Victoria. Una compleja situación institucional se generó en la Municipalidad luego de que tomaran estado público las medidas adoptadas por la Justicia y el Departamento Ejecutivo respecto del juez de Faltas, Alfonso Azpeitía, en el marco de una causa por presunta violencia familiar.

La intervención judicial se originó a partir de una denuncia presentada el 18 de julio por la esposa del funcionario. Al día siguiente, el titular del Juzgado de Familia, Juan Eduardo Lloveras, firmó un mandamiento policial que dispuso la exclusión del hogar del letrado por un plazo de 90 días.

La resolución también establece la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la denunciante, comprendiendo su domicilio, lugar de trabajo, estudio y demás ámbitos de concurrencia habitual. Asimismo, ordenó la provisión de un botón antipánico para la mujer.

Frente al impacto institucional del caso, la gestión encabezada por la intendenta Isa Castagnino resolvió, de común acuerdo con el funcionario, otorgarle una licencia de 30 días sin goce de sueldo, a la espera de la evolución de la causa judicial.

Mientras tanto, para garantizar la continuidad del servicio y evitar demoras en la atención de los contribuyentes, el funcionamiento del Juzgado de Faltas quedó provisoriamente a cargo del secretario, Elías Cesarego.

El episodio reavivó el debate político e institucional sobre el origen de la designación del magistrado municipal.

En su momento, la oposición cuestionó el nombramiento efectuado por el Departamento Ejecutivo, con el aval de la mayoría del Concejo Deliberante, al sostener que se había omitido el concurso público previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipios (Ley Nº 10.027), mecanismo destinado a garantizar la idoneidad de quien ocupa el cargo.

No obstante, tal como ocurrió en oportunidades anteriores, la designación contó con la aprobación de la mayoría del Concejo Deliberante, requisito que efectivamente se cumplió antes de la designación de Azpeitía.

La legislación vigente también contempla mecanismos que podrían derivar, según el desarrollo de los acontecimientos y los procedimientos correspondientes, en un eventual proceso de remoción del funcionario.

La concejal Luciana Zorzabal afirmó:

"Nosotros no tenemos información ni comunicación oficial alguna sobre la denuncia contra el funcionario ni sobre la licencia. Lo que sabemos surge de lo publicado por los medios; al Concejo no se le comunicó nada formalmente".

Explicó que, durante la sesión ordinaria del jueves pasado, presentó un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo y otro al Área de la Mujer para conocer si existe o se encuentra en elaboración un protocolo de actuación para este tipo de situaciones. También solicitó precisiones sobre los plazos previstos para informar estos casos al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, así como las medidas adoptadas.

"Entendemos que es un asunto serio y debe abordarse con responsabilidad", expresó.

Por su parte, el concejal Alejandro Rees sostuvo:

"Como concejal, creo que este tipo de situaciones deben invitarnos a una reflexión institucional. Victoria mantiene vigente la Emergencia en materia de Violencia de Género, lo que nos exige, como Estado, actuar con la mayor responsabilidad y coherencia posible".

Agregó que, cuando una denuncia involucra a un funcionario que ejerce autoridad y tiene la responsabilidad de aplicar normas o impartir justicia en el ámbito de las faltas municipales, resulta indispensable que las instituciones adopten medidas destinadas a preservar la confianza de la ciudadanía y garantizar el normal funcionamiento del servicio público.

Consideró que la licencia otorgada constituye una decisión administrativa orientada a atender una situación excepcional mientras la Justicia determina los hechos.

"Corresponde que la investigación avance con independencia, sin prejuzgamientos y con pleno respeto por los derechos de todas las partes", señaló.

El edil recordó además que este episodio vuelve a poner en agenda un proyecto presentado por su bloque en 2024 para que el cargo de juez de Faltas sea cubierto mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

"Nuestra propuesta no estaba dirigida a una persona en particular, sino a fortalecer la institucionalidad, garantizando procesos de selección transparentes, basados en el mérito, la idoneidad y la independencia", afirmó.

Y concluyó:

"Más allá de cómo concluya este caso concreto, considero que es un momento oportuno para retomar ese debate".

Rees también manifestó su preocupación por el tratamiento del caso en las redes sociales.

"No somos nosotros quienes debemos sacar conclusiones ni mucho menos prejuzgar. Detrás de todo conflicto familiar hay personas, hijos y vínculos que pueden sufrir un daño aún mayor por comentarios realizados sin conocimiento de los hechos o sin medir las consecuencias de las palabras."

Victoria.- La situación del ex Frigorífico Guillermo Huarte volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de presentaciones judiciales y denuncias cruzadas entre quienes reclaman derechos sobre la empresa.

La planta, considerada en su momento una de las más modernas de la región, comenzó a construirse en Victoria luego de que el empresario Luis Guillermo Huarte gestionara la cesión de un predio municipal. El proyecto contemplaba la faena de bovinos y porcinos para abastecer el mercado interno y eventualmente exportar carne.

Con el paso de los años, la firma atravesó distintos cambios societarios. Tras el fallecimiento de Huarte, la conducción quedó vinculada a Estela Mari Gallo, quien adquirió el paquete accionario mayoritario de la empresa.

El nombre de Gallo apareció posteriormente en una causa judicial de alto impacto vinculada al denominado "Clan Loza", una organización investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas contra varios integrantes de la estructura, entre ellos Estela Mari Gallo, como resultado de una investigación por maniobras para introducir en la economía formal fondos provenientes del tráfico internacional de drogas. Inclusive a través de una empresa que manejaba esta persona se había adquirido el paquete accionario a Huarte.

Según la investigación judicial, parte de esas operaciones se habrían realizado mediante distintas empresas utilizadas para dar apariencia lícita a los fondos, según publicación de Infobae, Fiscales.gob.ar, y La Capital de Mar del Plata

En los últimos días, el ganadero Marcelo Bosio, accionista minoritario de la firma, difundió un comunicado en el que advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio del establecimiento.

Bosio sostuvo que existe una disputa judicial en curso y afirmó que cualquier traslado, venta o desarme de bienes pertenecientes a la planta podría derivar en denuncias penales. Además, cuestionó la legitimidad de quienes actualmente estarían tomando decisiones dentro de la empresa.

Las acusaciones fueron formuladas públicamente por Bosio y deberán ser determinadas por la Justicia competente. El empresario lucha actualmente para que las acciones de la firma sean vendidas a una empresa interesada en su adquisición, de mucho prestigio y solidez económica, tratando de evitar que Gallo entregue el negocio a una firma recién constituida, sin experiencia en el rubro y sin garantías de solidez financiera.

El administrador que estaba al frente de la concesión, Ramón Juárez, falleció el mes pasado y a partir de ese momento se profundizo el conflicto con los obreros y uno de los socios inició una demanda judicial.

La expectativa de los distintos sectores involucrados es que la Justicia avance en el esclarecimiento de la situación para determinar responsabilidades y definir el futuro de un establecimiento que durante años fue considerado uno de los proyectos industriales más importantes de Victoria.

En medio de todo esto quedan los empleados, con el serio riesgo de perder su fuente de trabajo.

En el año 2009, durante la gestión de Cesar Garcilazo, se presentó un empresario ante las autoridades municipales solicitando la cesión de un predio donde pensaba construir un frigorífico. El proyecto contemplaba faenar bovinos y cerdos, destinado en  principio al mercado interno, pero con la posibilidad de cumplir con las exigencias del SENASA para exportar carne.

¿Quien era este personaje? Se trató de Luis Guillermo Huarte quien aducía tener muchos años de experiencia en el mercado de la carne, pero al momento de presentar los papeles se generaron incógnitas. Veamos los datos: para AFIP esta persona era monotributista, categoría K, cuya facturación anual, tenía un tope de hasta 94 mil pesos”.

Aunque conformó una sociedad anónima con un capital inicial de 12 mil pesos, el empresario Guillermo Huarte tenía proyectada la construcción de un frigorífico en Victoria, cuya inversión rondaría 2,3 millones de dólares.

Para dar forma a la sociedad anónima, el aporte minoritario lo hizo Marcelo Bossio un productor agropecuario y empresario titular de un feet lot de  miles de cabeza que pasaba a ser una pata importante de la firma Huarte, con años en la comercialización de carne y otro que podría aportar la hacienda destinada a faena inmediatamente.

Pero a pesar de los aportes de ambos socios el frigorífico quedó a medio terminar y hacía falta capital para continuar. Huarte, según datos recabados, tenía contacto con personas que podrían aportar lo que faltaba para terminar la planta. Ahí aparece Estela Mari Gallo que, con un pasado ligado al narcotráfico y blanqueo de dinero, le compra las acciones a Huarte en el marco de una sociedad anónima, sin cumplir mínimamente con lo que establece la legislación para este tipo de transacciones para transferir paquetes accionarios de una SA. Gracias al “oxigeno” de la nueva propietaria, ésta se convierte en la socia mayoritaria pero ante un desconocimiento de Bosio, que realizó oportunamente presentaciones judiciales por esta situación, por cuanto el nuevo aporte de capital licuaba sus acciones reduciéndolas del 49% al 0,6%.

Finalmente el frigorífico se terminó, es uno de los más modernos de la provincia con capacidad para faenar miles de cabezas por día, además de cerdos, con una planta de personal que oscila entre los 60 y 80 en promedio.

A partir de ahí se iniciaron los conflictos, tuvieron que tercerizar la explotación con personas que no cumplieron, muere Huarte, que solo había quedado como administrador y se desencadena una trama jurídica intrincada, sin solución hasta la fecha.

Todo indicaba que detrás de toda esta inversión había cuestiones desconocidas que varios años después salen a la luz.

el martes está programada una reunión Bossio y Gallo con abogados de ambas partes para destrabar el conflicto la planta al 12 de julio tiene un atraso de 3 a 4 quincenas con el personal y la semana pasada ENERSA le cortó el suministro eléctrico, estaban en negociaciones para poder resolver el tema. La propuesta de Bossio es alquilar la planta a empresas con respaldo y trayectoria con las que tiene contacto, respectar los porcentajes societarios y hacerse cargo de la administración.

Victoria.- El próximo 26 de agosto, el Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de la Provincia de Entre Ríos definirá su conducción en un escenario electoral que plantea dos modelos contrapuestos. Por un lado, la lista oficialista encabezada por el comisario Luis Núñez —exjefe de Policía de Victoria— que representa la continuidad de la actual gestión, y por el otro, la propuesta de renovación liderada por el victoriense y comisario retirado Faustino Pereira.

Entrevistado por Paralelo32, Pereira fundamentó la necesidad de un recambio institucional tras lo que definió como "12 años de silencio" por parte de la actual conducción central. Según el candidato opositor, esta falta de gestión e intervención pública ha profundizado problemáticas severas que afectan tanto al personal en actividad como a los pasivos de la fuerza provincial.

"Esos 12 años de silencio nos han hecho mucho daño. No se han hecho gestiones reales para mejorar la situación de nuestros colegas", lamentó Pereira, vinculando la desatención institucional con situaciones extremas dentro de la fuerza, donde se han producido lamentables suicidios y uno reciente de una joven funcionaria en Concepción del Uruguay.

Para el referente opositor, el trasfondo de las problemáticas de salud mental y el malestar del personal radica en una estructura institucional obsoleta. "Cuestiono el sistema que tenemos en la policía, es un régimen militarizado que se dejó de usar en el mundo civilizado a partir de 1920. No tiene sentido un regimiento dentro de la sociedad actual", argumentó.

De acuerdo con Pereira, esta disciplina vertical genera graves consecuencias psicológicas en las jerarquías más bajas. En este sentido, criticó con dureza la política de traslados utilizada por las jefaturas. "Trasladar a un agente de Victoria a Federación se toma casi como un deporte por las altas jerarquías, sin medir el desarraigo, el costo económico de alquilar lejos de casa con un sueldo inicial bajísimo, y el impacto familiar que muchas veces termina destruyendo matrimonios", describió.

La realidad económica de los policías y de los retirados es otro de los ejes de preocupación de la lista que encabeza el victoriense. Advirtió sobre la extrema vulnerabilidad que atraviesan los pasivos, señalando que existen casos de jubilados en situación de calle en Paraná y Concordia. "Incluso un camarada retirado murió en la calle. Esos son problemas graves que se tienen que atender y solucionar", aseveró.

En cuanto a los salarios de los agentes en actividad, remarcó que los ingresos de bolsillo son insuficientes frente al costo de vida actual. "Conozco el caso de muchos suboficiales jóvenes que, tras pagar el supermercado, la luz y los gastos mínimos, terminan cobrando apenas 200 o 300 mil pesos mensuales porque el resto se les va en deudas. El verdadero negocio hoy lo hacen las financieras, que prestan dinero de forma muy fácil y cuando el personal se da cuenta, está completamente enterrado sin poder salir", detalló.

La plataforma de Pereira también apunta a modificar el esquema de administración del Círculo, al que acusa de centralismo y nepotismo. "Hay un gran número de familiares directos de la actual conducción trabajando en la sede central, algo que pagamos todos los afiliados de nuestro bolsillo mientras cobramos haberes mínimos. Eso es un abuso de poder injusto que se tiene que investigar", denunció.

Asimismo, cuestionó que las filiales del interior carezcan de autonomía y recursos para brindar asistencia real. "Yo presido la filial de Victoria y actualmente nos envían apenas 200.000 pesos mensuales. Con eso llegamos a pagar la luz, el teléfono y el cable. No podemos ayudar a nadie de forma directa. Todo el sistema asistencial está centralizado y depende exclusivamente de la voluntad personal del actual presidente", concluyó.

La votación se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto, en el horario de 8:00 a 18:00, en las sedes de los círculos de cada localidad entrerriana. En los comicios están habilitados para participar únicamente los agentes retirados y los pensionados de la fuerza que oscila en 7600.

Victoria.- El Hospital Fermín Salaberry registra un incremento progresivo en las consultas ambulatorias y de guardia, transitando las semanas de la primera ola de infecciones respiratorias invernales. Así lo confirmó el director del nosocomio, el médico pediatra César Santos, quien detalló las estrategias de contingencia vigentes, repasó el estado de las obras edilicias críticas para la institución y se refirió a las versiones que lo posicionan como un referente político local con miras al año 2027.

El titular del hospital explicó que la circulación actual está dominada por virus respiratorios, fundamentalmente Influenza A e Influenza B. Si bien la mayor parte se canaliza como cuadros simples o síndromes gripales banales, la llegada de las bajas temperaturas impacta de manera directa en los grupos de riesgo, como adultos mayores y niños, derivando en cuadros de bronquiolitis, crisis asmáticas y neumonías.

"Este aumento se viene dando desde hace cuatro o cinco semanas de manera progresiva. En los inviernos siempre tenemos dos olas y actualmente estamos llegando, probablemente, al pico de la primera", señaló Santos. En ese sentido, aclaró que la capacidad operativa del hospital se encuentra plenamente garantizada. "Hemos tenido un incremento en la necesidad de camas, pero se ha podido dar respuesta sin ningún inconveniente; actualmente estamos por debajo de la mitad de la ocupación", remarcó.

Para contener la demanda en menores de cinco años, el nosocomio mantiene activo el programa IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas). Esta estrategia articula al hospital con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y provinciales a través de una red de comunicación directa entre profesionales y personal administrativo.

Según precisó el director, los pacientes que consultan por cuadros de bronquiolitis o broncoespasmo reciben la medicación correspondiente (salbutamol y betametasona, por ejemplo) y egresan del efector con un "turno protegido" ya asignado. "El paciente se va con el turno asegurado para su control inmediato en el consultorio más cercano a su hogar, mediante un sistema de WhatsApp que tenemos integrado, sin necesidad de que la familia deba volver a hacer filas para conseguir la atención", remarcó.

Destacó, además, que se reorganizaron las turneras en pediatría y adultos para absorber la demanda espontánea diaria y evitar que toda la consulta recaiga en la guardia de emergencias.

Consultado sobre las problemáticas edilicias del edificio, el funcionario repasó el estado de los trabajos prioritarios. Respecto de los baños públicos de una de las alas del hospital, clausurados por fallas históricas en la red cloacal, indicó que las obras se encuentran avanzadas en la etapa de techado y se prevé su habilitación definitiva en las próximas semanas.

Entrevistado por Paralelo 32, brindó precisiones sobre la inminente sustitución del histórico tanque de agua de hormigón de 30.000 litros, el cual presentaba una peligrosa inclinación. "Ya salimos con la licitación y la empresa encargada está definiendo los últimos materiales. Primero ejecutaremos la obra de nuevos tanques (tres unidades de 3.000 litros con sistema de bombeo) para asegurar el suministro continuo de agua a todo el hospital", detalló el funcionario.

Una vez garantizado el servicio básico, se procederá a una segunda instancia para la demolición de la antigua estructura de hormigón, una tarea considerada de alta complejidad por su gran tamaño y por las toneladas que pesa.

Una de las apuestas más significativas de la gestión es la finalización de los nuevos servicios de quirófano y de la sala de internación pediátrica, cuya fecha estimada de entrega por parte de la empresa constructora está fijada para septiembre de este año. Actualmente se gestionan las habilitaciones finales con la empresa ENERSA para la puesta en marcha de una subestación transformadora que abastecerá el alto consumo eléctrico del sector.

"Es una obra muy importante en metros cuadrados. Pasamos de tener un solo quirófano a contar con dos salas de cirugía de última generación, equipadas con tecnología de filtros específicos para asegurar la esterilidad absoluta, lo que representa un verdadero salto de nivel", ponderó el profesional.

Por su parte, el área de pediatría abandonará el histórico esquema de salas abiertas compartidas. "Pasaremos a tener seis habitaciones individuales, todas dotadas con baño privado, transformando sustancialmente el confort y la calidad del servicio para las familias de Victoria", aseguró. 

Victoria.- La derogación de la ley que otorgaba pensiones vitalicias a exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos representa, según el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, el cierre de un régimen que “la sociedad interpreta como un beneficio de privilegio” y que ya no tendrá vigencia para quienes ejerzan esos cargos en el futuro.

En diálogo con Paralelo32, el legislador y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos recordó que la norma fue sancionada en 1965, durante la gestión del gobernador Carlos Contín, con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes hubieran ocupado la máxima magistratura provincial o la vicegobernación y no contaran con otro beneficio previsional.

“La ley establecía una pensión equivalente al 75% del sueldo del gobernador, sin contemplar los gastos de representación, y con actualización automática según la remuneración del mandatario en funciones”, explicó.

Cavagna sostuvo que el impacto económico de la derogación es reducido, ya que actualmente el régimen alcanza a solo diez personas. “Son pocos los beneficiarios porque la propia ley impedía acceder a esta pensión cuando el exgobernador o exvicegobernador ya contaba con otro beneficio jubilatorio”.

Según precisó, el haber promedio ronda actualmente los 2 (dos) millones de pesos mensuales, por lo que el ahorro fiscal inmediato será limitado. No obstante, remarcó que la derogación impedirá que futuros gobernadores y vicegobernadores accedan a ese beneficio especial.

“Para el futuro va a representar un ahorro, porque ningún gobernador ni vicegobernador podrá obtener este derecho que establecía la ley”, afirmó.

El entrevistado amplió, además, que la derogación no afectará a quienes actualmente perciben la pensión, ya que se trata de derechos adquiridos protegidos por la legislación previsional.

“No se puede legislar con retroactividad en esta materia. Quienes hoy cobran el beneficio lo seguirán haciendo porque fue otorgado bajo una ley vigente”, explicó.

Entre los actuales beneficiarios mencionó a Marta Jordán, viuda del exgobernador Sergio Montiel, quien continuará percibiendo la pensión en los términos establecidos por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, lo mismo ex vicegobernadores como Héctor Alanís.

Consultado sobre la decisión del Senado de eliminar el artículo que preveía la pérdida del beneficio para personas condenadas por delitos de corrupción, Cavagna señaló que la modificación respondió a cuestiones jurídicas.

Indicó que esas situaciones ya están contempladas por la legislación penal y previsional vigente, por lo que entendieron que no correspondía incorporar una regulación específica dentro de esta ley.

Respecto de la posibilidad de revisar otros beneficios de características similares, el legislador señaló que actualmente permanecen vigentes únicamente dos regímenes especiales: las pensiones destinadas a excombatientes de Malvinas y las pensiones honoríficas vinculadas a los Premios Fray Mocho.

Aclaró que estos casos responden a fundamentos distintos y que, por el momento, no existe un análisis legislativo para modificarlos.

Para Cavagna, la aprobación del proyecto por parte de todos los bloques políticos refleja una interpretación compartida sobre el reclamo social.

“La decisión del Ejecutivo interpretó lo que quiere la sociedad y por eso todos los legisladores acompañaron la iniciativa. Me parece que este tipo de medidas son las que la ciudadanía espera de la dirigencia política”, sostuvo.

Finalmente, consideró que la derogación marca el fin de una herramienta creada en un contexto histórico diferente. “En su momento tenía una finalidad determinada, que era proteger a quien hubiera llegado a ser gobernador o vicegobernador y no tuviera otra cobertura previsional. Con el tiempo ese sentido se fue desvirtuando y hoy la sociedad entiende que se trata de un privilegio que ya no corresponde mantener”, concluyó.

La empresa Conexión Alto Delta, concesionaria de la Ruta Nacional 174, informó que finalizó la primera etapa de obras de puesta en valor del corredor vial que une Victoria con Rosario. En paralelo, confirmó que en los próximos días entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para la estación de peaje Isla La Deseada, donde además dejará de aceptarse el pago en efectivo.

Según precisó la firma, durante los primeros seis meses de concesión se ejecutaron trabajos por una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura y las condiciones de seguridad de la traza.

Entre las principales intervenciones se destacan tareas de bacheo superficial y profundo, reconstrucción con hormigón del acceso a Victoria y de sectores de la estación de peaje, reparación de juntas y sellado de grietas en el puente principal y en los doce puentes ubicados en la zona de islas.

También se realizaron trabajos de fresado para corregir deformaciones del pavimento, desmalezado, limpieza de banquinas y mejoras en las oficinas de atención al usuario y en los sanitarios públicos.

En materia de seguridad vial, la empresa informó que renovó la señalización vertical con la colocación de 540 nuevos carteles, repintó los 60 kilómetros del corredor con pintura reflectiva y reemplazó defensas metálicas y peatonales.

Asimismo, incorporó un sistema de balizamiento para la navegación sobre el puente principal mediante la instalación de doce boyas y un radar específico.

Otra de las mejoras fue el reemplazo de luminarias por tecnología LED, extendiendo la iluminación desde la cabecera de Victoria hasta el acceso a la Ruta Provincial 11.

Con la finalización de esta primera etapa, la concesionaria aplicará un nuevo esquema tarifario previsto en el contrato de concesión.

Además, modificó la clasificación de los vehículos. Las motocicletas pasarán a integrar la Categoría 0, mientras que automóviles y camionetas quedarán comprendidos en la Categoría 1. El resto de las categorías continuará diferenciándose según la cantidad de ejes.

Entre los nuevos valores, las motocicletas abonarán $2.530,72 mediante TelePASE y $5.061,43 por otros medios electrónicos, mientras que los automóviles particulares pagarán $5.061,43 con TelePASE o $10.122,86 mediante tarjetas, billeteras virtuales o códigos QR.

La empresa aclaró que el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir en los próximos días, aunque todavía no confirmó la fecha exacta.

Otra de las novedades es la implementación definitiva del sistema de cobro electrónico.

A partir del 21 de julio, el peaje dejará de recibir pagos en efectivo y solo podrá abonarse mediante TelePASE, tarjetas de débito o crédito, billeteras virtuales y códigos QR.

Desde la concesionaria señalaron que el uso de TelePASE continuará siendo la opción más económica para los usuarios habituales del corredor.

Conexión Alto Delta adelantó que durante los próximos meses seguirá ejecutando tareas de mantenimiento y nuevas intervenciones sobre la Ruta 174.

El plan incluye trabajos de corte de pasto y limpieza, nuevas reparaciones de hormigón en el acceso a Victoria y en el sector del peaje, la instalación de carteles de mensajería variable para informar el estado del tránsito en tiempo real y la incorporación de balanzas dinámicas destinadas a controlar el peso de los camiones.

También continuará el reemplazo del alambrado perimetral y se mantendrán los servicios de asistencia al usuario, con móviles de seguridad vial, grúas y atención en la oficina ubicada en la estación de peaje, donde además se gestionan los beneficios para personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.

Ante la posibilidad de crecientes e inundaciones vinculadas a los pronósticos climáticos, el Gobierno de Entre Ríos comenzó a trabajar en la elaboración de un protocolo para organizar el traslado de hacienda desde las islas hacia tierra firme, con el objetivo de preservar la sanidad animal y garantizar la trazabilidad de los rodeos.

La iniciativa fue abordada durante una reunión realizada en la Casa de Gobierno, de la que participaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico, la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Entre Ríos y representantes de entidades rurales.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que uno de los principales objetivos es establecer un sistema de comunicación temprana entre los productores y los organismos involucrados.

"Es muy importante generar un mecanismo de avisos para que los productores comuniquen cualquier riesgo inminente de inundación. Nuestra tarea es facilitar un traslado seguro, pero garantizando la transparencia del movimiento y la trazabilidad de los animales mediante la documentación correspondiente", sostuvo.

Durante el encuentro también se analizó la necesidad de prevenir problemas sanitarios que podrían surgir a partir del movimiento masivo de animales.

El director de Producción Animal, Martín Sieber, recordó que la ganadería de islas constituye una actividad de gran importancia para Entre Ríos, aunque advirtió que los traslados deben realizarse bajo controles adecuados para evitar la propagación de enfermedades, como la garrapata, hacia los establecimientos ubicados en tierra firme.

El funcionario señaló además que, incluso en situaciones de emergencia, los transportistas pueden gestionar el Documento Único de Transporte en pocos minutos mediante una aplicación desde el teléfono celular, lo que permite agilizar los movimientos sin descuidar los controles sanitarios.

Por su parte, el presidente de Fucofa, Matías Martiarena, destacó la necesidad de contar con procedimientos claros para actuar rápidamente cuando las condiciones lo requieren.

Explicó que, ante situaciones críticas como la posible rotura de un terraplén o dique, los productores disponen de muy poco tiempo para evacuar la hacienda. Según datos de la fundación, actualmente existen más de 440.000 cabezas de ganado en las islas entrerrianas.

Durante la reunión también se abordaron aspectos logísticos vinculados al transporte fluvial.

El prefecto mayor de la zona Bajo Paraná, Javier Giannattasio, informó que existen 29 embarcaciones habilitadas para el traslado de ganado entre La Paz y Ramallo, de las cuales 22 se encuentran operativas, mientras que las restantes están regularizando su situación administrativa.

En tanto, desde Senasa, el coordinador regional de Sanidad Animal, Ignacio Caropresi, remarcó la importancia de definir con anticipación los puntos de desembarque autorizados para brindar previsibilidad a los productores que deban trasladar sus animales.

Del encuentro participaron además representantes de la Federación Entrerriana de Cooperativas, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), autoridades de la Prefectura Naval y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

Dos jóvenes resultaron con lesiones de carácter leve luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del lunes en la ciudad de Victoria. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 19:40 en la intersección de las calles Bartoloni y Urquiza.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Victoria, por causas que aún se investigan colisionaron un automóvil Fiat, conducido por una mujer de 40 años, y una motocicleta Honda Wave en la que se desplazaban dos jóvenes de 19 y 20 años.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado de menor porte fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados en ambulancia al hospital local, donde se constató que ambos presentaban lesiones de carácter leve.

En el marco de las actuaciones, la motocicleta fue retenida por personal policial debido a que carecía de la documentación obligatoria y de los elementos de seguridad exigidos para circular.

Además, desde la fuerza se informó que ninguno de los dos ocupantes de la moto llevaba colocado el casco protector al momento del accidente, una situación que vuelve a poner de relieve la importancia del uso de este elemento de seguridad para reducir las consecuencias de los siniestros viales.

La paritaria docente en la provincia ingresó en una fase litigiosa que presagia una pulseada política a futuro. Este miércoles, en el marco de una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo bajo el amparo de la Ley Nº 9.624, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta salarial reformulada que calificó de "definitiva y superadora". Sin embargo, la respuesta de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), el gremio mayoritario que representa al sector, fue un rechazo inmediato en el mismo recinto, lo que derivó en la declaración formal de un escenario de conflicto y la inminente apertura de una instancia de conciliación obligatoria. También trascendió que ante la falta de acuerdo no se descarta que el gobierno dé por terminada la instancia paritaria y ejecute las mejoras por decreto como ocurrió en una instancia anterior.

Desde la óptica oficial, la nueva oferta representa el máximo límite de las posibilidades financieras de las arcas públicas. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta señalando que se atendieron varios de los planteos gremiales formulados el lunes pasado. La oferta gubernamental consiste en un aumento del 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, con la modificación clave de que la base de cálculo ya no es febrero, sino el mes inmediato anterior.

Asimismo, el esquema oficial eleva el salario mínimo docente para el cargo testigo a 850.000 pesos, de bolsillo, a partir de julio (un 14% de incremento respecto al mínimo previo) y contempla subas de entre el 20% y el 28% en los conceptos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Cuenca lamentó la premura del rechazo sindical, "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla". El funcionario insistió en que la pauta otorga previsibilidad al superar los índices inflacionarios proyectados y ratificó la voluntad de diálogo, aunque aclaró que los números presentados constituyen el techo de la negociación.

En la vereda opuesta, la representación de los sindicatos docentes justificó el rechazo rotundo al sostener que las modificaciones presentadas respecto al lunes son "ínfimas", en referencia a una reunión previa que pasó a cuarto intermedio para el miércoles, en la que el Ejecutivo ofreció un 6 % en dos tramos. Para el gremio mayoritario, la oferta dista notablemente de compensar el proceso inflacionario acumulado y el encarecimiento del costo de vida, factores que, denuncian, empujan a la docencia a situaciones de pobreza, pluriempleo y sobrecarga laboral.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la naturaleza de los fondos. Mientras Cuenca recordó que la provincia debió hacerse cargo con recursos propios del Fopid y la Conectividad tras la quita del Fonid nacional —alcanzando hoy los 240.000 pesos en jornada completa—, desde AGMER fustigaron que el incremento en estos códigos "profundiza los montos en negro". La conducción sindical había exigido formalmente que estas sumas se blanquearan como remunerativas y bonificables, además de demandar un porcentaje de recomposición específico para el mes de agosto, requerimiento que no fue incluido en la propuesta oficial.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas, el sindicato declaró el estado de conflicto y solicitó formalmente la fijación de una última audiencia bajo el paraguas de la conciliación administrativa. De acuerdo a los plazos legales, la Secretaría de Trabajo deberá convocar a las partes en un lapso no mayor a los próximos cinco días hábiles. El titular del CGE expresó su expectativa de que la disputa "no repercuta en las clases" ni afecte el derecho de los alumnos, mientras el arco gremial presiona por una contrapropuesta que modifique de raíz la estructura salarial ofrecida.

Este planteo del gremio se muestra incierto, porque el gobierno definitivamente señaló que la propuesta representa "un esfuerzo importante" de la Provincia y confirmó que el Ejecutivo la considera "la propuesta definitiva".

Cuando hablamos de una población que envejece, es obvio que nos referimos a la humanidad, a la población global. Hecha esta aclaración, vayamos ahora sí a los datos locales, que no son exclusivos de nuestro pequeño mundo sino que reflejan un fenómeno del país y de alcance global, salvo algunas excepciones.

Los nacimientos en Victoria cayeron de 604 en 2004 a 281 en 2025, lo que representa una disminución aproximadamente del 47% según datos del Registro Civil. La tendencia continúa hasta el 31 de mayo en el 2026 se contabilizan 102 natalicios.

El fenómeno acompaña una tendencia nacional. Un informe de la Universidad Austral señala que la tasa de fecundidad en Argentina descendió de 2,1 hijos por mujer en 2001 a 1,4 en 2022, un promedio que se mantiene en mediciones del 2025.

Entre las principales causas aparecen la postergación de la maternidad, una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, el acceso a métodos anticonceptivos, la disminución de los embarazos adolescentes y cambios culturales que hacen que tener hijos ya no sea una prioridad para muchas parejas jóvenes. ”La Educación Sexual Integral (ESI) y especialmente el suministro de anticonceptivos en hospitales públicos, tuvieron incidencia”, según el estudio.

Los especialistas advierten que esta situación tendrá consecuencias a futuro. Menos nacimientos implican una población cada vez más envejecida, lo que genera desafíos para sostener los sistemas jubilatorios y aumentar la demanda de servicios de salud para adultos mayores. ”Representa, a futuro, una sobrecarga para para las cajas previsionales”.

Algunos datos son reveladores, se producen –en el país- 260.000 nacimientos menos al año. La caída en la cantidad de nuevos nacimientos en la última década es enorme; en 2005 se producían a nivel país unos 710.000 al año, número que subió a 750.000 en 2014 pero cayó en picada los años siguientes.

En 2022 nacieron 490.000 niños y niñas y en el 2025 aproximadamente 435.000, según el informe de la UA que cita el Reporte interactivo de Estadísticas del Ministerio de Salud. También disminuyó la cantidad de familias numerosas; en 2001 había 1.533.421 mujeres con más de cinco hijos; en 2022, fueron 608.617, según el último censo. Son 924.804 nacimientos menos.

Mientras algunos países europeos intentan revertir esta tendencia mediante incentivos económicos, los expertos coinciden en que hasta el momento no existen políticas públicas que hayan logrado frenar de manera significativa la caída de la natalidad.

Detallaremos aquí el camino que transcurre un novillito de 360 kg desde la faena hasta la carnicería, cómo se arma el valor de la media res y qué pasa con la faena, la exportación y la venta al mostrador.

En abril de 2026, el mercado de la carne vacuna mostró una dinámica particular, a pesar de una oferta recortada de hacienda, los precios registraron bajas en prácticamente todas las categorías. De acuerdo al informe de Camya (Cámara de Matarifes y Abastecedores), el mes de abril estuvo marcado por dificultades debido a las fuertes precipitaciones en las principales zonas ganaderas, lo que redujo la oferta disponible.

El comportamiento del mercado refleja un síntoma que ya se percibe en la calle, el agotamiento del poder de compra. Esa debilidad se trasladó a las operaciones en el Mercado de Cañuelas, donde los valores no lograron sostenerse.

En el primer trimestre del año, el novillito destinado al consumo interno había acumulado una suba del 16%, muy por encima de la inflación (9,4%) y en un contexto de tipo de cambio en baja (-3%), en mayo no hubo demasiadas modificaciones. Ese adelantamiento de precios aparece ahora como uno de los factores que explican la corrección. Además, el consumo interno sigue en retroceso: en marzo se ubicó en 43 kg por habitante anualizado, muy por debajo del promedio de 2025 (50 kg).

El informe también detalla la estructura de costos a lo largo de la cadena. Tomando como referencia un novillito de 360 kg: "se define el precio en gancho con un rendimiento del 57%,(*) luego se suman los costos de faena, distribución e impuestos. Como resultado final, se obtiene una media res puesta en carnicería de $9.774+IVA" por kilo, repasa el informe. A partir de allí, se suman costos de faena, distribución, impuestos y una rentabilidad estimada del 3% para el matarife. Ya en el mostrador, la integración de la res alcanza un valor total de $1.267.040 + IVA por media res. Descontado el costo de compra ($1.106.051), el margen restante ($160.989) debe cubrir alquileres, salarios, impuestos y rentabilidad del carnicero.

Exportaciones firmes, pero con presión sobre algunas categorías

Mientras el consumo interno se debilita, el frente externo muestra otra dinámica. En el primer trimestre del año, las exportaciones alcanzaron 199.658 toneladas res con hueso, un 17,1% más que en igual período de 2025.

Además, el precio internacional promedió US$ 5.320 por tonelada en marzo, con una mejora interanual del 38,7%. Sin embargo, el tipo de cambio actual, en torno a $1.280 por dólar exportador (que no es el mismo que el oficial), introduce presión bajista sobre categorías como novillos y vacas, afectando especialmente al segmento exportador.

La faena bovina también muestra señales de ajuste. En marzo se ubicó en 1,03 millones de cabezas, con una caída del 7,6% en los últimos tres meses frente al año anterior.

(fuente: Agrofy web)

Rinde: Si el animal tiene 360 kilos solo el 57 % (205 Kgs.) queda al gancho para la venta, como lo vemos en las carnicerías, quedan en el camino, vísceras, cuero, cabeza y patas/pezuñas, entre otros.

La Fundación CRESCER y la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos continúan impulsando acciones de prevención, acompañamiento y concientización sobre una problemática que, aseguran, atraviesa una situación crítica en la provincia. Así lo expresó Sandra Cislagui (*), fundadora de la ONG, quien remarcó la necesidad de abordar la salud mental desde una mirada integral que contemple no solo la atención clínica, sino también la educación, la cultura y el acompañamiento comunitario.

La Fundación CRESCER cuenta con una trayectoria de 15 años trabajando en acciones solidarias y comunitarias vinculadas a la salud mental, los consumos problemáticos y las políticas de prevención. Actualmente, Cislagui también integra la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos, creada hace dos años junto a otros profesionales con el objetivo de instalar el debate sobre la emergencia en salud mental que atraviesa la provincia.

Según explicó, la agencia está integrada por psicólogos y profesionales que trabajan tanto en la atención clínica como en el asesoramiento para el diseño de políticas públicas. “Si no incorporamos la salud mental a la vida cotidiana y no trabajamos en prevención y promoción, siempre llegamos tarde, cuando el problema ya explotó”, sostuvo.

Uno de los puntos más preocupantes señalados por Cislagui es el crecimiento de los consumos problemáticos y el deterioro de las sustancias que hoy circulan entre jóvenes y adolescentes. “La crisis económica y social impacta directamente en las familias y en la salud mental. Hoy se consumen sustancias de muy mala calidad que afectan gravemente la salud física y mental”, afirmó.

Agregó “primero estuvo el paco, después tuvo la alita de mosca, ahora está el crack que lo denominan por la forma que se utiliza y se consume, fumándolo”, añadió que tiene agregado de productos altamente tóxicos que mezclan con drogas.

Han comprobado que la cocaína de baja calidad suelen mezclarse con una variedad de sustancias peligrosas para aumentar su volumen o potenciar efectos con bajo costo (bicarbonato, talco, tiza, cafeína, vidrio molido)

Se ha detectado en Paraná el uso de virulana para quemar el crack o la pasta base. Al calentarse a altas temperaturas, desprende partículas metálicas que son inhaladas, causando daños pulmonares graves y riesgo de muerte.

Además, advirtió sobre otra problemática que definió como “una adicción silenciosa”, el exceso de pantallas y redes sociales. Según indicó, el uso desmedido de dispositivos está afectando el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes. “Las pantallas están hackeando el desarrollo de las infancias”, expresó.

Durante la entrevista con Paralelo32 también cuestionó la falta de recursos destinados a salud mental y reclamó que el Ejecutivo provincial declare la emergencia en el área para poder contar con herramientas extraordinarias y mayor presupuesto. En ese marco, recordó que distintas organizaciones elaboraron un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario y propone la creación de una red provincial de cuidados para promover el bienestar psicosocial en todo Entre Ríos. “Pero sigue en comisión a la espera de tratamiento, los legisladores no están coordinando los tiempos a pesar de la demanda de la sociedad” remarcó”

La dirigente remarcó además datos alarmantes vinculados a la salud mental juvenil. citó informes de UNICEF que indican que en Argentina, seis de cada diez jóvenes presentan sentimientos de ansiedad o depresión y que una gran parte no sabe dónde buscar ayuda. “Esto ocurre en la Argentina y obviamente en Entre Ríos”

También mencionó la preocupación por el incremento de suicidios y  la falta de acompañamiento estatal en muchos departamentos de la provincia.

Finalmente, la referente destacó la importancia del trabajo comunitario y de generar conciencia social sobre una problemática que considera urgente. “Cuando las familias no pueden contener determinadas situaciones, el Estado tiene que estar presente para garantizar equilibrio y acompañamiento”, concluyó.

(*) Licenciada en Psicología, Mediadora Comunitaria. Integra el equipo de Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná, integra la Agencia por la Salud Mental de Entre Ríos.

El manejo productivo en los humedales del departamento Victoria demanda un equilibrio cada vez más fino entre la eficiencia ganadera y la preservación ambiental, un desafío que se vuelve apremiante ante los pronósticos climáticos que proyectan escenarios hidrológicos complejos. Con el foco puesto en estas variables, el pasado martes 19 del corriente se llevó a cabo en el SUM de INTA Victoria (Liniers 523) el Módulo 4 del ciclo de capacitaciones gratuitas "INTENTA: Hacia una ganadería sostenible e inteligente", bajo el título “Ganadería de campos bajos/islas”.

La jornada contó con la disertación principal del Ing. Agr. M. Sc. Ernesto Massa, especialista de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Paraná, quien estuvo acompañado por los profesionales de la agencia local (AER INTA Victoria), los ingenieros agrónomos M. Sc. Maximiliano Vallejos y M. Sc. Raúl F. Brassesco. Fue así como el Ing. Brassesco introdujo problemáticas ligadas al humedal —como el impacto potencial de la removilización de sedimentos por el proyecto de profundización de la hidrovía — y, a continuación, Massa se adentró en la gestión netamente ganadera y el aprovechamiento de la oferta forrajera natural. 

Uno de los ejes centrales de la presentación de Massa fue la necesidad de entender que el territorio isleño no es homogéneo. Los albardones, las medias lomas y los bajos inundables presentan dinámicas forrajeras marcadamente distintas, condicionadas de manera directa por los pulsos de inundación y el depósito de sedimentos.

"Dependiendo de cuánto tiempo permanezca el agua en los casos de inundación, se determina la flora, es decir, la oferta. Eso define una productividad, calidad forrajera y especies distintas que, a su vez, varían entre las estaciones del año. Nuestra premisa es promover una ganadería que utilice los recursos que ofrece el ambiente: no hablamos de siembra de pasturas ni de uso agroquímico en la isla, sino de cómo mover las vacas en determinados momentos para aprovechar lo que el entorno ya nos brinda. No todo lo que se hace se hace mal; hay familias de abuelos que vienen produciendo en la isla con un enorme apego y cuidado por la naturaleza ", destacó Massa en diálogo con Paralelo32. 

La coyuntura climática sobrevoló la jornada. Ante la inquietud de los productores locales por la carga actual de hacienda en las islas y el fantasma de perder terreno por el agua, el especialista de INTA Paraná recurrió a informes oficiales y probabilísticos para trazar las previsiones a mediano plazo.

Advirtió así que para el bloque comprendido entre octubre y diciembre de este 2026, e incluso parte del verano de 2027, se prevé una situación de río alto debido a la influencia de un fenómeno de "El Niño" que podría presentarse con fuerza en primavera-verano, potenciado por temperaturas superficiales por encima de lo normal en el Atlántico, a la altura del sur de Brasil y Uruguay.

Frente a este escenario, el mensaje para el productor fue tajante: anticipación y prudencia comercial.  "Este año en general ha sido bueno para el ganadero islero y la hacienda terminada hoy tiene buenos precios; el que la tenga, que venda. Pero hay que ser muy cautelosos a la hora de comprar hacienda liviana para meter a la isla, porque ese ciclo ganadero puede verse interrumpido por la creciente. Hay tiempo para prever. Es momento de pensar en esquemas de retención en tierra firme si se libera algún lote agrícola tras la cosecha, mejorar instalaciones, gestionar bien las bajadas disponibles y coordinar con tiempo con los barqueros de la zona ", aconsejó el ingeniero. 

Consultado sobre la complejidad en torno a las quemas —una práctica históricamente asociada al rebrote forrajero pero fuertemente regulada —, Massa recordó que la provincia cuenta con una Ley de Manejo del Fuego y que, tras dejarse sin efecto hace un mes y medio una medida cautelar de la Corte Suprema que pesaba desde la pandemia, rigen nuevamente las vías de solicitud formal de permisos a través de la Secretaría de Ambiente.

Sin embargo, marcó claras distancias técnicas:  "Una cosa es un incendio y otra muy distinta es una quema prescripta. Como INTA trabajamos en esta última línea junto a otras instituciones como la Facultad de Ciencias Hídricas de Santa Fe. No promovemos el fuego, aportamos información técnica al Estado porque los problemas no se solucionan solamente prohibiendo. Para evaluar una quema hay que saber con precisión el objetivo: para qué, qué vegetación, qué superficie y con qué frecuencia. No es prender e irse ".

Respecto a las tensiones latentes entre los sectores productivos y ciertas corrientes ambientalistas radicales que han llegado a plantear la prohibición de la ganadería en las islas, Massa abogó por desarmar los "compartimentos estancos" mediante la rigurosidad científica y el diálogo respetuoso. Explicó que los muestreos de calidad de agua realizados en zonas pastoreadas versus áreas clausuradas no han arrojado diferencias macro significativas imputables a las vacas, aunque sí se detectan metales pesados o contaminantes externos derivados del cordón portuario e industrial que transporta el propio río.

"El agua nos comunica; nos trae la reproducción de peces y vegetación, pero también arrastra lo que no pertenece al humedal. Cuando la ganadería se maneja con buenas prácticas, no vemos un efecto negativo sobre la dinámica natural del ambiente. Es más difícil prohibir una actividad tan arraigada cultural, social y económicamente que sentarse a organizar recorridas de campo y ponernos de acuerdo en conjunto para preservarlo ", concluyó. 

El desarrollo de este trayecto formativo es posible gracias a una fuerte articulación organizativa. El bloque es impulsado de manera conjunta por la Fundación Sembrando Victorias, la Agencia de Extensión Rural INTA Victoria y el Instituto San Benito. Asimismo, la continuidad y el respaldo del ciclo "INTENTA" cuenta con el acompañamiento estratégico de actores clave del entramado socio-productivo y educativo de la zona: la Sociedad Rural de Victoria (SRV), el Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria (CIAV), la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Pedro Radío", la Cooperativa Agropecuaria Victoria (COOPAR) y la Fundación de la Lucha Contra la Fiebre Aftosa (FU.CO.FA. Entre Ríos).

El Gobierno provincial impulsa una reforma previsional y advierte sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones que en forma progresiva puede profundizarse si no se toman medidas al respecto.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que el Gobierno provincial presentará en los próximos días el proyecto de reforma previsional que busca modificar distintos aspectos del sistema jubilatorio entrerriano. Según indicó, la iniciativa podría ingresar a la Legislatura entre este viernes (por el 15 de mayo)  y esta semana.

El funcionario sostuvo que la situación financiera de la Caja viene deteriorándose desde hace décadas y aseguró que el objetivo de la reforma es evitar un colapso futuro del sistema. “Todos los sectores conocen el desgaste que tiene este modelo previsional y las proyecciones indican que el escenario va a empeorar”, expresó.

El funcionario explicó que actualmente la provincia tiene apenas 1,80 aportantes por cada jubilado, cuando el equilibrio ideal debería ubicarse entre 3,5 y 4 trabajadores activos por beneficiario. Además, advirtió que en los próximos años comenzarán a jubilarse sectores con salarios más altos, lo que incrementará aún más el déficit.

Entrevistado en exclusiva por Paralelo32, explicó que entre los principales cambios que analiza el Gobierno aparece la modificación en el cálculo del haber jubilatorio. Actualmente se toma el promedio de los últimos 10 años y la propuesta oficial sería ampliar ese período a unos 15 años o más. Según Bagnat, esto permitiría reflejar “una historia laboral más real”.

Otro de los puntos centrales será la unificación de la movilidad jubilatoria, buscando evitar diferencias entre sectores que hoy generan fuertes desequilibrios dentro del sistema. El titular de la Caja mencionó casos donde determinados bonos o aumentos sectoriales impactan de manera directa sobre las jubilaciones y terminan siendo difíciles de sostener financieramente. “Son aumentos que implementan los municipios que después los tiene que sostener la Caja”

En cuanto a la edad jubilatoria, adelantó que la reforma plantearía llevar la jubilación ordinaria de las mujeres a 60 años y mantener los 65 años para los hombres, aunque aclaró que el tema será debatido en la legislatura y podría incluir una discusión sobre paridad de género.

También aseguró que quienes ya están jubilados no verán modificados sus haberes actuales y que se respetarán los derechos adquiridos. “Al jubilado que hoy está cobrando no se le va a tocar nada”, afirmó.

Destacó además que durante estos dos años de gestión se tomaron medidas administrativas y de control que permitieron reducir el déficit proyectado inicialmente. Según explicó, cuando asumieron el panorama financiero era considerablemente más grave y lograron estabilizar parte del sistema mediante auditorías, ordenamiento interno y gestiones ante ANSES.

Finalmente, remarcó que la reforma previsional apunta a garantizar la continuidad del sistema en el largo plazo y sostuvo que “si no se toman decisiones ahora, dentro de algunos años las medidas necesarias podrían ser mucho más duras”.

Actualmente el sistema cuenta con 107.000 aportantes y 67.000 jubilados (ver cuadros) menos de dos aportantes por cada pasivo. Para el presidente del ente previsional esto merece algunas consideraciones. La planta de personal del Estado no solamente no va a incorporar personal en adelante (y en esto juegan las nuevas tecnologías que suplantan mano de obra), sino que va a disminuir con los que se acogen al beneficio, disminuyendo la cantidad de aportes. Por otra parte, la expectativa de vida es cada vez mayor, datos que se ven reflejados en el gráfico que incluimos a continuación.

En números, los gráficos reflejan claramente lo que en teoría explicó Gastón Bagnat en la nota, que evidencian la gravedad del problema:

Victoria.- La finalización de la moratoria previsional en marzo generó un escenario complejo para miles de personas que llegan a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios. Así lo explicó el especialista en temas previsionales Lizardo Villanueva, quien advirtió que el acceso a la jubilación se volvió mucho más restrictivo.

“Hoy, quien cumple la edad y no tiene aportes, prácticamente no puede jubilarse”, señaló. A diferencia de años anteriores, donde las moratorias permitían regularizar períodos faltantes, actualmente las opciones son limitadas y no alcanzan a todos los casos.

Si bien aún existen algunas moratorias vigentes, el especialista aclaró que están dirigidas a personas con cierta cantidad de aportes previos y no a quienes nunca realizaron contribuciones o tienen pocos años. “Benefician a los que tienen muchos aportes y poca deuda. El que no los tiene, queda prácticamente afuera”, explicó.

Entrevistado por Paralelo32 Villanueva explicó que el sistema exige ahora cumplir con los 30 años de pago a la ANSES para acceder a la jubilación ordinaria, con edades de 60 años para mujeres y 65 para hombres. En caso de no reunir estos requisitos, la alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se otorga a partir de los 65 años, pero no equivale a una jubilación completa. Agregó que tiene particularidades, representa el 80 % de la jubilación mínima (Mayo 314.539,28 pesos), percibe lo mismo el hombre que la mujer, en caso de fallecimiento no se transforma en una pensión para el cónyuge, y son afiliados al PAMI.  

Otro de los problemas que se presentan actualmente es la demora en los trámites, principalmente en la etapa de verificación de aportes. “No es tanto el trámite en sí, sino el tiempo que lleva comprobar los aportes, sobre todo en trabajos rurales, de construcción o servicio doméstico”, indicó.

Además, persisten dificultades con registros anteriores a 1994, cuando los aportes no estaban digitalizados. En esos casos, los trabajadores deben presentar documentación que respalde su actividad laboral.

Mientras tanto, ante la realidad de que las cajas de jubilaciones se han vuelto insostenibles por la escasa brecha entre aportantes y beneficiarios, crece la incertidumbre y versiones sobre eventuales reformas en el sistema previsional. Entre los rumores que circulan, se menciona la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria o igualar la edad entre hombres y mujeres.

También se analizan modificaciones en el esquema de pensiones, lo que podría impactar en las condiciones actuales de quienes acceden a estos beneficios. “Hay muchas versiones, pero hasta que no haya algo concreto, todo es incierto”, remarcó Villanueva.

El contexto responde a un problema estructural, cada vez hay menos aportantes activos y más beneficiarios. Esto genera presión sobre el sistema previsional y obliga a revisar las condiciones de acceso.

En este escenario, los especialistas recomiendan analizar cada caso de manera individual, ya que existen situaciones particulares en las que todavía se puede acceder a algún beneficio.