Los ingresos de buena parte de los hogares argentinos no alcanzan para cubrir todo el mes. Según la medición de septiembre del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, dos de cada tres personas se quedan sin dinero a más tardar el día 20. La situación es más marcada entre los menores de 40 años, donde el indicador llega al 72%, y en los sectores de menores ingresos, con el 83,3%.

El relevamiento también muestra una mayor dependencia del crédito para afrontar los gastos cotidianos. El 56,2% de los consultados tomó deuda durante los últimos seis meses, mientras que el 81,8% considera que su salario pierde frente a la inflación.

En este escenario, el endeudamiento aparece cada vez más vinculado con la necesidad de sostener los gastos básicos que con la compra de bienes o la financiación de consumos extraordinarios.

El informe señala que solo el 34% de los encuestados logra llegar a fin de mes con sus ingresos, mientras que apenas el 9,8% consigue ahorrar. Casi cuatro de cada diez personas no superan la primera quincena.

Entre quienes tomaron deuda, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos, como alimentos y salud. Otro 21,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios, mientras que el 11,8% lo utilizó para comprar bienes durables.

Los datos reflejan que, para una parte importante de la población, el endeudamiento dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente al consumo y pasó a funcionar como un complemento del ingreso mensual.

La situación salarial refuerza ese escenario. Según Zentrix, desde marzo la proporción de personas que considera que su sueldo no le gana a la inflación se mantiene por encima del 81% y alcanzó el 87,4% en julio.

La situación económica presenta diferencias significativas según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 59,6% se queda sin ingresos antes del día 15 y el 83,3% no llega más allá del día 20. Apenas el 0,9% de ese segmento logra ahorrar.

En la clase alta, en cambio, el 20% agota sus ingresos antes de fin de mes y el 61,9% consigue ahorrar.

El endeudamiento también muestra una brecha: el 68,1% de las personas de clase baja tomó deuda en los últimos seis meses, frente al 36,5% de la clase alta.

Además, los motivos son diferentes. Entre los sectores de menores ingresos, el 65,5% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir gastos básicos. En la clase alta, el 63,4% recurrió al crédito para adquirir bienes durables.

De esta manera, el informe distingue dos realidades: mientras en los hogares de mayores ingresos el crédito aparece principalmente asociado al consumo, en los de menores recursos se utiliza para afrontar necesidades cotidianas.

La clase media presenta indicadores que muestran las dificultades para sostener el presupuesto mensual. El 51,4% de sus integrantes se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47,1% tomó deuda durante los últimos seis meses.

Entre quienes se endeudaron en este segmento, el 45,6% lo hizo para cubrir gastos básicos y el 29% para pagar tarifas y servicios. Esta última proporción es superior a la registrada en la clase baja, donde alcanza el 18,2%, y en la clase alta, con el 4,7%.

El dato muestra el peso que tienen los servicios y las tarifas en los presupuestos familiares de la clase media, que también recurre al crédito para cubrir obligaciones mensuales.

El informe identifica a los menores de 40 años como uno de los grupos más expuestos a las dificultades para llegar a fin de mes.

En ese segmento, el 72% se queda sin dinero a más tardar el día 20, apenas el 3% logra ahorrar y el 60,9% tomó deuda en los últimos seis meses. Además, el 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.

La combinación de ingresos que se agotan antes de fin de mes, escasa capacidad de ahorro y mayor dependencia del crédito deja a estos hogares con poco margen para afrontar gastos imprevistos.

La situación presenta similitudes con la de la clase baja, donde el 83,3% no supera el día 20, solo el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó en el período analizado.

En ambos grupos, el crédito aparece como una herramienta para sostener el consumo básico, pero también representa un compromiso que debe afrontarse con ingresos futuros que, según la percepción de los encuestados, continúan perdiendo frente a la inflación.

La encuesta también indagó sobre la responsabilidad del Estado ante las dificultades de pago y el aumento de la morosidad.

El 67% de los consultados considera que debe existir algún tipo de intervención estatal. Dentro de ese grupo, el 36,1% entiende que el endeudamiento es un problema que afecta a toda la sociedad y que el Estado debería hacerse cargo. Otro 30,9% sostiene que, aunque se trata de una cuestión entre privados, corresponde que el Estado intervenga.

En contraste, el 29,1% opina que el Estado no debería involucrarse.

Entre quienes respaldan alguna forma de intervención, la alternativa más elegida es regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, con el 61,3% de las respuestas. El 23,6% prefiere que se refinancien las deudas a través del Banco Central, mientras que el 7,5% se inclina por una condonación establecida por ley.

Los resultados muestran una mayor preferencia por establecer reglas para el funcionamiento del crédito que por eliminar las deudas existentes.

La evaluación económica también presenta diferencias entre la percepción de la situación individual y la del contexto nacional.

El 39,3% de los encuestados califica negativamente su situación económica personal, mientras que el 61,5% tiene una evaluación desfavorable de la economía del país.

La mirada sobre la situación nacional varía según el nivel socioeconómico. La evaluación negativa alcanza al 70,7% de la clase baja, al 56,5% de la clase media y al 42,9% de la clase alta.

La diferencia entre la percepción individual y la del país convive con indicadores que muestran dificultades concretas para sostener los gastos mensuales. El informe advierte sobre el avance del endeudamiento como respuesta a esa situación, aunque la encuesta no permite establecer por sí sola qué mecanismos explican esa brecha.

Los resultados corresponden a la medición de septiembre de 2026 del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora para relevar las percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina.

El estudio incluyó 1.438 casos válidos y se realizó entre el 22 y el 30 de septiembre, mediante un cuestionario autoadministrado en línea. El diseño muestral fue ponderado por región, edad, sexo y voto declarado en el balotaje presidencial de noviembre de 2023 y las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Según la consultora, el margen de error teórico es de ±2,6%, con un nivel de confianza del 95%.

Zentrix aclaró que los resultados no deben extrapolarse a niveles provinciales o locales sin las correspondientes precauciones metodológicas. Por lo tanto, los porcentajes difundidos describen tendencias nacionales y no permiten determinar por sí solos cuál es la situación específica de los hogares de Entre Ríos.

El informe completo, disponible para suscriptores de la consultora, incluye cruces adicionales por edad, sexo y clase social, así como la evolución de los indicadores y otras variables de opinión pública.

El ordenamiento macroeconómico todavía no logra traducirse en una recuperación sostenida de la actividad productiva. Esa fue una de las principales advertencias del economista Diego Coatz durante su exposición en la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, realizada en Rafaela.

En su análisis, reconoció que la Argentina cuenta con condiciones externas favorables para sectores como el agro, la energía y la minería, pero señaló que ese escenario convive con dificultades en la industria, el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno.

“Hay tranquilidad financiera, cierta previsibilidad y más orden económico, pero eso no se traduce en la economía real”, planteó.

Coatz advirtió que la inversión continúa mostrando debilidad y que distintos sectores productivos enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad. También manifestó preocupación por la pérdida de empleo privado formal y el crecimiento de actividades informales que, según señaló, generan condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con sus obligaciones laborales y tributarias.

El economista identificó una combinación de factores que afecta el desempeño industrial: una demanda insuficiente, mayores costos medidos en dólares y presiones competitivas derivadas tanto de las importaciones como del contrabando.

En ese contexto, señaló que el crecimiento de las actividades vinculadas con los recursos naturales no alcanza, por sí solo, para compensar las dificultades de los sectores que dependen del mercado interno.

La situación plantea interrogantes sobre la capacidad de las empresas para sostener sus niveles de producción, invertir y generar empleo, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Para Coatz, el desafío consiste en avanzar hacia una nueva etapa de la política económica, en la que la estabilidad se convierta en una base para recuperar el crédito, estimular la inversión y fortalecer la competitividad empresarial.

“Hay que estabilizar para crecer y para generar empleo e inversión. Si no hay crecimiento y la inversión cae, a esta macro le falta un 50%”, afirmó.

Otro de los ejes de su exposición fue la necesidad de desarrollar cadenas de valor alrededor de los recursos naturales argentinos.

Coatz sostuvo que el país debe aprovechar las oportunidades que ofrecen sectores como la energía, la minería y el agro para impulsar actividades industriales complementarias, incorporar tecnología y generar trabajo calificado.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de concentrar el desarrollo económico en la extracción y exportación de materias primas sin aprovechar las posibilidades de producción y conocimiento que pueden generarse a partir de ellas.

“Tenemos que encontrar cómo desarrollar un ecosistema de cadenas de valor alrededor de los recursos naturales”, sostuvo.

La propuesta apunta a fortalecer la participación de empresas nacionales como proveedoras de bienes y servicios para los grandes proyectos productivos, de manera que una mayor parte de la actividad económica se traduzca en inversiones, empleo y desarrollo industrial.

Entre las prioridades mencionadas también se encuentran el financiamiento para las pymes y la inversión en infraestructura, dos factores que pueden contribuir a mejorar las condiciones para la expansión de las empresas.

El planteo de Coatz puso el foco en una cuestión central para el futuro económico argentino: cómo transformar las condiciones de estabilidad financiera y las oportunidades internacionales en una recuperación más amplia de la actividad productiva.

Su análisis diferenció el desempeño de los sectores vinculados con los recursos naturales de la situación que atraviesan la industria y el comercio, y destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre las grandes inversiones y el entramado de empresas nacionales.

En esa perspectiva, la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria, pero el crecimiento sostenido requiere además inversión, crédito, competitividad y una estrategia que permita ampliar las capacidades productivas del país.

La exposición dejó planteado el desafío de construir una economía que no solo aproveche sus recursos naturales, sino que también genere más valor agregado, fortalezca a sus empresas y amplíe las oportunidades de empleo formal.

El financiamiento de las universidades nacionales volverá a estar en el centro del debate presupuestario. Un informe de Zentrix Consultora sostiene que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contiene recursos que permitirían cumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente sin modificar el resultado fiscal proyectado por el Gobierno nacional.

De acuerdo con el estudio, la aplicación completa de la Ley 27.795 requeriría entre $2,45 y $3,65 billones durante 2027, según la base de cálculo utilizada. En tanto, el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones sin asignación específica dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.

El argumento central de la consultora es que esos recursos ya están incluidos en el gasto total previsto. Por lo tanto, reasignar una parte a las universidades nacionales no implicaría aumentar el gasto presupuestado, sino modificar el destino de fondos cuya utilización todavía no está definida.

El informe toma como referencia los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales y diferencia dos escenarios.

Según Zentrix Consultora, el costo estimado de la aplicación completa de la norma representaría entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).

Uno de los principales argumentos del análisis está relacionado con el crecimiento de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto presupuestario.

Dentro de esa partida, $7,68 billones figuran como “otras asistencias financieras”, sin un beneficiario definido.

Para calcular los recursos potencialmente disponibles, la consultora descontó $1,45 billones previstos como reserva para aumentos salariales de la Administración Nacional y otros $0,30 billones que ya se destinan a las universidades.

Después de esas deducciones, el estudio identifica $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino quedaría sujeto a decisiones del Poder Ejecutivo durante el ejercicio.

De acuerdo con el informe, el costo máximo estimado para cumplir integralmente la ley equivaldría al 62% de ese monto.

La consultora sostiene que reasignar partidas presupuestarias ya contempladas no modificaría el resultado financiero previsto, porque los recursos forman parte del gasto total proyectado. La modificación consistiría en reducir el margen de decisión del Poder Ejecutivo sobre el destino de esos fondos.

El análisis también señala que la Ley de Administración Financiera 24.156 contempla facultades para reestructurar créditos presupuestarios dentro del monto total aprobado. A su vez, el proyecto de Presupuesto 2027 otorga al Ejecutivo atribuciones para realizar reasignaciones durante el ejercicio.

En el plano legal, el informe plantea que el Congreso podría incorporar las partidas necesarias al debatir el presupuesto del próximo año. Según la interpretación de Zentrix, esa decisión permitiría revisar el fundamento utilizado por el Gobierno para suspender la ejecución de la ley.

Se trata de la posición jurídica expuesta por la consultora, cuya aplicación dependerá de las decisiones legislativas y judiciales correspondientes.

La Ley 27.795 fue sancionada y quedó vigente en octubre de 2025, luego de que ambas cámaras del Congreso insistieran con la norma tras el veto presidencial. Posteriormente, el Poder Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no se habían identificado los recursos para financiarla.

Desde entonces, la aplicación de la norma quedó sujeta a una disputa judicial. Según el informe, la Justicia ordenó cumplir las disposiciones relacionadas con salarios y becas mediante una medida cautelar, que la Corte Suprema dejó firme en junio de 2026.

El 6 de octubre de este año, un juzgado federal ordenó aplicar la ley en su totalidad. El Gobierno nacional apeló esa sentencia, por lo que el conflicto continúa abierto.

El informe también advierte sobre las consecuencias del desfinanciamiento universitario. Según sus estimaciones, nueve de cada diez pesos del presupuesto de las universidades se destinan al pago de salarios, por lo que la diferencia entre los créditos presupuestarios y la inflación repercute directamente en los ingresos del personal docente y no docente.

El estudio sostiene que, pese al acuerdo salarial de junio, los salarios reales continúan un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Además, cita datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según los cuales alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período. En materia científica, señala que la ejecución real de ciencia y técnica universitaria en 2025 equivalió al 38% de la registrada en 2023.

Estas cifras forman parte del diagnóstico presentado por la consultora sobre el impacto de las restricciones presupuestarias en el funcionamiento de las instituciones universitarias.

El proyecto presupuestario incorpora otro punto de tensión. Según el análisis, el artículo 12 establece un crédito cerrado para las universidades y calcula los aumentos sobre las plantas de personal de noviembre de 2026. La Ley 27.795, en cambio, establece negociaciones paritarias con intervalos no mayores a tres meses y una actualización salarial que no sea inferior a la inflación.

Zentrix advierte que, si la inflación supera las previsiones oficiales, podrían aparecer nuevas diferencias entre los recursos asignados y las obligaciones establecidas por la ley. El informe estima que, por cada cinco puntos de desvío inflacionario, quedarían sin financiar unos $0,32 billones.

La resolución del conflicto dependerá de dos instancias: la revisión judicial de la sentencia que ordenó aplicar la ley y el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

Según la conclusión del estudio, la reasignación de partidas sin destino específico permitiría financiar las obligaciones universitarias sin modificar el resultado fiscal previsto. Esa interpretación abre un nuevo eje de discusión sobre las prioridades del gasto público y el alcance de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las universidades.

Un mensaje que circula por redes sociales y WhatsApp advierte sobre un supuesto hackeo a la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del que habrían sido sustraídos 38 millones de registros. La publicación también alerta sobre posibles estafas en las que delincuentes se harían pasar por la empresa de logística Andreani para obtener información personal y tomar el control de cuentas de WhatsApp.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación pública independiente de que se haya producido el supuesto ataque informático. Consultado por Chequeado, ANSES negó que el organismo haya sido hackeado y señaló que “por el momento no tienen ninguna denuncia”.

La información comenzó a circular después de que sitios especializados en ciberseguridad difundieran una publicación de un foro de la dark web en la que un usuario aseguraba tener millones de registros vinculados con el sistema previsional argentino.

Por eso, aunque el mensaje viral plantea una situación que merece atención, es importante distinguir entre una filtración denunciada y un incidente informático efectivamente confirmado.

El 14 de septiembre, los sitios Daily Dark Web y Dark Web Informer informaron sobre una supuesta filtración masiva de datos vinculados con la seguridad social argentina.

Según la publicación original, un usuario de un foro de la dark web aseguraba haber obtenido 38 millones de registros de bases de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES. El mismo mensaje mencionaba información correspondiente a unos 9,5 millones de personas y ofrecía los datos para la venta.

Ambos sitios especializados advirtieron que la información no había sido verificada. Posteriormente, el contenido se difundió en redes sociales y fue replicado por usuarios argentinos.

El mensaje viral sostiene que los delincuentes podrían utilizar esos datos para realizar llamadas telefónicas, hacerse pasar por personal de Andreani y solicitar códigos de verificación de WhatsApp.

No obstante, que una publicación afirme que posee datos personales no demuestra por sí solo que la información sea auténtica ni que haya sido obtenida mediante un ataque a ANSES.

Más allá de la falta de confirmación sobre el supuesto hackeo, las recomendaciones para proteger las cuentas personales siguen siendo importantes.

Una modalidad de fraude consiste en contactar a una persona por teléfono o mensajería, utilizar datos personales para generar confianza y convencerla de que entregue el código de verificación de WhatsApp.

Ese código permite registrar la cuenta en otro dispositivo. Si la víctima lo comparte con un tercero, puede facilitar que otra persona tome el control de su cuenta.

Los estafadores pueden hacerse pasar por empleados de empresas de logística, bancos u organismos públicos y utilizar nombres, direcciones u otros datos para que el contacto parezca legítimo.

La empresa Andreani advirtió en sus canales oficiales que no solicita contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios mediante mensajes o enlaces sospechosos.

Si perdés el acceso a WhatsApp o sospechás que otra persona tomó el control de tu cuenta, es importante actuar rápidamente.

Si el fraude también involucra cuentas bancarias o movimientos de dinero, contactá inmediatamente a tu banco mediante sus canales oficiales.

Ante una posible exposición de información, los especialistas recomiendan revisar las contraseñas utilizadas en los servicios digitales y cambiarlas si existen indicios de que fueron comprometidas.

Es conveniente utilizar claves robustas y diferentes para cada cuenta. Repetir una misma contraseña en varios servicios aumenta el riesgo de que un incidente en una plataforma afecte también a otras.

También se puede recurrir al verificador de contraseñas de Google, disponible en la configuración de la cuenta, para identificar claves guardadas que puedan haber quedado expuestas.

Si se confirma que determinada información personal fue vulnerada, las medidas necesarias dependerán del tipo de dato comprometido. Por ejemplo, si se trata de credenciales de acceso, corresponde cambiarlas y revisar los mecanismos de recuperación de la cuenta.

Además, es recomendable eliminar cuentas que ya no se utilizan y revisar qué servicios conservan información personal.

Los mensajes fraudulentos suelen recurrir a la urgencia, el miedo o la apariencia de legitimidad para conseguir que la víctima actúe sin verificar la información.

Por eso, ante una llamada, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp que solicite datos personales, conviene tener presentes algunas pautas:

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros aumentó un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Sin embargo, el crecimiento del movimiento turístico no se tradujo en una mejora del gasto total, debido principalmente a la reducción de la duración de los viajes.

La estadía promedio pasó de dos días a 1,8 días, lo que representó una caída interanual del 10%. En paralelo, el gasto promedio diario por turista llegó a $116.900, con un incremento real del 5%, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%.

De esta manera, aunque viajaron más personas y cada turista gastó más por día en términos reales, el impacto económico total registró una caída real del 2,2% frente al año pasado.

El comportamiento confirmó una tendencia que se viene observando en la actividad: escapadas más breves, viajes de cercanía y decisiones de consumo ajustadas a las posibilidades de cada presupuesto.

En Entre Ríos, el fin de semana largo comenzó con un nivel de reservas del 75%, un gasto promedio diario estimado en $105.000 por persona y una estadía media de 2,3 noches, según datos del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER).

Las expectativas estuvieron condicionadas por la evolución del clima y la creciente del río Uruguay, dos factores que inciden en la actividad turística y en las propuestas recreativas al aire libre.

La oferta se distribuyó entre las diez microrregiones turísticas de la provincia, con alternativas de termalismo, playas de río, naturaleza, turismo rural, gastronomía, recorridos históricos y fiestas populares.

Entre los destinos destacados se encontraron Colón, Federación, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Villa Elisa, que cuentan con complejos termales, paseos costeros, espacios naturales y propuestas culturales.

La agenda de acontecimientos tuvo un papel importante en el movimiento de visitantes. Gualeguaychú celebró la 67ª Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles, mientras que Hernandarias realizó su tradicional desfile y Villaguay fue sede de la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario.

En Concordia se desarrolló la segunda Feria Provincial del Libro y en Federación tuvo lugar el Festival de la Milanesa. La gastronomía regional también convocó público con la Fiesta Provincial Semi-Variada del Bagre Gualeyo, en Gualeguay; la Fiesta del Costillar a la Estaca, en Tabossi; y la Fiesta de la Pizza a la Parrilla, en Colonia Las Garzas.

A estas propuestas se sumaron los aniversarios de Aldea María Luisa y Maciá, además de actividades vinculadas con la producción vitivinícola en Arroyo Barú.

El Parque Nacional El Palmar, los paisajes del Delta del Paraná, los humedales y las playas sobre los ríos Paraná y Uruguay completaron las alternativas para quienes eligieron la provincia durante el feriado.

La inestabilidad meteorológica fue uno de los factores que marcaron el inicio del fin de semana largo. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y al este del país, mientras que en el noreste se anticiparon tormentas de mayor intensidad.

En las regiones cordilleranas y patagónicas predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad. Las condiciones incidieron sobre las salidas espontáneas, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre, aunque con efectos diferentes según cada destino.

En varias provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron a medida que se acercaba el feriado. Los viajes en automóvil particular, las decisiones de último momento y las escapadas de dos noches tuvieron una presencia destacada.

Los destinos que combinaron acontecimientos populares, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales mostraron algunos de los desempeños más favorables.

Entre las celebraciones que impulsaron el movimiento se destacaron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

Los resultados fueron desiguales entre provincias y localidades. En Catamarca, la ocupación superó el 85% en el conjunto provincial, con una estadía promedio de dos noches. En Córdoba, los principales destinos registraron niveles de ocupación hotelera y parahotelera de entre el 80% y el 88%, impulsados especialmente por los festejos de Villa General Belgrano.

En Puerto Madryn, Chubut, la ocupación general alcanzó el 80%, con una permanencia de entre dos y tres noches. Bariloche, en Río Negro, también llegó al 80%, con el impulso de su propuesta gastronómica.

Santa Fe registró una ocupación estimada superior al 78% a nivel provincial. Según el Observatorio Turístico Provincial, llegaron más de 102.000 visitantes, entre turistas alojados y excursionistas, con un impacto económico estimado en $21.759 millones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 80%. Más de 120.000 turistas nacionales e internacionales visitaron la capital, con un impacto económico superior a los $37.000 millones.

En contraste, Misiones mostró diferencias importantes entre localidades: Oberá registró una ocupación del 80%, mientras que Posadas llegó al 26,7%. En Chaco, el promedio provincial estimado fue del 40%, con mayores niveles de ocupación en la región de El Impenetrable.

La diversidad de resultados volvió a mostrar que la actividad turística no depende únicamente de la cantidad de personas que viajan. La duración de las estadías, la oferta disponible, las condiciones meteorológicas y la realización de eventos también inciden sobre el desempeño de cada destino.

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE estimó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo.

El monto equivalió al 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% superior en términos reales al registrado un año antes. Bariloche y San Martín de los Andes estuvieron entre los destinos más caros, mientras que San Antonio de Areco, Colón y Mar del Plata ofrecieron alternativas más económicas.

El cálculo no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos, por lo que el presupuesto necesario para completar el viaje fue mayor.

Las búsquedas de alojamiento también reflejaron el protagonismo de las escapadas cortas. Según Booking.com, Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba encabezaron las consultas para el feriado, con interés por destinos serranos, de montaña y cercanos a los grandes centros urbanos.

La plataforma informó que el 56,1% de las búsquedas correspondió a viajes en pareja, frente al 35,9% de familias y grupos y el 8% de viajeros individuales. Por su parte, Despegar señaló que cerca del 70% de sus operaciones se realizaron con tarjetas de crédito.

Otro dato destacado fue el crecimiento del interés por Villa General Belgrano. Las búsquedas de alojamiento para la localidad cordobesa aumentaron un 379,6% frente al mismo feriado de 2025, en coincidencia con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En el transporte aéreo también se registró un movimiento importante. Aerolíneas Argentinas informó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas. Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos.

En lo que va de 2026 se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas en todo el país.

La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario promedio alcanzó los $111.282. En conjunto, el impacto económico acumulado llegó a los $3,4 billones.

Los números muestran una actividad turística que conserva capacidad de movilización, pero que enfrenta un escenario de consumo selectivo. Para los destinos, las fiestas populares, los festivales, la gastronomía y las experiencias vinculadas con la naturaleza continúan siendo herramientas para atraer visitantes y sostener el movimiento comercial.

En ese contexto, Entre Ríos cuenta con una oferta diversificada que combina termas, playas, naturaleza y acontecimientos locales. El desafío es transformar ese interés en estadías más prolongadas y mayor consumo en los sectores vinculados con el turismo.

Buenos Aires. La actividad se distribuyó entre la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, mientras que en Chascomús superaron el 60% al viernes. Villa Gesell celebró la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural; San Clemente del Tuyú, la Fiesta Nacional de la Corvina Negra; y Berisso, la Fiesta Provincial del Inmigrante. Tandil, San Antonio de Areco y Luján también sumaron propuestas culturales y gastronómicas.

Catamarca. La ocupación provincial superó el 85%, con propuestas centradas en los paisajes de alta montaña, las Termas de Fiambalá, la Ruta de los Seismiles y los circuitos culturales y arqueológicos de Belén y Santa María.

Chaco. El promedio de ocupación se estimó en el 40%. El Impenetrable encabezó los registros regionales, con el 50%, seguido por el Centro-Sudoeste, con el 41%, y el Litoral, con el 28%. La agenda incluyó actividades culturales, congresos, ferias y propuestas de observación de aves.

Chubut. Puerto Madryn alcanzó el 80% de ocupación, con una estadía promedio de entre dos y tres noches. Las propuestas gastronómicas, los espectáculos y las excursiones para el avistaje de ballenas francas australes fueron parte de la oferta.

Córdoba. La ocupación hotelera y parahotelera de los principales destinos se ubicó entre el 80% y el 88%. Villa General Belgrano concentró buena parte de la atención con la Fiesta Nacional de la Cerveza. También hubo movimiento en los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra y Ansenuza.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ocupación hotelera llegó al 80%, con más de 120.000 turistas y un impacto económico superior a los $37.000 millones. La agenda incluyó propuestas culturales, ferias gastronómicas, espectáculos y competencias deportivas.

Formosa. La provincia informó una ocupación del 80%, con especial interés por el Bañado La Estrella, destino reconocido por sus paisajes y la observación de aves. En la capital, las reservas hoteleras alcanzaron el 50%.

La Pampa. Santa Rosa y General Pico concentraron parte de las actividades culturales, comerciales y recreativas. La Feria de la Construcción y el Hábitat y los encuentros musicales formaron parte de la programación.

La Rioja. Las reservas iniciales rondaron el 45% y mejoraron con las contrataciones de último momento. Sanagasta y Chilecito sumaron actividad con competencias deportivas, mientras que el Parque Nacional Talampaya, la Laguna Brava y la Ruta 40 integraron la oferta de naturaleza.

Mendoza. Los destinos vinculados con el vino y la montaña alcanzaron una ocupación cercana al 83% en localidades como Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Agrelo, Potrerillos y San Rafael. Las bodegas, la gastronomía y las actividades al aire libre fueron protagonistas.

Misiones. Oberá llegó al 80% de ocupación, mientras que Posadas registró el 26,7%. Montecarlo celebró la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Fiesta Provincial de la Flor, junto con otros encuentros gastronómicos y culturales en distintas localidades.

Neuquén. Villa Traful inició el feriado con reservas de entre el 70% y el 80%, impulsadas por una competencia de ciclismo. También se desarrollaron encuentros gastronómicos, fiestas populares y propuestas de turismo de montaña.

Río Negro. Bariloche alcanzó el 80% de ocupación con una nueva edición de Bariloche a la Carta. El movimiento también llegó a El Bolsón y a destinos de la costa atlántica, como Las Grutas y Playas Doradas.

Salta. La actividad estuvo impulsada por la Feria del Libro, la Semana del Torrontés de Altura y las propuestas culturales y gastronómicas de la capital y Cafayate. Al momento del relevamiento no se contaba con cifras consolidadas de ocupación provincial.

San Juan. La oferta incluyó actividades de naturaleza, turismo aventura, gastronomía y cultura. Calingasta, Valle Fértil y la capital provincial concentraron propuestas vinculadas con el paisaje, las tradiciones y los espectáculos.

San Luis. Las reservas comenzaron en el 65%, con diferencias entre localidades. Balde y San Gerónimo llegaron al 100%, mientras que Potrero de los Funes alcanzó el 90%. El gasto promedio informado fue de $90.440 por turista y la estadía media, de 1,2 días.

Santa Cruz. El Calafate superó el 70% de ocupación hotelera y parahotelera. El Parque Nacional Los Glaciares, el glaciar Perito Moreno y los senderos de El Chaltén fueron algunos de los principales atractivos.

Santa Fe. La ocupación provincial superó el 78%, con más de 102.000 visitantes y un impacto económico estimado en $21.759 millones. El Harlem Festival y las propuestas culturales, gastronómicas y recreativas de Rosario y Santa Fe capital impulsaron el movimiento.

Tierra del Fuego. Ushuaia registró una ocupación del 61%, un gasto diario promedio de $330.000 por turista y una estadía de tres días. Los festejos por el aniversario de la ciudad y las excursiones por el Canal Beagle integraron la oferta.

Tucumán. San Javier, Monteros y Tafí Viejo registraron reservas del 99%, mientras que Yerba Buena alcanzó el 92% y San Miguel de Tucumán, el 91%. La Fiesta Nacional e Internacional del Caballo y otros encuentros culturales, deportivos y gastronómicos acompañaron el movimiento.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el rechazo del DNU 70/2023, una norma que introdujo cambios en distintas áreas de la economía argentina. Si la Cámara baja también vota en contra, el decreto quedaría derogado, luego del rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024.

Un análisis de Zentrix Consultora advierte que los efectos de una eventual derogación se concentrarían especialmente en tres sectores: los alquileres, la medicina prepaga y el comercio exterior. Según el estudio, el principal problema no sería solamente el cambio de las reglas vigentes, sino la falta de una transición que determine con claridad qué normas se aplicarían después.

El informe sostiene que la caída del decreto no necesariamente restablecería de manera automática todas las leyes que fueron derogadas por esa vía. Por eso, la definición del marco normativo y el tratamiento de los contratos existentes serían centrales para evitar conflictos entre particulares y empresas.

Uno de los sectores que podría experimentar cambios es el mercado inmobiliario. El DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres 27.551 y amplió la libertad de las partes para acordar el plazo, la moneda y los mecanismos de actualización de los contratos.

Según Zentrix, una eventual derogación podría abrir una discusión sobre las reglas que se aplicarían a los nuevos alquileres, incluidos los plazos mínimos y los mecanismos de actualización.

El informe advierte que la coexistencia de contratos celebrados bajo diferentes marcos normativos podría generar incertidumbre para propietarios e inquilinos. También plantea que una eventual vuelta a regulaciones anteriores podría reducir la oferta de viviendas en alquiler y favorecer otras modalidades, como los contratos temporarios.

Sin embargo, estos efectos no serían automáticos. Su alcance dependería de las normas que finalmente resulten aplicables y de las decisiones que adopten propietarios, inquilinos y operadores inmobiliarios.

El estudio también analiza las obligaciones pactadas en moneda extranjera y advierte que los cambios en las reglas sobre el pago de deudas podrían incidir en el financiamiento privado para la compra de inmuebles y bienes de capital.

La salud privada es otro de los ámbitos que el informe identifica como sensible. El DNU modificó el régimen de las empresas de medicina prepaga, al eliminar la autorización estatal previa para sus aumentos, y habilitó cambios en el sistema de derivación de aportes de los trabajadores.

Una eventual derogación podría reabrir el debate sobre los mecanismos de autorización de las cuotas y las condiciones para elegir una cobertura médica.

Zentrix señala que una mayor regulación de los aumentos podría ofrecer previsibilidad a los afiliados en el corto plazo. No obstante, advierte que, si las cuotas no acompañan la evolución de los costos del sistema, podrían aparecer tensiones sobre la calidad de las prestaciones, los copagos y los pagos a clínicas y profesionales.

El alcance de esos efectos dependerá de las disposiciones que se restablezcan y de cómo se resuelva la situación de los afiliados que ya realizaron cambios de cobertura.

El tercer frente señalado por la consultora es el comercio exterior. El decreto limitó las posibilidades de establecer restricciones económicas a las exportaciones e importaciones sin una ley del Congreso.

Si esa disposición dejara de regir, el Poder Ejecutivo podría recuperar facultades para imponer determinadas restricciones mediante otras normas, dentro de las competencias que le reconozca el marco legal vigente.

Para Zentrix, esa posibilidad puede influir en las decisiones de las empresas exportadoras, que suelen organizar sus inversiones y operaciones con meses de anticipación. El informe también advierte sobre el impacto que podrían tener los registros obligatorios y las demoras administrativas en las pequeñas y medianas empresas.

La incertidumbre sobre las reglas comerciales podría afectar especialmente a las firmas que buscan ingresar a mercados externos o que cuentan con menos recursos para afrontar cambios regulatorios.

El análisis incluye posibles modificaciones en las compras públicas, los aranceles de las tarjetas de crédito, las condiciones de acceso a las góndolas de las grandes cadenas comerciales y la regulación de la actividad yerbatera.

De acuerdo con el estudio, una eventual recuperación de mecanismos como el Compre Argentino favorecería la participación de proveedores nacionales en las compras estatales. En contrapartida, podrían aumentar los costos para el sector público.

También podrían modificarse las condiciones para los comercios que operan con tarjetas y para las pequeñas y medianas empresas que buscan espacio en las grandes cadenas de supermercados.

El informe plantea, además, que la derogación podría devolver al Estado herramientas de intervención sobre precios y abastecimiento. El efecto concreto de cada medida dependería de las normas que efectivamente volvieran a regir y de su aplicación.

Para Zentrix Consultora, una eventual derogación no implicaría necesariamente un cambio inmediato en el régimen cambiario, monetario, tributario o laboral, aunque sí podría modificar reglas que afectan las decisiones de hogares y empresas.

El punto central sería determinar qué disposiciones quedarían vigentes después de la caída del decreto y cómo se resolverían las situaciones iniciadas bajo el régimen anterior.

Sin reglas de transición claras, sostiene el informe, podrían aumentar los litigios y postergarse decisiones vinculadas con contratos, inversiones y operaciones comerciales.

El debate sobre el DNU 70/2023, por lo tanto, no se limita a decidir si el decreto continúa vigente. También involucra la definición del marco legal que ordenará las relaciones entre el Estado, las empresas y los ciudadanos una vez resuelta la cuestión legislativa.

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana del miércoles 7 de octubre, según comunicó la cuenta oficial del músico que dejó una huella imborrable y marcó a generaciones con la canción popular.

El autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años, lugar donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Piero se consagró definitivamente de la mano de su inolvidable dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien dio forma a himnos generacionales que trascendieron las fronteras nacionales. Temas como "Mi viejo", que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música hispanoamericana y grabada por cientos de artistas.

Las múltiples distinciones no tardaron en llegar, entre ellas, se destaca un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016, un galardón con el que la Academia reconoció más de cinco décadas dedicadas al arte, la poesía y el compromiso social.

Más allá de los escenarios musicales y de su recordada faceta como baladista y trovador, el intérprete incursionó en el mundo de la actuación y el cine nacional donde participó en la película El profesor patagónico (1970) -protagonizada por Luis Sandrini-, e interpretó a un joven sacerdaote llamado Raúl. Piero musicalizó escenas con varios de sus primeros grandes éxitos como "Llegando, llegaste" y el propio "Mi viejo".

​En sus redes sociales, Antonio Contreras publicó que cuando Piero terminó de componer la música de «Mi viejo», quiso que su padre fuera uno de los primeros en escucharla. Para ello, lo llevó a la sala de su casa, descolgó el teléfono con el fin de evitar interrupciones y comenzó a cantar. Su padre, Lino, tenía apenas 48 años. Mientras escuchaba los versos, rompió en llanto —un hecho insólito, ya que Piero contaría años después que jamás lo había visto llorar—. Al terminar, Lino se secó los anteojos y, todavía con la emoción a flor de piel, protestó en una simpática mezcla de italiano y español por el fragmento que decía que él caminaba lento.

​Sin embargo, la letra de la canción no es de Piero, sino del escritor y periodista José Tcherkaski, quien compuso esta obra en colaboración con él (Piero puso la melodía y Tcherkaski los versos). Esto explica una confusión muy común: el hombre real que inspiró la letra de la canción era el padre del escritor, no el padre de Piero.

​El padre de José se llamaba Mario Tcherkaski, un inmigrante nacido en Rusia que poseía una sólida formación intelectual. Tras emigrar a Buenos Aires, se ganaba la vida como vendedor ambulante de sábanas. A pesar de las constantes dificultades económicas, Mario mantuvo intacta su pasión por los libros y el teatro, siendo el principal responsable de inculcarle a su hijo el amor por la literatura.

​Mario falleció a los 52 años, cuando José apenas tenía 14. Tiempo después, el joven escribió un poema titulado «El ambulante» en su memoria. Años más tarde, rescataría de aquel texto una frase mítica que terminaría resonando en todo el continente: «Viejo, mi querido viejo».

​A finales de la década de 1960, José Tcherkaski conoció a Piero y formaron una dupla creativa perfecta. De los entrañables recuerdos de Mario nació finalmente «Mi viejo». Al principio el camino no fue sencillo; ninguna discográfica mostraba interés hasta que CBS decidió jugársela por el tema, lanzándolo en 1969. Con los años se consagró como uno de los máximos tributos musicales a la figura paterna en América Latina.

​Años después, José Tcherkaski reveló un detalle muy íntimo: mientras su padre Mario estuvo vivo, él jamás se habría atrevido a llamarlo «viejo». Terminó haciéndolo, irónicamente, en una canción que Mario nunca llegó a escuchar (quien sí la escuchó emocionado en vida fue Lino, el padre de Piero)

La economía argentina presenta comportamientos diferentes según la región. Mientras algunas zonas muestran un mayor dinamismo de la actividad y mejoras en el empleo, otras atraviesan un escenario de menor crecimiento y deterioro laboral.

Así surge del informe “Drivers regionales de la actividad económica en Argentina”, elaborado por la Universidad Austral con datos disponibles hasta julio de 2026. El trabajo analiza tres regiones vinculadas a actividades productivas con fuerte presencia territorial: la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos; la Región Sur, conformada por Neuquén y Río Negro; y la Región Andina, que incluye a Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y Catamarca.

Durante los primeros siete meses del año, la actividad de la Región Centro aumentó 1,5% en comparación con el mismo período de 2025. El crecimiento fue similar al registrado por el indicador nacional utilizado como referencia, aunque con diferencias importantes cuando se observa el mercado laboral.

El dato más relevante para la Región Centro aparece en el mercado de trabajo. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo regional llegó al 10%, luego de aumentar 2,5 puntos porcentuales en un año. Al mismo tiempo, la tasa de empleo cayó 1,1 puntos porcentuales.

El comportamiento contrasta con el de la Región Sur, donde el desempleo bajó al 2,5% y la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos porcentuales durante el mismo período.

La diferencia entre ambas regiones alcanza actualmente los 7,5 puntos porcentuales de desempleo. La Región Andina presentó un escenario intermedio. Su desempleo se ubicó en 5,7%, prácticamente sin cambios respecto de un año atrás, aunque la subocupación aumentó hasta el 13,5%.

A nivel nacional, la tasa de empleo fue del 45% y el desempleo alcanzó el 7,9% entre los 31 aglomerados urbanos relevados.

Dentro de la Región Centro, el caso más crítico es Gran Rosario. Durante el segundo trimestre de 2026, el desempleo alcanzó el 11,5%, 3,8 puntos porcentuales más que un año atrás. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se convirtió en la tasa más alta entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

Además, la tasa de empleo de Gran Rosario cayó 1,9 puntos porcentuales en términos interanuales. El deterioro también se observó en otros grandes centros urbanos de la región. Gran Córdoba registró un desempleo del 10,5%, con una suba de 1,6 puntos porcentuales en un año, mientras que Gran Santa Fe llegó al 8,6%, 3,1 puntos porcentuales por encima del segundo trimestre de 2025.

La evolución de la Región Sur presenta un contraste marcado. Durante los primeros siete meses de 2026, su actividad económica creció 2,1%, por encima del 1,5% de la Región Centro. En tanto, la Región Andina registró una caída del 2,4%.

El mejor desempeño de la Región Sur también aparece en los indicadores laborales. En particular, Neuquén-Plottier registró un aumento de 3,8 puntos porcentuales en su tasa de empleo, que llegó al 48,9%. En ese aglomerado, el desempleo se ubicó en 3,2%, seis décimas por debajo del nivel registrado un año antes.

Más allá de las diferencias entre regiones, el informe identifica una tendencia común: la economía continúa creciendo, pero a un ritmo cada vez menor. Los índices de la Universidad Austral muestran que las tres regiones analizadas mantuvieron una tendencia positiva durante los últimos doce meses, aunque con una desaceleración progresiva.

La Región Sur conserva el mayor dinamismo, mientras que la Región Andina presenta un crecimiento más moderado y la Región Centro muestra una recuperación todavía débil.

En el caso de la región que integra Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, el informe señala que la tendencia volvió a mostrar variaciones positivas después de la contracción registrada entre mediados de 2023 y fines de 2024. Sin embargo, los incrementos todavía se mantienen cerca de cero.

El estudio de la Universidad Austral busca complementar los indicadores nacionales con una mirada específica sobre las economías regionales. Para elaborar sus Índices Locales de Ciclo Económico (ILCE) se consideran datos vinculados con empleo privado registrado, ventas de combustibles, demanda de electricidad, despachos de cemento, recaudación tributaria y patentamientos.

Los resultados permiten observar que la recuperación económica no tiene la misma intensidad en todo el país. Para Entre Ríos y el resto de la Región Centro, el desafío aparece marcado por una combinación particular: la actividad muestra una recuperación moderada, pero el mercado laboral todavía refleja un deterioro significativo.

El Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional plantea un escenario de equilibrio fiscal, crecimiento económico y desaceleración de la inflación. Sin embargo, un análisis elaborado por Zentrix Consultora advierte que el cumplimiento de esas metas depende de una serie de supuestos que considera exigentes.

Según el estudio, el proyecto contempla gastos de la Administración Nacional por $202,1 billones y recursos por $202,35 billones, con un resultado financiero prácticamente equilibrado. El gasto total implicaría un crecimiento real del 3,4% respecto del crédito vigente de 2026, utilizando como referencia una inflación promedio del 21,1%.

La Oficina Nacional de Presupuesto identifica oficialmente al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 entre la documentación presupuestaria nacional disponible.

Uno de los principales puntos señalados por Zentrix está en los ingresos tributarios.

El proyecto requiere que la recaudación total aumente 5,6% en términos reales durante 2027. Dentro de ese cálculo, el IVA debería crecer 5,9% real y el impuesto a los créditos y débitos, 3,9%.

El análisis compara esas metas con el desempeño acumulado hasta agosto de 2026 y señala que, durante ese período, la recaudación total habría registrado una caída real del 3,8%, mientras que el IVA y el impuesto a los créditos y débitos también mostraron retrocesos.

Para la consultora, el presupuesto supone así un cambio de tendencia en los ingresos del Estado.

El proyecto oficial contempla para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar al cierre del año.

Zentrix advierte que esa combinación supone una apreciación real del peso por segundo año consecutivo.

El análisis también señala que el proyecto prevé un superávit comercial de USD 15.560 millones, por debajo de los USD 16.951 millones proyectados para 2026.

La consultora utiliza como antecedente las diferencias entre las previsiones del Presupuesto 2026 y las estimaciones actuales para ese mismo año. El presupuesto aprobado había contemplado una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%, mientras que el proyecto 2027 estima ahora una inflación del 29% y un crecimiento del 3% para 2026.

Otro de los puntos centrales del informe está en el margen entre el resultado primario y los intereses de la deuda.

Para la Administración Nacional, Zentrix calcula un superávit primario de $15,36 billones frente a intereses de deuda por $15,11 billones. La diferencia es de apenas $0,25 billones, equivalente al 1,6% del superávit primario.

Según el análisis, ese margen reducido significa que una desviación relativamente pequeña en los ingresos o en los gastos podría modificar el resultado previsto.

El estudio también recuerda que el proyecto establece como objetivo cerrar la ejecución presupuestaria con un resultado financiero equilibrado o superavitario.

El análisis de Zentrix divide las 29 funciones presupuestarias en dos grupos: 17 tendrían aumentos reales y 12 registrarían reducciones.

Entre las mayores subas aparece Relaciones Interiores, que incluye una partida de $520.093 millones destinada a la organización de las elecciones de 2027.

También se destaca Salud, con un incremento real del 15,4%, asociado principalmente a la asistencia financiera al PAMI.

En sentido contrario, Energía y Combustibles registra una caída real del 16,8%, vinculada a la reducción de subsidios, mientras que Inteligencia presenta una reducción real del 12,8%, según la metodología utilizada por la consultora.

El servicio de la deuda, por su parte, tendría una reducción real del 4%.

Una de las partidas que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones, de acuerdo con el análisis.

Zentrix aclara que no se trata de un ministerio, sino de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda que contempla asistencia financiera a organismos y empresas públicas.

Dentro de esa partida aparecen $7,68 billones identificados como “otras asistencias financieras”, cuyo destino se define durante la ejecución presupuestaria. El informe incluye allí una reserva de $1,45 billones para salarios públicos y $5,31 billones destinados a transferencias sociales.

El proyecto también modifica la composición de los recursos que reciben las provincias.

Según el análisis, si se cumple la recaudación prevista, la coparticipación federal crecería 7% en términos reales, hasta alcanzar unos $103,7 billones.

En cambio, las transferencias que dependen directamente del presupuesto nacional caerían 2,1% real, mientras que las destinadas a obras registrarían una reducción del 20,1%.

Zentrix también analiza la situación de las obras nacionales y señala que, sobre una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dadas de baja o se encuentran en proceso de rescisión y 457 pasaron a provincias y municipios, que asumirían su financiamiento.

El análisis incorpora además distintos escenarios de riesgo para la ejecución del presupuesto.

Uno de ellos contempla qué ocurriría si el dólar se ubicara 10% por encima del valor previsto por el Gobierno. Según la estimación de la consultora, ese movimiento incrementaría en alrededor de $1,7 billones los intereses de la deuda en moneda extranjera, una cifra que compara con el margen fiscal de $0,25 billones mencionado anteriormente.

El estudio también contrasta la proyección oficial de $1.847,6 por dólar a diciembre de 2027 con una estimación de mercado de $2.015 y una inflación proyectada de 20,5%, frente al 18% previsto oficialmente.

Estos últimos valores corresponden a estimaciones y escenarios analizados por Zentrix, no a proyecciones oficiales.

Para la consultora, el punto central del Presupuesto 2027 no está solamente en los montos proyectados, sino en la capacidad de la economía para cumplir con los supuestos utilizados para construir esas cifras.

El informe identifica como variables relevantes la recuperación de la recaudación, el crecimiento económico, la evolución del tipo de cambio, el financiamiento de la deuda y el comportamiento del comercio exterior.

El proyecto fue remitido al Congreso de la Nación y, según el análisis de Zentrix, el debate legislativo comenzará el 7 de octubre.

El estudio aclara que sus comparaciones se realizan contra el crédito vigente de 2026 y que las variaciones reales utilizan una inflación promedio del 21,1%. Para los datos de ejecución de 2026, la consultora señala como fuentes a ARCA, IARAF, IIEP y la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En definitiva, el proyecto propone mantener el equilibrio fiscal, pero su ejecución estará condicionada por la evolución de los ingresos y por el cumplimiento de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar las proyecciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es anfitrión en Buenos Aires de la 3ª reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos (WWMIWS-SubC-3), que se desarrolla del 22 al 25 de septiembre.

El encuentro reúne a coordinadores de las distintas METAREA y representantes de organismos internacionales vinculados con la seguridad de la navegación.

El SMN tiene a su cargo la coordinación de la METAREA VI, una extensa región que comprende sectores del Atlántico Sur y aguas antárticas.

Dentro de esta área, el organismo argentino tiene la responsabilidad de elaborar y difundir información y avisos meteorológicos destinados a contribuir con la seguridad marítima.

La información resulta especialmente relevante para la navegación en una región caracterizada por grandes extensiones marítimas y condiciones meteorológicas que pueden cambiar durante el desarrollo de las actividades en el mar.

Durante las cuatro jornadas del encuentro se compartirán experiencias entre los organismos participantes y se analizarán los principales desafíos que enfrentan actualmente los servicios de información meteorológica marítima.

La agenda también contempla cuestiones vinculadas con el futuro de estos sistemas, entre ellas el desarrollo de nuevos productos digitales, los sistemas de difusión de información y las estrategias de cooperación internacional.

El encuentro busca favorecer el intercambio entre los distintos responsables de las METAREA y fortalecer los mecanismos mediante los cuales la información meteorológica y oceanográfica llega a quienes desarrollan actividades de navegación.

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue comunicada este martes luego de una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

El esquema contempla además jornadas con alcance limitado a las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades del Pontífice. El martes 10 será feriado en Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires por las actividades previstas en Luján.

Para Entre Ríos, la jornada de feriado será el lunes 9 de noviembre, al tratarse de un feriado nacional.

El martes 10 y el miércoles 11 no tendrán carácter de feriado nacional en la provincia, ya que las medidas específicas están vinculadas con las jurisdicciones donde se desarrollará el recorrido del Papa.

León XIV llegará al país el 8 de noviembre. Durante su visita estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9, ya como feriado nacional, el Pontífice tendrá entre sus actividades principales una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y el episcopado argentino.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica. Ese mismo día finalizará su visita a la Argentina y partirá hacia Perú.

La reunión en la que se definió el esquema de feriados contó también con la participación del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Por parte de la Iglesia estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Monteoliva confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que las jornadas posteriores quedarán sujetas a decisiones dentro de las jurisdicciones involucradas en la visita.

Tras el encuentro, Karina Milei destacó la importancia de la llegada de León XIV y afirmó que “el Papa es para todos los argentinos”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional también presenta diferencias sobre distintas cuestiones.

García Cuerva sostuvo que existen “muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias” con la gestión de Javier Milei. En ese marco, planteó que “poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error”.

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días y tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país

Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintos partidos y distritos pidió que las provincias que todavía utilizan el sistema tradicional de boletas partidarias avancen durante 2026 hacia la implementación de la Boleta Única, con el objetivo de utilizarla en las elecciones de 2027.

El planteo fue realizado por integrantes de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que reúne a dirigentes de distintos espacios políticos. Entre los firmantes aparecen referentes de Entre Ríos como el gobernador Rogelio Frigerio, la dirigente peronista Mayda Cresto y el dirigente del PRO Esteban Vitor.

El documento, fechado en septiembre de 2026, convoca a las 15 provincias que todavía mantienen el sistema de boleta partidaria a utilizar este año no electoral para impulsar modificaciones legislativas.

La propuesta toma como referencia la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales de 2025. En ese sistema, todas las agrupaciones que participan de una categoría electoral aparecen en una misma papeleta y el elector marca su opción en el casillero correspondiente.

En las elecciones nacionales de 2025, la BUP fue utilizada por primera vez en todo el país para los cargos nacionales.

La RAP sostiene que la Boleta Única permitiría reducir situaciones vinculadas con la falta de boletas en los lugares de votación y facilitaría que todas las opciones electorales estén disponibles para cada votante.

También plantea que el sistema puede generar condiciones más uniformes para las distintas agrupaciones políticas, al concentrar toda la oferta electoral en una única papeleta.

El documento menciona además como posibles efectos la reducción de prácticas como el robo o faltante de boletas y el denominado “voto cadena”, además de una menor utilización de papel y otros insumos destinados a la impresión y distribución de boletas partidarias.

La Boleta Única no es una herramienta nueva en el sistema electoral argentino. La documentación oficial señala que Córdoba utiliza Boleta Única de Papel y Santa Fe cuenta con un sistema de boleta única por categorías, mientras que otras jurisdicciones implementaron variantes electrónicas.

En el caso de la BUP nacional, la papeleta reúne las distintas agrupaciones y categorías electorales. El elector recibe la boleta de la autoridad de mesa, ingresa a la cabina y marca su opción para cada categoría antes de introducirla en la urna.

Entre Ríos utilizó la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de 2025, pero el instrumento de votación nacional no implica automáticamente un cambio en el sistema electoral provincial.

La convocatoria de RAP apunta precisamente a que las provincias modifiquen sus propias legislaciones para adoptar la Boleta Única también en sus elecciones locales.

En el documento, los firmantes sostienen que 2026, al no ser un año electoral nacional, representa una oportunidad para discutir y aprobar esos cambios con anticipación a los comicios de 2027.

El texto también sostiene que existiría un amplio respaldo social al sistema. Para fundamentarlo, menciona encuestas realizadas en Santa Fe y a nivel nacional, además de un relevamiento en la provincia de Buenos Aires realizado después de elecciones en las que se utilizaron ambos mecanismos.

Según el documento de RAP, esos estudios registraron porcentajes superiores al 70% de valoración de la Boleta Única en algunas mediciones.

Esos datos corresponden a encuestas citadas por los propios firmantes y el comunicado no detalla allí las fichas técnicas de cada uno de esos relevamientos.

La iniciativa plantea que la eventual adopción de la Boleta Única requeriría acuerdos políticos entre distintos espacios y modificaciones de las legislaciones electorales provinciales.

Para los 189 dirigentes que suscribieron el documento, avanzar con el cambio durante un año sin elecciones permitiría discutir el sistema con anticipación y preparar su implementación para 2027.

La propuesta abre así una discusión sobre cómo se votará en las próximas elecciones provinciales en las jurisdicciones que todavía conservan el sistema de boleta partidaria. En el caso de Entre Ríos, el debate se suma a las discusiones ya existentes sobre las reglas electorales de cara a los próximos comicios.

La pérdida de capacidad de compra aparece como uno de los principales problemas relevados durante agosto por el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora. Según el estudio, casi la mitad de los argentinos llega con dificultades económicas a la mitad del mes y seis de cada diez tuvieron que recurrir a algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses.

El relevamiento también muestra diferencias importantes según el nivel socioeconómico y la edad. Los sectores de menores ingresos y los jóvenes de entre 18 y 39 años aparecen entre los grupos que manifiestan mayores dificultades para sostener sus gastos.

A nivel nacional, el 65% de los encuestados aseguró quedarse sin ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no alcanza a superar el día 15. Un 12,2% afirmó que sus recursos se agotan antes del día 5.

La diferencia según nivel socioeconómico es marcada. En la clase baja, el 87,6% señaló que agota sus ingresos antes del día 20. En la clase alta, esa proporción se ubicó en el 7,3%.

También aparecen diferencias por edad. El 83,3% de las personas de entre 18 y 39 años manifestó no llegar con recursos al día 20, frente al 60,3% entre los mayores de 60 años.

La dificultad para llegar a fin de mes tiene su correlato en el endeudamiento. El estudio indica que el 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.

El porcentaje asciende al 70,2% entre las personas de clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Entre quienes se endeudaron, el 55,6% destinó el dinero a alimentos y salud, mientras que otro 20,4% lo utilizó para pagar tarifas y servicios. En conjunto, estos dos destinos representan el 76% de los casos.

La diferencia también se observa por nivel socioeconómico. Según el informe, en la clase baja más del 85% de quienes recurrieron al crédito lo hicieron para afrontar alimentos, salud, tarifas o servicios. En la clase alta, esa proporción es inferior al 60% y el crédito aparece distribuido de manera más pareja con otros destinos, como la compra de bienes durables.

La evaluación de la situación económica nacional continúa siendo mayoritariamente negativa. El 59,4% de los consultados calificó la economía del país como mala o muy mala.

El dato representa una mejora respecto de julio, cuando esa valoración alcanzaba el 61,8%. Sin embargo, la percepción negativa llega a casi el 75% entre las personas de clase baja.

En cuanto a la situación económica personal, el porcentaje de quienes realizan una evaluación positiva pasó del 27,2% en julio al 29,8% en agosto.

El relevamiento también consultó sobre la inflación y la evolución de los salarios.

El 65,8% de los encuestados afirmó que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su vida cotidiana.

A su vez, el 81,2% consideró que su salario no logra superar la inflación.

Según el informe, esta percepción también aparece entre quienes declararon haber votado al oficialismo en las elecciones de 2025: el 61,2% de ese grupo considera que sus ingresos no le ganan a la inflación.

El ranking de preocupaciones relevado por Zentrix también mostró cambios durante agosto.

Por primera vez en varios meses, la corrupción dejó de ocupar el primer lugar. Los principales temas mencionados fueron:

Los resultados muestran que, en esta medición, las preocupaciones vinculadas con la capacidad de los ingresos para afrontar los gastos y con la estabilidad laboral aparecen por encima de la inflación como problema específico.

Al ser consultados sobre los sentimientos que les genera el próximo año, las respuestas estuvieron encabezadas por incertidumbre y angustia.

Sin embargo, esperanza también apareció entre las expresiones más mencionadas, lo que refleja la coexistencia de preocupación por el futuro con expectativas de una eventual mejora.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado entre el 25 y el 31 de agosto de 2026.

El relevamiento incluyó 1.466 casos válidos de cobertura nacional. La muestra fue ponderada por región, edad, sexo y voto declarado, tomando como referencia el padrón electoral.

La encuesta se realizó mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos.

Según la metodología informada por la consultora, el margen de error teórico es de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%. El estudio advierte además que sus resultados no deben extrapolarse directamente a niveles subnacionales sin considerar las particularidades metodológicas correspondientes.

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluye un apartado específico destinado a la ejecución de obras públicas. Según los datos recopilados por el laboratorio de Inteligencia Artificial Colossus Lab, se planea destinar un total de 1,3 billones de pesos para este sector.

La partida de infraestructura representa el 0,7% del presupuesto total, que asciende a 202,1 billones de pesos. El plan contempla la realización de más de 435 obras que incluyen rutas, trenes, represas, hospitales y edificios distribuidos en todas las provincias del país.

El informe detalla que para las obras interprovinciales se asignaron 151.000 millones de pesos, mientras que a nivel nacional el monto alcanza los 110.000 millones de pesos. Por otro lado, para refacciones en el exterior, como el caso de embajadas, se apartaron 2.400 millones de pesos.

La distribución de los fondos no es equitativa entre las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires recibirá 321.000 millones de pesos, mientras que San Luis contará con 4.200 millones de pesos, lo que marca una diferencia de 316.800 millones de pesos entre ambos distritos.

Buenos Aires concentra cuatro de las diez obras más costosas del proyecto. En el listado de los diez proyectos de mayor envergadura, que incluyen ferrocarriles, un reactor y helicópteros, se totalizan 585.000 millones de pesos, cifra que representa el 45% del presupuesto total destinado a la obra pública.

En el marco del Día de las Escuelas Evangélicas, el Senado de la Nación realizó por primera vez un reconocimiento federal a instituciones educativas de orientación evangélica de distintas regiones del país. Entre las provincias representadas estuvo Entre Ríos.

El acto se desarrolló en el Salón Azul del Senado y reunió a más de 200 personas, entre senadores, diputados, autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, directivos de instituciones educativas y pastores.

Durante la jornada se entregaron diplomas de honor a representantes de 110 escuelas provenientes de 15 provincias argentinas, en reconocimiento a su aporte al sistema educativo.

La senadora Nadia Márquez, impulsora y presidenta del encuentro, reivindicó el derecho de las instituciones educativas evangélicas a desarrollar su identidad y su proyecto educativo en el marco de la libertad religiosa. Márquez recordó su propia experiencia vinculada a la educación cristiana y destacó la importancia de la participación también en los ámbitos donde se toman decisiones públicas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, agradeció a las escuelas evangélicas por educar mucho más allá de las aulas, y expresó: “Cuando una escuela enseña a un chico a esforzarse, a respetar, a ser solidario y a comprender que cada decisión tiene consecuencias, está haciendo mucho más que transmitir conocimientos: está contribuyendo a formar personas íntegras, con valores y con vocación de servicio”.

En tanto, el director nacional de Educación Pública de Gestión Privada, Patricio Barber Soler, destacó que las escuelas evangélicas se consolidaron como pilares del sistema educativo, tanto por su búsqueda de la excelencia académica como por su propuesta de formación integral, y recordó el legado del pastor y educador William Morris, referente de la educación evangélica en la Argentina. Señaló que su obra demostró que la fe puede transformarse en acción pedagógica y que la educación constituye una herramienta fundamental para generar dignidad, libertad, inclusión y oportunidades. “La fe tiene que ser transmitida, la fe es educable y es para educar”, subrayó.

Las instituciones reconocidas pertenecen a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Río Negro, San Luis, Formosa, Chaco y Corrientes.

El reconocimiento contó con la firma de doce senadores nacionales: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Gonzalo Guzmán Coraita, María Emilia Orozco, Enzo Fullone, Pablo Cervi, Juan Cruz Godoy, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez y Nadia Márquez.

El acto dejó un mensaje claro: educar implica no es solamente transmitir conocimientos, sino también formar personas, fortalecer comunidades y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y comprometida con el prójimo.

Por Entre Ríos recibieron los diplomas de reconocimiento los establecimientos educativos CREER D-251, de Concordia; William Morris Nº 201 - D-217, de Paraná; Unidad Educativa Nivel Inicial N° 155 de Paraná, y el Colegio Jesús de Nazareth, de Ramírez. 

Durante su intervención, Nadia Márquez reivindicó el derecho de las instituciones educativas evangélicas a desarrollar su propia identidad y proyecto educativo en el marco de la libertad religiosa.

La senadora también recordó su experiencia vinculada con la educación cristiana y destacó la importancia de que las comunidades educativas participen en los ámbitos donde se toman decisiones públicas.

Por su parte, Martín Menem destacó la tarea que realizan las escuelas más allá de la transmisión de contenidos académicos y vinculó su labor con la formación en valores, el respeto, la solidaridad y la vocación de servicio.

Patricio Barber Soler destacó el aporte de las escuelas evangélicas al sistema educativo y señaló que estas instituciones combinan la formación académica con una propuesta de formación integral.

Durante su exposición también recordó la trayectoria del pastor y educador William Case Morris, considerado una figura de referencia de la educación evangélica en Argentina.

Barber Soler sostuvo que la experiencia de Morris mostró cómo la educación podía convertirse en una herramienta para generar oportunidades, inclusión, dignidad y libertad.

“La fe tiene que ser transmitida, la fe es educable y es para educar”, expresó el funcionario durante el acto.

El Día de las Escuelas Evangélicas se conmemora cada 15 de septiembre en Argentina en memoria de William Case Morris, quien falleció el 15 de septiembre de 1932.

Morris desarrolló una extensa tarea vinculada con la educación y el acompañamiento de niños y niñas, especialmente en sectores vulnerables.

La jornada en el Senado concluyó con la entrega de los diplomas a las instituciones participantes y un reconocimiento a la tarea que desarrollan escuelas evangélicas en diferentes regiones del país.

Además de las autoridades mencionadas, participaron los senadores Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Enzo Fullone y Gonzalo Guzmán Coraita, junto con los diputados nacionales Gastón Riesco, Mónica Becerra y Soledad Mondaca.

En representación de la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) estuvo su presidente, el pastor Christian Hooft.

El encuentro dejó planteado el rol que las instituciones educativas evangélicas buscan sostener dentro del sistema educativo argentino, con una propuesta que combina la enseñanza académica con una identidad institucional vinculada a sus principios religiosos.

Las empresas argentinas enfrentan un escenario de mayor exigencia financiera, pese a algunas señales de estabilización de la economía. El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF) de Fidelitas se ubicó en 38,3 puntos en agosto, 6,9 puntos por debajo de los 45,2 registrados en julio.

El retroceso provocó que el indicador pasara de la categoría “Señales Mixtas” a “Riesgo Elevado”, reflejando las dificultades que atraviesa el sector empresario para sostener el crédito, la liquidez y la cadena de pagos.

Según el informe difundido por la compañía, la principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio. El Índice de Riesgo Crediticio descendió a 17,8 puntos, en un contexto marcado por dificultades de pago, bajo nivel de endeudamiento mediante crédito y una morosidad que continúa elevada, particularmente entre las empresas.

Uno de los principales factores que explican el deterioro del escenario es el comportamiento de la actividad manufacturera.

La producción industrial registró en julio una caída interanual del 4,9% y acumuló una contracción del 2,6% entre enero y julio de 2026. En la comparación con junio, una vez descontados los factores estacionales, la baja alcanzó el 5%.

El retroceso fue generalizado: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron descensos interanuales.

Entre los sectores más afectados aparecen algunos vinculados directamente con la inversión. La fabricación de maquinaria y equipos cayó 26,7%, con una baja del 46,6% en maquinaria agropecuaria y del 20,9% en aparatos de uso doméstico.

También se registraron fuertes descensos en otros equipos, aparatos e instrumentos, que retrocedieron 31,4%, mientras que la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado disminuyó 15,9%.

En contraste, cuatro divisiones mostraron crecimiento: refinación de petróleo, madera y papel, metálicas básicas y otro equipo de transporte.

El deterioro del crédito tiene como contracara un aumento significativo de la morosidad empresarial.

De acuerdo con Fidelitas, actualmente existen 57.045 empresas en situación irregular, cerca del 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas. La cifra representa un incremento interanual del 56,5%.

Entre enero y junio de 2026, además, la cantidad de empresas en mora aumentó un 18,7%.

Comercio y Servicios concentran el 71,9% de la morosidad empresarial total, mientras que los mayores incrementos interanuales se observaron en Comercio, Manufactura y Agropecuario.

El escenario también está marcado por la persistencia de los cheques rechazados, que se mantienen en torno de los 80.000 mensuales. Durante los primeros ocho meses de 2026 ya se acumuló una cantidad de rechazos equivalente a la registrada durante todo 2025.

Para las empresas, una dificultad financiera puede rápidamente impactar sobre otros actores de la economía.

Una compañía que demora sus pagos puede trasladar la presión financiera a sus proveedores y generar un efecto en cadena, particularmente cuando varias empresas dependen del mismo sector o ciclo de demanda.

Desde Fidelitas remarcaron que, en este contexto, la evaluación de un proveedor no debería considerar solamente aspectos vinculados con la calidad del producto o servicio, sino también su solidez financiera.

El Índice de Actividad del SERF se ubicó en agosto en 54,2 puntos, mostrando comportamientos dispares y sin evidencias de una recuperación generalizada.

Otro de los factores señalados por el informe es el costo del financiamiento.

En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales con capitalización mensual de los préstamos personales, del 88,86%, y de los depósitos, del 23,40%, alcanzó aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

Para las empresas, el impacto se siente especialmente en el capital de trabajo. Cuando los plazos de cobro se extienden, las compañías deben sostener durante más tiempo el financiamiento de mercadería, salarios e impuestos.

Por eso, un aumento de las ventas no necesariamente implica una mejora inmediata de la caja. Si el dinero queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en stocks y los márgenes no compensan el costo financiero, la situación puede incluso generar mayor presión sobre la liquidez.

A esto se suma la evolución de los costos empresariales medidos en dólares. Si aumentan sin una mejora equivalente de la productividad, los márgenes pueden reducirse y afectar la competitividad.

El informe de Fidelitas reconoce algunas señales positivas, entre ellas la inflación de 1,7% en agosto y un desempeño relativamente favorable del comercio exterior.

Sin embargo, considera que esos factores todavía no alcanzan para compensar la debilidad del mercado interno y el deterioro de las condiciones crediticias.

“La economía muestra señales de estabilización, pero todavía no de recuperación generalizada”, sostiene el análisis.

Para las empresas entrerrianas, que forman parte de cadenas productivas vinculadas al comercio, la industria, el agro y los servicios, el comportamiento del crédito y de la cadena de pagos constituye un factor central para las decisiones de inversión y actividad.

El escenario planteado por Fidelitas obliga a prestar especial atención a la situación financiera de clientes, proveedores y otras contrapartes comerciales, en un contexto donde también se observa una mayor presencia de empresas con deudas previsionales impagas y un incremento de sanciones de organismos como la UIF y el BCRA, según el informe.

La conclusión empresarial que plantea el estudio es que el desafío no consiste solamente en vender más, sino en vender y cobrar, preservar liquidez y evaluar cuidadosamente el riesgo de cada operación.

El desarrollo de Vaca Muerta está modificando el escenario energético argentino y abre una oportunidad concreta para que el país aumente su producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y avance sobre nuevos mercados internacionales.

Ese fue uno de los ejes centrales del Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que reunió a representantes de la industria, organismos públicos y especialistas del mercado energético.

El encuentro puso sobre la mesa las posibilidades de expansión de las exportaciones argentinas, pero también los desafíos que aparecen por delante: infraestructura, almacenamiento, logística, financiamiento, estabilidad regulatoria y acceso a mercados de mayor escala.

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, destacó el momento que atraviesa el sector energético y consideró que Argentina cuenta con recursos y capacidad productiva para aumentar su oferta de GLP.

“La energía es un sector que tiene una oportunidad enorme por delante. Argentina tiene los recursos, la capacidad productiva y, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, puede aumentar su oferta de GLP y proyectarse a nuevos mercados”.

Rodríguez planteó, además, que el crecimiento energético debe ser acompañado por una estrategia de largo plazo.

“El sector energético es un dinamizador de la economía, crea inversión, crea trabajo, conocimiento y nuevas oportunidades para el país, pero nos obliga a pensar qué hacemos con ese crecimiento y cómo lo hacemos”.

En esa discusión incluyó la sustentabilidad, la transparencia y el impacto social del desarrollo energético, con una mirada puesta en las comunidades que pueden beneficiarse de la expansión de la actividad.

Para Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el desarrollo de Vaca Muerta genera una oportunidad que excede el abastecimiento del mercado interno.

“Con el crecimiento de Vaca Muerta hay mayor disponibilidad de gas, petróleo y líquidos. El desafío no es solo garantizar el abastecimiento interno, sino agregar valor y construir una plataforma exportadora eficiente”.

El especialista consideró que para alcanzar ese objetivo será necesario desarrollar una logística adecuada, atraer inversiones y sostener una estrategia de largo plazo.

También señaló que el GLP argentino ya tiene presencia en América Latina, pero que el próximo paso será avanzar hacia mercados de mayor escala.

“Acceder competitivamente requiere volumen, infraestructura y relaciones comerciales sostenidas”.

El director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), Fabricio Duarte, puso el foco en la situación regional.

Según explicó, América Latina consume actualmente más GLP del que produce, por lo que las importaciones tienen un papel relevante para garantizar el abastecimiento.

En ese contexto, consideró que Vaca Muerta puede modificar el mapa regional.

“Argentina puede convertirse en una fuente regional de suministro; no para reemplazar a un proveedor por otro, sino para diversificar las fuentes de abastecimiento”.

Duarte remarcó que la oportunidad requiere inversiones en almacenamiento, infraestructura y logística, además de previsibilidad jurídica y regulatoria.

También destacó el papel del GLP en hogares que no cuentan con redes de gas natural y planteó la necesidad de que la transición energética sea gradual y acompañe las necesidades de abastecimiento.

Según su proyección, Argentina podría generar 2,3 millones de toneladas de GLP hacia 2030, un volumen que abriría nuevas posibilidades para la exportación regional.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de la Nación, Federico Veller, consideró que el seminario se realiza en un momento especialmente relevante para el mercado.

“El nombre de este seminario, ‘De Argentina hacia el mundo’, no es una metáfora: describe con precisión lo que está ocurriendo”.

Veller señaló que el GLP argentino abastece a millones de hogares que no tienen acceso al gas natural y que, al mismo tiempo, ya representa un producto de exportación para distintos mercados.

Según los datos expuestos durante el encuentro, en 2025 Argentina produjo 3 millones de toneladas de GLP, el mayor nivel de las últimas dos décadas, y exportó 1,6 millones de toneladas por unos US$700 millones.

El principal destino continúa siendo la región, con Brasil como uno de los compradores destacados, aunque también comienzan a ganar espacio mercados de Asia e India.

Veller también destacó cambios en el funcionamiento del mercado argentino de GLP.

Mencionó una reducción de la burocracia, mayor previsibilidad y libertad operativa y comercial, junto con una focalización de los subsidios destinados a los hogares vulnerables a través del programa Hogar.

A esto sumó el RIGI, al que atribuyó estabilidad por 30 años y vinculó con 23 proyectos aprobados.

La visión planteada desde el Gobierno es que una mayor previsibilidad para las empresas pueda traducirse en más inversiones y crecimiento de la producción.

El potencial exportador argentino también fue analizado desde la perspectiva del mercado internacional.

Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de ARGUS, señaló que el 60% de la demanda mundial de GLP se concentra en Asia Pacífico, principalmente en China e India.

“Es el imán del mundo: cualquier molécula de GLP nueva va a terminar siendo consumida por esta región”.

En ese escenario, consideró que el contexto internacional aumenta la relevancia de la producción de Estados Unidos y América del Sur.

Faldin proyectó que Argentina, con los proyectos actualmente en marcha, podría alcanzar una producción de 8 millones de toneladas anuales hacia 2040 y pasar de una posición cercana al puesto 20 a ubicarse entre los cinco principales exportadores mundiales.

Para lograrlo, señaló que será necesario mejorar la estructura logística y avanzar hacia precios de referencia que permitan mayor transparencia en el mercado.

El consultor principal de World Energy Consultants, LLC, Craig Whitley, aportó una mirada sobre las transformaciones que atraviesa el comercio mundial de GLP.

Recordó que Estados Unidos pasó de ser importador neto en 2010 a convertirse en uno de los principales proveedores internacionales.

En ese escenario, destacó la posición que Argentina ya ocupa en el mercado global y los cambios que podrían producirse a partir de las tensiones geopolíticas.

Whitley señaló que el Golfo Pérsico representa alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de GLP y analizó el impacto que, según su exposición, tuvo el conflicto con Irán sobre los mercados asiáticos.

De acuerdo con su presentación, la reducción de las exportaciones iraníes generó una mayor competencia por cargas y buques disponibles, con impacto sobre los precios y los flujos comerciales.

El especialista sostuvo que las consecuencias de esta disrupción podrían extenderse más allá de 2026 y modificar la dinámica del mercado internacional durante los próximos años.

Las distintas exposiciones coincidieron en un punto: el potencial productivo de Vaca Muerta necesita estar acompañado por infraestructura y capacidad comercial.

Para la Argentina, el crecimiento del GLP puede significar una nueva fuente de exportaciones, ingreso de divisas, inversiones y generación de empleo. Pero para aprovechar esa oportunidad será necesario resolver cuestiones que van desde el procesamiento y almacenamiento hasta el transporte, los puertos y el acceso a mercados internacionales.

El desafío, en definitiva, ya no pasa solamente por extraer más hidrocarburos, sino por construir la cadena necesaria para que esa producción pueda transformarse en valor y llegar de manera competitiva al mundo.

El crecimiento de Vaca Muerta abre una nueva etapa para la industria energética argentina, pero también plantea un desafío: construir la infraestructura necesaria para procesar, transportar y exportar el volumen creciente de hidrocarburos.

Ese fue uno de los principales ejes del Bloque de Productores del Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el Mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Durante el encuentro, referentes de empresas productoras, transportistas y constructoras coincidieron en que el desarrollo de la formación neuquina requiere obras de gran escala, coordinación entre compañías y reglas estables para transformar el excedente de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en una oportunidad exportadora.

El sector midstream ocupa una posición estratégica dentro de la cadena energética: conecta la producción en los yacimientos con las plantas de procesamiento, el transporte y los mercados de consumo y exportación.

Para los especialistas, el crecimiento de Vaca Muerta está llevando a la industria a una nueva escala, donde la capacidad de infraestructura será determinante para aprovechar el potencial productivo.

El CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Oscar Sardi, destacó las inversiones que se están desarrollando y señaló que la expansión de Vaca Muerta exige soluciones para evacuar y procesar la producción.

“La expansión de Vaca Muerta requiere de soluciones para la evacuación de los productos a través del desarrollo de obras. La realidad es que tenemos gas para 150 años, y es por ello que debemos acelerar el proceso de producción de gas mediante la generación de demanda”.

Entre los proyectos mencionados aparece la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que busca incrementar su capacidad en 14 millones de metros cúbicos diarios hasta alcanzar los 35 millones, mediante nuevas plantas compresoras.

El objetivo, según explicó Sardi, es contribuir a reducir importaciones y reemplazar combustibles por producción y trabajo nacional.

Uno de los puntos centrales de la exposición de TGS fue el proyecto integral de NGLs, que contempla una cadena que comienza en Vaca Muerta y llega hasta el puerto de Bahía Blanca.

El proyecto incluye una red de captación, procesamiento en planta, transporte mediante poliductos, fraccionamiento y una terminal portuaria.

Según Sardi, la iniciativa demandará 45 meses de ejecución, con una estimación de 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones anuales proyectadas en US$1.200 millones.

“El proyecto NGLs viabiliza el crecimiento de la producción de crudo de Vaca Muerta, resolviendo la puesta en especificación del gas asociado para el ingreso a los gasoductos troncales y de exportación”, explicó.

También señaló que permitirá generar ingresos adicionales para los productores a partir de la comercialización de los líquidos asociados al gas natural.

Desde YPF, el director de Midstream Gas & GLP, Pedro Locreille, planteó que la Argentina atraviesa una etapa de crecimiento sostenido de la producción de gas y petróleo.

“La producción de gas natural y petróleo está rompiendo récords históricos permanentemente; estamos construyendo el desarrollo de infraestructura a la velocidad de la luz”.

Locreille proyectó además un fuerte crecimiento de la participación argentina en el mercado internacional de GLP.

Según sus estimaciones, el país podría convertirse en el séptimo exportador mundial de GLP en 2031, mientras que hacia 2032 la producción podría llegar a 8,9 millones de toneladas anuales.

“Argentina pasará a ser el séptimo exportador de GLP del planeta en 2031”, sostuvo.

El desafío, explicó, será encontrar mercados para colocar los excedentes. Entre los destinos mencionados aparecen África, India y Asia.

Para Pablo Brottier, director ejecutivo de SACDE, el desarrollo de Vaca Muerta es el resultado de varios factores que confluyeron en los últimos años.

El empresario habló de cuatro “milagros” para explicar el proceso.

El primero, según su descripción, es la propia existencia de Vaca Muerta y su enorme potencial de recursos. El segundo fue la incorporación de tecnología, que permitió alcanzar niveles de productividad comparables con los de Estados Unidos.

El tercero estuvo relacionado con la capacidad de distintas empresas competidoras para trabajar en conjunto.

“El tercero, el más difícil para nuestra idiosincrasia como argentinos, fue ponernos de acuerdo: ver a un conjunto de empresas competidoras deponer egoísmos para unir esfuerzos y construir infraestructura en sinergia”.

Brottier consideró que esa coordinación entre empresas y trabajadores constituye una de las claves del crecimiento alcanzado.

El cuarto “milagro” que planteó el ejecutivo de SACDE está relacionado con el acceso al financiamiento internacional.

“El cuarto milagro pendiente es la capacidad de la Argentina de captar financiamiento internacional a precios competitivos”.

Según su visión, conseguir los recursos necesarios para las grandes obras permitiría ampliar considerablemente la capacidad exportadora del país.

Al mismo tiempo, señaló que la expansión del sector demandará cada vez más profesionales y mano de obra especializada.

El cierre del bloque estuvo a cargo de Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, quien destacó especialmente el cambio en la forma de trabajar dentro de la cadena energética.

“Destaco especialmente la sinergia alcanzada entre productores, transportistas y plantas de procesamiento y fraccionamiento”.

Para Carnicer, la cooperación entre distintos actores de la industria se convirtió en un factor decisivo para acelerar las inversiones y ampliar la infraestructura.

“El sector está trabajando como socio y no como competidor, lo cual constituye la variable principal que permite duplicar la producción y escalar la infraestructura en plazos tan breves”.

El planteo que dejó el seminario es claro: Vaca Muerta ya no enfrenta solamente el desafío de producir más, sino también el de contar con la infraestructura, el financiamiento y los mercados necesarios para convertir ese crecimiento en exportaciones y generación de valor para la Argentina.

La inflación volvió a desacelerarse en agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,7% durante el mes, por debajo del 2,1% de julio y retomando la tendencia descendente que esperaba el Gobierno para la segunda mitad de 2026.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato de agosto confirma una baja de cuatro décimas respecto al mes anterior y mantiene al índice mensual por debajo del 2%, uno de los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Según el informe oficial, la desaceleración se dio pese a aumentos en algunos servicios regulados y en determinados alimentos, que fueron parcialmente compensados por la baja de precios estacionales.

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.

Los principales aumentos estuvieron vinculados a:

Electricidad.

Gas.

Transporte público.

Servicios de medicina prepaga.

En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento mensual del 2,5%.

Aunque no fue el rubro con mayor porcentaje de aumento, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en la inflación mensual en todas las regiones del país por el peso que tiene en el consumo de los hogares.

Dentro de esa categoría se destacaron los aumentos en:

Verduras, tubérculos y legumbres.

Frutas.

Pan y cereales.

El informe del INDEC mostró comportamientos diferentes según el tipo de precios.

Los precios considerados núcleo aumentaron 1,8%, impulsados principalmente por:

Alquileres.

Servicios culturales.

Los precios regulados registraron un incremento del 2,2%, debido principalmente a los ajustes en servicios públicos y transporte.

Los productos estacionales mostraron una caída promedio del 0,9%.

Entre las principales bajas se encontraron:

Paquetes turísticos.

Prendas de vestir.

Sin embargo, esos descensos fueron parcialmente compensados por aumentos en frutas y verduras.

Las divisiones con menor variación durante agosto fueron:

Con el dato de agosto, el panorama inflacionario queda de la siguiente manera:

Inflación de agosto

Acumulada en 2026

Variación interanual

El dato representa una nueva desaceleración mensual y marca el regreso de la inflación a un nivel inferior al 2%, luego del aumento registrado en julio.

Los resultados del Operativo Aprender 2025 muestran avances diferentes según el área. Mientras Lengua alcanzó los mejores resultados de la serie y redujo la desigualdad, Matemática también registró una mejora respecto de 2023, aunque continúa por debajo de los niveles de hace nueve años.

Las conclusiones surgen del cuarto Informe del Indicador de Desigualdad de Aprendizajes, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral a partir de los resultados de sexto grado de primaria entre 2016 y 2025.

El análisis cobra especial relevancia tras la reciente difusión de los resultados de las pruebas PISA 2025, que volvió a poner en discusión cuáles son los factores que favorecen los aprendizajes de los estudiantes argentinos.

En Lengua, los resultados de 2025 marcaron el punto más alto de toda la serie analizada.

Entre los estudiantes que pertenecen al 20% más vulnerable, el porcentaje que alcanzó los aprendizajes mínimos pasó del 55% en 2016 al 67% en 2025.

En el grupo correspondiente al 20% menos vulnerable, el indicador también mejoró: pasó del 84% al 89% durante el mismo período.

La evolución también se reflejó en la brecha entre ambos grupos. El Indicador de Desigualdad de Aprendizajes bajó de 1,5 en 2016 a 1,3 en 2025, su valor más bajo de los últimos diez años.

En términos sencillos, esto significa que por cada estudiante del grupo más vulnerable que alcanza los aprendizajes mínimos en Lengua, lo hacen 1,3 estudiantes del grupo menos vulnerable.

“En Lengua observamos una evolución favorable: mejoraron los aprendizajes y, al mismo tiempo, se redujo la desigualdad entre los estudiantes más y menos vulnerables. En 2025, el indicador alcanza su menor nivel de la última década”, explicó Cecilia Adrogué.

El panorama es diferente en Matemática. Si bien los resultados de 2025 mostraron una mejora respecto de 2023, el desempeño general continúa por debajo del registrado nueve años atrás.

El informe advierte además sobre las diferencias territoriales. En Chaco, Tucumán y San Juan, solo el 34% de los estudiantes más vulnerables alcanza los aprendizajes mínimos en Matemática al finalizar la escuela primaria.

La situación vuelve a poner el foco en la desigualdad educativa y en la necesidad de sostener estrategias que permitan mejorar los aprendizajes, especialmente entre los sectores con mayores dificultades.

Uno de los aspectos destacados por la Universidad Austral a partir de los resultados de PISA 2025 es la percepción que tienen los estudiantes argentinos sobre el acompañamiento de sus docentes.

Cecilia Adrogué, doctora en Economía, profesora titular de la Escuela de Educación de la Universidad Austral e investigadora adjunta del CONICET, señaló que este apoyo aparece como un aspecto positivo en comparación con estudiantes de países de la OCDE.

“Nuestros estudiantes sienten un mayor apoyo por parte de sus maestros y profesores. Este apoyo es un gran predictor de aprendizajes”, sostuvo.

Para la investigadora, ese resultado también permite poner en valor el trabajo cotidiano de los docentes y la importancia de acompañarlos para enfrentar los desafíos que todavía persisten en el sistema educativo.

Los datos de Aprender muestran, así, dos realidades dentro de la educación primaria argentina. En Lengua se observa una evolución favorable, con mejores aprendizajes y una reducción de la brecha entre los estudiantes según su nivel de vulnerabilidad.

En Matemática, en cambio, la mejora respecto de 2023 todavía no alcanza para recuperar los niveles registrados al comienzo de la serie.

El informe de la Universidad Austral plantea de esta manera un escenario en el que la mejora de los aprendizajes y la reducción de las desigualdades avanzan a ritmos diferentes, mientras el acompañamiento docente aparece como uno de los factores que pueden contribuir a sostener los progresos.