​El reciente encuentro de "Radicales en Gestión" en Villa Elisa no fue solo una instancia de debate partidario; fue un ejercicio de responsabilidad histórica. Allí coincidimos en una certeza: para gobernar un mundo caótico, primero hay que llamar a las cosas por su nombre.

​La provincia que hoy gestionamos no es fruto del azar, sino de un diseño político deliberado. Entre 2003 y 2015, la escasa representación de la Unión Cívica Radical en la Legislatura y en las intendencias dejó las manos libres al oficialismo de turno para configurar el actual estado de situación.

Esa ausencia de contrapesos fue la piedra angular sobre la que el PJ cimentó las dificultades estructurales que hoy asfixian al Estado entrerriano.

​Los números no mienten y son la prueba del pasivo oculto que nos interpela diariamente. Si analizamos el período 2005-2023, la asimetría es alarmante: mientras la población creció apenas un 12%, el empleo público se disparó un 35% y la Caja de Jubilaciones crujió con un aumento del 68%.

​Este modelo de "Estado refugio" tuvo un costo directo en el desarrollo:

​Déficit Acumulado: Entre 2011 y 2017 se consolidó un rojo de 1.387 millones de dólares.

​Desinversión: La obra pública, motor de competitividad, pasó de representar el 15% de los recursos totales a un raquítico menos del 6%.

​Como bien señala Giuliano de Empoli, citando a Henri Bergson, de diez errores políticos, nueve consisten en seguir creyendo verdadero lo que ha dejado de serlo. El error más grave, sin embargo, sería dejar de creer en lo que sigue siendo cierto.

​Sigue siendo cierto que el radicalismo es la fuerza capaz de aportar previsibilidad y transparencia. Pero también es cierto que la nueva conducción de la UCR deberá gestionar en un escenario donde las viejas recetas de expansión burocrática ya no tienen lugar. Nuestra histórica "ausencia" en los espacios de decisión tuvo consecuencias tangibles en los municipios y en la provincia; hoy, nuestra presencia debe ser el sello de la eficiencia.

​Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos con los recursos que nos dejaron. El compromiso asumido en Villa Elisa es claro: no volver atrás. La gestión actual está enfocada en sanear las cuentas y recuperar la inversión en infraestructura, porque sabemos que cada peso que se pierde en la ineficiencia es un camino que no se repara o una escuela que no se mejora.

​Agradezco profundamente el encuentro de ayer. Nos llevamos la convicción de que el debate interno fortalece la gestión externa. Sigamos adelante; la reconstrucción de Entre Ríos nos exige estar a la altura de lo que sigue siendo cierto: la política, si no es para transformar la realidad de la gente, no es nada.

El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

“Lo que hace el PJ es comparar montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y muchas devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, afirmó.

Dal Molín señaló que ese tipo de comparaciones omiten deliberadamente el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

“Para evitar justamente esa distorsión, la comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, agregó.

El senador también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento en la gestión kirchnerista que gobernó por más de dos décadas nuestra provincia. Por más que hayan incrementado una deuda casi inexistente y la hayan llevado a valores muy altos, este porcentaje sólo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, señaló.

Dal Molín remarcó además que, cuando se analiza correctamente la capacidad de pago de la provincia, el panorama es claro. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó.

Uno de los puntos más importantes del discurso del gobernador Rogelio Frigerio fue la decisión de abordar con claridad la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. No es un tema cómodo. Pero es un tema inevitable.

La Caja fue una de las áreas más críticas que recibimos después de 20 años consecutivos de gobiernos del PJ. El déficit anual alcanzaba el 40 % y, de no haber intervenido con medidas de orden y control, hoy superaría el 50 %.

Estamos hablando de una amenaza concreta a la sustentabilidad del sistema y, en consecuencia, al pago futuro del 82% móvil.

La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar bombas de tiempo. En materia previsional, eso implicó gestión, control, revisión de procesos y medidas que permitieron reducir a la mitad el déficit hacia el que nos encaminábamos.

Ese esfuerzo fue real y cuantificable.

Pero sería irresponsable afirmar que el problema está resuelto. Sigue existiendo un desbalance estructural que requiere un debate serio y profundo.

Durante años, la discusión previsional fue postergada por conveniencia política. Se eligió no abordar reformas estructurales para evitar costos coyunturales. Esa decisión acumuló un problema que hoy debemos enfrentar con madurez institucional.

Necesitamos abrir un debate para construir entre todos un sistema más moderno, más justo, más transparente y sostenible en el tiempo.

Y cuando hablamos de reforma, es importante despejar fantasmas: reformar no es recortar derechos. Reformar es garantizar que esos derechos puedan sostenerse dentro de 10, 20 o 30 años.

La discusión no es si queremos el 82% móvil. La discusión es cómo lo aseguramos de manera responsable, sin comprometer el futuro financiero de la provincia ni trasladar la carga a las próximas generaciones.

El gobernador fue claro y respetuoso: vamos a invitar a dialogar a la oposición y a los representantes de los trabajadores. Queremos escuchar aportes y construir consensos. Pero no podemos desconocer el problema estructural que existe.

El equilibrio fiscal que logramos en la provincia no puede ponerse en riesgo por evitar debates necesarios. Pasamos del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación, cumplimos vencimientos de deuda heredada y recuperamos confianza institucional. Ese orden no puede desarmarse por inacción.

La sostenibilidad previsional no es una consigna ideológica. Es una obligación técnica y moral.

Si no actuamos ahora, el problema será mayor y las soluciones más dolorosas en el futuro.

La política responsable no es la que promete lo imposible. Es la que garantiza que lo prometido pueda cumplirse.

La reforma previsional debe tener ese objetivo: asegurar el 82% móvil, preservar la Caja y proteger el equilibrio financiero de Entre Ríos. Eso exige diálogo. Pero también exige decisión.

Una vez más, el contador Álvaro Gabás intenta instalar un relato falaz sobre la situación financiera de Entre Ríos. Esta vez, lo hace afirmando que “la deuda pública creció un 28% durante el primer año de gestión de Frigerio”, basándose en una lectura parcial, estrictamente nominal y maliciosamente orientada.

Nadie niega que los números nominales publicados por la Contaduría General indiquen que la deuda pasó de $584.777 millones a $750.497 millones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Pero si alguien con conocimiento técnico ignora el contexto inflacionario y la evolución de los ingresos, está manipulando la información. Así de simple.

En términos reales, la deuda pública de Entre Ríos se redujo un 41%. Esta cifra surge de un análisis responsable, que toma en cuenta la inflación del período y la evolución del tipo de cambio. Es el único modo sensato de comparar dos momentos separados por un año en una Argentina inflacionaria. Lo contrario es, en el mejor de los casos, desconocimiento; en el peor, mala fe.

Además, el indicador más razonable para dimensionar el peso de la deuda sobre la economía provincial es la relación entre deuda total e ingresos totales. En 2023, ese ratio era del 44,8%. Un año después, con la deuda ajustada y los ingresos consolidados, ese mismo indicador cayó al 21,1%. ¿De verdad alguien puede sostener que la provincia está más endeudada?

Tampoco es un dato menor que el resultado financiero negativo heredado del último año de gestión del PJ representaba el -5,19% de los ingresos totales. En 2024, ese rojo se redujo al -1,32%, sin apelar a recortes brutales ni a ajustes indiscriminados.

Este gobierno asumió con cuentas desordenadas, con una Caja de Jubilaciones en crisis, con el IOSPER al borde del colapso y con un Estado provincial sobredimensionado, ineficiente y con deudas ocultas. Aun así, se logró encauzar la administración financiera sin paralizar la gestión, defendiendo una pauta salarial responsable, cumpliendo con los compromisos asumidos y apuntalando obras estratégicas.

¿Hay margen para mejorar? Por supuesto. Pero nadie puede negar que hoy Entre Ríos tiene una administración más ordenada, más previsible y con mejores indicadores fiscales que hace un año.

Resulta curioso que quienes gobernaron durante dos décadas, acumulando déficits, postergando inversiones y comprometiendo el futuro de los entrerrianos, ahora pretendan dar lecciones. Les sugeriría, al menos, que comparen indicadores equivalentes. O como decimos en el campo, que no mezclen peras con manzanas.

En las últimas semanas se han escuchado distintas voces que cuestionan el rumbo del radicalismo entrerriano y, con ello, también la pertenencia de nuestro partido al gobierno que encabeza Rogelio Frigerio. Como militante radical de larga trayectoria y como integrante activo de este proceso político, creo necesario aportar una mirada que ponga por delante la sensatez, la responsabilidad y, sobre todo, la honestidad política.

Nunca escuché a Rogelio Frigerio prometer que gobernaría solo con radicales. Muy por el contrario: desde el inicio planteó una construcción amplia, abierta y plural. En su libro Soñar en Grande (Editorial Aguilar), reafirma que el desarrollo requiere "integración social y política interna". No es un eslogan: es una convicción que ha guiado la forma en la que se conformó su gobierno.

Quien hoy desconozca esta realidad, simplemente no ha querido escuchar. El proceso electoral que nos condujo al gobierno fue claro: se saldó con liderazgos legitimados en las urnas, dentro de un marco de respeto mutuo entre quienes integramos esta coalición. El radicalismo no fue un convidado de piedra: participó activamente, definió estrategias y asumió compromisos que hoy se traducen en responsabilidades concretas.

La vicegobernación, legisladores, intendentes, presidentes de juntas, funcionarios clave en el gabinete provincial… La presencia radical en el gobierno no solo es significativa: es parte del basamento político y territorial de esta gestión. Pero no debemos confundir integración con exclusividad. Gobernar no es imponer; es coordinar, dialogar, ceder y construir.

Durante años, desde el radicalismo fuimos impulsores de muchas de las ideas que hoy se están llevando adelante: transparencia, orden fiscal, modernización del Estado, federalismo bien entendido. Esas banderas hoy no solo están en pie, sino que se ejecutan en políticas públicas reales. Claro que no alcanza con 14 meses. Tal vez no alcance con una sola gestión. Pero es innegable que se ha empezado a cambiar un rumbo que estaba agotado.

Como radicales, vamos a acompañar todo lo que se haga bien, siempre que no se contradigan nuestros principios. Lo importante no es quién hace las cosas, sino que se hagan bien. Con honestidad, con responsabilidad, con visión de futuro. La pluralidad no es una amenaza: es una virtud democrática que mejora ideas y amplía horizontes.

Respetamos todas las posiciones internas, como corresponde en un partido con estructura horizontal y vocación democrática. Pero anticipar escenarios futuros con tono de sentencia, cuando aún estamos en plena etapa de gestión y construcción, no es más que una expresión apresurada. En un país tan inestable como el nuestro, alimentar la confusión no ayuda: desorienta más a una sociedad que necesita certezas.

Defender la gestión de la que somos parte no es una cuestión de disciplina, sino de coherencia. No hay que confundirse: el radicalismo no está en crisis. Está en movimiento. Y sigue siendo, como lo ha sido a lo largo de su historia, protagonista de los cambios que la provincia necesita.