día de la población.

Incluso si dejáramos de lado la importancia sustantiva de las vidas humanas, el Estado -léase, los argentinos todos-, podría enfrentar millonarias demandas por la responsabilidad en estos accidentes si las rutas no reciben el mantenimiento adecuado y no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad. La gestión eficiente de los recursos no implica dejar librado al azar la seguridad vial, sino garantizar que las inversiones sean transparentes y bien ejecutadas.

La reducción del gasto público no puede justificar el abandono de funciones esenciales que impactan de manera directa en la vida de los ciudadanos. Recortar el gasto indiscriminadamente sin considerar las consecuencias humanas de estas decisiones no es un triunfo de la eficiencia económica, sino una tragedia anunciada. La seguridad vial no puede ser víctima de la motosierra.