La Justicia Federal dio marcha atrás con el DNU 461/25, que contemplaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos clave en materia de transporte y seguridad. La decisión judicial fue recibida con satisfacción por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, quien calificó la medida como "un freno necesario" ante lo que definió como una ofensiva privatizadora impulsada por el Gobierno nacional.

"Este fallo es una noticia muy positiva", expresó Aleñá, y remarcó que si bien se trata de un paso importante, la lucha no concluye: “Ahora el foco está en el Congreso. Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las rutas nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”.

La dirigente señaló que esta instancia judicial fue impulsada por otro gremio del sector, y valoró la articulación legal y política como herramienta para frenar el avance del decreto. “Lo que hizo la Justicia nos hace ganar tiempo. El objetivo es trabajar en la agenda parlamentaria para lograr los dictámenes de rechazo en Diputados y Senadores”, subrayó.

Aleñá advirtió que el DNU, promovido por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, proponía una “destrucción sin precedentes” de la estructura estatal en materia de infraestructura vial. “Estamos frente a un gobierno autoritario que no escucha. Lo que conseguimos es un parate, pero el tema no está resuelto de fondo. Hay que seguir peleándola”, sentenció.

En ese marco, la secretaria general del STVyARA hizo un llamado a profundizar la articulación política con gobernadores, intendentes y sectores legislativos para impedir la implementación de la medida por vía parlamentaria. “Vialidad Nacional no es un organismo más. Es un eje estratégico para el desarrollo productivo y social del país, ya que más del 90% de la producción argentina se traslada por rutas”, apuntó.

El debate por la continuidad del organismo, que ha despertado un amplio respaldo en distintos sectores, se ha instalado también como un tema de alcance federal. Aleñá destacó que “el caso Vialidad generó un movimiento enorme de solidaridad, como pocas veces se ha visto”, tocando fibras sensibles como el federalismo, las economías regionales y la seguridad vial.

Para finalizar, fue categórica respecto al accionar del Gobierno nacional: “No hay antecedentes en el mundo de que un Estado decida eliminar su organismo vial estratégico. Es una decisión demencial y cruel. Hoy se le puso un límite, pero la lucha continúa”, concluyó.

En una decisión que marca un nuevo capítulo en su política de ajuste y reorganización del Estado, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.702 y abarca dependencias de diversas áreas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras.

Entre los organismos que dejan de existir figuran:

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)

Delegaciones Sanitarias Federales

Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial

Comisión Nacional de Semillas

Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)

Las funciones de estos entes serán asumidas por organismos como los ministerios de Salud, Economía, y secretarías de Transporte, Agricultura e Industria, según cada caso. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, pasará a depender de la Secretaría de Transporte y de la Gendarmería Nacional, mientras que la ARICCAME será absorbida por la ANMAT y el Ministerio de Economía.

En el caso del Instituto Nacional de Medicina Tropical, su cierre se justifica por "superposición de funciones y falta de resultados concretos", según los fundamentos oficiales.

Algunos organismos no fueron disueltos sino reconvertidos o fusionados dentro de nuevas estructuras:

La CNRT pasa a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con funciones limitadas al área aeronáutica.

Se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, INAREPS y Bonaparte.

A su vez, instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer, el INTI, el INV, el INPI y el INTA fueron reubicadas como unidades organizativas o desconcentradas dentro de las respectivas secretarías de Salud, Industria y Agricultura.

Según el Gobierno, la decisión se tomó tras un diagnóstico que detectó un crecimiento "desproporcionado" de organismos descentralizados, con una planta que pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. Se identificaron también irregularidades administrativas, duplicación de funciones y falta de control interno.

En ese marco, se estableció que los bienes inmuebles y vehículos sin uso de los organismos disueltos pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para su posterior reasignación o venta. Los fondos líquidos disponibles, en tanto, serán transferidos al Tesoro Nacional.

El Ejecutivo instruyó a los ministerios involucrados a elevar en las próximas semanas sus propuestas de adecuación organizativa, con el objetivo de asegurar la continuidad de las funciones públicas y garantizar que no haya interrupciones en los servicios.

La medida se enmarca en la estrategia de reestructuración del Estado que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei, con el objetivo declarado de reducir el gasto público, mejorar la eficiencia y "terminar con los organismos inútiles o politizados", según palabras reiteradas por el mandatario en declaraciones anteriores.

Organismos disueltos y su nuevo destino:

Organismos transformados:

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) anunció que este año el Día del Niño volverá a celebrarse en su fecha tradicional, el segundo domingo de agosto, fijándose para el 10 de agosto de 2025. La medida marca un retorno a los orígenes de esta celebración, que había sido modificada en 2013 para evitar su coincidencia con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según explicaron desde la CAIJ, la decisión busca dinamizar el consumo en un sector duramente golpeado, en un contexto donde las ventas vienen en franco descenso. Solo en mayo, las ventas de juguetes cayeron un 15% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el Día del Niño de 2024 mostró una contracción del 16%.

"Con la suspensión de las PASO, consideramos oportuno volver a la fecha original, que tiene beneficios tanto para los consumidores como para los comerciantes", indicaron desde la Cámara.

Entre los principales motivos, la entidad destacó que el segundo domingo de agosto está más cerca de la fecha de cobro de salarios, lo que facilita las compras en efectivo y reduce la dependencia de financiación. A su vez, se evita la superposición con fines de semana largos, como el feriado del 17 de agosto por el paso a la inmortalidad del General San Martín, que muchas familias utilizan para viajar, destinando su presupuesto a otros fines.

La industria juguetera espera que esta modificación marque un punto de inflexión, incentivando a los consumidores a priorizar las compras en el rubro en una fecha clave para el sector.

“Confiamos en que esta decisión tenga un impacto positivo. Necesitamos generar movimiento comercial y fortalecer el rol cultural del juguete en el desarrollo de los chicos”, agregaron desde la CAIJ.

El regreso al 10 de agosto también representa una oportunidad para los comerciantes, que podrán organizar con más previsibilidad sus campañas promocionales y ajustar sus estrategias de stock y precios. En medio de un escenario económico desafiante, esta fecha se presenta como una chance clave para revertir la tendencia a la baja.

En una cumbre clave realizada este lunes al mediodía en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), gobernadores de distintas fuerzas políticas consensuaron un proyecto de ley que busca reformar la distribución de los fondos generados por el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El encuentro, motivado por la fuerte caída en la recaudación, incluyó el compromiso del Gobierno nacional de mantener abierta una mesa de diálogo permanente con las provincias.

La iniciativa firmada por los mandatarios provinciales propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles, con el objetivo de que esas partidas sean utilizadas “según las prioridades que cada uno defina”, tanto por la Nación como por las 24 jurisdicciones del país.

Asimismo, se plantea una nueva distribución del impuesto a los combustibles:

10,4% para la Nación,

58,36% para las provincias,

28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social,

y 2,55% en compensación al Transporte Público (según el Decreto 652/2002).

El proyecto también propone disolver los fideicomisos del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) y de Infraestructura Hídrica (FFIH), creados por decretos en 2001, que actualmente gestionan parte de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

En el contexto de la crisis económica, el texto firmado por los gobernadores reclama que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya conforme a los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos por la Ley 23.548. Además, solicita que esa transferencia sea “automática y diaria”, eliminando la lógica discrecional con la que se asignan actualmente los recursos.

La reunión contó con la participación de más de una veintena de mandatarios provinciales, incluyendo a figuras del peronismo como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), así como a gobernadores de perfil más dialoguista con el oficialismo libertario, como Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). También asistieron vicegobernadores de Neuquén, Chaco y Santa Cruz.

Se ausentaron con aviso Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Desde el Gobierno nacional, los funcionarios Nicolás Catalán y Javier Guberman participaron como representantes de la Casa Rosada. Según trascendió, llevaban el mandato de analizar la posibilidad de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles, aunque no se concretó un acuerdo. El único compromiso firme fue mantener abierta la negociación.

“Fue una buena reunión. Habrá una mesa de diálogo constante para seguir las cuestiones por ATN, impuesto a los combustibles y obras”, afirmó un vocero libertario tras el cónclave. La medida refleja una creciente preocupación entre las provincias por la caída de ingresos y la falta de previsibilidad financiera.

El nuevo entendimiento se produce semanas después de una reunión entre varios gobernadores y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde se abordaron los mismos temas. Desde entonces, crece el consenso interprovincial para exigir mayor equidad y transparencia en la distribución de los fondos nacionales.

Con este proyecto, los gobernadores buscan no sólo oxigenar las arcas provinciales, sino también instalar una nueva lógica en la relación con el Gobierno central, basada en reglas claras y automáticas que eviten favoritismos o condicionamientos políticos. El debate ahora se traslada al Congreso.

En una medida que promete alterar el mercado automotor argentino, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno habilitará la importación directa de vehículos nuevos por parte de particulares, y analiza extender esta posibilidad también a los autos usados.

“Vamos a facilitar la importación personal de vehículos nuevos a las personas”, adelantó Sturzenegger en una entrevista periodística, al tiempo que confirmó que la normativa correspondiente será publicada próximamente en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, los particulares debían cumplir con requisitos como la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para importar un auto, proceso que implicaba elevados costos y complejidades administrativas. Sturzenegger señaló que se simplificará el procedimiento:

“Antes te pedían la LCM para homologarlo, pero si a un auto ya lo dejan andar en Europa o Estados Unidos, vamos a presumir que acá va a funcionar también”.

Con esta decisión, el Gobierno busca aumentar la competencia en el sector, mejorar la oferta disponible para los consumidores y reducir los precios de vehículos que, según fuentes oficiales, están “artificialmente inflados”.

El ministro también adelantó que se estudia habilitar la importación personal de autos usados, bajo nuevas condiciones más flexibles:

“Estamos viendo la posibilidad, bajo condiciones bastante más amplias que ahora, la importación de autos usados”.

Actualmente, importar vehículos usados está severamente restringido en Argentina, salvo excepciones como autos clásicos, adaptados o diplomáticos. La eventual flexibilización marcaría un cambio de rumbo significativo.

El anuncio se produce en medio de un contexto de tensión entre el Gobierno y las automotrices locales por el nivel de los precios. En mayo, varias marcas incrementaron sus listas, pero luego retrotrajeron los valores tras advertencias del ministro de Economía, Luis Caputo:

“Vamos a utilizar las herramientas que tenemos para que bajen”, había dicho.

Sin embargo, en junio las nuevas listas llegaron con subas de entre el 2 y el 3%, lo que reavivó la preocupación oficial por la falta de respuesta a las señales del mercado.

Especialistas del sector anticipan que la medida podría provocar una baja de precios en segmentos específicos y dinamizar el mercado, aunque también advierten sobre desafíos logísticos, normativos y aduaneros. La Cámara de Importadores Automotrices se mostró expectante, mientras que desde las terminales locales aún no hubo declaraciones formales.

De concretarse la flexibilización para autos usados, se trataría de uno de los cambios más profundos en el régimen automotor argentino de los últimos años.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en mayo de 2025 una familia tipo necesitó ingresos mensuales de al menos $1.110.624 para no caer por debajo de la línea de pobreza. Así lo reveló el organismo en su último informe sobre la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicadores clave para medir la situación económica de los hogares argentinos.

La CBT contempla no solo el gasto alimentario, sino también todos los consumos esenciales que debe afrontar un hogar en el transcurso de un mes: transporte, salud, educación, servicios y otros bienes no alimentarios. En consecuencia, cualquier familia con ingresos inferiores al valor de la CBT es técnicamente considerada "pobre".

Durante mayo, la CBT tuvo una variación prácticamente nula respecto a abril: solo un 0,1% de incremento, es decir, $561 más que el mes anterior. En contrapartida, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que mide exclusivamente el costo de una alimentación mínima para no caer en la indigencia— se ubicó en $500.281, lo que implicó una baja del 0,4% en relación al mes previo.

Ambas canastas son herramientas estadísticas que permiten evaluar los niveles de vulnerabilidad económica. Mientras la CBT define el umbral de pobreza, la CBA fija la línea de indigencia: los hogares cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta alimentaria se consideran en situación de indigencia.

Para estas mediciones, el Indec utiliza como referencia una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8. Esta estructura permite establecer un promedio poblacional, aunque no refleja la diversidad real de configuraciones familiares que existen en el país.

Con un umbral de más de un millón de pesos para no ser considerado pobre, las cifras actualizadas por el Indec vuelven a poner en el centro del debate la capacidad adquisitiva de los salarios, jubilaciones y planes sociales, y cómo impacta la inflación sobre el poder de compra de los hogares. Si bien la estabilidad de las cifras de mayo podría reflejar un freno en la suba de precios, el piso económico sigue siendo elevado y excluyente para amplios sectores de la población.

El economista Claudio Zuchovicki analizó el actual escenario económico argentino y advirtió sobre el impacto que está teniendo el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei en el consumo diario de los argentinos. En diálogo con Rivadavia AM 630, destacó que si bien se logró ordenar la macroeconomía, el mayor desafío ahora es la situación microeconómica, es decir, lo que vive la gente en la calle.

“La macro ya no se discute, el gobierno la ordenó. Ahora discutimos la micro, lo que vive la gente en la calle, el kiosquero, el que va al supermercado”, expresó Zuchovicki, en una entrevista que puso el foco en la brecha creciente entre los logros técnicos del plan económico y la realidad cotidiana de millones de argentinos.

Al referirse a la escasez de dólares, una constante en la economía local, el analista explicó que existe optimismo oficial por la posible baja del tipo de cambio, sustentado en el superávit fiscal y comercial logrado en los primeros meses de la gestión. “En finanzas, cuando tenés superávit, cuando ganás más de lo que gastás, eso genera estabilidad”, dijo. No obstante, aclaró que esa estabilidad macroeconómica “todavía no llegó al día a día de millones de personas”.

Zuchovicki enfatizó que la mejora de las variables macro no se traduce inmediatamente en mejoras tangibles para la sociedad. “El gran desafío ahora es que esa estabilidad empiece a sentirse en el bolsillo”, sostuvo.

Uno de los sectores más golpeados, según el economista, es el comercio minorista. “Esta semana se habló del cierre de 15.000 kioscos. Es tremendo. Y no es solo por los impuestos o los alquileres, sino porque el consumo se derrumbó. Antes el margen era muy chiquito, pero se vendía. Hoy ya no alcanza”, alertó.

Aseguró que pequeños comerciantes que antes podían sostener tres locales ahora apenas pueden mantener uno. “Es un proceso de ajuste muy fuerte que impacta directamente en los ingresos familiares”, describió, con preocupación por el efecto multiplicador de esa caída en el consumo sobre la economía general.

Zuchovicki también abordó el problema de la inflación, señalando que no se trata únicamente de una cuestión monetaria. “La inflación también es una responsabilidad del Estado”, indicó, al tiempo que subrayó que “el desafío ahora es que la gente tenga dinero en el bolsillo”.

“Necesitamos una economía donde el consumo no sea un ahogo. Cuando la gente no puede consumir, se enfría todo, y ahí perdemos todos”, sostuvo, dejando en claro que la reactivación de la demanda interna será clave para consolidar el camino de la recuperación.

Cada 3 de junio, las calles de Argentina se tiñen de consignas, abrazos, pancartas y el recuerdo de quienes ya no están. La jornada nacional de lucha conocida como #NiUnaMenos conmemora el inicio de un movimiento que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva sobre la violencia de género. Desde aquel primer grito en 2015 hasta hoy, 2.590 mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ fueron asesinadas en el país, víctimas de femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios.

El dato proviene del Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos” de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), que lleva una década documentando estos casos a partir del relevamiento constante de medios, portales judiciales y fuentes territoriales.

Según el informe más reciente de MuMaLá, el año más violento fue 2017, con 304 víctimas, mientras que el promedio anual ronda entre 250 y 270 femicidios. En lo que va de 2025, ya se registraron 95 casos. A esto se suma una cifra que también alarma: 2.647 intentos de femicidio en los últimos cinco años, lo que evidencia un incremento preocupante en los niveles de violencia extrema.

“Hoy por hoy estamos hablando de un femicidio cada 33 horas, y por cada uno, hay dos intentos. Esa es la violencia que se expresa cotidianamente y de la peor de las formas”, alertó Victoria Aguirre, presidenta de MuMaLá, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

En términos territoriales, la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con 44 femicidios en 2025, aunque Aguirre destaca que el impacto proporcional es más fuerte en distritos como Mendoza (6), Córdoba (6), Chaco (5) y Santa Fe (8), debido a su menor densidad poblacional.

Entre los testimonios que resuenan con fuerza en esta fecha está el de Andrea Lescano, madre de Micaela García, asesinada en 2017 en Entre Ríos. Andrea no solo convirtió el dolor en lucha, sino que además impulsó la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para los tres poderes del Estado.

“Lo hago por mi hija, que hoy no está, y por todas las chicas que acompañamos desde la fundación. Es una forma de que Mica siga viva”, expresó emocionada. Si bien reconoce que la ley generó avances, también advierte sobre el retroceso actual: “Se han eliminado políticas, y este gobierno no pone el foco en esto. Cuando hay crisis económica, lo primero que se corta son las capacitaciones”.

Lescano insistió además en que los talleres presenciales son fundamentales para un abordaje real de la problemática: “La virtualidad no alcanza. Esta temática requiere contacto humano”.

Este lunes 3 de junio, Lescano participará de la jornada organizada por la Fundación Micaela García en un barrio de Concepción del Uruguay, su ciudad natal. “Nosotros siempre tratamos de hacer actividades donde la gente no va. Después vamos a la marcha. Lo hacemos el mismo día, como se decidió en la mesa interfeminista, porque son 10 años”, detalló.

Al cierre de su testimonio, Andrea compartió un recuerdo íntimo: “Lo que más extraño de Mica es esa fuerza de voluntad que le ponía a todo. Tenía una mirada muy amplia y resolvía las cosas más sencillas con una claridad tremenda”.

A una década del nacimiento de #NiUnaMenos, el movimiento se mantiene firme, con miles de personas movilizadas en todo el país. Porque mientras sigan matando a una mujer cada 33 horas, la lucha no puede detenerse.

La empresa estatal YPF anunció que pondrá en marcha un nuevo esquema de precios variables para la venta de combustibles, utilizando tecnología de Inteligencia Artificial para definir los valores por franjas horarias. El novedoso sistema comenzará a aplicarse a partir del lunes 23 de junio en sus más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país, con una estrategia que incluye tarifas más bajas durante la madrugada.

El anuncio fue realizado por el presidente de la compañía, Horacio Marín, en el marco del evento Energía Chubut 2050, donde explicó que el mecanismo apunta a mejorar la eficiencia operativa y económica de YPF en el área de comercialización.

“El combustible será más barato en la madrugada porque hay menos demanda y eso nos permite incentivar el consumo en esas horas. Es algo que ya se hace en Europa y vamos en ese camino”, señaló Marín, subrayando que la medida beneficiará tanto a la empresa como a los consumidores.

Junto con esta implementación, YPF también confirmó que se comenzará a aplicar la modalidad de autoservicio de combustibles durante la madrugada, lo que implica una reducción en la dotación de personal en los turnos de menor actividad. De esta manera, los clientes podrán cargar nafta o gasoil por sí mismos, sin necesidad de atención directa, y acceder así a precios más competitivos.

Cabe recordar que el Gobierno nacional autorizó a fines de enero el autodespacho de combustible como una modalidad optativa, permitiendo a las estaciones de servicio organizar su oferta y costos de manera más flexible. La normativa contempla la posibilidad de que se ofrezcan precios diferenciados más bajos bajo esta opción, lo que puede representar una ventaja adicional para los usuarios.

El nuevo modelo de precios horarios será posible gracias al uso de Inteligencia Artificial, que permitirá a YPF analizar en tiempo real la demanda, los costos y el comportamiento de los consumidores, para fijar los valores de venta más adecuados según cada momento del día.

Según explicaron desde la empresa, este tipo de medidas busca modernizar la estructura operativa de la petrolera y alinear sus procesos a los estándares de eficiencia internacionales, especialmente en un contexto en el que las compañías del sector deben buscar alternativas para mantener la rentabilidad en medio de la volatilidad del mercado.

Marín aseguró que “estas decisiones son parte de una transformación estructural que YPF está llevando adelante, con foco en la competitividad, la tecnología y la orientación al cliente”.

Con esta iniciativa, YPF se convierte en la primera empresa en el país en aplicar un sistema de precios variables por hora en el expendio de combustibles, en lo que podría marcar un cambio de paradigma en la forma de operar del sector energético argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó oficialmente “IVA Simple”, un nuevo mecanismo que transforma el régimen de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo un procedimiento electrónico integral, asistido y único, que reemplaza a los sistemas vigentes. La iniciativa fue puesta en marcha este lunes mediante la Resolución General 5705/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema tiene como objetivo principal simplificar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. En ese sentido, se implementa una declaración jurada única (Formulario F. 2051) que será precargada por ARCA con la información disponible en sus sistemas. Luego, los contribuyentes podrán confirmar, completar o modificar esos datos antes de su presentación.

El F. 2051 reemplaza a los formularios F. 731, 810, 2002 y 2082, y además integra el Libro de IVA Digital, consolidando toda la información en un único documento, lo que implica una simplificación significativa en los procedimientos.

El nuevo sistema de IVA Simple contempla dos etapas principales automatizadas:

Registro electrónico de operaciones: se realiza una carga automática de los datos de compras y ventas, provistos por ARCA o importados desde los propios sistemas del contribuyente.

Determinación del impuesto: se calculan automáticamente el impuesto y el saldo resultante, incluyendo información sobre retenciones y percepciones declaradas en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) y el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). También se consideran pagos a cuenta, saldos a favor y otros datos registrados en las bases de ARCA.

ARCA destacó que “IVA Simple” trae consigo múltiples ventajas para los contribuyentes, entre ellas:

Reducción del 75% en formularios requeridos

Eliminación de carga manual de datos

Proceso 100% digital

Disminución de errores en la carga

Importante ahorro de tiempo administrativo

La puesta en marcha de este nuevo sistema tendrá tres etapas:

Junio 2025: El sistema estará disponible para los contribuyentes.

Junio a octubre 2025: Período de transición opcional, durante el cual se podrá optar por el nuevo o el viejo esquema.

Noviembre 2025: Implementación obligatoria para todos los responsables inscriptos.

Es importante remarcar que los contribuyentes exentos del IVA seguirán utilizando únicamente el Libro IVA digital, sin necesidad de adoptar el nuevo sistema.

A partir del domingo 1 de junio, los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de YPF sufrirán un aumento promedio del 1%, según anticiparon fuentes de la compañía a Infobae. La medida responde a la decisión del Gobierno nacional de aplicar una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

Desde la petrolera estatal destacaron que esta suba se enmarca en el compromiso de “mantener un acuerdo honesto con los consumidores”, basado en un monitoreo continuo de las variables que afectan los precios de sus productos, como el valor internacional del petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva. Se espera que las demás empresas del sector, como Shell, Axion y Puma Energy, acompañen con incrementos similares en los próximos días.

La actualización impositiva dispuesta por el Ejecutivo implica una suba parcial, con impacto limitado al 1%, que según estimaciones de la consultora Economía y Energía representa un costo fiscal mensual superior a los USD 200 millones. En marzo pasado, ya se había aplicado un ajuste correspondiente al último trimestre de 2023, aunque todavía permanecen pendientes los aumentos de todo 2024 y el primer trimestre de 2025.

Cabe recordar que, a principios de mayo, YPF había implementado una baja del 4% en los precios de sus combustibles debido a la caída de los precios internacionales del crudo. Sin embargo, a mediados de ese mes, aplicó un leve incremento de entre 0,2% y 0,46% en respuesta al aumento en el valor de los biocombustibles.

A pesar de las fluctuaciones en los precios, la demanda de combustibles mostró señales de recuperación. En abril de 2025, la venta total de naftas y gasoil en todo el país alcanzó los 1.323.216 metros cúbicos, lo que representa un incremento del 2,1% interanual, según un informe de Politikon Chaco basado en datos oficiales. Es el segundo mes consecutivo con suba, luego de quince meses de caídas, aunque en comparación con marzo se registró una baja del 6%.

Del total comercializado, el 57% correspondió a naftas y el 43% a gasoil. La nafta premium fue la de mayor crecimiento interanual con un 19,8%, mientras que la nafta súper tuvo una suba del 0,7%, revirtiendo cinco meses consecutivos de retracción. En contraste, el gasoil común cayó 8,1%, aunque el premium creció un 11,3%, lo que dejó al segmento con una baja total del 1,6%.

En cuanto a la participación de mercado, YPF se mantuvo al frente con un 55,4% y un crecimiento interanual del 3,4%. Le siguieron Shell (24,4%, +7,7%), Axion (12,5%, +5,5%) y Puma Energy (6,1%, +13,1%). Por el contrario, Gulf Combustibles tuvo una participación del 1,6% y una caída del 1,2%.

El repunte en las ventas no fue homogéneo. Trece de las 24 jurisdicciones registraron subas interanuales en abril. Los mayores incrementos se dieron en Formosa (15%), Tierra del Fuego (11,1%) y Santiago del Estero (10,6%). En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-10,4%) y Tucumán (-11,2%) lideraron las caídas.

La nafta fue el combustible más vendido en 21 provincias, especialmente en CABA, donde representó el 78,1% del total comercializado. El gasoil predominó en Córdoba, Mendoza y La Pampa.

En la categoría naftas, 17 provincias registraron subas interanuales, con Buenos Aires (+11,3%) y Formosa (+10,1%) entre las más destacadas. La nafta premium creció en todas las jurisdicciones, destacándose Tierra del Fuego con un alza del 47,1%.

En cuanto al gasoil, aumentó en 11 provincias, con Formosa (24,1%), Tierra del Fuego (20,6%) y Santiago del Estero (19,6%) a la cabeza. El gasoil premium creció en 21 distritos, mientras que el común solo lo hizo en cuatro.

El domingo 18 de mayo, cerca de las 19 horas, en el cruce de las rutas provinciales 1 y 62, en Cayastá, agentes de la Patrulla Urbana de la Unidad Regional VII detuvieron un Peugeot 504 blanco que circulaba sin luces, sin imaginar lo que descubrirían segundos después.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron ocho terneros vivos de raza Holando Argentino, distribuidos de manera precaria: tres en el asiento trasero, junto a los ocupantes, y cinco más hacinados en el baúl. 

El hallazgo sorprendió por el nivel de improvisación y riesgo involucrado. En el automóvil viajaban tres hombres oriundos de la ciudad de Gálvez, junto con una beba de apenas 18 meses, hija de uno de los ocupantes.

Ante la magnitud del hallazgo, se solicitó la inmediata intervención de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, que tomó custodia de los animales. Según el parte policial, los terneros presentaban signos de estrés y estaban en condiciones de hacinamiento, lo que generó preocupación por su bienestar.

El fiscal de turno, Alejandro Benítez, ordenó la aprehensión de los tres adultos, así como el secuestro del vehículo, los teléfonos celulares y los animales, que fueron trasladados a un sitio seguro para su evaluación veterinaria.

La principal hipótesis que maneja la Justicia es que se trata de un caso de abigeato, delito que ha registrado un crecimiento sostenido en el norte de la provincia de Santa Fe en los últimos años, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Los investigadores trabajan para determinar el origen de los terneros y si los involucrados forman parte de una red de robo y comercialización ilegal de ganado, una práctica que afecta tanto a pequeños productores como a establecimientos de mayor escala en la región.

Un hallazgo de trascendencia histórica y mundial tuvo lugar recientemente en los archivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encontraron cajas con documentación vinculada al nazismo, ingresadas al país en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial.

El descubrimiento se produjo en el marco de las tareas de traslado de documentación para la creación del futuro Museo de la Corte Suprema. Durante el proceso, funcionarios judiciales encontraron las cajas en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Al revisar su contenido, se identificó material propagandístico del régimen de Adolf Hitler destinado a difundir su ideología en Argentina.

El viernes pasado, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, encabezó la apertura formal de las cajas en una sala del cuarto piso del edificio judicial. Participaron del acto el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra; el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum; y la investigadora Marcia Ras, entre otros especialistas y funcionarios judiciales.

Según se pudo reconstruir, el material llegó al país el 20 de junio de 1941 a bordo del buque japonés Nan-a-Maru, enviado por la embajada alemana en Tokio. Aunque se declaró como “efectos personales”, la Aduana detectó la magnitud del envío y dio intervención al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú.

El viernes pasado, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, encabezó la apertura formal de las cajas en una sala del cuarto piso del edificio judicial. Participaron del acto el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra; el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum; y la investigadora Marcia Ras, entre otros especialistas y funcionarios judiciales.

Según se pudo reconstruir, el material llegó al país el 20 de junio de 1941 a bordo del buque japonés Nan-a-Maru, enviado por la embajada alemana en Tokio. Aunque se declaró como “efectos personales”, la Aduana detectó la magnitud del envío y dio intervención al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú.

El material fue finalmente remitido a la Corte Suprema en septiembre de 1941 por tratarse de una cuestión que involucraba a un Estado extranjero. Desde entonces, las cajas permanecieron olvidadas hasta su redescubrimiento.

Rosatti dispuso su preservación y la creación de un inventario que permita determinar si los documentos aportan datos inéditos sobre el Holocausto o las redes de financiamiento del nazismo. Este trabajo contará con la colaboración del Museo del Holocausto, en el marco de un convenio firmado a fines de 2024 entre la Corte, la Asociación de Abogados Judíos de Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto.

Mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, investiga cómo ingresaron casi 500 kilos de cocaína al buque MV Ceci en el puerto de San Lorenzo, una de las principales hipótesis apunta al relajamiento en los controles portuarios tras un reciente decreto presidencial que convirtió en optativa la presencia de serenos de buque, antes obligatoria durante toda la estadía de una embarcación en puerto.

El Decreto PEN 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Bullrich, permite ahora que las navieras internacionales decidan si desean o no contar con serenos en sus barcos durante su permanencia en puertos argentinos. Según trabajadores del sector, esta flexibilización ya se tradujo en una merma drástica de la contratación: "En estos tres últimos meses, cientos de barcos operaron en los puertos nacionales y es mínimo el número de los que solicitaron sereno", afirmaron en un comunicado.

El escándalo se desató luego de que el capitán del MV Ceci notara movimientos extraños y alertara a las autoridades, lo que permitió encontrar la droga escondida entre la mercadería. “Si el capitán no lo advertía o estaba involucrado, ese barco se iba con la cocaína”, explicó a Noticias Argentinas José C., trabajador del rubro marítimo.

Según los investigadores, la droga habría sido ingresada al buque por el lado del río, mediante una lancha, y oculta entre insumos o provisiones. Un dato clave revelado por trabajadores es que las cámaras de seguridad del puerto de San Lorenzo sólo enfocan hacia el muelle, mientras que del lado del río —por donde operó la lancha— no hay vigilancia electrónica.

En este contexto, los serenos de buque cumplen un rol fundamental en la supervisión del embarque de mercaderías, ya sea por tierra o por agua. “Ese control puede llevar media hora o una hora. Las provisiones suelen pesar desde pocos kilos hasta un par de toneladas”, detalló José C.

El trabajador también remarcó que muchas veces lo que se ingresa no son sólo alimentos o insumos técnicos, sino también bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas: “Somos un reaseguro para las compañías. Si hay alcohol a bordo y ocurre un accidente, el seguro no cubre nada. Por eso nuestro rol es también proteger a la empresa”.

Los serenos de buque, que según se detalla son auxiliares civiles de la Prefectura Naval Argentina, aseguran que su tarea no representa ningún gasto para el Estado. “Nuestros salarios están incluidos en los costos operativos del buque cuando está en puerto, que asume la empresa internacional. Es decir, no le costamos nada al país”, señalaron.

En ese sentido, cuestionaron con dureza el decreto presidencial: “El mantra del equilibrio fiscal o la reducción de gastos no es aplicable a los serenos de buque. Somos una fuente legítima de ingresos desde el exterior. Nos quedamos sin trabajo, sin indemnización y sin justificación técnica”, lamentaron.

Además del control de ingresos y provisiones, los serenos también tienen como tarea monitorear los sistemas de amarre, cambios de tripulación, presencia de estibadores y condiciones de seguridad en general. También actúan como enlace con Prefectura en caso de accidentes, derrames o situaciones que comprometan la seguridad ambiental.

El caso del MV Ceci puso en evidencia las posibles consecuencias de haber relajado un eslabón clave del sistema de control portuario. “No afirmamos que el decreto haya sido promulgado para facilitar el contrabando, pero el desacierto es evidente”, señalaron desde el gremio.

La investigación del cargamento de cocaína continúa en curso, pero el foco ya no está sólo en el narcotráfico, sino también en las decisiones políticas que podrían haber allanado su camino.

Con el objetivo de rendir homenaje al primer papa argentino y latinoamericano de la historia, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) presentó dos proyectos de ley que buscan instaurar símbolos conmemorativos en honor a Francisco. La iniciativa contempla la emisión de un sello postal y la puesta en circulación de una moneda y un billete de curso legal dedicados al pontífice.

“El papa Francisco es una figura universal, que trascendió las fronteras del Vaticano para convertirse en una voz ética y moral en defensa de la paz, la fraternidad y la dignidad humana. Su mensaje es un faro en tiempos de crisis y polarización”, sostuvo el legislador radical al fundamentar su propuesta.

Respecto al sello postal, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo, a través de las áreas correspondientes, deberá instrumentar las acciones necesarias para su emisión. En cuanto a la moneda y el billete, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sería el organismo encargado de su creación y circulación, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional podrá definir sus valores nominales y las medidas para su implementación. El proyecto relacionado a las monedas cuenta con el acompañamiento de 21 senadores.

Según Abad, esta propuesta busca que “el legado del papa Francisco perdure no sólo en la memoria, sino también en un símbolo cotidiano para todos los argentinos”. De este modo, cada moneda, billete o estampilla que circule será “un recordatorio del compromiso con los valores que él encarna: el diálogo, la inclusión, la solidaridad”.

En los fundamentos, el senador destaca que Francisco, quien asumió el papado el 13 de marzo de 2013, dejó una huella imborrable no solo en la Iglesia Católica sino también en el mundo entero, impulsando encíclicas como Laudato Si’ —sobre el cuidado del medio ambiente— y Fratelli Tutti, enfocada en la fraternidad y la amistad social.

“Queremos rendirle homenaje en vida, con la gratitud y el orgullo que sentimos como argentinos. Su testimonio de coherencia, humildad y coraje nos inspira a todos. Este proyecto es un acto de reconocimiento a una figura histórica, a un hombre que cambió la historia”, concluyó Abad, según publicó el sitio Parlamentario.

El Gobierno Nacional confirmó que Vialidad Nacional asumirá el control de la Ruta del Mercosur tras la finalización del contrato con la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. Sin embargo, transportistas y conductores siguen alertando sobre el precario estado de la vía, en especial en la Autovía 14, un corredor clave para el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Delia Flores, presidenta de la Cámara Libreña de Transportistas de Cargas y Afines (Calibre), expresó su inquietud por las condiciones peligrosas de la ruta. "Desde Calibre veníamos reclamando en los medios que se levante el cobro de los peajes debido al mal estado de las rutas", señaló. Flores detalló que hay tramos con huellas profundas que generan accidentes frecuentes, poniendo en riesgo la vida de los conductores.

Además, mencionó problemas crónicos, como un puente roto en "cuatro bocas", que obliga a los camioneros a desviarse por caminos improvisados. "Lleva años sin repararse, y aunque el Estado ahora retoma el control, lo urgente es garantizar la seguridad", enfatizó.

Ante las críticas, Vialidad Nacional anunció un plan de mantenimiento que incluye:

4.600 toneladas de asfalto para reparar baches.

Corte de pastos y desmalezado en zonas críticas.

Mejora en la señalización vial.

Asistencia con grúas para vehículos averiados.

Este traspaso forma parte de un plan más amplio de reestatización de rutas, que abarca más de 9.000 kilómetros de carreteras. Durante la transición, no se cobrarán peajes, aunque el proceso de licitación para una nueva concesión aún está en curso.

Flores advirtió que los procesos de licitación suelen ser lentos y que las medidas temporales podrían no ser suficientes. "El Estado tiene que actuar rápido. La Ruta 14 sigue siendo muy peligrosa, y no hay margen para esperar", afirmó.

Mientras tanto, transportistas y conductores esperan acciones concretas para evitar más accidentes y garantizar condiciones seguras de circulación. La Ruta del Mercosur, vital para el comercio regional, sigue siendo un punto crítico que demanda atención inmediata.

A partir del lunes 15 de abril, el Gobierno nacional levantará el cepo cambiario y se permitirá la compra libre de dólares para ahorro en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esto incluye la eliminación del cupo mensual de USD 200 que regía desde 2019.

Las personas humanas podrán acceder sin límite al mercado cambiario oficial para comprar divisas con fines de atesoramiento, sin restricciones vinculadas a subsidios, planes sociales, empleo público o asistencia durante la pandemia.

Además, la Agencia de Recaudación de Contribuciones Argentinas (ARCA, ex-AFIP) eliminará las percepciones impositivas para la compra de moneda extranjera en el MLC, aunque se mantendrán para consumos con tarjeta en dólares y para turismo.

En resumen, desde el lunes será posible comprar más de USD 200 sin tope y sin impuestos, siempre que la operación sea para ahorro a través del mercado oficial y no para gastos con tarjeta o turismo.

Con la entrada en vigencia de la Fase 3 del programa económico, el Gobierno nacional implementó un régimen de flotación cambiaria dentro de bandas móviles, un modelo inédito en la historia reciente de la economía argentina. A partir de ahora, el tipo de cambio oficial del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá oscilar entre un piso de $1.000 y un techo de $1.400, con un ajuste mensual del 1% para cada extremo.

Este sistema apunta a dar previsibilidad y absorber shocks externos sin necesidad de saltos bruscos devaluatorios. ¿Cómo funciona? Cuando el dólar se ubique cerca del piso, el Banco Central comprará divisas, lo que le permitirá acumular reservas. Cuando se acerque al techo, venderá dólares para contener la presión cambiaria. En ambos casos, sin esterilizar la emisión resultante: una diferencia sustancial respecto al pasado.

La experiencia internacional —incluyendo países como Israel, Chile o Colombia— muestra que este tipo de esquemas, si son bien implementados y acompañados por disciplina fiscal y monetaria, pueden anclar expectativas de inflación y ofrecer estabilidad al tipo de cambio. En Argentina, con una economía altamente bimonetaria, la implementación de bandas móviles busca equilibrar las fuerzas del mercado con la intervención estatal.

Además, al permitir una cierta flexibilidad, favorece el desarrollo de mercados de futuros y mejora las decisiones de cobertura de empresas y exportadores. Para el ahorrista, este nuevo régimen representa un marco más transparente para anticipar la evolución del dólar oficial.

La clave del éxito estará en la credibilidad del BCRA, el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, y el respaldo financiero que asegure reservas suficientes para intervenir cuando sea necesario. En este sentido, el acuerdo con el FMI y los fondos de libre disponibilidad juegan un rol estratégico.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en marzo un aumento del 3,7%, marcando una fuerte aceleración frente al 2,4% de febrero y confirmando las presiones inflacionarias que persisten en la economía argentina. Los datos oficiales del INDEC reflejan un recalentamiento de los precios, con sectores clave como Educación y Alimentos liderando las subas.

En el primer trimestre del año, la inflación acumulada alcanzó el 8,6%, mientras que en los últimos doce meses el costo de vida escaló un 55,9%. Aunque el Ministerio de Economía destacó que se trata de la menor variación interanual desde marzo de 2022 y la cifra más baja para un mes de marzo desde 2020, el rebote mensual reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas antiinflacionarias.

El mayor incremento en marzo se dio en Educación (21,6%), impulsado por el inicio del ciclo lectivo y ajustes en cuotas escolares y universitarias. En segundo lugar, Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%) tuvieron un impacto significativo, con aumentos en verduras, legumbres (25,8% en CABA) y carnes (5,7%). Este rubro fue, de hecho, el de mayor incidencia en todas las regiones del país.

En contraste, las divisiones con menores ajustes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Recreación y cultura (0,2%), reflejando un consumo más estable en esos segmentos.

A nivel de categorías, los precios Estacionales (8,4%) lideraron la suba, seguidos por los Regulados (3,2%) y el IPC Núcleo (3,2%), que excluye componentes volátiles. Desde el Palacio de Hacienda insistieron en que la tendencia interanual sigue a la baja, destacando que marzo marcó el undécimo mes consecutivo de desaceleración en la comparación interanual.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación sigue una "trayectoria descendente", economistas advierten que factores como la puja salarial, la escasez estacional de productos y los ajustes tarifarios podrían mantener la presión en los próximos meses. Con un acumulado del 55,9% en el año, la pregunta es si la desaceleración interanual podrá sostenerse o si marzo fue el inicio de un repunte no deseado.