Mientras el oficialismo celebraba a los ponchazos la aprobación de la llamada "Ley de Modernización Laboral", me retiraba del recinto con la certeza de haber sido testigo de la mayor operación de desguace de derechos laborales desde el retorno de la democracia. Lo que votaron no es modernización, es un ajuste con moño amarillo.

Me duele decirlo, pero hay que llamar a las cosas por su nombre: esta ley no moderniza nada, lo que hace es legalizar el despido barato, precarizar el trabajo y regalar plata de los jubilados a los bancos.

Me dijeron: "Diputada, es una ley moderna, hay que adaptarse". Y yo respondo: modernidad no es sinónimo de precariedad; podemos tener plataformas digitales con derechos, flexibilidad sin perder protección, inversiones sin saquear las jubilaciones. Lo que no podemos hacer es disfrazar de libertad lo que es puro ajuste.

Con esta nueva legislación, la indemnización pasó a ser un "quizás". Antes, quien era echado sin causa, tenía derecho a cobrar el equivalente de un mes por año trabajado. Ahora, con esta reforma establecen un tope de 3 veces el salario de convenio; no cuentan el aguinaldo ni las horas extras para el cálculo; quien tiene un buen sueldo, su indemnización se achica hasta un 40%; y si el convenio lo permite, pueden cambiar toda la indemnización por un fondo de cese manejado por un banco.

¿Y si la empresa quiebra? En ese caso, suerte con el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un desvío de 4.000 millones de dólares anuales de las jubilaciones a cuentas privadas administradas por bancos. Sí, como leen: la plata que iba a la ANSES para pagar jubilaciones, ahora irá a un fondo privado para pagar despidos. O sea: los jubilados de hoy y de mañana financian el "derecho" de las empresas a echar gente de manera más barata.

Por su parte, el trabajador de aplicaciones es condenado a ser "prestador independiente de plataformas", sin derecho a vacaciones, aguinaldo, indemnización por despido, ni obra social pagada por la empresa.

Además, esta precarización integral quita fuerza a los convenios de trabajo. Si un convenio colectivo vence y no se renueva, pierde vigencia la parte obligacional (la que protege al sindicato). El sindicato se queda sin herramientas para influir, y el trabajador pierde representación. Asimismo, si hay conflicto entre un convenio de empresa y uno de actividad, gana el de empresa.

Afortunadamente, debieron eliminar el artículo 44, que establecía algo escalofriante: quien se enferma por hacer deporte, cobra el 50% del sueldo; si es una enfermedad común, el 75%. Lo sacaron porque no les quedó otra, pero la filosofía quedó: la salud es un gasto, no un derecho.

Como Diputada Nacional, juré defender la Constitución, que en su artículo 14 bis establece claramente: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes"; sin embargo, esta nueva ley no protege al trabajo, sino que lo expone como mercancía.

Por eso, mi voto fue en contra de la reducción de indemnizaciones, el desvío de fondos jubilatorios, la precarización de trabajadores de plataformas, el debilitamiento de convenios colectivos, el recorte de salarios por enfermedad, el pago de sentencias en cuotas y la limitación de la tutela sindical.

Jamás votaré a favor de un proyecto que vulnere los derechos del sector social más grande del país, y cuya conquista fue producto de años de lucha de nuestro pueblo, que escribe la historia más allá de las leyes que pueda impulsar cualquier gobierno antipopular.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso marcado por el autoelogio y un optimismo que contrasta con la experiencia cotidiana de miles de entrerrianos.El mandatario trazó un panorama provincial que, para quien camine las calles, recorra hospitales o converse con docentes y trabajadores estatales, suena más a una pieza publicitaria que a un diagnóstico real de situación. Las cifras pueden ordenar un relato, pero no reemplazan la realidad concreta que vive la ciudadanía.Frigerio aseguró haber reducido la deuda provincial de 723 a 684 millones de dólares. Sin embargo, evitó explicar con claridad cómo impactaron esos ajustes en los salarios públicos, en la inversión real del Estado y en el poder adquisitivo de las familias. La reducción del endeudamiento no es un dato neutro: tiene consecuencias que deben ser explicitadas.En relación con la Caja de Jubilaciones, destacó la reducción del déficit y prometió garantizar el 82% móvil. Reducir el rojo a la mitad suena contundente, pero el discurso no aclaró qué medidas estructurales lo hicieron posible ni cuál será el impacto a largo plazo en los futuros jubilados, una inquietud legítima que sigue abierta.La modernización de la obra social provincial y el anuncio de ahorros millonarios también formaron parte del mensaje oficial. No obstante, afiliados continúan señalando demoras en prestaciones y coberturas insuficientes, una distancia evidente entre el anuncio y la experiencia cotidiana.En materia de salud, se celebraron avances en historia clínica electrónica, recetas digitales, telemedicina y reactivación de hospitales y obras paralizadas. La pregunta sigue siendo cuántas de esas obras están efectivamente terminadas y operativas, y cuántas permanecen en ejecución parcial o con resultados limitados.Por otra parte, más de 500 escuelas “mejoradas”, la llamada “depuración” de la matrícula y la actualización curricular fueron presentadas como hitos. Pero el término depuración genera interrogantes: ¿orden administrativo o ajuste encubierto? En la realidad diaria, docentes advierten problemas salariales, edificios con mantenimiento urgente y dificultades crecientes para sostener proyectos pedagógicos en un contexto económico complejo.

El discurso oficial dibuja una provincia ordenada, eficiente y en transformación. La provincia real es la de comerciantes con ventas en caída, empleados públicos que ajustan gastos y vecinos que reclaman servicios que funcionen mejor. El desafío no es sólo construir un relato sólido, sino lograr que ese relato sea reconocido como propio por la ciudadanía.Como Diputada Nacional, mi responsabilidad es defender los intereses de las entrerrianas y los entrerrianos en el Congreso de la Nación y aportar todo cuanto esté a mi alcance para mejorar su calidad de vida. Esa tarea no se ejerce desde la confrontación estéril, sino desde el diálogo institucional, el respeto entre poderes y la búsqueda de acuerdos que beneficien a la provincia.En ese marco, junto a otros legisladores nacionales hemos solicitado formalmente una audiencia con el Gobernador para abordar estos temas de manera directa y constructiva. Aún no hemos recibido respuesta, pero seguimos confiando en que ese encuentro se concrete pronto, porque el diálogo no debilita la gestión: la fortalece.Defender a Entre Ríos implica decir lo que no funciona, pero también estar dispuestos a trabajar, escuchar y construir soluciones. Ese es el compromiso que asumí y que sostengo.