En los últimos días, hemos escuchado con asombro las declaraciones de la exministra de Salud, Sonia Velázquez, quien acusó al gobierno actual de “desnaturalizar” el funcionamiento del IOSPER. Una afirmación tan liviana como preocupante, si tomamos en cuenta de qué “naturaleza” estamos hablando.

¿Se refiere, acaso, a un sistema que durante años funcionó como un nicho de privilegios y opacidad?

¿A una estructura que permitió sueldos obscenos de hasta 16 millones de pesos mensuales para sus directores, mientras los afiliados hacían malabares para pagar un plus médico?

¿Se refiere a una gestión que dejó un déficit mensual de 3.000 millones de pesos, comprometiendo la cobertura de miles de entrerrianos?

¿O acaso lo natural era pagar medicamentos con sobreprecios de hasta el 1000%, sin controles ni justificación?

¿Era natural, para la exministra, que más de mil personas permanecieran en lista de espera para una cirugía, cargando con la angustia de la incertidumbre y el dolor?

Si eso era lo “natural”, entonces sí: bienvenida sea la desnaturalización.

Los entrerrianos merecen un IOSPER transparente, eficiente y centrado en las necesidades de sus afiliados. No uno convertido en coto de unos pocos. Recuperar esa institucionalidad, poner orden y garantizar prestaciones dignas no es “desnaturalizar”, es gobernar con responsabilidad.

Es momento de hacernos cargo, no de añorar el pasado. Porque lo que verdaderamente indigna no es el cambio, sino haber permitido que la salud de tantos se viera postergada por decisiones políticas o intereses particulares

El arresto del ex gobernador Sergio Urribarri, caudillo de Cristina Kirchner, es un hecho trascendente. Es la primera vez en la historia de la provincia que un ex gobernador es condenado y detenido por hechos de corrupción. Pero para quienes seguimos de cerca el devenir en la Justicia que acumula Urribarri, aparecía como lógico que se dictara la prisión preventiva. 

El fallo de las juezas Davite, Badano y Bruzzo, al ponderar el riesgo de fuga, es prudente y razonable, dado el historial de rechazo constante y de cuestionamiento al accionar de la Justicia por parte de Urribarri (acusó que dentro del Poder Judicial funcionaba una mesa judicial que se encargaba de perseguirlo), a lo que se suman su domicilio en una ciudad fronteriza, su evidente solvencia económica y sus relaciones con grupos de poder que lo colocan en una posición de ventaja respecto del resto de los ciudadanos sometidos a la ley.

Por eso es importante lo sucedido con esta detención, es un paso más para la consolidación de las instituciones y del Estado de derecho en democracia. Quienes cometen actos de corrupción rinden cuentas y la sociedad les demanda la reparación del daño cometido. Ese es el mensaje.

La sociedad espera que el accionar de la Justicia sea contundente cuando se encuentren responsables de hechos de corrupción en el Estado; y que las investigaciones y eventuales castigos se lleven adelante, aún cuando el funcionario se encuentre en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que se despejen especulaciones acerca de que la Justicia solo investiga al poder una vez que los responsables se encuentran alejados de sus cargos.

Aún cuando resta un paso más, la contundencia de las pruebas y la claridad de los procesos hacen prever que las condenas queden firmes. Es importante que los entrerrianos contemos con la convicción democrática de que quienes cometen actos de corrupción, rinden cuentas. Es vital que los entrerrianos podamos percibir que la impunidad no gobierna; que la justicia funciona; que la prensa independiente cumple su papel en una sociedad libre y que contribuye en la presión pública que demanda por el esclarecimiento de delitos de esta naturaleza.