Un reciente estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a poner en agenda una problemática que afecta a miles de niños y niñas en el país: la malnutrición infantil. El trabajo, basado en el análisis de más de 970.000 registros de menores de cinco años con cobertura pública de salud, detectó la coexistencia de sobrepeso y desnutrición crónica en distintos territorios, un fenómeno conocido como "doble carga de malnutrición".

Aunque Entre Ríos no figura entre las provincias con los indicadores más extremos del país, el relevamiento identificó diferencias significativas entre departamentos y confirmó que la provincia forma parte de una región donde persisten desigualdades estructurales asociadas a la pobreza, el acceso a la salud y las condiciones de vida.

El informe muestra que el sobrepeso infantil presenta una distribución relativamente homogénea en Entre Ríos, con porcentajes que oscilan entre el 11% y el 13% según los departamentos.

Sin embargo, la situación cambia cuando se analiza la desnutrición crónica, medida a través del indicador de baja talla para la edad. Allí aparecen mayores contrastes territoriales, con los departamentos de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Tala registrando los niveles más elevados dentro de la provincia.

Los investigadores sostienen que la coexistencia de sobrepeso y retraso en el crecimiento no responde a situaciones aisladas, sino a condiciones estructurales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables. Según el estudio, factores como la pobreza persistente, el acceso limitado a servicios de salud, las dificultades educativas y determinadas condiciones ambientales tienen una influencia determinante en estos indicadores.

El trabajo también destaca que la ubicación geográfica explica una parte importante de las variaciones observadas, lo que refuerza la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas según las características de cada territorio.

Tras la difusión del informe, organizaciones sociales que trabajan cotidianamente en sectores vulnerables manifestaron su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de muchas familias.

En diálogo con APFDigital, la referente de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, señaló que en los últimos meses se ha incrementado la demanda de asistencia alimentaria y advirtió que cada vez más personas recurren a los espacios comunitarios en busca de ayuda.

“La mayoría de las organizaciones estamos explotadas porque cada vez más gente se acerca en busca de un plato de comida”, expresó.

Según relató, durante las recorridas territoriales y las tareas de acompañamiento que desarrolla la organización comenzaron a detectar una mayor presencia de niños y adolescentes que asisten a comedores y espacios comunitarios para garantizar al menos una comida diaria.

Actualmente, más de 300 chicos participan de distintas actividades impulsadas por la entidad, donde además de la asistencia alimentaria se observan problemáticas vinculadas al desarrollo infantil.

“Hay cierto retraso en lo cognitivo que también se da por la falta de estímulo y de alimentación”, afirmó.

Desde la organización también manifestaron inquietud por otras problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias en contextos de vulnerabilidad.

Entre ellas mencionaron el avance del consumo problemático de sustancias y la creciente incidencia del narcotráfico en algunos barrios populares. Según explicaron, existen situaciones en las que menores de edad son captados para realizar tareas vinculadas a la comercialización de drogas.

Al mismo tiempo, alertaron sobre el aumento de casos de niños nacidos con presencia de cocaína en sangre, una realidad que vinculan con el incremento del consumo en determinados sectores sociales.

Respecto de los resultados del estudio, desde Suma de Voluntades señalaron que en los espacios donde desarrollan su trabajo cotidiano predominan situaciones relacionadas con el bajo peso y las dificultades nutricionales más que con la obesidad infantil.

“Muchos niños llegan desesperados de hambre a nuestras actividades. Algunos tienen bajo peso y baja estatura para su edad”, indicó Albornoz.

La referente también planteó interrogantes sobre la metodología utilizada para construir algunas de las estadísticas difundidas y sostuvo que las organizaciones sociales no fueron consultadas durante el relevamiento.

Más allá de las diferencias de percepción respecto de algunos indicadores, tanto el estudio académico como los testimonios recogidos en territorio coinciden en un punto central: la situación nutricional de la infancia está estrechamente vinculada a las condiciones socioeconómicas de las familias.

Los investigadores sostienen que el mapeo realizado permite identificar áreas de mayor vulnerabilidad y constituye una herramienta valiosa para orientar políticas públicas más precisas. En Entre Ríos, los datos ponen de manifiesto que la malnutrición infantil no puede analizarse únicamente desde una perspectiva alimentaria, sino también como una expresión de desigualdades sociales que atraviesan distintos aspectos de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

El Gobierno de Entre Ríos reglamentó oficialmente el funcionamiento del Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas, una herramienta que busca otorgar mayor seguridad jurídica y reconocimiento institucional a las organizaciones de culto no católicas que desarrollan actividades en la provincia.

La medida fue formalizada mediante una resolución de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, que establece los procedimientos para la inscripción voluntaria de aquellas entidades que ya cuenten con reconocimiento ante el Registro Nacional de Cultos.

La reglamentación pone en marcha el registro creado por el Decreto Nº 2559 y responde a una demanda planteada por distintas comunidades religiosas desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, que incorporó una nueva categoría jurídica para las entidades religiosas.

La presentación oficial estuvo encabezada por el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro; el director de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Leandro Jacobi; y el director de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, Rodrigo Luti. También participaron representantes de diversas organizaciones religiosas de la provincia, entre ellas la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER), la Asociación de Iglesias Bautistas de Entre Ríos (Aieber), la Iglesia Adventista y el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir).

Durante el acto, desde las entidades participantes destacaron el avance que representa la reglamentación para el reconocimiento institucional de las comunidades religiosas. En ese sentido, el secretario del Calir, Adrián Maldonado, valoró la decisión del Gobierno provincial y sostuvo que la medida permite adecuar la normativa entrerriana a los principios establecidos en el Código Civil y Comercial, fortaleciendo el ejercicio de la libertad religiosa.

Uno de los principales alcances de la reglamentación es la posibilidad de acceder a la toma de razón provincial y a la rúbrica oficial de libros institucionales, herramientas que brindan mayor respaldo jurídico y administrativo a las organizaciones religiosas.

Además, la normativa habilita a que asociaciones civiles o fundaciones de carácter religioso puedan transformarse formalmente en entidades religiosas reconocidas por la legislación nacional sin necesidad de atravesar procesos de disolución o liquidación, garantizando la continuidad de su patrimonio, sus actividades y su situación registral.

Otro aspecto destacado es que la reglamentación establece de manera expresa que el Estado provincial no ejercerá controles sobre cuestiones doctrinarias, litúrgicas ni sobre la organización interna de las comunidades religiosas. La intervención estatal quedará limitada exclusivamente a aspectos registrales y administrativos.

La nueva normativa también incorpora herramientas de gestión digital. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Mi Entre Ríos, con el objetivo de agilizar procedimientos y facilitar el acceso de las entidades religiosas al sistema de registración provincial.

Desde las organizaciones religiosas consideraron que la puesta en funcionamiento del registro representa un paso significativo hacia una mayor modernización administrativa y seguridad jurídica, además de consolidar el reconocimiento institucional de la diversidad religiosa presente en Entre Ríos.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La situación financiera del sistema de salud atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Así lo afirmó Silvia D’Agostino, titular del Sanatorio de la Entrerriana, quien durante una entrevista con el programa Debate Abierto Radio describió un escenario marcado por el desfinanciamiento de las obras sociales, los atrasos en los pagos y las dificultades para sostener la prestación de servicios.

“La seguridad social está como crujiendo”, resumió la empresaria al referirse al contexto que enfrentan clínicas y sanatorios de la provincia. Según explicó, la caída de la actividad económica y la reducción del empleo registrado han impactado directamente en la recaudación de las obras sociales, cuyo financiamiento depende de los aportes de trabajadores y empleadores.

Uno de los principales focos de conflicto es la relación con PAMI. D’Agostino denunció que la obra social de los jubilados implementó límites operativos que restringen la emisión de órdenes para estudios ambulatorios una vez alcanzado un cupo mensual determinado. Como consecuencia, muchos afiliados deben esperar hasta el mes siguiente para acceder a determinadas prestaciones.

A esta situación se suma, según indicó, un importante retraso en la actualización de los aranceles. La dirigente señaló que los valores que perciben los prestadores acumulan un atraso de aproximadamente dos años y cuestionó la propuesta de incremento del 1,9% para los meses de junio y julio, al considerar que resulta insuficiente frente al aumento de los costos del sector.

Respecto de la situación de la obra social provincial, OSER, la empresaria manifestó preocupación por la falta de actualización salarial en la administración pública. Explicó que la ausencia de acuerdos paritarios desde julio del año pasado limita el crecimiento de los ingresos de la entidad, ya que los bonos extraordinarios otorgados por el Estado no generan aportes destinados al sistema de salud.

“Eso produce un desfinanciamiento importante”, advirtió, al tiempo que señaló que las clínicas y sanatorios dependen cada vez más de la disponibilidad financiera de la provincia para poder cobrar las prestaciones realizadas.

En cuanto a los costos operativos, D’Agostino indicó que algunos insumos y prótesis han mostrado cierta estabilidad gracias al comportamiento del dólar, aunque advirtió que la situación es diferente en el mercado de medicamentos, donde los precios continúan aumentando sin mecanismos efectivos de regulación.

La empresaria también alertó sobre un fenómeno que comienza a observarse con mayor frecuencia: pacientes con cobertura médica que optan por atenderse en hospitales públicos para evitar el pago de coseguros. Esta situación, señaló, genera una mayor presión sobre el sistema público de salud y complica aún más la prestación de servicios.

Finalmente, consideró que la recuperación del sistema dependerá en gran medida de una mejora de la actividad económica y del empleo formal. “La solución de fondo pasa por generar más trabajo registrado para que vuelvan a crecer los aportes y el sistema recupere sustentabilidad”, concluyó.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General Nº 006/26 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.343.

El nuevo registro tendrá carácter voluntario y estará destinado a aquellas iglesias y comunidades religiosas que ya cuenten con reconocimiento nacional. Según se indicó oficialmente, la inscripción no otorgará personalidad jurídica religiosa, sino que permitirá realizar trámites administrativos y contables en el ámbito provincial, como la rúbrica de libros y la registración formal de documentación institucional.

La normativa surge luego de las directivas emitidas a nivel nacional durante 2025, que instaron a las provincias a evitar que las organizaciones religiosas deban adoptar figuras jurídicas ajenas a su naturaleza, como asociaciones civiles o fundaciones, para poder funcionar legalmente.

De esta manera, Entre Ríos se suma al proceso de adecuación normativa impulsado para reconocer la especificidad institucional de los distintos cultos.

El alcance de la medida comprende a iglesias no católicas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, así como también a aquellas entidades religiosas que actualmente funcionan bajo la figura de asociación civil o fundación y decidan transformarse formalmente en entidades religiosas.

Para acceder al registro provincial, las organizaciones deberán presentar una solicitud formal con firma certificada, el certificado vigente de inscripción nacional, memoria institucional y documentación interna que detalle denominación, domicilio, finalidad religiosa, autoridades y mecanismos de representación.

Además, una vez obtenida la inscripción, las entidades tendrán un plazo de 90 días para informar su situación fiscal y CUIT correspondiente.

Uno de los aspectos destacados de la resolución es que limita expresamente el alcance del control estatal sobre las organizaciones religiosas. El texto aclara que el registro no implicará fiscalización permanente ni intervención sobre las creencias, doctrinas o funcionamiento interno de las comunidades de fe.

Según la normativa, el rol del organismo provincial quedará restringido a la verificación formal de documentación y aspectos administrativos y contables exigidos por la legislación vigente.

La resolución también contempla un mecanismo de transformación para aquellas iglesias que, en años anteriores, debieron constituirse como asociaciones civiles para poder operar legalmente en la provincia.

En esos casos, el cambio de figura jurídica podrá realizarse sin necesidad de disolver la entidad existente, garantizando la continuidad institucional, patrimonial y registral.

Para concretar esa transformación, las organizaciones deberán presentar documentación específica, incluyendo un balance especial y el detalle de los bienes registrables involucrados.

Desde el organismo provincial indicaron que el trámite podrá realizarse tanto de manera presencial en formato papel como a través de la plataforma digital provincial.

La nueva reglamentación apunta a simplificar procedimientos administrativos y brindar mayor previsibilidad jurídica a las distintas comunidades religiosas que desarrollan actividades en Entre Ríos.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este miércoles la planta de Granalier, perteneciente a La Piara SRL, en Estación Camps, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Durante la visita, entregó el decreto de adhesión de la firma al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta provincial destinada a promover el crecimiento productivo y la generación de empleo.

La empresa, de capitales entrerrianos y con más de dos décadas de trayectoria en la cadena agroindustrial porcina, proyecta una inversión superior a los 967 millones de pesos. El plan contempla una ampliación de 750 metros cuadrados en la nave industrial de la planta de troceado, además de la incorporación de nuevas cámaras frigoríficas y tecnología de congelado.

Según explicaron desde la firma, la inversión permitirá incrementar en un 200% la capacidad productiva y ampliar significativamente el almacenamiento de mercadería, apuntando a fortalecer la presencia de la empresa en el mercado y acompañar el crecimiento de la demanda.

Durante la recorrida, Irina Hergert agradeció el acompañamiento institucional y destacó que el nuevo proyecto permitirá sumar el área de congelados a la estructura actual de la planta. Por su parte, Miguel Hergert subrayó que buena parte de las obras y equipamientos fueron contratados con proveedores de Crespo, Paraná y Concepción del Uruguay, lo que genera movimiento económico y trabajo en distintas localidades de la región.

En ese marco, Frigerio remarcó la necesidad de acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo económico de la provincia. “Cada vez que una empresa decide invertir, crecer y generar empleo genuino en Entre Ríos, el Estado tiene que estar acompañando”, afirmó.

El mandatario provincial sostuvo además que el Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones busca brindar previsibilidad y herramientas concretas para fomentar nuevas apuestas productivas en territorio entrerriano.

“Queremos que más empresas como Granalier sigan creciendo, incorporando tecnología y generando trabajo de calidad. No hay crecimiento posible sin inversión y sin producción”, expresó.

La visita también sirvió para mostrar el trabajo conjunto que vienen impulsando las provincias de la Región Centro. En ese sentido, Frigerio valoró la presencia de Pullaro y señaló la importancia de coordinar políticas que fortalezcan la producción y el empleo.

Por su parte, el gobernador santafesino destacó las medidas implementadas por Entre Ríos para incentivar inversiones privadas y aseguró que algunas experiencias podrían replicarse en Santa Fe.

“En un contexto económico complejo, los gobiernos tenemos que generar herramientas que impulsen la producción y el empleo. Hay ideas que estamos viendo acá que son muy interesantes para toda la Región Centro”, señaló Pullaro.

El mandatario santafesino también destacó el esfuerzo realizado por Entre Ríos para ofrecer beneficios impositivos y condiciones favorables a las industrias que deciden invertir y ampliar su capacidad productiva.

La recorrida contó además con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el senador provincial por Diamante, José Vergara.

Actualmente, Granalier genera alrededor de 110 puestos de trabajo directos y se consolida como una de las empresas con fuerte presencia en la actividad agroindustrial porcina de la región.

Junto al mandatario entrerriano estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además del presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, y el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze.

Durante el encuentro, Frigerio destacó el valor simbólico e histórico del acuerdo y definió el vínculo entre ambas comunidades como “una historia de hermanos”, construida sobre valores comunes como el trabajo, la honestidad y el esfuerzo colectivo.

El mandatario entrerriano remarcó además la importancia de recuperar los vínculos humanos en la política y sostuvo que la cercanía entre dirigentes y comunidades es fundamental para reconstruir la confianza social.

“Tenemos que volver a generar agendas de desarrollo basadas en valores compartidos y en el diálogo”, expresó.

Frigerio también puso el foco en el papel estratégico de la Región Centro dentro del país y aseguró que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba representan una de las zonas de mayor potencial productivo de Argentina.

“Esperamos que vuelva el verdadero federalismo y que el país adopte esta cultura del trabajo y del esfuerzo que caracteriza a nuestra región”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador reivindicó el rol de la educación como uno de los pilares de la identidad entrerriana y consideró que este hermanamiento también fortalece ese perfil histórico de la provincia.

“Estamos convencidos de que Entre Ríos tiene muchísimo más para dar”, concluyó.

Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro valoró el acuerdo como un “hecho fundacional” basado en la historia común y en la identidad compartida entre ambas localidades.

El mandatario sostuvo que tanto Santa Fe como Entre Ríos representan “la fuerza del trabajo y del interior productivo” y defendió el modelo de integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo del país.

“La salida de la Argentina está en la regionalización y en la capacidad de trabajar juntos”, señaló.

El convenio firmado establece oficialmente que Las Tunas y Libertador San Martín pasan a ser “ciudades hermanas”, habilitando el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como educación, salud, cultura, turismo y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

La relación entre ambas comunidades tiene profundas raíces históricas vinculadas al surgimiento del proyecto educativo adventista en la región. Según se recordó durante el acto, el primer colegio adventista funcionó en Las Tunas mientras se construían las instalaciones definitivas en Entre Ríos, proceso que posteriormente dio origen a la actual Universidad Adventista del Plata.

Ese origen común consolidó lazos familiares, culturales y sociales que permanecen vigentes hasta hoy.

Además, ambas localidades comparten características vinculadas a la inmigración europea, el desarrollo agropecuario y lechero, así como una fuerte identidad asociada a la educación, la salud y el trabajo comunitario.

Del acto participaron también el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; y representantes de la Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, entre otras autoridades.

La actividad contó además con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de Enersa.

Durante el acto, Frigerio remarcó la importancia de la obra para el desarrollo industrial de la ciudad y aseguró que uno de los principales objetivos de la gestión provincial es eliminar los obstáculos que frenan la inversión y la generación de empleo.

“Ramírez tiene un parque industrial en expansión y necesitaba contar con la energía suficiente para seguir creciendo”, expresó el mandatario entrerriano. En ese sentido, sostuvo que “no podemos permitir que falten obras básicas que condicionen el desarrollo de nuestras industrias”.

El gobernador también destacó los cambios impulsados en materia energética y aseguró que Entre Ríos logró reducir significativamente el costo de la electricidad. “Teníamos la energía más cara del país y muchas obras pendientes. Hoy estamos ejecutando infraestructura y somos una de las provincias con la energía más barata”, afirmó.

Frigerio valoró además el vínculo de trabajo conjunto con Santa Fe y señaló que ambas provincias comparten problemáticas y desafíos comunes dentro de la región centro productiva.

“Hemos aprendido mucho de la experiencia santafesina y de la gestión de Pullaro. Siempre es positivo mirar lo que hacen bien otras provincias, adaptarlo y trabajar de manera coordinada”, manifestó.

Por su parte, Pullaro elogió el ritmo de inversiones que atraviesa Entre Ríos y consideró que la nueva infraestructura energética representa una herramienta clave para potenciar el sector productivo.

“Es notable la cantidad de obras que se están llevando adelante. Esta subestación fue pensada para fortalecer la industria y acompañar el crecimiento del parque industrial de Ramírez”, señaló el gobernador santafesino.

El acto contó también con la presencia de la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, entre otras autoridades.

La nueva infraestructura energética fue ejecutada por Enersa con una inversión cercana a los 900 millones de pesos.

La subestación está ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 385,73, en cercanías del camino vecinal lindante al cementerio municipal.

Los trabajos incluyeron la construcción de dos campos de transformadores equipados con máquinas de 5 MVA de potencia cada una, además de cuatro salidas de distribución de 13,2 kilovoltios, una sala de comando, sistemas de comunicación y control, e integración al sistema Scada.

Gracias a esta tecnología, la operación podrá ser supervisada y controlada de manera remota desde el Centro de Control de Enersa, ubicado en Paraná.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

Un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet correspondiente a mayo de 2026 posicionó a Entre Ríos como la provincia con la factura eléctrica residencial más baja de la Región Centro, por debajo de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

De acuerdo al relevamiento, Entre Ríos ocupa el puesto 17 en el ranking nacional de tarifas eléctricas para usuarios sin subsidio y el lugar 14 para usuarios subsidiados, consolidando una mejora relativa en comparación con otras jurisdicciones del país.

Desde la Secretaría de Energía provincial destacaron que el resultado refleja una serie de medidas implementadas durante la actual gestión para reducir el impacto del costo energético en los hogares entrerrianos.

“Cuando asumimos, Entre Ríos era la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país. Tomamos decisiones para aliviar el costo de la boleta sin resignar inversión ni calidad del servicio”, señalaron desde el organismo.

Entre las acciones impulsadas por el Gobierno provincial mencionaron la eliminación de impuestos provinciales incluidos en la boleta eléctrica y la reducción de la tasa de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que pasó del 1,8 al 0,8 por ciento.

También remarcaron los acuerdos alcanzados con municipios para disminuir tasas y contribuciones locales aplicadas sobre el servicio eléctrico. Según detallaron, la contribución municipal bajó del 8,69 al 6 por ciento y el tope de las tasas municipales se redujo del 16 al 13 por ciento.

Otro de los puntos destacados fue el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) durante casi dos años, una medida que, según indicaron, permitió amortiguar el impacto de los aumentos nacionales vinculados al precio de la energía y el transporte eléctrico.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que estas decisiones fueron acompañadas por un proceso de ordenamiento y eficiencia dentro de la empresa estatal de energía.

Desde Enersa señalaron que las políticas de alivio tarifario convivieron con un importante nivel de inversión en infraestructura energética en toda la provincia.

Entre las obras y mejoras realizadas mencionaron nuevas estaciones transformadoras, ampliaciones de redes de distribución eléctrica, incorporación de medidores inteligentes, renovación de equipamiento y modernización de sistemas operativos y comerciales.

“Mientras antes los recursos se despilfarraban, ahora cada peso se transforma en obras para mejorar el servicio que reciben los entrerrianos”, expresaron desde la empresa provincial.

Finalmente, desde el Gobierno destacaron que Entre Ríos logró mejorar su posición en el ranking nacional de tarifas sin frenar inversiones, ampliando la capacidad del sistema eléctrico y fortaleciendo la infraestructura energética provincial en distintos puntos del territorio.

Según se informó oficialmente, este fenómeno meteorológico incrementa de manera considerable el riesgo en la circulación vial, tanto en rutas como en calles urbanas y caminos rurales, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de prevención.

Desde Defensa Civil señalaron que la baja visibilidad puede dificultar la conducción y aumentar las probabilidades de siniestros viales, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde la niebla se presenta con mayor densidad.

Frente a este escenario, se recomendó evitar salir a la ruta o transitar por calles si no es estrictamente necesario, al menos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Para quienes deban conducir de manera inevitable, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, se destaca la importancia de aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso bajo cualquier circunstancia, ya que la limitada visibilidad puede impedir detectar obstáculos o vehículos cercanos.

Asimismo, se aconseja encender las luces bajas y las luces antiniebla, evitando el uso de luces altas, dado que estas pueden reflejarse en la niebla y provocar encandilamiento al propio conductor, dificultando aún más la visión del camino.

Otra de las medidas preventivas fundamentales es reducir la velocidad y adecuarla a las condiciones de visibilidad de la calzada, manteniendo siempre el control del vehículo y evitando frenadas o maniobras bruscas.

En situaciones donde la visibilidad sea prácticamente nula, Defensa Civil indicó que lo más seguro es buscar un lugar adecuado para detenerse, como estaciones de servicio o paradores habilitados. También advirtió que no se debe estacionar sobre banquinas ni detenerse en la calzada, ya que esto puede generar un alto riesgo de colisiones.

Las autoridades reiteraron el pedido de prudencia y responsabilidad a los conductores y a la comunidad en general, remarcando que la prevención y el cumplimiento de estas recomendaciones resultan claves para resguardar la integridad física de las personas mientras continúe vigente la alerta meteorológica.

Desde este martes 26 y hasta el viernes 29 se retomarán las jornadas de la audiencia de remisión a juicio en la causa conocida como Contratos Truchos, una de las investigaciones judiciales más resonantes de la provincia de Entre Ríos, vinculada al presunto accionar de una organización ilegal que habría operado entre 2008 y 2018 mediante la simulación de contratos de obra en las cámaras de Senadores y Diputados.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el esquema consistía en la celebración de contratos con ciudadanos que solo prestaban su nombre, sin prestar servicios reales, a cambio de recibir un porcentaje mínimo del dinero asignado. El resto de los fondos, de acuerdo con la acusación, habría sido desviado de las arcas del Estado provincial.

La investigación comprende contratos celebrados durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri y parte del mandato del ex gobernador Gustavo Bordet. Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para el Estado entrerriano, a valores actualizados, ascendería a aproximadamente 53 millones de dólares.

Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se notificó a las partes la continuidad formal del proceso, luego de la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Casación Penal el 23 de diciembre de 2025, que rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por distintas defensas contra una sentencia dictada el 27 de noviembre de ese mismo año.

Con esa definición judicial, quedó establecido que la audiencia continuará en jornadas de martes a viernes desde el 26 de mayo hasta el 10 de julio. El cronograma prevé audiencias los martes y viernes de 9 a 13, mientras que los miércoles y jueves se desarrollarán en doble turno: de 9 a 13 y de 16 a 19.

La decisión permitió reactivar un expediente de alta complejidad procesal que involucra una extensa cantidad de pruebas documentales, pericias, planteos técnicos y un número importante de imputados.

La referencia a la resolución de Casación se vincula con la revisión de lo resuelto previamente por la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien en septiembre de 2025 había hecho lugar parcialmente a distintos planteos presentados por las defensas.

Entre esos pedidos figuraban exclusiones probatorias sobre informes y pericias, solicitudes de sobreseimiento, nulidades del requerimiento de remisión a juicio, cuestionamientos a la acusación fiscal y pedidos de subsanación de defectos procesales.

Uno de los ejes también estuvo relacionado con la intervención de Fiscalía de Estado, organismo que impulsa el recupero de las millonarias sumas presuntamente sustraídas al patrimonio provincial.

Tras aquella resolución, el expediente volvió a manos de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien tiene a su cargo la continuidad del proceso de remisión a juicio oral y público.

Actualmente, la causa avanza con alrededor de 17 imputados de los 32 que inicialmente fueron investigados. El resto quedó desvinculado por distintas vías judiciales, entre ellas acuerdos de reconocimiento de participación en los hechos atribuidos o la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las primeras jornadas podrían estar orientadas a ordenar aspectos metodológicos y procesales para retomar una audiencia que, desde su inicio, estuvo atravesada por una marcada complejidad técnica y operativa.

Asimismo, se estima que Barbagelata deberá resolver planteos defensivos pendientes que fueron presentados en etapas previas y aquellos habilitados por instancias judiciales superiores que no quedaron comprendidos en el rechazo de la Cámara de Casación.

La reanudación del proceso también quedó atravesada por cuestiones vinculadas a la disponibilidad de partes intervinientes. En la notificación oficial se informó que la fiscal Patricia Yedro tomó licencia compensatoria de feria.

A esto se sumó la agenda judicial de algunos defensores que también intervienen en otra causa de alto perfil: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

En ese expediente actúan los abogados Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, quienes además representan a varios imputados dentro de la causa Contratos Truchos, situación que complejizó la coordinación de audiencias y calendarios procesales.

La celebración, marcada por una fuerte impronta patriótica y popular, incluyó el tradicional Tedeum en la Catedral San José, un desfile cívico-militar en el Parque de la Estación y el despliegue del Gran Pericón Nacional, del que participaron más de 2.000 parejas de baile, consolidando una de las postales más destacadas de la jornada.

Durante su discurso oficial, Frigerio invitó a reflexionar sobre el significado actual de la libertad y el compromiso ciudadano en la construcción del país.

“Cada 25 de mayo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué hacemos con la libertad que heredamos?”, expresó el mandatario, al recordar que la Revolución de Mayo de 1810 representó el momento en que un pueblo decidió comenzar a hacerse cargo de su propio destino.

En ese marco, el gobernador sostuvo que gobernar implica asumir decisiones profundas para ordenar el Estado y erradicar privilegios, con el objetivo de consolidar una administración más transparente y sostenible.

Asimismo, remarcó la necesidad de superar divisiones y construir consensos duraderos para avanzar en las transformaciones estructurales que el país necesita.

“Estoy convencido de que las únicas transformaciones duraderas son las que se construyen con diálogo, con consensos y con la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos”, enfatizó Frigerio.

En ese sentido, convocó a recuperar una visión patriótica basada en el respeto, la convivencia democrática y la posibilidad de debatir ideas sin confrontaciones destructivas.

El mandatario llamó a fortalecer una ciudadanía comprometida, capaz de sostener diferencias políticas o ideológicas dentro de un marco de respeto mutuo y construcción colectiva.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, resaltó la importancia histórica de la fecha y valoró la consolidación de esta celebración como una auténtica expresión de la identidad local y las tradiciones entrerrianas.

“Sigamos luchando por ser libres, porque la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición”, afirmó el jefe comunal.

Davico también convocó a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta, más allá de las diferencias, para construir un país con mayores oportunidades y una convivencia social basada en el respeto y la participación.

La jornada patriótica contó con una amplia convocatoria de vecinos, estudiantes, instituciones, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, que acompañaron cada una de las actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

El Tedeum, el desfile cívico-militar y el tradicional Gran Pericón Nacional reafirmaron el carácter cultural, histórico y comunitario de la conmemoración, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones ante la consulta de los medios de comunicación. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron los cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar de la discusión y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.

Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.

Más adelante, la dirigente valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, explicó. No obstante, anticipó que seguirán insistiendo para que quede como está actualmente y advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.

Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.

Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó.

Más adelante, Domínguez dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.

“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.

“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.

“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El dirigente destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.

“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó

“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.

García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.

Por último, el dirigente se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.

Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.

“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.

“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.

La situación salarial, la pérdida del poder adquisitivo, la estabilidad laboral y el debate en torno a la reforma previsional fueron algunos de los principales ejes abordados por la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, quien trazó un duro diagnóstico sobre el presente económico y laboral que atraviesan los trabajadores estatales.

En declaraciones al programa Debate Abierto Radio, la dirigente gremial sostuvo que el contexto actual está marcado por una creciente conflictividad en la administración pública provincial y advirtió sobre el impacto de la crisis nacional en los ingresos de los trabajadores.

“En la Argentina de Milei nada alcanza”, resumió.

Domínguez describió una situación compleja dentro del sector público entrerriano, donde la inflación y el deterioro del poder adquisitivo aparecen como una de las principales preocupaciones del gremio.

En ese marco, explicó que UPCN definió una agenda de prioridades orientada a atender reclamos históricos en áreas sensibles del Estado.

Entre ellas mencionó:

Según indicó, el sindicato logró avances en algunos frentes vinculados a la regularización laboral.

Destacó particularmente mejoras en:

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista fue la comparación entre la gestión provincial y la nacional.

Domínguez calificó como “abismal” la diferencia entre el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos y la administración nacional de Javier Milei.

Según explicó, aunque en la provincia existen conflictos, medidas de fuerza y discusiones salariales, todavía hay canales de diálogo abiertos.

“En Entre Ríos hay discusión, hay reclamos, pero también hay funcionarios que escuchan”, planteó.

En contraposición, cuestionó con dureza la gestión nacional, a la que atribuyó una mirada confrontativa hacia el Estado.

La dirigente habló de un “autoritarismo innegable” y de un clima político donde, según sostuvo, existe un fuerte rechazo hacia el sector público.

También remarcó que en la provincia, a diferencia de otros ámbitos nacionales, no se registraron despidos masivos en la administración estatal.

Otro de los temas centrales fue la discusión en torno a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Domínguez aclaró que UPCN participa activamente del debate, aunque rechazó cualquier lectura que implique un aval automático al proyecto oficial.

“No apoyamos a ciegas”, afirmó.

Explicó que la postura del gremio está orientada a garantizar que no se afecten derechos adquiridos de trabajadores activos y jubilados.

Uno de los principales puntos de cuestionamiento tiene que ver con el cálculo del haber inicial.

La dirigente consideró inviable modificar ese esquema tomando como referencia los últimos 30 años de vida laboral.

Según advirtió, una medida de ese tipo impactaría directamente sobre el sistema previsional.

“Eso destruiría el 82% móvil”, sostuvo.

Domínguez también se refirió a la actualización de haberes previsionales.

Indicó que, tras las gestiones del gremio, el Gobierno provincial descartó la posibilidad de utilizar el índice de ANSES como parámetro de movilidad jubilatoria.

En su lugar, señaló que se trabaja en la búsqueda de un indicador que refleje la realidad salarial de la provincia y preserve la actualización de ingresos de los jubilados.

La defensa del 82 por ciento móvil y de la movilidad previsional aparece, según UPCN, como una línea roja dentro de la negociación.

En otro tramo de sus declaraciones, la dirigente defendió el rol de UPCN frente a otros gremios estatales, en una referencia que apuntó especialmente a sectores como ATE.

Sostuvo que el sindicato apuesta a la negociación directa y a la construcción de propuestas dentro de las mesas paritarias.

“Es muy fácil batir el bombo afuera, pero hay que tener respuestas para los trabajadores”, expresó.

En ese sentido, destacó que UPCN avanzó recientemente con intimaciones legales al:

El objetivo, explicó, fue exigir el cumplimiento de acuerdos previos y reclamar el pago de deudas salariales pendientes.

Las declaraciones de Carina Domínguez vuelven a poner en el centro del debate la situación del empleo público, el impacto de la crisis económica y la discusión sobre el sistema previsional en Entre Ríos.

Con una postura crítica hacia la gestión nacional, pero diferenciando el escenario provincial, UPCN busca sostener su participación en las mesas de discusión salarial y previsional.

Luego de semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional, el Gobierno de Entre Ríos avanzará con el envío del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, una iniciativa que comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, en un contexto que definieron como “crítico” en materia financiera y demográfica.

Al mismo tiempo, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos.

Uno de los puntos principales de la iniciativa es que se mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, una de las bases históricas del régimen previsional entrerriano.

Además, tanto los jubilados actuales como quienes accedan en el futuro al sistema conservarán la movilidad vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores estatales, un aspecto incorporado tras el intercambio con los gremios.

Desde el gobierno destacaron que esta decisión busca dar previsibilidad y sostener la actualización de haberes en función de la evolución salarial de la administración pública provincial.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la modificación progresiva de la edad jubilatoria.

Para los actuales empleados estatales, la propuesta prevé una adecuación gradual que elevará la edad de retiro hasta los 65 años, en línea con criterios de sostenibilidad del sistema y con el aumento de la expectativa de vida.

El Ejecutivo recordó que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no se modifica desde 1993.

La transición no será inmediata.

El proyecto contempla plazos de adaptación de entre cinco y veinte años, con el objetivo de que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas de manera abrupta sus condiciones previsionales.

En tanto, para quienes ingresen al Estado a partir de la sanción de la nueva ley, la edad jubilatoria se fijará en 68 años.

Desde el Gobierno provincial argumentaron que la reforma responde a una situación estructural que afecta desde hace años a la Caja de Jubilaciones.

Actualmente, el sistema presenta una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, un nivel considerado insuficiente para garantizar equilibrio financiero.

A esto se suma una tendencia demográfica que profundiza la presión sobre el sistema:

Según el Ejecutivo, estos datos reflejan un desfasaje que obliga a revisar mecanismos de sostenibilidad.

Otro de los puntos aclarados por el Gobierno es que la reforma no elimina regímenes especiales ni jubilaciones anticipadas.

Tras el diálogo con sectores gremiales, el proyecto establece que, una vez alcanzada la edad correspondiente a cada régimen especial, el trabajador podrá optar entre:

En ambos casos, deberá seguir realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta disposición ya estaba contemplada en la normativa vigente, aunque ahora pasará a aplicarse de forma obligatoria.

“No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron.

La propuesta también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio, destinado a los salarios más altos del sector público.

La medida fue discutida con representantes sindicales y tendrá alcance limitado.

Quedarán exceptuados quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales, por lo que el aporte adicional alcanzará sólo al 4 por ciento de los trabajadores.

El Gobierno presentó esta herramienta como una medida de emergencia orientada a reforzar el equilibrio financiero del sistema.

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del mecanismo para calcular el haber jubilatorio inicial.

La propuesta plantea ampliar la base de cálculo a 240 meses de aportes, con el objetivo de reflejar de manera más equitativa la trayectoria laboral completa del trabajador.

Según explicaron, esto apunta a evitar distorsiones vinculadas a ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación.

Aun con este cambio, el proyecto ratifica como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto.

Mientras avanza con esta reforma, el Gobierno de Entre Ríos continúa reclamando ante la Corte Suprema de Justicia los fondos adeudados por la ANSES, una discusión que también impacta en la situación financiera de la Caja.

Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, comenzará ahora una nueva etapa: el debate parlamentario en ambas cámaras.

Allí se discutirá una reforma que busca equilibrar sostenibilidad financiera, derechos previsionales y adecuación del sistema a nuevas realidades demográficas.

Y que, por su impacto, promete convertirse en uno de los debates centrales de la agenda política entrerriana.

El acceso a la ciudad de General Ramírez, uno de los puntos estratégicos de conexión sobre la Ruta Nacional 12, fue readecuado tras la finalización de una serie de obras ejecutadas por el 17° Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, en articulación con el municipio local.

Según se informó oficialmente, la intervención tuvo como principal objetivo optimizar la transitabilidad y fortalecer las condiciones de seguridad vial para quienes circulan diariamente por este corredor, tanto vecinos de la localidad como transportistas, trabajadores y viajeros que utilizan la ruta como vía de conexión regional.

Las mejoras apuntan a consolidar un acceso más seguro, ordenado y funcional, en una zona de circulación permanente.

Los trabajos contemplaron distintas intervenciones sobre el acceso y sectores complementarios de la traza.

Entre las tareas ejecutadas se incluyeron:

Estas acciones permiten mejorar no sólo el estado estructural del acceso, sino también optimizar el escurrimiento del agua, reducir riesgos en días de lluvia y reforzar la visibilidad y orientación para conductores.

Desde Vialidad Nacional señalaron que la readecuación responde a una política de intervención orientada a mantener en condiciones óptimas los corredores nacionales y garantizar mayor seguridad para los usuarios.

La mejora de banquinas, la instalación de alcantarillas y la corrección de cunetas son claves para prevenir deterioros prematuros de la calzada y mejorar la estabilidad del terreno.

A su vez, la nueva señalización vertical y la demarcación horizontal fortalecen la lectura del camino y la prevención de maniobras riesgosas.

En un acceso de alto tránsito como el de General Ramírez, estas obras buscan disminuir situaciones de riesgo y favorecer una circulación más fluida y segura.

Uno de los aspectos destacados de la intervención fue el trabajo coordinado entre Vialidad Nacional y el municipio de General Ramírez, una articulación que permitió avanzar en la ejecución de las tareas de adecuación y mantenimiento del acceso.

La colaboración entre organismos nacionales y gobiernos locales aparece como una herramienta clave para atender necesidades específicas de infraestructura vial en puntos estratégicos del territorio.

La finalización de estas obras representa una mejora concreta para la conectividad de General Ramírez y para quienes transitan diariamente por la Ruta Nacional 12.

Más allá del impacto en la circulación, la intervención apunta a reforzar condiciones de seguridad, prevenir deterioros futuros y mejorar el ingreso a una de las localidades con fuerte movimiento productivo y urbano del departamento Diamante.

El Gobierno de Entre Ríos presentó Raíces, una nueva línea de créditos hipotecarios que redefine el acceso a soluciones habitacionales con un esquema más abierto, continuo y accesible. El nuevo sistema elimina los sorteos y los reemplaza por un mecanismo de evaluación permanente que busca brindar mayor previsibilidad, transparencia y certezas a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; junto al presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini; y el vocal Eduardo Horacio Lopez Segura; se presentó esta nueva etapa de la política habitacional provincial.

"Estamos impulsando un profundo cambio de paradigma respecto de cómo venía trabajando el IAPV. Cuando hablamos de cambio de paradigma hablamos de generar más soluciones habitacionales optimizando al máximo los recursos con los que contamos y eso estamos haciendo con Raíces que es una línea de créditos para construcción y refacción que va a dinamizar la economía y fortalecer el acceso a la vivienda en toda la provincia", sostuvo Colello.

"Construir viviendas sigue siendo una herramienta necesaria y por eso vamos a terminar cada una de las viviendas que encontramos iniciadas, además de avanzar en un proceso de normalización dominial que permita que miles de familias accedan finalmente a su escritura", agregó el funcionario, y señaló que  "por decisión del gobernador estamos llevando adelante en Entre Ríos un verdadero plan de vivienda que amplía las herramientas disponibles para dar más soluciones habitacionales y adaptarse a la realidad de cada familia".

Por su parte, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, indicó que "la experiencia de las operatorias anteriores también nos marcó la necesidad de modificar el mecanismo. Entre el sorteo y la adjudicación detectamos que muchas personas tenían la documentación en condiciones pero quedaban afuera del proceso. Ahora vamos a priorizar el padrón de inscriptos existente -2.390 personas- y avanzar con una evaluación continua que permita dar respuestas más previsibles".

Los créditos hipotecarios IAPV Raíces incorporan un cambio central al dejar atrás el esquema de sorteos y pasar a un modelo de evaluación continua.

Quienes cumplan con los requisitos podrán avanzar en el proceso mediante validación de documentación, situación económica y capacidad de cumplimiento, dentro del cupo disponible.

"El objetivo es transformar un proyecto habitacional en una certeza previsible. Que quien cumple los requisitos tenga una respuesta y no dependa del azar", explicó el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini.

Además, el nuevo sistema amplía el universo de destinatarios, ya que podrán acceder personas solas, no será obligatorio conformar grupo familiar y se flexibilizan condiciones de acceso como la antigüedad laboral mínima, que pasa a ser de seis meses.

El programa contempla dos operatorias:

Construcción de vivienda en terreno propio: financiamiento de hasta 46.000 UVI, equivalente -actualmente- a aproximadamente 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.

Terminación, ampliación o refacción: con financiamiento de hasta 20.000 UVI  (aproximadamente 27,9 millones de pesos).

Los créditos se otorgan sin tasa de interés, ajustados por unidad UVI. Las cuotas se definirán según el monto financiado y los ingresos del grupo solicitante, con un tope de afectación del 20 por ciento de los ingresos.

Podrán postularse personas:

Mayores de 18 años.

Residentes en Entre Ríos.

Con ingresos formales y comprobables entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV con datos actualizados.

Para la línea de construcción será requisito acreditar titularidad del terreno y no poseer vivienda propia. Para ampliación, terminación o refacción deberá acreditarse la titularidad del inmueble y no contar con otra vivienda.

El esquema admite postulaciones individuales o grupales.

Durante esta primera etapa, el IAPV comenzó a contactar por correo electrónico a quienes ya estaban registrados en el sistema anterior y no habían resultado beneficiados.

"Quienes ya estaban inscriptos y cumplan con los requisitos tendrán prioridad para avanzar en el proceso. Y quienes todavía no se hayan anotado podrán hacerlo desde hoy a través del IAPV", explicó Colello.

Con Raíces, el gobierno provincial busca consolidar una política habitacional orientada a acompañar proyectos concretos, ampliar oportunidades de acceso y construir un sistema más cercano, transparente y adaptado a las distintas realidades de las familias entrerrianas.

Los senadores provinciales Martín Oliva y Juan Diego Conti presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo de Entre Ríos que agilice de manera urgente los trámites administrativos destinados a garantizar cobertura de salud a bomberos voluntarios que actualmente no cuentan con obra social.

En la iniciativa solicitan que, a través de la Dirección de Defensa Civil y las áreas correspondientes, se dé efectivo cumplimiento a lo establecido por la Ley Provincial Nº 11.116 y se incorpore a 85 bomberos voluntarios como beneficiarios de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (AMBVER).

El proyecto recuerda que dicha ley, sancionada en 2023, no sólo regula la misión, organización y funcionamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios en toda la provincia, sino que también establece obligaciones concretas del Estado para acompañar y fortalecer un servicio esencial que sostiene a cada comunidad entrerriana.

En particular, el artículo 33 inciso c) dispone que el Estado Provincial debe realizar aportes a la AMBVER para garantizar prestaciones de salud a aquellos bomberos y bomberas que no cuentan con cobertura. A su vez, el decreto reglamentario Nº 4943/23 establece que esos recursos deben destinarse específicamente a financiar dichas prestaciones médicas.

Actualmente existen dos expedientes administrativos en trámite que contemplan la incorporación de 85 bomberos voluntarios de distintas localidades entrerrianas. Sin embargo, la demora en la finalización de estos procesos administrativos, que se iniciaron en septiembre y octubre del año pasado, está impidiendo que accedan a un derecho ya reconocido por ley, trasladando a quienes prestan un servicio solidario y esencial las consecuencias de la inacción estatal.

El expediente Nº 3298096 incluye a 58 bomberos voluntarios de asociaciones de Victoria, San Salvador, Basavilbaso, Gualeguay, Feliciano, Villa Domínguez, Aldea Brasilera, Nogoyá, Maciá, Chajarí, Ubajay, Ibicuy, Concordia, Paraná, San José, Galarza, San Justo, Bovril y Gualeguaychú. Por su parte, el expediente Nº 3321461 contempla otros 27 casos correspondientes a Valle María, Villaguay, Concepción del Uruguay, Concordia, Hernandarias, Maciá y Ceibas.

En los fundamentos, los legisladores remarcan que no se trata de crear nuevos derechos, sino de garantizar el cumplimiento efectivo de una ley vigente. En ese sentido, advierten que la demora administrativa no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud de quienes arriesgan su vida por la comunidad.

Asimismo, señalan que existe un tercer expediente con otros diez bomberos que aún deben completar documentación para su incorporación, por lo que instaron a las autoridades a avanzar de manera integral y sin dilaciones, evitando que se sigan acumulando situaciones de desigualdad.

“La provincia tiene una obligación legal y moral con sus bomberos voluntarios. No puede haber excusas administrativas cuando está en juego el acceso a la salud”, señalaron finalmente.