En un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo, la petrolera YPF anunció que no trasladará esos aumentos a los surtidores durante los próximos 45 días. La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y busca aliviar el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Desde la compañía señalaron que la decisión responde a la necesidad de sostener el consumo en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando signos de retracción.

La empresa definió esta política como un “buffer” o amortiguador de precios. “Se van a moderar los aumentos”, indicaron voceros de YPF a distintos medios, al tiempo que explicaron que la firma absorberá, de manera temporal, el encarecimiento del crudo en el mercado internacional.

No obstante, desde la petrolera aclararon que esta medida alcanza exclusivamente a la variable vinculada al precio del barril de petróleo. En ese sentido, advirtieron que otros factores que inciden en el valor final de los combustibles, como eventuales subas impositivas o variaciones en el tipo de cambio, podrían impactar en los precios.

“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.

La decisión de YPF se enmarca en un escenario global complejo, con mercados energéticos sensibles a los conflictos geopolíticos, y representa un intento por dar previsibilidad a los consumidores en el corto plazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un incremento del 2,90% en los haberes correspondientes a abril para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La medida también incluye la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

El ajuste, que responde al índice de inflación de febrero, fue formalizado a través de las Resoluciones 74 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con lo establecido por el organismo previsional, el haber mínimo garantizado ascenderá a $380.319,31 a partir de abril, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.559.188,80. En línea con la política aplicada durante el último año, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un bono adicional de $70.000, llevando el ingreso total a $450.319,31.

El documento oficial, firmado por el titular de ANSES, Guillermo Arancibia, también fija las bases imponibles mínima y máxima en $128.091,45 y $4.162.912,57, respectivamente, para el período devengado abril de 2026.

En cuanto a otras prestaciones, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $173.978,72, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $304.255,45. Con el bono extraordinario, este último beneficio alcanzará los $374.255.

La actualización también impacta en las asignaciones universales y familiares. A partir de abril, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo tendrá un valor general de $136.666, mientras que en la denominada Zona I —que incluye provincias del sur del país y el partido bonaerense de Patagones— ascenderá a $177.666.

Para trabajadores formales, los montos de la asignación por hijo variarán según el ingreso del grupo familiar (IGF):

En el caso de hijos con discapacidad, los valores serán:

Para los contribuyentes del Monotributo, las asignaciones por hijo y prenatal se fijaron según categoría:

Asimismo, ANSES actualizó los montos de las asignaciones de pago único:

El incremento también alcanza a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de prestaciones por desempleo, entre otros programas.

Finalmente, la normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.801.551, el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el total de ingresos no supere el límite máximo establecido.

En lo que ya es considerado un hito jurídico para la historia reciente del país, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF, evitando que la Argentina deba afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares.

La decisión marca un giro significativo en una disputa judicial iniciada en 2015 y que, hasta ahora, presentaba un escenario adverso para el Estado argentino. El fallo de primera instancia, que había sido ampliamente interpretado como un desenlace casi definitivo, queda así sin efecto, abriendo una nueva etapa en el litigio internacional.

Detrás de este resultado se destaca el trabajo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el principal cuerpo de abogados del Estado. La estrategia fue liderada por el procurador Sebastián Amerio y contó con la intervención directa de los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla.

Los tres juristas comparten una formación común en la Universidad Austral, donde no solo cursaron sus estudios de grado, sino que también mantienen una activa participación académica como docentes en diversas áreas del Derecho.

El equipo combina experiencia académica y práctica jurídica de alto nivel. Stampalija cuenta con formación internacional, incluyendo una Maestría en Derecho por la University of Hong Kong y un LL.M. en International Legal Studies por la New York University (NYU), donde fue distinguido como Arthur T. Vanderbilt Scholar. Actualmente, se desempeña como profesor y coordinador de programas especializados en derecho internacional.

Por su parte, Comadira desarrolló toda su formación de posgrado en la Universidad Austral, donde obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho Administrativo, ambos con los mejores promedios de su cohorte. Es profesor titular, ha dirigido programas académicos y cuenta con una extensa producción doctrinaria en su especialidad.

Castro Videla también se especializó en Derecho Administrativo y Constitucional, y hasta su designación en la Procuración lideró el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo, consolidando una trayectoria vinculada al análisis institucional y normativo.

Desde el ámbito universitario, el logro fue recibido con orgullo. Fernando Toller, director de la carrera de Abogacía de la Universidad Austral, destacó no solo la capacidad profesional de los tres subprocuradores, sino también su calidad humana.

“Juan Ignacio, Pablo y Santiago no solo son juristas muy destacados, sino también excelentes personas, trabajadores infatigables y hombres de una ética intachable”, señaló, subrayando además su compromiso con la docencia y la formación de nuevas generaciones.

El fallo no solo representa un alivio económico potencial para el país, sino que también refuerza la posición argentina en litigios internacionales complejos. Si bien el proceso judicial aún no ha concluido definitivamente, la reversión de la sentencia marca un precedente relevante y reposiciona al Estado en una causa de enorme impacto financiero y político.

En un contexto global donde los litigios contra Estados soberanos adquieren creciente relevancia, el caso YPF se consolida como un ejemplo de la importancia de la estrategia jurídica y la articulación entre experiencia técnica y formación académica de alto nivel.

En un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo, el endeudamiento se consolida como una estrategia central de los hogares argentinos para afrontar gastos cotidianos. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, casi seis de cada diez familias recurrieron al crédito en los últimos seis meses, principalmente para cubrir consumos básicos, pagar tarjetas, cancelar deudas previas, afrontar servicios o sostener el alquiler.

El informe revela que el 56,4% de los hogares tomó algún tipo de deuda en ese período y, dentro de ese grupo, cerca de nueve de cada diez ya enfrenta dificultades para cumplir con los pagos. Lejos de vincularse con decisiones de inversión o mejora económica, el crédito aparece cada vez más asociado a la necesidad de sostener niveles mínimos de consumo.

Este fenómeno se da en un escenario donde el 83,9% de los encuestados afirma que sus ingresos no logran ganarle a la inflación, y más de la mitad de la población reconoce que no llega a cubrir sus gastos hasta el día 20 de cada mes. En este contexto, la deuda deja de funcionar como una herramienta financiera y pasa a convertirse en un recurso de subsistencia.

La situación se inscribe, además, en una percepción social más amplia de fragilidad económica. Más del 53% de los consultados se identifica como parte de la clase baja, no solo como una categoría simbólica, sino como reflejo de su experiencia cotidiana. A su vez, cerca de seis de cada diez consideran que la situación general del país es mala o muy mala, lo que refuerza una lógica defensiva en la toma de decisiones económicas.

En este marco, el endeudamiento deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte de la vida cotidiana. Cuando los ingresos no alcanzan, el crédito cubre la diferencia; pero a medida que se acumula, crecen también las dificultades de repago. Este circuito —ingresos insuficientes, recurso al crédito y problemas para cumplir con las obligaciones— se repite de manera generalizada y configura una dinámica estructural.

Los datos sobre el destino del financiamiento refuerzan esta tendencia: la mayor parte se orienta a gastos corrientes y cancelación de deudas, lo que implica que los hogares no solo enfrentan limitaciones en el presente, sino que además comprometen sus ingresos futuros para sostener el consumo actual.

En paralelo, el estudio advierte un creciente distanciamiento entre la percepción social y los datos oficiales. En marzo, el 65,8% de la población consideró que la inflación informada por el INDEC no refleja adecuadamente el aumento de precios que experimenta en su vida diaria.

Este desajuste se explica, en parte, porque la inflación dejó de percibirse como un indicador abstracto y pasó a medirse en términos concretos: cuánto rinde el salario, hasta qué día del mes alcanza y qué margen queda para cubrir gastos esenciales. Cuando los ingresos pierden poder de compra, la credibilidad del índice se ve afectada no solo por lo que mide, sino también por su impacto real.

A esto se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, lo que contribuye a erosionar la confianza en las estadísticas públicas. En términos sociales, cuando los datos oficiales no logran reflejar la experiencia cotidiana, pierden capacidad de validación.

El deterioro económico también encuentra su correlato en el plano político. Según el informe, la desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó en marzo el 53,3%, con un aumento de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. En tanto, la aprobación se ubicó en el 38,5%, consolidando una tendencia negativa en la evaluación de su gestión.

El informe vincula este resultado con la situación material de los hogares: la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para llegar a fin de mes y el uso creciente del endeudamiento impactan directamente en la percepción sobre el rumbo económico y, por extensión, en la valoración del Gobierno.

Por su parte, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof mostró una leve estabilización, aunque en niveles bajos: su imagen positiva se ubicó en el 33,8%, mientras que la negativa alcanzó el 57,2%. Si bien el dato interrumpe la tendencia descendente de meses anteriores, aún mantiene un diferencial negativo elevado.

El estudio describe un proceso que se repite en gran parte de la sociedad: caída del poder adquisitivo, dificultad para sostener el consumo, recurso al endeudamiento y creciente incapacidad de pago. Este circuito, lejos de ser marginal, define una dinámica económica en la que el crédito comienza a reemplazar parcialmente al ingreso como fuente de equilibrio.

El resultado no es solo financiero, sino también social: una realidad en la que la vulnerabilidad deja de ser transitoria y pasa a estructurar las decisiones cotidianas de amplios sectores de la población.

El relevamiento fue realizado sobre 1.198 casos a nivel nacional durante marzo, con un margen de error de ±2,83% y un nivel de confianza del 95%.

En el marco de la Reunión Federal del Deporte, autoridades nacionales presentaron oficialmente los Juegos Nacionales 2026, uno de los programas más importantes del calendario deportivo argentino. El anuncio estuvo encabezado por el subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, y el director nacional, Ignacio do Rego, ante representantes de todas las provincias.

El encuentro reunió a secretarios y autoridades deportivas provinciales junto a funcionarios de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, donde se definieron los principales lineamientos, sedes y novedades de las competencias para este año.

“Estos Juegos representan la base del desarrollo deportivo argentino. Son el punto de partida de miles de chicos y también un espacio de participación e integración para nuestros adultos mayores”, destacó de Urquiza durante la presentación.

En la misma línea, do Rego subrayó el valor del trabajo articulado a nivel federal: “Es fundamental poder encontrarnos con cada uno de ustedes para seguir fortaleciendo este programa. Los Juegos Nacionales son una construcción colectiva que refleja el compromiso federal con el deporte argentino”.

Durante el lanzamiento se confirmaron las sedes de las finales nacionales. Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores se desarrollarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en la provincia de San Juan, mientras que los Juegos Deportivos Nacionales Evita tendrán lugar del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

Entre las principales novedades para esta edición, se anunció la implementación de un sistema de becas deportivas destinado a atletas destacados en los Juegos Evita. Además, los campeones nacionales de disciplinas seleccionadas podrán acceder a instancias internacionales, como los Juegos Sudamericanos Escolares.

Otro de los puntos destacados es la posibilidad de que las provincias sede de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores propongan nuevas disciplinas para incorporar al programa, ampliando así la participación.

Las finales nacionales volverán a reunir a miles de participantes de todo el país, consolidándose como un espacio clave no solo para la competencia, sino también para la formación, la detección de talentos y la promoción de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la inclusión.

En ese sentido, se remarcó que una parte significativa de los atletas que integran las selecciones juveniles argentinas han surgido de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, lo que reafirma su rol como base del sistema deportivo.

Como en cada edición, los Juegos contarán con un amplio operativo sanitario, actividades educativas y recreativas, capacitaciones, evaluaciones deportivas y espacios de intercambio entre delegaciones. También habrá actos de apertura y cierre, elección de la mascota oficial y la entrega de distinciones como la Copa Juego Limpio y la Copa Campeón Nacional.

El lanzamiento ante las autoridades provinciales volvió a poner en valor el trabajo conjunto entre Nación y provincias, consolidando al deporte como una herramienta clave para la integración social, el desarrollo y la construcción de ciudadanía en todo el país.

Los recientes ataques a infraestructura energética en Qatar e Irán encendieron alarmas en los mercados internacionales y abrieron un nuevo escenario de incertidumbre para el suministro global de gas natural licuado (GNL), un recurso clave para la generación eléctrica, la industria y la transición energética.

El impacto fue inmediato. El precio del petróleo Brent superó los 119 dólares en operaciones intradiarias, mientras que el gas en Europa alcanzó máximos de varios años y el mercado estadounidense también registró subas. Sin embargo, especialistas advierten que la preocupación va más allá de la volatilidad de precios.

“La reacción de los mercados no puede interpretarse como un simple sobresalto geopolítico. Lo que estamos viendo es que se empieza a descontar una posible restricción física de oferta, especialmente en gas”, explicó Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Uno de los focos más críticos fue el ataque a Ras Laffan Industrial City, en Qatar, considerado el principal nodo exportador de GNL a nivel mundial, donde se concentran instalaciones estratégicas como la planta Pearl GTL.

“Se cruzó una línea particularmente peligrosa: ya no se trata de ataques a activos periféricos, sino al corazón del sistema energético regional”, advirtió Carnicer.

A diferencia del petróleo, el gas presenta mayores dificultades ante este tipo de contingencias. “El petróleo tiene un mercado más flexible, con mayor capacidad para redireccionar cargamentos. El gas, en cambio, depende de una infraestructura mucho más rígida. Cuando se afecta una gran planta exportadora, el riesgo pasa rápidamente de precios a abastecimiento”, detalló.

En este contexto, el especialista alertó sobre la posibilidad de un escenario de escasez si las interrupciones se prolongan. “Cuando el cuello de botella es material, la sustitución es más lenta, más costosa y más incompleta”, señaló.

Carnicer comparó la situación con la crisis energética que atravesó Europa tras la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque marcó una diferencia sustancial. “En aquel caso el gas existía, pero se interrumpió la relación política y comercial. Aquí el problema puede ser más grave, porque está en juego la capacidad física de producir y exportar”, sostuvo.

Las consecuencias podrían extenderse más allá del encarecimiento de la energía. Según el análisis, existe un riesgo creciente de desabastecimiento relativo, presión sobre los sistemas de generación eléctrica y una mayor competencia entre países para asegurarse cargamentos en el mercado internacional.

Frente a este escenario, el especialista remarcó la necesidad de repensar la seguridad energética global. “No alcanza solo con avanzar en energías renovables. También es fundamental diversificar geográficamente el origen del gas”, indicó.

En ese marco, Argentina comienza a posicionarse como un actor con potencial estratégico. “Vaca Muerta adquiere relevancia no solo por su escala y productividad, sino porque puede aportar oferta desde una región alejada de los principales focos de conflicto”, explicó.

Asimismo, destacó el desarrollo de proyectos de exportación de GNL en el país. “Si el mercado global internaliza que la infraestructura del Golfo puede ser un blanco recurrente, toda nueva plataforma exportadora fuera de esa región mejora su posicionamiento estratégico”, afirmó.

No obstante, Carnicer llamó a mantener una mirada realista. “Vaca Muerta no puede reemplazar en el corto plazo el volumen de Qatar, pero sí puede convertirse en una pieza importante dentro de un sistema energético más equilibrado”, concluyó.

El escenario actual deja en evidencia una fragilidad estructural del sistema energético global, donde gran parte de la oferta crítica se concentra en pocos nodos. Para los especialistas, el desafío hacia el futuro no solo será avanzar en energías limpias, sino también construir una red más diversificada y resiliente de proveedores confiables.

En el auditorio de la prensa argentina, ubicado en Chacabuco 314 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el periodista Carlos Pagni protagonizó una de las exposiciones centrales de la 190ª Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), con un análisis profundo sobre el escenario político actual, el impacto del miedo en la sociedad y los dilemas del periodismo contemporáneo.

El encuentro fue moderado por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la entidad y director de La Gaceta de Tucumán, y reunió a directivos de medios de todo el país en una jornada atravesada por la reflexión sobre el presente democrático.

Pagni sostuvo que uno de los rasgos dominantes de la actualidad es la expansión del miedo como factor que condiciona las conductas sociales. Según explicó, no se trata de un temor abstracto, sino de uno profundamente ligado a la incertidumbre, la dificultad de comprender un mundo cada vez más complejo y, especialmente, al riesgo de perder el empleo.

Ese fenómeno —indicó— no es exclusivo de la Argentina, sino que se manifiesta a nivel global, impulsado por transformaciones tecnológicas, cambios en los sistemas productivos y una creciente competencia internacional. Sin embargo, en el plano local se ve intensificado por décadas de inestabilidad económica, informalidad laboral y falta de previsibilidad.

Frente a ese escenario, advirtió, las sociedades tienden a simplificar la realidad. La necesidad de encontrar respuestas rápidas a problemas complejos deriva en explicaciones reduccionistas que, en muchos casos, se apoyan en la construcción de enemigos.

En su análisis, el periodista remarcó que esa simplificación es utilizada por la política como una herramienta eficaz para canalizar el malestar social. La identificación de responsables concretos permite ordenar el enojo colectivo, aunque a costa de empobrecer el debate público.

En ese proceso, señaló el rol central de las redes sociales —en particular la plataforma X— como amplificadoras de discursos extremos. Allí, la agresividad y la polarización encuentran un terreno propicio que impacta directamente en la calidad democrática.

“La democracia supone diálogo e intercambio, y reconocer que uno no tiene toda la verdad”, explicó. Sin esa premisa, advirtió, se debilita la construcción de consensos y se deterioran las instituciones.

Pagni también se detuvo en el rol del periodismo, al que definió como una herramienta clave para fomentar el pensamiento crítico, especialmente frente al poder. “El periodismo no es de un bando ni de otro”, afirmó, en contraste con las lógicas del periodismo militante.

No obstante, reconoció que la actividad atraviesa una tensión estructural: la necesidad de sostener modelos económicos obliga a captar audiencias, lo que muchas veces empuja hacia formatos más ligados al entretenimiento.

“Es muy difícil entretener sin simplificar o vulgarizar”, admitió. Sin embargo, cuestionó que esa sea la única alternativa posible y advirtió que optar por lo fácil empobrece tanto el contenido como el interés por la profesión.

A esa problemática se suma la lógica de la inmediatez. La exigencia de explicar la realidad en tiempo real reduce los márgenes para la reflexión. “Muchas veces tenemos que opinar sin tiempo para pensar”, señaló.

Al referirse a los liderazgos actuales, Pagni analizó los casos de Javier Milei y Donald Trump, a quienes definió como expresiones contemporáneas de fenómenos populistas. Según explicó, se trata de liderazgos que apelan más a las emociones —el miedo, el enojo y la frustración— que a la racionalidad, y que logran capitalizar el descontento social.

No obstante, marcó una diferencia entre el plano discursivo y la práctica de gobierno. En el caso argentino, sostuvo que la gestión de Milei recurre a herramientas económicas tradicionales para enfrentar la inflación, como el ajuste del Estado, la apertura económica y el reordenamiento macroeconómico.

Uno de los ejes más relevantes de su exposición fue el problema del empleo. Pagni advirtió que el mundo atraviesa una transformación estructural en la que los sectores más dinámicos en generación de divisas no necesariamente crean trabajo en la misma proporción.

En la Argentina, esa tensión se profundiza: las actividades más competitivas son intensivas en capital, mientras que los sectores que generan empleo masivo enfrentan dificultades de productividad.

En ese marco, retomó una idea del economista Ricardo Arriazu: los procesos de destrucción de empleo son mucho más rápidos que los de creación. A partir de allí, planteó un interrogante central para la política: cuánto tiempo puede sostener una sociedad un proceso de ajuste sin ver resultados concretos, especialmente en un sistema democrático donde el respaldo electoral es determinante.

De cara al futuro, Pagni consideró que el kirchnerismo atraviesa un proceso de desgaste, con dificultades para renovar su propuesta y reconectar con la sociedad.

Al mismo tiempo, señaló que el oficialismo no tiene garantizado un triunfo en primera vuelta si la agenda pública deja de centrarse en la inflación y comienzan a ganar peso los problemas vinculados al empleo y la producción.

En ese contexto, planteó la posibilidad de que emerja una alternativa política que combine orden macroeconómico con sensibilidad productiva y social, un perfil que —según su mirada— aún no aparece con claridad.

Hacia el cierre, el periodista propuso una reflexión de largo plazo. Recordó que grandes transformaciones históricas en el mundo del trabajo, como el surgimiento de la agricultura, generaron crisis profundas pero también nuevas formas de organización social.

“Tal vez la historia encuentre una solución que hoy no podemos ver”, sostuvo.

Su conclusión sintetizó el eje de toda la exposición: en una época dominada por la simplificación, el verdadero desafío es sostener la complejidad. Y, en ese camino, recuperar una capacidad esencial del periodismo: pensar.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas inició este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires su 190ª Junta de Directores, un encuentro clave que reúne a editores y directivos de medios de todo el país para analizar la situación de la industria y delinear estrategias frente a los desafíos actuales.

La apertura estuvo marcada por la exposición del periodista Carlos Pagni, conductor de Odisea Argentina, quien ofreció un análisis del contexto global y local, así como del rol del periodismo en la democracia. La charla fue moderada por Daniel Dessein.

Durante su intervención, Pagni planteó que el escenario político y social actual está atravesado por un elemento central: el miedo. “Un motor secreto de la vida humana es el miedo”, afirmó, al advertir que este condiciona decisiones individuales y colectivas.

Según explicó, en un contexto de incertidumbre —marcado, entre otros factores, por el temor a la pérdida de empleo— se intensifica la tendencia a simplificar la realidad. Esta dinámica, agregó, se ve amplificada por las redes sociales, donde proliferan discursos de odio que impactan tanto en la calidad del debate público como en el funcionamiento de la democracia.

Para el periodista, este escenario también interpela directamente a la profesión: el periodismo necesita sostener audiencias sin caer en la banalización de los contenidos. “Es muy difícil equilibrar una cosa y otra”, señaló, al tiempo que recomendó a los jóvenes periodistas resistir la lógica de la urgencia y priorizar el pensamiento crítico.

En su análisis sobre la Argentina, Pagni planteó interrogantes de fondo sobre la viabilidad de reformas estructurales profundas. Citando al economista Ricardo Arriazu, advirtió que los procesos de ajuste —como la reducción de la inflación— deben considerar sus efectos sobre variables como el empleo y la producción.

“Hacer una reforma radical implica entender que la destrucción es más rápida que la creación”, explicó.

Consultado sobre el futuro político, el periodista sostuvo que existe un consenso social en torno a ciertos valores económicos que hoy representa el presidente Javier Milei, y que eso dificulta el posicionamiento de alternativas tradicionales. En ese sentido, consideró poco probable que una propuesta kirchnerista “clásica” tenga éxito electoral sin transformaciones.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que emerja una nueva opción política: “Puede quedar un hueco que no sea Milei ni el kirchnerismo, una especie de ‘bicho raro’, con cabeza ortodoxa y corazón productivista”.

En el plano institucional, el presidente de ADEPA, Martín Etchevers, presentó su informe con un diagnóstico del sector y los principales ejes estratégicos.

“El periodismo es un termómetro de los climas sociales. Su valor no depende de a quién interpela, sino de su rigor, su honestidad y su compromiso con los hechos”, afirmó.

Etchevers puso especial énfasis en el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial sobre la actividad periodística. Advirtió que el uso de contenidos sin reglas claras ni compensaciones adecuadas plantea un desafío urgente para la industria.

En ese marco, reclamó avanzar en marcos regulatorios que garanticen la protección de la propiedad intelectual, mayor transparencia en la moderación de contenidos y condiciones de competencia más equitativas para los medios.

El titular de ADEPA también destacó el rol de la entidad en el diálogo con los distintos poderes del Estado, especialmente en defensa de la libertad de expresión y la sustentabilidad del periodismo profesional.

En relación con el proyecto de reforma del Código Penal anunciado por el oficialismo, subrayó la importancia de preservar el actual sistema de protección para el tratamiento periodístico de asuntos de interés público, en línea con estándares de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Los medios no son un actor más en el ecosistema digital: cumplen una función diferencial en el acceso a la información, el control del poder y la calidad del debate público”, sostuvo.

La primera jornada de la Junta combinó deliberaciones institucionales con espacios de capacitación profesional. Se desarrollaron paneles sobre inteligencia artificial, automatización en redacciones, uso de datos para generar ingresos y estrategias de video digital orientadas a audiencias y engagement.

Las actividades continuarán este jueves con la aprobación del informe semestral sobre libertad de prensa en Argentina, nuevas resoluciones y conferencias centradas en economía, innovación y el futuro de los medios locales.

En un contexto de transformación acelerada, el encuentro de ADEPA dejó en claro que el periodismo enfrenta una encrucijada: adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia, sostener su modelo económico y, al mismo tiempo, reafirmar su compromiso con la verdad y la democracia.

La producción manufacturera argentina finalizó diciembre de 2025 con una caída interanual del 3,9%, aunque el acumulado anual registró una leve suba del 1,6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al mismo tiempo, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 53,8%, reflejando un bajo nivel de actividad en el sector.

A este escenario se suma la advertencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre el impacto en el empleo. Desde la entidad señalaron que en los últimos dos años se habrían perdido alrededor de 65.000 puestos de trabajo en la industria, en un contexto marcado por el encarecimiento de costos, baja demanda y dificultades para trasladar aumentos a precios.

Uno de los referentes que analizó la situación fue Oliver Maltz, empresario del Grupo Estisol, cofundador del podcast La Fábrica y presidente del espacio Movimiento Industrial, surgido tras diferencias con la conducción de UIA Joven. Maltz destacó los avances en el ordenamiento macroeconómico y en reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, pero advirtió que el principal desafío hoy es recuperar la actividad económica.

“Necesitamos actividad, consumo y que se mueva la economía para generar trabajo”, sostuvo el empresario al referirse al panorama actual del sector productivo.

Según Maltz, la dinámica económica cambió significativamente con el nuevo esquema macroeconómico, ya que las empresas dejaron de poder trasladar automáticamente los aumentos de costos a los precios finales.

“El contexto es difícil para prácticamente todos los sectores. La inflación sigue entre el 2,5% y el 3% mensual y todos los meses aumentan los costos: combustible, servicios, logística, energía y salarios. Pero con el nivel de actividad actual las empresas no pueden trasladar esos aumentos a precios”, explicó.

En este escenario, el empresario señaló que el llamado “costo argentino” continúa siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad. Entre los factores que afectan a la industria mencionó la presión impositiva, los costos laborales y logísticos, además de la competencia internacional en un mercado más abierto.

“Si producís bienes que compiten con el mundo, como una remera o un perfil de aluminio, te comparan con el precio internacional. Si no sos competitivo, lo importan. Y hoy las empresas cargan con una estructura de costos muy alta”, indicó.

El empresario advirtió que la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos genera una reducción de la rentabilidad que puede poner en riesgo la continuidad de muchas compañías.

“Cuando una empresa se queda sin rentabilidad tiene que hacer algo: bajar costos, ser más eficiente o reducir estructura. Otra opción es vender más volumen, pero en un mercado recesivo eso es muy difícil”, afirmó.

Por ese motivo, insistió en que además de las reformas estructurales es fundamental recuperar el nivel de actividad económica.

En cuanto a las políticas económicas necesarias para mejorar la competitividad, Maltz consideró que tanto una reforma laboral como una reforma tributaria son necesarias para aliviar la carga sobre el sector privado.

Sin embargo, subrayó que ningún cambio normativo tendrá impacto si no se reactiva la economía. “No vas a contratar si no tenés trabajo. Primero tiene que haber actividad”, afirmó.

El empresario también destacó la importancia de avanzar en políticas de desarrollo productivo que impulsen sectores estratégicos, tal como ocurre con programas de incentivo a la inversión como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, valoró la posibilidad de que surjan programas orientados a pequeñas y medianas empresas.

Respecto a las perspectivas para el sector industrial, Maltz anticipó que el panorama para 2026 podría ser similar al del año pasado, con comportamientos dispares entre los distintos rubros.

“Habrá sectores un poco por arriba, otros bastante por debajo y otros similares a 2025. El problema es que los costos siguen subiendo y la rentabilidad cae. Si tenés el mismo volumen que el año pasado pero con costos más altos, las empresas entran en una zona peligrosa”, explicó.

Maltz también es uno de los impulsores del podcast La Fábrica, un proyecto comunicacional creado junto a Tomás Karagozian, Valentino Romano, Román Guajardo, Pedro Gentile y Mario Medoro. El espacio busca difundir el entramado productivo argentino a través de entrevistas a empresarios y debates sobre la realidad económica del país.

El programa logró gran repercusión durante 2025, posicionándose durante varias semanas entre los podcasts más escuchados del país y finalizando el año dentro del top cinco de Spotify en Argentina.

“Queríamos visibilizar la industria argentina y contar las historias detrás de las fábricas. Sabíamos que podía funcionar, pero no imaginé la repercusión masiva que tuvo”, concluyó Maltz.

Finaliza una de las semanas más complejas de 2026 para los mercados financieros. El sistema global intenta digerir un conflicto en Medio Oriente que ya dejó de percibirse como un shock pasajero y comienza a consolidarse como una crisis estructural. Al mismo tiempo, en el plano local, el dato de inflación de febrero en Argentina traza una hoja de ruta desafiante para los inversores.

La energía volvió a convertirse en el epicentro de la incertidumbre global. A pesar de los intentos por estabilizar el mercado —incluidas las medidas de la Agencia Internacional de Energía y la flexibilización del Tesoro de Estados Unidos para permitir compras de crudo ruso— el Brent cerró la semana cerca de los USD 100,17 por barril.

La persistencia de precios elevados responde a dos factores que dominan la escena:

El bloqueo del estrecho de Ormuz.La amenaza sobre uno de los corredores energéticos más importantes del planeta dejó de ser hipotética. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció escoltas navales para proteger a los buques petroleros, pero el flujo de tanqueros continúa interrumpido, generando tensiones sobre la oferta global.

Ataques a infraestructura energética.Irán pasó de las advertencias a las acciones, con ataques a instalaciones petroleras en países vecinos. Analistas de ANZ advierten que el mercado ya no interpreta estos episodios como temporales: la estructura de precios refleja expectativas claramente alcistas.

En este contexto, el petróleo vuelve a convertirse en una variable central para la inflación global.

El cierre de la semana dejó un mensaje claro: los mercados comienzan a asumir que el ciclo de tasas altas podría extenderse más de lo previsto.

El Índice Dólar (DXY) subió hasta 100,32 puntos, consolidándose como refugio ante un escenario donde el dinero barato parece haber quedado fuera del radar.

Las expectativas de recortes de tasas, que meses atrás dominaban el discurso de los inversores, comenzaron a desvanecerse. El petróleo cerca de los tres dígitos y una inflación subyacente que resiste a la baja obligan a replantear el escenario monetario.

El debate en Wall Street ya no gira en torno a cuándo comenzará la flexibilización, sino a una posibilidad que hasta hace poco parecía improbable: la Reserva Federal podría verse obligada a subir nuevamente las tasas para evitar un rebrote inflacionario impulsado por la energía.

Este cambio de narrativa impactó de lleno en la renta variable estadounidense. El Nasdaq retrocedió 0,81%, mientras que el S&P 500 cayó 0,38%, reflejando la sensibilidad del mercado tecnológico y de crecimiento ante un escenario de financiamiento más caro por más tiempo.

En el frente doméstico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una inflación de 2,9% en febrero, un dato que confirma que el proceso de desinflación encontró un piso difícil de perforar.

Dos rubros explicaron gran parte de la presión:

Estos aumentos muestran que, incluso en un contexto de desaceleración general de precios, los componentes más sensibles del índice continúan generando tensiones.

El mercado respondió con mayor cautela. Por tercer mes consecutivo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ajustó al alza sus previsiones de inflación. La mayoría de los analistas ya no espera ver un índice mensual por debajo del 2% antes de mayo, lo que obliga a recalibrar las estrategias de inversión.

En este contexto, los BONCER, los bonos ajustados por inflación, vuelven a ganar protagonismo como instrumentos de cobertura frente a un proceso desinflacionario que avanza, pero más lentamente de lo esperado.

A contramano de la debilidad que dominó a Wall Street, el mercado accionario argentino mostró una firmeza relativa durante la semana. La explicación se encuentra en su fuerte correlación con el sector energético, el gran protagonista del escenario internacional.

Las compañías vinculadas al petróleo y al gas captaron el interés de los inversores que buscan cobertura ante un entorno global de precios energéticos elevados.

YPF y Vista Energy (VIST) lideraron las subas, con ganancias cercanas al 3% en promedio. El impulso se explica por la expectativa de mejores márgenes de exportación y por la aceleración de proyectos en Vaca Muerta, que continúa consolidándose como uno de los activos estratégicos del país.

En un mundo donde la seguridad energética se transformó en prioridad geopolítica, los activos argentinos ligados al sector hidrocarburífero comienzan a posicionarse como vehículos de valor. Esta dinámica permitió que parte del mercado local logre desacoplarse parcialmente del pesimismo que afectó a otros sectores del Merval.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de febrero fue del 2,9%, lo que llevó el aumento acumulado de precios en el primer bimestre del año al 5,9%. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registra una desaceleración desde hace nueve meses.

En términos interanuales, la variación del IPC alcanzó el 33,1%, según el relevamiento oficial.

El informe del Indec señala que la división con mayor incremento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 6,8%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por ajustes en las tarifas de servicios públicos, como gas, agua y electricidad, así como por modificaciones en los esquemas de subsidios y segmentación tarifaria en distintas provincias.

El segundo rubro con mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3,3%.

Este sector, además, tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, debido principalmente al aumento en carnes y derivados. La excepción fue la región Patagonia, donde el mayor impacto se registró en el rubro vivienda y servicios.

En contraste, las divisiones que registraron los menores movimientos durante febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registraron variación en el mes.

En cuanto a las categorías que agrupan distintos tipos de precios, los Regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que aumentó 3,1%. Por su parte, los precios Estacionales registraron una caída del 1,3%.

La publicación del índice de febrero se produce en medio de un aumento en el precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, los analistas estiman que este fenómeno podría reflejarse recién en los índices de inflación de los próximos meses.

El dato nacional difundido por el Indec se ubicó por encima del indicador publicado recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% de enero.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumulada en los primeros dos meses del año en la ciudad fue de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

Pese a la aceleración registrada en febrero, el presidente Javier Milei ha sostenido en distintos discursos y entrevistas que para agosto de este año la inflación mensual podría acercarse a cero, lo que implicaría niveles mínimos de variación de precios.

El dato también se conoció en medio de cambios institucionales dentro del organismo estadístico. En las últimas semanas se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología de medición de inflación que se venía desarrollando desde 2017.

El nuevo titular del organismo, Pedro Lines, comenzó a analizar alternativas para actualizar el indicador, cuya metodología actual presenta más de dos décadas de antigüedad y ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que recomienda una modernización del sistema de medición.

Según informaron fuentes legislativas, los sindicatos del sector acordaron este miércoles una actualización salarial acumulada del 12,5% para ese período. Debido a que las dietas de los senadores están vinculadas a los aumentos que reciben los trabajadores del Congreso, los ingresos de los legisladores se incrementarán automáticamente.

De esta manera, quienes hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo cerca de 11 millones de pesos brutos, mientras que en mayo la cifra alcanzará aproximadamente los 11,5 millones.

El mecanismo que vincula las dietas de los senadores con las paritarias legislativas fue restablecido en abril de 2024, cuando la Cámara alta decidió volver a acoplar sus ingresos a los aumentos salariales del personal del Congreso. Esa decisión se tomó a mano alzada y generó polémica dentro del propio Senado, ya que algunos legisladores manifestaron su desacuerdo con la medida impulsada por la mayoría.

Previamente, el esquema había sido suspendido mediante una resolución conjunta de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A diferencia del Senado, en la Cámara de Diputados los incrementos en las dietas no se actualizan automáticamente con las paritarias legislativas. Allí los aumentos son definidos por la presidencia del cuerpo.

Por ese motivo, actualmente los diputados nacionales perciben ingresos cercanos a los 6 millones de pesos brutos mensuales, lo que marca una diferencia significativa respecto de los senadores.

El salario de los senadores se calcula en base a un sistema de módulos. Cada legislador percibe 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Este último adicional no es percibido por los tres senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires —Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde— ni por la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien decidió no cobrar la dieta y mantener la jubilación que recibe como exgobernadora.

El acuerdo salarial firmado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso contempla incrementos retroactivos y escalonados: 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, lo que representa un 6,85% acumulado. A ello se suman aumentos del 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

El entendimiento fue suscripto por el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; el representante de UPCN, Martín Roig; y el dirigente de ATE, Claudio Britos, junto con los secretarios parlamentarios del Senado y de Diputados, Agustín Wenceslao Guistian y Adrián Pagán.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

Además, remarcaron que el incremento del 12,5% acumulado “no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando” en futuras discusiones salariales.

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce una reforma estructural del sistema laboral argentino, con modificaciones que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el régimen de convenios colectivos, el derecho de huelga y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para indemnizaciones.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según el Gobierno, la reforma busca modernizar el mercado laboral, incentivar la formalización del empleo y promover inversiones productivas, mientras que distintos sectores sindicales y políticos advierten que la normativa implica una reducción de derechos laborales históricos.

La nueva legislación modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a los trabajadores independientes, prestadores de servicios de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.

Además redefine el concepto legal de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

Uno de los cambios más relevantes es que se limita la presunción de relación de dependencia cuando el trabajador emite facturas o recibe pagos mediante transferencias bancarias, lo que podría impactar en disputas judiciales vinculadas a vínculos laborales encubiertos.

La ley modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La norma define como remuneración “habitual” a los conceptos percibidos al menos seis meses durante el último año calendario.

También determina que la indemnización laboral será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo cuando exista un ilícito penal.

Además, el nuevo esquema permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para afrontar obligaciones indemnizatorias.

Las contribuciones obligatorias serán:

Los aportes se calcularán sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno señaló que las empresas que integren estos fondos recibirán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

La ley incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, estableciendo que serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.

Las empresas deberán brindar:

Los prestadores tendrán libertad de horario, conexión y rechazo de pedidos, según establece la normativa.

La reforma introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque la ley establece que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.

También se incorpora un sistema de banco de horas, que permite compensar tiempo trabajado en exceso con reducción de jornada en otro momento. En ese marco, la jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La norma modifica el régimen de conflictos colectivos y establece nuevos niveles obligatorios de prestación durante huelgas:

Entre los servicios esenciales se incluyen:

En tanto, como servicios trascendentales se incorporan sectores como:

La ley también introduce modificaciones a la Ley de Convenios Colectivos N° 14.250.

Los convenios colectivos vencidos solo mantendrán vigentes sus cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo, mientras que las cláusulas obligacionales solo continuarán si las partes acuerdan su prórroga.

Asimismo, se fijan límites a los aportes establecidos en los convenios colectivos:

La normativa también establece que los delegados sindicales dispondrán de hasta 10 días al mes para tareas gremiales dentro de la jornada laboral, y que las asambleas requerirán autorización del empleador.

La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año desde el segundo mes posterior a la promulgación.

Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una contribución patronal reducida del 2% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.

También se establece el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.

En materia tributaria, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

El esquema incluye:

La normativa dispone que, a partir del 1° de enero de 2027, quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, entre ellos:

Estos sectores pasarán a regirse por el régimen general.

Además, la ley aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Las causas ya iniciadas continuarán tramitándose bajo la normativa vigente hasta completarse el proceso de traspaso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei representa uno de los cambios más profundos en la legislación laboral argentina en décadas, con impacto directo en la organización del trabajo, las indemnizaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que la transición hacia un nuevo régimen macroeconómico ya está generando destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance de las empresas y un fuerte impacto sobre el consumo interno. Según sostuvo, el proceso de apertura y normalización financiera impulsado por el Gobierno implica costos que comienzan a hacerse visibles en la estructura productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó por Splendid AM 990 la directora ejecutiva de EcoGo, al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones.

En el esquema anterior, explicó, la economía funcionaba con una lógica de arbitraje: “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”.

En contraste, sostuvo que el actual escenario implica “normalizar la macro”, con una brecha cambiaria que “tendió a desaparecer” y tasas de interés que ya no son negativas. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar que los bienes de consumo y los autos muestran una fuerte expansión de compras externas.

Dal Poggetto remarcó que el Gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla para frenar la inflación. “Hay una discusión detrás que tiene que ver con el uso del dólar como ancla y un tipo de cambio que lo estás volviendo a atrasar”, indicó.

Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. A su entender, si el dólar se mantiene estable mientras la inflación ronda el 2,9% mensual, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente y afecta la competitividad. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, advirtió.

En ese marco, describió una presión creciente sobre los costos empresarios. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, explicó, al señalar que muchos sectores enfrentan precios que evolucionan por debajo del promedio mientras sus costos avanzan por encima. Algunos lograron recapitalizarse en el ciclo anterior, pero otros operan ahora con márgenes estrechos en un contexto recesivo.

En el plano laboral, destacó que si bien la tasa de desempleo mostró una suba moderada —del 5,7% al 6,6% en los últimos datos—, el fenómeno central es la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, afirmó.

Sobre la reforma laboral en debate, consideró que apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero advirtió que se aplica en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, señaló. Además, alertó sobre la dimensión fiscal del proceso: la recaudación “está cayendo y probablemente siga cayendo”, mientras el ajuste se sostiene con contención del gasto.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, dijo, aunque estimó que abril podría ubicarse más cerca del 2% mensual si el esquema cambiario se sostiene.

La economista también puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo. Explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló, en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión. “Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el cambio de precios relativos y la apertura comercial impactan directamente en la sostenibilidad de algunas compañías. “El cambio de los precios relativos tiene implicancias sobre las hojas de balance, sobre todo en un contexto recesivo”, concluyó, al advertir que el proceso de estabilización y apertura tiene costos sociales y productivos que todavía se están desplegando.

El Gobierno nacional completó este viernes 28 de febrero la apertura de sobres de la licitación pública internacional destinada a privatizar la Vía Navegable Troncal, y recibió tres ofertas de algunas de las principales dragadoras del mundo, en un proceso que contó con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

La iniciativa busca la modernización, operación y mantenimiento de esta ruta estratégica por la que circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región, convirtiéndola en una infraestructura clave para la competitividad productiva.

En el proceso se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las empresas dragadoras más importantes a nivel global.

El pliego licitatorio fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó como organismo técnico para garantizar la transparencia del proceso y asegurar criterios de competitividad en la adjudicación.

La convocatoria contó además con el acompañamiento de entidades representativas del sector productivo y portuario, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. También expresaron su respaldo los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.

A su vez, acompañaron el proceso entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina, además de organizaciones ambientalistas y referentes técnicos vinculados al comercio exterior y la logística.

La licitación se estructuró bajo un sistema de tres sobres. El primero contempla la evaluación de antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de las empresas oferentes. El segundo analiza el Plan de Trabajo, con un esquema de puntajes técnicos. El tercero pondera la oferta económica, con mayor peso relativo para garantizar la tarifa más baja posible para los usuarios del sistema.

Concluida la etapa de apertura y análisis de propuestas, el Poder Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión por 25 años. El esquema previsto establece que la concesión se realizará a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior argentino, en un contexto en el que la eficiencia de la hidrovía resulta determinante para las economías regionales y la inserción del país en los mercados internacionales.

Un informe del Banco Provincia, elaborado en base a datos del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), advirtió que durante 2025 las familias argentinas incrementaron de manera significativa su nivel de endeudamiento para sostener el consumo, en un contexto de deterioro de ingresos y aumento de la morosidad.

Según el relevamiento, el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En otras palabras, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario completo adicional en el transcurso del año.

“Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025”, destacó la entidad en el informe.

El Banco Provincia advirtió que el aumento del crédito en relación con los salarios no sería necesariamente problemático si existieran expectativas claras de recuperación del ingreso real o si la morosidad se mantuviera estable.

“El aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera”, señalaron. Sin embargo, el informe remarca que ninguna de esas condiciones se estaría cumpliendo actualmente.

Por el contrario, la irregularidad de cartera mostró un fuerte deterioro, especialmente en entidades no financieras, donde la mora saltó de 7,7% a fines de 2024 a 25% un año después. En los bancos tradicionales, el índice alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

El análisis también evidenció diferencias según el tamaño de los préstamos. Al cierre de 2025, uno de cada cinco créditos inferiores a un millón de pesos registraba atrasos, mientras que en los préstamos superiores a 10 millones de pesos la morosidad descendía a 11,9%.

De esta manera, el deterioro afecta con mayor intensidad a los deudores de menores recursos.

Si se mide la mora por cantidad de personas y no por volumen de crédito, el índice asciende al 24%. Es decir, casi una de cada cuatro personas presenta dificultades para afrontar sus deudas, frente al 13% cuando se evalúa por monto. El dato implica un salto de 10 puntos porcentuales en un año, ya que a fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

El informe también desmiente que el incremento de la mora sea consecuencia exclusiva del ingreso de nuevos usuarios al sistema financiero.

Los llamados “nuevos ingresantes” —personas sin exposición crediticia previa— acumularon durante el año una deuda de $3,1 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de las familias. Si bien su ratio de mora fue levemente superior al promedio (15,5% frente a 12,9%), solo explicaron 5 de cada 100 pesos de la nueva mora generada en el período.

“La conclusión es directa: el grueso del deterioro provino de deudores que ya estaban en el sistema y que, frente al deterioro en sus ingresos, perdieron gradualmente capacidad de pago”, sostuvo la entidad.

De cara a 2026, el Banco Provincia advirtió que la sostenibilidad del crédito como motor de la actividad dependerá principalmente de dos factores externos al sistema financiero: la recuperación del salario real y la evolución de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, señaló el informe, difundido por InfoBae.

En ese sentido, la entidad concluyó que el margen para sostener el consumo mediante una nueva expansión del endeudamiento es hoy menor que en 2024 y 2025. Con una base más amplia de deudores, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el crédito enfrenta límites más estrictos como herramienta de impulso económico.

Así, la dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el salario real logra recomponerse o si el actual “puente financiero” que sostuvo el consumo alcanzó su límite estructural.

Mientras continúa la tensión por el anuncio de cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el inicio de la conciliación obligatoria, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar con dureza al sector empresario por los niveles de precios en el mercado argentino.

El mandatario se hizo eco de declaraciones realizadas por Roberto Méndez, director ejecutivo de la cadena de distribución de neumáticos Neumen, durante una entrevista en el streaming AhoraPlay, donde el empresario admitió que en determinados períodos se aplicaron márgenes excesivos en la comercialización de cubiertas.

“Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas” y “nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, afirmó Méndez. Además, sostuvo que “estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios porque teníamos un mercado que no era real”.

Según detalló, en algunos momentos las remarcaciones alcanzaron niveles de hasta 70% y los márgenes de rentabilidad superaron ampliamente los parámetros habituales del mercado. En ese marco, consideró positiva la política de apertura y desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, al señalar que una mayor competencia contribuye a ordenar los precios.

Las declaraciones de Méndez se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron replicadas por el jefe de Estado, quien escribió en su cuenta de X: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

Este jueves, Milei volvió a cargar contra sectores empresarios, a los que acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por el cierre de empresas y la apertura de importaciones.

En el mismo mensaje, el Presidente mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” en referencia a Paolo Rocca, del Grupo Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate; y “Señor Lengua Floja” por el propio Méndez.

“Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, expresó Milei. Y agregó: “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

La polémica se da en un contexto delicado para la industria. La planta de Fate en Virreyes cerró sus puertas de manera definitiva, dejando sin empleo a más de 900 trabajadores.

Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de retrotraer el conflicto al estado previo al cierre y abrir una instancia de negociación entre la empresa y el sindicato del sector.

El debate se inscribe en un escenario más amplio de discusión sobre la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local, uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno. Milei enmarca esta disputa en lo que denomina la “Batalla Cultural”, en referencia a su confrontación con sectores que, según sostiene, defendieron durante años un esquema proteccionista que derivó en precios elevados y falta de competencia.

Las declaraciones del Presidente y del empresario reavivaron la discusión sobre la estructura de costos, los márgenes de rentabilidad y el impacto de las políticas de apertura en el entramado productivo nacional, en un momento de fuerte sensibilidad social por el empleo y la actividad industrial.

De acuerdo con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, diciembre registró un alza interanual del 3,5%, mientras que en la medición desestacionalizada mostró un incremento del 1,8% respecto de noviembre.

La suba mensual fue la más alta desde julio de 2024, cuando el indicador había marcado un avance del 2,6%, consolidando así una tendencia de recuperación en el tramo final del año.

Con este resultado, 2025 cerró con un crecimiento del 4,4%, ubicándose 2,6 puntos porcentuales por encima del desempeño de 2024, cuando la economía había retrocedido 1,8%.

El EMAE funciona como indicador preliminar del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo informe trimestral también difunde el INDEC. El organismo, presidido por Pedro Lines, dará a conocer en marzo próximo el cierre del tercer trimestre y el balance anual definitivo de 2025.

El último dato oficial del PBI había mostrado una expansión interanual del 3,3% en el tercer trimestre y un leve avance del 0,3% en términos desestacionalizados. Hasta ese momento, el producto acumulaba un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

En diciembre, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas. El mayor impulso provino de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2%, favorecida por una producción récord de trigo, tanto en volumen como en rendimiento promedio.

También se destacaron:

En contraste, algunos rubros registraron variaciones negativas que moderaron el crecimiento general. La industria manufacturera cayó 3,9% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,3%, sectores que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del EMAE. También mostraron bajas hoteles y restaurantes (-1,5%) y administración pública y defensa (-1,1%).

Tras la difusión de los datos, referentes del oficialismo celebraron el desempeño de la actividad económica, que superó las proyecciones de diversas consultoras privadas.

El presidente Javier Milei destacó el crecimiento a través de sus redes sociales y afirmó que el EMAE podría haber alcanzado hasta el 7% de expansión de no haber mediado el “riesgo kuka”, en referencia al clima de incertidumbre política.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

De este modo, el Gobierno nacional cerró el año con un dato positivo en materia de actividad económica, a la espera de la confirmación oficial del PBI anual que difundirá el INDEC en marzo.

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La medida quedó establecida a través de la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se adoptó pocos días después de que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunciara el lanzamiento de la Etapa II-B del mismo proyecto, que prevé transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

La nueva convocatoria abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

En esta fase se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. En el caso de Entre Ríos, el llamado comprende 276 kilómetros, entre ellos la concesión de la Ruta Nacional 18 —con tres cabinas de peaje entre Paraná y Concordia— y la denominada ruta 12 de Crespo a Paraná.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual. El esquema se enmarca en el “Proyecto Red Federal de Concesiones”, diseñado para reemplazar el modelo vigente por uno sin subsidios estatales.

La resolución aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato, los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones.

La documentación puede consultarse y descargarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. El plazo límite para la presentación de ofertas será el 18 de mayo a las 12:00, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 13:00 mediante acto público electrónico.

El llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”.

Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas.

La convocatoria forma parte del procedimiento de privatización total de Corredores Viales SA autorizado por el Decreto 97/2025, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.

Según los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía —con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”— es la autoridad encargada de llevar adelante el proceso. Previamente, la Dirección Nacional de Vialidad convocó y realizó audiencias públicas informativas sobre la Etapa III y presentó la tasación exigida por la Ley 23.696.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá eliminar el déficit del sistema actual, promover mayor transparencia y competencia, y equilibrar las cuentas públicas mediante la transferencia al sector privado de la operación y mantenimiento de los corredores.

La semana pasada, el Gobierno había lanzado la licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En esa oportunidad, el ministro Caputo precisó que la convocatoria incluía cuatro corredores estratégicos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

Las obras previstas en esa fase comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones avanza en distintas etapas con el objetivo oficial de modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y redefinir el esquema de gestión de los principales corredores nacionales.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió este viernes convocar a un paro nacional docente de 24 horas para el lunes 2 de marzo, en el marco de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La medida fue definida durante un congreso extraordinario de la entidad que conduce Sonia Alesso, donde se reclamó la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que supere la inflación.

Entre los principales ejes de la protesta se encuentra la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el congreso, Ctera reiteró además “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, y reclamó condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, provisión de recursos pedagógicos, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

La organización también expresó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, resolvió desarrollar acciones durante todo marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

La medida podría tener un fuerte impacto en Entre Ríos, ya que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de Ctera en la provincia, se plegará a la huelga. De esta manera, los docentes nucleados en el sindicato serán convocados a adherir al paro del 2 de marzo, lo que podría afectar el normal inicio del ciclo lectivo.

En paralelo, los sindicatos docentes que integran la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”.

La UDA, conducida por Sergio Romero, y la CEA, dirigida por Fabián Felman, señalaron en un comunicado conjunto que el sector atraviesa “la mayor caída presupuestaria en décadas” y que los salarios docentes se encuentran “en niveles de indigencia”.

Asimismo, remarcaron que la falta de convocatoria a la paritaria nacional, prevista en el artículo 10 de la Ley 26.075, podría profundizar y prolongar el conflicto, afectando el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Los gremios cuestionaron la derogación de normativas que garantizaban inversión educativa y advirtieron sobre el impacto negativo en la calidad del sistema, la desigualdad y el futuro de miles de estudiantes.

Finalmente, tanto Ctera como los sindicatos de la CGT coincidieron en que la paritaria docente constituye “una herramienta de paz y de diálogo” para resolver el conflicto y reclamaron al Gobierno Nacional una convocatoria urgente para discutir salario mínimo, condiciones laborales y carrera docente.