Fundación CAUCE, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Casa Río Lab y Taller Ecologista, organizó el Encuentro Biocultural sobre Agroecología y Resiliencia Climática, que se desarrolló el 30 y 31 de octubre en Rosario, con el apoyo de Agroecology Fund.

La propuesta reunió a productores, representantes de organizaciones, técnicos y profesionales de distintos territorios para intercambiar experiencias y construir estrategias colectivas en defensa de la agroecología.

El encuentro se realizó en el marco de la iniciativa IPA Global y del proyecto Agroecología para la resiliencia climática en Corredores Bioculturales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Uno de los principales ejes de trabajo fue la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada corredor biocultural. La actividad permitió identificar las dificultades que atraviesan las unidades productivas agroecológicas.

Los resultados se plasmaron en una cartografía colectiva que permitió visibilizar distintas tensiones relacionadas con el acceso y la disponibilidad de agua, el estado del suelo, los eventos climáticos, las presiones extractivas y el ordenamiento territorial.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural Parque de España y el Centro Agroecológico Rosario (CAR), donde también hubo espacios para compartir conocimientos, reconocer experiencias productivas y debatir nuevas estrategias.

El encuentro representó una instancia de consolidación del trabajo conjunto realizado durante los últimos meses, que incluyó visitas territoriales y testimonios de productoras y productores de los cuatro corredores.

La iniciativa comenzó en 2026 y tiene continuidad prevista hasta mediados de 2027.

Desde Fundación CAUCE destacaron la importancia de fortalecer las redes de trabajo y generar herramientas de articulación e incidencia que permitan ampliar el reconocimiento y el acompañamiento a la producción agroecológica.

Entre los objetivos planteados se encuentra avanzar hacia un mayor respaldo institucional, social y normativo para quienes desarrollan alternativas de producción de alimentos y promueven otras formas de relacionarse con los territorios.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, constató irregularidades vinculadas con la construcción de un terraplén que interrumpe el escurrimiento del arroyo Villaguay, en el departamento Gualeguay. Según se informó, la situación genera consecuencias ambientales y económicas sobre más de 100.000 hectáreas de la zona.

La inspección se realizó mediante un sobrevuelo del área ubicada frente a Puerto Ruiz, cerca de la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy.

La estructura rodea una superficie de más de 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou. De acuerdo con lo constatado, el terraplén protege esos terrenos frente a posibles inundaciones, pero modifica el escurrimiento natural del agua y perjudica a establecimientos rurales vecinos.

Uno de los principales problemas señalados es la interrupción del curso del arroyo Villaguay, pese a las observaciones y disposiciones realizadas por el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

En la provincia rige la Ley N.º 9172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, además de las obras hidráulicas vinculadas con esos recursos.

La normativa establece principios de equidad y racionalidad ambiental para el desarrollo de actividades económico-productivas.

El organismo encargado de aplicar esta legislación es el Corufa, que tiene entre sus funciones regular, planificar y proteger los recursos hídricos provinciales, además de ejercer el poder de policía en la materia.

En este caso, el organismo ya había formulado observaciones sobre el terraplén y dispuesto medidas para permitir el normal escurrimiento del arroyo Villaguay. Entre ellas, se estableció la necesidad de realizar cortes en la estructura.

Según la información difundida, los propietarios habrían incumplido de manera reiterada las medidas dispuestas por el Corufa para restablecer la circulación del agua.

La situación adquiere mayor preocupación ante la proximidad de posibles inundaciones en la cuenca del río Gualeguay, ya que la interrupción del arroyo podría agravar las consecuencias sobre los campos de la zona.

La constatación realizada por la Fiscalía de Estado vuelve a poner en discusión el impacto de las intervenciones privadas sobre los cursos naturales de agua y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan los recursos hídricos en Entre Ríos.

La Justicia entrerriana ordenó al Gobierno provincial realizar de manera inmediata las obras necesarias para garantizar el libre escurrimiento del arroyo El Salto, en el sector conocido como Puente de Piedra, que conecta el camino vecinal entre Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, en el departamento Diamante.

La resolución fue dictada el 13 de octubre por la Cámara Segunda de Paraná, que estableció como fecha límite el 29 de octubre de 2026 para que la Provincia presente documentación que acredite los trabajos realizados y el estado final del paso de agua.

La medida se adoptó en el marco de un amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental-Causa Ecologista contra el Gobierno de Entre Ríos y la empresa Cristamine S.A.

Según los antecedentes del caso, la condena que obliga a garantizar el paso del agua ya se encontraba firme, pero la Provincia todavía no había cumplido con lo dispuesto judicialmente.

En su resolución, el juez Edgardo Martín N. Cossy evaluó fotografías aportadas por la Fundación CAUCE y concluyó que la instalación de un único caño de mayor tamaño no resulta suficiente para permitir el libre escurrimiento del arroyo.

El Gobierno provincial presentó documentación sobre un anteproyecto para ejecutar una obra de mayor envergadura, con un presupuesto estimado de 220 millones de pesos y un plazo de realización de seis meses.

Sin embargo, el área de Administración y Finanzas informó que esos trabajos no están incluidos en el presupuesto vigente y que su viabilidad presupuestaria debería analizarse durante la elaboración del proyecto de Presupuesto 2027.

Frente a esa propuesta, la Cámara consideró que la intervención proyectada excede lo establecido en las sentencias anteriores y que no es necesario ejecutar una obra de esa magnitud para cumplir con la orden judicial.

La resolución sostiene que la obstrucción podría solucionarse mediante la colocación de más caños, posiblemente de mayor diámetro, para permitir tanto el paso del agua como el de la fauna ictícola.

Según el criterio judicial, la intervención podría concretarse en un plazo breve utilizando los recursos disponibles de la Provincia, sin necesidad de esperar la ejecución del proyecto de mayor costo y duración.

Por ese motivo, la Cámara intimó al Gobierno entrerriano a disponer de inmediato los medios necesarios para cumplir con la sentencia.

Además, ordenó presentar registros fotográficos que permitan verificar las obras realizadas y las condiciones en que quedó el paso de agua antes del vencimiento del plazo fijado.

El Gobierno de Entre Ríos apeló la resolución judicial, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo.

Esto significa que la presentación de la apelación no suspende la ejecución de la medida. En consecuencia, la Provincia debe avanzar con los trabajos ordenados y acreditar su cumplimiento dentro del plazo establecido por la Cámara.

La resolución vuelve a poner el foco en la situación ambiental del arroyo El Salto y en la necesidad de garantizar el escurrimiento del agua en un sector que también cumple una función de conexión vial entre localidades del departamento Diamante.

El Gobierno de Entre Ríos intimó formalmente a la Municipalidad de Pronunciamiento tras detectar infracciones ambientales en el predio de disposición final de residuos de esa localidad. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Ambiente provincial luego de una inspección técnica que constató cuatro focos ígneos activos y el acopio irregular de envases vacíos de productos fitosanitarios.

Según informó el organismo, el fuego se propagaba hacia terrenos linderos y la combustión de residuos a cielo abierto generaba riesgos para la salud pública y la biodiversidad. Además, la densidad del humo representaba un peligro para la seguridad vial sobre la ruta provincial 23.

La práctica está prohibida por el artículo 7 de la Ley provincial N.º 10.311, que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Durante el relevamiento, los inspectores también comprobaron el ingreso y acopio descontrolado de envases vacíos de fitosanitarios dentro del predio municipal.

La Secretaría de Ambiente señaló que esa situación contraviene la Ley nacional N.º 27.279, que establece disposiciones específicas para la gestión de estos residuos. Por tratarse de materiales de manejo especial, los envases no pueden descartarse en vertederos comunes y deben trasladarse a Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados.

Asimismo, la inspección constató incumplimientos en las obligaciones de información técnica previstas en la Resolución N.º 133/09 de la Secretaría de Ambiente.

Ante las irregularidades detectadas, la Provincia ordenó la prohibición inmediata de cualquier tipo de quema en el predio y exigió la extinción total de los focos activos mediante tareas de sofocación y enfriamiento.

El municipio deberá cumplir una serie de medidas dentro de un plazo de diez días hábiles:

La intimación busca que el municipio corrija las irregularidades constatadas y adecue el funcionamiento del predio a la normativa ambiental vigente.

Las investigaciones mencionadas en el material identifican residuos de agroquímicos provenientes de la actividad agropecuaria, pero también señalan como foco de preocupación las descargas industriales y el funcionamiento de las lagunas de tratamiento de Crespo, al que descargan varias industrias del parque industrial, aunque las de mayor caudal, como el frigorífico de aves, poseen sistemas de tratamiento previo de sus aguas residuales.

El recorrido de los cursos de agua explica la dimensión del problema: el arroyo Crespo desemboca en el Espinillo, que a su vez vierte sus aguas en el arroyo Las Conchas, conectado con el río Paraná. Por lo tanto, los posibles efectos de la contaminación no se limitan al entorno inmediato de la ciudad.

El investigador Rafael Lajmanovich distingue dos fenómenos. El primero es la contaminación difusa, provocada por residuos de agroquímicos y otros materiales que las lluvias arrastran desde los campos y terrenos circundantes. El trabajo científico citado detectó residuos de agroquímicos en prácticamente todos los sitios analizados, aunque se trata de un fenómeno extendido también en otras cuencas del centro argentino.

El segundo es la contaminación puntual, procedente de fuentes identificables, como establecimientos industriales o instalaciones de tratamiento. En la cuenca estudiada, las lagunas de Crespo ocupan un lugar central en la preocupación ambiental. Según las conclusiones de la investigación presentadas por el periodista Fabricio Bovier en el programa Memoria Frágil (Canal 9), las precipitaciones intensas pueden provocar su desborde y movilizar efluentes no tratados hacia el arroyo.

El parque industrial Crespo cuenta con nueve fábricas que generan efluentes líquidos: cinco tienen certificado de aptitud ambiental y cuatro se encuentran tramitándolo y recientemente aprobadas. De estas últimas, tres fueron sancionadas en fiscalizaciones recientes por incumplimientos relacionados con sus efluentes. Las tres pertenecen al rubro alimenticio. Se informaron multas de entre uno y doce millones de pesos, según la gravedad de cada caso. Dos empresas apelaron, pagaron las multas y estaban adecuando sus trámites; la tercera había apelado y todavía no había abonado la sanción al momento de la exposición.

Estos datos acreditan la existencia de incumplimientos administrativos y ambientales señalados por las autoridades, pero el material no demuestra que cada empresa sancionada sea responsable de un episodio específico de contaminación, que es multi causal.

María Valdés, coordinadora de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente provincial, explicó que los monitoreos oficiales identificaron un complejo de bacterias fototrópicas del azufre, cuya proliferación produciría la coloración rojiza observada en el agua. Según su explicación, los cambios de temperatura y la presencia de compuestos orgánicos que sirven de alimento a estos microorganismos favorecen esa floración bacteriana.

La funcionaria sostuvo que el fenómeno responde a una combinación de condiciones climáticas, características del curso de agua y actividades productivas. También reconoció que existen industrias que descargan efluentes sin tratamiento previo, aunque señaló que están trabajando en procesos de adecuación.

La explicación bacteriana no descarta la presencia de otros contaminantes ni determina por sí sola el origen de la materia orgánica que favorece esa proliferación. El material no aporta resultados analíticos completos que permitan establecer las concentraciones de las distintas sustancias o evaluar sus efectos.

Valeria Anderle, directora de la Fundación Cauce, informó que esa organización y el Foro Ecologista de Paraná impulsaron una denuncia que dio lugar a una investigación fiscal. Solicitaron nuevos muestreos en los mismos puntos analizados por el equipo científico de Lajmanovich. Anderle cuestionó la insuficiencia de los controles estatales conocidos y sostuvo que buena parte de la información disponible procede de investigaciones independientes y universitarias.

La Secretaría de Ambiente, por su parte, afirma que realiza monitoreos sistemáticos de la cuenca desde que tomó conocimiento de la situación. La diferencia entre ambas posiciones plantea la necesidad de conocer qué análisis se hicieron, sus resultados y las medidas adoptadas a partir de ellos.

La Municipalidad de Crespo informó que incorpora diariamente bacterias para favorecer la degradación de materia orgánica en la red cloacal, reemplaza cañerías deterioradas y remite informes mensuales a la Secretaría de Ambiente. También indicó que exige documentación ambiental a las empresas para habilitar nuevas industrias.

El municipio sostiene que los efluentes industriales del parque ingresan primero al sistema de tratamiento y no se descargan directamente al arroyo. Sin embargo, la preocupación expuesta en un comunicado, es que los desbordes de las lagunas, cuando llueve, u otros problemas de funcionamiento, terminen llevando esos efluentes al cauce.

La información reunida por opinión de especialistas, no permite atribuir toda la contaminación a una sola causa ni establecer qué proporción corresponde a la actividad agropecuaria, a los efluentes industriales o al sistema cloacal. Para hacerlo se necesitan estudios completos, análisis comparables y monitoreos que permitan seguir la calidad del agua desde el arroyo Crespo hasta el Las Conchas.

También es necesario conocer si las lagunas tienen capacidad suficiente para recibir los efluentes y soportar las lluvias intensas, qué sustancias contienen las descargas y qué medidas correctivas se exigen a las industrias que incumplen las normas.

La cuestión central es determinar si los controles existentes alcanzan para identificar las distintas fuentes contaminantes y evitar que sus efectos se propaguen por toda la cuenca. La coloración rojiza es una manifestación visible del fenómeno, pero comprender el problema exige investigar tanto los procesos biológicos como el origen y la composición de los materiales que llegan al agua. En este sentido se debería trabajar seria y muy activamente, porque el agua limpia y tan incontaminada como sea posible en estos tiempos, debe ser preservada en los arroyos entrerrianos.

El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron este lunes un convenio de cooperación que busca profundizar la participación de Entre Ríos en la cadena productiva de Vaca Muerta, con eje en la producción de arenas silíceas y el desarrollo de infraestructura para mejorar la logística.

El acuerdo fue suscripto en las oficinas de YPF en Buenos Aires y contempla también iniciativas vinculadas con proveedores entrerrianos, desarrollo minero, electromovilidad, almacenamiento y modernización de servicios de la provincia.

“Es un acuerdo de cooperación y de interacción con la empresa más importante de la Argentina, y tiene que ver con la posibilidad de integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta, con el potencial enorme y la realidad que tiene”, sostuvo Frigerio.

El gobernador remarcó además que la provincia cuenta con recursos y capacidades que pueden incorporarse a la cadena energética. “No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del convenio es potenciar la producción de arenas silíceas, utilizadas como insumo en la actividad no convencional de Vaca Muerta.

Marín destacó la calidad de la producción entrerriana y afirmó: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.

En ese marco, Entre Ríos e YPF analizarán alternativas para desarrollar la actividad minera y mejorar la infraestructura necesaria para transportar la producción.

El objetivo planteado es avanzar en obras y alternativas de transporte vial, ferroviario y fluvial, para hacer más eficiente la logística y reducir costos dentro de la cadena productiva.

El convenio apunta a que la provincia no participe únicamente como proveedora de arenas silíceas, sino que pueda incorporar a empresas y proveedores locales vinculados con la actividad energética.

La agenda conjunta contempla aprovechar las capacidades productivas y la ubicación logística de Entre Ríos para sumar actividades y servicios relacionados con el desarrollo de Vaca Muerta.

Desde YPF señalaron que una mayor eficiencia logística puede contribuir al desarrollo de la actividad tanto de la compañía como de otras empresas vinculadas al sector.

Otro de los ejes incluidos en el acuerdo es la electromovilidad.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el análisis de proyectos para ampliar la infraestructura de carga destinada a vehículos eléctricos.

También se contempla incorporar sistemas de telemetría a la flota de vehículos públicos provinciales, con el objetivo de mejorar el seguimiento, la administración y el uso de los recursos.

El convenio también incluye el análisis de alternativas para reconvertir y aprovechar activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, particularmente para aceites vegetales.

A su vez, se prevé trabajar junto con municipios en el análisis de herramientas e incentivos fiscales que puedan favorecer la llegada de nuevas inversiones privadas a Entre Ríos.

El acuerdo marco no establece por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para Entre Ríos.

Los proyectos que eventualmente surjan de la cooperación deberán instrumentarse mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos correspondientes.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años.

La firma abre así una agenda de trabajo entre Entre Ríos e YPF que busca ampliar la participación provincial en la cadena de Vaca Muerta, con énfasis en las arenas silíceas, la infraestructura logística, los proveedores locales y nuevas alternativas de inversión.

La extracción de arena silícea en el departamento Islas del Ibicuy, utilizada como insumo para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, volvió a generar cuestionamientos por su impacto ambiental y sobre la infraestructura del sur entrerriano.

El ingeniero agrónomo Carlos Cadoppi, con más de cinco décadas de trabajo vinculado al Delta, abordó la situación durante una entrevista en el programa Moviendo el Avispero que se emite por ElOnce streaming, donde advirtió sobre los efectos que, según su perspectiva, podrían producirse sobre los humedales, los cursos de agua y los caminos de la zona.

Sus declaraciones se suman a un debate que ya tuvo instancias institucionales. En 2024 se realizó en Ibicuy una instancia de participación ciudadana para presentar las conclusiones y recomendaciones de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo sobre la actividad de las areneras silíceas, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata a partir de una disposición judicial.

La arena silícea extraída en Entre Ríos es utilizada en procesos de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales. El crecimiento de Vaca Muerta convirtió a la actividad arenera del sur entrerriano en un eslabón de una cadena productiva que conecta a Ibicuy con la Cuenca Neuquina.

La propia provincia reconoce el tránsito de camiones de gran porte vinculado con el transporte de arena como uno de los factores que genera presión sobre la infraestructura vial de la zona. En mayo de 2026 comenzaron trabajos de bacheo profundo y construcción de alcantarillas sobre la Ruta Provincial 45, uno de los corredores utilizados por el transporte productivo y por vehículos que trasladan arena hacia Vaca Muerta.

Durante la entrevista, Cadoppi sostuvo que la modificación de cursos de agua, la construcción de caminos y la extracción de arena pueden alterar el comportamiento del agua durante períodos de crecientes. “En el Delta nuestro se han cerrado canales, se han cerrado arroyos, se han hecho caminos que ahora, cuando llegue el pronosticado del Niño, va a ser imposible, nos va a inundar de cabo a rabo”, afirmó.

El profesional vinculó esa situación con la extracción de arena silícea y sostuvo que existen sectores donde se estaría profundizando la actividad por encima de lo que considera compatible con las características del ambiente.

El entrevistado también cuestionó la extracción y el lavado de arena con agua subterránea y planteó preocupación por los niveles de hierro y manganeso en el agua destinada al consumo de la población de Ibicuy. Estas afirmaciones forman parte de su interpretación sobre la situación local y no constituyen por sí mismas una conclusión oficial sobre contaminación del agua.

La actividad de las areneras en Ibicuy ha sido objeto de evaluaciones ambientales y de participación ciudadana. En febrero de 2024, el Gobierno de Entre Ríos informó sobre la presentación pública de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA) realizado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata. La instancia se concretó en el marco de un amparo ambiental presentado por Fundación Cauce y Agmer y tuvo como objetivo poner a disposición de la comunidad las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Además, documentación oficial de 2025 registra expedientes correspondientes a estudios y actualizaciones de estudios de impacto ambiental de distintas areneras de la zona, entre ellas Cristamine SA, YPF SA, Cantera La Milagrosa, La Chola II, La Vertiente y Aresil. También se consignan análisis de agua de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y de establecimientos areneros.

Por otra parte, la extracción de arena en la provincia está sujeta a autorizaciones y condiciones ambientales y de uso del agua. Existen antecedentes de intervenciones de la Secretaría de Ambiente ante conflictos vinculados con actividades areneras y de instancias de participación ciudadana para evaluar proyectos.

Otro de los puntos planteados por Cadoppi es el impacto del tránsito pesado sobre la infraestructura vial. El ingeniero cuestionó la cantidad de camiones que circulan diariamente y afirmó que existen diferencias entre los volúmenes de arena declarados y los que efectivamente se transportarían.

Estas acusaciones requieren documentación específica para ser verificadas y no fueron corroboradas en la entrevista con registros oficiales de pesaje. La Provincia, por su parte, informó que realiza controles de carga y dimensiones sobre las rutas y que existen operativos móviles en el acceso a Ibicuy.

La extracción de arena silícea constituye una actividad productiva vinculada con una de las principales cadenas energéticas del país. Al mismo tiempo, su desarrollo genera un debate sobre el equilibrio entre la actividad económica, las necesidades logísticas de Vaca Muerta y la preservación de los humedales del Delta entrerriano.

Ese debate involucra a empresas, trabajadores, autoridades provinciales y municipales, organizaciones ambientales, especialistas y vecinos de Ibicuy.

El desafío planteado es determinar cuáles son los niveles de extracción compatibles con la preservación del ambiente, qué controles deben aplicarse y cómo garantizar que la actividad productiva no genere impactos que comprometan el agua, los ecosistemas y la infraestructura de la región.

En ese sentido, los estudios ambientales, los controles de carga, el monitoreo del agua y la participación de la comunidad aparecen como elementos centrales para evaluar la evolución de una actividad que adquirió una dimensión estratégica a partir del crecimiento de Vaca Muerta.

“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó el mandatario este lunes, en el marco de una reunión de trabajo realizada en Colón.

El encuentro fue encabezado por Frigerio junto al intendente local, José Luis Walser, y contó con la participación de legisladores nacionales y provinciales, además de representantes de distintos sectores. El objetivo fue actualizar información y analizar las gestiones realizadas frente a un proyecto que genera creciente preocupación en la sociedad entrerriana.

Durante la reunión, el gobernador detalló las gestiones diplomáticas llevadas adelante ante autoridades del vecino país. Según precisó, mantuvo cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con ministros vinculados al área, tres de ellas en territorio uruguayo y una en Argentina. En dos oportunidades, agregó, estuvo acompañado por autoridades de la Cancillería argentina, con quienes se expuso la postura provincial.

Frigerio subrayó que el tema excede la órbita provincial. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó. En ese sentido, recordó que ya había planteado la problemática durante la apertura de sesiones de la Legislatura entrerriana, donde insistió en la necesidad de relocalizar la planta proyectada.

El mandatario también señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en elaboración y destacó que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, se incorporó a Colón dentro del área de análisis. “Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos”, sostuvo, acompañado por las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna.

Por su parte, el intendente Walser valoró la presencia del gobernador y su involucramiento en el tema. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.

El jefe comunal advirtió sobre los posibles impactos del proyecto y sostuvo que existe un objetivo compartido de impedir su instalación en esa ubicación. “Defendemos no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”, afirmó.

En ese contexto, Walser reclamó la pronta concreción de la Mesa de Cancilleres entre ambos países y pidió mayor firmeza por parte del gobierno argentino. También cuestionó el accionar de Uruguay, al sostener que avanza con el proyecto sin consulta previa. “Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina”, señaló.

Finalmente, el intendente recordó antecedentes de conflictos ambientales bilaterales, como el caso de la instalación de la planta de celulosa de Botnia, y advirtió sobre la necesidad de evitar que se repita una situación similar en el río compartido.

La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó, junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, un pedido formal de acceso a información pública ambiental ante el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay. La solicitud está vinculada al proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en el departamento de Paysandú.

El requerimiento surge ante la preocupación por los posibles impactos ambientales que la iniciativa industrial podría generar en la cuenca compartida del río Uruguay. Las organizaciones firmantes remarcaron la necesidad de contar con información precisa y completa para evaluar los efectos potenciales del emprendimiento, especialmente en comunidades de ambos países.

En ese marco, el pedido incluye el acceso a documentación clave relacionada con el proyecto, entre ella el expediente administrativo completo, estudios de prefactibilidad, evaluaciones de impacto ambiental, informes técnicos de organismos públicos y resoluciones o autorizaciones otorgadas. También se solicita información específica sobre el uso de recursos hídricos, emisiones, efluentes, residuos y evaluaciones de impacto ambiental, social y sanitario.

Asimismo, las organizaciones requirieron datos sobre posibles impactos transfronterizos, instancias de participación pública realizadas o previstas, convenios entre el Estado uruguayo y la empresa, y comunicaciones con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Otro de los puntos destacados del pedido refiere a la localización del proyecto en relación con el área natural protegida Islas del Queguay, incorporada al sistema de áreas protegidas de Uruguay en 2025, lo que añade una dimensión adicional de sensibilidad ambiental.

Desde la Fundación CAUCE subrayaron que el acceso a esta información resulta esencial para garantizar el control democrático y la participación ciudadana informada, derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo establece estándares para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Finalmente, la solicitud recuerda que el acceso a la información pública constituye un derecho humano reconocido por la jurisprudencia del sistema interamericano, y enfatiza la obligación de los Estados de prevenir daños ambientales que puedan afectar a otros países, particularmente en contextos de ecosistemas compartidos.

Durante el último año, el municipio plantó 690 árboles en distintos puntos de la ciudad, una iniciativa que permitirá absorber de manera estimada unas 138 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a lo largo de los próximos 20 años, contribuyendo de forma concreta a la reducción de gases de efecto invernadero.

El intendente Marcelo Cerutti expresó su satisfacción por la distinción y valoró el trabajo sostenido que la ciudad viene desarrollando en materia ambiental. “Se premió una actitud y un compromiso que Crespo mantiene desde hace mucho tiempo, especialmente en todo lo relacionado con el ambiente y la forestación urbana”, afirmó. Además, remarcó que el reconocimiento también pone en valor la participación activa de los vecinos en el cuidado de los árboles.

En ese marco, Cerutti invitó a la comunidad a sumarse a la iniciativa acercándose al vivero municipal para retirar ejemplares. “Promovemos que los vecinos planten árboles en los frentes de sus casas. Desde el municipio entregamos el ejemplar y luego cada uno asume el compromiso de cuidarlo para que crezca”, explicó.

Por su parte, la ingeniera ambiental Sofía Ballespin, integrante de la Subdirección de Ambiente, destacó que el certificado de la RAMCC se basa en un relevamiento exhaustivo de los árboles implantados durante 2025, tanto por el municipio como los entregados a frentistas.

Ballespin detalló que la absorción de 138 toneladas de CO₂ en dos décadas “equivale, por ejemplo, a sacar de circulación unos 30 autos durante un año, o a un vehículo que recorra 500.000 kilómetros, lo que representa unas 14 vueltas al mundo”. Asimismo, subrayó que el impacto del proyecto se proyecta a largo plazo, fortaleciendo el desarrollo sostenible y la resiliencia de la ciudad frente a eventos climáticos extremos.

La iniciativa priorizó la plantación de especies autóctonas y adaptadas a la región, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad local. Entre las especies implantadas se encuentran espinillo, algarrobo, ñandubay, ceibo, aguaribay, ombú, tala, lapacho amarillo y rosado, jacarandá e ibirá pitá, entre otras.

Finalmente, Miguel Pusineri, desde el Eco-Jardín Educativo y el Vivero Municipal, destacó el valor educativo del espacio, donde se trabaja en la reproducción de especies principalmente autóctonas a partir de semillas. Allí se reciben escuelas y vecinos con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la biodiversidad y de promover una relación armónica con la naturaleza.

La posición sostenida desde el inicio por el gobernador Rogelio Frigerio respecto del proyecto de la planta de hidrógeno verde, que se proyecta en la costa uruguaya frente a Colón, comienza a reflejar avances concretos, en línea con los planteos realizados por el gobierno provincial.

En los últimos días, el gobierno uruguayo requirió a la empresa HIF Global que incorpore a Colón dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental, un paso que se inscribe en el reclamo impulsado por la Argentina y acompañado activamente por la provincia de Entre Ríos.

Desde que se tomó conocimiento de la iniciativa, Entre Ríos manifestó de manera temprana su preocupación por la localización del emprendimiento, solicitó información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.

En ese marco, el mandatario viajó en dos oportunidades a la República Oriental del Uruguay para abordar este tema de manera directa, y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales, entre ellas un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, donde expuso la preocupación de Entre Ríos y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.

Frigerio planteó desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades, y sostuvo que la cercanía del proyecto a una ciudad como Colón hacía necesario revisar su emplazamiento.

En ese sentido, el gobierno entrerriano reiteró que no se cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino a la localización elegida para una iniciativa de gran escala, que podría generar impactos no deseados sobre una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.

La ampliación de los estudios ambientales representa un reconocimiento a la validez del planteo entrerriano, aunque desde el Ejecutivo provincial se considera que se trata de un paso necesario pero aún insuficiente, y se mantiene la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.

Ante ello, el Gobierno de Entre Ríos continuará sosteniendo esta posición con responsabilidad institucional y vocación de diálogo. Haber actuado con anticipación, compromiso personal del gobernador y claridad en los planteos, permitió que el reclamo provincial sea escuchado y genere avances concretos en el análisis del proyecto.

La Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala II, admitió formalmente el inicio de una acción de amparo ambiental colectivo caratulada “Rosso Janet Ximena c/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo”, Expte. Nº 13805, mediante la cual se solicita la suspensión de fumigaciones en torno al área urbanizada de los barrios Tierra Alta I, II y III, en jurisdicción de Colonia Ensayo.

La demanda pide que se prohíban las aplicaciones terrestres de agroquímicos en un radio de 1.095 metros y las aéreas en un radio de 3.000 metros, tomando como referencia los límites de urbanización. Además, reclama que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 63 y 66 de la Ley 11.178, por considerar que contradicen una sentencia firme dictada en el expediente “Rosso Ximena c/ Haberkorn César Gabriel, Roskopf Sonia, Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo Ambiental”, Expte. Nº 18691, al reducir —según se plantea— la protección ambiental ya reconocida. También se argumenta la violación de principios ambientales como la objetivación, la no regresión y el principio precautorio.

La acción se dirige contra el Gobierno de Entre Ríos, los productores Mauro Ariel Haberkorn y César Gabriel Haberkorn, Sonia Roskopf y la Comuna de Colonia Ensayo.

Entre las primeras medidas procesales, el Tribunal ordenó correr traslado de la acción a la Provincia mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y dispuso mandamiento en soporte papel para el codemandado Mauro Ariel Haberkorn. A cada uno se le otorgó un plazo de siete días corridos para informar sobre los hechos denunciados.

Respecto de la medida cautelar solicitada, la Cámara resolvió dar traslado a las partes demandadas por cinco días, conforme a lo establecido en la Ley 8369.

En cumplimiento de los requisitos de publicidad y registración propios de los procesos colectivos, la Cámara dispuso la inscripción del expediente tanto en el Registro de Procesos Colectivos como en el Registro de Amigos del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia. Asimismo, ordenó la notificación a todas las personas potencialmente interesadas, quienes tendrán siete días corridos desde la primera publicación en el SIC para comparecer.

Finalmente, la resolución exige que tanto la parte actora como las demandadas incorporen un banner informativo en sus sitios web y redes sociales, donde se comunique la existencia del proceso, su objeto y los integrantes del colectivo, a fin de garantizar la adecuada difusión pública del litigio.

En un fallo histórico dado a conocer el 4 de diciembre de 2025, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe —y también a los municipios de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos)— a poner en marcha el PIECAS-DP, un plan integral de conservación del Delta del Paraná. La decisión responde a la persistente quema de pastizales en las islas del Delta y a la ausencia de avances reales en políticas preventivas.

La causa, iniciada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, denunciaba los daños causados por humo y hollín en la ciudad de Rosario, producto de incendios en islas cercanas, y reclamaba medidas urgentes para frenar esos focos. 

Las jurisdicciones demandadas —Estados nacional, provinciales y municipios— presentaron descargos señalando responsabilidades cruzadas. Muchos argumentaron que las quemas escapaban a su control directo o que las islas correspondían a otras jurisdicciones. A pesar de ello, la Corte determinó que el plan PIECAS-DP — suscripto en 2008 como acuerdo interjurisdiccional — sigue siendo el marco institucional válido para coordinar acciones conjuntas. 

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte estableció:

El Delta del Paraná es un humedal de enorme sensibilidad ecológica —con funciones clave como regulación hídrica, biodiversidad, amortiguación de inundaciones y captura de carbono— que sufrió años de incendios repetidos, muchos de ellos intencionales, que degradaron su suelo, flora, fauna y pusieron en riesgo la salud de comunidades cercanas. 

Desde 2020 la Corte ya había decretado medidas cautelares, como la conformación de un Comité de Emergencia Ambiental, pero esas acciones no lograron frenar el daño. El nuevo fallo rompe ese estancamiento y obliga a políticas activas y coordinadas. 

Para las organizaciones ambientalistas y cientos de vecinos de Rosario, Entre Ríos y Santa Fe, la resolución implica una esperanza concreta: de pasar de promesas incumplidas a medidas reales de protección. Al mismo tiempo, marca un precedente para la defensa judicial del ambiente en regiones compartidas entre varias jurisdicciones.

El fallo implica un gran impulso, pero su éxito dependerá de la voluntad política, los recursos asignados y la coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios. La instalación de equipamiento, el monitoreo permanente, la prevención del fuego y la protección de la biodiversidad requieren un compromiso sostenido.

Queda claro también que el seguimiento y control recaen en las autoridades políticas: la justicia se lava las manos en cuanto al monitoreo. Esto pone sobre la mesa la necesidad de una transparencia real, participación de la sociedad civil y obligaciones claras de cumplimiento.

Crespo.- La licenciada en Biología Raquel Gorostiaga, encargada del área de Educación Ambiental de la Municipalidad de Crespo, dialogó con Paralelo32 sobre la actualidad del Parque Ambiental de Crespo, donde funciona la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos. La entrevista se realizó antes de la llegada al Parque lugar de una delegación alemana presidida por el Embajador Dieter Lamlé, el viernes 14 de noviembre pasado.

“Desde 1996 estamos trabajando en la Planta de Tratamiento de Residuos”, recordó Gorostiaga.” En un comienzo se trabajó todo lo que era residuos orgánicos y después el inorgánico. A partir de 2016 empezamos con el programa ‘Otra Oportunidad. Reciclemos’ y se volvió a hacer hincapié, casa por casa, en reforzar la concientización en las campañas de separación de residuos en origen. Es fundamental, ya que a partir de esa buena separación, a todos los residuos los convertimos en recursos y a partir de ahí, surgen los procesos de reciclaje”.

Al describir la actual disposición de áreas en el Parque Ambiental, la funcionaria señaló: “Tenemos el sector Inorgánicos, donde se procesa todo el material, se separa en bolsas, se acondiciona. Parte se vende para ser reciclado; parte lo tratamos en el Parque Ambiental y parte en otros lugares, como los talleres de confección que usan tela de jean y otros textiles recuperados para hacer bolsas, guantes y otros elementos”.

Como casi nada se pierde y todo se transforma, Gorostiaga comentó el destino de diversos residuos reciclados. “Las botellas PET se transforman en ‘ladrillos PET’, las tapitas de botellas se reciclan como placas plásticas; el residuo orgánico deriva en todo lo que es lombricompuestos. En la ciudad hay puntos de recolección de aceite vegetal usado de comercios gastronómicos, que recolecta una empresa que viene a Crespo y se lo lleva para hacer biodiesel”.

Continuó diciendo que “los neumáticos usados y descartados en talleres y empresas se reciben los viernes de 8 a 12; y todo lo recolectado se lleva a Regomax en Buenos Aires (N de R: Regomax es una empresa nacional dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso) Ellos lo reducen a ‘polvo de caucho’ o ‘caucho granulado’, que sirven como insumos en distintas aplicaciones”.

Sobre los ladrillos PET, Gorostiaga recordó que actualmente están en elaboración 36 mil ladrillos “de los que llevamos hechos 25 mil ladrillos” para una obra de ampliación en la Escuela N° 105 ‘Patria Libre’. “Además, nos falta elaborar otros 18 mil ladrillos PET para construir la sede con oficinas y salas, de la Asociación Civil del Parque Industrial Crespo”, agregó.

Actualmente, trabajan 35 personas contratadas en el Parque Ambiental. Aparte, hay 12 recolectores que son personal municipal. Con cuatro vehículos, dos por cada zona de recolección, recorrer la ciudad todos los días y llevan los residuos recogidos al Parque Ambiental donde se desarrolla la separación por materiales específicos: vidrio, latas, plásticos, textiles, etc. También lleva material al Parque Ambiental el personal de Parques y Paseos que se dedica a la poda y corte de árboles, ramas y pasto.

En el Parque Ambiental Crespo, “apuntamos a que la base sea la educación ambiental. Hay diferentes dispositivos y muestras, para que los visitantes puedan desarrollar conceptos de biodiversidad, cuidado del ambiente y cómo funcionan los ecosistemas”.

Entre otros elementos que dan realce al lugar, están ubicadas como elementos educativos, un conjunto de esferas de luminarias viejas pintadas por los artistas Hugo Ferrari y Gloria Albornoz, con diferentes especies autóctonas de flora y fauna.

Hay cartelería que explica a los visitantes los procesos de reciclaje. Se plantó nueva forestación de especies autóctonas; hay un ‘hotel de insectos’ o insectario, que sirve para mostrar insectos autóctonos en un hábitat similar al natural. Se está completando una casa realizada en materiales de bioconstrucción, además de las piletas de compostaje de residuos orgánicos. “Todos son dispositivos o lugares que queremos que el vecino los recorra, los vea, se ponga en contacto con la naturaleza, y se lleve este concepto ambiental que tiene la separación de residuos en origen”, comentó Gorostiaga.

También está depositado en bolsones al aire libre todo el material inorgánico que se separó en cintas transportadoras, se reacondicionó y está para ser vendido o reciclado. Una parte, el plástico PET y las tapitas van a transformarse en placas y ladrillos; también se separan latas, nylon, etc. Bajo techo para que no se degraden a la intemperie, se estiban cartón de primera y de segunda, papel y textiles. Son 20 productos que se separan en las cintas transportadoras donde llegan las bolsas de residuos hogareñas. Una parte se destina a la venta y otra parte se recicla transformándola en diferentes productos.

– Aquí llega todo tipo de residuos. Este es el ‘basural’ de Crespo, con sus espacios sin olor, como las piletas de compostaje. Cambió completamente el ‘tema basura’.

-- Exactamente. En Crespo tenemos una planta de residuos en funcionamiento, por eso apelamos siempre al compromiso del vecino con la separación en origen. ES fundamental. Si no se hace, es ‘basura’ propiamente dicha y va a parar al vertedero. Ahí es donde tenemos que trabajar, que el vecino sea consciente de separación de residuos, bien acondicionados y separados en su casa.

“Desde 2017, una ordenanza nos habilita a la venta directa, sin licitación, para quienes necesiten comprar nuestros materiales. Tenemos compradores fijos que se llevan vidrio, cartón, latas. Hace unos días vinieron personas desde San Salvador a ver nuestros productos, les parecieron muy buenos y posiblemente en los próximos días se concrete otra venta”, comentó Gorostiaga.

La Secretaría de Ambiente dispuso la prohibición total de quemas por tres meses debido al alto riesgo de incendios asociado a la sequía y al posible ingreso del fenómeno “La Niña”.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos estableció la prohibición total del uso de fuego (quemas) en cualquier modalidad durante el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, según la Resolución Nº 1685/25 SA, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.221. La medida fue tomada ante las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por una estación seca y cálida y un alto índice de peligrosidad para la generación de incendios rurales y forestales.

El organismo recordó que la Ley Provincial Nº 9.868 y su Decreto Reglamentario Nº 3186/09 facultan a la autoridad ambiental a establecer acciones preventivas en el manejo del fuego. La resolución indica que el fuego constituye un elemento de “extrema peligrosidad” y que, en el contexto climático actual, incluso las quemas controladas representan un riesgo significativo.

La Secretaría de Ambiente señaló que los informes emitidos por el Centro de Predicción Climática anticipan la posible entrada en un período “La Niña”, lo que incrementa la probabilidad de sequías prolongadas y, en consecuencia, eleva el riesgo de incendios.

El texto oficial advierte también que los incendios derivados de quemas no controladas han provocado en años anteriores pérdidas de bosque nativo, pastizales, biodiversidad y daños ambientales severos. Además, se remarcó que este tipo de siniestros pone en riesgo la integridad de diversas formas de vida.

La resolución dispone que queda prohibido todo tipo de quema, sin distinción, durante los tres meses establecidos. Solo podrán habilitarse excepciones en casos específicos y únicamente luego de un análisis técnico previo y la autorización expresa de la Secretaría de Ambiente.

Asimismo, el organismo comunicará mediante medios masivos de comunicación cualquier modificación de los plazos establecidos, en caso de que las condiciones meteorológicas ameriten ajustar el período de restricción.

En el foro Federal se sustancia un expediente por movimientos de tierra en zona de humedales, que ocluyen cursos de agua natural en el Distrito Rincón del Doll. El informe habría ingresado la semana pasada al juzgado. 

En el mes de julio, agentes de la Delegación de Islas Victoria, guardaparques, Dirección de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente, y el Juez Federal Federico Martín, realizaron una nueva inspección en el Establecimiento Rural Los Nardos, ubicado en el mencionado distrito.

Para recabar mayor información, el Juez Federal de Victoria solicitó un informe a los mencionados organismos. El mandamiento (Oficio Nº 659/25) de fecha 4 de julio 2025  corresponde a los autos caratulados FPA 8713/2022 -  “NN S/Resistencia o desobediencia a funcionario público”.

Inicialmente el informe explica que, mediante un terraplén construido artificialmente, que cruza en forma transversal el Arroyo Espinillo y el riacho Las Mangas, impiden el paso natural del agua.

En la fecha mencionada, la delegación fue recibida por el Matías Javier Ankudowicz, empleado del establecimiento. El recorrido se inició, primeramente verificando la interrupción del Aº Espinillo, llegando al sector del terraplén comprobando que se ha bloqueado en forma total el curso natural del agua del Riacho Las Mangas. También se encontraba en un lugar aledaño una Estación de Bombeo de Agua. Además se  observaron cultivos dentro de la Zona de Amortiguamiento de la RUM Humedales e Islas de Victoria (Ley 10671 – Ordenanza Nº 4221), una retroexcavadora que habría estado realizando movimiento de suelo dentro de unos diques o terraplenes que rodean la zona o área de cultivo; herramienta que, si es introducida a la RUM Victoria, estaría en violación a la normativa municipal señalada y a la manda Cautelar dispuesta por el Juzgado Federal (Dr Daniel Alonso) de Parana Nº 2  - Expediente Nº 2427/2020. Existen informes realizados con anterioridad por el mismo tema.

A criterio de los funcionarios se impone como necesario que se requiera a la firma propietaria del establecimiento La Rosa Blanca S.A., la recomposición y restauración de la circulación del cauce del Aº Espinillo y Riacho Las Mangas, “por donde el agua discurría de manera natural originalmente, libre, sometida a los pulsos de inundación y sequias que se suceden periódicamente, sin ningún tipo de interrupción o intervención humana dentro del humedal y que permitía el abastecimiento de agua para potabilizar, originando una depuración natural con la vegetación acuática existente”, sostiene el escrito. 

Además, según las averiguaciones realizadas por Paralelo32, era un curso de agua por donde podían navegar embarcaciones de menor porte, algo que actualmente es inviable. Pasa lo mismo con otra obstrucción parcial del Aº  Espinillo, dentro de las propiedades de la firma Southern Field S.R.L. y Cardoso Octavio Juan y Otros, en las proximidades de la confluencia con el Arroyo La Ceibas, al que no pudieron llegar. Recomiendan recorrer ambos cursos de agua para dimensionar el daño ocasionado. En definitiva, este informe fue ingresado la semana pasada al Juzgado Federal de Victoria, quien deberá resolver oportunamente.    

Según un informe realizado en forma conjunta por los organismos mencionados –al que tuvo acceso Paralelo32- sostiene que ambos cursos son aportantes a las tomas de aguas locales, siendo el límite geográfico entre el suelo continental y zona insular (ver mapa). Por su parte, el Riacho Las Mangas nace en el Rio Paraná, Departamento Diamante, en el paraje conocido como La Azotea, traza un recorrido de aproximadamente 73 km hasta su llegada a la Laguna Grande, pasando por la Laguna El Ciervo, uno de los principales reservorios de agua y reproducción de peces de  Victoria. El Arroyo Espinillo nace en el Riacho Las Mangas, tiene una extensión aproximada de 39 km y constituye, además, la división física entre la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas Victoria (Ordenanza  (4.221/23)  y la zona rural del Área Natural Protegida (Ley 10.671/19), siendo tributarios del mismo, entre otros, los arroyos Las Ceibas, Salaberry, Manantiales y El Ceibo. 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Paraná presentó oficialmente el Plan de Arbolado Urbano “Plantamos Futuro”, una ambiciosa política pública que busca transformar el paisaje urbano de la capital entrerriana, promoviendo una ciudad más sana, limpia y habitable a través de la plantación de especies nativas. La actividad tuvo lugar este jueves en el Paseo de la Enfermería, en la intersección de Blas Parera y Churruarín, con la plantación simbólica de 50 árboles.

El programa, impulsado por la intendenta Rosario Romero, contempla la plantación de al menos 2.000 árboles por año, priorizando especies autóctonas en espacios públicos y zonas estratégicas de la ciudad. En su discurso, Romero destacó: “El verde mejora el oxígeno, contribuye a bajar la temperatura y da sombra. Es una apuesta colectiva construida junto a organizaciones de la comunidad, que si la respetamos podrá sostenerse en el tiempo. La ciudad debe tener más árboles”.

“Plantamos Futuro” surge de un proceso participativo inédito en la historia municipal, que incluyó a más de treinta actores, entre universidades, colectivos ciudadanos, organizaciones ambientales, comisiones vecinales y cuerpos de bomberos voluntarios. El trabajo conjunto derivó en un documento de consenso que guiará la implementación del plan.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó que se trata de un “plan ambicioso”, fruto del trabajo de múltiples áreas del municipio. Señaló que la mayoría de las especies utilizadas provienen del Vivero Municipal, lo que garantiza su adaptación al entorno local.

Por su parte, el coordinador de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Neri Ribero, explicó que el proceso de diseño del plan se desarrolló durante seis meses con diversas instancias de diálogo. “Todo fue sistematizado en un documento integrador que reúne las voces de la comunidad”, precisó.

Las voces de los barrios también fueron protagonistas. Ariel Verón, presidente de la vecinal Brisas del Este, subrayó: “Construimos esto entre todos. Es un ejemplo de cómo trabajar juntos puede generar grandes cambios”. En tanto, Marta Rodríguez, presidenta de la vecinal San José de Puerto Nuevo, valoró el compromiso asumido por los vecinos: “Ser parte de un plan así es una gran responsabilidad y una gran motivación”.

El referente de la Fundación Eco Urbano, Horacio Enríquez, remarcó el valor ambiental de la propuesta: “En tiempos de crisis climática, un plan de arbolado no solo es necesario, es vital para la calidad de vida”.

El programa no se limita al embellecimiento urbano. Sus objetivos abarcan desde mejorar la calidad del aire hasta reducir las temperaturas extremas, mitigar el ruido, absorber el exceso de lluvias, recuperar biodiversidad y fomentar una conexión más profunda entre los ciudadanos y la naturaleza.

El evento contó con la participación de un amplio espectro de autoridades y actores institucionales, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Halle; la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat; el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; y los concejales Fernanda Facello y Susana Farías. También asistieron representantes del CECIP, CODEPA, fuerzas policiales, instituciones educativas y organizaciones sociales.

Crespo- En el marco de la “Estudiantina 2025”, que tendrá sus actividades centrales en septiembre, el Área de la Juventud de la Municipalidad y alumnos de establecimientos educativos locales, llevan adelante el “Ecochallenge” (Desafío Ecológico), que consiste en juntar tapitas y botellas plásticas. 

Mediante esta acción de cuidado ambiental, los participantes en la Estudiantina, alumnos de 1° A 7° Año de las escuelas secundarias, tendrán la chance de sumar puntos para sus equipos.

Los envases pueden ser llevados el último jueves de cada mes, de 8.00 a 12.00, a calle 3 de Febrero 1121 (Área de la Juventud, edificio del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario). Las tapitas se recibirán en septiembre.

En la edición 2024, gracias al compromiso de los crespenses y el trabajo de los jóvenes, se recolectaron 1.800 kilogramos de plástico, que fueron reciclados en el Parque Ambiental para transformarlos en ladrillos PET. Quienes deseen recabar mayor información, podrán hacerlo llamando al 3434 623297.

Gustavo Kappes, del Área de la Juventud, comentó a Paralelo 32 que, “Ya esta semana algunos grupos fueron llevando lo que fueron recolectando. El año pasado superamos las expectativas, ojalá este año suceda lo mismo. Llevan las botellas, más que nada pensándolo desde el punto de vista del espacio físico que pueden ocupar, para facilitarles las cosas a las familias de los chicos y para ya darles circulación a las botellas. Los llevamos al Parque Ambiental, pesamos y queda todo asentado. En septiembre sumamos y damos el total de lo recolectado con botellas. Y aparte está la colecta de tapitas, que son para hacer maderas plásticas, que sí se entregan en septiembre, en una fecha específica que daremos a conocer junto al cronograma completo, a fines de julio”.

El encuentro formativo estuvo dirigido a autoridades locales, funcionarios municipales, técnicos, bomberos voluntarios y cuerpos de Defensa Civil. El objetivo central de la capacitación fue fortalecer los conocimientos técnicos y operativos para la correcta gestión de residuos sólidos urbanos en los sitios de disposición final, con especial énfasis en la prevención de incendios, sobre todo en épocas de altas temperaturas.

Entre las localidades representadas se encontraron Lucas González, Primero de Mayo, Seguí, Crespo, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Aldea Brasilera, Antelo, Victoria, Valle María, Villa Elisa, Caseros, Hernández, Oro Verde, Paraná, Diamante y Gualeguaychú, entre otras.

Los expositores de la capacitación fueron los funcionarios de la Secretaría de Ambiente Angelina Marizza, César Gómez y Ángel Melchiori. También participaron especialistas de otras instituciones, como la directora de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, Ivana Zecca, y el representante del Instituto del Seguro, Luciano Skubij.

La secretaria de Ambiente de la provincia, Rosa Hojman, quien estuvo presente junto al intendente local, Bernardo Schneider, resaltó la importancia de la formación: "La seguridad de la comunidad y el cuidado del ambiente son prioridades para nuestra gestión. Es fundamental que todos los involucrados en la gestión de residuos cuenten con las herramientas necesarias para prevenir incendios y minimizar riesgos".

Por su parte, el presidente municipal subrayó que "las acciones de capacitación son clave para garantizar que todos los municipios puedan implementar medidas efectivas que mejoren la gestión de los residuos y tornen más ordenado y seguro el trabajo en las plantas de reciclado y en los vertederos a cielo abierto".

La jornada de formación tendrá una nueva instancia en la ciudad de Federal, el miércoles 9 de abril, en horario matutino y en un lugar a confirmar.

El objetivo principal de esta prohibición es prevenir incendios forestales durante la temporada primavera-verano, especialmente en un contexto de temperaturas elevadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primavera de 2024 en Argentina registró una anomalía de temperatura de casi 1,5 °C, superando los récords de los últimos 50 años. En Entre Ríos, la anomalía alcanzó 1,5 °C, superando el récord histórico de 2014.

Esta iniciativa se fundamenta en la Ley Provincial Nº 9.868 de Manejo del Fuego. La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, enfatiza que "la protección del ambiente es un compromiso compartido por todos. Es esencial implementar medidas preventivas para evitar incendios que puedan devastar nuestros bosques y dañar la biodiversidad de nuestros ecosistemas, especialmente en este contexto de calentamiento global crítico y persistente".

Quienes incumplan con esta prohibición estarán sujetos a multas y denuncias judiciales, conforme a la legislación provincial vigente.