La reciente media sanción en el Senado del proyecto de ley presentado por el senador José Vergara para modificar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 10.027) no es una simple adecuación técnica ni un mero avance hacia la “autonomía financiera” local. Es, en términos concretos, una barbaridad jurídica y política que mantiene profundas asimetrías previsionales mientras consagra privilegios inadmisibles para los funcionarios políticos según el municipio en el que ejerzan.

Bajo la premisa de otorgar mayor flexibilidad a las 22 cajas de Jubilaciones y Pensiones municipales de Entre Ríos, la reforma aprobada elimina el tope máximo del 16% de aporte previsional y conserva únicamente el piso mínimo del 12%. Lo que se presenta como un remedio contra el déficit actuarial oculta una profunda asimetría respecto del régimen provincial y de los municipios que integran el sistema general.

Hoy, un trabajador o funcionario que aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPER) realiza un aporte obligatorio del 19%. La reforma mantiene así la posibilidad de que un funcionario político de una ciudad con caja propia —como Federación o Colón— aporte hasta 7 puntos porcentuales menos que un funcionario de Concordia o de cualquier otra localidad adherida al sistema provincial. ¿Con qué criterio de equidad o de solidaridad social se justifica que la planta política de un municipio aporte sustancialmente menos que la de otro por el solo hecho de contar con una estructura previsional local?

Pero la trampa de fondo es aún mayor: pretender solucionar el problema previsional modificando las alícuotas de las cajas locales es ignorar deliberadamente quién genera el verdadero agujero negro del sistema. El déficit previsional en Entre Ríos es una «asfixia programada» producida por la propia evasión de aportes en la que incurre el Estado provincial y municipal.

El rojo de la Caja de Jubilaciones no surge por casualidad ni por el mero aumento de la expectativa de vida. Es consecuencia directa del pago de salarios con más del 50% en códigos no remunerativos: se ha consolidado una estructura en la que más de la mitad del haber de funcionarios y empleados públicos se liquida mediante sumas “en gris”, no bonificables o no remunerativas.

Al pagar en negro, el Estado actúa como el principal evasor de sus propias cajas previsionales, abonando conceptos sobre los cuales no se tributa un solo peso para las jubilaciones de hoy ni del futuro.

A esto se suma la precarización del empleo público. El sostenimiento masivo de trabajadores bajo la figura de contratos de obra, locación de servicios, contratos basura y otras formas análogas “en negro” destruye la relación entre aportantes y beneficiarios. Son miles de agentes prestándole servicios al Estado sin realizar una sola contribución ni aporte al sistema previsional.

No se puede hablar de austeridad, sustentabilidad ni de responsabilidad fiscal mientras se vacía la base de ingresos del sistema a través de la precarización y la informalidad salarial promovidas desde los propios despachos oficiales. Decir que el sistema quebró por culpa de los jubilados mientras el Estado evade aportes con códigos no remunerativos no es solo un diagnóstico falso; es una maniobra para justificar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Cómplice de esta situación es la actual gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que, conociendo los recientes fallos que declaran la inconstitucionalidad de los códigos no remunerativos, no resuelve denuncias concretas ni realiza las auditorías que demostrarían la verdadera dimensión del fraude.

Por su parte, los municipios son los autores materiales del delito de evasión al no informar correctamente al organismo previsional el número exacto de agentes municipales, los códigos no remunerativos abonados y el incumplimiento del pago de la antigüedad al personal contratado.

La eliminación del tope del 16% en las cajas municipales no garantiza la solvencia de regímenes que, en su mayoría, no gozan de superávit estructural; por el contrario, habilita un margen de discrecionalidad política para fijar aportes a medida y consolida desigualdades que terminaremos pagando todos los entrerrianos.

La verdadera reforma previsional no se logra manteniendo la posibilidad de que la planta política local aporte sustancialmente menos que quienes integran el régimen provincial. Exige blanquear los salarios de manera transparente, erradicar la contratación precarizada en el Estado y garantizar la estricta igualdad de cargas entre todos los que ejercemos la función pública en la provincia.

El proyecto de ley del senador Vergara convalida inequidades y fragiliza el patrimonio de los trabajadores. No pretende más que una "cobertura legislativa" para encubrir el fraude previsional del propio Estado.

Por eso, el debate en la Cámara de Diputados debe marcar una divisoria de aguas ética y política: o los legisladores eligen actuar como escribanía del ajuste, convalidando privilegios para las plantas políticas y la complicidad con la evasión municipal, o asumen la responsabilidad histórica de defender el salario de los trabajadores, la transparencia institucional y la dignidad de las jubilaciones entrerrianas.

La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.

Nos han repetido hasta el hartazgo la hipótesis de la "relación de aportantes por jubilado" como la única causa del déficit. Pero esa verdad a medias oculta una maniobra estructural de desfinanciamiento activo. El caso de la Municipalidad de Concordia, bajo la gestión de Francisco Azcué, funciona como el laboratorio perfecto de esta trampa matemática y social.

El financiamiento genuino de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se sostiene con los aportes obligatorios de la planta activa: permanentes, transitorios y contratados con aportes.

Desde el inicio de la gestión de Azcué, la principal bandera de "transparencia" y "saneamiento" ha sido la cesantía masiva de agentes públicos bajo acusaciones de irregularidades o supuestas faltas del pasado, esquivando el debido proceso con sumarios endebles que inevitablemente terminarán en reveses judiciales e indemnizaciones millonarias pagadas por el contribuyente.

La realidad detrás del relato es alarmante ya que al dar de baja a cientos de contratados con aportes, se estrangula directamente la recaudación de la Caja provincial. Esos puestos de trabajo se reemplazan de forma encubierta por la figura del monotributo (bajo la órbita de ARCA), cuyos aportes jubilatorios mínimos se derivan a la ANSES y no a la provincia.

Asi, un empleado municipal formal aporta un porcentaje significativo de su sueldo bruto a la Caja provincial; un monotributista contratado a través de engorrosos y oscuros expedientes de "prestación de servicios" no le aporta un solo centavo al sistema entrerriano.

Si multiplicamos esta sangría hormiga de aportes por más de cien municipios entrerrianos haciendo el mismo juego de prestidigitación contable, el déficit previsional deja de ser un problema demográfico y se revela como lo que es: una asfixia programada.

El maximun de la hipocresía es que mientras se ajusta la base de la pirámide y se culpa a la clase pasiva por el colapso previsional, la gestión de Azcué incurre en un flagrante doble estándar que ya ha provocado intimaciones formales de la propia Caja de Jubilaciones provincial.

Se ha vuelto un secreto a voces —y luego una certeza administrativa— la designación en el gabinete municipal de funcionarios que perciben haberes jubilatorios provinciales y, al mismo tiempo, cobran ingresos de la Municipalidad de Concordia mediante metodologías no remunerativas (como el polémico "Código 600" o contratos de locación de servicios) sin realizar los aportes de ley.

Mientras un jubilado ordinario ve licuado su poder adquisitivo por las reformas de ajuste, ciertos funcionarios políticos de la actual gestión perciben doble ingreso del Estado sin tributar solidariamente al sistema que los sostiene. Una evasión de guante blanco tolerada desde el propio despacho municipal.

El ahorro público del que se vanaglorian los discursos oficiales de la gestión local no es optimización de recursos; es llanamente vaciamiento y retiro del Estado en las áreas más sensibles: los despidos y no renovaciones golpean de lleno a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la salud municipal, las áreas de adicciones, niñez, adultos mayores y el desarrollo deportivo comunitario.

Menos empleados no significa mayor eficiencia, significa salitas de salud cerradas, menos contención para víctimas de violencia y la eliminación de la red de seguridad social para los sectores vulnerables. Los servicios esenciales que se quitan de la esfera pública terminan tercerizados en cooperativas dudosas o empresas prestadoras que precarizan aún más el trabajo y erosionan la recaudación de las tasas locales.

Nada en este esquema es un error de cálculo; todo obedece a un diseño político y económico preciso. Se despide al personal que tributa a la provincia para profundizar el déficit de la Caja y justificar su posterior reforma regresiva. Se maquilla la baja del gasto público mientras se desvían recursos hacia la contratación de servicios tercerizados y contratos de monotributo sin control real de funciones.

La rueda del ajuste ha comenzado a girar. Al principio se mueve tímidamente, amparada por el relato de la pesada herencia recibida y en consignas de orden fiscal. Sin embargo, una vez consolidados en el poder, el pudor administrativo se pierde por completo y la precarización, la evasión previsional interna y el desprecio por lo público se convierten en la norma de gestión.

Azcué insiste recurrentemente en que su gestión representa algo "diferente". Y en eso tiene toda la razón: la diferencia es evidente. No quedan dudas de que estamos ante la administración más ineficiente. Su gestión no solo se ha caracterizado por la pérdida sistemática de financiamiento para obras fundamentales de infraestructura que Concordia necesita con urgencia, sino por una alarmante falta de visión e innovación para generar políticas públicas reales. En tiempos de una crisis social sin precedentes, donde se requería audacia, creatividad y sensibilidad, el municipio optó por la parálisis, el desmantelamiento y la receta vieja del achique. No es austeridad, es incapacidad; y el precio de esa "diferencia" lo están pagando hoy los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.