La aprobación de la reforma previsional en la Cámara de Senadores, por 10 votos a favor y 7 en contra, dejó un fuerte impacto político que trascendió el resultado de la votación. El respaldo de las senadoras justicialistas Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provocó un quiebre dentro del bloque de Más para Entre Ríos y generó repercusiones inmediatas tanto en la oposición como en el oficialismo.

Al término de la sesión, las declaraciones de los legisladores reflejaron las distintas miradas sobre una reforma que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Uno de los dirigentes que expresó con mayor claridad el desconcierto fue el senador por Villaguay, Juan Pablo Cosso, quien encabezó el trabajo técnico del dictamen de rechazo elaborado por la oposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Visiblemente afectado, reconoció que la decisión de las dos legisladoras lo tomó por sorpresa.

"La verdad es que estoy un poco shockeado. Fue una situación totalmente inesperada que obedece a una decisión personal de la senadora Miranda y me sorprendió ingratamente, sobre todo porque trabajé mucho en el dictamen que preparamos y que ella había acompañado con su firma", afirmó.

Aunque evitó profundizar en la polémica, adelantó que el tema será analizado puertas adentro del espacio político.

"Oportunamente lo hablaré con ella en privado; no quiero hacer declaraciones en este momento porque no creo que sea necesario. Ahora continuará el debate en Diputados", señaló.

Cosso también reiteró las objeciones que el bloque mantiene sobre el contenido de la iniciativa. Según sostuvo, la reforma afecta el principio del 82% móvil y presenta aspectos que podrían derivar en cuestionamientos constitucionales.

"Considero que la reforma que se aprobó licúa totalmente el 82% móvil. Creemos que es una emergencia que tiene una tacha de inconstitucionalidad por la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y porque muchos trabajadores deberán realizar un aporte extraordinario de tres puntos más de lo que ya vienen aportando", expresó.

Desde el oficialismo, en cambio, el resultado fue interpretado como la confirmación de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema previsional provincial.

El senador por Nogoyá, Rafael Cavagna, aseguró que el acompañamiento de las dos legisladoras peronistas no representó una sorpresa, ya que ambas participaron activamente del tratamiento del proyecto.

"No, en absoluto. Ellas formaron parte activa de las rondas de audiencia y muchas de las propuestas que realizaron fueron incorporadas a los dictámenes. Hubo una construcción colectiva y un tratamiento con numerosos actores; no fue un trámite exprés", sostuvo.

Para Cavagna, la aprobación de la norma refleja el consenso alcanzado respecto de la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

"Más allá de los diez votos afirmativos y los siete negativos, el Senado demostró que era necesario hacer algo con nuestro sistema previsional. Entre las 13 cajas que no fueron transferidas a la Nación, la de Entre Ríos es la más deficitaria. Durante 30 años ningún gobierno impulsó modificaciones de fondo", afirmó.

El legislador oficialista rechazó además las críticas formuladas por la oposición y aseguró que la reforma no implica una pérdida de derechos para jubilados y pensionados.

Según explicó, los beneficiarios continuarán percibiendo sus haberes con el mecanismo de movilidad previsto en la ley y la reforma mantiene sin modificaciones los regímenes especiales, entre ellos el correspondiente al personal policial.

También destacó que la norma unifica la edad jubilatoria con la vigente en el sistema nacional: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, criterio que ya aplican provincias como Santa Fe y Córdoba.

Durante toda la jornada, organizaciones sindicales, trabajadores y jubilados se manifestaron frente a la Casa Gris en rechazo al proyecto.

Consultado sobre las movilizaciones, Cavagna sostuvo que las protestas forman parte del debate democrático y remarcó que varios de los planteos realizados por los sectores involucrados fueron incorporados durante el tratamiento legislativo.

"Tienen todo el derecho a manifestarse. Desde que el proyecto ingresó al Senado el 22 de mayo se realizaron más de veinte modificaciones y muchas surgieron de los aportes que hicieron quienes participaron de las audiencias", concluyó.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de reforma previsional continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que ya dejó expuestas diferencias tanto entre oficialismo y oposición como al interior del propio peronismo entrerriano.

A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la postura adoptada por ambas legisladoras "es a título personal" y aseguró que no representa la posición definida por el Partido Justicialista de Entre Ríos, cuyo Congreso Provincial había establecido el rechazo a la iniciativa.

En ese marco, señalaron que cada legislador deberá asumir la responsabilidad política e institucional de su voto, al considerar que la reforma tendrá consecuencias sobre docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y sus familias.

Desde el espacio opositor remarcaron que nunca desconocieron la necesidad de discutir la situación de la Caja de Jubilaciones provincial. Por el contrario, recordaron que el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto alternativo que, según indicaron, proponía fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional mediante nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente, recuperación de fondos adeudados por la Nación y otras herramientas institucionales orientadas a garantizar la sustentabilidad del organismo en el largo plazo.

No obstante, cuestionaron que el oficialismo haya optado por avanzar con una reforma que, a su entender, traslada el costo del equilibrio financiero a los trabajadores y recorta derechos previsionales de quienes realizaron durante años algunos de los aportes personales más elevados del país.

En el comunicado, el bloque también afirmó que desde el inicio del debate el Gobierno provincial buscó involucrar a la oposición y a distintos sectores sociales en una discusión sobre medidas que, según sostienen, ya estaban definidas. En esa línea, consideraron que el acompañamiento de Domínguez y Miranda al dictamen oficialista contribuye a ese objetivo político.

Por otra parte, Más Para Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, para que evalúe la actuación de las dos senadoras conforme a lo establecido en la Carta Orgánica partidaria, al entender que desoyeron el mandato expreso del Congreso Provincial del PJ de votar en contra de la reforma previsional.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo continúa generando fuertes tensiones dentro del peronismo entrerriano, donde el voto favorable de las dos legisladoras profundizó las diferencias internas en torno al tratamiento de uno de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa provincial.

El Partido Justicialista de Entre Ríos informa que dará intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor de la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo, desoyendo el mandato expreso establecido por el Congreso Provincial del PJ.

La máxima autoridad partidaria resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por considerar que implica un grave retroceso en materia de derechos para trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos los representantes justicialistas a votar en contra de la iniciativa. Asimismo, dejó establecido que quienes incumplieran esa resolución quedarían sujetos al régimen disciplinario previsto por la Carta Orgánica del Partido, cuyas sanciones pueden alcanzar  la expulsión.

Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano.

Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna.

Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados.

Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo.

El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial.

Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere.

La senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, votó afirmativamente el proyecto de reforma previsional que modifica el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La legisladora centró su fundamentación en la necesidad de actuar antes de que el déficit del sistema se vuelva irreversible, y remarcó que la inacción también es una decisión con consecuencias.

Domínguez fue contundente al advertir sobre los costos de no encarar la reforma: "El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener", sostuvo. Y agregó: "La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse".

Para la senadora, la discusión de fondo no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Defender la Caja, explicó, significa cuidar tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos y a quienes se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.

La legisladora enmarcó su voto como un acto de responsabilidad política antes que como una posición cómoda. "Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando la provincia más lo necesitaba", afirmó, y remarcó que "la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible".

En esa línea, sostuvo que gobernar y legislar implican tomar decisiones difíciles: "Lo más sencillo sería decir siempre que no. Lo más cómodo sería rechazar cualquier iniciativa sin sentarse a discutir una sola coma. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los entrerrianos".

Domínguez aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario.

"Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado", señaló. Producto del diálogo legislativo, se incorporaron cuatro cambios al texto: la reducción de 20 a 15 años del período de cálculo del haber inicial, el mantenimiento de una edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios (1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí).

Domínguez agregó que, además de su acompañamiento a la reforma, presentó un proyecto complementario —que fue recepcionado— para la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional. La iniciativa contempla la participación de los tres poderes del Estado, de trabajadores, de jubilados y de entidades profesionales, con el objetivo de garantizar el monitoreo y la evaluación permanente del sistema.

Al cerrar sus fundamentos, la senadora enmarcó su decisión en una idea de responsabilidad de largo plazo: "Los discursos pasan, las leyes pasan, las elecciones también. Pero la responsabilidad con la que actuamos hoy es lo que finalmente queda".

La sesión del Senado entrerriano por la reforma previsional trascendió ampliamente el debate sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio. El discurso de Nancy Miranda, senadora por Federal de Más por Entre Ríos, fue especialmente resonante: no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó abiertamente su conducción.

Miranda fue más allá de justificar su posición. Responsabilizó directamente al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. "Teníamos Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y mayoría en ambas Cámaras", recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución. Aunque consideró la reforma como "un comienzo" insuficiente, la legisladora defendió que "alguien se tiene que animar" a tomar decisiones difíciles.

El momento más crítico llegó cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. "Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad, pero cuando el norte toma otra decisión es traición", planteó.

Su análisis fue aún más incisivo: describió al justicialismo entrerriano como "un partido acéfalo" durante los últimos ocho años. Criticó también el funcionamiento de la estructura partidaria: "Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar", en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.

Apuntó además contra referentes del PJ que, sin haber ganado nunca una elección, ocupan cargos "puestos a dedo" incluso en la Legislatura. "Con qué moral pueden venir a exigir algo", disparó.

Miranda reivindicó la legitimidad de los legisladores elegidos democráticamente. "No somos legisladores solo del peronismo; cuando ganamos una elección representamos a todos", sostuvo.

Explicó su apoyo a la reforma por "sentido común" y negó motivaciones políticas o personales. Señaló que, tras negociar modificaciones al proyecto oficial, rechazarlo hubiera sido incoherente. Aunque reconoció que el bloque opositor consideraba superior su propuesta alternativa, admitió que carecía de votos para aprobarla.

Con su intervención, Miranda no solo respaldó explícitamente la reforma previsional del Ejecutivo provincial, sino que abrió un nuevo frente de tensión dentro del peronismo entrerriano al exigir una profunda autocrítica sobre los años en que el PJ gobernó con mayoría sin resolver el sistema previsional.

La iniciativa obtuvo 10 votos afirmativos y 7 negativos, gracias al respaldo del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos y al acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión frente a la Casa de Gobierno, donde gremios y organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizaron para expresar su rechazo a la reforma.

Durante varios momentos de la jornada se registraron golpes sobre las puertas y ventanas del edificio legislativo e incluso hubo intentos de avanzar hacia el interior de la Casa Gris, situación que fue contenida por un cordón policial dispuesto en los accesos.

Los sindicatos sostienen que la reforma implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados, mientras que el Gobierno provincial asegura que resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema previsional.

Durante el debate, el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) sostuvo que tanto el dictamen oficialista como el presentado por el bloque justicialista coincidían en la necesidad de introducir cambios en el sistema previsional.

El legislador destacó que el proyecto original fue enriquecido durante su tratamiento legislativo mediante reuniones con gremios, especialistas y exfuncionarios.

"Fue una construcción colectiva", afirmó, al tiempo que valoró la tarea desarrollada por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien recorrió distintos puntos de la provincia explicando los alcances de la iniciativa.

También señaló que durante el proceso se incorporaron más de veinte modificaciones como resultado de los aportes recibidos en las audiencias.

Desde la oposición, el senador Juan Pablo Cosso cuestionó el momento elegido para impulsar la reforma, en medio del complejo escenario económico que atraviesan la provincia y el país.

El legislador defendió el dictamen alternativo elaborado por el bloque justicialista y aseguró que permitía garantizar la sustentabilidad del sistema "sin afectar derechos adquiridos ni modificar el 82 por ciento móvil".

"Detrás de cada número hay trabajadores y jubilados que confiaron en el Estado durante toda una vida de aportes", expresó.

En la misma línea se pronunciaron los senadores Víctor Sanzberro, Marcelo Berthet y Martín Oliva, quienes advirtieron sobre el impacto que la reforma podría tener sobre los futuros haberes jubilatorios y cuestionaron que el tratamiento legislativo se realizara durante el receso invernal.

Uno de los momentos más destacados del debate fue la intervención de la senadora Gladys Domínguez, quien explicó los motivos por los cuales decidió votar junto al oficialismo.

La legisladora sostuvo que el proyecto incorporó modificaciones importantes durante el tratamiento parlamentario, entre ellas la reducción de 20 a 15 años del período considerado para calcular el haber inicial, la eliminación del artículo que fijaba la jubilación a los 68 años para nuevos empleados públicos y cambios en los aportes patronales de los municipios.

"Mi responsabilidad es actuar antes de que el problema sea irreversible", afirmó.

También acompañó la iniciativa la senadora Nancy Miranda, quien explicó que decidió respaldar el proyecto luego de que se incorporaran modificaciones que había solicitado durante el debate.

Miranda rechazó las críticas recibidas desde sectores del peronismo y defendió su decisión.

"No estoy vendida ni quebrada. Me hago cargo de lo que hago", sostuvo, al tiempo que cuestionó la conducción partidaria y recordó que durante anteriores gobiernos peronistas también existieron intentos de avanzar sobre el sistema previsional.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será ahora analizada por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre una de las reformas más importantes impulsadas por la administración provincial.

Mientras el Gobierno sostiene que la ley permitirá garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, los gremios ya anticiparon que continuarán con las medidas de protesta para intentar frenar su sanción definitiva.

La negociación salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales volvió a fracasar. En una nueva audiencia paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 7% en dos tramos, propuesta que fue rechazada tanto por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial resolvió avanzar por decreto con la liquidación del primer tramo del aumento, correspondiente al 3% para los haberes de julio, mientras que aseguró que la negociación permanecerá abierta para continuar el diálogo con las organizaciones sindicales.

La oferta presentada contemplaba un incremento del 3% para los salarios de julio y otro 4% para septiembre, tomando como base de cálculo el sueldo del mes inmediatamente anterior en cada caso.

El integrante de la comisión paritaria por el Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la decisión de liquidar por decreto el aumento de julio busca que el incremento "impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, sostuvo que la administración provincial "está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una gestión responsable de los recursos", al tiempo que remarcó que el Ejecutivo mantiene la voluntad de continuar negociando.

"Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", afirmó el funcionario al término de la reunión.

Desde ATE la respuesta fue contundente. El sindicato rechazó la propuesta en todos sus términos al considerar que resulta insuficiente para recomponer el deterioro salarial acumulado durante los últimos meses.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes, sostuvo que el incremento ofrecido no responde al reclamo de recuperación del poder adquisitivo y aseguró que los trabajadores estatales atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

"Los trabajadores del Estado no alcanzamos a llegar a fin de mes, tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado", expresó el dirigente, quien estimó que la pérdida salarial supera el 41% desde diciembre de 2023.

Según ATE, la oferta presentada apenas representa un punto porcentual más que la realizada en la reunión anterior y no contempla una recomposición real de los ingresos.

En ese contexto, el sindicato ratificó el paro total de actividades convocado para este miércoles, acompañado por una movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que también es rechazada por el gremio.

Muntes adelantó que los manifestantes intentarán hacer llegar su postura a los legisladores y cuestionó tanto las políticas de ajuste del Gobierno provincial como las negociaciones políticas que rodean el debate parlamentario.

Pese al nuevo desacuerdo, desde el Gobierno insistieron en que la paritaria no quedó cerrada y que continuarán las reuniones con los representantes sindicales para intentar alcanzar un entendimiento en las próximas semanas.

Mientras tanto, el incremento del 3% correspondiente a julio será abonado por decreto, en un escenario donde la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales vuelve a profundizarse, con reclamos salariales que se suman al rechazo de la reforma previsional impulsada por la administración provincial.

El conflicto entre el Gobierno de Entre Ríos y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) suma un nuevo capítulo. El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del sindicato advirtió este lunes que "está en peligro el normal reinicio de clases" tras el receso invernal, al denunciar la falta de avances en la negociación salarial y cuestionar la política previsional impulsada por la gestión provincial.

La reunión se desarrolló de manera virtual y concluyó con un duro pronunciamiento en el que el gremio acusó al Ejecutivo entrerriano de haber hecho "fracasar arbitrariamente, por tercera vez, el ámbito paritario", situación que, aseguran, impide avanzar en una recomposición salarial para el sector docente.

Desde Agmer sostuvieron que los trabajadores de la educación atraviesan un escenario de creciente deterioro económico y reclamaron una oferta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

"Las y los docentes exigimos salarios dignos para garantizar una educación pública de calidad y terminar con el empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación", señalaron desde la organización gremial.

El sindicato también cuestionó el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y manifestó su rechazo a una eventual aprobación legislativa.

En ese marco, Agmer denunció que la iniciativa sería tratada "a espaldas del pueblo entrerriano" y ratificó su oposición a cualquier modificación del régimen previsional provincial.

Además, el gremio expresó su preocupación por el rumbo de la política educativa nacional y criticó el proyecto denominado "Libertad Educativa", impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que representa un avance sobre el sistema de educación pública.

Entre los principales planteos aprobados por el Plenario figuran:

Agmer también volvió a señalar problemas vinculados con la infraestructura escolar, la falta de inversiones en el sistema educativo y la situación de la obra social de los trabajadores estatales, aspectos que consideran necesarios para asegurar el funcionamiento de las escuelas.

Como parte del plan de acción, el sindicato confirmó su adhesión al paro convocado por la Multisectorial para este miércoles 15 de julio, jornada en la que realizará una movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná.

Comenzaron las primeras acciones destinadas a la recuperación de la histórica Quinta del General Justo José de Urquiza, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos que busca preservar uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la provincia e incorporarlo a los circuitos culturales y turísticos.

Los trabajos se desarrollan en el marco del proyecto anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio, que contempla la restauración integral del inmueble y su declaración como Monumento Histórico Provincial.

Como primera etapa, profesionales especializados en conservación patrimonial realizaron un relevamiento técnico del edificio para evaluar su estado y elaborar el proyecto de intervención. El diagnóstico permitirá definir las obras necesarias respetando las características arquitectónicas e históricas que distinguen al lugar.

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande acompañó las tareas de inspección y colaboró con el registro documental del inmueble, aportando asistencia técnica durante esta instancia inicial.

El presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, destacó que la recuperación del edificio forma parte de una política orientada a preservar el patrimonio histórico entrerriano.

"Esta acción responde a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de poner en valor aquellos lugares que forman parte de la identidad de la provincia. Recuperar este espacio significa preservar una parte fundamental de la historia de Entre Ríos y de nuestro país", expresó.

Daneri remarcó además que la residencia del General Urquiza representa un legado de enorme valor para la historia nacional y consideró que su restauración permitirá acercar ese patrimonio a las nuevas generaciones.

"Queremos que este sitio recupere el protagonismo que merece, no solo como testimonio de nuestra historia, sino también como un espacio abierto al conocimiento, la cultura y el turismo", sostuvo.

El Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza se encuentra emplazado dentro del predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 "Dragones Coronel Zelaya" y fue residencia del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.

Además de su relevancia histórica, el edificio conserva un importante valor arquitectónico y simbólico, convirtiéndose en uno de los bienes patrimoniales más significativos de Entre Ríos.

La restauración forma parte de una estrategia provincial orientada a la preservación del patrimonio cultural, con el objetivo de garantizar la conservación del inmueble e incorporarlo progresivamente a los circuitos educativos, históricos y turísticos de la provincia.

El Centro de Salud Juan Carlos Manassero, ubicado en Rincón del Doll y dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, atraviesa un proceso de crecimiento en su capacidad de atención. Durante el mes de junio concretó más de 800 prestaciones en distintas especialidades, reflejando una mayor demanda de los servicios y el fortalecimiento del acceso a la salud para los vecinos de la localidad y zonas rurales cercanas.

Las atenciones abarcaron las áreas de enfermería, clínica médica, odontología, pediatría y psicología, consolidando el rol del efector como referencia sanitaria para la comunidad.

Desde el establecimiento señalaron que el funcionamiento cotidiano se sostiene mediante partidas presupuestarias mensuales que permiten afrontar los gastos operativos y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para brindar atención.

La directora del centro de salud, Alicia Murature, destacó el trabajo que viene desarrollando el equipo de profesionales.

"En poco tiempo se ha consolidado un grupo de profesionales con responsabilidad, vocación de servicio y un fuerte compromiso con el cuidado de la comunidad", expresó.

Además, remarcó que el objetivo es continuar mejorando la calidad de las prestaciones.

"Seguimos esforzándonos cada día para brindar un servicio de calidad, cercano y adecuado a las necesidades de cada persona", afirmó.

Desde el centro de salud también pusieron en valor el permanente acompañamiento de los vecinos, quienes colaboran con la donación de insumos, medicamentos, ropa y calzado que luego son destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones solidarias complementan la tarea sanitaria y fortalecen la red de contención social que el establecimiento desarrolla junto a la comunidad.

Las autoridades del centro de salud adelantaron que continuarán realizando gestiones para sumar equipamiento, recursos humanos y nuevos servicios, con el propósito de seguir fortaleciendo la atención primaria y responder de manera cada vez más eficiente a las necesidades sanitarias de los habitantes de Rincón del Doll y localidades cercanas.

La paritaria docente en la provincia ingresó en una fase litigiosa que presagia una pulseada política a futuro. Este miércoles, en el marco de una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo bajo el amparo de la Ley Nº 9.624, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta salarial reformulada que calificó de "definitiva y superadora". Sin embargo, la respuesta de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), el gremio mayoritario que representa al sector, fue un rechazo inmediato en el mismo recinto, lo que derivó en la declaración formal de un escenario de conflicto y la inminente apertura de una instancia de conciliación obligatoria. También trascendió que ante la falta de acuerdo no se descarta que el gobierno dé por terminada la instancia paritaria y ejecute las mejoras por decreto como ocurrió en una instancia anterior.

Desde la óptica oficial, la nueva oferta representa el máximo límite de las posibilidades financieras de las arcas públicas. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta señalando que se atendieron varios de los planteos gremiales formulados el lunes pasado. La oferta gubernamental consiste en un aumento del 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, con la modificación clave de que la base de cálculo ya no es febrero, sino el mes inmediato anterior.

Asimismo, el esquema oficial eleva el salario mínimo docente para el cargo testigo a 850.000 pesos, de bolsillo, a partir de julio (un 14% de incremento respecto al mínimo previo) y contempla subas de entre el 20% y el 28% en los conceptos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Cuenca lamentó la premura del rechazo sindical, "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla". El funcionario insistió en que la pauta otorga previsibilidad al superar los índices inflacionarios proyectados y ratificó la voluntad de diálogo, aunque aclaró que los números presentados constituyen el techo de la negociación.

En la vereda opuesta, la representación de los sindicatos docentes justificó el rechazo rotundo al sostener que las modificaciones presentadas respecto al lunes son "ínfimas", en referencia a una reunión previa que pasó a cuarto intermedio para el miércoles, en la que el Ejecutivo ofreció un 6 % en dos tramos. Para el gremio mayoritario, la oferta dista notablemente de compensar el proceso inflacionario acumulado y el encarecimiento del costo de vida, factores que, denuncian, empujan a la docencia a situaciones de pobreza, pluriempleo y sobrecarga laboral.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la naturaleza de los fondos. Mientras Cuenca recordó que la provincia debió hacerse cargo con recursos propios del Fopid y la Conectividad tras la quita del Fonid nacional —alcanzando hoy los 240.000 pesos en jornada completa—, desde AGMER fustigaron que el incremento en estos códigos "profundiza los montos en negro". La conducción sindical había exigido formalmente que estas sumas se blanquearan como remunerativas y bonificables, además de demandar un porcentaje de recomposición específico para el mes de agosto, requerimiento que no fue incluido en la propuesta oficial.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas, el sindicato declaró el estado de conflicto y solicitó formalmente la fijación de una última audiencia bajo el paraguas de la conciliación administrativa. De acuerdo a los plazos legales, la Secretaría de Trabajo deberá convocar a las partes en un lapso no mayor a los próximos cinco días hábiles. El titular del CGE expresó su expectativa de que la disputa "no repercuta en las clases" ni afecte el derecho de los alumnos, mientras el arco gremial presiona por una contrapropuesta que modifique de raíz la estructura salarial ofrecida.

Este planteo del gremio se muestra incierto, porque el gobierno definitivamente señaló que la propuesta representa "un esfuerzo importante" de la Provincia y confirmó que el Ejecutivo la considera "la propuesta definitiva".

Entre Ríos dio un nuevo paso en el proceso de modernización del Estado con la incorporación de los folios digitales extraprotocolares, una herramienta que permitirá simplificar las actuaciones notariales, reducir el uso de papel y agilizar los trámites que realizan escribanos y ciudadanos.

La medida fue autorizada mediante el Decreto Nº 1.499/2026, firmado por el Poder Ejecutivo provincial, a partir de una propuesta impulsada por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Justicia.

La nueva normativa habilita la creación y utilización de folios digitales para las actuaciones notariales extraprotocolares, un avance que apunta a modernizar el ejercicio profesional mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Actualmente, el Colegio de Escribanos trabaja en la etapa final del desarrollo de la plataforma informática que permitirá implementar el nuevo sistema en toda la provincia. Una vez concluida, estará disponible para los profesionales del notariado entrerriano.

Según se informó, la digitalización permitirá realizar distintos procedimientos con mayor rapidez, reduciendo tiempos administrativos y costos operativos, sin dejar de lado las garantías de seguridad jurídica que requieren los actos notariales.

La incorporación de folios digitales se enmarca en las políticas de transformación digital que impulsa el Gobierno provincial, orientadas a modernizar la administración pública y avanzar en la despapelización de los procesos.

Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa es resultado del trabajo articulado entre el Estado y el Colegio de Escribanos, con el objetivo de ofrecer herramientas que mejoren la prestación de los servicios y faciliten las gestiones tanto de los profesionales como de los ciudadanos.

Con esta implementación, Entre Ríos suma un nuevo paso hacia la digitalización de los procedimientos notariales, en línea con los procesos de modernización que ya se desarrollan en otros ámbitos de la administración pública.

Un ejemplar de aguará guazú, una de las especies más emblemáticas y protegidas de la fauna argentina, fue rescatado este miércoles por personal especializado luego de ser hallado en un terreno baldío de la ciudad de Gualeguay.

El operativo comenzó alrededor de las 9 de la mañana, cuando un vecino alertó a la Brigada Gualeguay de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales sobre la presencia de un "perro grande" en un predio ubicado en la Segunda Sección Chacras.

Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), por lo que se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Del rescate participaron efectivos de la Brigada Gualeguay, personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, el veterinario de la Policía de Entre Ríos y profesionales de la Reserva El Potrero, en el departamento Gualeguaychú.

Tras evaluar el estado del animal y aplicar las maniobras correspondientes, el ejemplar fue capturado sin sufrir lesiones y trasladado a la reserva, donde permanecerá bajo observación veterinaria.

Los especialistas realizarán controles clínicos y sanitarios para determinar si se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural.

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó que este tipo de intervenciones requiere la participación coordinada de distintos organismos para garantizar tanto la seguridad del animal como la de las personas involucradas.

El aguará guazú es el cánido silvestre de mayor tamaño de Sudamérica y, aunque suele generar confusión por su aspecto, no representa un peligro para las personas.

En Entre Ríos fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley Nº 11.079, la máxima categoría de protección prevista para una especie silvestre dentro del territorio provincial.

La legislación prohíbe su captura, caza, tenencia o cualquier acción que pueda poner en riesgo su conservación, además de promover medidas para preservar sus poblaciones y los ambientes donde habita.

Desde la Dirección de Recursos Naturales recordaron que, si una persona encuentra un animal silvestre, lo más importante es no intentar capturarlo ni manipularlo.

La recomendación es mantener la distancia y dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que intervenga personal capacitado, evitando riesgos tanto para el ejemplar como para quienes se encuentren en el lugar.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Juan Cosso, defendió el dictamen elaborado por el bloque de senadores justicialistas sobre la reforma previsional y aseguró que la propuesta "demuestra que es posible fortalecer la Caja de Jubilaciones sin avanzar sobre derechos adquiridos ni trasladar el costo de la reforma a los trabajadores y jubilados".

El legislador explicó que la iniciativa del PJ es el resultado del trabajo realizado durante el tratamiento legislativo del proyecto, incorporando aportes de especialistas, representantes de distintos sectores y organizaciones vinculadas al sistema previsional.

"Desde el primer día dijimos que no nos íbamos a limitar a rechazar el proyecto del Gobierno. Elaboramos una propuesta seria, técnicamente fundada y con una mirada de largo plazo. Nuestro objetivo fue demostrar que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin seguir ajustando sobre quienes sostienen la Caja con su trabajo o ya cumplieron toda una vida de aportes", expresó Cosso.

El senador destacó que, a diferencia del proyecto oficial, el dictamen del PJ no declara la emergencia previsional y plantea reformas estructurales permanentes, incorporando mecanismos de transparencia y planificación como la creación del Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional (FESP), una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad para fortalecer la administración del sistema.

Uno de los puntos que Cosso consideró centrales es el tratamiento de los regímenes especiales, particularmente el docente.

"Quiero llevar tranquilidad a miles de docentes entrerrianos porque nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está ejerciendo verá modificadas las condiciones con las que planificó su jubilación", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto del PJ ofrece mayores garantías que la iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Nuestro dictamen elimina uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial: no obliga a los docentes ni a los demás beneficiarios de regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados. El proyecto del Gobierno sí establece un aporte solidario durante la pasividad hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, lo que significa una reducción adicional de haberes para personas que ya se retiraron después de cumplir toda su carrera laboral", explicó.

"Nosotros creemos que la sustentabilidad del sistema no puede construirse castigando a quienes ya se jubilaron. Por eso proponemos un esquema que protege a los trabajadores actuales, brinda previsibilidad a los nuevos ingresantes y evita seguir afectando los ingresos de los jubilados", agregó.

Cosso también remarcó que el dictamen del PJ mantiene los 30 años de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio, mientras que el proyecto oficial eleva ese requisito a 35 años.

Además, explicó que la propuesta justicialista establece que el haber jubilatorio se calcule sobre los últimos 120 meses de servicios computables, mientras que la iniciativa del Ejecutivo extiende ese período a 180 meses, una modificación que, según indicó, termina reduciendo el monto de las futuras jubilaciones.

Otro aspecto destacado es que el dictamen no incorpora nuevos aportes extraordinarios para los trabajadores activos.

"En lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes trabajan, proponemos un aporte institucional extraordinario para los cargos políticos de mayores ingresos y creamos el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, con recursos específicos provenientes de distintas fuentes. Creemos que primero hay que generar nuevos mecanismos de financiamiento antes que seguir pidiendo esfuerzos a los trabajadores", señaló.

Asimismo, resaltó que la iniciativa garantiza una fórmula de movilidad que combina en partes iguales la evolución de la inflación y las paritarias, estableciendo un piso de actualización equivalente al Índice de Precios al Consumidor para preservar el poder adquisitivo de los haberes.

Finalmente, Cosso sostuvo que el dictamen elaborado por el bloque justicialista "representa una alternativa responsable y equilibrada".

"El desafío no es elegir entre sostener la Caja o proteger derechos. Nuestro dictamen demuestra que ambas cosas son posibles. La verdadera sustentabilidad se construye con planificación, transparencia, nuevas fuentes de financiamiento y respeto por quienes aportaron durante toda su vida. Ese es el camino que proponemos desde el bloque justicialista", concluyó

Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en firmar un convenio de colaboración con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación para facilitar el acceso de emprendedores y pequeñas y medianas empresas a programas, trámites e instrumentos de apoyo del Estado nacional.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Christian Bauab.

La iniciativa permitirá que empresarios y emprendedores entrerrianos puedan canalizar consultas y realizar gestiones a través del Centro de Ayuda Pyme (CAP), una herramienta creada para brindar orientación sobre líneas de financiamiento, programas de asistencia, incentivos y otros servicios destinados al sector productivo.

En el marco del convenio, el Ministerio de Desarrollo Económico habilitará un canal específico para recibir las consultas de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Posteriormente, esas solicitudes serán derivadas a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que tendrá a su cargo la asistencia y el acompañamiento en cada trámite.

De esta manera, el Gobierno provincial actuará como nexo entre los emprendedores entrerrianos y los organismos nacionales, con el objetivo de simplificar el acceso a herramientas de apoyo para el desarrollo productivo.

Tras la firma del acuerdo, Bernaudo destacó que una de las prioridades de la cartera productiva es fortalecer el entramado económico provincial mediante políticas que promuevan la innovación, el emprendedurismo y la generación de empleo.

En ese sentido, señaló que la articulación con el Gobierno nacional permitirá acercar nuevas oportunidades a las pymes entrerrianas sin generar costos adicionales para ninguna de las partes.

Según explicó el ministro, el convenio no implica una erogación presupuestaria específica, ya que las tareas serán desarrolladas por personal del propio Ministerio de Desarrollo Económico.

Con esta iniciativa, Entre Ríos busca facilitar el vínculo entre el sector productivo y los programas nacionales de asistencia, brindando a las empresas un acceso más directo a herramientas destinadas a fortalecer su competitividad, promover inversiones y acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales.

El grupo “Entre Ríos 2050” se reunió este lunes con los intendentes de Paraná -Rosario Romero-, de Crespo -Marcelo Cerutti-, de Nogoyá -Bernardo Schneider- y de Urdinarrain -Sergio Martínez-, con el foco en la conectividad provincial. Durante el intercambio, se propuso poner en marcha un proyecto de infraestructura vial que permita acortar distancias entre las cuatro localidades desde una visión estratégica que impulse el desarrollo de la provincia. Para ello, se comprometieron a avanzar en definiciones técnicas con profesionales para solicitar apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para confeccionar un anteproyecto de autovía.

El grupo contó con la presencia de Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Alcides Balla, Alfredo Bel, Luis Jacobi, Alfredo Calabrese y Elvio Guía, además de Daniel Rodríguez y la invitación de Luciano Filipuzzi, rector de Uader. En su conjunto, insistieron sobre la necesidad de impulsar la elaboración de un proyecto de autovías que, mediante un sistema de peajes y con controles necesarios, permita desarrollar una nueva traza que acorte 100 kilómetros de distancia hacia Buenos Aires.

Berruhet, como coordinador del espacio, planteó la necesidad de fijar políticas de Estado en torno a la infraestructura vial de Entre Ríos en el largo plazo, que permita acompañar el crecimiento proyectado de los sectores agroindustriales. “Creemos firmemente que el desarrollo de la provincia y su despliegue pasa por los caminos productivos. También es fundamental mejorar la red de rutas y caminos terciarios. Planteamos un diagnóstico desde la actividad privada que genera inversiones. Si buscamos el desarrollo, la comunicación terrestre es un tema que debemos abordar”, expresó, y señaló la necesidad de “unir esfuerzos entre lo público y privado”.

En su introducción, Motta consideró que para pensar en el desarrollo futuro, resulta clave la planificación para elaborar propuestas que posibiliten ser más eficientes para llegar a Buenos Aires, principal centro de consumo del país. “Entre Ríos es una fuerza productiva y tiene allí su razón de ser para sostener el arraigo. Este mercado representa el 25% y es fundamental tener rutas seguras para llegar”, afirmó, y explicitó que la traza debería contemplar la conexión entre Nogoyá y Urdinarrain.

En las diferentes exposiciones, los integrantes del grupo coincidieron en marcar la necesidad de unir voluntades, dejar de lado las diferencias partidarias y ponerse de acuerdo entre el sector público y privado para el bien común de las futuras generaciones. Al respecto, instaron a los municipios a acompañar iniciativas de mediano y largo plazo que redunden en nuevas inversiones y reinversiones.

En la charla, Romero reflexionó sobre el criterio federal de la infraestructura que resulta clave para el desarrollo de la Argentina. “No hay desarrollo posible sin una infraestructura lógica”, marcó, y señaló las deficiencias en Entre Ríos en la materia. Al respecto, planteó los desafíos de financiamiento y se explayó sobre los esfuerzos a nivel local para continuar con fondos propios de la Municipalidad de Paraná, el acceso a Paraná por la Ruta 12. Desde esa perspectiva, se mostró de acuerdo en buscar alternativas de conexión para la salida de la producción para el crecimiento de la provincia y la creación de empleo.

Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná, comentó el grado de avance de la obra de Acceso Sureste de la ciudad y planteó que, de no haber imponderables, está prevista su finalización hacia fin de año. “Estamos trabajando fuerte con ese ritmo”, sostuvo, y recordó los trabajos que debieron realizar para recuperar la base y poder avanzar ahora en el asfaltado de los primeros 700 metros. “Estamos en condiciones de poder cumplirla”, afirmó.

Por su parte, Bernardo Schneider describió los avances del proyecto de circunvalación de Nogoyá y valoró que la iniciativa resulta clave “para resolver problemas de ordenamiento territorial interno, de crecida de los arroyos y del corredor bioceánico que atraviesa actualmente por el centro de la ciudad”. Al respecto, destacó que la Provincia accedió a un crédito del BID que permitirá incluir esta obra para su ejecución. En ese sentido, revalorizó la obra para proyectar un mayor desarrollo de la ciudad y la región.

El intendente de Crespo reflexionó sobre los desafíos de financiamiento de los municipios que limitan la ejecución de determinados proyectos de envergadura. En ese sentido, marcó la necesidad de acceso a créditos para aquellas obras trascendentales para el desarrollo local, para lo cual los proyectos elaborados son fundamentales para dar el primer paso. Al mismo tiempo, marcó la importancia de brindar facilidades a los privados para que puedan radicarse y generar inversiones.

A su turno, el intendente de Urdinarrain coincidió con que “no hay desarrollo posible sin infraestructura adecuada”, para lo cual brindó su apoyo a la iniciativa de impulsar un sistema de autovías que acorte distancias.

Finalmente, el grupo recordó los ocho vectores que definieron desde los inicios para pensar en el desarrollo de la provincia: educación; salud, trabajo y bienestar de las personas; infraestructura; reforma, modernización e innovación del Estado; ordenamiento territorial; promover el compromiso ético; e implementar espacios públicos - privados.

El Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios estatales en el marco de la paritaria 2026. La oferta contempla un incremento del 6% en dos tramos, aunque tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una mejora antes de avanzar hacia un acuerdo.

La reunión concluyó con el pase a un cuarto intermedio, cuya fecha será definida en los próximos días.

La propuesta del Poder Ejecutivo establece un aumento remunerativo del 3% con los haberes de julio y otro 3% con los salarios de septiembre. Además, plantea mantener la suma fija acordada durante la negociación paritaria de mayo.

Durante el encuentro, los representantes sindicales consideraron insuficiente la oferta y solicitaron al Gobierno revisar el porcentaje propuesto.

Ante ese planteo, las partes acordaron suspender momentáneamente la negociación para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de presentar una propuesta superadora.

Tras la reunión, el secretario de Gobiernos Locales y miembro paritario, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos.

“Presentamos una primera propuesta y ambos gremios solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora”, señaló.

El funcionario explicó que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta la situación económica de la provincia y las posibilidades financieras del Estado.

“Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre”, precisó.

Además de la cuestión salarial, durante la reunión también se abordaron distintos planteos vinculados a las condiciones laborales en áreas de la administración pública provincial.

Vales confirmó que el pedido formulado por UPCN y ATE será analizado junto al Ministerio de Hacienda antes del próximo encuentro.

Desde el Gobierno señalaron que existe voluntad de ambas partes para continuar con las conversaciones y buscar un entendimiento.

La intención del Ejecutivo es volver a convocar a la mesa paritaria entre el miércoles y el inicio de la próxima semana, oportunidad en la que se dará una respuesta al planteo realizado por las organizaciones sindicales.

La negociación salarial se desarrolla en un contexto de desaceleración de la inflación, aunque los gremios sostienen la necesidad de que las actualizaciones permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El Gobierno de Entre Ríos continúa desarrollando el Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas, una iniciativa que busca brindar asistencia técnica, capacitación y herramientas para potenciar el desarrollo de entidades productivas y de servicios en todo el territorio provincial.

En ese marco, la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales (Ipcymer), María Laura Renoldi, recorrió durante los últimos días cooperativas de General Galarza, Rosario del Tala, Basavilbaso y Gualeguaychú, donde mantuvo reuniones con autoridades locales y referentes de cada institución.

El programa apunta a fortalecer la gestión de las cooperativas mediante el acompañamiento en procesos de regularización administrativa y legal, el acceso a capacitaciones, la incorporación de tecnología y equipamiento, y el impulso de proyectos productivos y de servicios.

Durante las visitas, Renoldi destacó el rol que cumplen estas entidades en el desarrollo económico y social de la provincia.

“Las cooperativas generan trabajo, brindan servicios de calidad, promueven la innovación y acompañan el crecimiento de nuestras comunidades. Fortalecerlas es también una manera de impulsar el desarrollo de Entre Ríos”, expresó.

La agenda comenzó en General Galarza, donde la funcionaria fue recibida por el intendente Fabián Menescardi y autoridades de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos.

Posteriormente visitó la Cooperativa Manos Talenses, en Rosario del Tala, junto al intendente Juan Ramón Medina y la presidenta de la entidad, Sara Sánchez.

La recorrida continuó en Basavilbaso, con un encuentro en la Cooperativa Agrícola Lucienville, y finalizó en Gualeguaychú, donde mantuvo una reunión con integrantes de la Cooperativa Jeannot Sueyro.

En cada una de las localidades se relevaron necesidades específicas de las entidades y se analizaron posibles acciones para fortalecer su funcionamiento y promover nuevos proyectos.

Durante las visitas también fueron entregadas distinciones otorgadas por la Cámara de Diputados de Entre Ríos en reconocimiento a la trayectoria y al aporte que realizan distintas cooperativas al desarrollo de sus comunidades.

El reconocimiento alcanza además a la Cooperativa Eléctrica de Concordia y a la Cooperativa Agrícola de La Paz.

Desde el Instituto de Cooperativas y Mutuales recordaron que las entidades interesadas pueden incorporarse al Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas mediante la inscripción digital habilitada por el organismo.

Julio será un mes de celebración para Valle María. La localidad conmemorará el 148° aniversario de las Aldeas Madres con dos jornadas especialmente organizadas para poner en valor la historia, la cultura y el legado de los inmigrantes alemanes del Volga que fundaron estas comunidades entrerrianas.

La propuesta busca reunir a vecinos, descendientes de los primeros colonos y visitantes de toda la región en un encuentro donde la tradición será la gran protagonista.

Los festejos comenzarán el domingo 12 de julio, cuando desde las 13:00 se realice el tradicional Gran Almuerzo y Baile Aniversario en la sede de la Unión Alemana de Aldea Valle María (UALD).

Como ocurre cada año, la gastronomía típica y el espíritu festivo marcarán la jornada, que contará con la actuación del conjunto Maravillas Alemanas, encargado de animar el tradicional baile.

Quienes deseen participar pueden reservar sus tarjetas comunicándose al 3436-107111.

La celebración principal tendrá lugar el domingo 26 de julio, con una extensa programación de actividades abiertas al público y con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará a las 8:00 con una misa de acción de gracias en la parroquia Inmaculada Concepción de María. Posteriormente se realizará un homenaje en el cementerio local y, a las 10:30, partirá una caravana que recorrerá distintos sectores históricos de la aldea.

Las actividades continuarán desde las 13:00 en la Plaza Centenario, donde se desarrollará el acto central y una propuesta artística que incluirá la participación de los ballets Herencia Alemana, Brisas Inmigrantes y Gringos del Volga, además de la presentación musical del grupo Saca del Medio.

Como complemento, los visitantes podrán recorrer un amplio patio gastronómico Wolgadeutsch, con platos tradicionales de la cocina de los alemanes del Volga, y una feria de emprendedores que reunirá a productores y artesanos de Valle María, localidades vecinas y de la provincia de Santa Fe.

En diálogo con PARALELO 32, la viceintendenta Sonia Sokolovsky destacó que julio representa uno de los meses más importantes para la comunidad.

"Es una gran fiesta para nuestro pueblo y también para las localidades vecinas. Por eso volvimos a concentrar los festejos en dos fechas, como lo hicimos el año pasado", señaló.

La presidenta del Concejo Deliberante explicó que el objetivo no es solamente celebrar un nuevo aniversario, sino también compartir con quienes llegan desde otros lugares la historia que dio origen a Valle María.

"La idea es festejar nuestro aniversario y mostrarle al público que viene de afuera de qué se trata nuestra historia. Por eso la música alemana, la gastronomía típica y el trabajo de nuestros emprendedores tienen un lugar tan importante dentro de la celebración", expresó.

Durante la entrevista, Sokolovsky también destacó el funcionamiento del Concejo Deliberante Estudiantil, una iniciativa que continúa consolidándose con la participación de alumnos de las instituciones educativas de la localidad.

Recordó que recientemente recibieron la visita del diputado provincial Lenico Aranda, quien mantuvo un encuentro con los estudiantes e hizo entrega de ejemplares de la Constitución Nacional para cada escuela y para el propio Concejo Deliberante.

Asimismo, agradeció el compromiso de los docentes que acompañan el proyecto y valoró el entusiasmo demostrado por los jóvenes participantes.

Con una propuesta que combina historia, cultura, gastronomía y espectáculos, Valle María volverá a convertirse durante julio en uno de los principales puntos de encuentro del turismo cultural entrerriano.

Desde el municipio invitan a vecinos de Crespo, Diamante, Paraná y de toda la región a acercarse para compartir los festejos y descubrir una comunidad que mantiene vivas las tradiciones heredadas de los inmigrantes alemanes del Volga.

El escenario político argentino atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Mientras el Gobierno nacional busca consolidar su proyecto con nuevos acuerdos políticos, la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa unificada. Sobre este panorama se refirió el licenciado en Ciencias Políticas Nahuel Baridón, quien realizó un análisis de la coyuntura durante una entrevista con el programa Debate Abierto.

Según el analista, uno de los momentos más complejos para la administración de Javier Milei en los últimos meses estuvo vinculado al denominado "caso Adorni", situación que, a su entender, produjo uno de los mayores impactos negativos sobre la imagen del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

No obstante, Baridón consideró que el oficialismo logró atravesar esa etapa sin mayores consecuencias institucionales gracias al respaldo político de un grupo de gobernadores.

"El Gobierno consiguió sostener la gobernabilidad con el apoyo de 14 mandatarios provinciales, algunos motivados por la necesidad de recursos nacionales y otros por conveniencia electoral, ya que comparten parte del electorado con La Libertad Avanza", explicó.

Uno de los aspectos que, según Baridón, mejor explica el momento político actual es la incorporación de Diego Santilli a un lugar estratégico dentro del gabinete nacional.

En ese sentido, sostuvo que este movimiento también ayuda a interpretar la postura adoptada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien semanas atrás manifestó públicamente su intención de construir un frente electoral junto a La Libertad Avanza.

Para el politólogo, Frigerio se anticipó a un proceso de integración política que ya venía gestándose entre dirigentes del PRO y el espacio libertario, donde hoy ocupan lugares destacados figuras como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli.

A su criterio, este esquema no solo apunta a fortalecer la gestión nacional, sino también a proyectar el escenario electoral de los próximos años.

"Se empieza a visualizar una estrategia que busca consolidar la reelección de Javier Milei y, al mismo tiempo, posicionar a Diego Santilli como una figura de peso en la provincia de Buenos Aires", analizó.

En contrapartida, Baridón describió un panorama complejo para la principal fuerza opositora.

Consideró que el peronismo no logró capitalizar políticamente los momentos de mayor dificultad del Gobierno nacional y advirtió que la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa un nivel de confrontación que excede una simple disputa por candidaturas.

A su entender, la falta de una estrategia común y la profundización de las diferencias internas debilitan las posibilidades del espacio para presentarse como una alternativa de gobierno en el corto plazo.

En el cierre de su análisis, Baridón sostuvo que la combinación entre una oposición fragmentada y una leve mejora en algunos indicadores económicos favorece al oficialismo.

"Esta desunión opositora termina siendo una buena noticia para el Gobierno nacional, que comienza a mostrar un leve repunte en su imagen pública apoyado en el control de la inflación", concluyó.

De esta manera, el analista consideró que, pese a las turbulencias políticas de los últimos meses, el oficialismo logró recuperar iniciativa y comienza a delinear una estrategia con proyección hacia los próximos desafíos electorales.