El intendente de Añelo, en Neuquén, Fernando Banderet, protagonizó el segundo panel del primer día del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, y destacó el rol que tiene el desarrollo y el valor agregado de la industria en una de las zonas claves de la economía del país como es Vaca Muerta. En este contexto, anunció que el año entrante este evento productivo tendrá, por primera vez en la historia, su sede en Añelo.

Durante la charla titulada “Añelo, capital de Vaca Muerta: Cómo una Pyme se instala donde crece la energía”, Banderet sostuvo: “Todo el mundo hablaba de Vaca Muerta pero no sabían que en la puerta había una ciudad en desarrollo: Añelo. Porque muchas veces hablamos de Vaca Muerta y de los récords de producción de gas, de petróleo.Pero Vaca Muerta es más que eso”.

“No es sólo lo que hay en el subsuelo, sino lo que hay arriba y derrama. Es desarrollo, inversiones. Porque eso va a ayudar a que la industria siga en crecimiento. Y hoy necesita la mano de todos. Y lo tenemos que hacer con el pequeño, el mediano y el gran empresario. Con el sector público y el privado”, enfatizó.

Luego, dijo: “Hoy Añelo tiene más de seis parques industriales, además de cuatro de origen privado. Tiene más de 500 empresas radicadas, que han generado la oportunidad de generar trabajo genuino. El Estado tiene que cumplir un rol fundamental, que es generar la apertura, el ingreso, motivar el desarrollo, la inversión, generar infraestructura básica”.

“Porque hace dos años nuestros parques industriales no podían tener acceso a la energía. Hoy la realidad es distinta. El sector privado acompaña en inversiones para revalorizar. Con Daniel, cuando empezamos a transitar en esto, se abrió la posibilidad para que las pymes puedan instalarse y que el acercamiento se dé con las pymes”, afirmó.

Banderet añadió en este punto: “Hoy somos 12 mil habitantes permanentes, proyectamos en el 2031 ser 50 mil. Necesitamos la colaboración de todos. Porque los operadores piensan cómo extraer el recurso, pero, ¿quién piensa en la comunidad, en la educación, en la formación? Ahí nos vinculamos todos”.

“Hay que recorrer, estar, saber de primera mano lo que es Vaca Muerta. No miremos a cuatro años, miremos a 50 años. Pensemos de qué manera nos podemos transformar. La llegada de tren y un aeropuerto va a permitir migrar y ver cómo vamos a sostener la comunidad a futuro”, dijo.

Por su lado, Daniel Rosato, dirigente PyME y presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó: “Yo creo que hay que generar las condiciones. Lo que estás haciendo en Añelo es unprincipio, una muestra, de lo que realmente se puede dar en cuanto a crecimiento para que las empresas se radiquen”.

Y añadió: “Acá vinculamos a todos los sectores de la industria para que vean lo que es Añelo e inviertan. El evento de exposición en Añelo será el primero de muchos. Y te vas a asombrar de lo que vamos a lograr hacer. Porque todos están deseosos de ir a Añelo y conocer lo que es la ciudad”.

El dirigente PyME y presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, destacó el rol que tendrás las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del futuro del país a la par que pidió medidas concretas para el sector, que atraviesa una crisi profunda con el cierre de decenas de empresas cada semana.

Durante el discurso de apertura del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se lleva a cabo en La Rural entre el 25 y el 27 de agosto, dijo: “Hay que remarcar la palabra consenso. Porque el objetivo es debatir, consensuar, las políticas públicas y privadas que necesita la industria para crecer”.Luego, dijo: “Argentina tiene una oportunidad única que tiene que ver con un gran desarrollo que tiene todo el sector energético. Pero donde una parte de toda la industria no está integrada por una cuestión de competitividad”.

Sin embargo, sostuvo, el futuro podría ser próspero: “Tenemos una Argentina con un superávit, vamos a llegar a exportaciones por más de 100 mil millones, es decir, estamos bien. Pero tenemos un sector que no puede acompañar esas exportaciones. Por eso es importante el debate. Es importante la discusión. Es importante el consenso”.

“Porque necesitamos ir por el camino de la competitividad. Y esto lo podemos lograr. Las grandes empresas vienen a invertir en un país con futuro. Y en ese futuro no podemos estar las pymes industriales fuera. Tenemos que estar integradas. Por eso es fundamental la discusión con el Estado, con los legisladores, con quienes vamos a discutir qué necesitamos”.

Dentro de las medidas que el sector necesita, Rostao dijo: “Necesitamos una policía industrial a futuro, que nos permita competir, crecer, acompañar este desarrollo energético. Recuerdo que el problema de Argentina era que los inversores no podían invertir porque no había energía. Hoy contamos con energía, tenemos un futuro”.

“Por eso es que creemos importante llevar a cabo discusiones en este congreso, porque necesitamos medidas concretas como la emergencia productiva, laboral. Entendemos que es fundamental que las grandes empresas reciban los RIGI e inviertan, porque esto va a derramar. Pero tenemos que estar integrados, seguir aportando”, añadió.

Y dijo: “No podemos dejar de bajar los brazos. Y tenemos que confiar en que Argentina va a cambiar por las pymes industriales. Por eso, en esta época tenemos más de 400 empresas apostando, invirtiendo. Porque saben que la Argentina va a salir adelante”.

Finalmente, dijo: “Decimos que nos comprometemos a no despedir más gente, a producir, para eso necesitamos sacar este peso tan grande que tienen las pymes: el endeudamiento. Es el endeudamiento de la falta de ventas, de competitividad. Tenemos que solucionar ese problema”.

“Tenemos que frenar los embargos por un año. Por eso es que han aumentado un 230 por ciento los concursos preventivos en las pymes. Porque ante la falta de ventas se provoca esto. Pero Argentina va a salir adelante y tenemos que confiar en que la vamos a sacar adelante juntos”, precisó.

Y concluyó: “Esto se soluciona con el diálogo, sacando leyes para avanzar en estos cambios que estamos pidiendo. Sin lugar a dudas, estamos confiados y entendemos que hay ganas: las pymes estamos, no bajamos los brazos”.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, habló durante la inauguración del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y destacó la importancia del sector productivo y las pymes en el desarrollo del país.

Durante el evento, que se lleva a cabo en La Rural en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, el gobernador aseveró: “Quería felicitar a todos por este evento. Es muy importante que Argentina no pierda esto, que esté presente con la pyme, con la industria”.

Luego, dijo: “Es lo que nos pone en el futuro. Un futuro que lo queremos tener mucho más cerca. Queremos trabajar para maximizar nuestra petrolera y transformarla en industria, turismo y producción”.

Con un discurso centrado en la producción, Figueroa dijo ante una audiencia repleta: “Estamos produciendo de manera industrial, siendo más eficientes para poder generar lo que hoy genera Neuquén, el sostén de la Argentina con la producción de divisas y que pueda crecer de otra manera”.

De cara al futuro, afirmó: “Hay muchas tareas pendientes. Estamos trabajando para desarrollar la industria, porque creemos que es importante agregar valor en la provincia. Y creemos que es importante incentivar a la zona franca; todo esto viene a hacer esa Argentina que necesitamos”.

Sobre su recorrida por la Expo, dijo: “Me llevo una muestra importante de lo que es nuestra Argentina. Vemos familias que por muchas generaciones trabajaron en esto. Creo que Neuquén tiene que aprender de otros parques industriales que se desarrollaron de manera exitosa”.

“Creo que la Argentina profunda, la que se esfuerza, la que trabaja, no se ve desde el Obelisco. Muchas veces se ve muy lejos el desarrollo genuino de la Argentina”, cerró.

Los centros de diálisis de todo el país expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector y reclamaron a PAMI una actualización urgente de los valores que abona por las prestaciones de diálisis.

Según plantearon las entidades, el problema alcanza a más de 200 centros distribuidos en todo el territorio nacional y compromete la atención de aproximadamente 4.700 afiliados de PAMI que requieren tratamiento dialítico.

El principal reclamo está vinculado con el denominado “módulo PAMI”, que establece, entre otros aspectos, el monto que la obra social reconoce por cada práctica.

De acuerdo con los centros de diálisis, ese valor no se actualiza desde hace un año y medio y, además, sufrió una reducción del 8%.

Los especialistas sostienen que la falta de actualización produjo un fuerte deterioro del valor real de la prestación frente al aumento de los costos.

En ese sentido, señalaron que durante 2025 la inflación alcanzó el 33,1%, mientras que en lo que va del año acumula un 19,3%, según los datos consignados por el sector.

Frente a este escenario, los nefrólogos reclaman una recomposición del orden del 50%, porcentaje que consideran necesario para recuperar y actualizar el valor de una práctica médica de alta complejidad.

Las entidades aseguran que durante los últimos meses realizaron distintas gestiones ante las autoridades de PAMI para plantear la necesidad de revisar el valor de la prestación.

Sin embargo, sostienen que hace más de un año no reciben una respuesta concreta por parte del Instituto.

La situación adquiere una dimensión particular en los centros ubicados en localidades del interior, donde los costos asociados a la atención de los pacientes tienen un impacto todavía mayor.

Según explicaron desde el sector, PAMI exige a estos establecimientos afrontar gastos adicionales vinculados con el traslado de los pacientes, las cirugías vasculares previas al tratamiento y la alimentación, entre otros conceptos.

El problema, advierten, es que mientras esos costos se actualizan periódicamente, el valor reconocido por la obra social permanece sin una actualización acorde con la evolución de los gastos.

A pesar de las dificultades económicas, los centros de diálisis señalaron que su intención es mantener la atención médica de los pacientes mientras las condiciones lo permitan.

La preocupación está puesta especialmente en la posibilidad de que la falta de actualización de los valores termine afectando la sustentabilidad de los establecimientos y, en consecuencia, la continuidad de una prestación esencial para miles de personas.

Desde el sector exhortaron a PAMI a intervenir de manera urgente y dar respuesta al reclamo de actualización.

La advertencia de los centros apunta a una situación que, según plantean, dejó de ser solamente un problema económico para convertirse en una preocupación sobre la sostenibilidad de la atención dialítica para los afiliados de la obra social.

Para una empresa argentina, sostener la actividad no depende solamente de cuánto vende. La posibilidad de financiar el capital de trabajo, cumplir con las obligaciones y atravesar períodos de menor liquidez puede marcar la diferencia entre mantener un proyecto en marcha o postergar inversiones y decisiones. En 2026, ese escenario adquiere una dimensión particular porque a las dificultades propias de la actividad se suma una pregunta de más largo plazo: cómo conseguir que los negocios puedan continuar cuando cambien quienes están al frente.

Los problemas vinculados con el financiamiento no son exclusivos de un determinado tipo de compañía. Alcanzan a pequeñas y medianas empresas, emprendimientos y compañías de distintas dimensiones, aunque su impacto puede variar según la estructura y el acceso que tenga cada una al sistema financiero. Por eso, mirar la situación crediticia permite entender una parte del escenario en el que las empresas argentinas intentan sostener sus operaciones.

Uno de los datos disponibles sobre las MiPyMEs surge del Indicador de Competitividad y Acceso al Financiamiento (ICAF) 2026 de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El relevamiento indica que 62,8% de las PyMEs no accedió a financiamiento durante 2025, una proporción que permite dimensionar las dificultades que todavía existen para incorporar el crédito como herramienta para invertir, cubrir necesidades de corto plazo o afrontar períodos de mayor exigencia financiera.

A esta dificultad se suma el deterioro en la capacidad de pago de las empresas que sí utilizan crédito. Por ejemplo, la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia señala que, en enero de 2026, el 12,5% de las firmas con financiamiento registraba atrasos superiores a 90 días en sus pagos, es decir, una de cada ocho empresas. El porcentaje representa un aumento de 2,6 puntos porcentuales respecto de enero de 2025.

Asimismo, los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran un aumento de la mora empresarial, ya que en marzo de 2026 alcanzó el 3,1% del crédito, frente al 0,9% de un año antes. Un reporte del Instituto Argentina Grande, elaborado con base en información del Centro de Estudios para el Desarrollo Empresarial y Urbano (CENDEU) y el BCRA, señala que la mayor morosidad se concentró en los préstamos con garantía hipotecaria (5,4%), seguidos por los prendarios (4,2%), los adelantos (3,2%) y los documentos (2,7%).

El crecimiento, igualmente, se observa entre las empresas clasificadas en situación 5, categoría que reúne a los denominados deudores irrecuperables, en otras palabras, se trata de quienes acumulan más de un año de atraso en al menos una línea. En marzo de 2026 había 21.948 empresas en esa condición, equivalentes al 7,7% del total de firmas deudoras. En 12 meses, el número creció 65%.

Esto resulta relevante porque permite observar que las dificultades financieras no se expresan únicamente en la cantidad de dinero que queda impaga. También pueden afectar la capacidad de las compañías para acceder a nuevos recursos, planificar inversiones o sostener decisiones de crecimiento.

La distribución territorial, además, no es homogénea. En ese mes, La Rioja registró una tasa de morosidad empresarial de 13,2%, seguida por Santiago del Estero, con 12,3%, y Chubut, con 9,2%. En el otro extremo aparecieron Jujuy, con 0,5%, Tierra del Fuego, con 0,8%, y CABA y Santa Cruz, ambas con 1,4%.

El escenario, por lo tanto, combina dos situaciones. Por un lado, una parte importante de las MiPyMEs enfrenta dificultades para acceder al financiamiento. Por otro, entre las empresas que sí utilizan crédito, aumentaron los indicadores asociados a los atrasos y al riesgo. Esa combinación puede limitar el margen disponible para invertir, expandirse o atravesar períodos de menor actividad.

Sin embargo, hay compañías para las que la continuidad implica algo más que superar las dificultades financieras del presente. Son las empresas familiares, un componente central del entramado productivo argentino que enfrenta, además, el desafío de definir quién continuará con el negocio cuando llegue el momento del recambio generacional.

En Argentina, las empresas familiares representan alrededor del 80% del entramado productivo, generan cerca del 70% del empleo privado y aportan aproximadamente el 60% del PBI nacional, de acuerdo con información del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF). Su peso económico explica por qué las decisiones relacionadas con su continuidad trascienden a las familias propietarias y pueden tener consecuencias sobre el empleo y la actividad.

En esa línea, hablar de empresas familiares no significa referirse solamente a negocios pequeños. Una compañía puede tener una estructura considerable y seguir siendo familiar si la propiedad, la conducción o las decisiones estratégicas permanecen vinculadas con una familia.

El problema aparece cuando la empresa depende demasiado de una persona y todavía no existe una estructura preparada para funcionar cuando esa figura se retire. En esos casos, la sucesión deja de ser una cuestión que pueda resolverse al momento del retiro y pasa a convertirse en una decisión estratégica.

Un relevamiento realizado por Insight 21, think tank de la Universidad Siglo 21, entre 400 empresas familiares argentinas mostró precisamente esa dificultad. En específico, el 59,5% de las compañías no tiene definido cómo será el traspaso generacional. El estudio fue presentado en la Cámara de Diputados y analizó cuestiones vinculadas con gobernanza, sucesión, conflictos, formación de futuros líderes, participación de familiares y aspectos patrimoniales.

La dimensión del problema aparece todavía con mayor claridad al observar la continuidad entre generaciones. Las estadísticas disponibles muestran que cerca del 70% de las empresas familiares no supera la primera generación. Entre las compañías relevadas, 54,7% se encuentra en manos de la segunda generación, una etapa especialmente relevante para definir la continuidad del negocio. En tanto, solo 13% llega a la tercera generación y apenas 1,9% alcanza la cuarta.

En ese sentido, el desafío no consiste únicamente en encontrar a la persona que ocupará el lugar del fundador, también implica establecer reglas, distribuir responsabilidades y construir sistemas de gestión que permitan que la empresa funcione aunque la conducción ya no dependa de una sola persona. En este punto, la profesionalización de la empresa se vuelve una herramienta central para ordenar la gestión y preparar su continuidad.

Pablo Loyola, presidente del IADEF y director de Novarum, explicó a EconoJournal que para muchos fundadores la empresa termina siendo “casi un hijo más”, porque su identidad  personal queda estrechamente vinculada con el negocio. Según el contador público, profesionalizar la gestión es un paso de madurez obligatorio para las compañías que buscan crecer.

Y es que la intuición y la experiencia pueden resultar suficientes durante las primeras etapas, pero pierden capacidad para responder a medida que aumenta la escala. En esa línea, sostuvo que no es posible escalar sin un sistema de gestión y sin tomar decisiones a partir de información, en lugar de depender únicamente de la intuición.

Los datos del relevamiento ayudan, a su vez, a entender por qué esa transformación resulta importante. Apenas 25,8% de las empresas familiares cuenta con un Consejo de Familia y 61,4% posee un Consejo de Administración o Junta Directiva. En materia de conflictos, solo 28,3% dispone de mecanismos formales para resolverlos. Esto significa que una parte considerable de las compañías todavía depende de acuerdos informales y de los vínculos personales para resolver cuestiones que, con el paso de los años, pueden adquirir una complejidad mayor.

La sucesión tampoco debería entenderse únicamente como una transferencia de bienes. En las empresas familiares existe una diferencia entre la herencia material y el legado que se transmite entre generaciones: valores, identidad, cultura, propósito y formas de entender el negocio. El propio análisis sobre empresas familiares advierte que la sucesión implica una transferencia de liderazgo, visión y cultura, y que dejarla librada a decisiones improvisadas puede generar consecuencias críticas.

Por eso, el acceso al financiamiento y la capacidad de atravesar períodos de dificultades económicas son apenas una parte de la ecuación. Una compañía puede resolver sus necesidades financieras de corto plazo y, aun así, quedar expuesta si no cuenta con una estructura preparada para el siguiente cambio de generación.

A este escenario se suma un cambio que durante mucho tiempo estuvo fuera de las discusiones empresariales: la transformación demográfica de Argentina. Durante décadas, muchas empresas familiares pudieron proyectar su continuidad bajo una premisa relativamente sencilla: alguno de los hijos podría incorporarse al negocio y, eventualmente, asumir su conducción. Pero el país tiene hoy generaciones más pequeñas y una cantidad de nacimientos significativamente menor.

En 2016 nacieron 728.035 bebés en Argentina. Seis años después, en 2022, fueron 495.295, una reducción del 32%. Al mismo tiempo, la tasa global de fecundidad llegó a 1,2 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 considerados necesarios para el reemplazo poblacional.

El fenómeno no significa necesariamente que las nuevas generaciones hayan decidido dejar de tener hijos. Una encuesta nacional sobre intenciones reproductivas realizada por UNFPA Argentina junto con Voices! encontró que 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no había alcanzado la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones.

Las restricciones económicas y vinculadas con los cuidados aparecen entre los principales obstáculos.  Por ejemplo, la investigación da cuenta de que estas condiciones explican 62% de los casos en los cuales las personas tuvieron menos hijos de los que deseaban. Dentro de ese grupo, 47% mencionó las limitaciones financieras, 29% la inseguridad laboral y 27% las dificultades para acceder a una vivienda.

Este fenómeno demográfico no permite afirmar, por sí solo, que las empresas familiares tendrán necesariamente mayores problemas de sucesión. Sin embargo, sí modifica el escenario en el que esas compañías deberán planificar su futuro.

Si durante generaciones la continuidad podía pensarse alrededor de varios hijos o familiares disponibles para incorporarse al negocio, una familia más pequeña reduce ese universo potencial. A eso se suma otro factor: incluso cuando existen descendientes, no necesariamente desean continuar con la empresa familiar o desarrollar su actividad profesional dentro de ella.

La pregunta, entonces, cambia. Ya no alcanza con pensar quién será el próximo integrante de la familia que ocupará el lugar del fundador, también resulta necesario definir qué ocurrirá si ningún descendiente quiere asumir la conducción, si los intereses profesionales de la nueva generación son diferentes o si la estructura familiar ya no permite garantizar un reemplazo.

Para las empresas argentinas, el desafío combina así dos horizontes. En el corto plazo, aparecen las dificultades para financiarse, cumplir obligaciones y sostener la actividad en un contexto de mayor morosidad. En el largo plazo, las empresas familiares deben resolver cómo preservar el negocio cuando llegue el recambio generacional.

Una familia tipo necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y superar la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El monto corresponde a un hogar compuesto por dos adultos y dos menores y representa un incremento del 2,2% respecto de junio. En la comparación interanual, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 36,1%.

El dato refleja cuánto dinero necesita mensualmente un hogar para cubrir no solo sus necesidades alimentarias, sino también un conjunto de bienes y servicios considerados indispensables.

Durante julio también se incrementó el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral utilizado para determinar la línea de indigencia.

La CBA registró una suba mensual del 2,6%, acumuló un aumento del 20,1% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 37,4%.

Para un adulto equivalente, el valor de la CBA se ubicó en $229.131.

En términos concretos, una familia que no logra reunir los ingresos suficientes para cubrir esta canasta no alcanza a satisfacer los requerimientos alimentarios mínimos establecidos por el INDEC.

El monto necesario varía de acuerdo con la cantidad y composición del hogar.

Para un hogar integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, el costo mensual fue de:

Para un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, los valores fueron:

Este es el modelo de familia tipo utilizado habitualmente para analizar la evolución de las líneas de pobreza e indigencia.

En un hogar formado por dos adultos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, se necesitaron:

El INDEC también estableció el valor de las canastas para un adulto equivalente, una unidad utilizada para comparar las necesidades de hogares de diferentes tamaños y composiciones.

En julio:

De esta manera, el valor de $506.381 representa la línea de pobreza mensual para un adulto equivalente, mientras que los $229.131 marcan la línea de indigencia.

La diferencia entre ambas canastas es central para comprender cómo se determina la pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y cantidades necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos establecidos para un adulto equivalente. Para determinar su composición, el INDEC utiliza información sobre los hábitos de consumo de la población obtenida a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios.

Para calcularla, el INDEC utiliza el denominado coeficiente de Engel, que relaciona el gasto destinado a alimentos con el gasto total de los hogares de referencia.

Por eso, el valor de la CBT constituye el parámetro utilizado para establecer la línea de pobreza, mientras que la CBA determina la línea de indigencia.

En julio, el costo de las necesidades básicas volvió a subir y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones mensuales para superar la línea de pobreza, en un contexto en el que los ingresos de los hogares continúan siendo determinantes para medir el impacto real de la inflación sobre el poder adquisitivo.

La inflación volvió a acelerarse en julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%, por encima del 1,9% de junio.

Con este resultado, la inflación acumuló un 19,3% en los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

El dato marca un cambio en la tendencia que se venía observando desde marzo y representa un nuevo desafío para el Gobierno nacional en su objetivo de continuar reduciendo la inflación.

El comportamiento de los precios mostró diferencias importantes entre los distintos capítulos que componen el IPC.

El mayor incremento correspondió a Recreación y Cultura, con una suba del 5%, impulsada principalmente por aumentos en paquetes turísticos y servicios culturales.

Le siguió Restaurantes y Hoteles, que registró una variación del 2,8%.

Entre los componentes que tuvieron menores aumentos se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 1,5%.

En tanto, Prendas de vestir y calzado fue el único rubro que registró una variación negativa, con una caída del 1,3% durante el mes.

Al analizar los distintos componentes del índice, la inflación núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— registró una suba del 1,8%.

Los precios regulados aumentaron 2,1%, mientras que los precios estacionales tuvieron un incremento considerablemente mayor, del 4,5%.

La diferencia entre estos componentes permite explicar parte de la aceleración registrada en el índice general durante julio.

El comportamiento de la inflación tampoco fue uniforme en todo el país.

El Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor variación, con un 2,3%, mientras que Cuyo presentó el menor incremento, con 1,9%, el mismo porcentaje que había registrado durante junio.

La evolución regional muestra que el comportamiento de los precios continúa dependiendo, entre otros factores, de la composición del consumo y de la incidencia de los precios estacionales y regulados.

El dato de julio interrumpió la trayectoria descendente que la inflación venía mostrando desde marzo.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, consideró que el resultado confirma que el proceso de reducción de la inflación no será lineal.

“El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar”.

La aceleración también impacta sobre las expectativas económicas y financieras, especialmente en relación con el comportamiento del dólar y las alternativas de ahorro.

El dato de julio será seguido de cerca por los mercados, aunque los analistas no consideran que implique necesariamente un cambio definitivo en el proceso de desinflación.

Sergio González, head de Asset Management en Cohen, señaló que el mercado continúa proyectando una reducción gradual de la inflación durante los próximos trimestres.

Según explicó, las expectativas reflejadas en los instrumentos financieros continúan anticipando una convergencia gradual de la inflación, pese al dato superior registrado en julio.

Por su parte, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, sostuvo que el nuevo dato también tendrá impacto sobre las decisiones de los ahorristas.

En ese contexto, señaló que los argentinos continúan buscando alternativas para diversificar sus ahorros y reducir la exposición al peso, aun en un escenario de mayor estabilidad cambiaria.

El dato de julio también vuelve a poner en discusión una de las expectativas planteadas por el Gobierno nacional respecto de la evolución futura de los precios.

La aceleración registrada durante el mes deja atrás la expectativa de alcanzar una inflación mensual cercana a cero en agosto. Incluso las proyecciones más optimistas ubican ese escenario recién hacia 2027.

Por ahora, el desafío oficial continúa siendo sostener la tendencia descendente de la inflación en un contexto en el que los precios todavía muestran comportamientos diferentes según los sectores y las regiones.

El salario ocupa un lugar cada vez más importante en las decisiones económicas de los hogares argentinos. Cuando el costo de vida aumenta, no alcanza con saber cuánto subió una remuneración, también importa qué parte de ese ingreso queda disponible después de pagar los gastos habituales y cuánto permite comprar frente a los precios actuales. Esa relación entre ingresos y gastos se convirtió en una de las principales preocupaciones para quienes deben ajustar mes a mes su presupuesto.

Durante 2026, la evolución de los salarios muestra que la desaceleración de la inflación no se tradujo automáticamente en una mejora de las condiciones de los trabajadores. Si bien las remuneraciones continúan creciendo en términos nominales, varios sectores todavía registran aumentos inferiores a la inflación y arrastran parte del retroceso acumulado durante los últimos años.

En este sentido, los recientes datos oficiales del INDEC permiten observar qué ocurrió en los primeros meses de 2026. En mayo, los precios aumentaron 2,1% respecto de abril. Durante el mismo período, los salarios privados registrados subieron 2,0% y los ingresos de los empleados públicos nacionales avanzaron 1,9%. Entre los trabajadores públicos provinciales, el incremento fue de 1,4%.

Sin embargo, el panorama se vuelve más claro cuando se deja de mirar un solo mes y se analiza el último año. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real del sector privado registrado cayó 2,9%. Entre los empleados públicos nacionales, el retroceso interanual llegó al 7,3%, mientras que entre los provinciales fue de 3,2%.

La diferencia resulta todavía más significativa si se toma noviembre de 2023 como punto de partida. Desde entonces, el salario real de los empleados públicos nacionales se encuentra 36,5% por debajo de aquel nivel. En el caso de los trabajadores públicos provinciales, la caída alcanza 9,8% y entre los privados registrados llega al 3,6%.

Pero, ¿qué ocurre cuando se analiza un período mucho más extenso? Un análisis elaborado por Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), utiliza los datos del Índice de Salarios del INDEC y toma 2017 como referencia para observar la evolución del poder adquisitivo hasta febrero de 2026.

El resultado marca una diferencia importante entre trabajadores privados y públicos. Para un trabajador privado formal, el retroceso acumulado equivalió a 16,2 salarios mensuales tomando como referencia el nivel de ingresos de 2017. En el caso del empleado público promedio, la cifra llegó a 21,8 salarios.

Estas cifras no significan que los trabajadores hayan dejado de cobrar esa cantidad de sueldos. El cálculo expresa cuánto ingreso, medido en términos del poder de compra que tenía en 2017, se fue resignando de manera acumulada durante los 98 meses analizados. Así, los 16,2 salarios equivalen a aproximadamente un año y cuatro meses de ingresos, mientras que los 21,8 salarios representan casi dos años.

Asimismo, la dimensión del retroceso permite entender que el impacto no fue uniforme. Los empleados públicos, y particularmente los nacionales, enfrentaron una caída más pronunciada del poder adquisitivo durante los últimos años, en un período que, además, estuvo acompañado por una reducción significativa de la estructura estatal.

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, hasta junio de 2026, la cantidad de trabajadores públicos nacionales se redujo en 71.661 puestos, un 21% respecto del inicio de la gestión. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación pasó de 343.357 trabajadores a 271.696 en ese período.

El recorte alcanzó a distintos sectores de la administración pública, aunque con diferente intensidad. La mayor reducción en términos absolutos se produjo en los organismos descentralizados, que registraron 25.382 trabajadores menos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado, con una disminución de 22.765 puestos. La administración centralizada, por su parte, perdió 17.974 empleados, en tanto que la administración desconcentrada y otros entes también registraron bajas.

De esta manera, la evolución de los salarios se inscribe dentro de una transformación más amplia del sector público. A la reducción de la cantidad de trabajadores se suma el retroceso de los ingresos reales de quienes permanecieron en la administración. El informe del CEPA vincula la disminución de la dotación con la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

El efecto de este escenario alcanza, a su vez, a los hogares. Y es que cuando una parte cada vez mayor del ingreso debe destinarse al consumo básico, disminuye el margen disponible para enfrentar imprevistos, realizar compras importantes o sostener compromisos financieros. En este contexto, el acceso a alternativas de financiamiento puede convertirse en una herramienta para afrontar gastos extraordinarios cuando el salario no alcanza a cubrirlos por completo.

Es importante destacar que el panorama cambia según el lugar donde vive y trabaja cada persona.  Un análisis de Fundación Mediterránea muestra que algunas jurisdicciones tienen una fuerte presencia del Estado como empleador y que otras dependen en mayor medida del sector privado formal. Esa diferencia importa porque una caída sostenida de los ingresos reales de los empleados públicos puede tener efectos distintos sobre el consumo y la actividad económica local según el peso que tenga ese grupo en cada territorio.

En esa línea, Tierra del Fuego aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de empleados públicos provinciales en relación con su población, con alrededor de 141 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes. Córdoba se ubica en el extremo opuesto, con unos 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. También presentan una participación elevada provincias como Santa Cruz y Neuquén.

El contraste ayuda a entender que el impacto de una misma política salarial no necesariamente es igual en todo el país. En una provincia donde una proporción importante de los trabajadores depende del Estado, una pérdida de poder adquisitivo puede repercutir con mayor intensidad sobre los comercios, el consumo y los servicios locales.

CABA presenta una situación diferente. La ciudad registra alrededor de 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, Fundación Mediterránea advierte que una parte importante de esas personas reside en el Gran Buenos Aires y se traslada diariamente hacia la capital, por lo que el dato debe interpretarse teniendo en cuenta esa particularidad.

El mercado laboral privado, por su parte, atravesó modificaciones durante el último año. Según el mismo análisis, cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras que crecieron modalidades como el monotributo, que incorporó más de 90.000 registros, y el trabajo no registrado. Estos cambios no solo modifican la composición del mercado laboral, sino que pueden alterar la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos con los que cuentan los hogares.

Es en este punto donde la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una estadística y empieza a reflejarse en la vida cotidiana. Un relevamiento de la consultora Zentrix encontró que 61% de los argentinos encuestados afirma que su dinero alcanza como máximo hasta el día 20 del mes. El dato no implica necesariamente que esos hogares se queden sin ingresos, sino que el costo de los gastos habituales consume el sueldo antes de que termine el mes.

El mismo estudio señala que otro 24,3% consigue llegar hasta fin de mes, pero sin margen para ahorrar. Apenas 13% afirma que puede cubrir sus gastos y, además, guardar parte de sus ingresos. A esto se suma que 86,1% considera que su salario no le gana a la inflación, una percepción que evidencia la presión que sienten los hogares sobre su presupuesto.

Los resultados de Delfos permiten observar el problema desde otra perspectiva. En abril de 2026, 52% de los argentinos aseguró que no llega a fin de mes, el nivel más alto de la serie relevada por la consultora. Otro 31% dijo que llega “con lo justo”, por lo que 83% de los encuestados atraviesa algún grado de tensión económica. Solo 17% consigue cubrir sus gastos y ahorrar.

Aunque se trata de relevamientos diferentes y sus resultados no son directamente comparables, ambos apuntan a un mismo problema: una parte importante de los hogares tiene poco margen después de afrontar sus gastos.

La presión sobre los ingresos también aparece en las decisiones laborales. Según Delfos, 43% de los argentinos está buscando trabajo, pero el dato central es que buena parte de ese grupo ya tiene una ocupación y busca sumar otra fuente de ingresos porque su remuneración actual no alcanza. En otras palabras, la búsqueda de empleo adicional no responde necesariamente a la falta de trabajo, sino a la necesidad de complementar el ingreso.

Los números demuestran así una realidad que va más allá de la evolución mensual de los salarios. Cuando los ingresos crecen por debajo de los precios, el ajuste termina trasladándose al presupuesto familiar: se reduce el ahorro, se postergan compras y aumenta la necesidad de buscar ingresos adicionales. En 2026, el desafío para los trabajadores no es solamente conseguir aumentos, sino recuperar un nivel de ingresos que vuelva a dar margen para llegar a fin de mes.

La Argentina continúa enfrentando un importante desafío de competitividad industrial. Los costos que afrontan las empresas para producir en el país siguen siendo elevados frente a buena parte de las economías con las que compite en la región, aunque durante el último año se observó una reducción de algunas brechas de precios.

La conclusión surge de un informe elaborado por la Fundación Mediterránea, que comparó los precios de 17 bienes y servicios utilizados por distintos sectores productivos de Argentina con los de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

En total, el relevamiento reunió cerca de 80 comparaciones de precios y determinó que, en términos generales, producir en Argentina resulta un 49% más caro que en los países analizados.

El estudio fue realizado por el economista Marcos Cohen Arazi, quien advirtió que la convergencia de precios todavía no se traduce en una mejora significativa de la competitividad.

“No hay mejoras significativas de la competitividad, evidenciando la necesidad de reformas adicionales y, posiblemente, tiempo para que continúe el proceso de ajustes de precios relativos”, señaló.

La comparación muestra diferencias importantes entre los países relevados.

Brasil aparece como la economía con menores costos relativos para las empresas argentinas: en el 65% de los casos analizados, los insumos comparados resultaron más baratos en el país vecino.

Le sigue Chile, donde el 64% de los precios relevados se ubicó por debajo de los valores argentinos, especialmente en insumos destinados a la industria manufacturera y la construcción.

En Paraguay, en tanto, el 56% de los bienes y servicios analizados presentó precios inferiores a los de Argentina.

En el otro extremo aparecen Uruguay y Estados Unidos. En el caso uruguayo, el 40% de los insumos relevados resultó más barato que en Argentina, mientras que en Estados Unidos la proporción se redujo al 24%.

De acuerdo con el informe, el ranking de costos relativos, de mayor a menor, queda conformado de la siguiente manera:

Estados Unidos → Uruguay → Chile → Argentina → Paraguay → Brasil.

El relevamiento contempló diferentes categorías vinculadas con la actividad productiva: insumos generales, construcción, industria manufacturera, alimentos y tecnología.

Entre los principales resultados aparecen diferencias significativas según el producto.

La energía eléctrica presenta valores elevados en Argentina: solamente uno de los cinco países comparados registra un precio superior.

En el caso de los combustibles, los valores argentinos también resultan superiores a los registrados en tres de los cinco países analizados.

El sector tecnológico presenta otra particularidad.

Los salarios de programadores y los espacios de coworking resultan más económicos en cuatro de los cinco países utilizados para la comparación.

En el caso del servicio de internet, Argentina presenta precios superiores a dos de esas economías.

En los neumáticos, la situación es más heterogénea. Chile y Paraguay presentan precios inferiores a los argentinos, mientras que la diferencia con otros países se redujo respecto de mediciones anteriores.

Entre los productos alimenticios también aparecen resultados contrapuestos.

El azúcar es más barata en Argentina que en los países comparados, mientras que la harina resulta más costosa que en cuatro de las cinco economías relevadas.

Uno de los datos destacados del informe es que la distancia de precios con los principales países vecinos viene reduciéndose.

Cuando se consideran Brasil, Chile y Paraguay, la brecha promedio pasó del 5,8% en julio de 2025 al 2,2% en julio de 2026.

Esto significa que, en términos generales, los precios argentinos se acercaron durante el último año a los de esos mercados.

Sin embargo, el estudio advierte que la cifra promedio puede ocultar diferencias importantes entre productos.

“Hay una importante heterogeneidad, por lo que la distancia promedio esconde grandes diferencias”, explicó Cohen Arazi.

La reducción de las brechas también se observa frente a los países que presentan mayores costos relativos.

En el caso de Uruguay y Estados Unidos, la diferencia promedio pasó del 42,5% en julio de 2025 al 36,4% en julio de 2026.

Aunque la distancia continúa siendo considerable, el informe identifica una tendencia de convergencia.

Entre los factores que podrían explicar este comportamiento aparecen la evolución de los precios internos, las variaciones en el tipo de cambio y los movimientos de los precios internacionales.

Para la Fundación Mediterránea, la reducción de las diferencias de precios constituye una señal positiva, pero todavía no alcanza para resolver el problema estructural de competitividad que enfrenta la industria argentina.

El proceso de convergencia es particularmente visible en los bienes transables, es decir, aquellos que pueden comercializarse internacionalmente. Sin embargo, el ritmo de ajuste continúa siendo lento.

“Reflejan una cierta tendencia a la ecualización de precios, lo que es esperable que ocurra principalmente en los bienes transables, pero también queda explícito que estos cambios se dan muy lentamente”, sostuvo Cohen Arazi.

El informe vuelve así a poner en el centro del debate el denominado “costo argentino”: la combinación de precios de insumos, servicios, energía, salarios y otros componentes que determina cuánto cuesta producir localmente frente a otros mercados.

Para las empresas argentinas, especialmente las industriales y exportadoras, la evolución de estos costos será determinante para recuperar competitividad y ampliar su capacidad de generar inversiones, producción y empleo.

El debate sobre cómo medir el consumo en la Argentina volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, cuestionara públicamente el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad informó que las ventas minoristas de las pymes cayeron 3,8% interanual en julio, mientras que acumularon una baja del 2,7% durante los primeros siete meses del año.

Galperin contrapuso ese dato con la evolución de su propia plataforma y planteó dudas sobre el alcance de la medición.

“Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”.

Según el empresario, el volumen transaccionado en Mercado Libre Argentina creció 38% interanual en moneda constante durante el último trimestre, en un contexto en el que el consumo medido por otros indicadores muestra señales de debilidad.

La discusión abrió un interrogante sobre si los indicadores tradicionales están captando adecuadamente el cambio en los hábitos de compra de los argentinos.

Sin embargo, desde CAME señalaron que ambas mediciones no representan exactamente el mismo universo. El relevamiento de la entidad está enfocado en comercios minoristas pymes y contempla más de un millar de establecimientos distribuidos en distintas regiones del país. Además, incorpora las ventas online realizadas por esos mismos comercios.

Por eso, una suba significativa del comercio electrónico y una caída de las ventas minoristas pyme pueden coexistir: se trata de universos y canales de comercialización diferentes.

El propio informe de CAME muestra, de hecho, que las ventas online de comercios con locales físicos aumentaron 14,9% interanual en julio, aun cuando el resultado general de las ventas minoristas fue negativo.

El informe de CAME atribuyó parte de la caída interanual al agotamiento del efecto del aguinaldo, que había aportado liquidez adicional durante junio, junto con una mayor incidencia de las tarifas de servicios sobre los presupuestos familiares.

El escenario derivó en un consumidor más cauteloso, que priorizó alimentos, medicamentos e insumos de reposición inmediata, mientras postergó compras de mayor valor, como indumentaria, bienes durables y otros productos no esenciales.

En términos mensuales, las ventas también retrocedieron 2,1% respecto de junio, según el relevamiento.

La percepción de los propios comerciantes refleja ese escenario: el 48,1% consideró que su actividad se mantuvo estable frente a julio del año pasado, mientras que el porcentaje que calificó la situación como desfavorable aumentó al 44,5%.

Seis de las siete actividades relevadas por CAME registraron bajas interanuales.

Las principales fueron:

La excepción fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que registró una mejora del 1%.

El escenario también impacta sobre las decisiones empresariales. El 61,5% de los comercios consultados consideró que el momento no es favorable para realizar nuevas inversiones de capital, mientras que apenas el 14% lo evaluó como oportuno.

La cautela responde, entre otros factores, a la presión sobre los márgenes, los costos de reposición y los gastos logísticos. Para muchos comercios, la prioridad continúa siendo sostener el funcionamiento cotidiano antes que comprometer recursos en nuevas inversiones.

El cruce entre Galperin y CAME expone una transformación que atraviesa al comercio argentino: una parte creciente de las operaciones se desplaza hacia plataformas digitales, marketplaces y nuevos medios de pago.

El dato de Mercado Libre muestra un fuerte crecimiento de su volumen de operaciones, mientras que el relevamiento de CAME refleja dificultades en una parte del comercio minorista pyme.

Ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente.

El verdadero debate, entonces, no parece limitarse a determinar si el consumo cae o crece, sino a establecer cómo está cambiando la manera en que los argentinos consumen y qué indicadores permiten medir mejor esa transformación.

La morosidad de los créditos otorgados a personas físicas continúa en aumento en Argentina y alcanzó en junio de 2026 al 17,5% del monto total prestado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con ECO GO.

Se trata del vigésimo incremento mensual consecutivo y confirma el deterioro de la calidad de las carteras de crédito registrado durante el último año y medio.

El dato adquiere particular relevancia al observar su evolución: en diciembre de 2024 la mora representaba el 3,6% del crédito, mientras que en diciembre de 2025 había trepado al 12,6%. En junio de 2026 llegó al 17,5%.

En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, señaló Martín E. Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

La situación presenta diferencias importantes según la provincia.

En Entre Ríos, la mora por monto alcanzó el 13,4%, ubicándose por debajo del promedio nacional y entre los niveles más bajos del país.

En el extremo superior de la tabla aparecen:

En el otro extremo se encuentran:

Los datos muestran, por lo tanto, un escenario heterogéneo, con diferencias considerables entre las distintas economías provinciales.

El deterioro también puede observarse cuando se analiza la cantidad de personas y no solamente el monto de dinero comprometido.

En junio, el 26,1% de los deudores registraba algún nivel de mora, lo que representa un incremento de 8,8 puntos porcentuales en comparación con junio de 2025.

En términos del monto total adeudado, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Es decir, mientras el crédito continúa expandiéndose, también crece la proporción de préstamos que presentan dificultades de pago.

Uno de los aspectos centrales del informe es la diferencia entre el sistema financiero tradicional y los proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Los PNFC representan el 14,1% del crédito total otorgado a personas, pero registran una mora por monto del 31%.

En el sistema financiero, en cambio, la morosidad alcanza al 15,2%.

La diferencia resulta significativa: el nivel de incumplimiento entre los proveedores no financieros es más del doble que el registrado en las entidades del sistema financiero.

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, advirtió Masci.

El incremento de los incumplimientos no significa que el crédito se haya frenado.

Por el contrario, el informe señala que, sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual.

Además, las 24 jurisdicciones del país registraron crecimiento real del crédito respecto de junio de 2025, con variaciones que fueron desde el 1,8% hasta el 13,1%.

Esto configura una situación particular: el sistema continúa prestando más dinero mientras simultáneamente aumenta la proporción de créditos que presentan problemas de pago.

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio llegó a $97,1 billones.

De ese total:

El crecimiento del financiamiento, sin embargo, convive con una mayor fragilidad en la capacidad de pago de una parte de los hogares y personas que acceden a estos préstamos.

El informe también analiza el endeudamiento en relación con el tamaño de cada economía provincial, utilizando el indicador de crédito sobre Producto Bruto Geográfico (PBG).

En este caso, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más elevados.

Este indicador permite observar que no necesariamente las provincias con mayor mora son las que presentan el mayor nivel de crédito relativo a su economía.

El Monitor mensual de crédito a las familias es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y ECO GO a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aunque el informe utiliza la denominación “familias”, el universo analizado corresponde específicamente a personas físicas con saldo positivo informado en la Central de Deudores. No se incluyen personas jurídicas.

El trabajo fue elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Martín E. Masci.

La evolución de los últimos 18 meses marca un cambio significativo en la calidad del crédito: la mora pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026.

Aunque el financiamiento continúa creciendo y Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menor morosidad, la tendencia nacional plantea un desafío para el sistema financiero: sostener la expansión del crédito sin que el aumento de los incumplimientos termine deteriorando aún más la capacidad de pago de los deudores.

La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo político luego de que la senadora nacional Juliana Di Tullio presentara una impugnación contra el legislador entrerriano Joaquín Benegas Lynch, a quien acusa de mantener un presunto conflicto de intereses por su actividad empresarial vinculada al mercado de tierras rurales.

La presentación fue realizada horas después de que el oficialismo decidiera retirar del temario del Senado el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía modificaciones al régimen de tierras y que finalmente no fue tratado por falta de los votos necesarios para su aprobación.

Según la documentación citada en la impugnación, Benegas Lynch figura como fundador y director de Glocal Terra, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento, valuación, administración e intermediación para inversiones en tierras rurales en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

En su sitio web institucional —publicado en idioma inglés— la firma informa que trabaja con propietarios e inversores extranjeros, brindando asesoramiento comercial, financiero y legal para operaciones vinculadas al mercado de tierras.

Entre los servicios que promociona se encuentran:

La empresa sostiene haber participado en operaciones sobre más de 3 millones de hectáreas en distintos países de América Latina y afirma haber valuado más de 400.000 hectáreas destinadas a actividades agrícolas, forestales, ganaderas y proyectos de conservación.

La senadora del bloque Justicialista presentó una nota dirigida a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en la que solicita que Benegas Lynch se abstenga de participar en cualquier tratamiento legislativo relacionado con la normativa sobre tierras rurales.

Según Di Tullio, existe una incompatibilidad entre el rol de legislador y su participación en una empresa cuya actividad comercial podría verse directamente beneficiada por eventuales modificaciones legales.

En la presentación sostiene que existe una "colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado", ya que cualquier cambio en el régimen vigente podría impactar sobre el volumen de negocios de la empresa.

La legisladora también invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, al considerar que corresponde analizar si existe un conflicto de intereses que afecte la imparcialidad del senador durante el debate parlamentario.

En su página institucional, Glocal Terra sostiene que las empresas privadas generan beneficios sostenibles cuando operan "en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados", una definición alineada con principios promovidos por La Libertad Avanza.

La firma también manifiesta desarrollar acciones de responsabilidad social y menciona su colaboración con organizaciones como Conin, señalando que parte de sus ganancias se destinan a apoyar programas educativos y de nutrición.

La polémica se produjo luego de que el oficialismo retirara del orden del día el proyecto de reforma de la Ley de Tierras al no reunir los apoyos necesarios para su aprobación en el Senado.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no realizó declaraciones públicas sobre la impugnación presentada por la senadora Di Tullio ni sobre los cuestionamientos vinculados a su participación en Glocal Terra.

El planteo deberá ser evaluado por las autoridades de la Cámara Alta en el marco del procedimiento legislativo correspondiente.

La economía doméstica continúa siendo el principal desafío para millones de argentinos. Un estudio nacional elaborado por Zentrix Consultora refleja que la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento del endeudamiento y la imposibilidad de llegar a fin de mes configuran un escenario de fuerte preocupación social, incluso entre quienes respaldan al Gobierno nacional.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) correspondiente a julio muestra que el 61,9% de los argentinos contrajo deudas durante los últimos seis meses y que, en más de la mitad de los casos, esos préstamos fueron destinados a cubrir gastos cotidianos y no a financiar inversiones o compras de largo plazo.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento indica que el 66% de los argentinos agota sus ingresos antes o a partir del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación es aún más compleja entre los jóvenes de 18 a 39 años: el 85,5% asegura quedarse sin dinero antes de finalizar el mes, evidenciando una mayor fragilidad económica respecto de otros grupos etarios.

En paralelo, el 87,4% de los consultados considera que su salario perdió frente a la inflación, percepción que atraviesa incluso a los votantes del oficialismo.

La encuesta revela un cambio profundo en la utilización del crédito.

Del total de personas que se endeudaron:

El informe sostiene que el crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un mecanismo para sostener el consumo cotidiano.

La situación resulta especialmente delicada entre los jóvenes, donde más de un tercio recurrió a prestamistas o financieras informales, generalmente con costos financieros mucho más elevados.

El estudio también muestra que endeudarse no resuelve la situación económica de los hogares.

Entre quienes tomaron créditos:

Además, el 55% considera que las tasas de interés actuales convierten al crédito en "una trampa", reflejando el creciente peso del endeudamiento sobre la economía familiar.

Otro de los aspectos relevados fue la percepción respecto de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El 67,1% de los consultados sostiene que la inflación oficial no refleja el aumento de precios que experimenta en la vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% considera que los datos oficiales representan la realidad.

Para la consultora, esta diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia diaria de los consumidores explica por qué la desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una mejora del humor social.

Al consultar sobre los problemas que más preocupan a la sociedad, la encuesta ubicó en primer lugar a la corrupción, mencionada por el 48,8% de los participantes.

Detrás aparecen cuestiones directamente vinculadas al bolsillo:

El informe concluye que, aunque la corrupción encabeza el listado, cuatro de las cinco principales preocupaciones de los argentinos están relacionadas con la situación económica.

El relevamiento también analizó la percepción sobre las principales figuras políticas nacionales.

El presidente registró:

Su mejor desempeño aparece entre hombres menores de 40 años del interior del país, mientras que los niveles más altos de rechazo se observan entre mujeres y mayores de 40 años.

El gobernador bonaerense obtuvo:

Su mayor respaldo se concentra en mujeres y habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad alcanzó:

Su imagen presenta escasas variaciones entre los distintos grupos etarios.

La dirigente del Frente de Izquierda fue la única figura con balance positivo:

Sin embargo, ese diferencial favorable no se traduce en una intención de voto elevada para una eventual elección presidencial.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) fue elaborado por Zentrix Consultora entre el 21 y el 30 de julio de 2026 sobre una muestra nacional de 1.468 casos válidos.

El relevamiento se realizó mediante cuestionarios online y presenta un margen de error de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del 16,8% en las escalas del monotributo, que impacta tanto en los topes de facturación como en el valor de las cuotas mensuales. Los nuevos montos se utilizarán para la recategorización del segundo semestre de 2026 y comenzarán a aplicarse en los pagos con vencimiento desde agosto.

Aunque el organismo toma como referencia la facturación acumulada de los últimos 12 meses, muchos monotributistas utilizan un cálculo mensual para controlar sus ingresos y evitar superar el límite de la categoría en la que se encuentran inscriptos.

Tomando los nuevos topes anuales establecidos por ARCA, estos son los montos orientativos de facturación mensual:

Estos valores son una referencia práctica para el seguimiento mensual, aunque el parámetro que define la permanencia en cada categoría es la facturación anual acumulada, aclara ARCA.

El organismo recordó que la categoría del monotributo no depende únicamente de los ingresos. También se tienen en cuenta otros indicadores vinculados a la actividad, entre ellos:

Además, ARCA evalúa los ingresos devengados de los últimos doce meses, es decir, el total de las facturas emitidas durante ese período, sin importar la fecha en que fueron cobradas.

Por ese motivo, superar el promedio mensual en un determinado mes no implica automáticamente quedar fuera de la categoría, siempre que la facturación anual permanezca dentro del límite establecido.

Los contribuyentes que superen los topes previstos para su categoría deberán realizar la recategorización correspondiente.

En tanto, quienes excedan el monto máximo permitido para permanecer en el monotributo deberán incorporarse al régimen general, tributando IVA y Ganancias conforme a la normativa vigente.

La actualización de las escalas busca mantener los valores del régimen simplificado en línea con la evolución de los precios y servirá como referencia para miles de monotributistas que deberán revisar su situación fiscal durante este segundo semestre de 2026.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Las declaraciones del mandatario argentino durante su visita a Brasil el pasado fin de semana generaron una fuerte reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó los dichos como una "provocación sin precedentes".

En la Casa Rosada reconocen que existe un "enorme malestar" entre ambos gobiernos, aunque sostienen que el conflicto se limita al plano político y que no tendrá consecuencias sobre el intercambio comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

"Lo diplomático y lo comercial corren por carriles separados en este caso", señalaron fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales.

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), en San Pablo, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones brasileñas previstas para octubre.

En ese contexto, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra Lula da Silva, a quien volvió a cuestionar por su apoyo a Sergio Massa durante el balotaje presidencial argentino de 2023.

Milei afirmó que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y vinculó al actual gobierno brasileño con las políticas socialistas que, según sostuvo, llevaron a la Argentina a una profunda crisis económica.

Además, calificó a Lula como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario", y también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente condenado por intento de golpe de Estado.

Las declaraciones motivaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las expresiones del presidente argentino.

Al mismo tiempo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó a su país para mantener reuniones con la Cancillería.

En un comunicado oficial, el gobierno brasileño sostuvo que no existen antecedentes de que un jefe de Estado extranjero haya realizado declaraciones de ese tenor durante una visita al país.

"Es especialmente lamentable que este episodio involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene más de 200 años de amistad y que constituye su principal socio comercial", expresó la Cancillería brasileña.

Posteriormente, Mauro Vieira calificó los dichos de Milei como una "provocación sin precedentes" y sostuvo que representaron una injerencia en asuntos internos brasileños, además de una ofensa hacia el presidente, el Poder Judicial, las instituciones democráticas y el pueblo de ese país.

Pese al endurecimiento del clima diplomático, en el Gobierno nacional consideran que la tensión no derivará en represalias económicas.

Desde el oficialismo recuerdan que las diferencias entre ambos mandatarios comenzaron incluso antes de la asunción de Milei, luego de que Lula respaldara públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En defensa del Presidente también se expresó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien afirmó que dirigentes brasileños habían participado anteriormente de actividades políticas en la Argentina durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, La Libertad Avanza difundió imágenes del viaje presidencial acompañadas por el mensaje: "La derecha sea unida", en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Más allá de la crisis política, Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Sur. Ambos países son los principales socios del Mercosur y sostienen un intenso intercambio en sectores como la industria automotriz, la producción agroindustrial, la energía y el comercio manufacturero.

Por el momento, las diferencias parecen concentrarse en el plano diplomático. Sin embargo, el intercambio de declaraciones y la convocatoria de embajadores reflejan el mayor nivel de tensión bilateral registrado en los últimos años y abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente Xi Jinping afirmó este lunes que China está dispuesta a fortalecer aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con Brasil.

Xi lo afirmó durante una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un resumen de Xinhua. 

Xi señaló que, en los últimos años, la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países lograron avances positivos.

Eso desempeñó un importante papel en el impulso del desarrollo de las dos naciones y en la mejora del bienestar de sus pueblos, además de contribuir a una valiosa estabilidad en un panorama internacional marcado por la volatilidad, subrayó.

Al apuntar que este año se conmemora el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y marca el inicio del XV Plan Quinquenal del país, mientras que Brasil afrontará una importante agenda política interna, Xi afirmó que su nación está dispuesta a reforzar aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con el gigante sudamericano para mantener el impulso positivo en la construcción de una comunidad de futuro compartido.

Xi indicó que, frente a las nuevas circunstancias y desafíos, China y Brasil, como importantes miembros del Sur Global, deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización, desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global y en la defensa de la equidad y la justicia internacionales.

Añadió que ambas partes deben promover conjuntamente un desarrollo de alta calidad de la cooperación del BRICS ampliado, orientar adecuadamente esa cooperación, mantener el impulso de la unidad, lograr más resultados y escribir un nuevo capítulo de solidaridad y autosuficiencia para el Sur Global.

Xi afirmó que China concede gran importancia a la posición internacional y a la influencia de Brasil, y expresó su apoyo a ese país en la defensa de su soberanía e independencia, en su oposición a las injerencias externas y en su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Por su parte, Lula destacó que Brasil y China lograron avances positivos en la construcción de una comunidad de futuro compartido para un mundo más justo y un planeta más sostenible, con una cooperación que avanza rápidamente en diversos ámbitos.

El comercio bilateral alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que la serie de actividades del Año de la Cultura Brasil-China fortaleció aún más la base social de la amistad entre ambos pueblos.

Señaló que Brasil espera reforzar la cooperación con China en áreas como la inteligencia artificial, la energía y los recursos minerales.

Y dio la bienvenida a una mayor inversión de empresas chinas en Brasil para diversificar la cooperación bilateral y generar más resultados fructíferos.

La intención del Gobierno nacional de derogar la Ley Nº 25.542 de Defensa de la Actividad Librera abrió un fuerte debate dentro del sector editorial argentino. Editores, libreros y entidades vinculadas al mundo del libro manifestaron su preocupación por una iniciativa que, aseguran, podría afectar la diversidad editorial y comprometer la continuidad de cientos de librerías independientes en todo el país.

La propuesta forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y plantea eliminar el sistema de precio uniforme de venta al público, vigente desde 2001.

La legislación actual establece que cada libro debe comercializarse al mismo precio en todos los puntos de venta, valor fijado por la editorial o el importador. Según sus defensores, este mecanismo evita la competencia basada exclusivamente en descuentos y permite que pequeñas librerías puedan competir con grandes cadenas comerciales y plataformas de venta online.

La Cámara Argentina del Libro (CAL), que reúne a unas 500 editoriales pequeñas y medianas, sostuvo que la norma constituye una herramienta fundamental para preservar el ecosistema editorial argentino.

En un comunicado, la entidad señaló que el precio uniforme promueve la competencia a través de la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la difusión de nuevos autores, en lugar de hacerlo únicamente mediante rebajas de precios.

Desde la CAL advirtieron que, si prospera la derogación, las grandes cadenas y plataformas digitales podrían aplicar políticas comerciales imposibles de sostener para las librerías independientes, generando cierres y una mayor concentración del mercado.

La entidad recordó que desde la sanción de la ley se registró un importante crecimiento del sector editorial argentino, con un aumento en la cantidad de editoriales, publicaciones y librerías distribuidas en todo el país.

También destacó que el sistema brinda previsibilidad para el cálculo de regalías de los autores y contribuye a desalentar la piratería al establecer un precio de referencia para las ediciones legales.

La inquietud también se hizo sentir en Entre Ríos. En declaraciones a APFDigital, los propietarios de la tradicional librería El Templo del Libro, de Paraná, cuestionaron el proyecto y consideraron que eliminar el precio uniforme dejaría a los pequeños comercios en una situación de marcada desigualdad.

Pedro Demonte y Juan Sebastián Demonte afirmaron que la ley cuenta con el respaldo de toda la cadena del libro y advirtieron que, sin esa protección, resultaría imposible competir con supermercados, grandes cadenas o plataformas digitales que pueden aplicar descuentos muy superiores.

"Se busca eliminar la competencia mediante prácticas de dumping. En ese escenario, las librerías independientes tendríamos enormes dificultades para seguir funcionando", expresaron.

Los libreros remarcaron además que estos espacios cumplen una función cultural que va mucho más allá de la venta de libros.

Según explicaron, en su local conviven lectores de todas las edades, desde niños interesados en cómics hasta adultos que buscan novelas, ensayos, libros de historia, política o publicaciones vinculadas con Paraná y Entre Ríos.

En ese sentido, sostuvieron que la desaparición de librerías de cercanía también implicaría la pérdida de espacios de encuentro, recomendación y promoción de la lectura.

La Ley de Defensa de la Actividad Librera fue sancionada en 2001 tomando como referencia la denominada Ley Lang, vigente en Francia desde 1981, y tiene equivalentes en países como España, Alemania, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.

Entre sus principales objetivos figura garantizar condiciones equitativas para toda la cadena comercial del libro, proteger la bibliodiversidad y favorecer el acceso de los lectores a una oferta amplia y plural.

Mientras el proyecto del Gobierno aún no ingresó formalmente al Congreso, el debate continúa sumando voces. Editores, libreros, distribuidores y autores coinciden en que cualquier modificación al régimen vigente tendrá un impacto directo sobre el futuro de una de las industrias culturales más importantes del país.

El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar el debate sobre la propiedad de los recursos estratégicos en la Argentina. Desde distintos sectores ambientalistas surgieron cuestionamientos a la iniciativa, que busca eliminar restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Uno de los críticos fue Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien en declaraciones al portal Debate Abierto advirtió que la propuesta podría facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra y de recursos naturales en manos de empresas extranjeras.

Según explicó Micheloud, el proyecto pretende modificar la legislación sancionada en 2011, que estableció límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La norma vigente fija un tope del 15 % de la superficie rural en manos de extranjeros dentro de cada jurisdicción y establece límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular.

Para el abogado ambientalista, eliminar esas restricciones implicaría abrir la puerta a una mayor concentración de la propiedad rural.

"La tierra y el agua son recursos finitos. El problema es enfrentarlos a un capital transnacional que prácticamente no tiene límites", sostuvo.

Micheloud señaló que una de las mayores preocupaciones está vinculada con la protección de las fuentes de agua.

Explicó que la legislación actual contempla restricciones para la venta de tierras que incluyen cuerpos de agua estratégicos, como lagos, lagunas o sectores ribereños, resguardos que, según su interpretación, podrían verse afectados si prospera la reforma.

En ese contexto, advirtió que la disponibilidad de agua dulce adquirirá cada vez mayor importancia en un escenario internacional marcado por el cambio climático, la transición energética y el crecimiento de industrias vinculadas a minerales estratégicos y nuevas tecnologías.

Durante la entrevista, el especialista vinculó el interés sobre los recursos naturales argentinos con la creciente demanda mundial de minerales como el litio, el cobre y las denominadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico y energético.

También mencionó el incremento del consumo de agua y energía asociado a grandes centros de procesamiento de datos utilizados por empresas dedicadas a la inteligencia artificial.

A su entender, estos factores incrementan el valor estratégico del territorio argentino en el escenario geopolítico actual.

Micheloud cuestionó además el acompañamiento de algunos sectores políticos a la iniciativa oficial y reclamó que el tratamiento legislativo se realice con un amplio debate público.

En paralelo, organizaciones ambientalistas anunciaron una convocatoria para el 6 de agosto, fecha en la que, según trascendió, el proyecto podría comenzar a discutirse en el Congreso Nacional.

La reforma aún deberá atravesar el debate parlamentario, donde oficialismo y oposición expondrán sus argumentos sobre una iniciativa que reabre la discusión acerca del régimen de propiedad de la tierra y la protección de los recursos naturales estratégicos del país.

Las principales entidades que representan a productores ganaderos y a la industria frigorífica manifestaron su rechazo al anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone modificar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

A través de un comunicado enviado a Paralelo32, las organizaciones expresaron su "firme respaldo institucional" al organismo y advirtieron que la eliminación de los aportes obligatorios del sector privado pondría en riesgo una herramienta que consideran estratégica para el desarrollo de la cadena bovina.

Las entidades señalaron que el IPCVA ha tenido un papel fundamental en la apertura de mercados internacionales, la promoción de la carne argentina en el exterior y el fortalecimiento de los acuerdos comerciales y sanitarios.

"Rechazamos cualquier intento de alterar las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional", afirmaron.

En ese sentido, recordaron que el Instituto también destina entre el 3 y el 5 por ciento de su presupuesto anual al sostenimiento de acciones sanitarias desarrolladas junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), además de impulsar campañas de promoción que posicionaron a la Carne Argentina como un producto de calidad en los mercados internacionales.

Uno de los puntos más cuestionados por las entidades es la posibilidad de reemplazar el actual sistema de aportes obligatorios por un esquema voluntario.

Según sostuvieron, esa modificación significaría, en los hechos, la desaparición del Instituto.

"Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA", alertaron.

Actualmente, el organismo se financia exclusivamente con aportes privados realizados por productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. La legislación vigente establece que los productores contribuyen con un 0,07 % del valor índice de la res vacuna al momento de la faena, mientras que la industria aporta un 0,03 %.

Las organizaciones remarcaron que el Consejo de Representantes del IPCVA reúne a las principales entidades vinculadas con la producción y la industrialización de carne vacuna en Argentina.

Entre ellas se encuentran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).

También integra el organismo el Estado nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las entidades coincidieron en que el IPCVA constituye una herramienta estratégica para sostener la competitividad del sector, promover las exportaciones, respaldar la investigación y consolidar el posicionamiento internacional de la carne vacuna argentina, por lo que reclamaron mantener el esquema de financiamiento vigente.

Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante mayo se registraron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Dentro de ese total, los pagos con transferencias interoperables alcanzaron 103,7 millones de operaciones, de las cuales 102,5 millones fueron realizadas mediante códigos QR, lo que representa el 98,8% de ese segmento.

El crecimiento refleja la fuerte expansión de los medios de pago digitales en la vida cotidiana de los argentinos. Comprar en un comercio escaneando un código QR, enviar dinero desde una billetera virtual o realizar una compra por internet son acciones que hoy forman parte de la rutina de millones de personas.

En paralelo, el Global Payments Report 2026, elaborado por Worldpay, señala que las billeteras digitales continúan ganando terreno. Durante 2025 representaron el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos y el 39% de las operaciones de comercio electrónico en Argentina.

Detrás de cada pago digital existe una infraestructura tecnológica que funciona de manera permanente para garantizar que las transacciones se realicen en pocos segundos y con altos niveles de seguridad.

Cuando un usuario paga mediante un código QR, intervienen bancos, billeteras virtuales, procesadores de pago y plataformas tecnológicas que validan la disponibilidad de fondos, autorizan la operación y procesan la transferencia prácticamente en tiempo real.

Además, sistemas de monitoreo analizan continuamente el comportamiento de las operaciones para detectar posibles fraudes, prevenir incidentes y asegurar la continuidad del servicio.

Desde la empresa tecnológica TIVIT señalaron que el crecimiento de los pagos digitales obliga a fortalecer permanentemente la infraestructura que sostiene este ecosistema.

El responsable de Desarrollo de Negocios Digitales de la compañía, Jenner José Fuentes Espinoza, explicó que los usuarios esperan que las operaciones se concreten en segundos y estén disponibles en cualquier momento del día.

En ese contexto, indicó que las organizaciones deben operar plataformas con alta disponibilidad, capacidad para absorber picos de demanda y mecanismos que permitan garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas.

Entre los principales desafíos aparecen la escalabilidad de los sistemas, el monitoreo en tiempo real, la resiliencia operativa frente a incidentes y la integración entre bancos, fintech, comercios y proveedores tecnológicos.

Los datos del Banco Central muestran que la inmediatez se convirtió en una característica indispensable del sistema financiero actual. A medida que crecen las transferencias instantáneas y los pagos mediante QR, también aumenta la necesidad de contar con plataformas tecnológicas capaces de procesar millones de operaciones de forma simultánea, segura y sin interrupciones.

La expansión de estos medios de pago confirma el avance de la digitalización de la economía argentina y el cambio de hábitos de los consumidores, que incorporan cada vez más las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas como herramientas habituales para realizar sus compras y operaciones diarias.

El Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS) lanzó una campaña para solicitar al Consorcio Unicode, organismo responsable de definir el estándar internacional de los emojis, la incorporación de un ícono que represente al tradicional sifón de soda.

La iniciativa incluye una petición pública en la plataforma Change.org, con el objetivo de reunir adhesiones que respalden la presentación formal ante Unicode. Los impulsores consideran que el sifón, presente en la vida cotidiana de los argentinos desde hace más de un siglo, merece formar parte del lenguaje digital por su fuerte valor cultural e identitario.

Desde IVESS sostienen que, si bien existen cientos de emojis relacionados con comidas, bebidas y objetos de uso diario, actualmente no hay ninguno que represente al sifón, un elemento asociado a reuniones familiares, bodegones, bares y mesas compartidas en todo el país.

"Los emojis también cuentan quiénes somos. El sifón representa una costumbre profundamente arraigada en la identidad argentina y merece formar parte de ese lenguaje universal", señalaron desde la campaña #UnEmojiDelSifón.

Quienes promueven la propuesta explican que hoy, para hacer referencia a la soda, los usuarios suelen combinar emojis de vasos, gotas o burbujas, aunque consideran que ninguno refleja la imagen característica del sifón.

La incorporación de un nuevo emoji depende de una evaluación realizada por el Consorcio Unicode, que analiza distintos criterios antes de aprobar una propuesta. Entre ellos figuran la relevancia cultural del símbolo, su potencial de uso a nivel global, el reconocimiento por parte de diferentes comunidades y la necesidad de cubrir un vacío dentro del catálogo actual.

Con ese objetivo, la campaña busca reunir miles de firmas que demuestren el interés social por la iniciativa y fortalezcan la presentación oficial.

Además de sumar apoyos, los organizadores pretenden abrir el debate sobre aquellos objetos que forman parte de la identidad y las tradiciones de distintos países, pero que aún no tienen representación en el universo de los emojis.

"La intención es que uno de los grandes íconos de la cultura popular argentina encuentre finalmente su lugar entre los emojis del mundo", expresaron desde IVESS.