Los reconocimientos fueron obtenidos por dos proyectos independientes del interior del país: Cervecería Okcidenta, de Santa Fe, y Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, que lograron hitos inéditos para sus regiones y para la cerveza artesanal argentina dentro del máximo certamen mundial.

La edición 2026 de la World Beer Cup se desarrolló en Filadelfia, Estados Unidos, con la participación de 1.644 cervecerías y 255 jueces especializados de 38 países, quienes evaluaron a ciegas las distintas muestras bajo rigurosos criterios de calidad, estilo, técnica y procesos de elaboración.

Uno de los grandes logros llegó de la mano de Cervecería Okcidenta, que obtuvo una medalla de plata con su cerveza “Paradoja Nocturna”, una Imperial Stout añejada durante más de cinco años en barricas de Malbec.

La distinción fue alcanzada en la exigente categoría Wood- and Barrel-Aged Strong Stout, una de las más competitivas del certamen.

Para la firma santafesina, fundada por Marco Málaga y Marcelo Gil, el reconocimiento tuvo un valor histórico: se convirtió en la primera cervecería de la ciudad de Santa Fe en ganar una medalla en los 30 años de historia de la World Beer Cup, además de posicionarse como la séptima cervecería argentina en conseguirlo.

La cerveza premiada forma parte del programa de barricas de Okcidenta, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, con más de 80.000 litros en guarda y alrededor de 320 barricas de roble francés previamente utilizadas para vino Malbec.

Por su parte, Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, escribió una página histórica al obtener dos medallas en una misma categoría dentro de la competencia.

La cervecería chaqueña consiguió una medalla de plata para “Criolla” y una medalla de bronce para “Torrontés”, ambas en la categoría Belgian-Style Fruit Beer.

Las dos cervezas fueron elaboradas con fermentación y maduración en barricas de roble ex vino, utilizando uvas provenientes de una finca orgánica y biodinámica de Cafayate, Salta.

Tanto la variedad Criolla como Torrontés tienen una fuerte identidad argentina, ya que derivan de las primeras vides introducidas por los españoles en América.

El logro marcó un doble antecedente histórico: fue la primera vez que una cervecería argentina obtuvo dos medallas en una misma categoría dentro de la World Beer Cup, y también la primera ocasión en que una cervecería nacional logró dos premios en una misma edición del certamen.

Además, representó un hito para el nordeste argentino, ya que se trata de las primeras medallas internacionales obtenidas por una cervecería artesanal del NEA en la historia de la competencia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la categoría en la que compitió Bíchofeo suele estar dominada por productores de regiones de clima frío, con temperaturas promedio que oscilan entre los 15 y 20 grados.

En contraste, Resistencia, una de las ciudades más calurosas del país, suele registrar temperaturas superiores a los 40 grados durante gran parte del año, lo que vuelve aún más destacable el nivel técnico alcanzado por la cervecería chaqueña.

Las tres medallas obtenidas por estos proyectos independientes del interior argentino ratifican el crecimiento de la cerveza artesanal nacional en el plano internacional. Con innovación, identidad local y excelencia técnica, la producción cervecera argentina continúa consolidándose como una referencia cada vez más valorada fuera del país.

Cada 18 de mayo, los argentinos celebramos el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos de la identidad nacional. La insignia celeste y blanca, que se luce tradicionalmente del lado izquierdo del pecho, acompaña las principales fechas patrias y ocupa un lugar destacado durante la Semana de Mayo.

La escarapela fue creada en 1812 a pedido de Manuel Belgrano, quien solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un distintivo común para las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El objetivo era unificar los colores del ejército, diferenciarse de los enemigos y fortalecer el sentimiento de unidad nacional en tiempos de lucha por la independencia.

El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana aprobó oficialmente el uso de la escarapela nacional con los colores blanco y celeste, tonos asociados a la casa borbónica de Fernando VII, rey de España en aquel período.

Sin embargo, existen distintas versiones sobre el origen de sus colores. Una de ellas sostiene que el blanco y celeste ya habían sido utilizados durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por milicias criollas del Río de la Plata, mientras que otra versión indica que la escarapela fue usada por primera vez por un grupo de damas porteñas durante una visita al entonces coronel Cornelio Saavedra el 19 de mayo de 1810.

Más de un siglo después de su creación, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó oficialmente el 18 de mayo como Día de la Escarapela, fecha que luego fue incorporada al calendario escolar en 1951.

Además de conmemorarse en esta jornada, la escarapela suele utilizarse durante toda la Semana de Mayo, hasta el 25 de mayo, así como también en otras fechas patrias como el Día de la Bandera, el 20 de junio, y el Día de la Independencia, el 9 de julio.

La celebración invita a reflexionar sobre los valores que dieron origen a la nación argentina y sobre la vigencia de este emblema patrio que, más de dos siglos después de su creación, continúa representando unión, identidad y orgullo nacional.

Desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral señalaron que la actual estabilidad responde principalmente a una estrategia temporal de contención y advirtieron que persisten fuertes presiones que podrían derivar en nuevos ajustes en los próximos meses.

“El precio de los combustibles hoy no está congelado, sino contenido. Y cuando un precio está contenido, lo que existe es una presión acumulada que en algún momento termina trasladándose, ya sea de manera gradual o más acelerada”, explicó Roberto Carnicer.

Según detalló el especialista, YPF decidió extender por 45 días el esquema de “buffer”, una herramienta que busca amortiguar el impacto inmediato de las subas internacionales del crudo sobre los precios locales.

No obstante, el informe elaborado por el Instituto de Energía sostiene que detrás de esa moderación continúan presentes tres factores clave de presión: el valor internacional del barril Brent, la diferencia entre los precios domésticos y la paridad de importación de refinados, y los impuestos diferidos que aún no fueron aplicados en su totalidad.

“El buffer cumple una función importante desde el punto de vista macroeconómico porque evita trasladar de golpe aumentos que impactan directamente sobre la inflación, el transporte, la logística y toda la cadena productiva. Pero ese mecanismo no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo”, sostuvo Carnicer.

El análisis remarca además que uno de los sectores más sensibles a esta situación es el agro, debido al uso intensivo de gasoil.

De acuerdo al informe, el gasoil premium utilizado por el sector agropecuario presenta actualmente un atraso significativo frente a los valores internacionales, lo que evidencia el desfasaje existente entre los precios locales y las referencias externas.

A esto se suma el componente impositivo. El Decreto 302/2026 dispuso una actualización parcial de los impuestos sobre combustibles, aunque dejó pendiente para junio la aplicación completa de los incrementos restantes.

“Argentina atraviesa hoy un equilibrio transitorio. Si el petróleo internacional continúa en niveles elevados y finalmente se aplican los ajustes impositivos postergados, es esperable que aparezcan nuevos aumentos en los surtidores”, advirtió el director del Instituto de Energía.

Carnicer también hizo referencia al escenario estructural que enfrenta el país en materia energética, particularmente por el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo del shale oil.

“Un petróleo más caro favorece a Vaca Muerta, mejora las exportaciones y fortalece las inversiones en shale oil. Pero al mismo tiempo encarece los combustibles internos y genera tensión sobre consumidores, empresas y transporte”, explicó.

Finalmente, sostuvo que el principal desafío para la política energética será encontrar un equilibrio entre la competitividad internacional y la previsibilidad de los precios internos.

“La Argentina necesita desarrollar su perfil exportador energético sin volver a esquemas de atraso permanente en los precios internos, porque eso termina afectando inversiones, refinación y abastecimiento”, concluyó.

"La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial”, afirmó el ex gobernador Gustavo Bordet al presentar  en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia financiera para las familias argentinas.

La iniciativa establece la suspensión transitoria de ejecuciones de deudas y medidas cautelares.

“Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado”, expresó el diputado nacional entrerriano.

“La intención no es desconocer derechos de acreedores, sino establecer un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social”, sostuvo el ex gobernador entrerriano al fundamentar la iniciativa.

El proyecto busca brindar alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo del crédito y la profundización de la recesión económica.

La iniciativa contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes, evitando que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

La propuesta alcanza a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y también a monotributistas hasta la categoría G.En ese sentido, el ex gobernador remarcó que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”. Y agregó: “El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”.El proyecto excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, garantizando así la protección de derechos esenciales.

Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no constituye una solución eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.

Entre las partidas afectadas aparecen numerosas obras viales en rutas nacionales que apenas días antes habían sido presentadas por el propio Gobierno como proyectos “prioritarios” o en plena ejecución durante el informe brindado por Adorni en la Cámara de Diputados.

El contraste llamó la atención debido a que muchas de las obras mencionadas el 29 de abril en el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete sufrieron fuertes recortes presupuestarios menos de dos semanas después.

Uno de los casos más notorios corresponde a la Ruta Nacional 38. Allí el Ejecutivo informó que la obra de rehabilitación y mantenimiento de la Malla 441 se encontraba “en ejecución”, con un avance físico del 25,74% y financiamiento previsto hasta marzo de 2028. Sin embargo, posteriormente se le aplicó un recorte de más de $4.257 millones.

Situación similar ocurrió con la Ruta Nacional 3, donde la construcción de la autopista entre San Miguel del Monte y Gorchs figuraba entre las “Obras en Ejecución Priorizadas”, con un avance del 40,07%. Aun así, el proyecto sufrió una quita superior a los $6.442 millones.

También la Ruta Nacional 5, en el tramo Mercedes – Variante Suipacha, considerada prioritaria y con un avance físico del 30,41%, recibió un recorte de más de $6.748 millones.

En el caso de la Ruta Nacional 40, el Gobierno había destacado la continuidad de la Autopista Tramo Sur, financiada parcialmente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pese a ello, se dispuso una reducción presupuestaria superior a los $2.025 millones.

Entre las obras afectadas también aparece la Ruta Nacional 12, uno de los corredores más importantes de la región mesopotámica.

Durante su exposición en Diputados, el jefe de Gabinete había resaltado el alto grado de ejecución de las tareas de recuperación y mantenimiento sobre esta ruta, indicando un avance del 92,60% para la Malla 513C en Entre Ríos y del 97,20% para la Malla 535 en Corrientes.

No obstante, ambas obras fueron alcanzadas por fuertes recortes: más de $6.265 millones para la Malla 513C y otros $705 millones para la Malla 535.

El tramo afectado en Entre Ríos comprende aproximadamente 150 kilómetros entre el acceso a General Galarza y la intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32, en cercanías de Crespo y Nogoyá, atravesando los departamentos Gualeguay, Tala y Nogoyá.

La Ruta Nacional 11 también figura entre las obras alcanzadas por los ajustes. En el informe oficial se detallaban avances en distintos tramos y la continuidad de la autovía en Formosa tras acuerdos firmados en 2025. Sin embargo, posteriormente se reasignaron más de $3.792 millones correspondientes a obras sobre ese corredor.

Asimismo, la Ruta Nacional 16, donde se desarrollaban trabajos de repavimentación con un avance del 69,04%, sufrió una transferencia de fondos superior a los $824 millones.

De acuerdo a distintos análisis publicados en medios nacionales, los recortes sobre obras viales superarían los $97.000 millones dentro del Presupuesto 2026.

La medida vuelve a poner en debate el impacto de la paralización y reducción de la obra pública nacional, especialmente en materia vial, donde distintos sectores advierten sobre el deterioro progresivo de rutas estratégicas para la producción, el turismo, el transporte y la seguridad vial.

Especialistas y referentes del sector sostienen que la falta de mantenimiento y ejecución de obras podría derivar en mayores riesgos de accidentes de tránsito, además de generar dificultades logísticas y económicas para numerosas regiones del país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de subas. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4% en comparación con abril del año pasado.

El dato representa la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025, cuando el costo de vida había registrado un aumento del 1,5%. Desde entonces, la inflación mantuvo una tendencia ascendente que llegó a superar el 3% mensual en los últimos meses.

Según supo la Noticias Argentinas, la baja de abril estuvo impulsada principalmente por una moderación en la inflación núcleo, es decir, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales. Este indicador pasó del 3,2% en marzo al 2,3% en abril, convirtiéndose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado.

Desde la consultora C&T Asesores Económicos señalaron que “la inflación núcleo explicó gran parte de la baja mensual”, destacando especialmente la desaceleración en algunos rubros vinculados al consumo cotidiano.

No obstante, algunos sectores continuaron mostrando fuertes incrementos. Entre las categorías analizadas por el INDEC, los precios regulados encabezaron las subas con un aumento del 4,7%, impulsados principalmente por el incremento en tarifas de transporte y electricidad.

En ese contexto, la división Transporte fue la que registró la mayor variación mensual, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo directamente relacionado con los ajustes en combustibles. Durante abril, YPF aplicó una suba del 1% en los precios de los combustibles y extendió por 45 días adicionales el esquema de congelamiento parcial de precios.

El rubro Educación también mostró una variación significativa, alcanzando el 4,2%, en un mes atravesado todavía por ajustes vinculados al inicio del ciclo lectivo y actualización de cuotas en distintos niveles educativos.

En contraste, las divisiones que reflejaron menores aumentos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 1,5%, y Recreación y cultura, que registró apenas un 1%.

En el caso de los alimentos, la desaceleración respondió principalmente a una baja en los precios de frutas y a una moderación general en productos de consumo masivo. También incidió una caída en los valores vinculados al turismo, que compensó parcialmente las subas estacionales en indumentaria por el cambio de temporada.

Las consultoras privadas coincidieron en que el dato de abril consolida una tendencia descendente gradual de la inflación, aunque remarcan que todavía persisten desafíos importantes para alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales es que el Ejecutivo había proyectado en el Presupuesto nacional una inflación anual del 10,1% para 2026, una meta que actualmente aparece fuera de alcance debido al comportamiento de los precios durante el primer cuatrimestre del año.

A pesar de ello, las expectativas para los próximos meses continúan siendo moderadamente optimistas. Distintas consultoras prevén que el IPC se mantendrá cerca del 2% mensual en el corto plazo.

La consultora EcoGo estimó para la primera semana de mayo una inflación del 2,2%, en línea con las proyecciones de C&T.

Según explicó el economista Camilo Tiscornia, “el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante”, al igual que la moderación en alimentos y bebidas, el impacto del Hot Sale y los ajustes limitados en combustibles.

“Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco prevé una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. Las proyecciones privadas indican que el costo de vida rondaría el 2,3% en mayo, el 2,1% en junio y el 2% en julio.

Estas estimaciones descartan, al menos por ahora, la posibilidad de que la inflación llegue a cero hacia agosto, como había anticipado en distintos momentos el presidente Javier Milei.

Desde la sociedad de bolsa PUENTE consideraron que el dato estuvo “en línea con lo esperado por el mercado”, por lo que no anticipan correcciones significativas en las previsiones económicas de corto plazo.

Además, remarcaron que, aunque la inflación continuará desacelerándose gradualmente, las tasas reales seguirían siendo negativas durante los próximos meses, un aspecto que todavía genera preocupación entre analistas y ahorristas.

Con este nuevo dato, el Gobierno logra mostrar una señal de alivio después de varios meses de aceleración inflacionaria, aunque el escenario económico todavía presenta tensiones y desafíos estructurales. La evolución de los precios en los próximos meses será clave para determinar si la desaceleración observada en abril logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa temporal dentro de un proceso inflacionario aún persistente.

La economía argentina atraviesa una transformación estructural más profunda de lo que reflejan los indicadores tradicionales. Así lo sostiene un estudio elaborado por Ana Inés Navarro y Marina Alvarez, investigadoras del Departamento de Economía de la Universidad Austral, que advierte sobre una creciente fragmentación productiva y regional del país.

Según el trabajo, la evolución de la actividad económica ya no puede interpretarse únicamente a partir de estadísticas nacionales agregadas. Detrás de indicadores moderados —e incluso contractivos en algunos períodos— conviven realidades muy distintas entre sectores y regiones. Las autoras describen este fenómeno como la existencia de “tres economías en una”.

El informe identifica a las regiones vinculadas a la energía y la minería como los principales motores de expansión. Allí se concentran inversiones de gran escala, con proyectos que van desde los USD 200 millones hasta los USD 7.000 millones. El desarrollo de Vaca Muerta y el avance de la explotación de litio y cobre explican buena parte de este crecimiento sostenido, incluso en un contexto macroeconómico marcado por la volatilidad y las restricciones financieras.

En contraste, la región centro —históricamente ligada a la agroindustria— atraviesa una etapa de menor dinamismo. El estudio señala que factores como la incertidumbre climática, la volatilidad de los precios internacionales y la falta de previsibilidad en materia de derechos de exportación afectan la capacidad de crecimiento sostenido del sector agropecuario.

Esta situación se traduce en oscilaciones persistentes que dificultan la consolidación del agro como principal impulsor de la actividad económica, rol que históricamente ocupó dentro de la estructura productiva argentina.

Las investigadoras sostienen además que ciertos sectores, particularmente la minería, crecen a una velocidad considerablemente superior al promedio nacional. Esto pone en evidencia las limitaciones de indicadores agregados como el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que no logran captar las diferencias territoriales ni sectoriales que atraviesan actualmente al país.

Los datos más recientes muestran con claridad esta divergencia regional. Mientras la región sur —vinculada a los hidrocarburos— exhibe variaciones mensuales positivas sostenidas cercanas al 0,5%, la región andina, asociada a la minería, también mantiene una tendencia de crecimiento, aunque más moderada. Por el contrario, la región centro acumula caídas mensuales consecutivas, aunque con señales de desaceleración en la contracción.

A partir de esta evidencia, el estudio construye índices regionales de actividad económica que permiten observar con mayor precisión las diferencias en los ciclos productivos. Los resultados muestran que la energía mantiene una expansión sostenida desde 2021; la minería crece de forma continua desde 2020, aunque con menor impulso reciente; y la agroindustria presenta una trayectoria más débil desde 2023.

Para las autoras, esta dinámica refleja una reconfiguración de la matriz productiva argentina. En ese proceso, sectores tradicionales pierden peso relativo frente a nuevas actividades ligadas a los recursos naturales, la minería y la energía.

El informe también advierte sobre una limitación estructural que condiciona el análisis económico: la falta de estadísticas regionales actualizadas y comparables. La ausencia de datos consistentes a nivel provincial dificulta el monitoreo preciso de estas transformaciones y limita la capacidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

En ese marco, las especialistas concluyen que comprender la economía argentina exige mirar más allá de los promedios nacionales y poner el foco en las dinámicas territoriales. Allí —afirman— se define buena parte del presente y del futuro del crecimiento económico del país.

La edición 2026 será la más grande de la historia. El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, distribuidas entre las 48 selecciones participantes y distintos contenidos especiales vinculados al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las principales novedades aparece el nuevo formato de sobres: ya no traerán las tradicionales cinco figuritas, sino siete, con la posibilidad de encontrar una edición limitada en algunos paquetes. Además, cada selección tendrá una doble página exclusiva con 18 jugadores, la foto oficial del plantel y el escudo metalizado de la federación.

La colección también incluirá imágenes de los estadios mundialistas, pósters de las ciudades anfitrionas y un recorrido histórico por las distintas ediciones de la Copa del Mundo.

“La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ da el puntapié inicial y cada sobre que se abre da una excusa para juntarse, compartir y vivir el fútbol con la misma pasión de siempre. Bienvenidos al ritual futbolero más esperado del año”, expresó Panini en el lanzamiento oficial.

El furor por el álbum también reavivó el debate por los precios. En Argentina, la edición de tapa blanda tendrá un valor de $15.000, mientras que la versión de tapa dura costará entre $30.000 y $35.000. Cada sobre de figuritas rondará los $2.000.

Completar la colección no será sencillo ni barato. En un escenario ideal, sin figuritas repetidas, se necesitarán al menos 140 sobres para reunir las 980 estampas, lo que representa un gasto mínimo de $280.000. Sin embargo, teniendo en cuenta el intercambio y las duplicadas, muchos estiman que el costo final podría ubicarse entre $350.000 y $500.000.

Entre los nombres confirmados para la selección argentina aparece nuevamente Lionel Messi, cuya figurita será la número 17 y ya se perfila como una de las más buscadas por los coleccionistas. Todo indica que podría tratarse de su última aparición en un álbum mundialista, un detalle que incrementa aún más su valor simbólico.

La lista argentina incluye además a referentes campeones del mundo como Emiliano Martínez, único arquero seleccionado, junto con Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Pero uno de los aspectos más destacados de esta edición es la apuesta por el recambio generacional. Jóvenes como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone lograron meterse en la colección, reflejando el crecimiento de una nueva camada de futbolistas. También fue incluido Leonardo Balerdi para reforzar la defensa.

Como sucede en cada lanzamiento, las decisiones de Panini no estuvieron exentas de controversia. Una de las ausencias más comentadas es la de Gonzalo Montiel, recordado por convertir el penal que le dio a Argentina la tercera estrella en la final frente a Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Tampoco aparecerá Lisandro Martínez, defensor del Manchester United que viene recuperándose de una lesión muscular y no juega con la Selección desde octubre de 2024.

A ellos se suman otros campeones del mundo que quedaron afuera de la colección, como Thiago Almada y Gerónimo Rulli. También figuran entre los ausentes Juan Musso y Valentín Barco.

La selección argentina incluida en la colección está integrada por:

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 tras finalizar primero en las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos.

Según el informe, entre 2015 y 2025 solo cinco provincias explicaron el 88% del incremento de las exportaciones del país: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut.

El trabajo señala que, aunque las ventas externas argentinas crecieron de manera significativa durante ese período, el proceso se dio de forma desigual, con regiones que lograron capitalizar inversiones estratégicas y otras que perdieron peso relativo en el comercio exterior.

El caso más sobresaliente es el de Neuquén, provincia que multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas diez años gracias al desarrollo de Vaca Muerta. El informe destaca que esta transformación convirtió a la provincia en uno de los principales polos exportadores del país, dejando atrás su histórico rol marginal en términos de comercio exterior.

En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron un fuerte crecimiento impulsado por la actividad minera, especialmente vinculada a la extracción y exportación de litio.

El estudio sostiene que Argentina atraviesa una reconfiguración de su estructura exportadora. Aunque la región Pampeana continúa liderando las exportaciones nacionales, su participación cayó del 78% al 73% en la última década.

En contraste, la región patagónica incrementó su peso del 8% al 15%, mientras que las provincias del norte asociadas al desarrollo minero también ampliaron su participación.

Este cambio refleja un creciente protagonismo de la energía y los recursos naturales frente al modelo agroindustrial tradicional que históricamente dominó las exportaciones argentinas.

De acuerdo con el informe, en 2025 las exportaciones argentinas superaron los 87 mil millones de dólares y el país logró recuperar el superávit comercial. Sin embargo, los investigadores remarcan que ese crecimiento no se distribuye de manera homogénea.

El desempeño exportador reciente se sostiene principalmente en territorios y sectores específicos capaces de atraer inversiones y aprovechar ventajas productivas y recursos naturales estratégicos.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, afirmó Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del trabajo.

El documento concluye que la inserción internacional del país ya no puede analizarse como un fenómeno uniforme. Las diferencias regionales, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan —según plantea el estudio— a pensar estrategias de desarrollo con una lógica subnacional.

En ese marco, el informe propone repensar las políticas públicas en función de las capacidades productivas de cada territorio, promoviendo una diversificación que permita ampliar la generación de divisas y reducir las asimetrías regionales.

El trabajo completo analiza en profundidad la evolución del comercio exterior argentino, los complejos productivos y la distribución territorial de las exportaciones, ofreciendo una nueva mirada sobre cómo y dónde se generan hoy las divisas en Argentina.

En el marco de la sesión informativa en la Cámara de Diputados, el diputado Gustavo Bordet planteó una agenda de temas estratégicos para Entre Ríos vinculados al ambiente, la infraestructura, el financiamiento previsional y el desarrollo productivo. Sin embargo, las respuestas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvieron a mostrar un alto nivel de imprecisión y falta de definiciones concretas.

“Venimos a plantear temas muy concretos que afectan a nuestra provincia y lo que recibimos son respuestas generales, sin datos verificables ni compromisos claros”, sostuvo Bordet.

En esa línea, apuntó directamente contra el carácter de la presentación: “Esto es un acto institucional previsto por la Constitución, no una puesta en escena. Las provincias necesitamos información seria, no formalidades vacías”.

Y agregó: “Lo que vimos hoy fue un informe con muy poca argumentación propia. Básicamente se leyeron respuestas sin desarrollo ni posibilidad de repregunta real”.

Uno de los ejes centrales fue la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Desde el Gobierno se limitó a señalar que el tema es seguido “con atención”, sin detallar evaluaciones ni acciones concretas. “No alcanza con decir que se está mirando el tema. Estamos hablando de un posible impacto ambiental sobre el río Uruguay que requiere certezas y controles efectivos”, advirtió.

En materia de rutas y obras públicas, las respuestas oficiales se apoyaron en generalidades, sin cronogramas ni precisiones presupuestarias. “Las rutas nacionales en Entre Ríos están en estado crítico. No se puede responder con enunciados abstractos cuando lo que se necesita es planificación y ejecución”, señaló.

Respecto a la deuda con la Caja de Jubilaciones, el Gobierno reiteró que los pagos dependerán de las “posibilidades fiscales”, sin detallar montos ni plazos firmes. “No puede haber discrecionalidad cuando se trata de derechos previsionales. Las provincias necesitan previsibilidad”, remarcó.

Finalmente, sobre la Hidrovía del río Paraná, se informó que el proceso sigue en evaluación, sin precisiones sobre tiempos ni impacto regional. “Estamos hablando de una vía estratégica para la producción. La falta de definiciones también es una forma de afectar el desarrollo”, afirmó.

“Cuando uno viene al Congreso tiene que poder explicar la gestión, no limitarse a un guion. Si no hay profundidad en las respuestas, el control parlamentario pierde sentido”, concluyó Bordet.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

El encuentro, coordinado por la periodista María O'Donnell, reemplazó el tradicional discurso de apertura a cargo de un solo autor y se desarrolló inmediatamente después de la intervención del secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, que fue interrumpida por abucheos y protestas del público.

Desde el inicio, el intercambio tuvo un tono marcado por definiciones públicas. Cabezón Cámara exhibió una consigna en su vestimenta —“El agua vale más que todo”— y defendió la vigencia de la Ley de Glaciares, convocando además a una movilización vinculada a la temática ambiental.

Durante ese momento, Almada y Guerriero acompañaron el gesto levantando carteles ilustrados por Maitena, en una escena que combinó intervención artística y posicionamiento político dentro de uno de los eventos culturales más importantes del país.

La conversación luego se orientó hacia los ejes literarios propuestos, donde uno de los puntos centrales fue el rechazo a la categoría de “literatura femenina”. Las tres autoras coincidieron en cuestionar ese rótulo.

“No me gusta, es algo de gueto”, sostuvo Guerriero, aunque reconoció los avances en visibilidad de las mujeres dentro del ámbito editorial. En la misma línea, Cabezón Cámara remarcó que “las mujeres somos seres humanos y los seres humanos escribimos”, ampliando la discusión hacia otras formas de subrepresentación.

Otro de los ejes destacados fue el rol de la lectura como derecho social. Almada vinculó esta idea con su experiencia en la educación pública y advirtió sobre su deterioro.

“En estos días, donde la educación pública está cada vez más desmantelada, se vulnera el derecho a la lectura”, afirmó, en referencia a la situación de docentes y estudiantes.

Cabezón Cámara, por su parte, definió la lectura como una herramienta transformadora: “La lectura me salvó la vida”, expresó, destacando su capacidad para ampliar horizontes y construir alternativas. Guerriero evocó su paso por bibliotecas populares y describió la lectura como “una vida paralela” que habilita nuevos conocimientos.

El intercambio también incluyó reflexiones sobre el contexto social y el uso del lenguaje. Guerriero advirtió sobre una “sociedad infectada por el desprecio” y cuestionó la proliferación de discursos hostiles.

Cabezón Cámara utilizó una definición contundente para describir el presente, mientras que Almada llamó a ejercer una escritura más cuidadosa frente a ese escenario. “Cuando desde el poder se es descuidado con el lenguaje, eso habilita ese mismo desprecio en la sociedad”, sostuvo.

“El desafío para quienes escribimos es hacer un esfuerzo por ser amorosos”, concluyó Almada, en una intervención que fue acompañada por aplausos del público.

La apertura de la Feria del Libro dejó así una postal clara: en un contexto de tensiones, la literatura no solo funciona como expresión artística, sino también como espacio de debate, posicionamiento y reflexión sobre la realidad contemporánea.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso ante legisladores nacionales una batería de propuestas orientadas a aliviar la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. El encuentro se realizó en el ámbito del plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La delegación empresaria estuvo encabezada por el presidente de CAME, Ricardo Diab, junto a la secretaria general Beatriz Tourn y el secretario de Hacienda Blas Taladrid. Por el lado legislativo, participaron el titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías, y el vicepresidente de la Comisión de Comercio, Lisandro Nieri.

Durante la reunión, dirigentes de todo el país plantearon un diagnóstico preocupante: caída sostenida del consumo, pérdida del poder adquisitivo, apertura de importaciones y una marcada disminución de la rentabilidad, factores que —según advirtieron— están empujando al cierre de numerosas pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación ni generar empleo”, sostuvo Diab, quien remarcó que el principal desafío es reactivar la demanda interna.

Entre los principales reclamos, CAME impulsó la necesidad de un nuevo consenso fiscal que ordene la estructura tributaria, especialmente en lo referido a impuestos provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales. El objetivo es reducir la presión impositiva y evitar que la informalidad se convierta en una salida forzada para muchas empresas.

En esa línea, la entidad propuso fortalecer la capacitación como herramienta para reducir la brecha entre formalidad e informalidad, solicitando el acompañamiento del Congreso a los programas de formación de su Escuela de Negocios.

Otro de los puntos abordados fue el combate al comercio ilegal y el contrabando. Para ello, CAME pidió avanzar en una ley de armonización del comercio fronterizo, que contemple regímenes especiales para pymes ubicadas en zonas limítrofes, con el fin de reducir las asimetrías cambiarias y mejorar la competitividad.

Asimismo, la entidad planteó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), proponiendo bajar los montos mínimos requeridos y ampliar los plazos de inversión, con el objetivo de facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas.

Finalmente, los representantes empresarios insistieron en la necesidad de ampliar las líneas de financiamiento, señalando que actualmente solo una de cada tres pymes logra acceder al crédito.

Por su parte, los diputados presentes señalaron que se encuentra en análisis la posibilidad de declarar la emergencia pyme a nivel nacional, en respuesta al complejo escenario que atraviesa el sector.

El encuentro contó además con la participación de autoridades y representantes de cámaras empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reflejando la magnitud federal de la problemática y la urgencia de medidas concretas.

Con apenas 17 años, la atleta de Campana dominó la pileta panameña de principio a fin, consolidándose como una de las mayores promesas de la natación sudamericana.

Hein marcó el tono desde su debut: ganó los 800 metros libre con un tiempo de 8m22s01, estableciendo un nuevo récord sudamericano y superando la marca reciente de la brasileña María Fernanda Costa. Apenas 25 minutos después, volvió a competir y rompió otro récord continental en los 200 medley (2m10s82), desplazando el histórico registro de Joanna Maranhão.

Ese mismo día también se quedó con el oro en la posta 4x100 libre mixta, iniciando una seguidilla imparable.

Durante las jornadas siguientes, Hein no aflojó. Sumó triunfos en los 200 libre —con récord argentino incluido— y en la posta 4x100 combinada, junto a Cecilia Dieleke, Liz Dos Santos y Laila Chain.

El sábado agregó dos nuevas medallas doradas: en los 100 mariposa (58s96) y en el relevo 4x100 libre, donde fue clave para asegurar el primer puesto del equipo argentino.

En la jornada final, la campanense alcanzó la perfección. Primero ganó los 200 mariposa con 2m10s95, nuevo récord del campeonato, mejorando la marca que ostentaba Delfina Pignatiello desde 2017 y quedando muy cerca del récord absoluto nacional de Georgina Bardach.

Luego, pese al desgaste acumulado, se impuso en los 400 libre con 4m09s57, también récord del torneo. Finalmente, sumó una medalla de plata en la posta 4x100 combinada mixta, donde Argentina finalizó detrás de Brasil.

Con nueve oros, Hein fue la máxima medallista de los Juegos, superando incluso al brasileño Davi Vallim. Su rendimiento ratifica una progresión meteórica: en 2025 ya había destacado en el circuito internacional y en torneos juveniles, acumulando títulos y récords.

Panamá marcó además su despedida de la categoría junior. A partir de ahora, Hein dará el salto definitivo a mayores, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La actuación albiceleste también tuvo otro nombre destacado: Laila Chain, de apenas 14 años, quien se consagró en los 50 metros libre con récord del campeonato (25s78) y cerró su participación con seis medallas: dos oros y cuatro platas.

El estudio, correspondiente a abril de 2026, señala que la presión tributaria en el país alcanzó el 27,6% del PBI en 2024, por debajo del promedio de los países de la OCDE, que se ubicó en 34,1%. De este modo, la brecha volvió a superar los seis puntos porcentuales tras 17 años, aunque Argentina continúa por encima del promedio de América Latina.

Uno de los principales factores detrás de la reducción reciente fue la eliminación del impuesto PAIS, que entre 2023 y 2025 dejó de representar 0,79 puntos del PBI. En paralelo, los denominados impuestos de emergencia —como el impuesto al cheque y los derechos de exportación— redujeron su peso en la recaudación total al 12% en 2025, frente al 17% registrado en 2024, alcanzando uno de los niveles más bajos desde 2004.

Otro elemento clave fue la desaceleración inflacionaria. Según el informe, la inflación medida por el índice de precios implícito del PBI se ubicó en 39,1% en 2025, el valor más bajo desde 2017. Esto redujo el denominado “impuesto inflacionario” a 1,1% del PBI, uno de los registros más bajos en dos décadas.

“El peso de la inflación como impuesto invisible y regresivo cada vez toma menor relevancia”, destaca el documento.

A pesar de estos avances, el informe advierte que el sistema tributario argentino continúa mostrando debilidades estructurales. Entre ellas, una carga impositiva elevada en comparación con la región y, especialmente, altos costos de recaudación.

Mientras América Latina logró reducir estos costos, Argentina los incrementó hasta alcanzar 1,31 unidades monetarias por cada cien unidades recaudadas, reflejando un sistema más complejo y menos eficiente.

Este escenario impacta directamente en el índice de performance tributaria, que apenas pasó de 4,3 a 4,4, manteniéndose en niveles de cumplimiento parcial en términos de eficiencia y suficiencia.

“Pese al superávit fiscal, la carga y la complejidad tributaria impiden que mejore la performance del sistema tributario”, sostiene el informe.

El trabajo también plantea que la situación podría haber sido más favorable si se hubiera avanzado con la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades, incluida originalmente en el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

De haberse implementado, el índice de desempeño podría haber alcanzado 4,6, acercándose a los mejores valores históricos. Además, la medida habría beneficiado a unas 56.000 empresas, equivalente al 34,3% de las sociedades alcanzadas por este tributo.

En síntesis, el sistema tributario argentino muestra una mejora en algunos indicadores clave, impulsada principalmente por decisiones puntuales y por el contexto macroeconómico. Sin embargo, la persistencia de una estructura compleja y costosa continúa limitando su competitividad.

El informe concluye que el desafío hacia adelante será avanzar en reformas de fondo que permitan consolidar los avances recientes y mejorar la eficiencia del sistema, más allá de los cambios coyunturales.

En la comparación interanual, el índice alcanzó el 32,6%, levemente por debajo del 33,1% registrado en febrero, lo que refleja una desaceleración marginal en términos anuales pero una dinámica mensual que vuelve a tomar impulso.

Entre las divisiones, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, impulsada en parte por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el incremento fue considerablemente superior al promedio general.

Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, motorizada por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En este rubro, el impacto del contexto internacional también se hizo sentir: desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un alza del 23%.

En contraste, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El componente de precios Regulados avanzó un 5,1%, liderando las subas debido a ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo creció 3,2%, apenas por debajo del nivel general, y los precios Estacionales aumentaron 1%.

La carne volvió a ser uno de los principales factores de presión inflacionaria. En todas las regiones del país se registraron subas superiores al 5%, destacándose Cuyo (7,9%) y el Noreste (7,6%). Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes aumentaron en promedio un 10,6% en marzo, con picos en productos como la picada común (20,4%) y la carnaza (17,7%).

Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja del objetivo de converger a cero hacia agosto, tal como había planteado el Gobierno. Desde mayo del año pasado —cuando marcó su nivel más bajo en cinco años—, la tendencia ha sido ascendente.

A nivel regional, el Noreste (4,1%), el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) superaron el promedio nacional, mientras que la región Pampeana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo.

El dato oficial sorprendió a analistas y consultoras, que proyectaban una inflación más moderada. La mayoría de las estimaciones se ubicaban entre el 3% y el 3,2%, e incluso algunas, como la Fundación Libertad y Progreso, habían calculado un 2,9%.

“El dato de marzo es contundente: el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses”, señaló el economista Julián Neufeld. En su análisis, destacó la incidencia de factores externos y la dinámica monetaria interna.

Por su parte, el economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, apuntó a la falta de un “ancla nominal” y al impacto de los precios regulados: “El control de agregados monetarios resulta inefectivo con una demanda de dinero inestable y sin una regla clara para la tasa de interés”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y al proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.

“A medida que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá una convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.

El presidente Javier Milei también se refirió al dato con tono crítico: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó, aunque se mostró confiado en una futura desaceleración.

Con un inicio de año más inflacionario de lo esperado y expectativas desalineadas, el desafío para el Gobierno será recomponer credibilidad en su programa económico. Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas.

Según publica la periodista Ayelén Berdiñas en la edición de este martes del diario Pagina12, Nazarena Menem, de 26 años, obtuvo en agosto de 2025 un crédito hipotecario por 236,9 millones de pesos, bajo condiciones consideradas preferenciales. El caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien accedió a un préstamo de 357 millones. En conjunto, ambos concentraron casi 600 millones de pesos en financiamiento en un lapso de seis meses.

Nazarena Menem cuenta con experiencia laboral únicamente en la Auditoría General de la Nación, donde trabaja desde hace menos de cuatro años y posee planta permanente. Según su categoría administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales.

En tanto, Sharif Menem se desempeña en la Cámara de Diputados con un ingreso similar. La magnitud de los créditos otorgados generó cuestionamientos sobre la relación entre ingresos y capacidad de pago, así como sobre las condiciones de acceso.

Ante el escándalo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios habituales de evaluación crediticia.

Sin embargo, distintas denuncias judiciales apuntan a determinar si existió una operatoria discrecional o incluso una “ventanilla VIP” para funcionarios. La diputada Mónica Frade amplió una presentación judicial que incluye estos casos y otros vinculados al equipo económico.

De acuerdo con datos que circulan en el ámbito legislativo, de unos 27 mil créditos otorgados en los últimos dos años, alrededor de 11.200 habrían sido destinados a funcionarios o personas vinculadas al oficialismo, en su mayoría de La Libertad Avanza.

El economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, advirtió sobre posibles conflictos de interés. “La Ley de Ética Pública establece límites claros: quienes gobiernan no deberían beneficiarse de créditos otorgados por entidades bajo su órbita”, sostuvo.

La causa judicial también incluye a funcionarios del área económica, como Federico Furiase, quien habría recibido 367 millones de pesos y es investigado por la posible compra de una tercera propiedad, lo que contradiría los objetivos de la línea hipotecaria.

En la lista aparecen además Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, con créditos de 510 y 373 millones respectivamente, así como otros funcionarios del Ministerio de Economía que acumulan financiamiento por cientos de millones.

El diputado Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública al Banco Nación y al Banco Central para conocer en detalle las condiciones de los créditos y evaluar si hubo discrecionalidad en su otorgamiento.

Mientras tanto, la causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar las presentaciones y determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés.

A medida que se conocen nuevos casos, crece la controversia en torno al uso de líneas de crédito destinadas originalmente a facilitar el acceso a la vivienda. Desde el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que no tienen “nada que temer” ante la revisión de los expedientes.

Sin embargo, las denuncias y los cuestionamientos políticos mantienen el tema en el centro de la agenda pública, mientras avanza la investigación judicial y se aguardan definiciones sobre uno de los episodios más sensibles en materia de transparencia y gestión de recursos públicos.

La definición del funcionario se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será difundido este martes 14 de abril a las 16 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según relevamientos de la Agencia Noticias Argentinas, los registros inflacionarios no solo mostrarían un nivel elevado en marzo, sino que también anticipan presiones para abril, impulsadas principalmente por aumentos en los combustibles.

Caputo explicó que el comportamiento de los precios estuvo influido por factores puntuales. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, sostuvo.

En ese sentido, el ministro remarcó que el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y los ajustes típicos del inicio del ciclo lectivo incidieron de manera significativa en la dinámica inflacionaria del mes.

A pesar de este escenario, el titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de cara al corto plazo. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, aseguró, y agregó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, Caputo se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica argentina y las negociaciones internacionales en curso.

Un grupo de diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley destinado a aliviar la situación financiera de millones de familias argentinas. La iniciativa, denominada “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, busca establecer mecanismos de reestructuración de deudas y facilitar la reinserción en el sistema crediticio formal.

El proyecto fue impulsado por Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros legisladores del bloque, y se suma a una propuesta similar presentada recientemente por el diputado Santiago Roberto bajo el nombre de “Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas”.

La iniciativa propone la creación de un sistema de reestructuración destinado a personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en casos de vulnerabilidad económica.

El alcance incluye tanto a entidades financieras tradicionales como bancos, como a plataformas no financieras —entre ellas billeteras virtuales— que, según se advierte, presentan tasas reales superiores al 5% mensual y mayores niveles de morosidad.

Además, el proyecto contempla la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obligaría a estas entidades a renegociar las deudas de personas físicas en mora mediante un procedimiento administrativo.

Entre los principales puntos, la propuesta establece:

En caso de no alcanzarse un acuerdo, se prevé que el Estado intervenga determinando una reestructuración acorde a la capacidad de pago del hogar.

Asimismo, se propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, con el objetivo de relevar datos sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, y así mejorar el diseño de políticas públicas.

El proyecto se sustenta en datos que reflejan el fuerte endeudamiento de las familias: se estima que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, cifra que asciende a uno de cada tres en sectores de menores ingresos.

Las autoras advierten que gran parte de estos créditos se destina actualmente a cubrir gastos corrientes y consumo básico, en lugar de inversiones, lo que genera un círculo de refinanciación constante y pérdida de ingresos futuros.

En los fundamentos, también se señala que este fenómeno se vincula con la caída del poder adquisitivo, el descenso del consumo y el impacto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa retoma experiencias previas como el sistema COPREC, implementado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, así como programas internacionales de desendeudamiento como el brasileño “Desenrola Brasil” y distintos modelos europeos.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de legisladores como Paula Penacca, Julia Strada, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique y otros integrantes del bloque oficialista.

De avanzar en el Congreso, la propuesta buscará dar respuesta a una problemática creciente en la economía doméstica argentina, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los hogares y evitar la profundización de situaciones de vulnerabilidad.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.