Victoria.- El Juzgado Civil y Comercial de Victoria, a cargo del juez Francisco Márquez Chada, ordenó al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) matricular como abogado a un profesional sin exigirle la renuncia a su matrícula de contador público, en una resolución que vuelve a poner en discusión las incompatibilidades previstas por la legislación provincial para el ejercicio de ambas profesiones.

La medida fue dictada el pasado 10 de junio en el marco de la causa “Masetto, Jorge Nicolás c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros s/ acción de inconstitucionalidad” (Expte. Nº 18.185), mediante una resolución cautelar que tendrá vigencia mientras se sustancia el proceso principal.

El conflicto gira en torno al artículo 41, inciso f, de la Ley Provincial 10.855, que regula el ejercicio de la abogacía en Entre Ríos y establece una incompatibilidad absoluta entre las profesiones de abogado y contador público. En la práctica, la norma obliga a quienes desean matricularse como abogados a renunciar previamente a su matrícula de contador.

Al analizar el planteo, el magistrado consideró que esa prohibición podría resultar desproporcionada y afectar derechos constitucionales vinculados al trabajo, la igualdad ante la ley y la libertad de ejercer profesiones para las cuales una persona se encuentra habilitada.

Entre los argumentos expuestos en la resolución, se señala que los eventuales conflictos de intereses derivados del ejercicio simultáneo de ambas actividades, ya cuentan con mecanismos específicos de control previstos por el ordenamiento jurídico, como las excusaciones, recusaciones y los códigos de ética profesional. Por ello, entendió que una prohibición general y absoluta podría resultar excesiva.

Si bien se trata de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, el pronunciamiento constituye un antecedente relevante para otros profesionales con doble titulación en la provincia.

Mientras avanza la causa principal, Masetto ya comenzó las gestiones para concretar su incorporación al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Consultado por Paralelo32, indicó que presentó la solicitud de inscripción de la matrícula y estimó que el trámite podría resolverse durante la próxima semana. Sin embargo, prefirió no formular declaraciones sobre la resolución judicial hasta que el proceso administrativo concluya.

La resolución de Victoria publicó Entreriosnoticias.ar se suma a otros pronunciamientos judiciales en el mismo sentido. En abril, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Concordia declaró la inconstitucionalidad del mismo inciso de la Ley 10.855 en una causa iniciada por un contador público al que se le había rechazado la matriculación como abogado.

En aquel caso, el profesional sostuvo que la incompatibilidad establecida por la legislación provincial resultaba irrazonable y discriminatoria. La Cámara compartió esos argumentos y declaró la inconstitucionalidad de la restricción.

Asimismo, distintos fallos recientes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos han cuestionado otras incompatibilidades previstas para el ejercicio de la abogacía, entre ellas la que alcanza a determinados jubilados judiciales.

La cuestión de fondo deberá resolverse cuando avance la acción de inconstitucionalidad presentada por Masetto, aunque la cautelar dictada en Victoria le permitirá ejercer ambas profesiones mientras se sustancia el proceso.

Victoria.- La Comisión Organizadora del Carnaval de Victoria presentó el balance financiero correspondiente a la edición 2025, que arrojó un resultado negativo de 3,4 millones de pesos, una cifra que representa apenas el 1,84% del total de ingresos generados por la fiesta.

Según explicó la directora de Turismo municipal, María Belén Gil, los ingresos alcanzaron los 176,9 millones de pesos, provenientes principalmente del canon abonado por el concesionario privado y de las tasas vinculadas al espectáculo.

Por su parte, los egresos totalizaron 180,1 millones de pesos, de los cuales cerca de 168 millones fueron destinados al pago de las distintas expresiones carnavaleras. El resto correspondió a gastos operativos, logística y organización.

La funcionaria destacó además que el concesionario realizó una inversión en especies valuada en aproximadamente 150 millones, incluyendo tribunas, cantinas, baños químicos, mesas, sillas, pantallas LED y otros elementos necesarios para el desarrollo de las seis noches de carnaval.

Entrevistada por Paralelo32, Gil remarcó que el objetivo de la fiesta no es generar ganancias para el municipio, sino garantizar su realización y promover la actividad económica local. En ese sentido, señaló que el evento tuvo impacto positivo en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios turísticos de la ciudad.

“Es una mirada integral. Más allá del balance financiero, el carnaval genera movimiento económico, ocupación hotelera y consumo en distintos sectores”, sostuvo.

Respecto a la organización de futuras ediciones, indicó que la comisión actual concluyó formalmente sus funciones tras la presentación del balance. No obstante, confirmó que ya se realizaron reuniones con las comparsas y expresiones carnavaleras para analizar posibles modificaciones al reglamento y comenzar a trabajar en la planificación del próximo carnaval.

Desde el área de Turismo consideran que la edición 2025 logró cumplir sus objetivos principales, sostener la fiesta, mantener una entrada accesible para el público y generar actividad económica para Victoria.

Nogoyá.– Desde hace años, la comunidad de los ladrilleros sigue siendo igual. Tal vez por tradición, por herencia familiar o justamente porque no ha surgido aún material alternativo que sea accesible y confiable para que reemplace al rústico ladrillo de barro.

En su mayoría, los ladrilleros son emprendedores informales, sin registro formal, sin fábrica, sin estructura de acopio ni distribución, vendiendo al costado del camino lo que fabrican con sus manos.

Ese escenario es el telón de fondo del proyecto de ordenanza de “Promoción y Fomento de la Actividad Ladrillera Local” que ingresó el pasado jueves al recinto del Concejo Deliberante, y que lleva las firmas de los concejales Marianela Manassali, Maximiliano Navarro y José Ramón Perello. La iniciativa propone algo concreto: que al menos el 30% de los ladrillos, adobes y materiales cerámicos afines utilizados en obras públicas municipales sean adquiridos a productores radicados en el ejido de Nogoyá o en un radio no mayor a cincuenta kilómetros de su centro urbano.

El proyecto ingresó formalmente y comenzará a recorrer el camino legislativo habitual: primero el tratamiento en comisión, luego el eventual debate en el recinto.

El texto establece que la cuota mínima del 30% aplica tanto a obras ejecutadas directamente por el municipio como a aquellas licitadas o contratadas por terceros, en cuyo caso los pliegos de bases y condiciones deberán incluir la exigencia de manera expresa como requisito técnico del contrato. El incumplimiento del contratista habilitaría penalidades contractuales.

Para operativizar la medida, la Secretaría de Obras Públicas deberá crear y mantener actualizado un Registro de Productores Ladrilleros Locales, de inscripción gratuita, al que podrán acceder quienes acrediten actividad productiva, domicilio en el ejido municipal y cumplimiento de las normas vigentes. Si ningún productor inscripto pudiera abastecer el volumen requerido en tiempo y forma, recién entonces se habilitaría la contratación con proveedores externos, con constancia en el expediente.

El Ejecutivo tendría sesenta días corridos desde la promulgación para reglamentar la norma, y deberá informar anualmente al Concejo Deliberante sobre el grado de cumplimiento, detallando obras ejecutadas, volumen de materiales utilizados y porcentaje adquirido a proveedores locales. El articulado también invita al Ejecutivo a implementar políticas complementarias: capacitación técnica, acceso al crédito productivo, certificación de calidad y promoción de la Fiesta Provincial del Adobe.

Ahora bien, el interrogante que abre este proyecto no es menor: ¿puede una ordenanza de compras públicas transformar estructuralmente a un sector que opera mayoritariamente por fuera del mercado formal?

Los ladrilleros nogoyaenses, concentrados históricamente en el Barrio Chañar, no responden al perfil de una industria organizada. Son productores artesanales que fabrican, acopian en sus propios terrenos y venden de manera directa, sin intermediarios, sin facturación sistemática, sin los registros contables e impositivos que una contratación municipal habitualmente exige. La misma ordenanza propuesta requiere que los inscriptos en el Registro acrediten "cumplimiento de las normas municipales, provinciales y nacionales aplicables a la actividad", una condición que, en el estado actual del sector, podría dejar fuera de registro a buena parte de quienes se supone que el proyecto quiere beneficiar.

La Fiesta del Adobe existe desde hace un par de años como reconocimiento colectivo a esa tradición productiva. Es un gesto genuino de identidad cultural, pero los propios productores saben que el festejo no se traduce en mejoras concretas para su actividad: no hay cooperativa, no hay planta de acopio, no hay financiamiento diferencial, no hay asistencia técnica sistemática. La fiesta pasa, el lunes vuelve a ser lunes.

En ese contexto, el proyecto tiene al menos el punto a favor de plantear una herramienta de política económica local con destino concreto: que el gasto del Estado derive en beneficios directos para las familias ladrilleras. Pero para que eso ocurra, el camino legislativo deberá incluir una discusión sobre la informalidad del sector, sobre cómo se diseña un registro que incluya en lugar de excluir, y sobre qué tipo de acompañamiento real necesita el sector para que sus productores puedan cumplir los requisitos que una contratación pública demanda.

El proyecto está en comisión. La discusión, recién empieza.

Nogoyá.– El juez de Garantías subrogante de nuestra ciudad, Américo Daniel Luna, dictó el sobreseimiento del médico cirujano Gustavo Cresta, quien se encontraba acusado por presunta mala praxis médica en la atención de una niña de ocho años en el hospital local. La resolución del magistrado —quien es titular del Juzgado Civil y Comercial local y actuó de manera provisoria en el fuero penal— no se adentró en evaluar la eventual responsabilidad del profesional respecto de las graves secuelas padecidas por la paciente, sino que se centró exclusivamente en la vigencia de la acción penal. El fallo hizo lugar al planteo del abogado defensor, Augusto Lafferriere, determinando que los plazos legales para juzgar el hecho se encuentran agotados y consagrando la prescripción de la causa, una medida técnica que el Ministerio Público Fiscal ya adelantó que recurrirá ante las instancias superiores.

Los hechos que originaron la causa penal se remontan a enero del año 2019, a raíz de la atención brindada a la menor en el Hospital San Blas. La fiscal Maite Burruchaga había formalizado oportunamente la investigación bajo el cargo de lesiones graves culposas, sosteniendo que el cirujano obró de manera negligente al dilatar por espacio de aproximadamente doce horas la intervención quirúrgica de una apendicitis de urgencia. Según la hipótesis fiscal, dicha demora desencadenó severas complicaciones postoperatorias en la salud de la niña, incluyendo abscesos intraabdominales, fascitis necrotizante y una evisceración que derivaron en una debilitación permanente de la pared abdominal de la paciente.

Al ejercer su derecho de defensa en octubre de 2021, el médico Cresta brindó un pormenorizado descargo donde rechazó los cargos de negligencia y fundamentó los criterios científicos aplicados, argumentando además las severas limitaciones materiales del nosocomio. El profesional explicó que las apendicitis constituyen metodológicamente una urgencia y no una emergencia, lo que otorga un margen clínico de resolución de hasta 24 horas. Precisó que reprogramó la cirugía para el día siguiente a primera hora debido a que el único quirófano disponible debió ser utilizado de forma inmediata para una cesárea de urgencia por riesgo inminente de vida de un recién nacido, asegurando que la postergación respondió a una prioridad médica insalvable y ajena a su voluntad.

El debate de fondo que dividió las aguas en los Tribunales locales se focalizó en determinar si la acción penal continuaba activa. Dado que el delito imputado contempla una pena máxima de tres años de prisión, la defensa argumentó el cumplimiento del plazo. Por su parte, el fiscal Fernando Martínez y el querellante Walter Martínez sostuvieron que, por tratarse de un médico de un hospital público, los plazos estaban automáticamente suspendidos por su condición de empleado del Estado, asimilando dicho rol al de funcionario público en base a interpretaciones del Código Penal. Sin embargo, el juez Luna adhirió a la postura defensiva, dictaminando que la suspensión de los plazos cede cuando la conducta del agente se circunscribe estrictamente a su habilitación profesional técnica o científica y no a competencias administrativas o de ejercicio del poder estatal. El magistrado criticó la prolongada inacción de los órganos acusadores y ratificó el derecho constitucional de todo ciudadano a liberarse de un estado de sospecha indefinido. No obstante, fuentes judiciales advirtieron sobre posibles fisuras en los fundamentos del fallo, señalando precedentes provinciales donde el concepto de funcionario abarca de forma genérica al empleado estatal y recordando que el tipo penal prevé una inhabilitación de cuatro años, lo que elevaría el plazo de prescripción.

Crespo.- La presidenta de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, comentó a Paralelo32 las intensas actividades que está organizando la institución durante 2026.

En abril se realizó el Seminario Internacional sobre Avicultura sobre cuatro ejes: Inteligencia Artificial aplicada al rubro avícola, Arraigo rural, Desarrollo Local con el aporte del sector para consolidar pequeñas localidades, Infraestructura en caminos para consolidar la logística asociada a las dos cadenas de valor, pollo y huevo. Gallinger se mostró satisfecha con los resultados obtenidos en esa primera gran actividad anual de la Asociación que permitió dar un panorama amplio y completo de la actualidad en un sector que enfrenta grandes desafíos en salto tecnológico, para consolidar su desarrollo productivo.

Próximamente, el 4 de julio se hará la Cena del Encuentro de la Industria Avícola en el Salón Barcelona, con dos objetivos fundamentales: lograr la presencia de la familia de los productores avícolas, por un lado; integrar a las dos costas, Paraná y Uruguay, y a la dos cadenas de valor, carne y huevo, en un encuentro de camaradería del sector.

“Queremos contar la historia de la Asociación de la que esta conducción es parte y sostiene un legado de generaciones anteriores”, señaló Gallinger. Sin confirmaciones aún, la cena podría contar con ponencias de especialistas. En tanto, la velada musical estará a cargo de Juan Manuel Bilat, destacado acordeonista y compositor de música litoraleña.

En este punto, la dirigente avícola destacó que las entradas para la cena están abiertas para toda persona, especialmente quienes tengan o hayan tenido alguna relación con la actividad avícola personal o en la historia de su grupo familiar.

Finalmente, del 5 al 9 de octubre se desarrollará la Segunda Semana del Huevo, que también se está organizando, centrada en ponencias y debates con especialistas, sobre temas que inciden directamente en el desarrollo de la avicultura entrerriana: novedades en genética aviar, IA aplicada a la producción, energías renovables, mercados internacionales, novedades en robótica, entre otros temas previstos. “Aunque está centrado en el sector avícola, invitamos a participar en la Semana del Huevo al público en general que quiera asistir a las ponencias que estamos organizando”, agregó Gallinger.

A través de una activa agenda de articulación institucional con la Policía de Entre Ríos, la Sociedad Rural de Victoria (SRV) viene impulsando la optimización del equipamiento y la movilidad en las dependencias policiales, con especial foco en la prevención y seguridad de las zonas rurales e isleñas de nuestro departamento.

Según pudo conocer Paralelo32, el logro más reciente de esta coordinación es la asignación de un móvil recuperado para la Comisaría de Laguna. La camioneta que prestaba servicio en esa dependencia se encontraba en un avanzado estado de deterioro y, a partir de las gestiones conjuntas, la Provincia destinó una inversión de 18 millones de pesos para reacondicionar a nuevo otra unidad. Los trabajos incluyeron reparaciones integrales de motor, chapa, pintura y ploteo antes de su entrega formal.

Este avance se acopla a un antecedente directo que tiempo atrás benefició a la Comisaría de Pajonal bajo la misma modalidad de gestión. En esa misma línea de trabajo en el territorio, se recuerda la articulación realizada oportunamente junto al entonces jefe departamental, César Primo, mediante la cual se logró dotar de tres lanchas a las comisarías de islas (Primera, Segunda y Tercera secciones).

Actualmente, la entidad ruralista y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la provincia —conducida por el Comisario Mayor Cristian Allegrini— avanzan en tratativas ante la Justicia local para sumar un nuevo recurso estratégico.

El objetivo es lograr que una lancha que fue secuestrada en el marco de una causa penal en el ámbito departamental, bajo la órbita del fiscal Eduardo Guaita, sea asignada formalmente a la Comisaría de Laguna para reforzar los patrullajes fluviales.

Cabe destacar que este tipo de gestiones operativas por unidades terrestres se canalizan de manera directa con la cúpula de la Brigada a nivel provincial, mientras que el destino de los elementos incautados se coordina formalmente con los juzgados intervinientes, manteniendo siempre un esquema de trabajo conjunto y planificado entre la Rural y la fuerza policial.

Crespo.- Vuelto a primera instancia el recurso de amparo presentado por la abogada Sonia Spreafico contra la designación de la terna que compitió por la titularidad del Juzgado de Paz y Familia de Crespo, se produjo un nuevo rechazo a la presentación de la demandante.

En esta oportunidad, el caso fue revisado por el doctor Alejandro Grippo, vocal de Juicio y Apelaciones Nº 6 de Paraná, que declaró “inadmisible” la presentación de la profesional.

El fallo fue apelado y volverá a instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia. Solo resta saber si la nueva revisión será realizada por la misma composición que actuó la primera vez o si se formará una nueva composición de vocales del STJ.

Spreafico había presentado Acción de Amparo - Habeas Data contra la Municipalidad de Crespo y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que ambas entidades brinden el acceso a la información pública y a publicar todos los actos administrativos correspondientes a la integración, conformación y documentación respectiva en relación a la terna de candidatos a Juez de Paz. Además, pidió la nulidad de la norma municipal que dispuso la conformación de la terna de postulantes conformada por Jorge Kriger (elegido para el cargo), Rocío Weber y Rocío Rodríguez Mayer.

En un escrito de veinte páginas, Grippo destacó en uno de los párrafos centrales de su fallo, que “no se advierte prima facie que el Departamento Ejecutivo Municipal ni el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo hayan obrado por fuera del marco de legalidad o juridicidad que rige la actividad de la administración en todo su ámbito de actuación para su normal desenvolvimiento. Ya que en principio, todo acto administrativo se presume legítimo, y la arbitrariedad denunciada debe emanar de forma evidente, manifiesta y palmaria para dar cauce a esta acción, lo cual no sucede en estos autos”.

El magistrado agregó que “también cabe rechazar la alegada inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo, pues tal planteo no solo que se confunde con el objeto (ampliado) de la presente acción, sino que no se encuentra suficientemente fundado como para habilitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que es de última ratio y de carácter excepcional”.

Más adelantó, Grippo subrayó que la abogada Spreafico “ni siquiera ha podido cumplimentar su carga procesal de demostrar, como mínimo un actuar ilegítimo de las partes demandadas, ya que no surge ni de lo invocado por la misma en su demanda, ni de la documentación por ella presentada ni de la adjuntada por las partes demandadas. Por todo ello, entiendo no se verifican las condiciones legales de procedencia de la acción de amparo”.

Con costas a cargo de Spreafico, el doctor Grippo reguló honorarios por 1.738.424,40 pesos, equivalente a 20 juristas (86921,22 pesos cada jurista, nombre que recibe la unidad de regulación de honorarios en la Justicia), a favor del abogado de la Municipalidad de Crespo, Francisco Ferrer. Otro tanto a favor de los abogados de la Fiscalia de Estado de la Provincia, Martín Rettore Elena y Juan Francischelli; cada uno percibirá 869.212,20 pesos.

En el fallo original del Superior Tribunal de Justicia, que mandó a revisar el procedimiento, se pidió que se incluya la opinión de los tres ternados en torno a la controversia entre Spreafico y Municipalidad/Provincia. Sólo respondieron Kriger y R. Mayer.

• Kriger expuso que la parte actora “debió demostrar el carácter de manifiestamente ilegítimos” de los decretos del Concejo Deliberante de Crspo y del Gobierno provincial. Señaló que “son actos administrativos dictados por organismos del Estado con facultades para emitirlos” y que “no han sido motivo de impugnaciones por la vía correspondiente en el período posterior a su publicación en los respectivos boletines oficiales”. Entiende que corresponde declarar “inadmisible” la presentación de Spreafico y destacó “la situación de

‘derecho adquirido’” que reviste su nombramiento. El abogado solicitó que “se rechace la demanda con la adición de la causal de inadmisibilidad, se declare la pérdida de objeto del presente amparo por haberse tornado abstracta la cuestión debatida”.

• Rodríguez Mayer expresó “que su interés y vinculación en el trámite de designación de Juez de Paz de Crespo culminó con la elección del colega Dr. Jorge Kriger, no teniendo más que manifestar sobre el procedimiento ejecutado ni sobre el presente proceso”.

A los 41 años, Juan Manuel Tablada combina jornadas de trabajo como electricista, metalúrgico, técnico en refrigeración y mantenimiento con exigentes entrenamientos que muchas veces lo llevan a recorrer más de 30 kilómetros por día. Su próximo objetivo es tan desafiante como ambicioso: clasificar al Mundial de 100 kilómetros que se disputará en septiembre en España.

Para hacerlo posible, el atleta lanzó una rifa solidaria con la que busca recaudar fondos que le permitan afrontar los costos de las competencias y, eventualmente, concretar el viaje internacional.

En diálogo con Valeria Torresín durante el programa Crespo en Vivo, Tablada contó que nació en Viale, aunque desde hace siete meses reside en Crespo.

"Estoy encantado con la ciudad, muy agradecido con todo el mundo. Me han tratado muy bien y ya pienso quedarme acá", expresó.

El vínculo de Tablada con el atletismo comenzó cuando era apenas un niño. Sin pertenecer a una escuela deportiva estable y entrenando casi siempre por su cuenta, encontró en la carrera una pasión que lo acompañó toda la vida.

"Siempre me destaqué por andar corriendo para todos lados. Después seguí prácticamente solo. Hubo una escuelita cuando era chico, pero desapareció y desde entonces entrené por mi cuenta", recordó.

Con el paso de los años fue atravesando distintas disciplinas y distancias hasta llegar a las ultramaratones, pruebas que superan los 42 kilómetros tradicionales del maratón.

Actualmente entrena todos los días de la semana y puede recorrer entre 20 y 30 kilómetros diarios. En ocasiones, cuando necesita completar sesiones más extensas, corre desde Crespo hasta Paraná o Viale.

"A veces termino de trabajar tarde y el único momento que me queda para entrenar es a la una de la mañana", relató.

El desafío más inmediato será el 26 de julio en Formosa, donde participará de una competencia de 12 horas de duración que servirá como clasificatoria para el Mundial de 100 kilómetros.

Para lograr la marca necesaria deberá recorrer aproximadamente 150 kilómetros.

"Es una prueba muy exigente, pero es el paso que necesito dar para intentar llegar al Mundial", explicó.

Más allá del entrenamiento, Tablada señaló que sostener la actividad implica afrontar numerosos gastos vinculados a la alimentación, controles médicos y preparación física.

"La dieta es complicada porque un ultramaratonista necesita varias comidas al día para no perder masa muscular ni afectar su salud. También hacen falta profesionales que acompañen el proceso, y todo eso cuesta dinero", comentó.

A pesar de sus logros deportivos, asegura que conseguir patrocinadores sigue siendo una tarea difícil.

"Tengo récords nacionales y aun así no consigo sponsors. Estoy por intentar clasificar a un Mundial y sigue siendo complicado encontrar apoyo", afirmó.

Con el objetivo de financiar su participación en las próximas competencias, lanzó una rifa solidaria cuyo premio principal es una motocicleta de 150 centímetros cúbicos de su propiedad.

El segundo premio consiste en 100 mil pesos en combustible y el tercero en 50 mil pesos en combustible o efectivo.

La rifa contempla 500 números, cada uno con un valor de 10 mil pesos, y el sorteo se realizará el 30 de julio mediante la Quiniela Nocturna de Entre Ríos.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3436 13-2675 o a través de Instagram, en la cuenta de Juan Manuel Tablada.

La iniciativa tiene además un componente solidario. Tablada anunció que, en caso de vender la totalidad de los números, realizará una carrera hasta el Hospital Garrahan para entregar una donación destinada a un niño de 12 años que atraviesa un complejo tratamiento médico.

"Conocí su historia por las redes sociales y decidí ayudarlo. No hace falta conocer a una persona para tenderle una mano cuando la necesita", expresó.

Además, adelantó que una parte de lo recaudado también será destinada a una institución educativa de Crespo.

A lo largo de su carrera deportiva, Tablada vio frustradas varias posibilidades de competir en el exterior debido a la falta de recursos económicos.

"Ya me perdí la oportunidad de viajar a China, a la India y a Francia. Este año decidí hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar", señaló.

Crespo- Alfajores Legüero representó a la Capital Nacional de la Avicultura en la séptima edición del certamen ‘Probando alfajores’ y logró el bicampeonato, repitiendo lo sucedido en 2025, esta vez con presencia de 128 marcas. La propuesta gastronómica a cargo de Loly Gassmann y su esposo Sixto Schmidt consiguió el pasado fin de semana triunfar en la final por un escueto 51% (2.136 votos) ante la marca Bacará (2.023 votos).

Semanas atrás explicamos junto a sus protagonistas que el certamen se hizo a través de votaciones en redes sociales, desde la cuenta organizadora, que cuenta con miles de seguidores. Su titular es jurado en prestigios concursos, realzando la importancia del torneo. Compitieron marcas de todo el país y la firma crespense fue avanzando, primero en la fase de grupos, luego con la semifinal y la gran final.

Los campeones explicaron que “Nuestro alfajor se caracteriza por su textura, relleno y calidad. Es una evaluación integral que se hizo del alfajor, pero es la gente la que vota y elige”.

La marca campeona logra así, además de la copa, el reconocimiento masivo en redes y la posibilidad de competir en el Campeonato Mundial del Alfajor, que tiene una dinámica similar, pero a otra escala, cuya fecha aún no está confirmada.

Crespo.- La Municipalidad realizará la ‘Concesión de uso oneroso de espacios públicos ubicados en los carteles nomencladores de calles de la ciudad de Crespo’ a través de la Convocatoria Pública Nº 2/2026 – 2º Llamado. La apertura de sobres se hará el próximo miércoles 17 de junio, a las 10, en la sección de Suministros.

Los oferentes deberán formular su propuesta económica por el trazado total de la calle objeto de la oferta, con un precio base que va de 20 mil pesos a 80 mil pesos por tramo.

La concesión comprenderá el derecho de explotación publicitaria del espacio destinado a publicidad en dichos carteles, con cargo al adjudicatario de proveer, fabricar, colocar, conservar, mantener y reemplazar los carteles nomencladores conforme las especificaciones técnicas establecidas en el pliego y demás instrucciones que imparta la Municipalidad de Crespo. La duración de la concesión será de cinco años.

Calle                           Tramo                                                Precio base

9 de Julio                     Misiones y Entre Ríos                        80.000

Buenos Aires              De las Azucenas y Entre Ríos 80.000

25 de Mayo                 Moreno y Entre Ríos                          56.000

Carbó                          Belgrano y Blas Parera                       56.000

Rivadavia                    Mitre y Entre Ríos                              45.000

Urquiza                       Av. Belgrano y Entre Ríos                  40.000

Rocamora                    Pje. Echagüe y Entre Ríos                  40.000

Avda. H. Seri              Belgrano e Independencia                  28.000

3 de Febrero                Independencia y Belgrano                  20.000

El 26 de mayo pasado, la Municipalidad adjudicó a Feller S.R.L. la concesión onerosa de espacios publicitarios en carteles nomencladores de calles por un total de 4.600.000 pesos. Se incluyeron tramos de San Martín, O. Sagemuller y Ramírez. En ese primer llamado fue la única empresa oferente.

Los tramos que fueron adjudicados son: San Martín entre Independencia y Entre Ríos (2 millones de pesos), Sagemuller entre Mitre y Entre Ríos (1,6 millones) y Ramírez entre Mitre y Entre Ríos (un millón). Como en el nuevo llamado, Feller S.R.L. debe proveer, fabricar, colocar, conservar, mantener y reemplazar, cuando sea necesario, los carteles nomencladores, según especificaciones técnicas municipales.

La Municipalidad de Crespo, junto al Consejo Asesor de Adultos Mayores, realiza este martes 16 de junio una Radio Abierta en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha promovida por las Naciones Unidas para fomentar el respeto, la dignidad y el buen trato hacia las personas mayores.

La actividad tiene lugar de 10:00 a 11:30, en la Plaza Sarmiento (intersección de San Martín y Avenida Belgrano). La propuesta, que es emitida por la señal de Boing 93.7 y el steaming de Paralelo32 busca generar un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización sobre los derechos de las personas mayores, destacando su participación activa en la comunidad y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la inclusión.

La conducción está a cargo de Valeria Torresín y de Valentina Franck, integrante del Consejo Asesor de Adultos Mayores y conductora de un espacio radial dedicado a esta temática.

Durante los 90 minutos de la programación participarán representantes de instituciones vinculadas a las personas mayores, referentes municipales, talleristas y vecinos que compartirán experiencias, reflexiones y propuestas relacionadas con el envejecimiento activo y el buen trato.

Crespo- Alfajores Legüero representa a la Capital Nacional de la Avicultura en el certamen ‘Probando alfajores’ y llegó a la gran final. La propuesta gastronómica está a cargo de Loly Gassmann y su esposo Sixto Schmidt.

Loly comentó a Paralelo 32 que “Es el séptimo torneo nacional y se hace a través de votaciones en redes, desde la cuenta ‘Probando Alfajores’, que tiene miles de seguidores y organiza la propuesta. Su titular es jurado en prestigios concursos, eso realza la importancia del torneo, porque hablamos de especialistas. Va probando alfajores, hace una reseña de cada uno y la gente después vota. El torneo se hace en mayo de cada año. Ahora hay 132 marcas divididas en 4 zonas de 32 cada una, haciendo eliminaciones hasta llegar a un finalista por grupo. Es lo que logramos nosotros, por lo que estamos a un paso de ser bicampeones, siendo los ganadores del año pasado”.

“Compiten marcas de todo el país y para nosotros es motivo de orgullo ser finalistas. Tenemos la ilusión de ganar. Más allá de lograrlo o no, sirve para dar a conocer la marca y conocer otros alfajores también, viendo qué proponen y qué hay en el mercado. Nos toca el último paso, compitiendo con tres marcas más, una por cada zona. Nosotros somos los finalistas de la denominada ‘Zona 1’”, agregaron.

“Nuestro alfajor se caracteriza por su textura, relleno y calidad. Es una evaluación integral que se hace del alfajor. Pero después es la gente la que vota y elige. El campeón además de la copa obtiene el lógico reconocimiento de su marca y la posibilidad de competir en el Campeonato Mundial del Alfajor, que tiene una dinámica similar, pero a otra escala”, cerraron.

Si tenés Instagram, podés ayudar con tu voto a la marca. Entrás a las ‘historias’ de @probandoalfajores y votás por Legüero. Sino tenés Instagram ayudás compartiendo la novedad con tus conocidos.

El Museo Casa de Gobierno de Entre Ríos fue escenario este viernes de una propuesta especialmente pensada para las infancias. Bajo el título “Te canto un cuento con Canto Rodado”, niñas, niños y docentes participaron de una experiencia que integró música, literatura y narración oral para acercar la cultura entrerriana a los más pequeños.

La actividad se desarrolló en la Sala Multimedial del museo, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y estuvo a cargo de la cantautora, escritora e investigadora Paulina Lemes, creadora del proyecto multimedia Canto Rodado, quien se presentó por primera vez en la ciudad de Paraná.

Nacida en Gualeguaychú, Lemes impulsa desde hace años una propuesta artística destinada a las infancias que combina cuentos, canciones y relatos vinculados con la flora, la fauna, las leyendas y la identidad cultural de Entre Ríos.

De la jornada participaron alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria Nº 202 “Gaspar Benavento”, además de familias y público en general, quienes compartieron un espacio de aprendizaje y recreación donde la imaginación y el juego fueron protagonistas.

A través de canciones, historias y dinámicas participativas, los niños pudieron acercarse a la literatura desde una experiencia lúdica y significativa, descubriendo aspectos de la historia, la naturaleza y las tradiciones de la provincia.

Paulina Lemes es autora de 23 libros destinados al público infantil, en los que aborda temáticas relacionadas con la naturaleza, los personajes populares, las raíces culturales entrerrianas y los universos propios de la niñez.

Durante el encuentro se compartieron fragmentos de algunas de sus obras más reconocidas, entre ellas Canción del mar, Amaridul y Yo sé hablar en guaraní, títulos que invitan a explorar el mundo desde la curiosidad, la sensibilidad y la poesía.

La actividad formó parte de la programación especial organizada por el Museo Casa de Gobierno con motivo de su décimo aniversario, una celebración que incluye diversas propuestas culturales, educativas y recreativas destinadas a acercar el patrimonio histórico y cultural provincial a la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios que promuevan el contacto temprano con la lectura, la música y las expresiones artísticas, fortaleciendo al mismo tiempo el conocimiento de la identidad entrerriana entre las nuevas generaciones.

Nogoyá.– La Municipalidad de Nogoyá llevó adelante hace poco más de un mes, la primera instancia participativa en el marco del desarrollo del Plan Base de la ciudad, convocando a representantes de instituciones, profesionales, funcionarios, vecinos y actores de diversos sectores comunitarios. El propósito del encuentro fue trabajar de manera conjunta sobre los principales desafíos y oportunidades para el crecimiento y la planificación urbana. Durante la semana, el municipio confirmó que se confeccionó una guía con los principales aportes y conclusiones del taller.

A través de cuatro mesas temáticas específicas, se abordaron ejes estratégicos vinculados al hábitat, los servicios comunitarios, la movilidad urbana y el desarrollo económico, generando un insumo clave para proyectar una ciudad ordenada, sustentable e integrada para las próximas décadas.

La primera mesa, abocada al hábitat y la planificación urbana, contó con la participación de profesionales de la arquitectura, agrimensura, obras públicas y corredores inmobiliarios. Los debates giraron en torno al uso del suelo, la expansión territorial y la urgente necesidad de actualización normativa mediante la creación de un nuevo Código Urbano y un Código de Edificación. Se destacó la importancia de reglamentar indicadores urbanísticos específicos como el Factor de Ocupación Total (FOT) y el Factor de Ocupación del Suelo (FOS/FOD), regulando los nuevos loteos y promoviendo el desarrollo de loteos sociales. Asimismo, se remarcó la necesidad de delimitar las zonas de riesgo de inundación en los sectores vinculados al arroyo Chañar y al arroyo Nogoyá, densificar áreas de la planta urbana y proyectar la disponibilidad de suelo para los próximos 50 años, evaluando el impacto directo que tendrá la traza de la nueva circunvalación. Las metas incluyeron la extensión de infraestructura básica en áreas del ejido rezagadas, la planificación de zonas diferenciadas para viviendas, industrias y chacras, el control para evitar el hacinamiento y el incentivo a políticas de reciclaje.

En la segunda mesa se debatieron los bienes y servicios comunitarios con referentes de educación, salud, cultura, ambiente y desarrollo social. El eje estuvo puesto en la descentralización de servicios públicos para lograr un acceso equitativo en los nuevos barrios. En el plano educativo, surgieron propuestas para fortalecer carreras tecnológicas y talleres de oficio que mejoren la inserción laboral. En salud, se planteó la necesidad de elevar el nivel de complejidad del hospital local, mientras que en cultura se acordó consolidar el patrimonio histórico como pilar de la identidad. Respecto a la seguridad, se analizó la situación de personas en situación de calle, el incremento poblacional proveniente de otras provincias en sectores periféricos y la delimitación de competencias de las fuerzas de seguridad, proyectando controles específicos sobre la nueva circunvalación y rutas de acceso. Para el esparcimiento, se propuso revalorizar los bulevares y consolidar sectores recreativos como el bulevar España, el predio del ACA y el Paseo Alfonsín.

La tercera mesa abordó la movilidad urbana, logrando un consenso unánime sobre la importancia de avanzar con la obra de la circunvalación para desviar definitivamente el tránsito pesado fuera del casco céntrico. Entre los puntos clave desarrollados se incluyeron el ordenamiento de los accesos a la ciudad, la integración de la Ruta Nacional 12 a la trama urbana mediante cruces seguros y colectoras, la mejora de la accesibilidad en los entornos escolares y la regulación de corralones y empresas logísticas para disminuir los congestionamientos. También se propuso la creación de playones específicos para camiones, la planificación integral del barrio Chañar mediante avenidas y espacios verdes, la inversión en seguridad vial y el impulso de un paseo gastronómico planificado sobre los bulevares públicos.

Finalmente, la mesa de desarrollo económico sumó a concejales, productores, comerciantes y representantes del INTA. La principal iniciativa fue la reubicación progresiva de infraestructuras productivas, galpones y pequeñas industrias hacia el Parque Industrial, apuntando especialmente a las actividades actualmente radicadas en zonas residenciales como el sector Alberdi. También se propuso el aprovechamiento de efluentes orgánicos para la generación de biogás, el fortalecimiento de servicios anexos al sector primario como hotelería, gastronomía y mecánica, y la articulación con universidades para generar mano de obra calificada. Para garantizar la continuidad de estos proyectos, se planteó la creación de una comisión permanente de revisión y seguimiento productivo integrada por el municipio, las escuelas y el sector privado. Desde el Ejecutivo local agradecieron el compromiso de los participantes y confirmaron que en las próximas semanas se realizará un segundo taller para consolidar las líneas de acción antes de la presentación oficial del documento estratégico definitivo.

Cuando hablamos de una población que envejece, es obvio que nos referimos a la humanidad, a la población global. Hecha esta aclaración, vayamos ahora sí a los datos locales, que no son exclusivos de nuestro pequeño mundo sino que reflejan un fenómeno del país y de alcance global, salvo algunas excepciones.

Los nacimientos en Victoria cayeron de 604 en 2004 a 281 en 2025, lo que representa una disminución aproximadamente del 47% según datos del Registro Civil. La tendencia continúa hasta el 31 de mayo en el 2026 se contabilizan 102 natalicios.

El fenómeno acompaña una tendencia nacional. Un informe de la Universidad Austral señala que la tasa de fecundidad en Argentina descendió de 2,1 hijos por mujer en 2001 a 1,4 en 2022, un promedio que se mantiene en mediciones del 2025.

Entre las principales causas aparecen la postergación de la maternidad, una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, el acceso a métodos anticonceptivos, la disminución de los embarazos adolescentes y cambios culturales que hacen que tener hijos ya no sea una prioridad para muchas parejas jóvenes. ”La Educación Sexual Integral (ESI) y especialmente el suministro de anticonceptivos en hospitales públicos, tuvieron incidencia”, según el estudio.

Los especialistas advierten que esta situación tendrá consecuencias a futuro. Menos nacimientos implican una población cada vez más envejecida, lo que genera desafíos para sostener los sistemas jubilatorios y aumentar la demanda de servicios de salud para adultos mayores. ”Representa, a futuro, una sobrecarga para para las cajas previsionales”.

Algunos datos son reveladores, se producen –en el país- 260.000 nacimientos menos al año. La caída en la cantidad de nuevos nacimientos en la última década es enorme; en 2005 se producían a nivel país unos 710.000 al año, número que subió a 750.000 en 2014 pero cayó en picada los años siguientes.

En 2022 nacieron 490.000 niños y niñas y en el 2025 aproximadamente 435.000, según el informe de la UA que cita el Reporte interactivo de Estadísticas del Ministerio de Salud. También disminuyó la cantidad de familias numerosas; en 2001 había 1.533.421 mujeres con más de cinco hijos; en 2022, fueron 608.617, según el último censo. Son 924.804 nacimientos menos.

Mientras algunos países europeos intentan revertir esta tendencia mediante incentivos económicos, los expertos coinciden en que hasta el momento no existen políticas públicas que hayan logrado frenar de manera significativa la caída de la natalidad.

Nogoyá.– El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizó la apertura de sobres correspondiente al concurso de precios para la puesta en valor y reparación integral del edificio del Registro Civil de Nogoyá, con el claro propósito de optimizar su funcionamiento institucional, fortalecer la calidad de las prestaciones que allí se brindan y preservar su valor patrimonial. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial asignado de 77.542.416 pesos y prevé un plazo de ejecución de 90 días corridos, habiéndose presentado al acto administrativo dos firmas oferentes: Covi SAS y Calaco Construcciones SRL.

La apertura de sobres contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien señaló que esta obra era una mejora muy esperada en la localidad, dado que la estructura llevaba muchos años sin recibir reparaciones de fondo. Aluani remarcó que este paso permitirá dignificar el espacio laboral del personal y ofrecer una mejor calidad de atención a todos los ciudadanos que concurren diariamente a realizar sus trámites. En sintonía, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, encuadró la obra dentro de un plan sostenido de fortalecimiento edilicio provincial, destacando que los trabajos resolverán fallas estructurales que afectaban el normal desenvolvimiento de la oficina, garantizando espacios más seguros y accesibles para los entrerrianos.

La intervención técnica abarcará una superficie total de 300 metros cuadrados. El pliego incluye la reconstrucción completa de la red de agua potable interna, actualmente deteriorada por la obsolescencia de las cañerías existentes, así como reparaciones profundas en los sectores sanitarios y de circulación, complementadas con mejoras integrales en el tendido de la instalación eléctrica. También en el subsuelo del edificio, se ejecutarán tareas para evitar inundaciones y acondicionar térmicamente el espacio destinado al resguardo del archivo documental de la repartición. Finalmente, las reformas exteriores contemplan la construcción de una rampa de hormigón armado, garantizando un ingreso seguro y universal para las personas con movilidad reducida.

Por su parte, el director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia, Luciano Fettolini, vinculó esta puesta en valor edilicia con un proceso de regularización más amplio que se viene ejecutando en la oficina registral de Nogoyá, donde actualmente también se está desarrollando el concurso para cubrir el cargo de jefe del área. El funcionario expresó su satisfacción por concretar una obra que preservará los documentos que contienen gran parte de la historia social de la comunidad.

La situación del avión IA-50 Guaraní II emplazado en el Distrito Comercial Norte se instaló en la agenda pública de la ciudad a partir de la preocupación expresada por el profesor e investigador Claudio Schulz, quien advirtió sobre el estado de deterioro de la aeronave y reclamó una intervención municipal que permita preservar una pieza que considera parte del patrimonio histórico y tecnológico nacional.

La discusión no es nueva. Sin embargo, la transformación urbanística que experimenta el predio donde se encuentra instalado el avión volvió a encender las alarmas sobre el futuro de una aeronave que llegó a la ciudad en 2002 con la intención de convertirse en un símbolo accesible para toda la comunidad.

Schulz, reconocido por sus investigaciones sobre los héroes crespenses de la Guerra de Malvinas, Juan José Falconier y Danilo Bolzán, sostiene que el Guaraní constituye mucho más que una estructura decorativa.

“Ese avión, como todos los aviones, son cedidos por la Fuerza Aérea en comodato a las municipalidades para su resguardo. Lo que ocurrió en Crespo es que terminó apropiado a nivel privado”, expresó recientemente a Paralelo 32.

En una nota elevada al Concejo Deliberante, el investigador recordó que el propósito de estas cesiones es permitir que las aeronaves sean exhibidas y apreciadas por la población como piezas representativas de la historia de la aviación argentina.

Según argumentó, el hecho de que actualmente el avión permanezca dentro de un predio privado, sin acceso libre para la ciudadanía y mostrando evidentes signos de deterioro, justifica una intervención del Estado municipal para su recuperación, puesta en valor y eventual reubicación.

La publicación de estos planteos generó una respuesta por parte del empresario Fernando Huck, quien en un escrito publicado en El Observador, mencionó que el proyecto encontró dificultades desde sus inicios por la falta de un espacio público consensuado para emplazar la unidad.

Según relató, fue el suboficial mayor (R) Isabelino Martínez quien gestionó ante la Fuerza Aérea la cesión del avión para Crespo. Ante la imposibilidad de concretar su instalación en terrenos municipales, Huck ofreció un sector de Organización Avanzar SRL para evitar que la aeronave fuera devuelta.

El empresario mencionó que la colocación demandó una importante inversión económica y un complejo trabajo técnico. La estructura requirió una base de hormigón de grandes dimensiones, columnas especialmente diseñadas para sostener el peso de la aeronave y el traslado del avión en varias secciones hasta la ciudad. Expresando además que la obra contó con la colaboración del ingeniero Amílcar Waigel, personal de la II Brigada Aérea y trabajadores de la empresa.

Los archivos periodísticos permiten reconstruir el contexto en que se tomó la decisión.

En una entrevista publicada por Paralelo 32 el 31 de agosto de 2002, Isabelino Martínez explicó que su intención original era emplazar el avión en un espacio público visible para quienes ingresaban a la ciudad. Sin embargo, las diferencias con el municipio respecto del lugar de ubicación frustraron aquella alternativa.

Mientras desde el gobierno local se proponía instalarlo en Plaza San Lorenzo, Martínez sostenía que debía ubicarse cerca de la ruta para garantizar una mejor exhibición.

Finalmente, ante la falta de acuerdo, surgió el ofrecimiento de Huck para colocarlo en el predio lindero al Salón Castillo, donde permanece hasta la actualidad.

En aquella misma entrevista, Martínez reconocía que no existía un convenio formal para la instalación de la aeronave y destacaba el aporte de la Colectividad Alemana en la construcción de la base y la infraestructura necesaria para sostenerla.

Al cerrar la nota periodística, el entrevistado expresó a Paralelo 32:

El lugar está cercado, pero se piensa abrir una puerta para permitir el libre acceso.

Martínez, como depositario del avión, se mostró agradecido con la familia Gottig que cuidó la unidad mientras estuvo en la playa de estacionamiento, «sin cobrar absolutamente nada», dijo.

Además, en la lista de agradecimientos incluyó al municipio, policía y bomberos, que tuvieron a su cargo la tarea de remolcar el «Guaraní» bimotor hasta Crespo.

—Les llevó 7 horas traerlo y afrontar inconvenientes con el tendido de los cables de electricidad —señaló el entrevistado.

Más de veinte años después, el debate parece centrarse en una pregunta de fondo: cuál debe ser el destino de una pieza que forma parte de la historia de la industria aeronáutica argentina y que fue incorporada a Crespo con la intención de transformarse en un patrimonio visible para toda la comunidad.

Mientras algunos destacan el esfuerzo privado que permitió evitar su devolución y posibilitó su instalación definitiva, otros sostienen que el espíritu original de la cesión fue garantizar su preservación y acceso público.

Entre ambas posiciones existe un punto de coincidencia: el avión Guaraní constituye un elemento singular de la identidad local y requiere acciones concretas para evitar que el paso del tiempo continúe deteriorando una pieza histórica que, desde hace más de dos décadas, forma parte del paisaje urbano de Crespo.

La Municipalidad de Paraná continúa desarrollando un plan de recuperación y puesta en valor del patrimonio escultórico de la ciudad mediante un trabajo articulado con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Las tareas forman parte de un convenio de cooperación que contempla la restauración y preservación de siete obras emplazadas en distintos espacios públicos de la capital entrerriana. Actualmente se ejecuta la primera etapa del proyecto, centrada en cuatro esculturas ubicadas en la Cuesta de Izaguirre, uno de los sectores más representativos del Parque Urquiza.

Los trabajos son llevados adelante por el equipo de la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura de la FHAyCS, integrado por docentes y estudiantes avanzados de la carrera.

Según informó el responsable del proyecto, el profesor Luis Gabriel Domínguez, ya concluyeron las tareas de preservación de las obras “Resurgimiento” y “Estructura figurativa”, mientras que “Homenaje al Pescador” se encuentra en su etapa final de restauración.

Paralelamente, el equipo trabaja sobre “La gansa de los huevos de oro”, una de las piezas más reconocidas del paseo, donde se aplican nuevos materiales y técnicas específicas para garantizar su conservación a largo plazo.

El programa contempla además una segunda fase que incluirá la restauración de las esculturas “Los Cardinales”, “Luces y Sombras” y “Apacheta de ofrendas”.

En estos casos, las intervenciones se realizarán en espacios cerrados especialmente acondicionados para las tareas de conservación, antes de que las piezas sean reinstaladas en el espacio público.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca preservar bienes culturales que forman parte de la identidad urbana de Paraná, al tiempo que genera instancias de formación profesional para estudiantes de la carrera de Escultura.

El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, valoró la experiencia conjunta entre el Estado local y la universidad, al señalar que la puesta en valor de estas obras refleja el compromiso de la ciudad con la conservación de su patrimonio artístico.

Asimismo, remarcó que la participación de estudiantes en los procesos de restauración les permite adquirir experiencia práctica en intervenciones sobre bienes patrimoniales reales, contribuyendo simultáneamente a la preservación de piezas emblemáticas para la comunidad.

“Entendemos al patrimonio como una construcción viva, que se fortalece cuando la comunidad se involucra en su conservación. Estas obras son parte de la historia y de la memoria de la ciudad”, expresó el funcionario.

Actualmente, diez estudiantes participan de las tareas de restauración bajo la coordinación del profesor Domínguez, integrando conocimientos académicos con prácticas concretas vinculadas al cuidado y la recuperación del patrimonio cultural paranaense.

El programa Unipase, una de las iniciativas impulsadas por el Municipio en el marco del proyecto Paraná Ciudad Universitaria, alcanzó un nuevo hito al superar los 2.500 estudiantes inscriptos. Ante el crecimiento sostenido de usuarios y el interés generado entre los comercios locales, desde la comuna reforzaron la difusión de los principales aspectos operativos del sistema.

La propuesta consiste en una credencial digital gratuita destinada a estudiantes universitarios y terciarios, mediante la cual pueden acceder a descuentos y beneficios exclusivos en una amplia red de comercios adheridos de la capital entrerriana.

Desde el Municipio destacaron que Unipase busca acompañar la experiencia educativa de quienes eligen Paraná para cursar sus estudios superiores, fortaleciendo además el vínculo entre el sector académico y la actividad comercial local.

La credencial está dirigida exclusivamente a estudiantes de nivel universitario y terciario. No es requisito obligatorio contar con domicilio legal en Paraná, siempre que la persona curse sus estudios en la ciudad. La exigencia de residencia local solo se aplica en casos puntuales de estudiantes que viven en Paraná pero asisten a instituciones ubicadas fuera del ejido urbano, como ocurre con algunos alumnos que cursan en Santa Fe.

El beneficio es personal e intransferible, por lo que los descuentos pueden ser utilizados únicamente por el titular de la credencial y no se extienden a familiares ni acompañantes.

Asimismo, desde la organización aclararon que los beneficios no son acumulables entre sí, salvo que algún comercio establezca expresamente una modalidad diferente.

La vigencia de Unipase es anual. Para conservar la habilitación de la credencial, los estudiantes deberán acreditar cada año su condición de alumno regular y realizar la correspondiente renovación.

Respecto a los tiempos administrativos, informaron que la evaluación de las solicitudes puede demorar entre un día hábil y una semana. Una vez aprobada la inscripción, la credencial digital es enviada directamente al correo electrónico del solicitante.

Desde el Municipio también remarcaron el impacto positivo que el crecimiento del programa genera para los comercios adheridos. Con más de 2.500 estudiantes registrados, Unipase se consolida como una herramienta de promoción para el sector privado, permitiendo ampliar la visibilidad de los negocios y acercarse a una comunidad en permanente crecimiento.

La convocatoria para nuevos comercios continúa abierta de manera permanente. Los interesados pueden completar el formulario de adhesión de forma online a través del espacio Paraná Ciudad Universitaria, disponible en la plataforma Marca Paraná, o bien realizar consultas de manera presencial en la oficina municipal ubicada en calle Presidente Perón 573.

CRESPO.- El exintendente de Crespo, Juan Carlos "Cachi" Brambilla, decidió intervenir públicamente en la polémica por el terreno ubicado en calle Catamarca al 1400, en barrio San José, donde una mujer denunció a la Municipalidad por la demolición de una vivienda y la ocupación de un predio que considera parte de su historia familiar.

En declaraciones a Radio SOLNoticias, Brambilla buscó aclarar su participación en los antecedentes del caso luego de que su nombre fuera mencionado reiteradamente por Andrea Hernández, quien sostiene que el exjefe comunal habría otorgado el terreno a su familia décadas atrás.

"Yo nunca entregué ese terreno ni podía hacerlo", afirmó Brambilla, al tiempo que recordó que ningún intendente tiene facultades para adjudicar inmuebles municipales de manera directa sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

Según relató el exintendente, la historia se remonta a finales de la década de 1980, durante la construcción de los complejos habitacionales de la zona. En aquel entonces, una familia de apellido Sosa ocupaba una vivienda precaria ubicada en el sector donde se proyectaban nuevas unidades habitacionales.

Brambilla explicó que intervino únicamente como nexo entre esa familia y una mujer de apellido Gadea, quien tenía algún vínculo con la propiedad.

"Yo acerqué a las partes para que dialogaran. Sosa no tenía dónde vivir y la señora Gadea tenía esa vivienda. Se pusieron de acuerdo para que él permaneciera allí hasta que fuera requerido el lugar", recordó.

Según su versión, desde entonces la familia Sosa habitó el inmueble durante décadas, realizó conexiones de servicios y ejerció una posesión efectiva sobre el lugar.

Más allá de la situación jurídica, Brambilla planteó una mirada social sobre el conflicto y sostuvo que el caso merece una respuesta que contemple la realidad de la familia involucrada.

"La chica defiende como cualquiera su lugar donde vive. Eso es lógico", expresó.

Si bien evitó cuestionar las resoluciones judiciales que respaldan la posición del municipio, insistió en diferenciar los aspectos legales de lo que considera una situación legítima construida a partir de casi cuatro décadas de ocupación y permanencia en el lugar.

"Yo hablo de lo legal y de lo legítimo. Después de tantos años, entiendo que ella siente que ese lugar le pertenece porque allí vivieron sus abuelos, sus padres y ella misma", señaló.

Durante la entrevista, Brambilla manifestó preocupación por la situación habitacional de Andrea Hernández tras el desalojo concretado en las últimas horas y consideró que el municipio podría intervenir para encontrar una alternativa.

"No me gustaría ver personas de Crespo en la calle. Creo que la Municipalidad tiene capacidad para dar una solución, aunque sea una parcela pequeña para que puedan levantar una pieza y un baño", sostuvo.

En ese sentido, sugirió explorar alternativas que permitan compatibilizar el interés municipal sobre el terreno con una respuesta social para la familia afectada.

"No digo que le entreguen todo el terreno. Pero siempre el municipio tiene más posibilidades que una persona que no tiene recursos. Estoy seguro de que podría encontrarse alguna salida razonable", afirmó.

Uno de los principales objetivos de su aparición pública fue despegarse de las versiones que lo señalaban como responsable de una eventual cesión del inmueble.

"Salgo a hablar porque me nombraron y algunos decían que yo tenía que aclarar esta situación. Yo no tengo ningún problema en dar la cara", expresó.

Brambilla recordó que durante sus años de gestión las adjudicaciones de terrenos se realizaban mediante procedimientos institucionales, con intervención del Concejo Deliberante y organismos provinciales, como ocurrió con distintos planes habitacionales desarrollados en la ciudad.

"Ninguna vivienda ni ningún terreno se entregaban por decisión personal del intendente. Había mecanismos legales y administrativos que respetar", enfatizó.

Mientras tanto, el conflicto continúa sumando repercusiones. Desde el municipio sostienen que el terreno pertenece al Estado local, que existen tres fallos judiciales favorables a esa postura y que la ocupación carecía de respaldo documental. Del otro lado, Hernández insiste en que la propiedad forma parte de la historia de su familia y reclama asistencia para recuperar un lugar donde vivir.