Cuando hablamos de una población que envejece, es obvio que nos referimos a la humanidad, a la población global. Hecha esta aclaración, vayamos ahora sí a los datos locales, que no son exclusivos de nuestro pequeño mundo sino que reflejan un fenómeno del país y de alcance global, salvo algunas excepciones.

Los nacimientos en Victoria cayeron de 604 en 2004 a 281 en 2025, lo que representa una disminución aproximadamente del 47% según datos del Registro Civil. La tendencia continúa hasta el 31 de mayo en el 2026 se contabilizan 102 natalicios.

El fenómeno acompaña una tendencia nacional. Un informe de la Universidad Austral señala que la tasa de fecundidad en Argentina descendió de 2,1 hijos por mujer en 2001 a 1,4 en 2022, un promedio que se mantiene en mediciones del 2025.

Entre las principales causas aparecen la postergación de la maternidad, una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, el acceso a métodos anticonceptivos, la disminución de los embarazos adolescentes y cambios culturales que hacen que tener hijos ya no sea una prioridad para muchas parejas jóvenes. ”La Educación Sexual Integral (ESI) y especialmente el suministro de anticonceptivos en hospitales públicos, tuvieron incidencia”, según el estudio.

Los especialistas advierten que esta situación tendrá consecuencias a futuro. Menos nacimientos implican una población cada vez más envejecida, lo que genera desafíos para sostener los sistemas jubilatorios y aumentar la demanda de servicios de salud para adultos mayores. ”Representa, a futuro, una sobrecarga para para las cajas previsionales”.

Algunos datos son reveladores, se producen –en el país- 260.000 nacimientos menos al año. La caída en la cantidad de nuevos nacimientos en la última década es enorme; en 2005 se producían a nivel país unos 710.000 al año, número que subió a 750.000 en 2014 pero cayó en picada los años siguientes.

En 2022 nacieron 490.000 niños y niñas y en el 2025 aproximadamente 435.000, según el informe de la UA que cita el Reporte interactivo de Estadísticas del Ministerio de Salud. También disminuyó la cantidad de familias numerosas; en 2001 había 1.533.421 mujeres con más de cinco hijos; en 2022, fueron 608.617, según el último censo. Son 924.804 nacimientos menos.

Mientras algunos países europeos intentan revertir esta tendencia mediante incentivos económicos, los expertos coinciden en que hasta el momento no existen políticas públicas que hayan logrado frenar de manera significativa la caída de la natalidad.

Detallaremos aquí el camino que transcurre un novillito de 360 kg desde la faena hasta la carnicería, cómo se arma el valor de la media res y qué pasa con la faena, la exportación y la venta al mostrador.

En abril de 2026, el mercado de la carne vacuna mostró una dinámica particular, a pesar de una oferta recortada de hacienda, los precios registraron bajas en prácticamente todas las categorías. De acuerdo al informe de Camya (Cámara de Matarifes y Abastecedores), el mes de abril estuvo marcado por dificultades debido a las fuertes precipitaciones en las principales zonas ganaderas, lo que redujo la oferta disponible.

El comportamiento del mercado refleja un síntoma que ya se percibe en la calle, el agotamiento del poder de compra. Esa debilidad se trasladó a las operaciones en el Mercado de Cañuelas, donde los valores no lograron sostenerse.

En el primer trimestre del año, el novillito destinado al consumo interno había acumulado una suba del 16%, muy por encima de la inflación (9,4%) y en un contexto de tipo de cambio en baja (-3%), en mayo no hubo demasiadas modificaciones. Ese adelantamiento de precios aparece ahora como uno de los factores que explican la corrección. Además, el consumo interno sigue en retroceso: en marzo se ubicó en 43 kg por habitante anualizado, muy por debajo del promedio de 2025 (50 kg).

El informe también detalla la estructura de costos a lo largo de la cadena. Tomando como referencia un novillito de 360 kg: "se define el precio en gancho con un rendimiento del 57%,(*) luego se suman los costos de faena, distribución e impuestos. Como resultado final, se obtiene una media res puesta en carnicería de $9.774+IVA" por kilo, repasa el informe. A partir de allí, se suman costos de faena, distribución, impuestos y una rentabilidad estimada del 3% para el matarife. Ya en el mostrador, la integración de la res alcanza un valor total de $1.267.040 + IVA por media res. Descontado el costo de compra ($1.106.051), el margen restante ($160.989) debe cubrir alquileres, salarios, impuestos y rentabilidad del carnicero.

Exportaciones firmes, pero con presión sobre algunas categorías

Mientras el consumo interno se debilita, el frente externo muestra otra dinámica. En el primer trimestre del año, las exportaciones alcanzaron 199.658 toneladas res con hueso, un 17,1% más que en igual período de 2025.

Además, el precio internacional promedió US$ 5.320 por tonelada en marzo, con una mejora interanual del 38,7%. Sin embargo, el tipo de cambio actual, en torno a $1.280 por dólar exportador (que no es el mismo que el oficial), introduce presión bajista sobre categorías como novillos y vacas, afectando especialmente al segmento exportador.

La faena bovina también muestra señales de ajuste. En marzo se ubicó en 1,03 millones de cabezas, con una caída del 7,6% en los últimos tres meses frente al año anterior.

(fuente: Agrofy web)

Rinde: Si el animal tiene 360 kilos solo el 57 % (205 Kgs.) queda al gancho para la venta, como lo vemos en las carnicerías, quedan en el camino, vísceras, cuero, cabeza y patas/pezuñas, entre otros.

La Fundación CRESCER y la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos continúan impulsando acciones de prevención, acompañamiento y concientización sobre una problemática que, aseguran, atraviesa una situación crítica en la provincia. Así lo expresó Sandra Cislagui (*), fundadora de la ONG, quien remarcó la necesidad de abordar la salud mental desde una mirada integral que contemple no solo la atención clínica, sino también la educación, la cultura y el acompañamiento comunitario.

La Fundación CRESCER cuenta con una trayectoria de 15 años trabajando en acciones solidarias y comunitarias vinculadas a la salud mental, los consumos problemáticos y las políticas de prevención. Actualmente, Cislagui también integra la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos, creada hace dos años junto a otros profesionales con el objetivo de instalar el debate sobre la emergencia en salud mental que atraviesa la provincia.

Según explicó, la agencia está integrada por psicólogos y profesionales que trabajan tanto en la atención clínica como en el asesoramiento para el diseño de políticas públicas. “Si no incorporamos la salud mental a la vida cotidiana y no trabajamos en prevención y promoción, siempre llegamos tarde, cuando el problema ya explotó”, sostuvo.

Uno de los puntos más preocupantes señalados por Cislagui es el crecimiento de los consumos problemáticos y el deterioro de las sustancias que hoy circulan entre jóvenes y adolescentes. “La crisis económica y social impacta directamente en las familias y en la salud mental. Hoy se consumen sustancias de muy mala calidad que afectan gravemente la salud física y mental”, afirmó.

Agregó “primero estuvo el paco, después tuvo la alita de mosca, ahora está el crack que lo denominan por la forma que se utiliza y se consume, fumándolo”, añadió que tiene agregado de productos altamente tóxicos que mezclan con drogas.

Han comprobado que la cocaína de baja calidad suelen mezclarse con una variedad de sustancias peligrosas para aumentar su volumen o potenciar efectos con bajo costo (bicarbonato, talco, tiza, cafeína, vidrio molido)

Se ha detectado en Paraná el uso de virulana para quemar el crack o la pasta base. Al calentarse a altas temperaturas, desprende partículas metálicas que son inhaladas, causando daños pulmonares graves y riesgo de muerte.

Además, advirtió sobre otra problemática que definió como “una adicción silenciosa”, el exceso de pantallas y redes sociales. Según indicó, el uso desmedido de dispositivos está afectando el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes. “Las pantallas están hackeando el desarrollo de las infancias”, expresó.

Durante la entrevista con Paralelo32 también cuestionó la falta de recursos destinados a salud mental y reclamó que el Ejecutivo provincial declare la emergencia en el área para poder contar con herramientas extraordinarias y mayor presupuesto. En ese marco, recordó que distintas organizaciones elaboraron un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario y propone la creación de una red provincial de cuidados para promover el bienestar psicosocial en todo Entre Ríos. “Pero sigue en comisión a la espera de tratamiento, los legisladores no están coordinando los tiempos a pesar de la demanda de la sociedad” remarcó”

La dirigente remarcó además datos alarmantes vinculados a la salud mental juvenil. citó informes de UNICEF que indican que en Argentina, seis de cada diez jóvenes presentan sentimientos de ansiedad o depresión y que una gran parte no sabe dónde buscar ayuda. “Esto ocurre en la Argentina y obviamente en Entre Ríos”

También mencionó la preocupación por el incremento de suicidios y  la falta de acompañamiento estatal en muchos departamentos de la provincia.

Finalmente, la referente destacó la importancia del trabajo comunitario y de generar conciencia social sobre una problemática que considera urgente. “Cuando las familias no pueden contener determinadas situaciones, el Estado tiene que estar presente para garantizar equilibrio y acompañamiento”, concluyó.

(*) Licenciada en Psicología, Mediadora Comunitaria. Integra el equipo de Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná, integra la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos.

El manejo productivo en los humedales del departamento Victoria demanda un equilibrio cada vez más fino entre la eficiencia ganadera y la preservación ambiental, un desafío que se vuelve apremiante ante los pronósticos climáticos que proyectan escenarios hidrológicos complejos. Con el foco puesto en estas variables, el pasado martes 19 del corriente se llevó a cabo en el SUM de INTA Victoria (Liniers 523) el Módulo 4 del ciclo de capacitaciones gratuitas "INTENTA: Hacia una ganadería sostenible e inteligente", bajo el título “Ganadería de campos bajos/islas”.

La jornada contó con la disertación principal del Ing. Agr. M. Sc. Ernesto Massa, especialista de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Paraná, quien estuvo acompañado por los profesionales de la agencia local (AER INTA Victoria), los ingenieros agrónomos M. Sc. Maximiliano Vallejos y M. Sc. Raúl F. Brassesco. Fue así como el Ing. Brassesco introdujo problemáticas ligadas al humedal —como el impacto potencial de la removilización de sedimentos por el proyecto de profundización de la hidrovía — y, a continuación, Massa se adentró en la gestión netamente ganadera y el aprovechamiento de la oferta forrajera natural. 

Uno de los ejes centrales de la presentación de Massa fue la necesidad de entender que el territorio isleño no es homogéneo. Los albardones, las medias lomas y los bajos inundables presentan dinámicas forrajeras marcadamente distintas, condicionadas de manera directa por los pulsos de inundación y el depósito de sedimentos.

"Dependiendo de cuánto tiempo permanezca el agua en los casos de inundación, se determina la flora, es decir, la oferta. Eso define una productividad, calidad forrajera y especies distintas que, a su vez, varían entre las estaciones del año. Nuestra premisa es promover una ganadería que utilice los recursos que ofrece el ambiente: no hablamos de siembra de pasturas ni de uso agroquímico en la isla, sino de cómo mover las vacas en determinados momentos para aprovechar lo que el entorno ya nos brinda. No todo lo que se hace se hace mal; hay familias de abuelos que vienen produciendo en la isla con un enorme apego y cuidado por la naturaleza ", destacó Massa en diálogo con Paralelo32. 

La coyuntura climática sobrevoló la jornada. Ante la inquietud de los productores locales por la carga actual de hacienda en las islas y el fantasma de perder terreno por el agua, el especialista de INTA Paraná recurrió a informes oficiales y probabilísticos para trazar las previsiones a mediano plazo.

Advirtió así que para el bloque comprendido entre octubre y diciembre de este 2026, e incluso parte del verano de 2027, se prevé una situación de río alto debido a la influencia de un fenómeno de "El Niño" que podría presentarse con fuerza en primavera-verano, potenciado por temperaturas superficiales por encima de lo normal en el Atlántico, a la altura del sur de Brasil y Uruguay.

Frente a este escenario, el mensaje para el productor fue tajante: anticipación y prudencia comercial.  "Este año en general ha sido bueno para el ganadero islero y la hacienda terminada hoy tiene buenos precios; el que la tenga, que venda. Pero hay que ser muy cautelosos a la hora de comprar hacienda liviana para meter a la isla, porque ese ciclo ganadero puede verse interrumpido por la creciente. Hay tiempo para prever. Es momento de pensar en esquemas de retención en tierra firme si se libera algún lote agrícola tras la cosecha, mejorar instalaciones, gestionar bien las bajadas disponibles y coordinar con tiempo con los barqueros de la zona ", aconsejó el ingeniero. 

Consultado sobre la complejidad en torno a las quemas —una práctica históricamente asociada al rebrote forrajero pero fuertemente regulada —, Massa recordó que la provincia cuenta con una Ley de Manejo del Fuego y que, tras dejarse sin efecto hace un mes y medio una medida cautelar de la Corte Suprema que pesaba desde la pandemia, rigen nuevamente las vías de solicitud formal de permisos a través de la Secretaría de Ambiente.

Sin embargo, marcó claras distancias técnicas:  "Una cosa es un incendio y otra muy distinta es una quema prescripta. Como INTA trabajamos en esta última línea junto a otras instituciones como la Facultad de Ciencias Hídricas de Santa Fe. No promovemos el fuego, aportamos información técnica al Estado porque los problemas no se solucionan solamente prohibiendo. Para evaluar una quema hay que saber con precisión el objetivo: para qué, qué vegetación, qué superficie y con qué frecuencia. No es prender e irse ".

Respecto a las tensiones latentes entre los sectores productivos y ciertas corrientes ambientalistas radicales que han llegado a plantear la prohibición de la ganadería en las islas, Massa abogó por desarmar los "compartimentos estancos" mediante la rigurosidad científica y el diálogo respetuoso. Explicó que los muestreos de calidad de agua realizados en zonas pastoreadas versus áreas clausuradas no han arrojado diferencias macro significativas imputables a las vacas, aunque sí se detectan metales pesados o contaminantes externos derivados del cordón portuario e industrial que transporta el propio río.

"El agua nos comunica; nos trae la reproducción de peces y vegetación, pero también arrastra lo que no pertenece al humedal. Cuando la ganadería se maneja con buenas prácticas, no vemos un efecto negativo sobre la dinámica natural del ambiente. Es más difícil prohibir una actividad tan arraigada cultural, social y económicamente que sentarse a organizar recorridas de campo y ponernos de acuerdo en conjunto para preservarlo ", concluyó. 

El desarrollo de este trayecto formativo es posible gracias a una fuerte articulación organizativa. El bloque es impulsado de manera conjunta por la Fundación Sembrando Victorias, la Agencia de Extensión Rural INTA Victoria y el Instituto San Benito. Asimismo, la continuidad y el respaldo del ciclo "INTENTA" cuenta con el acompañamiento estratégico de actores clave del entramado socio-productivo y educativo de la zona: la Sociedad Rural de Victoria (SRV), el Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria (CIAV), la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Pedro Radío", la Cooperativa Agropecuaria Victoria (COOPAR) y la Fundación de la Lucha Contra la Fiebre Aftosa (FU.CO.FA. Entre Ríos).

El Gobierno provincial impulsa una reforma previsional y advierte sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones que en forma progresiva puede profundizarse si no se toman medidas al respecto.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que el Gobierno provincial presentará en los próximos días el proyecto de reforma previsional que busca modificar distintos aspectos del sistema jubilatorio entrerriano. Según indicó, la iniciativa podría ingresar a la Legislatura entre este viernes (por el 15 de mayo)  y esta semana.

El funcionario sostuvo que la situación financiera de la Caja viene deteriorándose desde hace décadas y aseguró que el objetivo de la reforma es evitar un colapso futuro del sistema. “Todos los sectores conocen el desgaste que tiene este modelo previsional y las proyecciones indican que el escenario va a empeorar”, expresó.

El funcionario explicó que actualmente la provincia tiene apenas 1,80 aportantes por cada jubilado, cuando el equilibrio ideal debería ubicarse entre 3,5 y 4 trabajadores activos por beneficiario. Además, advirtió que en los próximos años comenzarán a jubilarse sectores con salarios más altos, lo que incrementará aún más el déficit.

Entrevistado en exclusiva por Paralelo32, explicó que entre los principales cambios que analiza el Gobierno aparece la modificación en el cálculo del haber jubilatorio. Actualmente se toma el promedio de los últimos 10 años y la propuesta oficial sería ampliar ese período a unos 15 años o más. Según Bagnat, esto permitiría reflejar “una historia laboral más real”.

Otro de los puntos centrales será la unificación de la movilidad jubilatoria, buscando evitar diferencias entre sectores que hoy generan fuertes desequilibrios dentro del sistema. El titular de la Caja mencionó casos donde determinados bonos o aumentos sectoriales impactan de manera directa sobre las jubilaciones y terminan siendo difíciles de sostener financieramente. “Son aumentos que implementan los municipios que después los tiene que sostener la Caja”

En cuanto a la edad jubilatoria, adelantó que la reforma plantearía llevar la jubilación ordinaria de las mujeres a 60 años y mantener los 65 años para los hombres, aunque aclaró que el tema será debatido en la legislatura y podría incluir una discusión sobre paridad de género.

También aseguró que quienes ya están jubilados no verán modificados sus haberes actuales y que se respetarán los derechos adquiridos. “Al jubilado que hoy está cobrando no se le va a tocar nada”, afirmó.

Destacó además que durante estos dos años de gestión se tomaron medidas administrativas y de control que permitieron reducir el déficit proyectado inicialmente. Según explicó, cuando asumieron el panorama financiero era considerablemente más grave y lograron estabilizar parte del sistema mediante auditorías, ordenamiento interno y gestiones ante ANSES.

Finalmente, remarcó que la reforma previsional apunta a garantizar la continuidad del sistema en el largo plazo y sostuvo que “si no se toman decisiones ahora, dentro de algunos años las medidas necesarias podrían ser mucho más duras”.

Actualmente el sistema cuenta con 107.000 aportantes y 67.000 jubilados (ver cuadros) menos de dos aportantes por cada pasivo. Para el presidente del ente previsional esto merece algunas consideraciones. La planta de personal del Estado no solamente no va a incorporar personal en adelante (y en esto juegan las nuevas tecnologías que suplantan mano de obra), sino que va a disminuir con los que se acogen al beneficio, disminuyendo la cantidad de aportes. Por otra parte, la expectativa de vida es cada vez mayor, datos que se ven reflejados en el gráfico que incluimos a continuación.

En números, los gráficos reflejan claramente lo que en teoría explicó Gastón Bagnat en la nota, que evidencian la gravedad del problema:

Victoria.- La finalización de la moratoria previsional en marzo generó un escenario complejo para miles de personas que llegan a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios. Así lo explicó el especialista en temas previsionales Lizardo Villanueva, quien advirtió que el acceso a la jubilación se volvió mucho más restrictivo.

“Hoy, quien cumple la edad y no tiene aportes, prácticamente no puede jubilarse”, señaló. A diferencia de años anteriores, donde las moratorias permitían regularizar períodos faltantes, actualmente las opciones son limitadas y no alcanzan a todos los casos.

Si bien aún existen algunas moratorias vigentes, el especialista aclaró que están dirigidas a personas con cierta cantidad de aportes previos y no a quienes nunca realizaron contribuciones o tienen pocos años. “Benefician a los que tienen muchos aportes y poca deuda. El que no los tiene, queda prácticamente afuera”, explicó.

Entrevistado por Paralelo32 Villanueva explicó que el sistema exige ahora cumplir con los 30 años de pago a la ANSES para acceder a la jubilación ordinaria, con edades de 60 años para mujeres y 65 para hombres. En caso de no reunir estos requisitos, la alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se otorga a partir de los 65 años, pero no equivale a una jubilación completa. Agregó que tiene particularidades, representa el 80 % de la jubilación mínima (Mayo 314.539,28 pesos), percibe lo mismo el hombre que la mujer, en caso de fallecimiento no se transforma en una pensión para el cónyuge, y son afiliados al PAMI.  

Otro de los problemas que se presentan actualmente es la demora en los trámites, principalmente en la etapa de verificación de aportes. “No es tanto el trámite en sí, sino el tiempo que lleva comprobar los aportes, sobre todo en trabajos rurales, de construcción o servicio doméstico”, indicó.

Además, persisten dificultades con registros anteriores a 1994, cuando los aportes no estaban digitalizados. En esos casos, los trabajadores deben presentar documentación que respalde su actividad laboral.

Mientras tanto, ante la realidad de que las cajas de jubilaciones se han vuelto insostenibles por la escasa brecha entre aportantes y beneficiarios, crece la incertidumbre y versiones sobre eventuales reformas en el sistema previsional. Entre los rumores que circulan, se menciona la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria o igualar la edad entre hombres y mujeres.

También se analizan modificaciones en el esquema de pensiones, lo que podría impactar en las condiciones actuales de quienes acceden a estos beneficios. “Hay muchas versiones, pero hasta que no haya algo concreto, todo es incierto”, remarcó Villanueva.

El contexto responde a un problema estructural, cada vez hay menos aportantes activos y más beneficiarios. Esto genera presión sobre el sistema previsional y obliga a revisar las condiciones de acceso.

En este escenario, los especialistas recomiendan analizar cada caso de manera individual, ya que existen situaciones particulares en las que todavía se puede acceder a algún beneficio.

Victoria.– La implementación de un nuevo esquema de pagos por parte de PAMI generó fuerte preocupación entre los médicos de cabecera, quienes advierten que las modificaciones ponen en riesgo la continuidad del sistema de atención a afiliados.

La doctora Daniela Portillo, médica del hospital local y presidenta del Círculo Médico, explicó que la situación se conoció de manera sorpresiva el pasado viernes, a partir de comunicaciones informales enviadas desde el organismo central.

“Sabíamos que iba a haber cambios, pero nunca imaginamos que fueran de esta magnitud”, señaló.

Hasta el momento, los profesionales trabajaban bajo un sistema mixto que incluía el pago de una cápita mensual mínima de 1.000 pesos, más el reconocimiento de prestaciones, actividades específicas e incluso capacitaciones. Sin embargo, con la nueva disposición, todo ese esquema fue unificado en un monto fijo de 2.100 pesos mensuales por afiliado, lo que generó un fuerte rechazo.

La profesional advirtió que ese valor resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de funcionamiento. “Es imposible sostenerlo. Para trabajar con PAMI se necesita una estructura administrativa importante, además de insumos, personal y gastos fijos como impuestos y seguros”, explicó.

A esto se suma que los pagos históricamente presentan un atraso de alrededor de tres meses, lo que agrava aún más la situación económica de los profesionales.

La médica también destacó que el sistema no contempla el trabajo adicional que implica la atención de estos pacientes, que en su mayoría pertenecen a sectores vulnerables y requieren un seguimiento constante, tanto dentro como fuera del consultorio.

En este contexto, los médicos impulsaron una medida de fuerza de 72 horas, aunque aclararon que se garantizó la atención de urgencias. Además, manifestaron su adhesión a reclamos que se están llevando adelante en distintas partes del país.

Desde el Círculo Médico informaron que fueron convocados a una reunión urgente en Paraná con autoridades del CBI (entidad que actúa como intermediaria en la provincia), donde esperan recibir precisiones sobre la implementación del nuevo sistema.

En el marco de una entrevista con Paralelo32, sostuvo que “hoy hay mucha incertidumbre porque ni siquiera todos los médicos recibieron la información oficial. Está todo en el aire”.

Otro de los cambios señalados es la eliminación de los distintos ítems que se abonaban por tareas específicas, como historias clínicas o controles, lo que ahora quedaría incluido dentro de la cápita general.

Finalmente, la profesional advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría tener en la calidad del servicio. “Lo más triste es que esto deteriora la atención y pone en riesgo nuestra posibilidad de seguir ejerciendo la profesión en estas condiciones”, concluyó.

La expectativa está puesta en las próximas reuniones, donde se definirá cómo continuará el vínculo entre los médicos y PAMI en un contexto de creciente tensión.

El Departamento Victoria actualmente atiende más de 5.000 afiliados, que muchas veces tienen que recurrir al nosocomio público porque los prestadores privados no atienden la obra social.

El riesgo –ante esta realidad- es que los profesionales renuncien al PAMI, lo que impactaría en la atención a los adultos mayores, un médico de cabecera que tiene asignado un cupo de 600 afiliados percibiría mensualmente 1,2 millones de pesos en todo concepto. 

Victoria.- La iniciativa funciona como preámbulo del primer festival de performática de Entre Ríos. El pasado viernes 24 de abril quedó inaugurada en el centro cultural Mixtura (Congreso 607) una de las propuestas más innovadoras de la agenda regional: ‘La ingobernable belleza del barro’. Se trata de un proyecto del colectivo Caudillas del Barro, conformado por las artistas Marisa Núñez Caminos, Susana Zapata y Luciana Pirro, quienes proponen un cruce entre el arte contemporáneo y la identidad del territorio.

Sonia Algarañá, directora de Mixtura, destacó la trascendencia de esta presentación al señalar que la performance es una de las expresiones más vitales del arte actual. En ese sentido, la muestra se inscribe dentro del FestiPerfo, el primer festival de performática que se realiza en la provincia de Entre Ríos, marcando un precedente histórico para la escena artística local

La exhibición reúne piezas de fotoperformance en gran formato, objetos y videoperformance. Bajo la curaduría de la antropóloga Celeste Medrano, la obra explora una "estética y poética marrón y litoral", que se manifiesta también como una política de la multiplicidad y el vínculo con el paisaje ribereño. Las integrantes de Caudillas del Barro cuentan con una reconocida trayectoria en las artes del fuego, la escultura y la gestión cultural, y ya han sido entrevistadas en otras oportunidades por Paralelo32 sobre esta temática, más allá de nuestras fronteras.

Y es que su labor en Victoria trasciende lo expositivo, abordando ejes como el ambientalismo, el feminismo y lo indigenista, además de sostener espacios de formación como la "Escuelita de la Perfo" y diversos talleres barriales.

Tras la apertura, la comunidad podrá seguir disfrutando de la exposición con entrada libre y gratuita: Días y horarios: De miércoles a sábado, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

• Permanencia: La muestra estará disponible hasta el sábado 2 de mayo.

• Cierre: El sábado 2 de mayo a las 19:00 horas se realizará un conversatorio con las autoras y la curadora para dialogar sobre los procesos creativos de la obra.

Victoria.- La titular de la Departamental de Escuelas de este Departamento, Silvia Garcilazo, confirmó que se activaron protocolos en distintos establecimientos tras la aparición de mensajes amenazantes en baños escolares, lo que generó preocupación en familias y docentes. Hacen referencia a tiroteo, balas, y armas, entre otras menciones.

Según explicó, los hechos comenzaron el jueves con la detección de escritos en instituciones educativas. Ante cada caso, se aplica el protocolo correspondiente: se da aviso al 911, se registran las evidencias y se eleva la información a las autoridades educativas y policiales, que evalúan la gravedad de la situación.

Hasta el momento, no se detectaron armas ni elementos peligrosos en las escuelas de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de desafíos virales difundidos en redes sociales, lo que igualmente reviste gravedad.

“Esto no es una broma. Implica denuncias y puede involucrar tanto a los estudiantes como a sus familias”, advirtió Garcilazo.

Uno de los aspectos que más preocupa es que este tipo de situaciones también se registraron en escuelas primarias, algo considerado inusual. En ese sentido, se intensificaron las acciones preventivas, reuniones con padres, trabajo en las aulas y articulación con equipos especializados en convivencia y consumos problemáticos.

Además, se destacó el acompañamiento de la policía local, que reforzó la presencia en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos como medida disuasiva.

La titular de la Departamental –entrevistada por Paralelo32– sostuvo que la problemática no puede abordarse solo desde la escuela, sino que requiere un trabajo conjunto con las familias. “La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad”, señalaron.

También se puso el foco en el uso del celular dentro de las instituciones, un tema que sigue en debate. Mientras algunas escuelas optaron por restringirlo durante el horario escolar, otras aún evalúan cómo regular su uso, especialmente cuando toman imágenes de situaciones de violencia que luego se viralizan en redes.

Por último, indicó que, si bien este año los episodios graves -violencia-  fueron pocos, se continúa trabajando en fortalecer los acuerdos de convivencia escolar y en generar conciencia sobre la responsabilidad de cada acción.

Educación refuerza protocolos y lanza acciones ante el aumento de situaciones de violencia en escuelas. En nuestra provincia hay antecedentes de estudiantes que llevaron armas a los establecimientos escolares en los últimos años, hechos que se produjeron en Concordia, Paraná (varios casos) Nogoyá, Diamante y la semana pasada  un chico ingresó en una escuela de La Paz con una tumbera (arma rudimentaria que utilizan reclusos).

La coordinadora del Área de Cuidado del CGE, Clarisa Zalazar, explicó –la semana pasada-, que el organismo trabaja en la provisión de herramientas concretas destinadas a directivos, docentes y equipos escolares, con el objetivo de garantizar intervenciones rápidas y eficaces ante conflictos o episodios críticos. “Desde el Consejo brindamos herramientas para que, cuando las instituciones se vean afectadas por diversas situaciones, puedan accionar de la mejor manera posible, con eficacia e inmediatez”, señaló.

A modo de ejemplo sostuvo que el directivo o docente tiene que observar en conjunto al alumnado, cuando un chico queda aislado en el recreo o no abandona el aula, tiene mala relación con los compañeros, conductas agresivas, responde mal a las indicaciones de los docentes y esto ocurre en forma frecuente, todo este combo representa la primera alerta.

Lanzaron una “hoja de ruta” que sintetiza las normativas vigentes para el abordaje de problemáticas en el ámbito educativo. Además, se presentó la campaña “ESI en Agenda”, que incluye materiales pedagógicos y tiene como eje central el consentimiento.

Entrevistada por Paralelo32 la funcionaria comentó que el abordaje se realiza desde una perspectiva multidisciplinaria. En ese sentido, el CGE cuenta con la Coordinación de Políticas Transversales, que articula acciones de prevención y seguimiento. 

Este esquema se complementa con una red de referentes distribuidos en los 17 departamentos entrerrianos, que trabajan en articulación con supervisores y equipos escolares para acompañar las situaciones cotidianas en cada institución.

En cuanto a datos estadísticos, Zalazar indicó que durante el año pasado se acompañaron 2.500 situaciones, de las cuales 336 correspondieron a problemáticas de salud mental. Si bien aún no se cuenta con cifras cerradas del presente ciclo lectivo, advirtió que se trata de “un año complejo” y que se prevé un incremento en la demanda de intervenciones.

Por su parte, la integrante del equipo técnico de la Coordinación de ESI, Celeste Ramírez, subrayó la importancia de la formación docente como herramienta clave para la prevención. “Muchas de las situaciones vinculadas a la violencia o la salud mental son construcciones sociales. Nadie nace violento, sino que atraviesa situaciones de violencia”, explicó. Tipificando un fenómeno que se repite en distinto grado, en ámbitos educativos, sumado a la presencia de armas en las escuelas. .

Las autoridades remarcaron que el fortalecimiento de estos dispositivos apunta a mejorar la convivencia escolar y a brindar respuestas frente a un escenario social que impacta cada vez con mayor fuerza en el ámbito educativo.

Victoria.- Un estremecedor testimonio vuelve a poner en el centro de la escena al caso del estafador Ramón Piedrabuena. Su ex pareja relata cómo, tras casi una década de relación, terminó siendo víctima de una maniobra que —según denuncia— incluyó manipulación psicológica, engaños y la desaparición de una fortuna.

La víctima, Teresa Oberti, relató a Paralelo32 que mantuvo una relación de nueve años con Piedrabuena, desde 2016 hasta octubre del año pasado, cuando comenzó a confirmar las sospechas que venía acumulando.

Según su relato, durante ese tiempo fue víctima de una estrategia de manipulación que incluyó mensajes de una supuesta “vidente”, que luego sospechó que en realidad pertenecía al entorno del propio acusado. “Estábamos conviviendo con el enemigo”, enfatizó.

Uno de los puntos centrales del caso es la venta de un campo de 576 hectáreas, ubicado en Rincón de Nogoyá, concretada en 2021 por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

De acuerdo a su testimonio, parte de ese dinero fue declarado formalmente —unos 600 mil dólares— mientras que el resto habría sido entregado en negro.

En ese contexto, asegura que tanto Piedrabuena como la supuesta vidente la convencieron de no depositar el dinero en bancos, argumentando riesgos inexistentes, lo que la llevó a guardar grandes sumas en su propia vivienda.

Parte del dinero, incluso, habría sido enterrado dentro de la propiedad.

Reconoció entrevistada durante su entrevista con Paralelo32, que siempre fue depresiva y atribuye a esa condición haber establecido un nivel de dependencia de ella y su hijo con el estafador.

La mujer relató que fue sometida a un fuerte condicionamiento psicológico, donde le hacían creer que en su casa había “espíritus malignos” y situaciones paranormales. Esto generó que evitara acercarse a ciertos espacios de la vivienda, justamente donde se encontraba el dinero.

“Cuando teníamos los dólares en caja fuerte en la planta alta, Piedrabuena me decía que no se podía ingresar a esa habitación porque estaba maldecida. Que según la vidente había 8 muertos enterrados en ese terreno” Agregó en su historia de temores, angustias y engaños: “me tenía totalmente manipulada. Yo lo creí ciegamente”, afirmó.

Con el paso del tiempo, el dinero guardado comenzó a desaparecer. La denunciante sostiene que es imposible que semejante suma haya sido gastada, por lo que cree firmemente que fue sustraída y debe estar en algún lugar. “Cuando el se fué ingresamos a la pieza de los dólares y no encontramos absolutamente nada”, señaló,

Incluso, sospecha que el dinero podría estar en la ciudad santafesina de Casilda, lugar donde Piedrabuena fue detenido en más de una oportunidad, por otras causas.

Afirma que, si bien no lo puede comprobar y queda solo en el marco de sospechas, su pareja cocinaba y una empleada una vez le comentó que le había parecido que puso algo en la comida. “Yo estaba como bloqueada, me sentía mal todo el día, después que el se fue, yo fui otra persona”.

El caso suma otro capítulo grave; la venta de una vivienda que anteriormente había sido comprada y puesta a nombre de su hijo: “Yo no sé lo que me puede pasar a mi y quería que Santiago (hijo) le quedaba una casa”, remarcó durante la entrevista, pero, según denunció, la propiedad —adquirida por unos 260 mil dólares— habría sido vendida mediante engaños, haciéndoles firmar documentación bajo la falsa creencia de que se trataba de una simple seña.

“Nos hicieron firmar la escritura sin saberlo”, aseguró. En la maniobra también señala la participación de otras personas, incluyendo profesionales, afirmación que abre el abanico de responsabilidades en esta situación truculenta que deberá esclarecer la justicia.

“Llegaron de noche con 60 millones de pesos y trajeron un escrito para que lo firme mi hijo, diciendo que era una seña y después se conformaría la operación con el resto del dinero”. Agregó que después se dieron cuenta que lo firmado no era un compromiso atado a una seña, si no que era un boleto de compra venta, que lo dejaba sin la vivienda. Menciona a un importante productor agropecuario de nuestro departamento y a un escribano como responsables. “Todo esto esta presentado por mi abogado en la justicia”, remarca.

Actualmente, la situación de la víctima es crítica. Según relató, fue desalojada y se encuentra sin recursos económicos. “No tengo nada. Ni un peso”, expresó.

Gracias a la ayuda de allegados y de sus abogados, logró conseguir alojamiento de manera provisoria. Fue despojada, como se explicó antes, de la única vivienda que le quedaba y había puesto a nombre de su hijo.

Los abogados que representan a la familia damnificada en el caso que involucra a Ramón Piedrabuena, advirtieron que se encontraron con una “estafa prácticamente consumada” al momento de tomar intervención y cuestionaron el avance del proceso de desalojo en paralelo a la causa penal.

El abogado Alejandro Rees -quien interviene junto a su colega Miguel Guridi- explicó a nuestro medio -acompañando ambos a su clienta en esta entrevista- que comenzaron a actuar a mediados de enero, luego de que la familia tomara contacto tras una publicación pública.

“Nos encontramos con una situación de hechos consumados. La estafa ya se había producido sobre todos los bienes de Teresa”, señaló, en diálogo con Paralelo32 Medios.

Según indicaron, el acusado habría llevado adelante un esquema de engaño y manipulación sostenido en el tiempo, incluso luego de existir restricciones judiciales.

Precio “vil” y abuso por inexperiencia de la titular.

En el plano civil, uno de los ejes centrales de la defensa es que la operación de venta de la vivienda se realizó a un valor muy por debajo del mercado. El abogado detalló que ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la operación por “precio vil” y abuso de la inexperiencia del vendedor.

“Estamos hablando de una casa que puede rondar los 300 mil dólares y que fue vendida por un monto muy inferior (60 millones de pesos)”, explicó.

Según precisó, la escritura se habría realizado por unos 106 millones de pesos, mientras que el dinero efectivamente recibido habría sido incluso menor.

La defensa también apunta a una posible relación previa entre el comprador de la vivienda y Piedrabuena.

Uno de los puntos más cuestionados por los abogados es el avance del desalojo sin que se resuelva primero la causa penal. “Existe una prejudicialidad penal. Primero debería determinarse si hubo delito y después avanzar en lo civil”, explicaron.

Advirtieron que, de no respetarse ese orden, podrían generarse fallos contradictorios. “Podría devolverse la casa y luego establecerse que el acto fue inválido por estafa. Eso generaría un daño irreparable”, sostuvieron.

Para Guridi, la justicia castiga a la víctima, desde octubre hay una denuncia penal en fiscalía y no han llamado a ningún testigo, mientras que la causa civil curiosamente se resolvió en tiempo record.

Actualmente, la causa avanza en dos frentes: En el ámbito penal, con denuncias por estafa presentadas tanto por Teresa como por su hijo. En el ámbito civil, con el proceso de desalojo en curso y un futuro planteo de nulidad del acto jurídico.

Los abogados anticiparon que impulsarán una instancia de mediación como paso previo a la acción civil. Mientras la Justicia avanza, la familia atraviesa una situación crítica, angustiosa, desesperante.

En este marco los profesionales transmitieron a Paralelo32 que la situación de su clienta es de indigencia y apelan a un llamado solidario a la comunidad, especialmente a mucha gente que conoce esta realidad. Los que quieran colaborar pueden hacerlo al alias de Santiago Bazan (hijo de Teresa) : sb7777

Victoria.- La Justicia local comenzó a desandar la semana pasada el entramado que rodea a Ramón Alberto Piedrabuena, cuya localización y traslado desde la vecina provincia de Santa Fe marcó un punto de giro en una investigación que trasciende lo local. El imputado fue puesto a disposición de las autoridades de Victoria para dar inicio formal a las actuaciones por una serie de presuntas estafas reiteradas que han generado una fuerte repercusión social.

A diferencia de procesos anteriores, pudo saber Paralelo32 que la situación de Piedrabuena hoy se encuentra bajo una examinación mucho más rigurosa. Según registros judiciales, el investigado ya cuenta con una condena previa por el delito de estafa. Si bien en aquella oportunidad la pena fue de ejecución condicional —lo que le permitió permanecer en libertad—, este nuevo frente judicial cambia las reglas del juego: de ser hallado culpable en esta instancia, la reincidencia obligaría a que la nueva condena sea de cumplimiento efectivo, tras las rejas.

Esta condición de "excarcelable" que gozó en el pasado es lo que hoy motiva el celo de la justicia en cuanto a sus medidas de detención, mientras su defensa técnica busca morigerar el arresto ante el avance de la instrucción.

El corazón de la causa que hoy analiza el Ministerio Público Fiscal es el volumen económico de las presuntas maniobras, centradas fundamentalmente en la liquidación del patrimonio de la familia Oberti en la zona de Rincón de Nogoyá.

La investigación busca determinar la transparencia en la transferencia de un establecimiento rural de aproximadamente 570 hectáreas en cercanías a Puerto Esquina. La operación, que se habría realizado en dos etapas (una de 200 y otra de 300 hectáreas), involucró tierras de alto valor productivo. Teniendo en cuenta los valores de mercado actuales, el flujo de divisas —sumado a otras ventas de bienes muebles— alcanzaría la extraordinaria cifra de 3 millones de dólares. El destino final de ese capital y la validez de las firmas en las escrituras son hoy las piezas clave que intenta unir la Justicia.

El escenario para el imputado se extiende también al Juzgado de Diamante, donde existen denuncias impulsadas por particulares damnificados, como el caso del ciudadano Carlos Solís.

Por estas horas, la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas documentales y testimonios. La Justicia no solo evalúa la responsabilidad directa de Piedrabuena, sino que también indaga sobre la posible existencia de "partícipes pasivos" que podrían haber facilitado o consentido las operaciones inmobiliarias. Lo que comenzó como un operativo de captura en un hotel santafesino, se ha transformado en un expediente que, por sus montos y antecedentes, encamina al investigado hacia un cierre judicial sin precedentes en la región, si exceptuamos el ya legendario Caso Beto Reggiardo, que no tiene parangón.

La medida representa un paso clave dentro del contrato de concesión y busca modernizar el tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la región. En esta primera etapa, la estación funcionará con dos vías por sentido y sin posibilidad de pago en efectivo.

El sistema implementado contempla dos opciones:

Entre los valores informados, las motocicletas abonarán $521,96 mediante TelePASE, mientras que los vehículos livianos pagarán desde $1.043,92. En el caso de los camiones de mayor porte, las tarifas básicas superan los $5.200 y también se duplicarán si se opta por el pago electrónico.

Desde la concesionaria indicaron que, por el momento, no estará disponible el pago mediante código QR debido a ajustes técnicos en el sistema.

Para facilitar la transición, habrá personal en cabinas asistiendo a los conductores, así como oficinas de atención al usuario abiertas todos los días de 8 a 20. Allí se podrá gestionar de manera gratuita la adhesión al sistema TelePASE.

En paralelo al inicio del cobro, la empresa destacó avances en infraestructura a lo largo del corredor vial. Entre las principales intervenciones se encuentran:

Además, se incorporaron medidas de seguridad como balizamiento en sectores clave del puente principal, instalación de más de mil carteles nuevos y la futura implementación de controles dinámicos de carga para el transporte pesado.

En cuanto a los servicios al usuario, se renovaron sanitarios, se ampliaron las áreas de estacionamiento y se reforzó el patrullaje durante las 24 horas.

Desde la empresa señalaron que “cada intervención tiene como objetivo consolidar un corredor más seguro, moderno y eficiente”, y adelantaron que en mayo se completará el sistema de balizamiento del canal principal de navegación.

La puesta en marcha del peaje marca así una nueva etapa en la gestión del enlace vial Rosario–Victoria, con foco en la modernización y el mantenimiento sostenido de la infraestructura.

Educación refuerza protocolos y lanza acciones ante el aumento de situaciones de violencia en escuelas

En el marco de recientes hechos de violencia escolar registrados en el país —particularmente en la provincia de Santa Fe— el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos puso en marcha una serie de medidas orientadas a fortalecer la prevención y el abordaje de situaciones complejas dentro de las instituciones educativas.

Cabe recordar que un alumno ingresó con un arma de fuego mató a un compañero e hirió a otros en un establecimiento de Santa Fe, generando un impacto en los distintos estamentos educativos. En nuestra provincia hay antecedentes de estudiantes que llevaron armas a los establecimientos escolares en los últimos años, hechos que  se produjeron en Concordia, Paraná (varios casos) Nogoyá, Diamante y esta semana un chico ingresó en una escuela de La Paz con una tumbera (arma rudimentaria que utilizan reclusos)

La coordinadora del Área de Cuidado del CGE, Clarisa Zalazar, explicó que el organismo trabaja en la provisión de herramientas concretas destinadas a directivos, docentes y equipos escolares, con el objetivo de garantizar intervenciones rápidas y eficaces ante conflictos o episodios críticos. “Desde el Consejo brindamos herramientas para que, cuando las instituciones se vean afectadas por diversas situaciones, puedan accionar de la mejor manera posible, con eficacia e inmediatez”, señaló.

A modo de ejemplo sostuvo que el directivo o docente tiene que observar en conjunto al alumnado, cuando un chico queda aislado en el recreo, tiene mala relación con los compañeros, conductas agresivas, responde mal a las indicaciones de los docentes y esto ocurre en forma frecuente, es la primera alerta

Lanzaron una  “hoja de ruta” que sintetiza las normativas vigentes para el abordaje de problemáticas en el ámbito educativo. Además, se presentó la campaña “ESI en Agenda”, que incluye materiales pedagógicos y tiene como eje central el consentimiento.

Según detalló Zalazar, la iniciativa busca fortalecer a la escuela como espacio de contención y escucha. “Los estudiantes eligen a las instituciones educativas como un lugar de vínculo y de cuidado, donde pueden ser escuchados”, afirmó.

Entrevistada por Paralelo32 comentó que el abordaje se realiza desde una perspectiva multidisciplinaria. En ese sentido, el CGE cuenta con la Coordinación de Políticas Transversales, que articula acciones de prevención y seguimiento.  Dentro de esta estructura funcionan distintos equipos, entre ellos el de Educación Sexual Integra (ESI) y el programa PASET (Programa de Abordaje a Situaciones Educativas Complejas), encargado de intervenir en casos críticos en toda la provincia.

Este esquema se complementa con una red de referentes distribuidos en los 17 departamentos entrerrianos, que trabajan en articulación con supervisores y equipos escolares para acompañar las situaciones cotidianas en cada institución.

En cuanto a datos estadísticos, Zalazar indicó que durante el año pasado se acompañaron 2.500 situaciones, de las cuales 336 correspondieron a problemáticas de salud mental. Si bien aún no se cuenta con cifras cerradas del presente ciclo lectivo, advirtió que se trata de “un año complejo” y que se prevé un incremento en la demanda de intervenciones.

Por su parte, la integrante del equipo técnico de la Coordinación de ESI, Celeste Ramírez, subrayó la importancia de la formación docente como herramienta clave para la prevención. “Muchas de las situaciones vinculadas a la violencia o la salud mental son construcciones sociales. Nadie nace violento, sino que atraviesa situaciones de violencia”, explicó. Tipificando un fenómeno que se repite en distinto grado, en ámbitos educativos, sumado a la presencia de armas en las escuelas.

 “La escuela muchas veces es el lugar donde los chicos pueden hablar y expresar lo que les pasa”, sostuvo.

Respecto de los conflictos entre estudiantes, Ramírez señaló que desde el organismo se prefiere hablar de “hostigamiento entre pares” en lugar de “bullying”, con el fin de utilizar categorías propias y contextualizadas. Además, remarcó que estas situaciones suelen involucrar a múltiples actores y que, en muchos casos, quienes ejercen el hostigamiento también atraviesan problemáticas personales. “No es solo una víctima, sino que muchas veces son dos”, indicó. Tanto el que agrede como el agredido son dos casos problemáticos

Finalmente, desde el CGE destacaron que cada institución educativa debe elaborar anualmente un proyecto de ESI —denominado IPESI— en el que se identifican las conflictos detectados  el año anterior y se planifican estrategias de intervención para el ciclo lectivo en curso. El objetivo es promover un abordaje integral, con la participación de todas las áreas de la comunidad educativa.

Las autoridades remarcaron que el fortalecimiento de estos dispositivos apunta a mejorar la convivencia escolar y a brindar respuestas frente a un escenario social que impacta cada vez con mayor fuerza en el ámbito educativo.

La nueva ley que imputa a menores va a generar cambios profundos y posibles conflictos en su aplicación; esto va a ocurrir a partir de la vigencia de la norma. Serán sometidos a la justicia penal delitos cometidos por menores de entre 14 y 16 años.

Al respecto, el Juez Penal de Niñez y Adolescencia, Pablo Barbirotto (*) analizó los principales cambios, su impacto y las dificultades que podría generar su implementación.

El magistrado explicó que la norma pone fin a un debate histórico que se arrastraba desde el retorno de la democracia, vinculado a la necesidad de adecuar la legislación a estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, señaló que la discusión siempre estuvo trabada por la controversia en torno a la baja de la edad de punibilidad.

Uno de los puntos centrales es que la nueva ley permitirá imputar a adolescentes desde los 14 años, algo que antes no ocurría en el mismo sentido. Según detalló, esto implica que podrán ser sometidos a juicio y recibir penas de hasta 15 años de prisión (máximo establecido en esta ley), lo que representa un cambio sustancial en el sistema.

No obstante, Barbirotto advirtió que la aplicación efectiva de la ley presenta serios condicionantes.

En principio, su entrada en vigor está prevista para septiembre de este año, pero depende de la existencia de espacios adecuados de detención para jóvenes de entre 14 y 17 años, infraestructura que actualmente no existe ni en Entre Ríos ni en el resto del país. Esta situación podría derivar en una postergación de su implementación.

En Paralelo32 hemos dado cuenta de las limitaciones del Penal N°5 de Victoria, con escaso espacio y necesidades de adaptación estructural.

En cuanto al procedimiento judicial, aclaró que no habrá modificaciones, ya que continuará rigiéndose por las leyes procesales provinciales. Lo que cambia es la posibilidad de imponer penas a menores que antes no eran punibles en ese rango etario señaló, en una entrevista exclusiva con Paralelo32.

El juez también cuestionó el fundamento de la reforma desde el punto de vista de la política criminal. Indicó que los delitos cometidos por menores representan entre el 2% y el 3% del total, por lo que consideró que la medida no responde a una necesidad real en términos de seguridad, sino más bien a una demanda social. ”Los que piensan que van a bajar los delitos con la nueva norma, creo que se equivocan”

Además, planteó “el sistema penal llega tarde, ya que la mayoría de los jóvenes que ingresan en conflicto con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad extrema”. En ese sentido, remarcó que más del 50% de los niños en el país se encuentran en situación de pobreza, citando datos de UNICEF, y que muchos presentan problemas de escolaridad y adicciones. Consideró que el Estado debe actuar antes, para no llegar a esta situación. “Tenemos que garantizar derechos desde la primera infancia” remarcó.

Otro aspecto relevante es que la nueva legislación amplía la intervención penal a todos los delitos, incluso aquellos considerados leves. Esto implica que situaciones que antes eran abordadas por organismos administrativos ahora pasarán por la justicia penal. “Antes un joven de 14/15 años que rompía vidrios en una escuela o de un patrullero, no eran juzgados penalmente, ahora sí, a partir de la nueva legislación.

Desde el plano jurídico, Barbirotto consideró que la ley no sería inconstitucional en cuanto a la edad fijada, ya que los tratados internacionales permiten a cada Estado definirla. No obstante, advirtió posibles conflictos en la aplicación de las penas, especialmente porque la norma habilita sanciones similares a las de un adulto, sin contemplar adecuadamente las diferencias en el desarrollo de un adolescente.

Sostuvo, a modo de ejemplo, que “una persona de 50 años que delinque –de acuerdo a un artículo del CP- le corresponden 10 años y es razonable, pero un chico de 14 años no puede tener, por un delito grave, una pena de 15 años porque es más de lo que lleva de vida”.

Finalmente, el magistrado puso el foco en los riesgos de este enfoque, señalando que el endurecimiento de penas a edades tempranas puede generar efectos contraproducentes, como una mayor exposición al sistema penal y dificultades en la reinserción social.

De esta manera, la nueva ley abre un escenario de cambios importantes, pero también de interrogantes en cuanto a su implementación real y su efectividad para abordar el problema de fondo.

(*) Pablo Barbirotto, juez Penal de Niños, Adolescentes de Entre Ríos y miembro del Comité Asesor Técnico creado por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

Victoria.- El Lic Marcelo Duarte (Comisario Pcpal. Jefe de la Policía Científica de la Jefatura departamental local) responsable – entre otras tareas – de llevar en forma cronológica el Mapa del Delito hizo referencia a lo ocurrido en la materia durante el 2025. Esto representa que todo hecho, especialmente robos, hurtos, y delitos contra la propiedad queden patentizados en las estadísticas de la fuerza

Entrevistado en forma exclusiva por Paralelo32 dio a conocer los datos numéricos del año pasado que dan forma al mapa del delito en la ciudad.

Según el oficial, durante el año se registraron 576 hechos entre robos, hurtos y daños intencionales. De ese total, 355 fueron esclarecidos, lo que representa un 62% de efectividad en las investigaciones. Se produjeron pocos robos a mano armada que en su mayoría fueron esclarecidos.

Desde la División van elaborando el  “mapa del delito”, el trabajo se realiza mediante la carga mensual de datos y un análisis geográfico que permite diagramar imágenes por barrios, que denominan  de “calor” (ver imagen) para detectar zonas con mayor concentración de hechos. En ese sentido, los sectores que históricamente presentaron mayor incidencia (2025) son el Primer y el Cuarto cuartel, aunque en muchos casos se trata de hurtos menores. Quedo relegada la zona correspondiente a Cortada Evita (Tercer Cuartel) que hace años fue un epicentro de mucha conflictividad.

En cuanto al robo de motos, indicaron que no se trata de una ola delictiva, sino de situaciones vinculadas a la falta de medidas de seguridad. Muchas motocicletas son dejadas sin traba, con el casco apoyado o incluso con la llave colocada. En la mayoría de los casos, los vehículos son recuperados rápidamente. “Es un tema cultural propio de la idiosincrasia del pueblo, a diferencia de otras ciudades, es muy tranquilo y la gente es muy confiada” señaló Duarte.

Desde la fuerza remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre Investigaciones, Inteligencia Criminal, Policía Científica, Comando y comisarías, y señalaron que la prevención y la responsabilidad ciudadana siguen siendo claves. “Es clave recolectar rastros y muestras papiloscópicas, en el menor tiempo posible, así como aprovechar las cámaras de seguridad públicas y privadas”.

Finalmente suministró a nuestro Semanario un cúmulo de gráficos y cuadros detallando lo antes descripto que adosamos a esta nota.

Victoria.- El debate sobre los salarios del sector público suele atravesar distintas áreas del Estado, pero hay un colectivo que prácticamente no participa de esas discusiones: la Policía. Sobre ese punto puso el foco el comisario general retirado Faustino Pereyra, quien plantea que los uniformados enfrenten una situación de desventaja estructural que, a su entender, debería revisarse.

“La desventaja que tiene el policía en actividad es que no puede protestar, no puede agremiarse y no puede hacer huelga. Esa es la diferencia grave que tenemos con el resto de los trabajadores”, señaló. Según explicó a Paralelo32, mientras otros sectores negocian en paritarias o recurren a medidas de fuerza, en el caso de la fuerza de seguridad las decisiones salariales llegan sin una medida instancia real de discusión.

Pereyra sostiene que esa situación repercute directamente en los ingresos. "Ni siquiera nos llaman a paritarias. Va el jefe de Policía a lo mejor, lo informan de cuánto es el aumento, y se termina ahí la cuestión. Nosotros no tenemos derecho a nada", afirmó.

El exjefe policial vincula el problema actual con la estructura normativa que rige a la institución. Según explicó, el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, aprobado en 1975, tomó como modelo el esquema militar.

“Fue prácticamente una copia del reglamento militar. Ese sistema militarizado en el mundo se dejó de usar hace más de un siglo. La policía no es un ejército dentro de la ciudadanía", sostuvo.

A su entender, esa lógica todavía se refleja en la organización interna, la cantidad de jerarquías y la formación del personal. “Tenemos demasiados rangos. Es como una tribu con muchos caciques y pocos indios”, graficó.

En ese sentido, propone reducir escalafones y concentrar la formación en contenidos específicamente policiales. "Hay tres años de carrera para oficiales donde una parte importante se pasa desfilando o haciendo instrucción militar. Eso no tiene sentido para una policía moderna", sentenció.

Uno de los puntos en los que Pereyra hace más hincapié es en el reconocimiento profesional del policía. “El policía es un trabajador en seguridad. Vive de eso. Somos profesionales, pero no nos tienen como profesionales”, afirmó.

También cuestionó que, en algunos casos, profesionales externos a la institución ocupan grados equivalentes dentro de la estructura policial. Para él, eso termina generando desigualdades dentro de la carrera.  “Un sacerdote o un médico pueden llegar a comisario general, mientras el que está todos los días en la calle muchas veces no llega a esa jerarquía”, ejemplificó.

En cuanto a los ingresos, Pereyra indicó que los sueldos actuales siguen siendo bajos en comparación con otras jurisdicciones.

Según detalló, un agente que recién se inicia ronda entre un millón y un millón doscientos mil pesos, mientras que un oficial puede percibir alrededor de 1,8 millones a 2 millones.

En su caso, como comisario general retirado, explicó que su haber ronda los 2,5 millones de pesos, en bruto. "En provincias como Córdoba un general activo está cerca de los seis millones. La diferencia con otras fuerzas es muy grande", puntualizó.

También mencionó que, en su opinión, la pérdida de poder adquisitivo se agrava por la falta de actualización periódica. “Hace doce meses que no actualizan el sueldo y las cosas siguen subiendo”.

Pereyra reconoce que sus planteos son personales y no representan institucionalmente al Círculo de Retirados policiales del que forma parte. Sin embargo, se considera necesario abrir el debate público. “Yo hablo por mí, porque sufro el problema todos los meses cuando voy a cobrar el sueldo”, explicó.

También aseguró haber conversado sobre estos temas con algunos dirigentes políticos, aunque con resultados limitados. “Muchos me han sido sinceros y me dicen: 'Faustino, yo no entiendo nada de esto'. Ese es el problema”, sostuvo.

Por eso cree que el cambio debería impulsarse desde la sociedad. “La gente tiene que saber cómo funciona el sistema. Si no, nada va a cambiar”, concluyó.