La Argentina cumplió, casi sin darse cuenta, veinticinco años desde el 2001. Un cuarto de siglo. Para una vida humana es poco; para la política, es una eternidad. En ese lapso atravesamos el derrumbe institucional y simbólico del “que se vayan todos”, el kirchnerismo en sus distintas mutaciones, el intento modernizador del macrismo, el interregno confuso del albertismo y, finalmente, la irrupción disruptiva del mileísmo. No es una simple sucesión de gobiernos: es el relato de una sociedad que dejó de ser la que creíamos conocer.

El problema es que seguimos discutiendo el presente con categorías del pasado.

En 2001 colapsó algo más que un modelo económico. Se rompió una forma de autoridad, una manera vertical de organizar la política, una fe casi religiosa en que las instituciones, los partidos y los discursos solemnes ordenaban la vida social. Desde entonces, la política argentina intentó reconstruirse, primero apelando al liderazgo fuerte y al relato épico (kirchnerismo), luego al management y la promesa de normalidad (macrismo), después a una síntesis fallida (albertismo). Hasta que apareció Milei, no como anomalía, sino como síntoma.

Aquí aparece una clave central para entender estos años: estamos viviendo el pasaje hacia lo que autores como Gianni Vattimo llamaron la sociedad de la transparencia. Un mundo donde todo se ve, todo circula, todo se expone. Donde no hay mediaciones sólidas ni jerarquías estables. Donde la verdad ya no baja desde arriba, sino que se disputa en tiempo real, en pantallas, redes y conversaciones horizontales.

La vieja sociedad “mecánica”, racional, previsible —la que describían Weber, Gramsci o incluso Marx— funcionaba con engranajes claros: partidos, sindicatos, medios, intelectuales orgánicos. Esa sociedad ya no existe. O, mejor dicho, existe cada vez menos. Y sin embargo, buena parte de nuestras élites políticas, periodísticas y académicas siguen actuando como si nada hubiera cambiado. Siguen recitando el preámbulo, dando discursos de plaza del siglo XX, escribiendo columnas como si Twitter, TikTok o WhatsApp no hubieran reformateado el vínculo entre poder y ciudadanía.

Las redes sociales no son un detalle tecnológico: son una transformación antropológica. Cambiaron la forma de informarse, de indignarse, de creer, de organizarse. La sociedad de hace diez años no es la misma que la actual. Y quienes sostienen que “todo tiempo pasado fue mejor” no están defendiendo valores: están mirando la realidad con lentes vencidos.

Esto explica, en parte, por qué ya no convocan los discursos largos ni las liturgias partidarias. Por qué un líder puede movilizar millones desde un celular, mientras otros fracasan con actos multitudinarios. Por qué Cristina ya no interpela como antes, no por falta de épica, sino porque la sociedad dejó de responder a ese formato. No es superficialidad: es cambio de época.

Ahora bien, reconocer esto no implica celebrar todo lo nuevo ni negar los problemas. La democracia argentina no resolvió cuestiones estructurales —pobreza, desigualdad, informalidad— y en algunos casos las empeoró. La frustración social es real. El enojo también. Pero quedarse en el “deber ser”, en la nostalgia institucional o en el moralismo ilustrado, nos impide discutir lo que viene.

Y lo que viene es enorme.

Hacia 2050 vamos a discutir robótica, automatización del trabajo, inteligencia artificial, nuevas expectativas de vida, nuevas formas de empleo y de exclusión, nuevas políticas públicas para una sociedad radicalmente distinta. Ninguno de esos debates puede encararse con los manuales del siglo pasado ni con la ilusión de que el orden volverá solo.

La mirada esperanzadora no está en negar el conflicto, sino en asumirlo con realismo. En entender que los liderazgos ya no se construyen como antes, que la autoridad se gana todos los días, que la política dejó de ser vertical y se volvió conversacional. Que la transparencia —con todos sus excesos— llegó para quedarse.

Tal vez el mayor desafío de la Argentina no sea económico ni institucional, sino cultural: animarse a pensar la política sin miedo al presente. Porque solo cuando dejemos de idealizar el pasado podremos empezar a discutir, en serio, el futuro.

El 20 de noviembre no es una fecha decorativa del calendario cívico: es un recordatorio incómodo, desafiante, y profundamente político. Ese día, en 1845, en la Vuelta de Obligado, la Confederación Argentina enfrentó a las dos potencias más grandes de la época —Inglaterra y Francia— en defensa de algo que hoy sigue en disputa: la soberanía nacional. Se perdió la batalla, pero se ganó la guerra simbólica y política. Porque desde ese día quedó claro para el mundo que este territorio no era una colonia disponible para abrir a los cañonazos.

Hablar de soberanía no es un ejercicio de nostalgia histórica. Es una discusión actual que atraviesa nuestra economía, nuestros recursos, nuestra memoria y nuestro futuro. Cada vez que se pone en agenda la entrega del río Paraná, la subordinación de decisiones económicas al poder financiero internacional, el deterioro de la producción local o el vaciamiento cultural, vuelve a emerger la pregunta fundante: ¿quién manda en la Argentina?

La soberanía no es una consigna romántica de tiempos pasados. Es la condición material para decidir cómo queremos vivir. Sin soberanía territorial, nuestros puertos quedan en manos ajenas. Sin soberanía económica, nuestras decisiones quedan atadas a planillas de Excel extranjeras. Sin soberanía cultural, terminamos repitiendo discursos importados que nos enseñan a desconfiar de nosotros mismos.

El presente argentino exige recordar Obligado no para repetir un discurso épico vacío, sino para recuperar una brújula política. La autodeterminación no es gratis: requiere planificación, producción, educación crítica, un Estado capaz y una sociedad dispuesta a no resignarse al rol de espectadora.

Defender la soberanía hoy no implica empuñar sables ni cañones, sino construir industrias estratégicas, proteger recursos naturales, apostar a la ciencia local, garantizar la alimentación del pueblo, fortalecer la democracia y promover una identidad cultural que no se rinda ante la agenda global del descarte.

La soberanía no se declama: se ejerce. Y como en 1845, habrá presiones, sanciones y campañas para desestimarla. Pero la enseñanza permanece intacta: un país vale lo que vale su decisión de no entregarse. Cada 20 de noviembre nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a sostener esa decisión. Porque sin soberanía, no hay Nación; apenas hay territorio. Y la historia demuestra que los territorios sin voluntad se los quedan otros.

Cada vez que se acerca el 12 de octubre, una parte del mundo político, educativo y mediático enciende una suerte de ritual: reescribir el pasado con el lenguaje del presente. Lo que fue, durante siglos, una fecha de conmemoración por el inicio del proceso que unificó cultural y lingüísticamente a medio continente, se ha vuelto una jornada de acusaciones simbólicas, maniqueísmos históricos y gestos expiatorios que no se sostienen ni desde la historiografía rigurosa, ni desde la sensatez política.

Vivimos un tiempo donde el relato reemplaza al hecho, la emoción al juicio y el slogan a la lectura crítica. Desde hace años, el 12 de octubre ha dejado de ser el “Día de la Raza” (nombre cuestionable pero comprensible en su contexto), para pasar a llamarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Sin embargo, el nuevo nombre no ha traído mayor respeto ni más diversidad, sino una banalización progresiva del debate sobre nuestra historia. Lo que se impone es una narrativa donde hay buenos y malos, víctimas eternas y victimarios eternos, una colonización que solo oprimió y unos pueblos originarios congelados en la idealización.

Pero la historia, si se la toma en serio, no permite relatos planos. El arribo de Cristóbal Colón a América marca el inicio de un proceso que —con todas sus violencias y contradicciones— también fue el punto de partida de una civilización nueva. América Latina no existiría sin esa síntesis brutal y fascinante entre Europa y las culturas indígenas. Y aunque hoy suene incorrecto decirlo, fue esa España del Siglo de Oro, católica y universalista, la que hizo posible una idea de humanidad en común, un idioma común y con una noción del bien y del mal trascendente.

Ni idealización de los conquistadores, ni victimismo eterno. Es hora de tratar de entender —no de juzgar— lo que fue ese acontecimiento. Porque los juicios morales lanzados desde el siglo XXI sobre los actos del siglo XVI, no solo son injustos: son infantiles. No había en 1492 una ONU, ni derechos humanos modernos, ni pueblos "indígenas" en el sentido actual. Había imperios enfrentados, dioses exigentes, sacrificios humanos, oro, pólvora, ambición, y también misioneros que enseñaron el alfabeto, defendieron a los nativos y creyeron que podían civilizar evangelizando.

Citar a Bartolomé de las Casas como único argumento de la maldad española es tan pobre como afirmar que todos los pueblos precolombinos eran pacíficos custodios del equilibrio ecológico. La historia es más compleja. Hubo violencia, sí. También hubo mestizaje, universidades, ciudades, sincretismos culturales y un concepto de dignidad humana que ninguna otra potencia colonizadora intentó siquiera aplicar con tanta coherencia como la monarquía católica hispánica.

Hoy, los hijos de esa mezcla, nos avergonzamos del espejo. Nos parece más elegante denunciar a nuestros ancestros que entenderlos. Nos resulta más cómodo acusar a España que discutir por qué nuestras propias repúblicas fracasaron tantas veces en construir un proyecto nacional viable. La culpa es una gran coartada para el subdesarrollo.

¿Y qué hacemos mientras tanto con el presente? ¿Reescribimos manuales escolares donde se omite el legado hispánico, el idioma castellano, las catedrales, los códices, las leyes, la lengua? ¿Seguimos hablando de “resistencia indígena” como si viviéramos en 1530? ¿Seguimos usando el indigenismo como sustituto del pensamiento?

No se trata de celebrar ingenuamente la conquista, sino de madurar políticamente como sociedad. De entender que somos fruto de un mestizaje civilizatorio y que negar esa raíz hispánica es negarnos a nosotros mismos. No existe un “nosotros” latinoamericano sin esa herencia. La patria no se construye desde el remordimiento, sino desde la asunción lúcida de lo que somos: mezcla, trauma, gloria y contradicción.

El 12 de octubre no necesita ser cancelado, ni resignificado desde un progresismo culposo. Necesita ser comprendido. Con rigor, con historia, con contexto. Y, por qué no, con un poco de gratitud hacia ese pasado que, con todos sus errores, nos dio una lengua común, un horizonte espiritual y una idea compartida de civilización que todavía puede tener algo para decirnos.

En su libro "La Inflación como Delito", el reconocido economista Ricardo Rojas plantea una perspectiva audaz y convincente: la inflación es un delito que afecta directamente a la sociedad. En este libro el autor expone los efectos perjudiciales de la inflación en la economía y en la calidad de vida de las personas.

La inflación, entendida como el aumento del dinero circulante, no solo erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino que también genera incertidumbre y desequilibrios en el  mercado. Este fenómeno es resultado de políticas económicas irresponsables y de la extralimitación de los gobiernos, sumada a la falta de control por los ciudadanos. En Argentina nos hemos acostumbrado a dar a la inflación una explicación multicausal y desechamos las explicaciones más reconocidas desde el punto de vista académico. Mientras en el mundo se sostiene X, acá sostenemos Y. La particularidad argenta, la regla de la excepción. 

Tenemos que decir de forma clara, que la inflación actúa como un impuesto oculto y regresivo, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. A medida que el dinero circulante aumenta,  el salario real disminuye, lo que implica una reducción en la capacidad de compra de bienes y servicios básicos. Esto perpetúa la desigualdad, dificulta el desarrollo económico sostenible y libera de toda  responsabilidad a los funcionarios políticos: el famoso “Plan Platita”, que caracterizó las gestiones kirchneristas. 

Hay que sostener sin relativismos que la inflación distorsiona las decisiones económicas, desincentivando la inversión y el ahorro; que los agentes económicos se ven obligados a tomar medidas defensivas para protegerse de la pérdida de valor de la moneda y que esto lleva a la especulación y al estancamiento económico. No hay que dar concesiones en esto. 

Ciertamente la inflación genera un ambiente propicio para la corrupción y el lavado de dinero. La falta de estabilidad económica y la depreciación constante de la moneda facilitan prácticas ilegales y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

Debemos considerar a la inflación como un delito, dar ese cambio cultural. Los efectos de las políticas inflacionarias impactan negativamente en la economía y en la calidad de vida de las personas. Esto es innegable. Tenemos que fomentar un cambio cultural y sostener de manera objetiva, realista y verdadera que es necesario tomar medidas responsables y efectivas para combatir este infame latrocinio. En definitiva, es necesario en este cambio de época sostener la verdad.