Cuatro entidades empresarias de Entre Ríos expresaron su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. Consideraron que la iniciativa puede contribuir a una justicia más previsible, con mayor seguridad jurídica y garantías para las partes involucradas en los procesos.

El pronunciamiento fue firmado por la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Consejo Empresario y la Unión Industrial de Entre Ríos, que plantearon la necesidad de contar con procedimientos judiciales que permitan respuestas oportunas y criterios claros para quienes producen, invierten y generan empleo.

Entre los puntos que destacaron, las entidades valoraron la propuesta de crear un cuerpo de profesionales médicos especializados dentro del Poder Judicial, seleccionados mediante concurso y remunerados con un sueldo fijo.

También respaldaron que los honorarios de los peritos no estén vinculados al monto del litigio ni al porcentaje de incapacidad determinado. Según señalaron, esos cambios podrían fortalecer la independencia de las evaluaciones y la confianza en la prueba técnica.

Otro aspecto que consideraron positivo es la eliminación de la exigencia de garantizar previamente la totalidad de una condena para acceder a su revisión judicial.

Las entidades sostuvieron que esa condición puede representar una dificultad para las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad financiera podría verse comprometida por el monto que deben garantizar para apelar una sentencia.

No obstante, remarcaron que la modificación debe estar acompañada por herramientas que aseguren el cobro de los créditos laborales y prevengan posibles maniobras de insolvencia.

En el documento, las organizaciones empresarias afirmaron que la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad de las empresas deben avanzar de manera conjunta.

Por ese motivo, solicitaron a la Legislatura provincial un tratamiento prioritario del proyecto, con participación de los sectores involucrados y atención a las condiciones necesarias para su implementación.

También señalaron la importancia de garantizar recursos suficientes, cobertura territorial y plazos razonables para que los cambios puedan aplicarse en toda Entre Ríos.

Las entidades manifestaron su disposición a aportar experiencia al debate y al seguimiento de los resultados de la reforma, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y las condiciones para el desarrollo productivo provincial.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, defendió la reforma del Código Procesal Laboral que impulsa el Ejecutivo provincial y anticipó que buscarán debatirla en la Legislatura antes del receso de verano.

En diálogo con el programa Amanece que no es poco, de Radio Plaza, el funcionario sostuvo que la iniciativa busca reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad del sistema judicial y evitar que los costos de los procesos afecten la generación de empleo.

Según explicó, el proyecto es resultado de un trabajo previo a su presentación formal y propone cambios en la forma de realizar las pericias médicas, determinar incapacidades y establecer los honorarios de los profesionales que intervienen en los juicios laborales.

Uno de los principales puntos de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados dentro del Poder Judicial. Sus integrantes tendrían una remuneración fija, desvinculada del porcentaje de incapacidad que determinen en cada caso.

Para las situaciones excepcionales en las que deban intervenir profesionales externos, el proyecto establece un límite de ocho JUS para sus honorarios, que el ministro estimó en alrededor de 800.000 pesos.

La iniciativa también propone que las pericias se ajusten al baremo de incapacidades previsto en la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo. Troncoso señaló que la aplicación de criterios uniformes permitiría reducir las diferencias en las evaluaciones y aportar mayor previsibilidad a los procesos.

En ese sentido, afirmó que la unificación de parámetros “genera previsibilidad y genera seguridad jurídica”.

Otro aspecto central de la propuesta es la revisión de los requisitos económicos que deben cumplir los empleadores para apelar determinadas sentencias laborales.

Actualmente, según explicó el ministro, esas condiciones pueden exigir el depósito del monto de la condena más un 30% de intereses o la presentación de bienes para su embargo.

El Gobierno busca modificar ese esquema, con el argumento de que puede representar una dificultad para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la misma disponibilidad de recursos que las compañías de mayor tamaño.

“Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una pyme que por ahí le cueste un poco más, que tiene menos empleados, que vive día a día”, sostuvo Troncoso.

La reforma, de acuerdo con el planteo oficial, apunta a proteger la liquidez de las pymes y facilitar que puedan recurrir una sentencia. El alcance de esos cambios y las garantías para el cobro de los créditos laborales formarán parte de la discusión legislativa.

Troncoso fundamentó la necesidad de avanzar con la reforma en estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Según los datos citados por el funcionario, Entre Ríos registró en 2024 un incremento del 12% en los juicios laborales, frente al 7% a nivel nacional. En 2023, el aumento provincial había alcanzado el 39%, mientras que el promedio del país fue del 26%.

El ministro también señaló que, pese a una disminución de la siniestralidad, la judicialidad llegó a 69,19 casos cada 10.000 trabajadores.

A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo sostiene que es necesario revisar el funcionamiento del sistema para reducir los litigios y resguardar las fuentes de trabajo.

“Estamos cuidando de alguna manera al que produce y genera trabajo”, expresó Troncoso, quien vinculó la reforma con el objetivo de sostener la generación de empleo genuino en la provincia.

El ministro afirmó que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento parlamentario durante el actual período legislativo, aunque reconoció que los tiempos dependerán de la Legislatura.

“Tenemos la decisión política de hacerlo ahora”, aseguró.

Troncoso manifestó que el Gobierno está dispuesto a discutir la iniciativa y escuchar a los distintos sectores. También planteó que el debate podría incorporar otros aspectos y derivar en una reforma más amplia.

“No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a partir de disensos para generar consensos”, sostuvo.

El proyecto deberá atravesar ahora el análisis legislativo, donde se podrán discutir sus alcances y las modificaciones propuestas al procedimiento laboral en Entre Ríos. La iniciativa plantea cambios en las pericias, los honorarios y las condiciones para apelar sentencias, en un debate que involucra tanto la previsibilidad para los empleadores como las garantías de los trabajadores.

El Gobierno de Entre Ríos reglamentó la Ley Provincial N.º 10.975 de Control Vehicular de Peso, que establece un régimen para fiscalizar las cargas de los transportes que circulan por la red vial entrerriana.

La medida busca preservar el estado de las rutas, reducir el deterioro prematuro de la calzada provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores de la provincia.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) será la autoridad de aplicación y coordinará los operativos con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

La reglamentación contempla la instalación progresiva de sistemas de pesaje dinámicos y estáticos para verificar que los vehículos de carga respeten los límites permitidos.

También establece los lugares donde funcionarán los puestos de control y los procedimientos para retirar excedentes de carga o disponer de mercaderías abandonadas.

La selección de los sectores a fiscalizar responderá a criterios técnicos y preventivos, teniendo en cuenta el volumen de tránsito pesado y las necesidades de conservación de cada tramo.

En los operativos, la Policía estará facultada para detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar actas de infracción cuando detecte incumplimientos. Luego deberá informar las actuaciones a la repartición vial.

El régimen establece la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador, por lo que ambos quedan alcanzados por las disposiciones vinculadas con el exceso de peso.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que el fortalecimiento de los controles apunta a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar los recursos públicos destinados al mantenimiento y garantizar condiciones equitativas para las empresas que trasladan mercaderías.

El sobrepeso de los vehículos pesados es uno de los factores que inciden en el desgaste de la infraestructura vial, por lo que la normativa busca reforzar la fiscalización de las cargas que circulan por la provincia.

La reglamentación establece una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), cuyo monto varía de acuerdo con la cantidad de kilogramos que exceda el límite permitido.

Según el esquema informado, las multas van desde 154 UF para excesos de entre 500 y 1.000 kilogramos hasta 20.000 UF para infracciones con sobrepeso igual o superior a los 14.001 kilogramos.

La aplicación de este régimen se enmarca en las medidas provinciales destinadas a controlar el transporte de cargas y preservar la infraestructura vial entrerriana.

El Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realizaron este martes en Concordia una jornada destinada a promover el desarrollo productivo y financiero de mujeres emprendedoras. Durante el encuentro se entregaron certificados de financiamiento a representantes de proyectos productivos de la provincia.

La actividad se desarrolló en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; y la jefa de Gabinete de Asesores, Marcela Garavano.

La jornada se enmarcó en el Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres del CFI, que busca acompañar el crecimiento de emprendimientos y empresas liderados por mujeres mediante herramientas de financiamiento y capacitación.

Según los datos difundidos durante la actividad, Entre Ríos registra más de 50 proyectos gestionados a través de este programa, por un monto superior a los $5.000 millones.

En ese contexto, Frigerio destacó la importancia de acompañar las iniciativas emprendedoras y valoró el trabajo conjunto con el organismo nacional.

“Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de pesos de financiamiento para distintos proyectos, distintas líneas de ayuda que tiene el CFI, que agradecemos profundamente porque nos han servido mucho en estos casi tres años de gestión”, señaló el gobernador.

El mandatario remarcó que la provincia mantiene una relación de trabajo con el Consejo Federal de Inversiones desde el comienzo de su gestión y sostuvo que el financiamiento es una herramienta para impulsar proyectos productivos.

“Desde la provincia apostamos mucho al emprendedurismo”, afirmó Frigerio, quien también destacó la importancia de mejorar las condiciones de competitividad para las empresas y las economías regionales.

En esa línea, sostuvo que el Estado tiene un papel en facilitar el desarrollo de iniciativas que permitan transformar ideas en proyectos concretos, tanto mediante el acceso al crédito como a través de mejores condiciones para producir.

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de la iniciativa dentro de las políticas orientadas a fortalecer la actividad económica y la generación de empleo.

“Es una herramienta muy importante que, junto con la inversión en infraestructura, la desregulación y la baja de la presión impositiva, permite crear condiciones para que haya inversión, desarrollo y generación de empleo”, expresó.

Azcué también señaló que el programa ofrece a las emprendedoras la posibilidad de acceder a capacitaciones y créditos para potenciar sus proyectos y fortalecer sus actividades.

Durante el encuentro se entregaron simbólicamente certificados a mujeres que lideran empresas, participan de instancias de formación y accedieron a financiamiento del CFI.

La agenda incluyó, además, la presentación del programa destinado a mujeres entrerrianas, a cargo de representantes del organismo, y charlas sobre herramientas de financiamiento productivo y soberanía financiera.

El Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres busca facilitar el acceso al financiamiento y a la formación para acompañar el crecimiento de emprendimientos y empresas.

La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades de gestión, ampliar las posibilidades de inversión y contribuir al desarrollo de actividades productivas en distintas regiones del país.

Para Entre Ríos, la gestión de más de 50 proyectos por un monto superior a los $5.000 millones representa una línea de asistencia orientada a impulsar iniciativas encabezadas por mujeres.

El desafío será que estas herramientas se traduzcan en empresas más sólidas, nuevas oportunidades comerciales y mayor capacidad para sostener y generar empleo en la provincia.

La Sala I en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió avanzar hacia el juicio oral en una causa por abuso sexual que se tramita en Concordia, al rechazar una impugnación extraordinaria presentada por la defensa del imputado e instruir que se realice la audiencia de remisión a juicio.

El pronunciamiento fue emitido el viernes 9 de octubre, con una nueva integración del tribunal conformada por Leonardo Portela, Carlos Federico Tepsich y Laura Mariana Soage, y se ajustó a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa se inició en 2020 a partir de la denuncia de una agente de la Municipalidad de Concordia, quien habría sido agredida mientras desempeñaba sus funciones durante la pandemia de COVID-19. La identidad del imputado se mantiene bajo reserva y fue identificado en el expediente con las iniciales J. K.

Con esta resolución, el máximo tribunal entrerriano dispuso remitir las actuaciones al Juzgado de Garantías de Concordia para que se concrete, por quien corresponda, la audiencia previa a la elevación de la causa a juicio oral.

El expediente atravesó distintas instancias judiciales antes de llegar a esta nueva resolución.

El 31 de marzo de 2025, la Sala I en lo Penal del STJ, integrada entonces por Daniel Omar Carubia, Claudia Mónica Mizawak y Laura Mariana Soage, había hecho lugar a un planteo de la defensa contra una sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.

En aquella oportunidad, el tribunal declaró la nulidad de ese pronunciamiento y de otras decisiones anteriores dictadas en la causa. Además, consideró insubsistente la potestad del Ministerio Público Fiscal para continuar con los actos de investigación y dispuso el sobreseimiento del imputado.

Sin embargo, la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de junio de 2026, el máximo tribunal nacional revocó la sentencia del STJ entrerriano y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, al considerar que la cuestión ya había sido abordada en el precedente conocido como Price.

A partir de esa intervención, la Sala I volvió a analizar el caso y emitió la resolución del 9 de octubre.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la diferencia entre el vencimiento de los plazos para investigar y la extinción de la acción penal.

El STJ reconoció que los plazos previstos para la Investigación Penal Preparatoria habían transcurrido sin que la Fiscalía solicitara oportunamente las prórrogas correspondientes. También señaló que el pedido de remisión a juicio había sido presentado fuera del plazo legal.

No obstante, el tribunal sostuvo que esa situación no implica, por sí misma, que la acción penal quede extinguida ni constituye una causal autónoma para disponer el sobreseimiento del imputado.

En cambio, precisó que el vencimiento de los términos legales limita las facultades procesales de la Fiscalía para continuar con la investigación e incorporar nuevas pruebas.

De esta manera, la resolución distingue entre la vigencia de la acción penal y la posibilidad de seguir realizando actos de investigación una vez vencidos los plazos establecidos por el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Sobre esa base, el tribunal rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa y ordenó que la causa regrese al Juzgado de Garantías de Concordia para avanzar con la audiencia de remisión a juicio.

Tras conocerse la resolución, la abogada querellante María de los Ángeles Petit, representante de la denunciante, manifestó su conformidad con la decisión judicial y destacó el trabajo del fiscal de la causa, el doctor Núñez.

“Estamos muy conformes con el fallo, y sobre todo, por el trabajo del Fiscal de la causa, el Dr. Núñez”, expresó.

La letrada también cuestionó el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente y señaló que la víctima debió esperar varios años para llegar a esta instancia.

“Esperamos la audiencia de remisión a juicio que debió realizarse hace muchos años, pero un tecnicismo privó a la víctima de justicia y de un acto de reparación, después de tanto tiempo de exposición y revictimización”, afirmó.

Con el nuevo pronunciamiento, la causa deberá continuar su trámite en Concordia. La resolución habilita el avance hacia la instancia de juicio oral, aunque no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.

El Consejo General de Educación (CGE) y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) acordaron fortalecer el diálogo y garantizar la estabilidad laboral docente durante el proceso de transformación curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA).

La reunión se realizó en la sede del organismo educativo y contó con la participación de vocales del CGE, integrantes de la Secretaría General, referentes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y representantes gremiales. El encuentro tuvo como objetivo revisar los avances del nuevo diseño curricular modular y responder a las inquietudes de docentes y supervisores.

El director de la DEJA, Alfredo Blochinger, sostuvo que el proceso se viene desarrollando en coordinación con el sindicato. Además, explicó que la transformación responde a una línea de trabajo federal iniciada en 2024 para avanzar hacia un diseño curricular organizado en módulos.

En ese marco, indicó que durante este año comenzó la contratación de especialistas para elaborar contenidos del campo de la formación básica, como parte de la construcción pedagógica de la propuesta.

Uno de los principales planteos durante la reunión estuvo relacionado con la continuidad laboral de los docentes frente a los cambios previstos para la modalidad.

El vocal del CGE, Gustavo Blanc, señaló la necesidad de resguardar todas las horas cátedra y los cargos, además de garantizar la participación de los trabajadores de la educación en las distintas etapas del proceso.

Por su parte, el equipo técnico de la DEJA, encabezado por Maricel Facendini, aclaró que hasta el momento no se modificó la caja curricular. Por lo tanto, según lo informado en el encuentro, no hay definiciones que alteren la estructura horaria vigente ni los puestos de trabajo.

Otro de los temas abordados fue la circulación de información parcial sobre la reforma, una situación que, según los participantes, genera incertidumbre en las instituciones educativas.

Para mejorar la comunicación, las partes acordaron avanzar en una estrategia de información unificada y ampliar los espacios de diálogo con supervisores, directivos, asesores pedagógicos y docentes.

Además, la DEJA presentó una propuesta de agenda para debatir y enriquecer el proyecto en las distintas localidades, con la participación de los actores involucrados en la modalidad.

El seguimiento de las normas que acompañarán la transformación curricular también formará parte del trabajo previsto.

Los acuerdos buscan ordenar el proceso de implementación del nuevo diseño modular, atender las inquietudes del sector docente y sostener instancias de participación antes de avanzar con nuevas definiciones.

La obra de ampliación del sistema de desagües cloacales de Villaguay registra un avance físico del 25,79%. Con una inversión superior a los 21.900 millones de pesos, los trabajos apuntan a extender la cobertura del servicio y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad.

Autoridades nacionales, provinciales y municipales realizaron una recorrida técnica para supervisar el estado de la obra y coordinar acciones que permitan garantizar la continuidad de los trabajos. La ejecución está a cargo de la empresa Rovella Carranza SA.

Durante la visita, el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado para avanzar con el proyecto.

“Gracias a las gestiones nacionales del gobernador, logramos articular el trabajo de Nación, Provincia y Municipio para continuar con esta obra”, señaló. También remarcó su importancia para ampliar el servicio de saneamiento y mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, valoró el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. “Cuando trabajamos en equipo, dejando de lado las cuestiones menores, los ciudadanos salen beneficiados”, afirmó.

La ampliación del sistema cloacal es considerada una intervención estratégica para el desarrollo urbano de Villaguay, ya que permitirá extender la cobertura de saneamiento a una población de más de 40.000 habitantes.

Además de mejorar las condiciones de vida de los vecinos, el proyecto apunta a fortalecer la infraestructura sanitaria y contribuir a la protección ambiental.

La recorrida permitió revisar el estado de ejecución y avanzar en las gestiones vinculadas con la continuidad de los trabajos.

La actividad en Villaguay dio continuidad a una visita realizada en Concordia, donde las autoridades supervisaron la obra del Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable.

Según los datos oficiales, esa intervención registra un avance del 88% y forma parte de las obras consideradas prioritarias para 2026.

De la recorrida en Villaguay participaron el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Gustavo Coria; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia; el ministro Hernán Jacob; el coordinador de la cartera provincial, Gonzalo Atencio; el director de Hidráulica, Oscar Pintos; legisladores y autoridades locales.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos (CJPER), Gastón Bagnat, brindó precisiones sobre la primera liquidación llevada a cabo bajo el marco de la nueva ley de reforma previsional promulgada en agosto. Ante la incertidumbre generada entre los beneficiarios sobre la modalidad de pago del haber de septiembre, el funcionario aseguró que el haber básico se mantendrá equivalente al de agosto en el recibo principal, mientras que el incremento salarial correspondiente a las últimas paritarias se abonará de manera separada el mismo día en que lo cobren los empleados activos.

Entrevistado por Paralelo32, el titular del organismo previsional llevó tranquilidad a los pasivos provinciales al explicar la mecánica administrativa implementada tras el cierre del cronograma de liquidaciones.

“El mes de septiembre es el primer mes que se liquida totalmente de acuerdo a la reforma. Como la paritaria docente se cerró días posteriores al cierre de nuestras liquidaciones, el haber de septiembre va a salir simplificado con un código que equivale al total percibido en agosto”, indicó Bagnat. Respecto del aumento del escalafón con más aportantes, aclaró “ese incremento se va a pagar el mismo día que lo cobren los docentes en activo. Por este mes el aumento se cobró aparte, pero no va a haber demoras en trasladar el beneficio a los pasivos”.

En relación con el código 1650, correspondiente al monto no remunerativo judicializado, el funcionario confirmó que su acreditación se realiza de forma puntual a todos los jubilados alcanzados por el concepto.

Durante la entrevista, el funcionario evaluó los primeros resultados de la ley aprobada por la Legislatura provincial y sostuvo que el proceso legislativo logró despejar las dudas iniciales. “La reforma ordenó mucho a la Caja. Todos los jubilados solidariamente reciben el mismo aumento y van a tener su haber actualizado. Ningún jubilado va a cobrar menos que el mes anterior”, aseveró.

El titular de la CJPER valoró especialmente las gestiones encaradas por la administración provincial encabezada por Rogelio Frigerio ante el Gobierno nacional, resaltando la firma de convenios de compensación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Hemos firmado tres años de acuerdos y ya recibimos 194.000 millones de pesos en concepto de compensación (125 millones de dólares. NdeR). Comparativamente es el mejor acuerdo del país, estamos recibiendo este año el mismo monto que Córdoba y Santa Fe, provincias que duplican nuestro tamaño”, enfatizó.

Según los datos oficiales del organismo, la combinación de los nuevos aportes solidarios de activos y patronales, la retención de subsidios a colegios privados y la cuota enviada por la Nación generará un alivio sustancial. “La diferencia entre septiembre y junio va a ser muy importante, estamos hablando de casi 20.000 millones de pesos más por mes que el sistema pudo regenerar y que, de lo contrario, tendría que haber puesto el Tesoro provincial para terminar de pagar las jubilaciones”, detalló.

Consultado sobre la situación de los sistemas previsionales de los municipios entrerrianos y las advertencias expresadas por otros especialistas del sector, Bagnat coincidió en que los regímenes locales enfrentan tensiones estructurales similares por el aumento de la expectativa de vida y la falta de crecimiento en la nómina de aportantes. Cabe destacar que Victoria tiene una Caja de Jubilaciones y Pensiones municipal.

“Todos estos sistemas con el tiempo tienden a ser deficitarios, porque la gente vive más tiempo y los aportantes no suben en la misma proporción. Algunas cajas municipales invirtieron bien su dinero inicial y pagan el déficit con renta, pero otras están consumiendo capital o ya no les queda. Todas las gestiones locales deberían contar con un plan de contingencia a largo plazo para compensar el gasto en el tiempo”, concluyó el presidente de la Caja.

La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis puso en marcha un ciclo de capacitaciones para preparar a su personal ante posibles contingencias climáticas e hidrológicas. La iniciativa apunta a fortalecer la aplicación del protocolo de actuación frente al fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la región.

Las actividades comenzaron el martes 6 de octubre en el Centro de Interpretación y se extenderán hasta el miércoles 14. La capacitación es obligatoria y está destinada a trabajadores de las áreas Técnica, Tránsito, Peaje y Administrativa, además del Complejo Social y el Centro de Interpretación.

Según informó el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, el objetivo es que cada agente conozca los procedimientos correspondientes a su función y pueda actuar de manera coordinada ante los distintos escenarios de emergencia.

El fenómeno de El Niño puede modificar los patrones climáticos y favorecer períodos de lluvias intensas y crecidas de los ríos en el Litoral argentino. Por las características de su emplazamiento, el Túnel Subfluvial requiere un seguimiento permanente de las condiciones del río Paraná y de su entorno.

Las tareas preventivas incluyen el monitoreo de los niveles del río, las condiciones meteorológicas y la evolución del lecho fluvial. También contemplan la revisión de los sistemas de bombeo, las instalaciones eléctricas y otros componentes necesarios para mantener la seguridad y la operatividad del viaducto.

En este contexto, el protocolo establece procedimientos para organizar una respuesta progresiva frente a posibles contingencias.

El protocolo contempla tres niveles de alerta preventiva, que permiten ajustar las medidas de vigilancia y respuesta según la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Entre las acciones previstas se encuentran las restricciones o interrupciones temporales del tránsito cuando las condiciones representen un riesgo para la circulación.

También se contempla la posibilidad de organizar caravanas asistidas cuando resulte viable mantener el paso de vehículos, pero sea necesario aplicar medidas especiales de seguridad debido a la visibilidad.

El programa está organizado en cinco módulos específicos, adaptados a las distintas áreas de trabajo, y un módulo general de carácter sanitario destinado a todo el personal. Este último estará a cargo de la División de Enfermería y el Servicio Médico Institucional.

Participan trabajadores de Tránsito, Parques y Servicios Generales, Hidrometría, Obras Viales, Arquitectura, Electrotecnia, Mecánica, Electrónica y Peaje, además de las áreas Contable, Legal, Administrativa y Auditoría.

La capacitación busca que los sectores operativos, administrativos y de servicios compartan criterios de actuación y conozcan sus responsabilidades ante una eventual emergencia.

Las actividades se desarrollan en un contexto de seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas y de las medidas de prevención frente a posibles escenarios de emergencia hídrica en Entre Ríos y Santa Fe.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las alertas meteorológicas para Entre Ríos y mantiene bajo advertencia a toda la provincia durante este miércoles 7 de octubre.

El nivel naranja alcanza a Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, principalmente durante la tarde. En el resto del territorio entrerriano rige alerta amarilla.

En las zonas bajo alerta naranja se esperan tormentas fuertes y algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

El SMN estima acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera puntual.

En el resto de Entre Ríos también se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían incluir lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El nivel de alerta puede modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN, por lo que se recomienda consultar la información oficial durante la jornada.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda:

El SMN establece que el nivel naranja implica un riesgo meteorológico importante, por lo que las actividades habituales pueden verse afectadas.

El panel estuvo integrado por el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, el Coordinador de Capacitación y Evaluación de la Secretaría de Deportes, José Martín Amden, y el abogado especialista en Derecho Deportivo, Alcides Fernando Spiazzi.

En su exposición, Maneiro presentó su libro “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina”, donde reúne los datos de su tesis doctoral sobre la calidad democrática en 30 municipios del país. Además, abordó la agenda que impulsa el Gobierno provincial en materia de Justicia: Boleta Única de Papel, Ficha Limpia y Ley de Ética Pública.

Por su parte, Amden y Spiazzi detallaron los alcances del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo que trabajaron junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. La iniciativa busca fomentar la participación del sector privado en el financiamiento del deporte.

El mecanismo propone que empresas aportantes puedan derivar parte de lo que tributan en concepto de Ingresos Brutos hacia asociaciones civiles, clubes de barrio o deportistas, obteniendo como contraprestación un beneficio fiscal y la posibilidad de sponsorización.

Del total del aporte, un 20% se retendrá para consolidar un Fondo Solidario destinado a impulsar, estimular y patrocinar actividades deportivas de instituciones o personas que no hayan sido alcanzadas por beneficios previstos en la ley, con especial foco en clubes de barrio y deporte inclusivo para personas con discapacidad.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos y consideró que la iniciativa puede contribuir a modificar el nivel de litigiosidad vinculado con accidentes y enfermedades laborales.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura, propone cambios en el sistema de peritajes, entre ellos la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del baremo oficial para determinar incapacidades y un nuevo esquema para regular los honorarios de los peritos.

La propuesta también contempla eliminar el requisito que actualmente obliga al empleador condenado a depositar el monto de la condena o constituir un embargo como condición para acceder a una apelación. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que ese requisito económico limite el acceso a una segunda instancia.

En su análisis, la UART señaló que Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo durante 2025, un 25% más que el año anterior.

La entidad también indicó que el índice de judicialidad pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. Según sus datos, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de juicios aumentó un 38%, el mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.

La organización comparó además esos valores con otros sistemas de riesgos laborales. Según la UART, España registra alrededor de 8,5 demandas cada 10.000 trabajadores y Chile aproximadamente 5,8.

Estos datos forman parte de la argumentación de la entidad aseguradora para plantear la necesidad de reducir la litigiosidad en el sistema entrerriano. Se trata, en este caso, de estadísticas y una interpretación aportadas por la propia UART.

Uno de los cambios centrales consiste en crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, con sede en Paraná y competencia en toda la provincia, destinado a intervenir en procesos vinculados con riesgos del trabajo y accidentes laborales.

El proyecto prevé tres cargos de peritos médicos, seleccionados mediante concurso público, con dedicación exclusiva y dependencia del Poder Judicial.

La iniciativa también establece que las pericias deberán utilizar obligatoriamente el Baremo Nacional de Incapacidades Laborales, con el objetivo de unificar los criterios técnicos utilizados para determinar incapacidades.

Otro de los cambios alcanza a los honorarios de los peritos. La propuesta busca que no estén vinculados al monto económico del juicio ni al porcentaje de incapacidad establecido, sino que sean determinados por el juez en función de la naturaleza, complejidad, extensión y utilidad del trabajo realizado.

Desde la UART consideraron que estas modificaciones representan un primer paso y señalaron que su impacto dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas.

La entidad planteó como aspectos centrales la conformación y funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del baremo y el reconocimiento del trabajo técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada.

Para la UART, una reducción de la litigiosidad permitiría limitar costos e incertidumbres asociados al sistema de Riesgos del Trabajo. La entidad sostiene además que un nivel elevado de judicialización puede afectar a las empresas y, según su planteo, tener consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo.

El proyecto continúa ahora su tratamiento en la Legislatura de Entre Ríos, donde deberá ser analizado y debatido antes de una eventual sanción.

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, encabezó este viernes en Concordia la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa (MPD), encuentro en el que presentó el informe de gestión y los principales lineamientos institucionales del organismo.

La jornada reunió a integrantes de la Defensa Pública de toda la provincia y contó con la participación de Stella Maris Martínez, ex defensora general de la Nación, quien estuvo a cargo de una conferencia sobre la evolución de la Defensa Pública y su papel en la protección de los derechos humanos dentro del sistema de Justicia.

También participaron el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Federico Tepsich; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafael Cotorruelo; el ex defensor general de la provincia, Arsenio Francisco Mendoza; y la vocal del STJ Susana Medina, entre otras autoridades.

Durante su exposición, Benítez realizó un repaso de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Defensa en distintos puntos de Entre Ríos.

Entre los temas abordados estuvieron las políticas vinculadas con salud mental, con especial atención a la problemática del suicidio; el Régimen Penal Juvenil; la situación de la adopción y la disminución de inscriptos en el Registro de Adoptantes; y la difusión del dispositivo Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.

También se destacó la expansión del sistema de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que actualmente alcanza a casi todo el territorio provincial y cuenta con el acompañamiento de equipos técnicos interdisciplinarios.

El informe incluyó además un análisis de la situación carcelaria y del trabajo desarrollado por las defensorías en materia Penal, Civil y de Familia.

“Tenemos que destacar el esfuerzo que hacen todos los defensores públicos y defensoras públicas para poder darle acceso a justicia a la gente. Es un trabajo cotidiano que no se puede cuantificar y que en épocas de crisis como la actual es cuando más se incrementa”, sostuvo Benítez.

El defensor general también se refirió a las herramientas creadas para atender cuestiones vinculadas con salud mental. “Nos hicimos cargo de los derechos que se ampliaron y por eso tenemos instituciones como el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental”, señaló.

En ese contexto, planteó la necesidad de profundizar el trabajo institucional frente a las tasas de suicidio registradas en Entre Ríos, con especial atención a la población joven.

Luego de la presentación del informe se desarrollaron talleres de trabajo sobre distintas áreas de intervención de la Defensa Pública. Los encuentros abordaron cuestiones penales, de familia, niñez y adolescencia, además del funcionamiento de los equipos técnicos interdisciplinarios.

La actividad fue organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

El cierre estuvo a cargo de Stella Maris Martínez, quien brindó una conferencia sobre la historia y la actualidad de la Defensa Pública en Argentina y su función como garante del acceso a derechos dentro del sistema de Justicia.

Entre las autoridades presentes también estuvieron el secretario general de la Asociación de la Magistratura, Germán Dri; los vocales Gaspar Reca y Victoria Federik; la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; y la presidenta de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Graciela Chiappa.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo en París una reunión con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco de la Argentina Week, para analizar alternativas de financiamiento destinadas a proyectos estratégicos de Entre Ríos.

Durante el encuentro se abordaron posibles herramientas para avanzar en iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos y la transición energética, dos de las áreas que la provincia busca desarrollar con financiamiento de largo plazo.

También se analizó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a mecanismos de garantía que permitan facilitar el acceso a recursos y agilizar los procesos necesarios para avanzar con los proyectos.

“El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”, sostuvo Frigerio durante la actividad. En ese marco, destacó la necesidad de generar condiciones que permitan reducir obstáculos y facilitar el acceso a herramientas financieras para proyectos considerados estratégicos para la provincia.

La reunión formó parte de la agenda que Entre Ríos desarrolla en París para establecer vínculos con organismos internacionales y presentar oportunidades de inversión vinculadas con el perfil productivo de la provincia.

Como parte de la agenda de la Argentina Week, Frigerio también participó del encuentro encabezado por el presidente Javier Milei con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a otros gobernadores y representantes de la delegación argentina.

La reunión con Macron se realizó el jueves 1° de octubre en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, Milei mantuvo un encuentro con los gobernadores que integraron la delegación argentina en París.

La Argentina Week se desarrolla con el objetivo de promover oportunidades de inversión y negocios y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y actores internacionales. En ese marco, Entre Ríos busca presentar proyectos vinculados con sus sectores productivos y ampliar las alternativas de financiamiento para iniciativas provinciales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos de Entre Ríos. El pronóstico contempla tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían ser abundantes en períodos cortos, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

El fenómeno también podría estar acompañado por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.

Ante este escenario, desde la provincia difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y evitar situaciones de exposición innecesaria mientras persistan las condiciones adversas.

Un automóvil que atravesó un siglo de historia volvió a ponerse en marcha en Rosario del Tala. Se trata de un Ford T Touring fabricado en 1926, que pertenece a la familia Acosta desde hace al menos siete décadas y que durante los últimos cuatro años fue sometido a un proceso de restauración.

El trabajo fue realizado de manera artesanal y en familia, en el taller de Mariano, Enrique y Gerardo Acosta, quienes recuperaron el vehículo con el objetivo de volver a ponerlo en funcionamiento y compartirlo con la comunidad.

El Ford T fue exhibido el jueves 1 de octubre en la Plaza Libertad, frente al Museo Histórico Municipal, donde vecinos pudieron conocer de cerca el resultado de la restauración.

El Ford T ocupa un lugar particular en la historia del automóvil. Su producción comenzó en 1908 y se extendió hasta 1927. Fue el primer modelo fabricado a gran escala mediante una línea de montaje móvil, un sistema que permitió reducir los tiempos de producción y acercar el automóvil a sectores más amplios de la población.

La producción superó las 15 millones de unidades, convirtiendo al modelo en uno de los vehículos más importantes de los primeros años de la industria automotriz.

El ejemplar restaurado por la familia Acosta corresponde a la versión Touring, una de las variantes destinadas a ofrecer un automóvil accesible para trabajadores y familias de la época.

Cuenta con un motor de cuatro cilindros y 2.900 centímetros cúbicos, características que permiten dimensionar la tecnología con la que circulaban estos vehículos hace un siglo.

De acuerdo con los registros de Ford, el automóvil cumplió 100 años el 24 de febrero de 2026.

La historia del vehículo con los Acosta comenzó varias décadas después de su fabricación. La familia lo conserva desde al menos la década de 1950 y, con el paso de los años, se convirtió en parte del patrimonio familiar.

La decisión de restaurarlo demandó cuatro años de trabajo. Cada etapa fue realizada por Mariano, Enrique y Gerardo Acosta, que combinaron conocimientos, tiempo y dedicación para recuperar el vehículo y devolverle la posibilidad de circular.

El resultado fue presentado públicamente en la Plaza Libertad, frente al museo de la ciudad, como una manera de compartir con los vecinos una pieza que reúne historia de la industria automotriz, memoria familiar y patrimonio local.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos realizará este viernes 2 de octubre su reunión anual en la ciudad de Concordia, donde el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, presentará el informe de gestión y política institucional del organismo.

La jornada se desarrollará en el Hotel Hathor, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 264,5, y reunirá a integrantes de la Defensa Pública provincial.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el MPD y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), en cumplimiento de las atribuciones establecidas para el defensor general por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

Las acreditaciones comenzarán a las 10:00.

A las 11:00 se realizará el acto de apertura, a cargo de Benítez y autoridades de la AMFJER. Posteriormente, el defensor general presentará el informe de gestión y política institucional del Ministerio Público de la Defensa.

Durante la jornada también se desarrollarán talleres de trabajo destinados a abordar y poner en común diferentes temáticas relacionadas con la labor de la Defensa Pública.

Los espacios estarán vinculados con:

El cierre de la reunión está previsto para las 17:30 y estará a cargo de Stella Maris Martínez, quien fue defensora general de la Nación.

Martínez estuvo al frente de la Defensoría General de la Nación entre 2006 y comienzos de 2026.

Durante su trayectoria también ocupó distintos cargos vinculados con la Defensa Pública. Fue secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM), además de desempeñarse como coordinadora general del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina.

Entre 2001 y 2006 fue defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anteriormente ejerció como defensora de Pobres, Ausentes e Incapaces.

Es abogada y licenciada en Criminología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. También desarrolló una trayectoria vinculada con la docencia universitaria.

Su participación marcará el cierre de la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, que tendrá como eje el análisis de la gestión institucional y el intercambio de experiencias entre integrantes de la Defensa Pública provincial.

“Hay una cuestión que es necesario aclarar: la mayoría en ambas Cámaras la tiene el oficialismo desde junio de 2025. Por eso resulta llamativo que se pretenda explicar la demora de un proyecto por una supuesta falta de mayoría. Con mayoría en Diputados y en el Senado, es una obviedad que la agenda legislativa está conducida por el oficialismo”, sostuvo Berthet.

El senador recordó que el proyecto ingresó al Senado en septiembre de 2024, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, y que desde entonces fue abordado en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

“En noviembre de 2024, desde nuestro bloque planteamos modificaciones y aportes al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que había aprobado Diputados. Fuimos claros en aquel momento: estamos a favor de contar con una herramienta de Ética Pública, pero queríamos mejorarla”, señaló Berthet.

En aquella oportunidad, incluso desde el oficialismo se planteó continuar analizando el articulado y convocar a representantes del Poder Ejecutivo para conocer su posición sobre las modificaciones propuestas.

El proceso continuó en noviembre de 2025, cuando participó de una reunión de comisión el secretario de Justicia de la Provincia, Julián Maneiro. Allí respondió las consultas de los senadores y explicó los principales aspectos del proyecto. Al finalizar, calificó el encuentro como “un fructífero intercambio de opiniones” y sostuvo que la iniciativa era “muy importante y trascendente”. Incluso, adelantó que su sanción podría concretarse en los días siguientes.

“Pasó casi un año desde aquella afirmación y el proyecto siguió sin sancionarse. Entonces la pregunta no es si la oposición tiene mayoría para impedir que avance. La pregunta es qué decisión política tomó el oficialismo para que una iniciativa que considera tan importante llegue finalmente a ser ley”, planteó Berthet.

El senador remarcó finalmente que la posición del bloque Justicialista no cambió: “Queremos una Ley de Ética Pública. Lo dijimos desde el primer momento. Lo que planteamos es que sea una buena ley, que amplíe los estándares de transparencia, que establezca reglas claras y que se aplique de manera efectiva”.