Lo digo con orgullo: la Selección hizo lo que soñábamos, peleó una final y nos dio en cada partido esa alegría colectiva que solo el fútbol sabe dar. Pero apenas terminó, empezó otro partido, uno que no se juega con reglas claras ni con árbitro imparcial: el de definir y defender qué clase de país somos. 

Vayamos un poco atrás, aunque sea un instante, porque esto no nació ahora. Desde que la Argentina empezó a organizarse como Nación, siempre convivieron dos ideas de nosotros mismos: en primer lugar, la de un país que debía parecerse a Europa para ser considerado serio. Esa fue, a grandes rasgos, la ilusión y el deseo de una generación de políticos e intelectuales de gran renombre. Pero, en segundo lugar, también había un país que, tercamente, nunca terminó de encajar del todo en ese molde. El gaucho, el interior, las costumbres propias del territorio parecían plantar resistencia frente al espejo de las prolijas y admiradas instituciones europeas. La distinción entre “Civilización y Barbarie” reflejaba esa tensión entre lo que éramos y lo que se pretendía enderezar para “ser como…”. Y ahí seguimos: siendo, todavía hoy, un poco de las dos cosas. Ese vaivén entre querer ser e insistir en ser lo que somos explica, en parte, por qué cualquier gesto nuestro puede leerse afuera como una provocación. La osadía de ser como somos popularizó del otro lado del Atlántico la palabra 'sudaca', y quizá algunas otras como 'tercermundista' o 'bananero'. 

Y alguna vez se tenía que encender la mecha nuevamente. Tras la victoria ante Inglaterra, algunos jugadores desplegaron en la cancha una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" (algo que la FIFA había prohibido expresamente por tratarse de un símbolo político). Ese incidente, más allá de lo reglamentario, constituyó una reivindicación justa de nuestra historia, pero también funcionó como excusa perfecta para la avalancha de críticas y descalificaciones sobre la Argentina.

Medios deportivos, noticieros y hasta diarios de peso como el New York Times o el Washington Post amplificaron la historia mucho más allá de un cartel en una cancha. Y no fue solo una impresión o una sospecha: Google Trends confirmó que las búsquedas sobre Malvinas alcanzaron, por estos días, el pico más alto de su historia.

Un gesto tan simple como desplegar una bandera llegó a tocar el nervio geopolítico de verdad, y en Londres se sintió como una humillación de una escala que, sinceramente, no guarda proporción con el hecho en sí. La respuesta, en cambio, sí es desmedida: se extendió mucho más allá del Reino Unido, alcanzando buena parte de Europa Occidental y a ciertos sectores de la prensa norteamericana. 

Ahí es donde el partido dejó la cancha para meterse en otro terreno. Porque lo que empezó como una discusión sobre una bandera y el reglamento terminó convertido en un juicio sobre nuestra identidad entera. La legisladora demócrata de Texas, Jasmine Crockett, vinculó la preferencia mundial por España frente a Argentina con una supuesta "historia racista" de nuestro país. El actor estadounidense Samuel L. Jackson pidió que la comunidad afrodescendiente no alentara a la Selección, calificando a la Argentina como uno de los países "más racistas del mundo". Ninguno de los dos habló de táctica, de arbitrajes ni de estilo de juego: hablaron de nosotros, de nuestra esencia, de un país que no conocen, a partir de un partido de fútbol visto por una pantalla.  

Y ahí conviene hacer una pausa y preguntarnos: ¿quién o quiénes tienen autoridad para dictar ese veredicto? Cuesta tomarse en serio la lección moral de potencias que, mientras acusan a otros de intolerantes, siguen administrando colonias a miles de kilómetros de su territorio. La superioridad que se ejerce hacia afuera rara vez se aplica hacia adentro. Vale la pena recordar que el Comité de Descolonización de la ONU tiene en observación a 17 territorios en el mundo que aún están bajo administración colonial. Sí, en el 2026, de esos 17 territorios, el Reino Unido conserva 9, uno de ellos, las Islas Malvinas. 

No escribo esto para decir que en la Argentina no haya nada que corregir; cualquier sociedad lo tiene, y negarlo sería tan poco serio como aceptar sin más la etiquetas que nos quieren poner. Escribo esto para decir algo más simple: no necesitamos que nadie de afuera nos diga quiénes somos ni quiénes debemos ser. La identidad de un pueblo no se define en un editorial extranjero ni por el enojo de los “grandes” que integran la UEFA. Se define adentro, entre nosotros, con lo bueno y lo que hay que seguir mejorando. Y esa tarea, la de sostenernos unidos como Nación, más allá del resultado de cualquier partido, no depende de ningún tribunal mediático ni de los que en su cabeza piensan en términos coloniales. Depende, como siempre, de nosotros. 

Cuando la política exterior abandona la prudencia, los exabruptos de unos pocos segundos se transforman en hipotecas de varios años. Lo vivido este fin de semana en San Pablo encaja perfectamente en esa dinámica. Javier Milei decidió utilizar una tribuna partidaria extranjera para injuriar, sin nombrarlo pero sin dejar dudas, al jefe de Estado de la principal economía de América del Sur. Llamarlo "basura comunista", "el ladrón" o "el presidiario" no es una audacia retórica: es la renuncia deliberada a distinguir entre el líder de un partido y el Jefe de Estado de un país vecino, socio y garante de previsibilidad regional.

La respuesta de Brasilia fue proporcional y, diría, contenida: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. No es una ruptura de relaciones —el vocabulario diplomático distingue con precisión estos grados— pero sí es la señal más dura que un gobierno puede emitir sin cruzar ese umbral. Es, en el lenguaje de los cancilleres, una advertencia formal de que algo se ha quebrado y de que la reparación no será automática.

Quienes formulan la política exterior argentina de este gobierno suelen invocar la "autonomía" y la "libertad" como si fueran sinónimos de desapego respecto de los vecinos. Pero la autonomía real de un país mediano —y Argentina lo es, pese a las fantasías de excepcionalidad— no se construye ofendiendo a quien es, por lejos, su socio comercial más importante. Se construye acumulando márgenes de maniobra, y esos márgenes se obtienen precisamente de vínculos regionales sólidos, no de su demolición ostentosa.

Los números no dejan lugar a la ambigüedad retórica. En el primer semestre de 2026 el intercambio de bienes entre ambos países rozó los 13.803 millones de dólares, muy por encima del comercio con China o Estados Unidos. Brasil absorbió el 12,6% de las exportaciones argentinas totales en ese período y es, desde 1991, de modo ininterrumpido, el principal socio comercial del país. No es un dato menor ni coyuntural: es la estructura misma sobre la que se apoya buena parte del entramado industrial argentino, en particular el sector automotriz, donde Brasil concentra hasta el 50% de las exportaciones de pick-ups y camiones. La búsqueda de un aplauso partidario en San Pablo, cuando se hace a costa de ese vínculo estratégico, no expresa soberanía: la debilita irresponsablemente.

La integración regional no es un artefacto burocrático heredado de los años noventa ni una nostalgia progresista, como se la suele caricaturizar desde ciertos sectores del oficialismo. Es, ante todo, un instrumento de inserción internacional que multiplica el peso relativo de países que, aislados, tienen escasa capacidad de negociación frente a los grandes bloques y potencias. Ese mismo principio opera, en otra escala, en nuestra Región Centro: la convicción de que la cooperación entre provincias fortalece su capacidad para defender intereses compartidos, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de sus economías regionales. Lo ocurrido este fin de semana convierte una relación de Estado en una extensión de la interna electoral brasileña, alineando a la Argentina, sin matices, con el bolsonarismo y en contra del gobierno constitucional de su vecino.

Es válido —y hasta esperable— que un presidente tenga preferencias ideológicas y afinidades personales. Lo que ninguna diplomacia seria admite es que esas preferencias se traduzcan en injerencia declarada en un proceso electoral ajeno, ni que un mandatario en ejercicio equipare a un jefe de Estado extranjero con un delincuente desde suelo de ese mismo Estado. La defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro —condenado a más de 27 años de prisión por la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado— agrega una capa adicional de gravedad: no se trata solo de un desaire personal a Lula, sino de un cuestionamiento implícito a la autoridad del Poder Judicial de un país soberano.

Y hay algo más, que no debería quedar afuera de esta reflexión: a quién se estaba insultando. Luiz Inácio Lula da Silva es, más allá de cualquier lectura ideológica, uno de los dirigentes de mayor densidad política que ha dado América Latina en el último siglo. Su trayectoria —del sindicalismo metalúrgico, la lucha contra la dictadura militar, a la fundación de un partido desde cero, de la cárcel a la presidencia recuperada— lo instaló como una figura de estadista en el sentido más clásico del término: capacidad de construir mayorías amplias, disposición a negociar con adversarios internos y externos, y una lectura de largo plazo del lugar de Brasil en el mundo que trascendió sus propios mandatos. Ha gobernado en tres ocasiones distintas, en contextos económicos y políticos muy diferentes entre sí, y en cada una demostró una seriedad institucional que contrasta con el humor volátil de buena parte de la dirigencia regional contemporánea. Se puede discrepar, y con fundamentos, de muchas de sus políticas; lo que resulta más difícil de sostener es negarle la seriedad con la que ha ejercido la función presidencial y el peso específico que su figura tiene en la historia política reciente del continente. Agredir a un dirigente de esa talla, y hacerlo además en su propio país, no es solo un error de cálculo diplomático: es una muestra de liviandad frente a alguien que representa, para bien o para mal, una de las biografías políticas más consistentes de la región.

Ese contraste se exhibe, también, en los modos: apenas unas horas antes del desplante de San Pablo, Lula publicaba en el Washington Post una columna sobre los aranceles que Trump le había impuesto a su país. No hubo en ese texto un insulto, ni un apodo, ni la tentación fácil del exabrupto: hubo cifras, hubo el recuento paciente de reuniones y documentos entregados en mano, hubo una defensa de la soberanía formulada con la frialdad de quien sabe que la dignidad de un Estado se demuestra en el tono, no se proclama a los gritos. Ese es el nivel con el que un jefe de Estado le responde, incluso, a quien le acaba de golpear la economía.

Argentina ha construido, con avances y retrocesos, una tradición de política exterior hacia Brasil que atravesó gobiernos de signos opuestos —de Alfonsín a Menem, de Kirchner a Macri— precisamente porque comprendió que el vínculo bilateral trasciende las coyunturas ideológicas. Esa tradición asumía que la relación con Brasilia era, ante todo, una cuestión de Estado, no de gobierno. Lo ocurrido este fin de semana revierte ese consenso de décadas y lo hace, además, sin ninguna contrapartida estratégica visible: no hay ganancia diplomática, comercial ni geopolítica que compense el costo de una crisis con el socio que compra más de una décima parte de lo que el país exporta al mundo.

La política exterior no es un escenario para la pulsión antagónica ni para la construcción de identidad partidaria hacia adentro. Es, en cambio, el ámbito donde se administran con cautela los intereses permanentes de un Estado, más allá de quién lo gobierne circunstancialmente. Confundir ambas cosas —convertir un vínculo estratégico en munición de campaña— no es audacia libertaria: es, llanamente, un retroceso. Y como todo retroceso en materia de relaciones exteriores, sus costos no los pagará quien pronunció las palabras, sino el país que deberá reconstruir, con paciencia y sin épica, lo que se dañó en menos de media hora de discurso.

Hay decisiones que la política evita porque cuestan, y hay decisiones que la política debe tomar precisamente porque cuestan. La reforma del sistema previsional entrerriano pertenece a la segunda categoría. Durante más de treinta años, gestiones de todos los signos conocieron el diagnóstico, midieron el costo político de actuar y eligieron transferir el problema hacia adelante. El resultado de esa postergación acumulada no fue neutro: lo pagó —y lo paga— cada entrerriano, con un déficit creciente que compite con la escuela, con el hospital y con la obra pública por los mismos recursos.

Quiero contar cómo encaramos ese problema, porque el proceso importa tanto como el resultado.

Ninguna reforma es creíble si el organismo que la propone no es transparente. Por eso el primer paso no fue redactar un proyecto: fue ordenar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sistematizar su información y publicar los datos. Abrir los números —los ingresos, los egresos, el déficit por sectores, la relación activo/pasivo— fue un camino necesario: la discusión previsional suele darse entre mitos, y los mitos solo se desarman con evidencia disponible para todos. Un dato publicado es un dato que ya no se puede negar ni manipular; es la base mínima de cualquier conversación seria.

Esa etapa incluyó también un trabajo menos visible pero igual de necesario: hacer docencia previsional. Reuniones con gremios, encuentros con periodistas, explicación paciente de conceptos que rara vez llegan al debate público —qué es una tasa de sostenimiento, cómo funciona la movilidad, por qué el envejecimiento poblacional no es una opinión sino una curva demográfica—. La pedagogía pública no es un complemento de la política: es una condición de posibilidad del consenso.

Con los datos sobre la mesa, presentamos a los gremios los vectores de la reforma antes de que existiera un proyecto cerrado. No fue un gesto decorativo: fue asumir que una reforma estructural que afecta derechos y expectativas de decenas de miles de trabajadores y jubilados no puede diseñarse en un escritorio y anunciarse por decreto. El diálogo tiene costos —lleva tiempo, obliga a ceder, expone las diferencias— pero produce algo que ninguna imposición produce: legitimidad.

Ese mismo espíritu ordenó la etapa legislativa. El proyecto ingresó al Poder Legislativo y se abrió a audiencias públicas con todos los actores del sistema: trabajadores activos, jubilados, gremios, especialistas, representantes municipales. Cada audiencia modificó algo; el texto que fue votado en el Senado no es el que ingresó, y eso —lejos de ser una debilidad— es la prueba de que el proceso fue genuino. Una ley que llega al recinto habiendo escuchado es una ley más difícil de sancionar, pero mucho más fácil de sostener en el tiempo.

Como funcionario político, sé que el problema de fondo no es técnico sino político, y tiene nombre en la literatura: la asimetría temporal de las reformas estructurales. Paul Pierson lo describió con precisión al estudiar las reformas de los Estados de bienestar: los costos de una reforma previsional son concentrados, visibles e inmediatos, mientras que sus beneficios son difusos, colectivos y de largo plazo. Quien reforma paga hoy; quien cosecha, gobierna mañana. Esa asimetría explica por qué durante tres décadas la respuesta racional —en términos electorales— fue no hacer nada. El sistema de incentivos de la política premia la postergación.

Pero si la política se limita a seguir sus incentivos de corto plazo, deja de ser política y se convierte en administración de la inercia. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: el político responsable no es el que hace lo que le conviene ni el que hace lo que le gusta, sino el que se hace cargo de las consecuencias de sus actos —y también de sus omisiones—. No reformar también es una decisión, solo que sus consecuencias las firma otro.

Para eso somos electos. No para administrar la comodidad del presente, sino para tomar las decisiones que el presente exige aunque el presente no las premie. La verdadera medida de una gestión no es cuánto costó políticamente lo que hizo, sino cuánto le habría costado a la provincia lo que dejó de hacer.

El desafío de toda reforma estructural es ese: impedir que el corto plazo boicotee lo necesario. La herramienta para lograrlo no es la audacia solitaria ni el atropello legislativo; es exactamente lo que intentamos construir en estos meses: información pública, pedagogía, diálogo, audiencias, consenso. Cuanto más participado es el proceso, más se reparte el costo político y más se blinda la reforma frente a los ciclos electorales. Una reforma consensuada es una política de Estado; una reforma impuesta es apenas la política de un gobierno, y dura lo que dura ese gobierno.

La legislatura dirá si la política provincial está a la altura de ese momento. Por mi parte, tengo la tranquilidad de que el camino recorrido —ordenar, transparentar, explicar, dialogar, escuchar, corregir— es el que corresponde a una democracia madura. Las reformas que perduran no son las que se hacen rápido: son las que se hacen bien.

La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.

Nos han repetido hasta el hartazgo la hipótesis de la "relación de aportantes por jubilado" como la única causa del déficit. Pero esa verdad a medias oculta una maniobra estructural de desfinanciamiento activo. El caso de la Municipalidad de Concordia, bajo la gestión de Francisco Azcué, funciona como el laboratorio perfecto de esta trampa matemática y social.

El financiamiento genuino de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se sostiene con los aportes obligatorios de la planta activa: permanentes, transitorios y contratados con aportes.

Desde el inicio de la gestión de Azcué, la principal bandera de "transparencia" y "saneamiento" ha sido la cesantía masiva de agentes públicos bajo acusaciones de irregularidades o supuestas faltas del pasado, esquivando el debido proceso con sumarios endebles que inevitablemente terminarán en reveses judiciales e indemnizaciones millonarias pagadas por el contribuyente.

La realidad detrás del relato es alarmante ya que al dar de baja a cientos de contratados con aportes, se estrangula directamente la recaudación de la Caja provincial. Esos puestos de trabajo se reemplazan de forma encubierta por la figura del monotributo (bajo la órbita de ARCA), cuyos aportes jubilatorios mínimos se derivan a la ANSES y no a la provincia.

Asi, un empleado municipal formal aporta un porcentaje significativo de su sueldo bruto a la Caja provincial; un monotributista contratado a través de engorrosos y oscuros expedientes de "prestación de servicios" no le aporta un solo centavo al sistema entrerriano.

Si multiplicamos esta sangría hormiga de aportes por más de cien municipios entrerrianos haciendo el mismo juego de prestidigitación contable, el déficit previsional deja de ser un problema demográfico y se revela como lo que es: una asfixia programada.

El maximun de la hipocresía es que mientras se ajusta la base de la pirámide y se culpa a la clase pasiva por el colapso previsional, la gestión de Azcué incurre en un flagrante doble estándar que ya ha provocado intimaciones formales de la propia Caja de Jubilaciones provincial.

Se ha vuelto un secreto a voces —y luego una certeza administrativa— la designación en el gabinete municipal de funcionarios que perciben haberes jubilatorios provinciales y, al mismo tiempo, cobran ingresos de la Municipalidad de Concordia mediante metodologías no remunerativas (como el polémico "Código 600" o contratos de locación de servicios) sin realizar los aportes de ley.

Mientras un jubilado ordinario ve licuado su poder adquisitivo por las reformas de ajuste, ciertos funcionarios políticos de la actual gestión perciben doble ingreso del Estado sin tributar solidariamente al sistema que los sostiene. Una evasión de guante blanco tolerada desde el propio despacho municipal.

El ahorro público del que se vanaglorian los discursos oficiales de la gestión local no es optimización de recursos; es llanamente vaciamiento y retiro del Estado en las áreas más sensibles: los despidos y no renovaciones golpean de lleno a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la salud municipal, las áreas de adicciones, niñez, adultos mayores y el desarrollo deportivo comunitario.

Menos empleados no significa mayor eficiencia, significa salitas de salud cerradas, menos contención para víctimas de violencia y la eliminación de la red de seguridad social para los sectores vulnerables. Los servicios esenciales que se quitan de la esfera pública terminan tercerizados en cooperativas dudosas o empresas prestadoras que precarizan aún más el trabajo y erosionan la recaudación de las tasas locales.

Nada en este esquema es un error de cálculo; todo obedece a un diseño político y económico preciso. Se despide al personal que tributa a la provincia para profundizar el déficit de la Caja y justificar su posterior reforma regresiva. Se maquilla la baja del gasto público mientras se desvían recursos hacia la contratación de servicios tercerizados y contratos de monotributo sin control real de funciones.

La rueda del ajuste ha comenzado a girar. Al principio se mueve tímidamente, amparada por el relato de la pesada herencia recibida y en consignas de orden fiscal. Sin embargo, una vez consolidados en el poder, el pudor administrativo se pierde por completo y la precarización, la evasión previsional interna y el desprecio por lo público se convierten en la norma de gestión.

Azcué insiste recurrentemente en que su gestión representa algo "diferente". Y en eso tiene toda la razón: la diferencia es evidente. No quedan dudas de que estamos ante la administración más ineficiente. Su gestión no solo se ha caracterizado por la pérdida sistemática de financiamiento para obras fundamentales de infraestructura que Concordia necesita con urgencia, sino por una alarmante falta de visión e innovación para generar políticas públicas reales. En tiempos de una crisis social sin precedentes, donde se requería audacia, creatividad y sensibilidad, el municipio optó por la parálisis, el desmantelamiento y la receta vieja del achique. No es austeridad, es incapacidad; y el precio de esa "diferencia" lo están pagando hoy los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.

Antes, muchas conquistas infantiles quedaban en la intimidad de la casa: una palabra nueva, un dibujo, una caída, un berrinche, una comida rechazada, una noche difícil. Hoy, gran parte de la infancia ocurre bajo una cámara real o imaginaria. Los niños son fotografiados, comparados, exhibidos y evaluados en un escenario social donde cada logro parece necesitar prueba pública. La infancia dejó de ser solo vivida; también empezó a ser mostrada.

En ese contexto, las redes sociales no funcionan únicamente como entretenimiento. Funcionan como un sistema de comparación permanente. Una madre ve a un niño de dos años recitando letras, otro contando en inglés, otro haciendo deporte, otro comiendo vegetales sin protestar, otro sentado perfecto en una actividad. La conclusión aparece de inmediato: mi hijo debería poder hacer eso. Y si no puede, quizás algo esté mal.

El niño queda entonces bajo una doble presión. Por un lado, la presión directa de las actividades, terapias y demandas tempranas. Por otro, la presión indirecta de representar una imagen familiar exitosa. Ya no alcanza con crecer: hay que demostrar que se crece bien. Ya no alcanza con jugar: hay que jugar de una manera que parezca estimulante. Ya no alcanza con hablar: hay que hablar pronto, claro y, si es posible, frente a otros.

En mi libro El niño bajo presión desarrollo esta idea: la infancia contemporánea está siendo atravesada por una exigencia de rendimiento que se disfraza de cuidado. Muchas decisiones se presentan como oportunidades, pero cuando se acumulan sin medida terminan saturando al niño. A los dos años, algunos niños ya tienen agendas con múltiples actividades, espacios terapéuticos, estimulación, idiomas, deportes y rutinas diseñadas por adultos que temen que cualquier pausa sea una pérdida de tiempo.

El problema no está en ofrecer experiencias enriquecedoras. El problema aparece cuando la experiencia deja de responder a las necesidades del niño y empieza a responder a la ansiedad adulta. Un niño pequeño no necesita vivir como un adulto en miniatura. Necesita repetición, previsibilidad, juego libre, contacto corporal, sueño, alimentación adecuada, exploración, vínculos seguros y tiempo no productivo. El aburrimiento, tan desprestigiado, también construye funciones psíquicas y cognitivas.

La exigencia de que a los dos años ya sepan letras, hablen fluidamente, participen sin resistencia y respondan con gracia a cada consigna desconoce la complejidad del desarrollo. Hay niños que requieren evaluación y apoyo, por supuesto. Pero evaluar no es presionar. Acompañar no es acelerar. Estimular no es invadir. Y detectar señales de alarma no debería convertirse en una obsesión cotidiana que transforme cada gesto infantil en una prueba de normalidad o fracaso.

Las redes también intensifican otra práctica: buscar respuestas inmediatas ante cualquier diferencia. Si un niño no habla como el video que una madre vio, se prueba un suplemento. Si no come como otros, se cambia la dieta. Si tiene berrinches, se piensa en trastornos. Si rechaza una actividad, se interpreta como problema de conducta. La mirada adulta, colonizada por la comparación, pierde la capacidad de preguntarse por el contexto: sueño, cansancio, sobrecarga, cambios familiares, exceso de demanda o simplemente edad.

La exposición también afecta la intimidad del niño. No todo logro necesita ser compartido. No todo llanto necesita explicación pública. No toda dificultad debe transformarse en contenido. Los niños tienen derecho a atravesar procesos sin convertirse en material de validación adulta. La pregunta ética es incómoda pero necesaria: ¿estoy mostrando a mi hijo para celebrar su desarrollo o para calmar mi propia inseguridad frente a la mirada de los demás?

En esta época, muchas madres viven una maternidad vigilada. Se les exige estimular, alimentar perfecto, detectar precozmente, consultar rápido, no medicar de más pero tampoco de menos, no llegar tarde pero no exagerar, no comparar, pero estar atentas. Esa presión puede llevar a decisiones impulsivas: dietas sin control, cambios de leche, suplementos, terapias acumuladas y rutinas imposibles. La madre queda atrapada entre el miedo a fallar y la promesa de que siempre hay algo más para hacer.

invita a frenar esa lógica. No para negar los diagnósticos ni minimizar dificultades, sino para recuperar una mirada humana, clínica y evolutiva. Un niño no es un perfil en redes, no es un proyecto de rendimiento, no es una vitrina de crianza exitosa. Es un sujeto en desarrollo. Y desarrollar no significa cumplir expectativas ajenas a los dos años. Significa tener tiempo, cuidado, límites, juego, salud y adultos capaces de mirar más allá de la pantalla.

La idea de que la democracia consiste simplemente en abrir las urnas una y otra vez ha mostrado sus límites frente a las demandas reales de la sociedad. Cuando las reglas y los mecanismos electorales se convierten en un fin en sí mismos, desconectados de lo que le pasa a la gente, la política corre el riesgo de transformarse en una discusión vacía. En Entre Ríos, el debate sobre la eliminación de las PASO no es una simple disputa técnica entre dirigentes; es una oportunidad para devolver el sentido común y el realismo a la agenda pública.

La premisa fundamental de cualquier gestión estatal debería ser clara: gobernar es, antes que nada, administrar prioridades pensando en el bien común. En el escenario actual, obligar a los ciudadanos a ir de forma reiterada al cuarto oscuro para resolver internas que solo les importan a las estructuras de los partidos no es valorar el sistema democrático, sino desgastarlo. Ya en sus textos clásicos sobre la política, Max Weber advertía sobre el peligro de que las minorías dirigentes se divorcien por completo del sentir real de las mayorías. Llevar a la sociedad a votar para solucionar las diferencias de los partidos distorsiona el contrato social y genera un malestar innecesario en un humor social que hoy exige soluciones, no más elecciones.

El ciudadano de a pie tiene hoy prioridades totalmente distintas a la rosca electoral. La economía, el desarrollo productivo, la educación y el empleo diario configuran el verdadero núcleo del bienestar general. La selección interna de candidatos ha dejado de ser un tema que sume al bien común o que despierte el interés del sentido común. El politólogo Giovanni Sartori recordaba que los partidos políticos deben funcionar como canales para transmitir lo que la sociedad necesita, y no como estructuras cerradas que le complican la vida al electorado. La idea central de las reformas actuales debe apuntar justamente a lo contrario: simplificar la vida de la gente, no complicarla.

Aristóteles definía la prudencia como la virtud política por excelencia: la capacidad de los gobernantes para entender el pulso de su época y discernir qué es lo conveniente para la comunidad en un momento determinado. Forzar la permanencia de un sistema costoso y fatigante, cuando la sociedad expresa un claro agotamiento, representa una preocupante falta de esa virtud. Los dirigentes políticos tienen que tener la capacidad de entender lo que expresa la gente en el día a día.

Por eso, eliminar este sistema de selección de candidatos sería un acierto indiscutible. Devuelve la responsabilidad a su lugar natural: que cada organización partidista seleccione de la forma que mejor le parezca a sus propios postulantes, gestionando sus dinámicas internas puertas adentro, sin trasladar el costo operativo ni el hartazgo psicológico a toda la población.

Simplificar las reglas de juego es un acto de respeto hacia el elector. En un contexto que exige sintonía fina con las urgencias de la calle, suspender una instancia obligatoria que solo responde a las necesidades de la política es un paso firme hacia un sistema más maduro, ágil y sensible a las prioridades reales de los entrerrianos.

Hay fechas que celebran grandes acontecimientos y otras que nos obligan a detenernos en las pequeñas cosas. El Día del Padre pertenece a estas últimas, es cuando un se tiene algo para decirles a los papás presentes y esperar que no se consideren incluidos los que no son, o no han sido, dignos de tan alta misión.

Con los años, uno descubre que la paternidad no está hecha de gestos extraordinarios sino de una larga suma de presencias que podemos advertir o no. Un consejo dado a tiempo, una mano en el hombro, una preocupación que nunca se comenta, una espera silenciosa hasta que los hijos regresan a casa. Cosas tan cotidianas que rara vez merecen una fotografía y, sin embargo, son las que terminan construyendo una vida.

También es una fecha para recordar que los padres no son personajes de bronce. Son hombres que muchas veces avanzaron improvisando, acertando algunas veces y equivocándose otras, llevando sobre sus espaldas responsabilidades para las que nadie entrega un manual de instrucciones. A menudo comprendemos sus desvelos cuando ya peinamos canas, cuando los años nos colocan frente a las mismas incertidumbres que ellos enfrentaron.

Quizás por eso el mejor homenaje no sea un regalo ni una comida familiar, sin desestimar este buen hábito. Tal vez consista en reconocer que gran parte de lo que somos lleva algo de aquellos hombres que nos precedieron. Sus virtudes, sus defectos, sus enseñanzas y hasta sus silencios siguen viajando con nosotros.

Porque los padres envejecen, parten o se vuelven recuerdo, pero hay algo que permanece: la huella discreta de haber estado allí cuando más los necesitábamos, aun cuando entonces no lo supiéramos.

En los últimos años, una escena se repite con frecuencia creciente: niños pequeños con agendas más cargadas que las de muchos adultos. Escuela, inglés, deporte, terapia, apoyo escolar, estimulación, actividades los fines de semana. Todo parece estar orientado a “potenciar” su desarrollo. Sin embargo, algo no está funcionando como se espera.

Cada vez más niños consultan por dificultades en la atención, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, cansancio y problemas en el aprendizaje. Y frente a estos síntomas, la pregunta suele ser rápida: ¿tiene un trastorno? Pero pocas veces se formula otra pregunta, quizás más incómoda: ¿está ese niño sobrecargado?

El estrés infantil no siempre se manifiesta como en los adultos. No se expresa con palabras claras ni con quejas estructuradas. Se manifiesta en la conducta, en el cuerpo y en el rendimiento.

Un niño estresado puede parecer desatento, inquieto, disperso. Puede tener dificultades para sostener tareas, frustrarse con facilidad o mostrar rechazo a la escuela. En muchos casos, estos signos son rápidamente interpretados como un trastorno del neurodesarrollo o un problema de aprendizaje. Sin embargo, en algunos niños, lo que está en juego no es un déficit estructural, sino un sistema sobreexigido.

El cerebro infantil necesita tiempo, pausa y repetición para consolidar aprendizajes. Necesita juego libre, descanso y espacios sin demanda. Pero cuando la agenda está saturada, estos espacios desaparecen.

El resultado es un niño que funciona en modo de exigencia constante.

Y en ese contexto, la atención no falla por falta de capacidad, sino por agotamiento. Este punto es clave. No es lo mismo un niño que no puede atender, que un niño que no puede sostener la atención porque está saturado.

Sin embargo, el sistema —tanto educativo como familiar— muchas veces no distingue entre estas situaciones.

La cultura actual valora la productividad, el rendimiento y la estimulación temprana. Bajo esta lógica, hacer más parece ser siempre mejor. Pero en la infancia, más no siempre es mejor. A veces, es demasiado. La falta de una mirada adulta crítica sobre esta sobrecarga genera un circuito preocupante. El niño empieza a mostrar dificultades, se agregan más apoyos, más actividades, más intervenciones. Pero no se reduce la exigencia de base. Se intenta compensar el cansancio con más estímulo. Y el resultado es previsible: el niño se agota aún más.

A esto se suma otro factor relevante: la desconexión progresiva del juego espontáneo. El juego libre no es un lujo, es una necesidad del desarrollo. Es el espacio donde el niño regula, procesa y organiza su mundo interno.

Sin juego, sin pausa, sin tiempo propio, el sistema emocional se sobrecarga.

En este contexto, las dificultades de aprendizaje comienzan a aparecer. No porque el niño no pueda aprender, sino porque no está en condiciones de hacerlo. El estrés impacta directamente en la memoria, la atención y la capacidad de procesamiento. Un niño cansado aprende peor. Un niño exigido en exceso rinde menos. Pero si esto no se reconoce, se corre el riesgo de etiquetar lo que en realidad es una consecuencia del entorno.

Esto no implica negar la existencia de trastornos reales. Implica afinar la mirada.

No todo déficit de atención es un trastorno. No toda dificultad de aprendizaje es estructural. Algunas son el resultado de una infancia sin tiempo. Recuperar una mirada más saludable implica revisar las agendas, priorizar, elegir. No todo niño necesita múltiples actividades. No todo tiempo debe estar ocupado.

También implica acompañar desde otro lugar. Escuchar más, exigir menos, observar con mayor profundidad. El desarrollo no es una carrera. Y cuando se lo convierte en una, el costo lo paga el niño. Hoy el desafío no es hacer más por los niños, sino hacer mejor. Y en muchos casos, eso empieza por algo simple y profundamente difícil: bajar la exigencia.

La política cambió. No porque hayan cambiado los problemas de la gente, sino porque cambió la forma en que la gente vive, se informa y presta atención. Y quienes aspiramos a representar a nuestros vecinos tenemos la obligación de entender esa transformación.

Durante buena parte del siglo XX, la política se construía en los comités, las unidades básicas, los sindicatos, los centros de estudiantes y las plazas. Eran ámbitos donde se debatían ideas, se formaban dirigentes y se construían identidades colectivas. Hoy, en cambio, el principal espacio de encuentro social cabe en la palma de una mano: el teléfono celular.

Scrollear es ese gesto casi automático mediante el cual deslizamos el dedo sobre una pantalla buscando algo que llame nuestra atención. Lo hacemos mientras viajamos, trabajamos, esperamos un turno o tomamos un café. Diversos estudios muestran que las personas revisan su teléfono decenas de veces por día y pasan varias horas consumiendo contenidos digitales. La atención se ha convertido en uno de los bienes más escasos de nuestra época.

Muchos dirigentes siguen comunicándose como si viviéramos en el mismo mundo de hace treinta años. Elaboran discursos interminables para ciudadanos que reciben miles de estímulos diarios. Hablan durante una hora para audiencias que apenas les conceden unos pocos segundos. La consecuencia es evidente: cada vez cuesta más conectar con la sociedad.

Como dirigente joven de Entre Ríos, estoy convencido de que la discusión no pasa por demonizar las redes sociales ni por idealizar formas de militancia que pertenecen a otro tiempo histórico. El desafío es comprender el mundo tal como es y no como nos gustaría que fuera.

La política ya no ocupa el centro de la vida cotidiana de las personas. Esa es una verdad que debemos asumir con humildad. Los temas políticos apasionan principalmente a quienes hacemos política. Ya no encontraremos comités o unidades básicas repletos de jóvenes leyendo a Perón, a Gramsci o al Manifiesto Comunista. La mayoría de nuestros vecinos está ocupada trabajando, estudiando, criando a sus hijos o intentando resolver los desafíos concretos de cada día.

Por eso, quienes participamos de la vida pública debemos aprender a comunicar de otra manera.

Ahora bien, reconocer el cambio no significa resignarse a la superficialidad. La política del like, cuando se convierte únicamente en una búsqueda desesperada de aprobación instantánea, termina vaciando de contenido el debate público. Un dirigente no puede gobernar a fuerza de tendencias, algoritmos o reacciones emocionales.

La buena política sigue siendo, como enseñaba Aristóteles hace más de dos mil años, aquella que busca el bien común. Esa definición no perdió vigencia. Lo que cambió fueron los canales de comunicación. Hoy tenemos apenas unos segundos para captar la atención de una persona. La tarea consiste en aprovechar esos segundos para transmitir ideas, valores y propuestas, no para reemplazarlos por consignas vacías.

En una sociedad líquida, acelerada y fragmentada, la política tiene una responsabilidad aún mayor: ofrecer sentido, dirección y horizonte. Las redes sociales son una herramienta formidable para llegar a millones de personas, pero ninguna tecnología puede reemplazar la necesidad de construir comunidad, confianza y proyectos compartidos.

Creo en una política que entienda la lógica de los tiempos que vivimos sin renunciar a la profundidad. Una política capaz de comunicar en quince segundos, pero también de gobernar pensando en los próximos quince años. Una política que utilice el celular como puente y no como destino.

Porque los algoritmos pueden ordenar contenidos. Pero solamente la política puede darle un rumbo a una sociedad.

El Día del Periodista, que se celebra este domingo 7 de junio, encuentra a la profesión en una encrucijada singular. Nunca hubo tanta información disponible y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil captar la atención de los lectores. Las noticias compiten no sólo con los medios tradicionales, sino con redes sociales, videos breves, plataformas de entretenimiento, mensajes instantáneos y algoritmos que seleccionan qué vemos y qué ignoramos. Y en nuestro país tienen la tarea adicional de resistir las descalificaciones insensatas de un presidente de la Nación que quisiera un periodismo útil, menos inquisidor.

Durante décadas, el periodismo se sostuvo sobre una premisa relativamente estable: el público buscaba información y estaba dispuesto a dedicar tiempo a leerla. Los títulos anticipaban objetivamente lo que trataba la nota. Hoy la situación es diferente. La velocidad parece imponerse sobre la profundidad; el titular capcioso, astuto, sobre el análisis; el video de treinta segundos sobre la crónica de mil palabras. Muchos lectores llegan hasta la mitad de una nota y otros apenas recorren las primeras líneas.

Sin embargo, los analistas de mayor renombre consideran que sería un error interpretar este fenómeno como el fin del periodismo. Lo que está cambiando no es la necesidad de información confiable, sino la forma en que la sociedad la consume. En una época saturada de datos, rumores, manipulaciones y contenidos generados por inteligencia artificial, el valor del periodista no disminuye: aumenta. Verificar hechos, distinguir lo verdadero de lo falso, contextualizar los acontecimientos y explicar lo complejo, siguen siendo tareas imprescindibles.

La tecnología ha transformado las herramientas, pero no la esencia del oficio. La inteligencia artificial puede redactar textos, resumir documentos o procesar grandes volúmenes de información, tomando noticias e informes producidos por periodistas a los que les usurpa el trabajo. Lo que todavía no puede hacer es reemplazar la sensibilidad humana para comprender una comunidad, detectar una injusticia, interpretar silencios, formular preguntas incómodas o reconocer aquello que merece ser noticia.

Tal vez el desafío más grande de estos tiempos no sea escribir menos, sino escribir mejor. No se trata de resignar profundidad para adaptarse a la impaciencia, sino de encontrar nuevas maneras de contar la realidad sin perder rigor. El periodismo deberá aprender a convivir con nuevos formatos, pero sin abandonar los principios que le dieron sentido desde sus orígenes.

Cada 7 de junio, al recordar la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres, conviene preguntarse qué permanece inalterable detrás de tantos cambios. La respuesta quizá sea sencilla: la sociedad seguirá necesitando personas capaces de observar con atención, verificar con honestidad y narrar con responsabilidad lo que ocurre a su alrededor.

Las plataformas cambian. Las tecnologías cambian. Los hábitos de lectura cambian. Pero mientras exista la necesidad de comprender esos cambios, seguirá existiendo una razón para ejercer el periodismo. Y esa razón, dos siglos después, continúa siendo tan valiosa como en aquellos convulsionados días fundacionales de 1810.

Un joven aficionado a la comunicación digital, con aparente interés en recibir consejos para el oficio, se sentó en cierta oportunidad junto a un veterano periodista durante un agasajo del 7 de junio. El volumen de la música parecía decidido a abolir toda conversación, pero la espera de los canapés invitaba al diálogo.

--Decime -arrancó el veterano-: ¿vos querés competir con otros y ganarles en likes, comentarios y compartidos de lo que publiques? Supongo que ese es el gran objetivo de la mayoría.

-¡Por supuesto! Es lo que todos queremos.

--Sé irresponsable.

-¡¿Cómo?!

--Actuá con irresponsabilidad. Salteate la ética y los principios básicos del periodismo clásico, empezando por uno central: ser veraz. Eso podés reemplazarlo por ser verosímil. ¿Entendés la diferencia? Lo verdadero es un hecho; lo verosímil es una construcción que parece real, aunque no lo sea. La gente quiere creer en ciertas cosas y espera que alguien se las confirme. Si se las confirmás, te aplaudirán. Y quizás consigas las miles de interacciones que buscás. No lo recomiendo.

-Me deja re descolocado… pero siga, siga.

--Por ejemplo, ahora mismo me estás empujando a decir cosas como estas, tan útiles para el escándalo. Mañana podrías publicar que este veterano te aconsejó construir información verosímil para quienes creen en algo falso. Sería una falta de veracidad de tu parte, pero bastaría con entrecomillarme y omitir que te dije que no lo recomiendo. ¿Te das cuenta?

-Usted podría desmentirlo.

--¿Y cuántos me creerían si digo que me recortaste y sacaste de contexto? Además, en el ecosistema actual, los que te leen a vos no necesariamente me leen a mí. Tu comunidad se quedará con tu versión. Para ellos seguirás siendo una fuente que les agrada; para mí, serías deshonesto, un vendehumo.

-Yo no haría eso. Sí podría equivocarme por creerle a otro, eso puede pasar.

--Eso se reduce si trabajás con responsabilidad y fuentes confiables. Todos nos equivocamos. Pero quien corre detrás de la primicia o del escándalo tropieza más seguido. El periodista y el que juega a serlo, amanecen esperando una noticia de impacto; como no siempre aparece, se tientan de inflar lo irrelevante.

-Y… algo de ruido hay que meter. También se compite.

--Por eso sobran ejemplos de lo que no debe hacerse. Trescientos mil vistos para un video de un vecino enojado, martillo en mano, amenazando a tres sujetos en la hora de la siesta. Va a Facebook en crudo, sin contexto. El éxito se mide por cuántos se suman al linchamiento del vecino. Falta contextualizar que esos sujetos pasaron media hora tirándole piedras a la ventana donde descansa su esposa enferma, ni que el “irascible” intentó antes persuadirlos. La inmediatez muestra la consecuencia; casi nunca corrige después. Para ser alguien en redes hay que juntar likes, y para eso hay que provocar: hacer reír, indignar, entristecer. Aunque sea a costa de convertir a alguien en villano. ¿Me seguís?

-Te sigo. Me sirve lo que decís.

--Si detrás de tu chapa de comunicador tenés un negocio propio que defender, o acuerdos político partidarios, no finjas lo contrario ante la evidencia.

-Buenísimo.

--Entonces, ahora que podemos tutearnos -cerró el veterano-, hay que elegir de qué lado quedar: el de los likes fáciles y las reacciones previsibles, o el de la noticia responsable. En este oficio hay dos caminos: uno es rápido, luminoso y ruidoso; el otro, más lento y a veces solitario. El primero te vuelve visible. El segundo te vuelve confiable.

En los últimos días, distintos mensajes y situaciones de acoso escolar han vuelto a ocupar un lugar central en la conversación social. Audios, capturas de pantalla, relatos de padres y estudiantes circulan con rapidez en redes sociales, exponiendo una realidad que, lejos de ser nueva, parece haberse intensificado: la violencia entre niños y adolescentes dentro y fuera del ámbito escolar.

Sin embargo, el problema no se limita al acoso en sí. Lo verdaderamente preocupante es cómo lo estamos interpretando y abordando.

En muchos casos, frente a situaciones de bullying, la respuesta del sistema educativo tiende a simplificar. Se identifica una conducta disruptiva, se etiqueta rápidamente a uno o varios niños y se intenta intervenir sobre ese comportamiento sin comprender el fenómeno en su totalidad. Aquí aparece un concepto clave: los fenotipos conductuales. Los fenotipos conductuales son descripciones observables de comportamiento: impulsividad, aislamiento, agresividad, dificultad en la regulación emocional, problemas en la interacción social. Son útiles como punto de partida, pero no explican la causa.

El problema surge cuando estos fenotipos se transforman en diagnósticos implícitos o en explicaciones cerradas. Cuando un niño es definido por su conducta sin que se investigue qué está sosteniendo esa conducta.

Un niño que agrede puede estar respondiendo a un entorno hostil. Un niño que se aísla puede estar atravesando ansiedad o depresión. Un niño que no regula puede tener alteraciones en el sueño, en su alimentación o en su desarrollo neurológico. Pero si el sistema se queda en la superficie, todo se reduce a “el que molesta”, “el que no se adapta”, “el problema del aula”.

El acoso escolar, en este contexto, no es solo un conflicto entre pares. Es también un síntoma de un sistema que no logra leer lo que está ocurriendo.

Las escuelas, muchas veces, no cuentan con herramientas suficientes para abordar la complejidad actual. La sobrecarga de alumnos, la falta de formación específica en salud mental, la presión por sostener la dinámica académica y la ausencia de equipos interdisciplinarios generan intervenciones parciales y, en muchos casos, tardías.

A esto se suma un cambio cultural profundo. Los conflictos ya no quedan dentro del aula. Continúan en redes sociales, en grupos de mensajería, en entornos digitales donde la exposición es constante y la agresión puede amplificarse sin límites. El acoso ya no termina cuando suena el timbre.

Este fenómeno tiene consecuencias clínicas concretas. Aumento de síntomas de ansiedad, cuadros depresivos, retraimiento social, dificultades en el aprendizaje y, en situaciones más graves, riesgo de autolesiones. Pero nuevamente, la respuesta suele centrarse en la conducta visible. Se sanciona, se advierte, se llama a los padres. Sin embargo, pocas veces se realiza un análisis profundo del contexto: qué dinámicas grupales están en juego, qué rol cumplen los adultos, qué condiciones emocionales y biológicas tienen los niños involucrados.

El sistema escolar necesita una revisión urgente.

No alcanza con protocolos formales si no hay comprensión real del problema. No alcanza con identificar “víctimas” y “agresores” si no se interviene sobre el grupo, sobre el clima institucional y sobre las condiciones individuales de cada niño. Incorporar una mirada más compleja implica, también, salir del reduccionismo conductual. Implica entender que la conducta es un lenguaje. Que expresa algo. Que no aparece en el vacío. Y esto requiere formación, tiempo y decisión institucional. También requiere trabajar con las familias. Porque muchas veces, lo que ocurre en la escuela tiene continuidad en el hogar y en el entorno digital. Sin un abordaje conjunto, cualquier intervención queda incompleta.

El desafío no es menor. Pero ignorarlo tiene un costo alto.

Cada mensaje que circula, cada caso que se viraliza, no es solo una noticia. Es una señal de que algo no está funcionando. Y mientras sigamos respondiendo desde la superficie, vamos a seguir viendo las consecuencias. El acoso escolar no se resuelve solo corrigiendo conductas. Se resuelve entendiendo qué las genera.