Me refiero tanto a la Constitución Nacional como a la provincial, ambas establecen en sus artículos 14 bis y 82, respectivamente, que el salario de los trabajadores debe consistir en una retribución justa y conforme al costo de vida.

Según nuestras Constituciones el salario no podría perder ante la inflación, es lo que ordena la Constitución de la Provincia de Entre Ríos taxativamente y el concepto de retribución justa de la Constitución nacional.

Estamos acostumbrados a que los gobiernos nos presenten cuestiones presupuestarias y de esa forma pretendan incumplir con la norma constitucional y otorguen ajustes por debajo de la inflación que no están conformes con el costo de vida, pero lo que estamos viendo en estos tiempos por parte del gobierno de Frigerio es una descarada demostración de la violación de la Constitución con todas las letras y en todos los medios.

El gobierno de Frigerio amenaza por los medios que, si un sindicato rechaza la oferta, los aumentos insuficientes no serán abonados y ya lo hizo de esta forma en el mes de marzo.

Evaluemos esta situación, si el gobierno provincial ofrece un aumento salarial, aunque sea insuficiente, es porque los recursos de los entrerrianos disponen de fondos para una recuperación salarial que es necesaria, esos fondos deben ser destinados para cumplir esa obligación, no destinarlos es una malversación de fondos del Estado y esto debe ser tomado por un fiscal que actúe de oficio y denuncie esta irregularidad, este hecho ya sucedió en el mes de marzo y en este momento está siendo anunciado a través de los medios que tomarían la misma decisión con la oferta salarial.

El gobierno entrerriano extorsiona a los docentes anunciando que, si el congreso de AGMER rechaza la oferta por insuficiente, se quedará con ese dinero, que, de acuerdo a la Constitución, debe ser destinado para ese fin. El gobierno entrerriano está sumergiendo en la indigencia a miles de docentes de la provincia, con salarios que son de $ 335.217 un 10% por debajo de lo que fue la línea de la indigencia en el mes anterior que se estableció en $ 373.044 y muy cerca de la nada misma si lo comparamos con la línea de la pobreza, que fue de $ 828.158, el salario docente inicial cubre sólo el 39% de la Canasta Básica, traducido en días, de acuerdo a las mediciones del INDEC cubre 12 días de un mes.

Ante esta trágica situación económica de la docencia, el gobierno recurre a la estrategia macabra, perversa e inhumana de decir que, si se quejan, ni siquiera destinará los fondos que están disponibles para salarios, amenazando en el diálogo al sustento de los hijos de los docentes.

Nuestra Constitución es sabia e impide gobernar de esta forma, pero el gobierno no tiene escrúpulos en incumplirla y anunciar el incumplimiento por los medios, es el Poder Judicial el que tiene que actuar resguardando el incumplimiento de la Constitución y si no actúa, la responsabilidad será compartida.

Analicemos brevemente las implicancias de estos anuncios, si una oferta salarial se rechaza gremialmente es por el ejercicio de una decisión democrática que se trata en asambleas y congresos, pero más allá de eso existen docentes que se mantienen al margen, incluso algunos que no se suman a las medidas de fuerza y además están todos los docentes jubilados que no realizan medidas de fuerza y también merecen las actualizaciones salariales, el gobierno utiliza una herramienta perversa para castigar a un sindicato, que ejerce un derecho también garantizado por la Constitución, y castiga a mansalva a todo aquel que maneje una tiza o la haya manejado antes de jubilarse, ¿se dimensiona la perversidad?, hay docentes que no sienten ninguna pertenencia gremial, que no entienden el valor de un sindicato, que no se sienten sujetos de derecho en este sentido, también son castigados, hay jubilados que ni siquiera viven en la provincia, también son castigados.

Ante un gobierno que desprecia los mandatos constitucionales tanto como a la clase trabajadora que castiga de esta forma, seguramente habrá docentes que manifiesten en las asambleas que quieren aceptar la oferta empobrecedora y esa opinión se respetará si se transforma en mayoría, pero debemos saber que no resolvieron con libertad, que no resolvieron con las garantías que establece la Constitución, aceptarán las violaciones que la oferta implica ante el terror del castigo anunciado y desde la debilidad que produce un salario que se encuentra 10% por debajo de la línea de indigencia.

Quizás el gobierno logre que se acepte su oferta profundamente empobrecedora, que seguramente se ubicará 10 puntos por debajo de la inflación de los tres meses, pero tendrá que saber que la historia nos muestra que ese tipo de gobiernos que pretenden pisotear los derechos del pueblo, tarde o temprano, pagarán sus culpas ante ese pueblo que reacciona.

Estamos conociendo en estos días la noticia del intento del gobierno entrerriano en disponer de recursos para implementar un castigo alimentario familiar a los y las docentes que recurran al derecho constitucional a la huelga como forma de reclamo.

La noticia no es nueva, sino que tiene más de 100 años, la conocemos de muchos momentos de la historia en los cuales han llegado a los gobiernos personas que exponen un profundo desprecio por las y los trabajadores, combinan una fuerte política de empobrecimiento, de quita de derechos y recurren a esta vieja herramienta de castigo, con una burda forma de comunicarla presentándola como un premio cuando es claramente un castigo lo que quieren implementar.

En muchos de nuestros talleres de salario de AGMER hemos tratado este tema, desde hace muchos años, porque sabíamos que llegado un gobierno como el actual iba a ser una medida que intentarían tomar, hemos explicado claramente que la idea de premio está relacionada dialécticamente con el castigo, como docentes nos hemos formado analizando en educación la pedagogía de los premios y castigos, sabiendo que es ridículo hablar de premios solamente, que necesariamente implica la existencia de castigos. Este gobierno que poco sabe de todo lo que sabemos los docentes pretende hacernos creer que lo que quiere implementar es un premio por presentismo y que no nos damos cuenta que el plan es perverso y lo que está proponiendo es un castigo al que reclama por las trágicas condiciones económicas a las que nos han llevado.

El salario real docente ha caído alrededor de un 40% desde septiembre, desde el período de la transición de gobierno e octubre y noviembre y fuertemente desde diciembre, la respuesta que necesitamos del gobierno es que genere y destine los recursos a corregir ese desastre salarial que nos han generado y no que dediquen recursos para implementar un perverso plan de castigo para quienes ejercemos el derecho a reclamar, no queremos bombones para premiar a los que agachan la cabeza ante la situación que sufrimos, tenemos problemas para llenar los platos de comida de nuestras familias, que se guarden los bombones para cuando salgamos de la situación de miseria escandalosa a la que nos han llevado.

Seguramente habrá docentes que no lleguen a comprender el significado del anuncio del gobierno, posiblemente se creerán el cuento del premio por cerrar la boca, agachar la cabeza y no manifestar el reclamo con las medidas de fuerza, les pido que se tomen el trabajo de pensarlo seriamente, sería muy indignante para ellos algún día darse cuenta que se han comido los bombones que les regaló patrón mientras otros sacrificaron sus salarios por luchar por los salarios de todos los docentes, incluso por los de ellos y deberán saber que caen mal al estómago los bombones si no se complementan con comida nutritiva y saludable que se consigue luchando.

No son tiempos para hacer cálculos individualistas, la salida es colectiva, no da la cuenta si consideramos que ahorrándonos el descuento por paro o cobrando individualmente el premio por no luchar me voy a salvar del camino del empobrecimiento, más allá de las convicciones personales que tenga cada uno y en las cuales no me puedo meter, puedo no compartirlas pero tengo que respetarlas, matemáticamente les digo que no les va a dar la cuenta, no hay premio individual o ahorro individual que pueda contrarrestar un empobrecimiento colectivo, en un salario que va camino a perder el 50%, de nada les va a servir ganarse individualmente un 5%, necesitamos a todos en el mismo frente de lucha para recuperar el, por ahora, 40% de salario perdido colectivamente, esa es la única ecuación que les llevará mejoras individuales.

Y por ahora sólo he hablado del paro porque es justamente la medida que pretende castigar el gobierno con su perverso y falso premio, pero tenemos la necesidad de sumar fuerzas colectivamente a todas las decisiones que vayamos tomando en el conjunto, que podemos conocerlas de nuestra historia, movilizaciones, carpas y movidas de todo tipo.

El anuncio salarial de marzo fue bochornoso, en otro artículo he explicado y fundamentado que significó una pérdida del 14,5% en un solo mes, no hay premio posible que pueda compensar esa rebaja, y sería muy indignante personalmente aceptar un premio en un contexto en el que al resto de los docentes le quitaron el 14,5% de su sustento familiar, al menos para mí sería muy vergonzoso hacerlo, quién no sienta vergüenza tiene todo el derecho a hacerlo.

Y lo último, el único premio que está pensando el gobierno es el que surge como castigo para quienes reclamen con paros, pero no hay ningún tipo de premio para los y las miles de docentes que se sacrifican para sostener escuelas en pésimas condiciones, que brindan muchas horas más de las exigidas para solucionar los problemas de sus escuelas, no para eso no hay premios, pero tampoco los reclamamos, lo hacemos por convicción, porque somos los que sostenemos las escuelas, algunos desde hace 30 años, los gobernantes actuales están de paso, para ellos la educación es sólo un trampolín político, ya lo sabemos de sobra, son de afuera de las escuelas y vienen a atacarnos a quienes las sostenemos, luego buscarán un cargo más redituable y hasta se cambiarán de partidos, podrán irse a partidos que están en las antípodas de sus discursos y se convertirán en cómplices del desguace de lo que otrora dijeron sostener como bandera.

Pero dejemos de lado el paro como motivo del castigo, ¿por qué más será castigado un/a docente con el descuento del presentismo?

Será castigado por lo mismo que ya es castigado con el 7% de presentismo, una componente de nuestro salario que fue implementado en la década del 90, ¿casualidad de los tiempos? Actualmente cada día en que un docente no concurre por uso de licencia recibe un castigo del 25% de ese monto.

¿Cuáles son las conductas que se castigan? Enfermarse, la enfermedad de un familiar o concurrir a un curso de capacitación.

Pero hoy se pretende aumentar la dimensión del castigo y combinado con salario que perdió el 40% de su poder adquisitivo, que se encuentra en el 40% de la línea de la pobreza, se está forzando a los y las docentes a hacer todo lo posible para no recibir el castigo económico y no perder ese recurso, deberá concurrir a trabajar enfermo, las enfermedades ocasionan gastos extras, con más razón deberá hacer todo lo posible para no perder el “premio”, deberá concurrir a trabajar enfermo y si es necesario morir en la escuela, si padece una enfermedad contagiosa deberá concurrir igual y ante el pedido de los demás para que no concurra a contagiar, se producirán escenas de pugilato desgarradoras, si tiene a un hijo enfermo en su casa, deberá dejarlo sólo y sin cuidados, debe concurrir a trabajar para no perder recursos que necesita para su atención médica o medicamentos y definitivamente deberá dejar de concurrir definitivamente a cursos de capacitación.

El gobierno provincial planea implementar una medida de castigo por presentismo y hay varias consideraciones para hacer, positivas y negativas, la positiva para el gobernador es poder castigar a los trabajadores a como de lugar, mientras que las negativas, que impactan sobre la vida de los docentes, de sus familias, del resto de los docentes que se pueden contagiar o de la escuela que se quedará sin docentes que se capaciten y se actualicen, no le importan. Entiendo que sólo hay que saber mirar, con este proyecto queda claro el perfil del gobierno que tenemos.

50.000 docentes entrerrianos vivimos de nuestros salarios, trabajamos, sostenemos las escuelas, incluimos a estudiantes con necesidades, le ponemos el hombro a las escuelas, nos capacitamos, nos reunimos para resolver problemas, trabajamos en nuestras casas para llevar materiales y planificar nuestra actividad y tantas otras tareas que muchos no saben, pero con nuestros sueldos sostenemos a nuestras familias y eso es esencial en nuestras vidas.

Desde su llegada al gobierno y en realidad desde un tiempo antes, durante la transición con Bordet, estamos sufriendo una quita del poder adquisitivo de nuestro salario, de nuestro sustento familiar, concretamente 10% de pérdida en octubre y noviembre de 2023, en complicidad con Bordet, acuerdos de transición a cambio de algo que no sabemos, la caída se mantuvo en diciembre y en enero de 2024, hasta llegar a un 24% de pérdida, ya está, a eso ya lo perdimos, hoy nos encontramos en la necesidad de recuperarlo.

En el mes de febrero nos propuso una actualización del 18%, que significó una nueva pérdida ante la inflación, para llevar la pérdida a un 26%, ante el contundente rechazo producido desde las asambleas docentes y definido por los congresos gremiales, decidió mostrar la crueldad de la que es capaz alguien que no siente compasión por el sufrimiento ajeno. Nos quitó la actualización y con haberes de febrero cobramos lo mismo que en enero pero sin el bono en negro, sin los fondos nacionales, encontrándonos con un mes de marzo con el 45% de pérdida para sostener a nuestras familias durante un mes, aberrante estrategia para presionar a la aceptación de una oferta empobrecedora, pero con ese castigo macabro también generó la misma situación desesperante a jubilados docentes que no hicieron paros y a docentes que no se comprometen en las luchas colectivas por nuestros derechos.

Lo que se produjo con haberes de febrero en Entre Ríos, para docentes activos y jubilados fue un verdadero zarpazo sobre el alimento de las familias de los y las trabajadoras de la educación, para presionar ante una oferta empobrecedora nos quitó gran parte de la comida de nuestros hijos, no podemos aceptar de brazos cruzados la crueldad inhumana de un gobernador que tiene semejante falta de escrúpulos. La actualización salarial es su obligación como gobernante y no puede ser utilizada como estrategia ante una lucha docente que reclama con justicia la devolución del salario perdido por las políticas de su gobierno.

Consiente del desastre que nos produjo prometió liquidar la actualización salarial del 18% antes del 15 de marzo, a activos y jubilados, lo esperamos en estado de desesperación, porque para esa fecha ya nos habíamos quedado sin nada, porque cobramos el 55% de nuestro salario real de mesas pasados y esa es la parte que se nos va pagando deudas, pero el 15 de marzo el gobierno provincial incumplió el acuerdo paritario, incumplió la promesa y dejó a miles de docentes activos y jubilados en situación familiar desesperante, una liquidación no se puede realizar en tan poco tiempo, a pesar del esfuerzo que seguramente habrán realizado los trabajadores del sector de liquidaciones, a eso lo sabemos todos, pero el gobernador no tuvo vergüenza en prometer algo que se sabía que no se podía cumplir.

Hoy sufrimos porque no se liquida a tiempo la diferencia salarial que además resulta insuficiente, pero el origen del problema está en lo que decía más arriba, la falta de escrúpulos para jugar con el salario docente, con el sustento familiar.

Lo que se visualiza en el horizonte cercano, muy cercano, es la intensión de continuar con el recorte salarial, con el empobrecimiento de nuestras familias y eso, ya no se puede seguir soportando, las situaciones económicas de la gran mayoría de los y las docentes ya no se pueden sostener, para llegar a cubrir el mes tenemos que recurrir al endeudamiento familiar, esta forma de sobrevivir trae soluciones para un mes pero profundiza los problemas para el mes siguiente.

Tenemos que frenar esta política de empobrecimiento, porque ya conocemos hacia donde nos lleva esta política económica que nos quita recursos y destruye la economía, los entrerrianos ya hemos pasado por situaciones similares y un camino similar a este, en el 2001, nos llevó a cobrar el sueldo en Bonos Federales que no nos permitían sobrevivir, porque no eran aceptados y se aceptaban al 50% de su valor, al 50% de nuestro sueldo.

Paralelamente a la pérdida de salario provincial estamos sufriendo el congelamiento de los montos que eran sostenidos por Nación, el gobierno provincial del Gobernador Frigerio, que acompaña a rajatablas la política antipopular de Milei, dice hacerse cargo del pago de esos fondos, para lo cual cuenta con el enorme prepuesto que se genera al habernos quitado el 26% de nuestro salario, pero con una gran trampa que se pretende ocultar, se abonan los montos que le corresponde a Nación pero a valores nominales congelados, lo que significa, en un contexto de enorme inflación, que ese monto tiende a desaparecer por devaluación, de septiembre a febrero ha perdido el 53% de su valor real, el valor actual de los montos nacionales alcanza a $ 28.700 y su actualización por inflación indica que deberíamos percibir $ 60.200 por cargo.

Si evaluamos nuestro salario de bolsillo, considerando la devaluación que se produjo en haberes provinciales y le agregamos la devaluación por congelamiento de los montos nacionales, la pérdida del poder adquisitivo llega al 29%.

En estos días, en forma muy desprolija y con incumplimiento de acuerdo paritario y de promesas públicas, estaremos cobrando lo que corresponde al 18% de actualización de febrero, pero nuestras economías familiares seguirán siendo desesperantes, porque nos sigue faltando el 29% que nos han quitado en estos pocos meses de gobierno.

Bueno compañeros y compañeras, no quiero sentarme dentro de un mes y hacer el mismo análisis cambiando sólo los números de la pérdida salarial por otros que sean más grandes, porque si me toca hacer lo mismo mes a mes, será mucho el hambre que atraviese a nuestras familias, está en nuestras manos aceptar el hambre de nuestros hijos e hijas, que indefectiblemente irá llegando a nuestros hogares, a varios ya les está llegando, pero mes a mes nos llegará a todos; está en nuestras manos cambiar la historia y tenemos mucha experiencia de luchas que nos han llevado a torcer las intenciones de gobernadores inescrupulosos que han apoyado sus políticas en nuestro empobrecimiento, yo escribo, pero además me sumo a todas las luchas que se decidan en el conjunto, a la espera de las decisiones de la docencia entrerriana.

Sucede hace muchos años, cuando se acercan los momentos de definiciones respecto a la cruda realidad de la Escuela Pública y el salario docente, producidas a partir de gobiernos que empeoran el sistema educativo y empobrecen a los docentes, se lanzan a los medios de comunicación y a la sociedad, mentiras para distraer la atención y al mismo tiempo intentar enfrentar a la sociedad contra los docentes, a sabiendas que existe en la docencia una convicción de lucha para defender a la Escuela Pública y nuestros salarios, que son nuestros ingresos, que son nuestro sustento familiar.

En la apertura de sesiones legislativas, el Gobernador Frigerio, arrojó a la sociedad una gran mentira que luego fue difundida con gran rapidez por los medios de prensa provinciales, aseguró que, en la Escuela Pública, las licencias docentes llegan al 25% y que eso arroja un costo mensual de 3.000 millones de pesos, aseveración profundamente falsa y alejada de la realidad.

La mentira del Gobernador se acerca al concepto de brutalidad por varios motivos, en principio por recurrir a la utilización de una vieja estrategia de los gobernantes, que ya hemos conocido en nuestra provincia y se había dejado de utilizar por resultar de falsedad evidente, pero además fabrica un número que por su exageración termina resultando ridículo.

Escuchar ese número de boca del Gobernador nos resultó absurdo, rápidamente nos pusimos a investigar, a hacer algunos relevamientos y comprobamos lo que ya sabíamos, porque estamos en las escuelas y conocemos la cantidad y los motivos de las licencias, el porcentaje de licencias no supera el 11%, un porcentaje que es similar a otros sectores laborales y que muestra la dimensión de la mentira del Gobernador.

Los y las trabajadoras de la educación estamos sufriendo todo tipo de sufrimientos por rebajas del 25% del salario real, por comprobar que se han detenido todas las obras de reparaciones en escuelas, por encontrarnos con funcionarios designados que tienen poca o nula experiencia en el sistema educativo, por haber cobrado sueldos en negro en el mes de enero en contra de lo que establece la Constitución provincial, por recibir un adicional por transporte que ya no cubre ni la mitad de lo necesario y preparados para encontrarnos con falta de alimentos en los comedores de nuestros niños y adolescentes, con insuficientes fondos para limpieza de nuestras escuelas y varias dificultades más; escuchar además que se nos humille ante la población con la mentira de las licencias es una ofensa que no nos merecemos, que no podemos soportar.

Convocamos al Gobernador a buscar la verdad para presentársela a la sociedad, le proponemos que estudiemos juntos el porcentaje de licencias y que se lo informemos a la sociedad, para sanar las heridas, porque las mentiras gobernantes lastiman a una sociedad.

En realidad, no necesitaríamos hacer muchos estudios, el mismo Gobernador desmintió sus dichos en la misma declaración, al decir que las licencias cuestan 3.000 millones, arrojó el dato demuestra su mentira, el presupuesto mensual de salarios es de alrededor de 30.000 millones, por lo que queda claro que el gasto que ocasionan las licencias es del 10% según sus datos.

Pero vayamos un poco más al fondo de la cuestión, subsanada la mentira, el gasto en licencias no es un gasto innecesario como pretende considerar, es un gasto necesario teniendo en cuenta que las licencias se utilizan en casos de enfermedad de los trabajadores, un derecho consagrado desde que nuestra sociedad tiene una mirada puesta en el ser humano, pretender que el gasto en licencias por enfermedad sea nulo es propio de una mente inhumana, que sin decirlo abiertamente demuestra que un trabajador enfermo debería trabajar a costa de empeorar su salud o ser despedido, muestra una concepción que pretende la destrucción de los derechos laborales.

La licencia de los y las docentes es un tema del cual mucho se habla en nuestra sociedad, pero muy pocas veces se analiza en profundidad, algo que deforma la realidad es el hecho de que cuando toma licencia un docente, se enteran 25 o hasta 200 familias, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenga el docente, pero cuando toman licencia otros trabajadores de otros sectores laborales, generalmente no se entera el resto de la sociedad, esto hace que sea muy fácil atacar a los docentes con este tema, y esa es la bajeza a la que recurre el Gobernador. En mis 30 años de experiencia en las escuelas entrerrianas, es mucho mayor la cantidad de docentes que he visto sacrificar su salud para que sus chicos no pierdan clases que a docentes que se abusan de las licencias, con la complicidad de un médico y un contralor estatal ineficiente, por este motivo quiero reivindicar el trabajo de los docentes y repudio las ofensas recibidas que constituyen una tremenda injusticia.

Cada licencia docente está sustentada por la firma de un médico y es controlada por una auditoría desde el Estado, con lo que queda establecido la legalidad de cada licencia. La gran mayoría del sector docente está compuesta por mujeres, muchas de ellas utilizan licencias por embarazo y maternidad, que es un derecho consagrado en nuestro país, pero también son las mujeres las que generalmente se hacen cargo del cuidado de familiares enfermos, otro derecho establecido en los regímenes de licencias, como vemos, hay mucho para considerar al analizar los porcentajes de utilización de licencias, pero se trata de un debate que el Gobernador decidió no dar, reemplazó todo con una burda mentira y una brutal agresión.

Este miércoles 24 de enero, las calles de Concepción del Uruguay fueron testigos de una movilización sin precedentes, protagonizada por el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU), junto a vecinas y vecinos autoconvocados, en un contundente llamado a defender la democracia. La convocatoria se sumó al paro general impulsado por las centrales obreras, marcando un hito en la lucha contra las políticas gubernamentales que generan un profundo malestar en la sociedad.

La manifestación tuvo como epicentro una concentración masiva frente al Congreso de la Nación, replicada en todo el país, evidenciando el descontento del movimiento obrero organizado y de la ciudadanía en general con la dirección tomada por el gobierno nacional. En las semanas previas, se había advertido sobre la embestida neoliberal, y la respuesta contundente se materializó en las calles, demostrando que la resistencia a estas políticas se libra no solo en el ámbito legislativo y judicial, sino, fundamentalmente, en el espacio público.

Después de recorrer el centro de la ciudad de Concepción del Uruguay, la multitud se congregó en la explanada del Centro Cívico frente a la Plaza Ramírez, donde tuvo lugar el acto central. Allí se dio lectura a un documento consensuado por todas las organizaciones convocantes, centrando la atención en la denominada Ley Ómnibus y su carácter inconstitucional y regresivo. Se destacó la amenaza que representa esta legislación, al derogar o modificar cientos de leyes destinadas a proteger contra el avance del individualismo, la desregulación económica y la renuncia a la soberanía nacional.

El comunicado enfatizó que el proyecto neoliberal busca consolidarse como un Estado que, lejos de ser ausente, vela por la rentabilidad de los privilegiados, desmantelando regulaciones, neutralizando instancias de participación y atacando condiciones de existencia. Se alertó sobre las medidas económicas que atacan directamente a trabajadores, pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores independientes, generando expulsiones del sistema productivo y destruyendo redes de contención social.

En palabras contundentes, se subrayó que el proyecto gubernamental sumerge a la sociedad en la pobreza, eliminando recursos para comedores comunitarios y programas sociales. La marcha se erige como un grito por los derechos laborales, las jubilaciones, la educación y salud públicas, la cultura, el ambiente natural, la soberanía y el orden democrático. Es un llamado a preservar la memoria social y el futuro del pueblo argentino.

En la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de Concepción del Uruguay, se llevó a cabo este viernes una conferencia de prensa que reunió a representantes de diversas organizaciones bajo el paraguas del MOSU (Movimiento Obrero y Social Uruguayense). En un gesto de unidad, participaron de este encuentro voces de la CGT, ambas CTA y la UTEP, junto a ciudadanos autoconvocados bajo la consigna "Democracia Sí", protagonistas de las recientes marchas en contra del DNU presidencial y la Ley Ómnibus.

Los líderes sindicales y los vecinos autoconvocados compartieron en detalle las razones que impulsan su resistencia y cuestionamiento hacia las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia como el proyecto de la Ley Ómnibus fueron señalados como amenazas concretas a los derechos de la clase trabajadora.

En el encuentro, se hizo hincapié en los impactos negativos que estas medidas tendrían en áreas cruciales como el trabajo, la educación, la salud, el medio ambiente, la producción y la institucionalidad democrática. Según los participantes, estas decisiones gubernamentales representan un perjuicio directo para millones de argentinos, dejando en evidencia una pérdida de derechos que afecta profundamente a la población.

Los oradores expresaron su preocupación por la desregulación impulsada por el gobierno, argumentando que esta estrategia exime al Estado de sus responsabilidades y deja desprotegidas a amplias capas de la sociedad. Esta situación, señalaron, pone en riesgo directo los medios y condiciones de subsistencia de quienes dependen de la intervención del Estado para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Además, durante la conferencia se reiteró la importancia de ampliar la base social de rechazo a estas políticas, destacando que cada vez más sectores de la ciudadanía están tomando conciencia de las implicancias a corto, mediano y largo plazo. Se hizo un llamado a una convocatoria amplia, popular y transversal, con el objetivo de sumar a aquellos que aún no han advertido el peligro detrás de las medidas gubernamentales en cuestión.

En relación al paro general convocado por las centrales obreras para el próximo miércoles 24 de enero, se anunció que en Concepción del Uruguay se llevará a cabo una movilización local. La concentración iniciará a las 11:30 en la intersección de 9 de Julio y Los Constituyentes, para luego marchar hasta Plaza Ramírez, donde se dará lectura al documento multisectorial que reflejará las preocupaciones y demandas del movimiento. La convocatoria pretende ser un acto de unidad en la resistencia contra las medidas que, según los participantes, amenazan los derechos fundamentales de la sociedad.