El calendario de julio ofrecerá uno de los descansos más esperados del segundo semestre. La combinación del feriado nacional del 9 de julio con un día no laborable con fines turísticos permitirá que una gran cantidad de argentinos pueda disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, una oportunidad ideal para realizar una escapada, visitar familiares o recorrer distintos destinos del país.

El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, fecha en la que se recuerda la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, realizada por el Congreso de Tucumán en 1816. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, la jornada será no laborable en todo el país.

A este feriado se suma el viernes 10 de julio, declarado como día no laborable con fines turísticos, una herramienta prevista por la Ley Nacional 27.399 para fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales.

Para quienes tengan libre el viernes, el descanso se extenderá durante cuatro días:

Cabe recordar que, a diferencia de los feriados nacionales, el día no laborable del viernes 10 queda sujeto a la decisión de cada empleador en el sector privado, por lo que algunas empresas podrán optar por mantener su actividad normal. En la administración pública, en cambio, habitualmente se concede la jornada libre.

Como ocurre cada vez que el calendario ofrece un fin de semana largo, se espera un importante movimiento turístico en distintos puntos del país. Las escapadas de corta duración suelen beneficiar especialmente a destinos cercanos, con propuestas de naturaleza, gastronomía, termas, turismo rural y actividades culturales.

Para los vecinos de Crespo y la región, el descanso también representa una buena oportunidad para recorrer algunos de los atractivos que ofrece Entre Ríos, visitar ciudades cercanas o cruzar a Santa Fe, donde durante las vacaciones de invierno habrá una amplia agenda de espectáculos, paseos y promociones gastronómicas.

Con la llegada del receso invernal y este nuevo fin de semana largo, julio se perfila como uno de los meses con mayor movimiento turístico del año, impulsando la actividad comercial y los servicios vinculados al sector en toda la región.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no modificó uno de los rasgos que continúa caracterizando al escenario político argentino: la fuerte polarización.

Así lo refleja el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, correspondiente a mayo de 2026, que relevó la opinión de 1.315 personas de las 24 jurisdicciones del país y analizó tanto la imagen de los principales dirigentes como la percepción económica de la población.

Según el informe, Santilli inicia su gestión con una imagen negativa del 50,6%, mientras que el 36,7% de los consultados tiene una valoración positiva. El resto manifestó una opinión neutra o no respondió.

La comparación con su antecesor, Manuel Adorni, muestra una diferencia importante: el exvocero presidencial dejó el cargo con una imagen negativa del 73,6%, uno de los registros más elevados del estudio.

El relevamiento señala que la valoración de Santilli cambia drásticamente según la pertenencia política de cada encuestado.

Entre quienes votaron a Javier Milei en el balotaje presidencial de 2023, casi dos de cada tres consultados tienen una imagen positiva del actual jefe de Gabinete.

En cambio, entre quienes apoyaron a Sergio Massa, más del 90% expresó una opinión negativa.

La misma tendencia aparece cuando se toma como referencia el voto en las elecciones legislativas de 2025: el 80,5% de los votantes de La Libertad Avanza lo valora positivamente, mientras que un porcentaje similar de quienes respaldaron a fuerzas opositoras tiene una percepción negativa.

Para los autores del informe, estos datos muestran que Santilli no logró construir una imagen transversal pese a provenir del PRO, espacio que históricamente buscó captar votantes por fuera de las identidades más polarizadas.

El estudio también identifica diferencias según las características sociales de los consultados.

La imagen positiva del funcionario crece entre las personas mayores de 60 años y en los sectores de ingresos medios y altos, mientras que registra sus peores indicadores entre los menores de 40 años y los sectores de menores recursos.

En este último segmento, la imagen negativa alcanza el 62,8%, el porcentaje más alto observado entre todas las variables analizadas.

Más allá de la valoración de los dirigentes, el informe confirma que las preocupaciones económicas continúan dominando la agenda de los argentinos.

Sin embargo, las prioridades cambian según la posición política de cada entrevistado.

Entre quienes votaron a La Libertad Avanza, la principal inquietud son las deudas personales, seguida por la corrupción y la incertidumbre económica.

En cambio, entre los votantes de la oposición predominan la incertidumbre económica, la pérdida del poder adquisitivo y los ingresos familiares, mientras que la corrupción también aparece entre las principales preocupaciones.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento está relacionado con la percepción del poder de compra.

Solo el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su salario está superando a la inflación.

Entre quienes se identifican con la oposición, ese porcentaje cae prácticamente a cero: apenas el 0,9% cree que sus ingresos logran ganarle al aumento de los precios.

La encuesta también muestra diferencias en la capacidad de llegar a fin de mes.

Mientras poco más de la mitad de los votantes oficialistas afirma que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, entre los votantes opositores esa situación afecta a casi tres de cada cuatro consultados.

Asimismo, el margen para ahorrar resulta muy reducido: solo el 18,5% de los votantes oficialistas asegura llegar a fin de mes con capacidad de ahorro, porcentaje que desciende al 3,9% entre quienes respaldan a la oposición.

A partir de estos resultados, la consultora concluye que el nuevo jefe de Gabinete asume en un contexto complejo, donde conviven una imagen pública fuertemente condicionada por la polarización política y una sociedad atravesada por preocupaciones económicas que afectan tanto a oficialistas como a opositores, aunque con prioridades diferentes.

El Monitor de Opinión Pública fue elaborado por la consultora Zentrix entre el 15 y el 22 de mayo de 2026 mediante una encuesta autoadministrada por internet.

La muestra incluyó 1.315 casos distribuidos en todo el país y fue ponderada por sexo, edad y región para reflejar la composición del padrón electoral nacional.

No obstante, los propios responsables del informe aclaran que, al tratarse de una muestra no probabilística, los resultados representan tendencias de alcance nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.

Los retos virales se convirtieron en una práctica habitual para una parte importante de los adolescentes argentinos. Sin embargo, detrás de estos desafíos que circulan por plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y WhatsApp, especialistas advierten que pueden esconderse riesgos para la salud física, mental y emocional, especialmente cuando están impulsados por la necesidad de aceptación social.

Así lo revela una investigación publicada en la revista científica internacional Youth & Society, realizada sobre una muestra de 848 adolescentes argentinos de entre 11 y 17 años. El trabajo detectó una asociación entre la participación en retos virales y mayores niveles de adicción digital, particularmente vinculados al uso problemático de Instagram e internet.

Los resultados muestran que el fenómeno tiene una presencia significativa entre los jóvenes. El 14% de los encuestados afirmó haber realizado uno o dos retos virales durante el último año, mientras que un 5% participó en tres o cuatro desafíos y un 6% aseguró haber realizado cinco o más. En total, uno de cada cuatro adolescentes reconoció haber participado al menos una vez en este tipo de contenidos durante los últimos doce meses.

Los investigadores aclaran que no todos los retos virales son perjudiciales. Muchos consisten en desafíos recreativos o solidarios. Sin embargo, algunos implican conductas de alto riesgo, como privación del sueño, autolesiones o prácticas de autosofocación que, en distintos países, incluso provocaron la muerte de niños y adolescentes.

"Más que prohibir las nuevas tecnologías o dar sermones moralizantes, es necesario enseñar a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones", sostuvo Santiago Resett, investigador independiente del CONICET-Universidad Austral y docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). En ese sentido, propone que familias y educadores promuevan preguntas que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico sobre el contenido que los adolescentes publican y consumen.

El estudio también identificó que la búsqueda de aceptación y pertenencia desempeña un papel central en este fenómeno. Un 11% de los adolescentes manifestó que disfruta que otras personas imiten los desafíos que comparte, mientras que un 6% afirmó que le gusta participar en retos junto a otros para sentirse parte de un grupo.

Desde el punto de vista estadístico, la investigación encontró una correlación positiva entre la motivación social para participar en retos virales y el uso problemático de internet (r=0,376). Además, detectó otra asociación entre la satisfacción obtenida al realizar estos desafíos y la adicción a Instagram (r=0,365). Si bien estos datos no prueban una relación de causa y efecto, sí muestran que ambas conductas tienden a presentarse conjuntamente.

Los autores identificaron dos factores principales que impulsan la participación en los retos virales: la satisfacción personal que generan y la presión o influencia del grupo de pares. En la adolescencia, etapa donde la construcción de la identidad y el reconocimiento social adquieren un fuerte protagonismo, las redes sociales potencian estos mecanismos mediante la búsqueda constante de visualizaciones, "me gusta" y comentarios.

El trabajo también recuerda el alto nivel de penetración que tienen las plataformas digitales entre los jóvenes argentinos. Según los datos citados, YouTube alcanza al 95% de los adolescentes y jóvenes, mientras que TikTok registra una presencia del 67% e Instagram del 62%. De acuerdo con Resett, diversas investigaciones señalan que estas dos últimas aplicaciones presentan un mayor potencial adictivo en comparación con otras redes sociales.

Como conclusión, los investigadores sostienen que la mejor estrategia de prevención pasa por fortalecer la educación digital tanto en las familias como en las escuelas. El objetivo, afirman, no es demonizar la tecnología, sino acompañar a los adolescentes para que desarrollen un uso más consciente, responsable y crítico de las redes sociales y puedan identificar cuándo un reto viral deja de ser un juego para convertirse en una conducta de riesgo.

El Gobierno nacional modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas con el objetivo de facilitar el acceso a equipamiento industrial proveniente del exterior y agilizar los trámites administrativos vinculados a este tipo de inversiones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y actualiza el esquema vigente desde 2016 para adecuarlo a la actual política comercial e industrial.

Entre los principales cambios, se destacan beneficios arancelarios, una reducción de requisitos para las empresas y la incorporación de mecanismos destinados a acelerar los procedimientos administrativos.

Según la nueva normativa, los bienes alcanzados por el régimen abonarán únicamente el 25% del arancel de importación y quedarán exentos del pago de la tasa de estadística y de la tasa de comprobación de destino.

Además, se amplía el alcance del régimen al redefinir el concepto de línea de producción usada. A partir de ahora, podrán acceder al beneficio empresas que desarrollen proyectos de mejora de competitividad y que importen maquinaria destinada a instalar nuevas plantas industriales, ampliar la capacidad productiva o modernizar procesos existentes.

Otra de las modificaciones relevantes elimina la exigencia de que el componente principal de una línea de producción sea usado. También se incorporan al régimen las líneas destinadas a la generación de energía eléctrica y los denominados almacenes inteligentes.

En cuanto a la antigüedad de los equipos, se amplía hasta 30 años el límite permitido para bienes reconstruidos o actualizados.

La normativa reduce del 30% al 10% la obligación de adquirir bienes nacionales vinculados al proyecto. Esa compra deberá concretarse dentro del año siguiente a la aprobación de la iniciativa.

Por otra parte, las auditorías tradicionales serán reemplazadas por un sistema de rendición de cuentas elaborado por profesionales certificados, con el objetivo de disminuir tiempos y costos administrativos.

Para agilizar las operaciones, las empresas podrán obtener una Constancia de Expediente en Trámite (CET), que les permitirá importar los bienes antes de la resolución definitiva del expediente, siempre que constituyan las garantías aduaneras correspondientes.

La reforma también incorpora mayores exigencias para quienes accedan al régimen. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ejecutar las garantías presentadas por las empresas en casos de incumplimiento, falta de documentación o utilización indebida de la CET.

Asimismo, se establecen multas equivalentes al 20% de los tributos no abonados, a las que se sumarán intereses y un cargo punitorio del 2% mensual.

La nueva normativa entrará en vigencia este miércoles 24 de junio y también alcanzará a los expedientes que aún tengan pendientes procesos de liberación o ejecución de garantías, con el propósito de unificar las reglas para todas las gestiones en curso.

La Secretaría de Energía de la Nación autorizó la incorporación de dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicados en las provincias de La Rioja y Mendoza. En conjunto, los emprendimientos sumarán 105,36 megavatios de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Uno de los proyectos es Arauco Solar V, desarrollado por la empresa Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. en la provincia de La Rioja. La planta contará con una capacidad instalada de 79,92 megavatios y se conectará a la red nacional a través de las barras de 132 kilovoltios de la Estación Transformadora Arauco II, operada por Transnoa S.A.

El segundo emprendimiento corresponde al parque solar Costa de Araujo, perteneciente a la firma AFR Solar S.A. y ubicado en el departamento de Lavalle, Mendoza. La central funcionará con una potencia autorizada de 25,44 megavatios y se vinculará al sistema eléctrico mediante las barras de 66 kV de la nueva Estación Transformadora Costa de Araujo, bajo jurisdicción de Edem S.A.

La medida fue oficializada este martes mediante las resoluciones 138/2026 y 139/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial.

Según se informó, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) verificó que ambos proyectos cumplen con los requisitos técnicos necesarios para operar dentro del MEM.

En el caso del parque mendocino, la empresa había solicitado inicialmente una potencia superior, aunque finalmente la autorización quedó establecida en 25,44 megavatios.

Las resoluciones también establecen que cualquier sobrecosto o penalidad derivada de eventuales indisponibilidades técnicas deberá ser asumida por las empresas titulares de cada emprendimiento.

Con estas incorporaciones, el sistema eléctrico nacional suma nueva capacidad de generación renovable, en línea con el avance de proyectos vinculados a la energía solar en distintas regiones del país.

La reciente caída del precio internacional del petróleo volvió a poner en debate la evolución de los combustibles en Argentina. Mientras que los aumentos registrados durante los últimos meses estuvieron asociados al encarecimiento del crudo, especialistas plantean ahora una pregunta clave: ¿los valores en los surtidores reflejarán también la baja del mercado internacional?

El planteo surge de un análisis realizado por Roberto Carnicer, quien sostiene que la discusión no debería centrarse únicamente en los incrementos aplicados cuando subió el petróleo, sino también en la posibilidad de que exista una reacción similar cuando el valor del barril desciende.

Según el especialista, la caída más significativa del petróleo ocurrió en los últimos días posteriores al 12 de junio, cuando los mercados comenzaron a anticipar una posible normalización de la oferta internacional.

Por ese motivo, considera que el análisis debe dividirse en dos etapas: por un lado, el período previo al 12 de junio, durante el cual el petróleo se mantuvo en niveles elevados; y por otro, la baja registrada posteriormente, cuyo impacto sobre los combustibles todavía está por verse.

“La baja relevante del petróleo no se distribuye a lo largo de los últimos meses, sino que se concentra en pocos días”, explicó.

Los datos analizados muestran que entre febrero y marzo el precio del petróleo WTI experimentó un aumento del 41,7%, mientras que el valor de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires subió un 24,2%.

Esto implica que el incremento en los surtidores representó aproximadamente el 58% de la suba registrada por el crudo.

Para Carnicer, ese dato demuestra que el traslado de los costos internacionales hacia el consumidor fue parcial y estuvo concentrado principalmente durante marzo. En los meses siguientes, los precios locales mostraron escasas variaciones pese a que el petróleo continuó operando en niveles elevados.

El informe sostiene que durante abril y mayo no se observó una correspondencia automática entre el valor internacional del petróleo y el precio de la nafta.

Según el análisis, distintos factores —como estrategias comerciales, márgenes empresariales, estructura impositiva o mecanismos de estabilización— contribuyeron a amortiguar el impacto del aumento del crudo sobre los surtidores.

A partir de esa situación, el especialista considera que tampoco puede esperarse una reducción automática cuando baja el petróleo, aunque entiende que el escenario habilita una discusión razonable sobre posibles ajustes.

El estudio calcula que el precio del barril WTI cayó cerca de un 9,8% entre el 12 y el 17 de junio, pasando de 84,88 a 76,54 dólares.

Si se aplicara la misma proporción de traslado observada durante marzo, existiría un margen teórico para una reducción cercana a 117 pesos por litro en el precio de la nafta súper.

En un escenario hipotético donde la baja del petróleo se trasladara completamente al consumidor, la reducción podría acercarse a los 200 pesos por litro. Sin embargo, el informe aclara que se trata de estimaciones teóricas, ya que el precio final de los combustibles depende también de impuestos, costos logísticos, refinación, comercialización y otras variables.

Para Carnicer, el punto central es la necesidad de mantener cierta coherencia entre los movimientos del mercado internacional y los precios locales.

“Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja”, sostuvo.

El especialista remarcó además que los combustibles tienen una influencia directa sobre la economía cotidiana, ya que impactan en los costos del transporte, la logística, la producción y las expectativas inflacionarias.

Por eso, considera que la reciente caída del crudo abre una oportunidad para revisar los valores vigentes o, al menos, evitar nuevos aumentos mientras el mercado petrolero se estabiliza.

La conclusión del informe es que los incrementos aplicados durante marzo absorbieron solo una parte del aumento internacional del petróleo y que posteriormente los precios locales permanecieron relativamente contenidos.

No obstante, la baja observada en junio abre un nuevo escenario y alimenta las expectativas de consumidores y sectores productivos, que seguirán de cerca las decisiones de las petroleras y la evolución del mercado energético en las próximas semanas.

La desaceleración de la inflación registrada en los últimos meses ha generado cierta expectativa sobre una posible recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, la realidad cotidiana de millones de hogares argentinos continúa marcada por un costo de vida elevado, que obliga a reorganizar presupuestos y priorizar gastos esenciales.

Los datos más recientes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó en mayo ingresos por al menos $1.469.768 para no ser considerada pobre.

Se trata del valor de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que contempla los gastos mínimos necesarios para cubrir alimentación, transporte, educación, salud, vestimenta y otros bienes y servicios básicos.

Por debajo de ese monto, el hogar queda estadísticamente ubicado bajo la línea de pobreza.

La situación resulta aún más gráfica cuando se analiza la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla únicamente los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.

Según el INDEC, una familia tipo necesitó $665.053 mensuales para no caer en la indigencia.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que estos cálculos no contemplan uno de los gastos más importantes para miles de hogares: el alquiler. Para quienes no poseen vivienda propia, el costo real de subsistencia resulta considerablemente superior.

Si bien los datos nacionales permiten medir la pobreza, los organismos estadísticos también analizan cuánto dinero requiere una familia para mantener un nivel de vida considerado de clase media.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el costo de vida suele ubicarse por encima del promedio nacional, un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $2.450.044 mensuales para ser considerado dentro de ese sector social.

Por debajo de esa cifra aparecen distintos niveles de vulnerabilidad económica, incluso entre familias que logran superar la línea de pobreza.

Los informes oficiales distinguen una amplia franja de hogares que, pese a cubrir sus necesidades básicas, permanecen expuestos a cualquier imprevisto económico, como aumentos tarifarios, problemas de salud o pérdida de ingresos.

Otro indicador que refleja el impacto económico sobre las familias es la denominada Canasta de Crianza, elaborada por el INDEC para estimar cuánto cuesta sostener a niños y adolescentes en distintas etapas de crecimiento.

Los valores actuales muestran diferencias significativas según la edad:

El cálculo contempla tanto los bienes necesarios para el desarrollo de los menores como el tiempo destinado a su cuidado, un aspecto que muchas veces permanece invisibilizado en las estadísticas tradicionales.

Más allá de las particularidades de cada hogar, existen rubros que concentran la mayor parte del presupuesto familiar.

Entre ellos se destacan los alimentos, la vivienda, los servicios públicos, el transporte, la educación, la salud, las comunicaciones y la indumentaria.

En numerosos casos, estos gastos absorben más del 80% de los ingresos mensuales, reduciendo significativamente la capacidad de ahorro y limitando otras posibilidades de consumo.

Diversos estudios coinciden en que uno de los fenómenos más notorios de los últimos años es la dificultad de amplios sectores de la clase media para sostener hábitos que anteriormente formaban parte de su vida cotidiana.

Las vacaciones, la renovación de vehículos o electrodomésticos, las actividades recreativas y el ahorro para proyectos futuros son algunos de los consumos que comenzaron a postergarse en muchos hogares.

Esta situación explica por qué numerosas familias que no se encuentran bajo la línea de pobreza perciben igualmente una pérdida de bienestar económico.

La evolución de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales continúa siendo determinante para la capacidad de compra de la población.

Cada incremento en alimentos, transporte, combustibles o servicios impacta de manera directa sobre los hogares con ingresos fijos, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue ubicándose en niveles elevados.

Por esa razón, especialistas en economía familiar recomiendan planificar gastos, elaborar presupuestos y comparar precios como herramientas cada vez más necesarias para administrar los recursos disponibles.

Mientras los indicadores muestran una desaceleración de la inflación, la realidad de las familias sigue marcada por una pregunta que continúa ocupando el centro de las preocupaciones cotidianas: cuánto dinero se necesita para llegar a fin de mes y sostener una calidad de vida acorde a las expectativas de cada hogar.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2 por ciento.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había sido del 2,6 por ciento, y consolida una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4 por ciento.

Entre las divisiones que más subieron durante mayo se destacó Comunicación, con un incremento del 3,4 por ciento impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, que registró una variación del 2,9 por ciento.

Por el contrario, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con el 0,3 por ciento, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzaron un 0,8 por ciento.

Al analizar la evolución por categorías, los precios estacionales fueron los que registraron el mayor incremento, con una suba del 3,5 por ciento.

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo vinculado principalmente al aumento de algunas verduras, parcialmente compensado por la baja en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,4 por ciento, mientras que la denominada inflación núcleo se ubicó en el 1,9 por ciento, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2 por ciento.

El resultado informado por el INDEC se ubicó levemente por debajo de las proyecciones que manejaba el mercado. Diversas consultoras privadas estimaban una inflación para mayo de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la tendencia de desaceleración podría continuar durante los próximos meses y la inflación mensual descendería por debajo del 2 por ciento hacia agosto.

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que uno de los factores que contribuyó a moderar la suba de precios fue el limitado impacto que tuvo el ajuste de los combustibles durante mayo, sumado al mantenimiento de la estabilidad cambiaria y fiscal.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habitualmente funciona como un anticipo de la medición nacional, también había mostrado una desaceleración al registrar un incremento del 2,1 por ciento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la convergencia hacia niveles de inflación similares a los internacionales es un proceso que continuará en los próximos meses.

No obstante, algunos analistas advierten que el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la evolución de la actividad económica.

En ese sentido, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el escenario macroeconómico luce más estable que meses atrás, aunque señaló que la recuperación de la economía continúa siendo desigual entre sectores y presenta fluctuaciones que todavía generan incertidumbre.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en materia inflacionaria, mientras la atención se concentra ahora en la capacidad de la economía para consolidar una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.

Según el relevamiento realizado sobre más de 750 empresas de todo el país, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se ubicó en +6%, un indicador que surge de la diferencia entre las organizaciones que prevén incorporar personal y aquellas que anticipan reducciones en sus plantillas.

El resultado representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, aunque se mantiene prácticamente estable en comparación con el mismo período del año pasado.

Los datos indican que el 33% de los empleadores planea aumentar su dotación de personal durante el próximo trimestre, mientras que el 29% prevé reducirla. Por otra parte, el 36% no espera realizar cambios y un 2% manifestó no tener una decisión definida.

Desde ManpowerGroup señalaron que el mercado laboral atraviesa una etapa de mayor prudencia, con procesos de contratación más selectivos y una tendencia a postergar decisiones de incorporación de personal en diversos sectores de la economía.

De las once actividades económicas relevadas, nueve muestran expectativas positivas de contratación para los próximos meses.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales encabeza las previsiones de crecimiento, con una expectativa neta de empleo del 30%. Le siguen la industria Automotriz, con 25%, y Tecnología y Servicios de TI, con 22%.

En el otro extremo aparecen los sectores de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registran una expectativa negativa de -8%, y Finanzas y Seguros, con -2%.

El informe también destaca que las expectativas se debilitaron en siete de los once sectores analizados respecto del trimestre anterior, aunque en la comparación interanual seis actividades muestran mejoras.

Uno de los avances más significativos se observa en Tecnología y Servicios de TI, que registró un incremento de 28 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

A nivel regional, las mayores expectativas de contratación se observan en el Noroeste Argentino (NOA), con una ENE de +17%. Detrás se ubican Patagonia (+14%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con +7%.

Por el contrario, la región Pampeana presenta la proyección más baja, con una expectativa negativa de -2%, mientras que Cuyo muestra un escenario neutral.

Respecto al trimestre anterior, las intenciones de contratación disminuyeron en cinco de las seis regiones relevadas. La mayor caída se registró precisamente en la región Pampeana, que retrocedió 15 puntos porcentuales.

El informe también compara la situación local con otros mercados de la región. En América, los doce países analizados presentan expectativas positivas de contratación para el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, Argentina aparece con el nivel más bajo de la región, con una expectativa neta de empleo del 6%. Por encima se ubican Panamá (+11%), Chile (+12%), Costa Rica (+36%), Brasil (+37%) y Estados Unidos (+45%), entre otros.

A escala global, las previsiones de contratación resultan positivas en 46 de los 49 países y territorios incluidos en el relevamiento.

Los resultados reflejan un mercado laboral que continúa mostrando capacidad de generar empleo, aunque con un ritmo más moderado y concentrado en sectores específicos de la economía, en un contexto donde las empresas priorizan la cautela a la hora de definir nuevas incorporaciones.

De esta manera, las categorías actuales seguirán rigiendo durante las próximas semanas y, en principio, también durante gran parte de julio, hasta que se concrete la recategorización semestral prevista por el organismo nacional.

Actualmente, el régimen simplificado contempla once categorías, identificadas de la A a la K. El límite máximo de facturación anual para permanecer dentro del sistema es de $108.357.084,05, correspondiente a la categoría más alta.

Los topes de facturación anual actualmente en vigencia son los siguientes:

La próxima actualización de las escalas se realizará tomando como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Según estimaciones basadas en los datos oficiales ya publicados y en proyecciones privadas para los meses restantes del período, el ajuste podría ubicarse en torno al 17,2%.

La recategorización semestral se habilitaría a mediados de julio, entre los días 14 y 15, aunque los nuevos parámetros no tendrían impacto inmediato en los pagos mensuales. En ese sentido, los valores actualizados comenzarían a regir recién a partir de agosto.

Además de modificar los límites de facturación de cada categoría, la actualización también implicará cambios en los importes mensuales que deben abonar los monotributistas. El porcentaje definitivo se conocerá una vez que el INDEC publique el índice de inflación correspondiente al mes de junio.

Mientras tanto, los contribuyentes deberán seguir utilizando las escalas vigentes para determinar su situación dentro del régimen simplificado y cumplir con las obligaciones correspondientes.

En el caso del nordeste argentino, la empresa GasNea S.A. aplicará los nuevos cuadros tarifarios con valores diferenciados según la provincia. De acuerdo con las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), establece que el precio del metro cúbico para usuarios residenciales sobre las tarifas plenas sin subsidios (decreto N° 943/2025) oscilarán entre los $452,63 en Corrientes; $458,47 en Misiones; $502,93 en Formosa y $463,51 en Chaco.

Las disposiciones también actualizan el valor del gas propano indiluido distribuido por redes, un sistema utilizado en localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional. Siguiendo lineamientos de la Secretaría de Energía, el organismo regulador fijó el precio de este insumo en el 60% del valor calculado mediante los mecanismos técnicos vigentes.

Según se informó, el objetivo es unificar criterios tarifarios y adecuar los costos de abastecimiento en las zonas que dependen de este combustible alternativo.

Asimismo, se mantendrá la obligación de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el propósito de preservar la asistencia estatal para los sectores de menores ingresos.

Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia desde su publicación oficial. No obstante, las distribuidoras deberán difundir los valores actualizados durante al menos tres días en medios gráficos de amplia circulación dentro de sus áreas de concesión, garantizando así el acceso a la información por parte de los usuarios.

La actualización forma parte del esquema de recomposición tarifaria que viene implementando el Gobierno nacional para los servicios energéticos y que continuará desarrollándose durante los próximos meses.

El Gobierno Nacional, mediante el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció este viernes que envió al Congreso una reforma sobre la Ley de Sociedades, la cual busca que las empresas tengan menos controles.

Esto se suma al conjunto de proyectos que envió el Gobierno al Congreso en los últimos días. Entre ellos figuran el "Súper RIGI", la Ley de lobby, la Ley de Ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los puntos centrales de la Ley de Sociedades y el impacto que generará.

"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".

A través de sus redes, el funcionario indicó que se termina la "tutela del Estado" sobre "cómo los socios organizan sus negocios". En ese sentido, las normas de ley pasan a ser "supletorias", donde el estatuto manda.

"Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite", afirmó Sturzenegger.

Otro tramo de la ley elimina las trabas burocráticas de los registros, en donde el objeto social "podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades". "Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos".

También le otorga libertad a las empresas para que elijan si desean someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia.

"Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina".

La digitalización entra como eje central: a partir de su aprobación, permitirá a las sociedades pasar a una "digitalización plena", con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Según el ministro, el expediente en papel "queda en la historia".

La Inteligencia Artificial (IA) gana terreno y se introduce la "Sociedad Automatizada". La opera mediante algoritmos o IA "sin requerir empleados para su operación ordinaria".

A su vez presenta las "DAO", las cuales funcionan de manera total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. "Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", detalló Sturzenegger.

Estos fueron algunos de los puntos más importantes que enumeró el ministro, quien adelantó que la modificación de la ley "tiene un sin número de otras modernizaciones".

Finalmente, el ministro desregulador sentenció que la Ley de Sociedades lleva "el ámbito de libertad al derecho societario".__IP__

"Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", concluyó.

Según el Índice General de Actividad (IGA), la actividad económica se mantuvo sin variaciones en comparación con abril del año pasado y registró una caída del 0,7% respecto de marzo. Con estos números, el primer cuatrimestre del año acumula una baja del 0,3%.

Desde la consultora señalaron que “la actividad sigue mostrando una evolución oscilante”, luego del fuerte crecimiento observado el mes anterior. El comportamiento desigual entre rubros continúa siendo una de las principales características del escenario económico actual.

Entre los sectores con mejor desempeño se ubicaron minas y canteras, con un crecimiento interanual del 7,3%, y electricidad, gas y agua, que avanzó un 7,2%.

En contrapartida, la industria manufacturera volvió a exhibir números negativos, con una caída del 2%, mientras que el comercio retrocedió 2,4%.

El informe remarca que ambos sectores continúan siendo los más afectados por la desaceleración económica. En ese sentido, se destacaron fuertes bajas en algunos indicadores específicos, como la producción automotriz, que cayó 17,5%, y los despachos de cemento, con una retracción del 13,1%.

Por otro lado, el sector agropecuario mostró una mejora interanual del 3,6%, aunque con comportamientos diferentes hacia el interior de la actividad. Mientras algunas áreas lograron sostener el crecimiento, la ganadería registró una caída significativa del 11,9%, vinculada principalmente a la retención de hacienda.

El estudio también analiza las perspectivas para los próximos meses. Desde la consultora consideran que una eventual desaceleración de la inflación podría generar una recuperación gradual en los ingresos de las familias y mejorar la confianza de los consumidores.

Sin embargo, advirtieron que no esperan cambios inmediatos en la actual “dinámica de marcha a dos velocidades”, donde algunos sectores muestran señales de recuperación mientras otros continúan afectados por la caída del consumo y la retracción de la actividad productiva.

El Índice General de Actividad que elabora la consultora se construye a partir de 122 series estadísticas y busca anticipar la evolución de la economía nacional con menor demora que otros indicadores oficiales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema mediante el cual el Estado nacional reconocía parcialmente a las empresas el costo de esos boletos establecidos por ley.

Hasta ahora, ese sistema alcanzaba a beneficiarios contemplados en distintas normativas nacionales: personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y niños bajo tratamiento oncológico.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y respondía a un modelo de fuerte intervención estatal sobre el sistema de transporte.

Con la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las empresas ahora cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían incorporar ese costo dentro de su estructura operativa.

En otras palabras: el Estado deja de compensar económicamente a las empresas, pero mantiene la obligación legal de otorgar esos pasajes gratuitos.

La nueva resolución no elimina el derecho de acceso gratuito al transporte para los sectores protegidos por ley.

Las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer seguirán pudiendo solicitar pasajes sin cargo en micros de larga distancia, tal como lo establecen las leyes nacionales vigentes.

Desde Nación remarcaron que el cambio impacta exclusivamente en la relación financiera con los operadores privados, no en los derechos de los pasajeros.

La decisión genera atención en provincias como Entre Ríos, donde miles de usuarios dependen del transporte terrestre de larga distancia para tratamientos médicos, trámites y derivaciones hacia centros de mayor complejidad.

Ciudades como Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y La Paz mantienen una fuerte conexión terrestre con centros sanitarios de referencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, destinos habituales para pacientes oncológicos, trasplantados o personas con discapacidad que requieren atención especializada.

En ese contexto, la preocupación podría centrarse en dos puntos:

Al dejar de percibir la compensación estatal, las compañías podrían absorber internamente ese costo operativo. Aunque la normativa las obliga a seguir otorgando los pasajes, el sector privado podría plantear reclamos o advertir sobre impacto económico, especialmente en corredores de menor rentabilidad.

En una provincia donde el micro de larga distancia continúa siendo clave para conectar localidades medianas y pequeñas con grandes centros urbanos, el acceso efectivo al beneficio dependerá del control estatal.

Por eso, la resolución encomienda a la CNRT mantener las tareas de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la entrega de boletos gratuitos.

En Entre Ríos, muchas familias utilizan este beneficio para viajes frecuentes vinculados a tratamientos médicos complejos, rehabilitación, controles o derivaciones sanitarias fuera de la provincia.

Si bien el Gobierno asegura que no se pierde el derecho, el desafío será verificar si el nuevo esquema se traduce en un acceso normal al servicio o si aparecen dificultades operativas, demoras o restricciones informales en la asignación de pasajes.

Por ahora, la gratuidad continúa vigente. Pero el impacto real de la medida comenzará a observarse en los próximos meses, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre sigue siendo una herramienta esencial de conectividad social y sanitaria.

La propuesta ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que justifican su eliminación.

De avanzar en el Congreso, la derogación implicaría la eliminación total del sistema actual de rotulado frontal, incluyendo los octógonos negros de advertencia que figuran en los envases de alimentos y bebidas. También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en los empaques y las regulaciones en entornos escolares.

Entre los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que el modelo actual aplica criterios uniformes sobre alimentos de características muy distintas, sin contemplar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.

Según argumenta la Casa Rosada, esta metodología puede generar situaciones en las que alimentos tradicionales o considerados saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, provocando interpretaciones simplificadas o confusión entre los consumidores.

Otro de los puntos señalados es la estructura “binaria” del sistema, ya que el etiquetado actual sólo determina si un producto lleva o no advertencias, sin contemplar mejoras parciales o progresivas en la formulación nutricional realizadas por la industria.

El proyecto también expone diferencias regulatorias dentro del Mercosur. El Ejecutivo advierte que la falta de un criterio armonizado en materia de rotulado frontal obliga a las empresas a fabricar envases diferenciados, generando mayores costos operativos.

En ese marco, sostienen que las principales afectadas serían las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos de adaptación más elevados en proporción a su escala de producción, situación que —según el mensaje oficial— podría favorecer una mayor concentración del mercado.

Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a la rigidez de la ley vigente. Desde el Gobierno consideran que varios aspectos técnicos y metodológicos quedaron fijados dentro del propio texto legal, lo que dificulta adaptar el sistema con rapidez a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la eventual derogación no eliminaría la obligación de brindar información nutricional en los envases. La declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguiría vigente a través del Código Alimentario Argentino y del sistema armonizado del Mercosur, además de las normativas vinculadas a defensa del consumidor y lealtad comercial.

Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que definió como “más consistente, uniforme y adaptable”.

A sus 84 años, Julio Bárbaro mantiene una voz activa dentro del debate político argentino. Con una mirada crítica y directa, el histórico referente del justicialismo analizó el escenario nacional, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y se refirió al presente y futuro del peronismo.

En declaraciones a Debate Abierto Radio, el dirigente sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte tensión política, deterioro social y pérdida de cohesión institucional.

Bárbaro fue particularmente duro al analizar la administración nacional y consideró que el Gobierno comienza a mostrar señales de desgaste y contradicciones internas.

Según expresó, la gestión atraviesa un proceso de reconocimiento progresivo de sus propias dificultades, reflejado —a su entender— en tensiones dentro del gabinete nacional.

“Se está viendo una fractura interna donde la culpa siempre la tiene el otro”, planteó.

El dirigente también cuestionó el impacto social de las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Sostuvo que el actual rumbo económico profundizó las desigualdades y generó un aumento de la vulnerabilidad social.

Entre sus críticas, apuntó especialmente a decisiones vinculadas a la política fiscal y al impacto que, según consideró, tienen sobre distintos sectores de la sociedad.

Otro de los puntos abordados por Bárbaro fue el discurso del presidente Javier Milei respecto a la historia económica argentina.

El referente peronista rechazó la idea de que el país haya sido una potencia en términos sociales durante etapas pasadas.

Si bien reconoció el peso económico que tuvo Argentina como exportador agropecuario, señaló que ese modelo convivía con profundas desigualdades sociales.

“La Argentina fue grande cuando los argentinos fuimos integrados en sociedad”, afirmó.

Además, recordó etapas del país que, según su visión, estuvieron marcadas por mayor cohesión social y una infraestructura pública que hoy considera en riesgo frente a procesos de privatización o desinversión.

Bárbaro también analizó la actualidad del Partido Justicialista, donde planteó la necesidad de una renovación política.

Sostuvo que el sistema político argentino atraviesa transformaciones profundas y que los partidos tradicionales perdieron parte de su estructura e identidad.

En ese contexto, consideró que el peronismo necesita construir una nueva etapa.

En relación con liderazgos recientes del espacio, expresó una mirada crítica sobre el desgaste de figuras que marcaron el último ciclo político del PJ.

Dentro del escenario opositor, Bárbaro mencionó a Axel Kicillof como una figura con proyección dentro del peronismo.

Lo definió como uno de los dirigentes con condiciones para encabezar una renovación política, aunque consideró que cualquier nueva construcción deberá diferenciarse de etapas previas y construir una identidad propia.

Su análisis se inscribe dentro del debate abierto que atraviesa el peronismo sobre liderazgo, renovación y reconstrucción electoral.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la defensa del rol estatal.

Bárbaro remarcó que el Estado debe funcionar como herramienta de protección y organización social.

Según expresó, su función principal debería estar vinculada a garantizar derechos y acompañar al ciudadano, especialmente en contextos de crisis.

En esa línea, cuestionó con dureza las propuestas de privatización y advirtió sobre el riesgo de trasladar al sector privado áreas construidas históricamente con inversión pública.

Las declaraciones de Julio Bárbaro vuelven a reflejar el debate político abierto en torno al rumbo económico del país, el rol del Estado y la reconfiguración de los espacios partidarios tradicionales.

Con críticas al gobierno nacional y una mirada sobre la necesidad de renovación dentro del peronismo, el dirigente planteó una discusión que atraviesa buena parte de la agenda política actual.

Los reconocimientos fueron obtenidos por dos proyectos independientes del interior del país: Cervecería Okcidenta, de Santa Fe, y Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, que lograron hitos inéditos para sus regiones y para la cerveza artesanal argentina dentro del máximo certamen mundial.

La edición 2026 de la World Beer Cup se desarrolló en Filadelfia, Estados Unidos, con la participación de 1.644 cervecerías y 255 jueces especializados de 38 países, quienes evaluaron a ciegas las distintas muestras bajo rigurosos criterios de calidad, estilo, técnica y procesos de elaboración.

Uno de los grandes logros llegó de la mano de Cervecería Okcidenta, que obtuvo una medalla de plata con su cerveza “Paradoja Nocturna”, una Imperial Stout añejada durante más de cinco años en barricas de Malbec.

La distinción fue alcanzada en la exigente categoría Wood- and Barrel-Aged Strong Stout, una de las más competitivas del certamen.

Para la firma santafesina, fundada por Marco Málaga y Marcelo Gil, el reconocimiento tuvo un valor histórico: se convirtió en la primera cervecería de la ciudad de Santa Fe en ganar una medalla en los 30 años de historia de la World Beer Cup, además de posicionarse como la séptima cervecería argentina en conseguirlo.

La cerveza premiada forma parte del programa de barricas de Okcidenta, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, con más de 80.000 litros en guarda y alrededor de 320 barricas de roble francés previamente utilizadas para vino Malbec.

Por su parte, Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, escribió una página histórica al obtener dos medallas en una misma categoría dentro de la competencia.

La cervecería chaqueña consiguió una medalla de plata para “Criolla” y una medalla de bronce para “Torrontés”, ambas en la categoría Belgian-Style Fruit Beer.

Las dos cervezas fueron elaboradas con fermentación y maduración en barricas de roble ex vino, utilizando uvas provenientes de una finca orgánica y biodinámica de Cafayate, Salta.

Tanto la variedad Criolla como Torrontés tienen una fuerte identidad argentina, ya que derivan de las primeras vides introducidas por los españoles en América.

El logro marcó un doble antecedente histórico: fue la primera vez que una cervecería argentina obtuvo dos medallas en una misma categoría dentro de la World Beer Cup, y también la primera ocasión en que una cervecería nacional logró dos premios en una misma edición del certamen.

Además, representó un hito para el nordeste argentino, ya que se trata de las primeras medallas internacionales obtenidas por una cervecería artesanal del NEA en la historia de la competencia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la categoría en la que compitió Bíchofeo suele estar dominada por productores de regiones de clima frío, con temperaturas promedio que oscilan entre los 15 y 20 grados.

En contraste, Resistencia, una de las ciudades más calurosas del país, suele registrar temperaturas superiores a los 40 grados durante gran parte del año, lo que vuelve aún más destacable el nivel técnico alcanzado por la cervecería chaqueña.

Las tres medallas obtenidas por estos proyectos independientes del interior argentino ratifican el crecimiento de la cerveza artesanal nacional en el plano internacional. Con innovación, identidad local y excelencia técnica, la producción cervecera argentina continúa consolidándose como una referencia cada vez más valorada fuera del país.

Cada 18 de mayo, los argentinos celebramos el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos de la identidad nacional. La insignia celeste y blanca, que se luce tradicionalmente del lado izquierdo del pecho, acompaña las principales fechas patrias y ocupa un lugar destacado durante la Semana de Mayo.

La escarapela fue creada en 1812 a pedido de Manuel Belgrano, quien solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un distintivo común para las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El objetivo era unificar los colores del ejército, diferenciarse de los enemigos y fortalecer el sentimiento de unidad nacional en tiempos de lucha por la independencia.

El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana aprobó oficialmente el uso de la escarapela nacional con los colores blanco y celeste, tonos asociados a la casa borbónica de Fernando VII, rey de España en aquel período.

Sin embargo, existen distintas versiones sobre el origen de sus colores. Una de ellas sostiene que el blanco y celeste ya habían sido utilizados durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por milicias criollas del Río de la Plata, mientras que otra versión indica que la escarapela fue usada por primera vez por un grupo de damas porteñas durante una visita al entonces coronel Cornelio Saavedra el 19 de mayo de 1810.

Más de un siglo después de su creación, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó oficialmente el 18 de mayo como Día de la Escarapela, fecha que luego fue incorporada al calendario escolar en 1951.

Además de conmemorarse en esta jornada, la escarapela suele utilizarse durante toda la Semana de Mayo, hasta el 25 de mayo, así como también en otras fechas patrias como el Día de la Bandera, el 20 de junio, y el Día de la Independencia, el 9 de julio.

La celebración invita a reflexionar sobre los valores que dieron origen a la nación argentina y sobre la vigencia de este emblema patrio que, más de dos siglos después de su creación, continúa representando unión, identidad y orgullo nacional.

Desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral señalaron que la actual estabilidad responde principalmente a una estrategia temporal de contención y advirtieron que persisten fuertes presiones que podrían derivar en nuevos ajustes en los próximos meses.

“El precio de los combustibles hoy no está congelado, sino contenido. Y cuando un precio está contenido, lo que existe es una presión acumulada que en algún momento termina trasladándose, ya sea de manera gradual o más acelerada”, explicó Roberto Carnicer.

Según detalló el especialista, YPF decidió extender por 45 días el esquema de “buffer”, una herramienta que busca amortiguar el impacto inmediato de las subas internacionales del crudo sobre los precios locales.

No obstante, el informe elaborado por el Instituto de Energía sostiene que detrás de esa moderación continúan presentes tres factores clave de presión: el valor internacional del barril Brent, la diferencia entre los precios domésticos y la paridad de importación de refinados, y los impuestos diferidos que aún no fueron aplicados en su totalidad.

“El buffer cumple una función importante desde el punto de vista macroeconómico porque evita trasladar de golpe aumentos que impactan directamente sobre la inflación, el transporte, la logística y toda la cadena productiva. Pero ese mecanismo no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo”, sostuvo Carnicer.

El análisis remarca además que uno de los sectores más sensibles a esta situación es el agro, debido al uso intensivo de gasoil.

De acuerdo al informe, el gasoil premium utilizado por el sector agropecuario presenta actualmente un atraso significativo frente a los valores internacionales, lo que evidencia el desfasaje existente entre los precios locales y las referencias externas.

A esto se suma el componente impositivo. El Decreto 302/2026 dispuso una actualización parcial de los impuestos sobre combustibles, aunque dejó pendiente para junio la aplicación completa de los incrementos restantes.

“Argentina atraviesa hoy un equilibrio transitorio. Si el petróleo internacional continúa en niveles elevados y finalmente se aplican los ajustes impositivos postergados, es esperable que aparezcan nuevos aumentos en los surtidores”, advirtió el director del Instituto de Energía.

Carnicer también hizo referencia al escenario estructural que enfrenta el país en materia energética, particularmente por el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo del shale oil.

“Un petróleo más caro favorece a Vaca Muerta, mejora las exportaciones y fortalece las inversiones en shale oil. Pero al mismo tiempo encarece los combustibles internos y genera tensión sobre consumidores, empresas y transporte”, explicó.

Finalmente, sostuvo que el principal desafío para la política energética será encontrar un equilibrio entre la competitividad internacional y la previsibilidad de los precios internos.

“La Argentina necesita desarrollar su perfil exportador energético sin volver a esquemas de atraso permanente en los precios internos, porque eso termina afectando inversiones, refinación y abastecimiento”, concluyó.

"La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial”, afirmó el ex gobernador Gustavo Bordet al presentar  en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia financiera para las familias argentinas.

La iniciativa establece la suspensión transitoria de ejecuciones de deudas y medidas cautelares.

“Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado”, expresó el diputado nacional entrerriano.

“La intención no es desconocer derechos de acreedores, sino establecer un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social”, sostuvo el ex gobernador entrerriano al fundamentar la iniciativa.

El proyecto busca brindar alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo del crédito y la profundización de la recesión económica.

La iniciativa contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes, evitando que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

La propuesta alcanza a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y también a monotributistas hasta la categoría G.En ese sentido, el ex gobernador remarcó que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”. Y agregó: “El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”.El proyecto excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, garantizando así la protección de derechos esenciales.

Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no constituye una solución eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.