Creo que deberíamos hacernos una pregunta diferente: ¿qué política de seguridad vial queremos construir para nuestra ciudad?

Las fotomultas pueden ser una herramienta útil para ordenar el tránsito y prevenir conductas peligrosas. Pero una cámara y una multa, por sí solas, no constituyen una política pública.

El Estado tiene una responsabilidad que va mucho más allá de sancionar. Tiene que prevenir, educar, planificar y rendir cuentas.

Por eso, si Paraná decide avanzar con un sistema de fotomultas, debería hacerlo sobre tres pilares: pedagogía, transparencia y planificación.

Primero, pedagogía. Si queremos cambiar conductas, tenemos que explicar. El vecino debería saber por qué se coloca una cámara en determinado lugar, qué problema se busca resolver y qué conducta se pretende prevenir. La seguridad vial no puede construirse únicamente desde el miedo a una sanción. También debe construirse desde la comprensión de las reglas y del cuidado de los demás.

Segundo, transparencia. Cuando el Estado controla, sanciona y recauda, tiene que explicar qué hace con esos recursos. ¿Cuánto se recauda? ¿En qué se utiliza? ¿Cuánto vuelve a la seguridad vial? Esa información debería estar al alcance de todos.

Incluso podría establecerse un criterio sencillo: que una parte claramente identificada de lo recaudado vuelva a la ciudad en forma de educación vial, señalización, infraestructura segura y prevención.

La transparencia no es solamente publicar números. Es demostrarle al ciudadano para qué sirve una política pública.

Y tercero, planificación. Antes de colocar una cámara deberíamos conocer el problema que queremos resolver. ¿Dónde se producen más siniestros? ¿Qué calles presentan mayor riesgo? ¿Qué infracciones se repiten? ¿En qué horarios? ¿Dónde las velocidades son más elevadas?

Una cámara no debería instalarse simplemente porque allí resulta sencillo controlar. Debería instalarse porque los datos indican que allí existe un problema que queremos resolver.

Acá aparece un concepto central de las políticas públicas: la evaluación.

Una vez implementada una medida, tenemos que poder determinar si funciona. Si instalamos una cámara para reducir la velocidad, debemos medir si efectivamente disminuyó la velocidad. Si el objetivo es reducir siniestros, debemos comprobar si bajaron los accidentes y sus consecuencias.

Y si una política no funciona, debemos tener la capacidad institucional de modificarla.

Porque gobernar no es solamente tomar decisiones. Es tomar decisiones, explicar por qué se toman, medir sus resultados y corregir cuando no funcionan.

Ese debería ser el verdadero debate sobre las fotomultas.

No se trata de elegir entre un Estado que sanciona y un Estado que no hace nada. Se trata de construir un Estado que utilice sus herramientas con inteligencia, responsabilidad y sentido común.

Una política vial seria debería combinar controles, educación, señalización, infraestructura, campañas de prevención y datos abiertos.

Y debería tener un objetivo muy concreto: que cada vez haya menos accidentes y que más personas puedan volver a sus casas sanas y salvas.

Las fotomultas pueden formar parte de esa política. Pero la verdadera discusión es otra: si queremos seguir administrando los problemas cuando aparecen o empezar a planificar políticas públicas para prevenirlos.

Yo creo que Paraná necesita lo segundo.

Porque cuando hablamos de tránsito, no hablamos solamente de multas, cámaras o automóviles. Hablamos de personas. Y cuando el Estado tiene la posibilidad de prevenir que una persona resulte herida o pierda la vida, planificar no es una opción: es una responsabilidad.

La reciente reunión de mujeres peronistas en Concordia volvió a poner esa discusión sobre la mesa: la necesidad de avanzar hacia una paridad real, promover la renovación generacional y reconstruir una alternativa política frente al actual contexto socioeconómico. La convocatoria reunió a mujeres de distintas corrientes internas del peronismo y de organizaciones gremiales que, más allá de sus diferencias, demostraron la madurez necesaria para construir un posicionamiento común.

En Entre Ríos, el protagonismo femenino excede ampliamente lo numérico: somos una pieza fundamental del entramado social y comunitario. Muchas veces somos las mujeres quienes sostenemos el hogar, los comedores comunitarios y las tareas cotidianas de salud, educación y cuidado. Frente a las dificultades, respondemos con sacrificio, organización y creatividad. Que las mujeres movemos el mundo es una realidad que todavía encuentra resistencia en las miradas patriarcales que persisten en nuestra sociedad.

Por eso la paridad no puede agotarse en el cumplimiento formal de un porcentaje: debe traducirse en una participación efectiva en la conducción y en la definición de los procesos electorales.

Desde Concordia buscamos recuperar y fortalecer la organización de la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista, cuya participación algunos han pretendido descalificar estigmatizando al feminismo. No aceptamos quedar relegadas a un papel testimonial: queremos intervenir en las decisiones, aportar nuestra experiencia y asumir responsabilidades en la construcción política.

En la sede del Partido Justicialista de Concordia se planteó la necesidad de unificar criterios y se advirtió sobre el impacto de la quita de políticas sociales en los sectores más vulnerables. A través de un documento conjunto, dirigentes y militantes llamaron a construir una "gran mesa de unidad", con la mirada puesta en la reconstrucción de una alternativa electoral para 2027.

"No vamos a resignarnos, no vamos a naturalizar el abandono y no vamos a aceptar que los derechos conquistados sean presentados como privilegios", sintetizó la declaración emitida tras la reunión.

De allí surge también un fuerte llamado a la unidad:

Unidad para afrontar un proceso de reorganización partidaria y los desafíos electorales que vienen.

Unidad para recordar que quienes aspiren a ocupar lugares de responsabilidad deberán poner entre sus prioridades la recuperación de los derechos perdidos y la situación de las mujeres, otra vez relegadas por las políticas públicas.

Unidad aun cuando existan diferencias internas sobre las respuestas que debemos dar a los problemas generados por la derecha extrema liberal que gobierna.

El llamado surgido en Concordia trasciende las paredes del partido. La reconstrucción del peronismo entrerriano no será posible a espaldas de las mujeres que sostienen el territorio en los momentos más difíciles.

La unidad demostrada no puede quedar reducida a una foto de ocasión: es también una exigencia dirigida a las estructuras partidarias tradicionales. Nuestra participación debe expresarse en la conducción del proceso político hacia 2027.

La paridad no se negocia: se ejerce. Y debe ser parte fundamental de un proyecto que aspire a recuperar la esperanza, la justicia social y el gobierno de Entre Ríos.

Saque un billete del bolsillo y mírelo un momento. Es un papel impreso que cuesta unos pocos pesos fabricar, y sin embargo el panadero le entrega pan a cambio. No lo hace porque el papel valga, sino porque cree que mañana otro se lo va a aceptar a él. Todo el sistema monetario descansa sobre esa creencia y sobre nada más, y conviene recordar cómo empezó.

La historia arranca en Sichuan, en el sudoeste de China, hacia el año mil.

Aquella región tenía la desgracia de usar moneda de hierro, y mil monedas pesaban doce kilos y medio, de manera que comprar una pieza de seda exigía cargar casi cincuenta. Los comerciantes de Chengdu hicieron lo obvio, dejaban el metal en depósito y se llevaban un recibo impreso, el jiaozi, que enseguida empezó a circular de mano en mano porque era mucho más cómodo pagar con el papel que con la pesada carga.

En 1023 el estado Song vio el negocio, se apropió de la emisión y al año siguiente puso en circulación los primeros billetes oficiales de la historia. El detalle que importa es este: contra algo más de 1.250.000 unidades emitidas guardaba una reserva de apenas 360.000; menos del treinta por ciento. Ya en el origen el papel prometía más de lo que podía pagar, pero funcionaba igual.

Dos siglos y medio después Marco Polo describía asombrado cómo el Gran Kan fabricaba dinero con corteza de morera y anotaba, con envidia del mercader veneciano, que “el dinero que paga no le cuesta absolutamente nada”.

En Europa la escena se repitió con un guion parecido. Los suecos cargaban planchas de cobre de casi veinte kilos, y en 1661 Johan Palmstruch entregó notas de crédito a cambio de ellas, los primeros billetes europeos. Emitió más de lo que tenía, la gente corrió a cambiarlos, el banco quebró en 1668 y él terminó preso, con la pena de muerte conmutada.

Desde entonces la mecánica no cambió, solo se perfeccionó. El 15 de agosto de 1971 Nixon anunció por cadena nacional que suspendía “temporalmente” la convertibilidad del dólar en oro, y pasaron cincuenta y cinco años sin que nadie tocara el adverbio. Desde esa noche ninguna moneda del planeta se cambia por metal, de modo que el dólar que usted guarda debajo del colchón vale porque el mundo cree que vale, igual que el peso, con la única diferencia de que en un caso la creencia es más firme que en el otro. Tampoco es casual que a este dinero lo llamemos fiduciario, palabra que viene del latín fides, que significa fe.

Los argentinos tenemos sobre el resto una ventaja incómoda, y es que sabemos por experiencia propia que esa confianza se rompe, y que cuando se rompe no hay ley ni discurso que la reponga. Por eso corremos al dólar, al ladrillo o al plazo fijo según la temporada, buscando algo firme de dónde agarrarnos. Pero conviene no engañarse, porque no estamos eligiendo entre papeles con respaldo y papeles sin respaldo, sino entre promesas más creíbles y promesas menos creíbles. El dinero nunca fue otra cosa. Descartes existía porque pensaba, y el billete de su bolsillo existe porque usted cree. Vale lo que dure esa creencia, ni un peso más. ¿Hasta cuándo?

La reciente media sanción en el Senado del proyecto de ley presentado por el senador José Vergara para modificar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 10.027) no es una simple adecuación técnica ni un mero avance hacia la “autonomía financiera” local. Es, en términos concretos, una barbaridad jurídica y política que mantiene profundas asimetrías previsionales mientras consagra privilegios inadmisibles para los funcionarios políticos según el municipio en el que ejerzan.

Bajo la premisa de otorgar mayor flexibilidad a las 22 cajas de Jubilaciones y Pensiones municipales de Entre Ríos, la reforma aprobada elimina el tope máximo del 16% de aporte previsional y conserva únicamente el piso mínimo del 12%. Lo que se presenta como un remedio contra el déficit actuarial oculta una profunda asimetría respecto del régimen provincial y de los municipios que integran el sistema general.

Hoy, un trabajador o funcionario que aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPER) realiza un aporte obligatorio del 19%. La reforma mantiene así la posibilidad de que un funcionario político de una ciudad con caja propia —como Federación o Colón— aporte hasta 7 puntos porcentuales menos que un funcionario de Concordia o de cualquier otra localidad adherida al sistema provincial. ¿Con qué criterio de equidad o de solidaridad social se justifica que la planta política de un municipio aporte sustancialmente menos que la de otro por el solo hecho de contar con una estructura previsional local?

Pero la trampa de fondo es aún mayor: pretender solucionar el problema previsional modificando las alícuotas de las cajas locales es ignorar deliberadamente quién genera el verdadero agujero negro del sistema. El déficit previsional en Entre Ríos es una «asfixia programada» producida por la propia evasión de aportes en la que incurre el Estado provincial y municipal.

El rojo de la Caja de Jubilaciones no surge por casualidad ni por el mero aumento de la expectativa de vida. Es consecuencia directa del pago de salarios con más del 50% en códigos no remunerativos: se ha consolidado una estructura en la que más de la mitad del haber de funcionarios y empleados públicos se liquida mediante sumas “en gris”, no bonificables o no remunerativas.

Al pagar en negro, el Estado actúa como el principal evasor de sus propias cajas previsionales, abonando conceptos sobre los cuales no se tributa un solo peso para las jubilaciones de hoy ni del futuro.

A esto se suma la precarización del empleo público. El sostenimiento masivo de trabajadores bajo la figura de contratos de obra, locación de servicios, contratos basura y otras formas análogas “en negro” destruye la relación entre aportantes y beneficiarios. Son miles de agentes prestándole servicios al Estado sin realizar una sola contribución ni aporte al sistema previsional.

No se puede hablar de austeridad, sustentabilidad ni de responsabilidad fiscal mientras se vacía la base de ingresos del sistema a través de la precarización y la informalidad salarial promovidas desde los propios despachos oficiales. Decir que el sistema quebró por culpa de los jubilados mientras el Estado evade aportes con códigos no remunerativos no es solo un diagnóstico falso; es una maniobra para justificar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Cómplice de esta situación es la actual gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que, conociendo los recientes fallos que declaran la inconstitucionalidad de los códigos no remunerativos, no resuelve denuncias concretas ni realiza las auditorías que demostrarían la verdadera dimensión del fraude.

Por su parte, los municipios son los autores materiales del delito de evasión al no informar correctamente al organismo previsional el número exacto de agentes municipales, los códigos no remunerativos abonados y el incumplimiento del pago de la antigüedad al personal contratado.

La eliminación del tope del 16% en las cajas municipales no garantiza la solvencia de regímenes que, en su mayoría, no gozan de superávit estructural; por el contrario, habilita un margen de discrecionalidad política para fijar aportes a medida y consolida desigualdades que terminaremos pagando todos los entrerrianos.

La verdadera reforma previsional no se logra manteniendo la posibilidad de que la planta política local aporte sustancialmente menos que quienes integran el régimen provincial. Exige blanquear los salarios de manera transparente, erradicar la contratación precarizada en el Estado y garantizar la estricta igualdad de cargas entre todos los que ejercemos la función pública en la provincia.

El proyecto de ley del senador Vergara convalida inequidades y fragiliza el patrimonio de los trabajadores. No pretende más que una "cobertura legislativa" para encubrir el fraude previsional del propio Estado.

Por eso, el debate en la Cámara de Diputados debe marcar una divisoria de aguas ética y política: o los legisladores eligen actuar como escribanía del ajuste, convalidando privilegios para las plantas políticas y la complicidad con la evasión municipal, o asumen la responsabilidad histórica de defender el salario de los trabajadores, la transparencia institucional y la dignidad de las jubilaciones entrerrianas.

Durante años, la comunicación interna tuvo una función bastante clara: hacer circular información dentro de una organización a través de un mail, una newsletter, una cartelera o una intranet, canales que alcanzaban para poner en marcha la comunicación. Hoy el escenario es otro: hay más canales, más contenidos y, sobre todo, menos tiempo disponible para prestar atención.

La transformación no es solamente tecnológica. También cambiaron los públicos y la manera en que se relacionan con las organizaciones. Por eso, uno de los grandes desafíos actuales para la comunicación interna es dejar de pensar únicamente en qué se quiere decir y empezar a preguntarse qué necesitan recibir las personas, cómo y en qué momento.

En ese proceso, la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante. Puede redactar textos, resumir documentos, analizar información, segmentar públicos y adaptar contenidos para diferentes canales. Tareas que antes llevaban horas pueden resolverse en pocos minutos, pero esa velocidad también obliga a revisar cuál es el verdadero valor del comunicador.

El informe Approaching the Future 2026, elaborado por Corporate Excellence y CANVAS Estrategias Sostenibles a partir de la participación de 2.120 profesionales de Iberoamérica, ubicó a la inteligencia artificial como la tendencia de mayor importancia para las organizaciones, con un 55,5%.

Para la comunicación interna, el dato plantea una pregunta concreta: si una herramienta puede producir un mensaje en segundos, ¿dónde queda el trabajo del profesional? La respuesta no parece estar en producir más rápido, sino en tomar mejores decisiones sobre qué comunicar, a quién y con qué objetivo.

Sebastián Flexas, Digital & Technology Manager del Grupo Techint, señala la importancia del concepto Human-in-the-Loop, que mantiene la supervisión humana en los procesos de inteligencia artificial. La herramienta puede acelerar la producción, pero necesita un criterio que contemple el contexto y la sensibilidad estratégica e institucional de cada organización.

Es una diferencia importante. La IA puede detectar palabras que se repiten en una encuesta o identificar temas frecuentes en los canales internos, pero no necesariamente puede determinar qué hay detrás de esos datos. Para eso todavía hace falta alguien que conozca la organización, entienda a sus públicos y pueda interpretar lo que está sucediendo.

Cristóbal Fernández, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, lo resume así: “el reto no es formar operadores de herramientas, sino profesionales capaces de tomar decisiones informadas, responsables y estratégicas”. El desafío, entonces, no consiste en convertirse en experto en cada nueva herramienta, sino en saber para qué utilizarla.

También cambió la forma de pensar los canales. Una organización puede tener un mensaje importante, pero eso no significa que un correo electrónico sea necesariamente la mejor manera de transmitirlo. Los públicos tienen hábitos diferentes y la comunicación interna necesita encontrar formatos que se adapten a esas diferencias.

Un caso interesante es “Frecuencia Uber”, una serie de episodios de audio dirigida a los choferes de Uber. Luciano Banchero, cofundador y CEO de Posta, contó que la propuesta multiplicó por ocho la apertura respecto del correo electrónico tradicional. El ejemplo muestra que el formato también comunica y que conocer a quién se habla puede ser tan importante como definir qué se quiere decir.

Banchero sostiene que “La intimidad de meterte en la cabeza de las personas a través de sus oídos hace que la comunicación vaya por dentro”. En este caso, el audio respondió a las características de una audiencia concreta y permitió acercar el contenido a sus hábitos. No se trató simplemente de cambiar un canal por otro.

La discusión también alcanza a la identidad de las organizaciones. La comunicación interna no consiste solamente en transmitir novedades, sino en ayudar a que la misión, los valores y el propósito tengan una presencia concreta en la vida cotidiana. Una cultura no se construye con una campaña aislada ni con una frase en una presentación.

Florencia Fragalá, fundadora y directora de la Red de Comunicaciones Internas Corporativas, sostiene: “El gran desafío de los comunicadores hoy no es solamente aprender, sino desaprender; muchas prácticas están cambiando y eso exige evolucionar junto con las organizaciones”.

Ese desaprender implica revisar una idea bastante instalada: que comunicar internamente es producir contenidos para los empleados. Hoy también significa escuchar, interpretar y detectar qué está pasando dentro de una organización antes de decidir qué mensaje necesita.

La inteligencia artificial puede ser una aliada para esa tarea. Puede ordenar grandes volúmenes de información y encontrar patrones que serían difíciles de detectar manualmente. Pero los datos no reemplazan la escucha. Una tendencia puede aparecer en una herramienta de análisis y, aun así, requerir una lectura humana para comprender su verdadero significado.

Además, las fronteras entre comunicación interna y externa son cada vez más difíciles de separar. Los empleados también son emisores, comparten experiencias y forman parte de la conversación pública sobre las organizaciones. Lo que sucede puertas adentro puede terminar impactando directamente en la reputación.

Fragalá lo plantea de manera directa: “El rol del comunicador interno se está transformando. Hoy la comunicación interna también es externa, porque todo el mundo está comunicando gracias a la democratización de las herramientas”.

Por eso, la comunicación interna empieza a ocupar un lugar más cercano a la estrategia. Joaquín Mouriz, presidente de Dircom, define el escenario como “un reto de gobernanza, confianza y reputación para las organizaciones”. Ya no alcanza con que la información llegue: también importa qué percepción genera y qué relación construye.

La inteligencia artificial puede hacer más eficiente buena parte del trabajo. Puede ayudar a escribir, analizar, segmentar y distribuir contenidos. Pero cuanto más fácil resulte producir mensajes, más importante será decidir cuáles vale la pena producir y cuáles no.

Ese puede ser uno de los grandes cambios para la profesión. El comunicador interno del futuro no será quien más contenidos produzca, sino quien mejor comprenda a sus públicos, interprete la cultura y encuentre la manera adecuada de conectar la misión y los valores de una organización con la experiencia cotidiana de sus personas.

La tecnología podrá escribir el mensaje. La tarea de construir confianza, generar identificación y hacer que una cultura sea reconocible seguirá siendo, por ahora, profundamente humana.

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora cada 4 de septiembre, la World Association for Sexual Health (WAS) propone este año el lema “EVERY BODY”, una expresión que juega con un doble significado: todas las personas y todos los cuerpos.

Y la pregunta que abre es incómoda, pero necesaria: cuando hablamos de sexualidad, de salud, de placer y de derechos, ¿estamos hablando realmente de todos?

Durante mucho tiempo, la sexualidad fue pensada y representada desde modelos muy limitados. Determinados cuerpos, edades, identidades y formas de vincularse parecían tener más permiso que otros para hablar de deseo, placer o intimidad.

Por eso, “Every Body” no es solamente un lema. Es una invitación a revisar quiénes siguen quedando afuera de las conversaciones sobre sexualidad, de los servicios de salud, de la educación sexual y, muchas veces, también del imaginario social.

Hablar de todos los cuerpos implica hablar de diversidad corporal, discapacidad, distintas edades y etapas de la vida, identidades de género, diferencias culturales y también de las desigualdades sociales que condicionan el acceso a la salud y a los derechos sexuales.

Pero también nos invita a llevar la pregunta a un lugar mucho más personal: ¿Qué mensajes recibimos sobre nuestro cuerpo a lo largo de la vida?

¿Cuántas veces escuchamos que un determinado cuerpo era más deseable que otro? ¿Que a cierta edad ya no correspondía hablar de sexualidad? ¿Que había cuerpos que debían esconderse, cambiarse o adaptarse para poder sentirse deseados?

La salud sexual no se limita a prevenir infecciones o abordar problemas médicos. También incluye el placer, el consentimiento, la autonomía corporal, el acceso a información científica, la posibilidad de construir vínculos respetuosos y una vida libre de violencia y discriminación.

Porque la sexualidad no debería estar reservada para algunos. Todos los cuerpos pueden desear, todos los cuerpos pueden sentir placer y todos los cuerpos merecen sentirse deseados.

Y quizás ahí esté el verdadero desafío: no cambiar nuestro cuerpo para entrar en el modelo impuesto por la mirada de los demás, sino cambiar la mirada con la que nosotros mismos habitamos nuestro cuerpo.

“Todos los cuerpos” no debería ser solamente un lema, sino una forma de mirar, sentir y vivir nuestra sexualidad.

Porque todos los cuerpos cuentan.Porque todos los cuerpos sienten.Porque todos los cuerpos desean.Porque todos los cuerpos tienen derecho al placer.

Todos los cuerpos, sin excepción.

Durante años, la provincia destinó recursos a la alimentación escolar sin contar con las herramientas necesarias para conocer con precisión qué recibía cada alumno, bajo qué estándares nutricionales y con qué trazabilidad sobre los recursos invertidos.

Esa dificultad no es menor. Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, la responsabilidad del Estado no termina en asignar recursos. También implica garantizar la calidad de la prestación, establecer criterios comunes y poder controlar sus resultados.

Por eso iniciamos un proceso de transformación del sistema alimentario escolar. La reciente decisión de la Justicia permite continuar ese proceso y establece condiciones que vamos a respetar y cumplir.

El fallo no cuestiona la facultad del Gobierno provincial para transformar el sistema alimentario escolar ni impide avanzar con un esquema centralizado para desayunos y meriendas. Por el contrario, reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el programa, establecer los mecanismos de adquisición, definir los productos y los menúes, seleccionar proveedores dentro del marco legal y disponer los controles necesarios. También reconoce la documentación técnica presentada por la Provincia y el diagnóstico que dio origen a la centralización de las compras para mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación.

Al mismo tiempo, ratifica que los productos alcanzados por el etiquetado frontal no pueden formar parte de la prestación.

Una cosa es revisar o reemplazar un producto y otra muy distinta es frenar una transformación de todo el sistema. Eso es importante porque permite separar dos discusiones que no deberían confundirse.

Nosotros no tenemos ningún problema en controlar y eventualmente corregir un producto determinado. Al contrario: si un producto debe cambiarse, se cambia. Si tiene que reformularse, se reformula. Si la Justicia dispone que no debe utilizarse, se cumple.

No estamos acá para defender una galletita, una marca o una empresa. Estamos para defender a nuestros chicos y una política pública que creemos que puede mejorar sustancialmente la alimentación escolar en Entre Ríos.

Porque la discusión de fondo no puede ser solamente dónde se compra. Lo verdaderamente importante es qué desayunan nuestros alumnos, qué calidad nutricional tiene lo que reciben y si podemos garantizarles a todos el mismo estándar, vivan donde vivan.

Cuando asumimos el gobierno encontramos un sistema que durante años había funcionado de manera fuertemente descentralizada. La provincia transfería recursos y cada establecimiento resolvía qué comprar, dónde hacerlo y cómo administrar esos fondos.

Ese modelo tenía ventajas. Una de ellas era la posibilidad de comprar en comercios cercanos a las escuelas. Pero también tenía problemas estructurales.

El Estado podía saber cuánto dinero transfería para alimentación escolar, pero tenía muchas más dificultades para responder preguntas elementales: qué estaba comiendo efectivamente cada chico, qué producto se había comprado con cada peso, cuánto se había pagado y si existía un estándar nutricional común para todos los alumnos de Entre Ríos.

También era un sistema que dejaba un amplio margen de discrecionalidad y presentaba enormes dificultades para garantizar una trazabilidad completa de los recursos.

No corresponde prejuzgar responsabilidades. Para eso están los organismos de control y la Justicia. Pero sí tenemos la responsabilidad política de preguntarnos si el sistema que encontramos ofrece las herramientas suficientes para prevenir esas situaciones.

Nuestra conclusión fue que había que cambiarlo.

Y no fue una decisión improvisada ni tomada como consecuencia de una polémica reciente.

Prácticamente desde el comienzo de nuestra gestión empezamos a analizar las debilidades del sistema y a diseñar una alternativa que nos permitiera garantizar mejores estándares nutricionales, mayor igualdad y, sobre todo, mucha más transparencia y capacidad de control.

De ese proceso surgió una licitación pública y abierta, realizada bajo las reglas y procedimientos correspondientes, de la cual resultó adjudicataria una empresa. Es precisamente el mecanismo que corresponde utilizar para garantizar transparencia en la utilización de los recursos del Estado.

La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones establecidas, como cualquier proveedor del Estado. Entre ellas, la combinación de alimentos debe aportar aproximadamente el 50% de los requerimientos diarios de micronutrientes de los alumnos en edad escolar. Y el Gobierno deberá controlarla.

Nuestro compromiso no es con una empresa. Nuestro compromiso es con el funcionamiento del sistema.

El cambio parte de una definición muy sencilla: no alcanza con saber cuánto dinero invertimos; tenemos que poder saber qué recibe cada alumno a cambio de esa inversión.

Por eso diseñamos un sistema mixto.

Los desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, que permitirá establecer estándares nutricionales comunes y garantizar trazabilidad sobre todo el proceso: qué se compra, cuánto se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y quién lo recibe.

La centralización de estas compras es un modelo que, con distintas modalidades, ya utilizan casi la mitad de las jurisdicciones del país.

Además, permitirá algo que hasta ahora no podíamos garantizar: que todos los alumnos tengan acceso al mismo desayuno y a los mismos nutrientes, sobre la base de una política nutricional común para toda la provincia.

Los almuerzos, en cambio, seguirán siendo administrados por las escuelas.

Los establecimientos continuarán comprando los alimentos necesarios para preparar las comidas y esas compras seguirán generando actividad en almacenes, supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías y otros proveedores de cada localidad.

Esto es importante: no estamos centralizando toda la alimentación escolar.

Estamos construyendo un sistema mixto que busca aprovechar las ventajas de ambos mecanismos.

En los almuerzos, la cercanía permite incorporar productos frescos, trabajar con proveedores locales y adaptar las compras a las necesidades de cada establecimiento. La provisión de frutas, que actualmente se realiza como parte de los almuerzos, se mantendrá sin modificaciones. La centralización de desayunos y meriendas no altera esa prestación ni implica dejar de ofrecer alimentos frescos a los alumnos. La fruta nunca formó parte del desayuno y esta transformación no la elimina de la alimentación de los chicos. En desayunos y meriendas, la escala provincial permite establecer estándares comunes, mejorar los controles y conocer exactamente qué reciben los alumnos.

Centralizamos aquello que necesita escala, estándares y trazabilidad. Mantenemos descentralizado aquello donde la proximidad y la compra local agregan valor.

Y centralizar una parte de la prestación tampoco significa darle la espalda a la producción y al trabajo entrerrianos. El nuevo sistema genera 60 puestos de trabajo directos, la logística será realizada por empresas entrerrianas y productos como la leche y la harina serán adquiridos a empresas de nuestra provincia.

Y existe una razón todavía más profunda para hacerlo: la igualdad.

El código postal de un alumno no puede determinar la calidad de la alimentación que recibe.

No puede haber un desayuno distinto según la escuela a la que le tocó ir a un alumno o el lugar de la provincia en el que nació. Si hablamos de una política alimentaria provincial, tenemos que ser capaces de garantizar un piso común para todos.

Eso significa transformar la alimentación escolar en una verdadera política provincial.

Sabemos que cualquier transformación de esta magnitud genera discusiones, intereses afectados y resistencias. También sabemos que podemos equivocarnos y que siempre habrá cosas que corregir.

Lo ocurrido con la intervención de la Justicia demuestra precisamente por qué una política pública debe estar abierta al control.

No queremos un sistema que no pueda ser cuestionado. Queremos un sistema que pueda ser controlado, evaluado y mejorado.

La transparencia tampoco consiste solamente en publicar cuánto dinero gastó el Estado. Significa poder reconstruir el recorrido de cada peso: qué compramos, cuánto pagamos, quién lo entregó, dónde llegó y quién lo recibió.

Durante demasiado tiempo discutimos la alimentación escolar fundamentalmente en términos de cuánto dinero transfería el Estado. Queremos empezar a discutir algo más importante: qué reciben nuestros chicos por ese dinero.

Ese es el cambio de fondo. Pasar de financiar compras a garantizar alimentación. De cientos de decisiones aisladas a estándares comunes. De controles fragmentados a trazabilidad. De saber cuánto gastamos a poder explicar qué recibe cada chico por cada peso que invierten los entrerrianos.

La decisión de la Justicia será respetada y cumplida. Y todas las observaciones que permitan mejorar el sistema serán incorporadas.

Pero también vamos a sostener la decisión de transformar aquello que creemos que debe cambiar.

Nos eligieron, entre otras cosas, para cambiar lo que durante años funcionó mal, aunque hacerlo genere discusiones y resistencias.

Y si hay un tema donde no podemos resignarnos a que las cosas sigan funcionando de manera deficiente, es en la alimentación de nuestros alumnos. Ahí tenemos la obligación de exigir más, controlar mejor y cambiar todo lo que sea necesario para garantizarles lo que corresponde.

Durante mucho tiempo aprendimos a pensar la salud casi exclusivamente en términos físicos: estar sano era, en buena medida, no estar enfermo. Con los años incorporamos con más fuerza la salud mental y comprendimos que el bienestar emocional no puede separarse del cuerpo. Hoy tenemos por delante un paso más: empezar a reconocer y valorar la salud social, una dimensión menos conocida, pero decisiva para la calidad de vida de las personas y de las comunidades.

La idea es sencilla, aunque sus implicancias son profundas. La salud social refiere, por un lado, a la calidad de nuestros vínculos, a la posibilidad de relacionarnos, sentirnos acompañados, pertenecer a una comunidad, dar y recibir apoyo. Pero también tiene una dimensión colectiva: habla de las condiciones que permiten que una persona pueda desarrollarse, participar, acceder a oportunidades, servicios, educación, trabajo, vivienda y espacios de integración.

En otras palabras, nuestra salud no se construye solamente en un consultorio. También se construye en la familia, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en un club, en una plaza y en cada espacio donde se tejen relaciones humanas.

Este concepto resulta especialmente valioso porque amplía la mirada. Podemos tener buenos indicadores clínicos y, sin embargo, vivir aislados, sin redes de apoyo o sin un sentido de pertenencia. Del mismo modo, una comunidad puede contar con servicios sanitarios y aun así convivir con desigualdades, exclusión o dificultades de acceso que terminan condicionando el bienestar de sus habitantes.

Por eso, hablar de salud social no se trata de reemplazar la importancia de la medicina ni de la salud mental, sino que significa completar el panorama, integrarlo.

La Organización Panamericana de la Salud insiste desde hace años en la relevancia de los determinantes sociales de la salud: las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen influyen de manera concreta sobre su bienestar. Las desigualdades sociales pueden traducirse, además, en inequidades sanitarias que son injustas y evitables. La salud, entonces, no empieza recién cuando aparece una enfermedad. Se va construyendo mucho antes, en las oportunidades, en el ambiente, en los vínculos y en las condiciones cotidianas de vida.

A esto se suma otra cuestión que merece atención: la cantidad de contactos no equivale necesariamente a la calidad de los vínculos. Podemos vivir en una época de comunicación permanente y, al mismo tiempo, experimentar soledad, aislamiento o fragilidad en nuestras redes de contención.

Por eso es importante pensar la salud social como una dimensión que interactúa permanentemente con la salud física y mental. Cuando los vínculos son sólidos, cuando existe confianza, participación y acompañamiento, las personas cuentan con recursos adicionales para afrontar las dificultades de la vida. Cuando esos lazos se debilitan, también puede resentirse el bienestar.

En mi labor médica, pude entender que detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia, una familia y un contexto. Y la experiencia de la gestión pública me permitió aprender algo complementario: muchas decisiones que superficialmente parecen ajenas al campo sanitario, también producen salud.

Una política de primera infancia, un espacio público cuidado, un club de barrio activo, una escuela que integra, propuestas culturales y deportivas, políticas para las personas mayores, una buena atención primaria o mecanismos que favorezcan la participación comunitaria, son todas instancias vitales que fortalecen vínculos y pueden reducir el aislamiento. Todo eso también forma parte de una comunidad saludable.

Esta mirada obliga, además, a revisar cómo diseñamos las políticas públicas. Si aceptamos que la salud es física, mental y social, entonces no podemos organizar nuestras respuestas en compartimentos aislados. Salud, educación, desarrollo social, vivienda, empleo, deporte, cultura, urbanismo y participación ciudadana deben dialogar mucho más. No porque todo sea lo mismo, sino porque la vida de las personas no ocurre dividida en ministerios, secretarías o comisiones legislativas. Los problemas reales son integrales y requieren respuestas igualmente integrales.

Incorporar la salud social a la conversación pública también permite cambiar una pregunta. En lugar de interrogarnos únicamente por cuántos centros de salud, profesionales o prestaciones tenemos —datos imprescindibles— podemos sumar preguntas: ¿qué tan acompañadas se sienten las personas? ¿Qué oportunidades tienen para participar? ¿Qué redes existen para quien atraviesa una dificultad? ¿Qué espacios comunitarios estamos fortaleciendo? ¿Qué barreras impiden a determinados grupos integrarse plenamente? Medir y mirar estas dimensiones puede ayudarnos a anticipar problemas antes de que se conviertan en enfermedad, crisis o exclusión.

Ciertos conceptos, cuando logran instalarse, modifican la manera en que entendemos una realidad. Creo que la salud social puede ser uno de ellos. No se trata de una moda ni de una nueva etiqueta para problemas conocidos. Se trata de recuperar algo elemental: somos seres sociales y una parte sustancial de nuestro bienestar depende de la forma en que vivimos con otros.

Por eso vale la pena empezar a hablar más de salud social. Desde la medicina, desde la política, desde los gobiernos locales, desde las instituciones y también desde nuestra vida cotidiana. Cuidar la salud es prevenir y tratar enfermedades, pero también construir comunidades en las que las personas puedan encontrarse, participar, sentirse parte y saber que no están solas. Tal vez uno de los desafíos sanitarios de nuestro tiempo sea justamente volver a entender que cuidar los vínculos también es cuidar la salud.

El 16 de agosto de 1991 es una de ellas. Ese día, en la Plaza Martín Fierro de Paraná, Entre Ríos dejó de ser una provincia postergada en materia energética y se incorporó, por primera vez, a la red de gas natural. No fue un anuncio más: fue el comienzo de una transformación silenciosa que, con los años, llegaría a decenas de miles de hogares entrerrianos.

Hay una categoría de obra pública que rara vez ocupa portadas ni discursos épicos: la que va bajo tierra. No tiene la espectacularidad de un puente ni la fotogenia de un edificio inaugurado con corte de cinta. Se construye kilómetro a kilómetro, invisible para la mayoría de la población, y sin embargo es la que sostiene, de manera más profunda y duradera, la vida cotidiana de una comunidad. La llegada del gas natural a la provincia encarna esa paradoja: uno de los proyectos más estructurales de la historia reciente es, a la vez, uno de los más imperceptibles.

Aquella jornada significó el acto de habilitación de las primeras conexiones domiciliarias de gas natural en Entre Ríos, bajo la primera gobernación del Dr. Jorge Pedro Busti. Estuvieron presentes el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem; el arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, y un amplio arco de funcionarios y legisladores. El presidente de EGASER, Alejandro Renaud, fue preciso en su definición del momento: se trataba de emprender, "todos los entrerrianos juntos", el camino de "la sustitución tecnológica, la productividad, el confort, la calidad de vida". Palabras que hoy, treinta y cinco años después, conservan una vigencia notable, porque describen con exactitud lo que terminó ocurriendo.

Tras la bendición de las instalaciones por monseñor Karlic, el propio presidente de la Nación y el gobernador Busti caminaron hasta la casa de la familia Cartagna, en Antártida Argentina 266, a pocos metros del palco, detrás de la actual Terminal de Ómnibus de la ciudad. Allí, en la intimidad de un hogar entrerriano cualquiera, se encendió simbólicamente el primer artefacto alimentado a gas natural de la zona. La política bajó del escenario y entró a una casa. Ese gesto, tan simple como contundente, sintetiza toda una forma de gobernar: la obra pública no como promesa vacía, sino como derecho concreto que llega a la mesa de cada familia.

Y en esa dimensión radica la clave del proceso. El gas natural no se ve. No hay una postal de la red subterránea de cañerías que hoy recorre buena parte de la provincia, ni una imagen que capture el instante exacto en que una industria bajó sus costos energéticos o una familia dejó de cargar garrafas en pleno invierno. Es una obra que trabaja puertas adentro: en el confort silencioso de una casa con calefacción, en la planilla de costos de una fábrica, en la caja de un comercio que gana competitividad.

Los datos posteriores lo confirman con crudeza estadística. Quince años después, para 2006, Redengas ya abastecía a 31.500 usuarios de los 42.000 en condiciones de conectarse en Paraná, y en el resto de la provincia Gas Nea alcanzaba a un universo potencial de 84.000 usuarios, con 30.000 clientes reales a esa fecha. Actualmente, según la Audiencia Pública N.º 104 del ENARGAS, realizada en enero de 2024, se estima que existen más de 120.000 usuarios conectados en toda la provincia. Detrás de cada uno de esos números hay una familia que cambió su forma de vivir, una industria que ganó eficiencia, un comercio que redujo su estructura de costos. Ese es el verdadero balance de una obra de infraestructura: no la cantidad de fotos que generó, sino la cantidad de vidas que mejoró de manera sostenida.

Volviendo al acto, Busti pronunció una frase que condensa todo un estilo de gestión: "Yo no vine a ponerle mi nombre a las cosas, sino a hacer cosas en nombre de todos". No fue una frase vacía. Uno de los principales objetivos de aquella primera gobernación fue lograr el abastecimiento de gas natural en la provincia, y para eso Busti no partió de cero ni buscó reinventar lo hecho: comenzó por reordenar las acciones que ya había desarrollado la gestión anterior de Sergio Montiel, dándole continuidad a una política de Estado por encima de las diferencias partidarias. En ese marco se completó el cruce subfluvial del Gasoducto Mesopotámico, en su tramo Aldao (Santa Fe)-Aldea Brasilera, obra estructural sin la cual ningún desarrollo posterior habría sido posible.

Sobre esa base, la gestión de Busti impulsó un nuevo proyecto de distribución en Paraná de dimensiones inéditas para la época: 300 kilómetros de red, 520 manzanas alcanzadas y 27.000 usuarios directos proyectados. Los trabajos comenzaron en octubre de 1990 y, apenas diez meses después, en agosto de 1991, se habilitaba el primer servicio domiciliario de gas natural no solo en Entre Ríos, sino en toda la Mesopotamia argentina. Ese dato no es menor: Entre Ríos fue la puerta de entrada del gas natural a toda la región mesopotámica y hasta nuestros días es la provincia con mayor desarrollo de la red dentro del NEA, dado que Corrientes y Chaco tiene una cobertura muy limitada y Misiones directamente no tiene un sólo metro de gasoducto.

Vale la pena, entonces, reivindicar este tipo de gestión pública en un momento en que la política parece medirse casi exclusivamente por el impacto de un anuncio en las redes y por la manía de lo fundacional. Jorge Busti gobernó con la convicción de que continuar lo bueno de una gestión anterior no era debilidad sino responsabilidad de Estado, y con la certeza de que las obras que verdaderamente importan no siempre necesitan un nombre propio grabado en una placa. "No vine a ponerle mi nombre a las cosas, sino a hacer cosas en nombre de todos", dijo aquel 16 de agosto de 1991. Treinta y cinco años después, con el gas natural corriendo silenciosamente bajo miles de calles entrerrianas, esa frase sigue siendo la mejor definición de lo que significa gobernar para la gente.

La cuestión merece un análisis sereno, porque confluyen dos bienes jurídicos igualmente importantes: el derecho de las víctimas a denunciar sin miedo y el derecho de toda persona a no ser destruida por una acusación deliberadamente falsa.

En primer lugar, conviene precisar un aspecto. En Argentina ya existe el delito de denuncia falsa. El Código Penal sanciona desde hace décadas a quien acusa falsamente a otra persona de un delito. Lo que propone el proyecto actualmente en debate es agravar las penas cuando la imputación falsa se refiere a delitos especialmente sensibles, como la violencia de género, el abuso sexual o el acoso sexual.

A partir de allí aparecen dos posturas legítimas.

Quienes apoyan la reforma sostienen que una denuncia falsa de esa naturaleza puede destruir una vida. Aunque luego la Justicia absuelva al acusado, muchas veces ya perdió su familia, su trabajo, su prestigio o el vínculo con sus hijos. Solo basta recordar el caso del obstetra Pablo Ghisoni, preso por falsa denuncia de su mujer, quien fue absuelto por la Justicia muchos años después cuando ya lo había perdido todo. Argumentan que el daño social es tan grave que merece una sanción más severa cuando se demuestra que hubo una acusación dolosamente inventada.

Quienes cuestionan el proyecto advierten otro riesgo: que mujeres que realmente sufrieron violencia o abuso teman denunciar por miedo a que, si no logran probar los hechos, terminen siendo investigadas ellas mismas. Señalan que en estos delitos suele haber escasa prueba directa y que una absolución del acusado no implica automáticamente que la denuncia haya sido falsa. Para que exista una falsa denuncia debe acreditarse que la persona sabía que mentía al formular la acusación; ese punto es fundamental.

Desde el punto de vista jurídico existen tres escenarios muy distintos: a) Una denuncia verdadera. b) Una denuncia que no puede probarse por falta de evidencia. c) Una denuncia deliberadamente falsa.

Solo el tercer caso podrá ser castigado con la nueva ley.

También es cierto que durante los últimos años se consolidó un amplio sistema de protección para las víctimas de violencia de género, fruto de leyes como la 26.485 y de políticas públicas destinadas a revertir una problemática históricamente invisibilizada. Esa protección constituye un avance social importante y no debería debilitarse.

Al mismo tiempo, un Estado de Derecho tampoco puede ignorar que existen denuncias maliciosas, y aunque sean minoritarias, cuando ocurren producen daños profundos. La ley debe ser capaz de proteger simultáneamente a la víctima auténtica y al inocente acusado.

Con las garantías constitucionales vigentes en nuestro país, la protección de las víctimas y las garantías del acusado no son objetivos incompatibles, sino complementarios. Una justicia que castiga la violencia, pero también sanciona el uso fraudulento de sus propios mecanismos, fortalece la confianza pública en lugar de debilitarla, por lo que nadie debería temerle, porque solo hará debida justicia con aquellas personas que abusen de la ley existente denunciando falsamente por venganzas, rencores u otras motivaciones ocultas.

Lo digo con orgullo: la Selección hizo lo que soñábamos, peleó una final y nos dio en cada partido esa alegría colectiva que solo el fútbol sabe dar. Pero apenas terminó, empezó otro partido, uno que no se juega con reglas claras ni con árbitro imparcial: el de definir y defender qué clase de país somos. 

Vayamos un poco atrás, aunque sea un instante, porque esto no nació ahora. Desde que la Argentina empezó a organizarse como Nación, siempre convivieron dos ideas de nosotros mismos: en primer lugar, la de un país que debía parecerse a Europa para ser considerado serio. Esa fue, a grandes rasgos, la ilusión y el deseo de una generación de políticos e intelectuales de gran renombre. Pero, en segundo lugar, también había un país que, tercamente, nunca terminó de encajar del todo en ese molde. El gaucho, el interior, las costumbres propias del territorio parecían plantar resistencia frente al espejo de las prolijas y admiradas instituciones europeas. La distinción entre “Civilización y Barbarie” reflejaba esa tensión entre lo que éramos y lo que se pretendía enderezar para “ser como…”. Y ahí seguimos: siendo, todavía hoy, un poco de las dos cosas. Ese vaivén entre querer ser e insistir en ser lo que somos explica, en parte, por qué cualquier gesto nuestro puede leerse afuera como una provocación. La osadía de ser como somos popularizó del otro lado del Atlántico la palabra 'sudaca', y quizá algunas otras como 'tercermundista' o 'bananero'. 

Y alguna vez se tenía que encender la mecha nuevamente. Tras la victoria ante Inglaterra, algunos jugadores desplegaron en la cancha una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" (algo que la FIFA había prohibido expresamente por tratarse de un símbolo político). Ese incidente, más allá de lo reglamentario, constituyó una reivindicación justa de nuestra historia, pero también funcionó como excusa perfecta para la avalancha de críticas y descalificaciones sobre la Argentina.

Medios deportivos, noticieros y hasta diarios de peso como el New York Times o el Washington Post amplificaron la historia mucho más allá de un cartel en una cancha. Y no fue solo una impresión o una sospecha: Google Trends confirmó que las búsquedas sobre Malvinas alcanzaron, por estos días, el pico más alto de su historia.

Un gesto tan simple como desplegar una bandera llegó a tocar el nervio geopolítico de verdad, y en Londres se sintió como una humillación de una escala que, sinceramente, no guarda proporción con el hecho en sí. La respuesta, en cambio, sí es desmedida: se extendió mucho más allá del Reino Unido, alcanzando buena parte de Europa Occidental y a ciertos sectores de la prensa norteamericana. 

Ahí es donde el partido dejó la cancha para meterse en otro terreno. Porque lo que empezó como una discusión sobre una bandera y el reglamento terminó convertido en un juicio sobre nuestra identidad entera. La legisladora demócrata de Texas, Jasmine Crockett, vinculó la preferencia mundial por España frente a Argentina con una supuesta "historia racista" de nuestro país. El actor estadounidense Samuel L. Jackson pidió que la comunidad afrodescendiente no alentara a la Selección, calificando a la Argentina como uno de los países "más racistas del mundo". Ninguno de los dos habló de táctica, de arbitrajes ni de estilo de juego: hablaron de nosotros, de nuestra esencia, de un país que no conocen, a partir de un partido de fútbol visto por una pantalla.  

Y ahí conviene hacer una pausa y preguntarnos: ¿quién o quiénes tienen autoridad para dictar ese veredicto? Cuesta tomarse en serio la lección moral de potencias que, mientras acusan a otros de intolerantes, siguen administrando colonias a miles de kilómetros de su territorio. La superioridad que se ejerce hacia afuera rara vez se aplica hacia adentro. Vale la pena recordar que el Comité de Descolonización de la ONU tiene en observación a 17 territorios en el mundo que aún están bajo administración colonial. Sí, en el 2026, de esos 17 territorios, el Reino Unido conserva 9, uno de ellos, las Islas Malvinas. 

No escribo esto para decir que en la Argentina no haya nada que corregir; cualquier sociedad lo tiene, y negarlo sería tan poco serio como aceptar sin más la etiquetas que nos quieren poner. Escribo esto para decir algo más simple: no necesitamos que nadie de afuera nos diga quiénes somos ni quiénes debemos ser. La identidad de un pueblo no se define en un editorial extranjero ni por el enojo de los “grandes” que integran la UEFA. Se define adentro, entre nosotros, con lo bueno y lo que hay que seguir mejorando. Y esa tarea, la de sostenernos unidos como Nación, más allá del resultado de cualquier partido, no depende de ningún tribunal mediático ni de los que en su cabeza piensan en términos coloniales. Depende, como siempre, de nosotros. 

Cuando la política exterior abandona la prudencia, los exabruptos de unos pocos segundos se transforman en hipotecas de varios años. Lo vivido este fin de semana en San Pablo encaja perfectamente en esa dinámica. Javier Milei decidió utilizar una tribuna partidaria extranjera para injuriar, sin nombrarlo pero sin dejar dudas, al jefe de Estado de la principal economía de América del Sur. Llamarlo "basura comunista", "el ladrón" o "el presidiario" no es una audacia retórica: es la renuncia deliberada a distinguir entre el líder de un partido y el Jefe de Estado de un país vecino, socio y garante de previsibilidad regional.

La respuesta de Brasilia fue proporcional y, diría, contenida: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. No es una ruptura de relaciones —el vocabulario diplomático distingue con precisión estos grados— pero sí es la señal más dura que un gobierno puede emitir sin cruzar ese umbral. Es, en el lenguaje de los cancilleres, una advertencia formal de que algo se ha quebrado y de que la reparación no será automática.

Quienes formulan la política exterior argentina de este gobierno suelen invocar la "autonomía" y la "libertad" como si fueran sinónimos de desapego respecto de los vecinos. Pero la autonomía real de un país mediano —y Argentina lo es, pese a las fantasías de excepcionalidad— no se construye ofendiendo a quien es, por lejos, su socio comercial más importante. Se construye acumulando márgenes de maniobra, y esos márgenes se obtienen precisamente de vínculos regionales sólidos, no de su demolición ostentosa.

Los números no dejan lugar a la ambigüedad retórica. En el primer semestre de 2026 el intercambio de bienes entre ambos países rozó los 13.803 millones de dólares, muy por encima del comercio con China o Estados Unidos. Brasil absorbió el 12,6% de las exportaciones argentinas totales en ese período y es, desde 1991, de modo ininterrumpido, el principal socio comercial del país. No es un dato menor ni coyuntural: es la estructura misma sobre la que se apoya buena parte del entramado industrial argentino, en particular el sector automotriz, donde Brasil concentra hasta el 50% de las exportaciones de pick-ups y camiones. La búsqueda de un aplauso partidario en San Pablo, cuando se hace a costa de ese vínculo estratégico, no expresa soberanía: la debilita irresponsablemente.

La integración regional no es un artefacto burocrático heredado de los años noventa ni una nostalgia progresista, como se la suele caricaturizar desde ciertos sectores del oficialismo. Es, ante todo, un instrumento de inserción internacional que multiplica el peso relativo de países que, aislados, tienen escasa capacidad de negociación frente a los grandes bloques y potencias. Ese mismo principio opera, en otra escala, en nuestra Región Centro: la convicción de que la cooperación entre provincias fortalece su capacidad para defender intereses compartidos, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de sus economías regionales. Lo ocurrido este fin de semana convierte una relación de Estado en una extensión de la interna electoral brasileña, alineando a la Argentina, sin matices, con el bolsonarismo y en contra del gobierno constitucional de su vecino.

Es válido —y hasta esperable— que un presidente tenga preferencias ideológicas y afinidades personales. Lo que ninguna diplomacia seria admite es que esas preferencias se traduzcan en injerencia declarada en un proceso electoral ajeno, ni que un mandatario en ejercicio equipare a un jefe de Estado extranjero con un delincuente desde suelo de ese mismo Estado. La defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro —condenado a más de 27 años de prisión por la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado— agrega una capa adicional de gravedad: no se trata solo de un desaire personal a Lula, sino de un cuestionamiento implícito a la autoridad del Poder Judicial de un país soberano.

Y hay algo más, que no debería quedar afuera de esta reflexión: a quién se estaba insultando. Luiz Inácio Lula da Silva es, más allá de cualquier lectura ideológica, uno de los dirigentes de mayor densidad política que ha dado América Latina en el último siglo. Su trayectoria —del sindicalismo metalúrgico, la lucha contra la dictadura militar, a la fundación de un partido desde cero, de la cárcel a la presidencia recuperada— lo instaló como una figura de estadista en el sentido más clásico del término: capacidad de construir mayorías amplias, disposición a negociar con adversarios internos y externos, y una lectura de largo plazo del lugar de Brasil en el mundo que trascendió sus propios mandatos. Ha gobernado en tres ocasiones distintas, en contextos económicos y políticos muy diferentes entre sí, y en cada una demostró una seriedad institucional que contrasta con el humor volátil de buena parte de la dirigencia regional contemporánea. Se puede discrepar, y con fundamentos, de muchas de sus políticas; lo que resulta más difícil de sostener es negarle la seriedad con la que ha ejercido la función presidencial y el peso específico que su figura tiene en la historia política reciente del continente. Agredir a un dirigente de esa talla, y hacerlo además en su propio país, no es solo un error de cálculo diplomático: es una muestra de liviandad frente a alguien que representa, para bien o para mal, una de las biografías políticas más consistentes de la región.

Ese contraste se exhibe, también, en los modos: apenas unas horas antes del desplante de San Pablo, Lula publicaba en el Washington Post una columna sobre los aranceles que Trump le había impuesto a su país. No hubo en ese texto un insulto, ni un apodo, ni la tentación fácil del exabrupto: hubo cifras, hubo el recuento paciente de reuniones y documentos entregados en mano, hubo una defensa de la soberanía formulada con la frialdad de quien sabe que la dignidad de un Estado se demuestra en el tono, no se proclama a los gritos. Ese es el nivel con el que un jefe de Estado le responde, incluso, a quien le acaba de golpear la economía.

Argentina ha construido, con avances y retrocesos, una tradición de política exterior hacia Brasil que atravesó gobiernos de signos opuestos —de Alfonsín a Menem, de Kirchner a Macri— precisamente porque comprendió que el vínculo bilateral trasciende las coyunturas ideológicas. Esa tradición asumía que la relación con Brasilia era, ante todo, una cuestión de Estado, no de gobierno. Lo ocurrido este fin de semana revierte ese consenso de décadas y lo hace, además, sin ninguna contrapartida estratégica visible: no hay ganancia diplomática, comercial ni geopolítica que compense el costo de una crisis con el socio que compra más de una décima parte de lo que el país exporta al mundo.

La política exterior no es un escenario para la pulsión antagónica ni para la construcción de identidad partidaria hacia adentro. Es, en cambio, el ámbito donde se administran con cautela los intereses permanentes de un Estado, más allá de quién lo gobierne circunstancialmente. Confundir ambas cosas —convertir un vínculo estratégico en munición de campaña— no es audacia libertaria: es, llanamente, un retroceso. Y como todo retroceso en materia de relaciones exteriores, sus costos no los pagará quien pronunció las palabras, sino el país que deberá reconstruir, con paciencia y sin épica, lo que se dañó en menos de media hora de discurso.

Hay decisiones que la política evita porque cuestan, y hay decisiones que la política debe tomar precisamente porque cuestan. La reforma del sistema previsional entrerriano pertenece a la segunda categoría. Durante más de treinta años, gestiones de todos los signos conocieron el diagnóstico, midieron el costo político de actuar y eligieron transferir el problema hacia adelante. El resultado de esa postergación acumulada no fue neutro: lo pagó —y lo paga— cada entrerriano, con un déficit creciente que compite con la escuela, con el hospital y con la obra pública por los mismos recursos.

Quiero contar cómo encaramos ese problema, porque el proceso importa tanto como el resultado.

Ninguna reforma es creíble si el organismo que la propone no es transparente. Por eso el primer paso no fue redactar un proyecto: fue ordenar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sistematizar su información y publicar los datos. Abrir los números —los ingresos, los egresos, el déficit por sectores, la relación activo/pasivo— fue un camino necesario: la discusión previsional suele darse entre mitos, y los mitos solo se desarman con evidencia disponible para todos. Un dato publicado es un dato que ya no se puede negar ni manipular; es la base mínima de cualquier conversación seria.

Esa etapa incluyó también un trabajo menos visible pero igual de necesario: hacer docencia previsional. Reuniones con gremios, encuentros con periodistas, explicación paciente de conceptos que rara vez llegan al debate público —qué es una tasa de sostenimiento, cómo funciona la movilidad, por qué el envejecimiento poblacional no es una opinión sino una curva demográfica—. La pedagogía pública no es un complemento de la política: es una condición de posibilidad del consenso.

Con los datos sobre la mesa, presentamos a los gremios los vectores de la reforma antes de que existiera un proyecto cerrado. No fue un gesto decorativo: fue asumir que una reforma estructural que afecta derechos y expectativas de decenas de miles de trabajadores y jubilados no puede diseñarse en un escritorio y anunciarse por decreto. El diálogo tiene costos —lleva tiempo, obliga a ceder, expone las diferencias— pero produce algo que ninguna imposición produce: legitimidad.

Ese mismo espíritu ordenó la etapa legislativa. El proyecto ingresó al Poder Legislativo y se abrió a audiencias públicas con todos los actores del sistema: trabajadores activos, jubilados, gremios, especialistas, representantes municipales. Cada audiencia modificó algo; el texto que fue votado en el Senado no es el que ingresó, y eso —lejos de ser una debilidad— es la prueba de que el proceso fue genuino. Una ley que llega al recinto habiendo escuchado es una ley más difícil de sancionar, pero mucho más fácil de sostener en el tiempo.

Como funcionario político, sé que el problema de fondo no es técnico sino político, y tiene nombre en la literatura: la asimetría temporal de las reformas estructurales. Paul Pierson lo describió con precisión al estudiar las reformas de los Estados de bienestar: los costos de una reforma previsional son concentrados, visibles e inmediatos, mientras que sus beneficios son difusos, colectivos y de largo plazo. Quien reforma paga hoy; quien cosecha, gobierna mañana. Esa asimetría explica por qué durante tres décadas la respuesta racional —en términos electorales— fue no hacer nada. El sistema de incentivos de la política premia la postergación.

Pero si la política se limita a seguir sus incentivos de corto plazo, deja de ser política y se convierte en administración de la inercia. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: el político responsable no es el que hace lo que le conviene ni el que hace lo que le gusta, sino el que se hace cargo de las consecuencias de sus actos —y también de sus omisiones—. No reformar también es una decisión, solo que sus consecuencias las firma otro.

Para eso somos electos. No para administrar la comodidad del presente, sino para tomar las decisiones que el presente exige aunque el presente no las premie. La verdadera medida de una gestión no es cuánto costó políticamente lo que hizo, sino cuánto le habría costado a la provincia lo que dejó de hacer.

El desafío de toda reforma estructural es ese: impedir que el corto plazo boicotee lo necesario. La herramienta para lograrlo no es la audacia solitaria ni el atropello legislativo; es exactamente lo que intentamos construir en estos meses: información pública, pedagogía, diálogo, audiencias, consenso. Cuanto más participado es el proceso, más se reparte el costo político y más se blinda la reforma frente a los ciclos electorales. Una reforma consensuada es una política de Estado; una reforma impuesta es apenas la política de un gobierno, y dura lo que dura ese gobierno.

La legislatura dirá si la política provincial está a la altura de ese momento. Por mi parte, tengo la tranquilidad de que el camino recorrido —ordenar, transparentar, explicar, dialogar, escuchar, corregir— es el que corresponde a una democracia madura. Las reformas que perduran no son las que se hacen rápido: son las que se hacen bien.

La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.

Nos han repetido hasta el hartazgo la hipótesis de la "relación de aportantes por jubilado" como la única causa del déficit. Pero esa verdad a medias oculta una maniobra estructural de desfinanciamiento activo. El caso de la Municipalidad de Concordia, bajo la gestión de Francisco Azcué, funciona como el laboratorio perfecto de esta trampa matemática y social.

El financiamiento genuino de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se sostiene con los aportes obligatorios de la planta activa: permanentes, transitorios y contratados con aportes.

Desde el inicio de la gestión de Azcué, la principal bandera de "transparencia" y "saneamiento" ha sido la cesantía masiva de agentes públicos bajo acusaciones de irregularidades o supuestas faltas del pasado, esquivando el debido proceso con sumarios endebles que inevitablemente terminarán en reveses judiciales e indemnizaciones millonarias pagadas por el contribuyente.

La realidad detrás del relato es alarmante ya que al dar de baja a cientos de contratados con aportes, se estrangula directamente la recaudación de la Caja provincial. Esos puestos de trabajo se reemplazan de forma encubierta por la figura del monotributo (bajo la órbita de ARCA), cuyos aportes jubilatorios mínimos se derivan a la ANSES y no a la provincia.

Asi, un empleado municipal formal aporta un porcentaje significativo de su sueldo bruto a la Caja provincial; un monotributista contratado a través de engorrosos y oscuros expedientes de "prestación de servicios" no le aporta un solo centavo al sistema entrerriano.

Si multiplicamos esta sangría hormiga de aportes por más de cien municipios entrerrianos haciendo el mismo juego de prestidigitación contable, el déficit previsional deja de ser un problema demográfico y se revela como lo que es: una asfixia programada.

El maximun de la hipocresía es que mientras se ajusta la base de la pirámide y se culpa a la clase pasiva por el colapso previsional, la gestión de Azcué incurre en un flagrante doble estándar que ya ha provocado intimaciones formales de la propia Caja de Jubilaciones provincial.

Se ha vuelto un secreto a voces —y luego una certeza administrativa— la designación en el gabinete municipal de funcionarios que perciben haberes jubilatorios provinciales y, al mismo tiempo, cobran ingresos de la Municipalidad de Concordia mediante metodologías no remunerativas (como el polémico "Código 600" o contratos de locación de servicios) sin realizar los aportes de ley.

Mientras un jubilado ordinario ve licuado su poder adquisitivo por las reformas de ajuste, ciertos funcionarios políticos de la actual gestión perciben doble ingreso del Estado sin tributar solidariamente al sistema que los sostiene. Una evasión de guante blanco tolerada desde el propio despacho municipal.

El ahorro público del que se vanaglorian los discursos oficiales de la gestión local no es optimización de recursos; es llanamente vaciamiento y retiro del Estado en las áreas más sensibles: los despidos y no renovaciones golpean de lleno a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la salud municipal, las áreas de adicciones, niñez, adultos mayores y el desarrollo deportivo comunitario.

Menos empleados no significa mayor eficiencia, significa salitas de salud cerradas, menos contención para víctimas de violencia y la eliminación de la red de seguridad social para los sectores vulnerables. Los servicios esenciales que se quitan de la esfera pública terminan tercerizados en cooperativas dudosas o empresas prestadoras que precarizan aún más el trabajo y erosionan la recaudación de las tasas locales.

Nada en este esquema es un error de cálculo; todo obedece a un diseño político y económico preciso. Se despide al personal que tributa a la provincia para profundizar el déficit de la Caja y justificar su posterior reforma regresiva. Se maquilla la baja del gasto público mientras se desvían recursos hacia la contratación de servicios tercerizados y contratos de monotributo sin control real de funciones.

La rueda del ajuste ha comenzado a girar. Al principio se mueve tímidamente, amparada por el relato de la pesada herencia recibida y en consignas de orden fiscal. Sin embargo, una vez consolidados en el poder, el pudor administrativo se pierde por completo y la precarización, la evasión previsional interna y el desprecio por lo público se convierten en la norma de gestión.

Azcué insiste recurrentemente en que su gestión representa algo "diferente". Y en eso tiene toda la razón: la diferencia es evidente. No quedan dudas de que estamos ante la administración más ineficiente. Su gestión no solo se ha caracterizado por la pérdida sistemática de financiamiento para obras fundamentales de infraestructura que Concordia necesita con urgencia, sino por una alarmante falta de visión e innovación para generar políticas públicas reales. En tiempos de una crisis social sin precedentes, donde se requería audacia, creatividad y sensibilidad, el municipio optó por la parálisis, el desmantelamiento y la receta vieja del achique. No es austeridad, es incapacidad; y el precio de esa "diferencia" lo están pagando hoy los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.

Antes, muchas conquistas infantiles quedaban en la intimidad de la casa: una palabra nueva, un dibujo, una caída, un berrinche, una comida rechazada, una noche difícil. Hoy, gran parte de la infancia ocurre bajo una cámara real o imaginaria. Los niños son fotografiados, comparados, exhibidos y evaluados en un escenario social donde cada logro parece necesitar prueba pública. La infancia dejó de ser solo vivida; también empezó a ser mostrada.

En ese contexto, las redes sociales no funcionan únicamente como entretenimiento. Funcionan como un sistema de comparación permanente. Una madre ve a un niño de dos años recitando letras, otro contando en inglés, otro haciendo deporte, otro comiendo vegetales sin protestar, otro sentado perfecto en una actividad. La conclusión aparece de inmediato: mi hijo debería poder hacer eso. Y si no puede, quizás algo esté mal.

El niño queda entonces bajo una doble presión. Por un lado, la presión directa de las actividades, terapias y demandas tempranas. Por otro, la presión indirecta de representar una imagen familiar exitosa. Ya no alcanza con crecer: hay que demostrar que se crece bien. Ya no alcanza con jugar: hay que jugar de una manera que parezca estimulante. Ya no alcanza con hablar: hay que hablar pronto, claro y, si es posible, frente a otros.

En mi libro El niño bajo presión desarrollo esta idea: la infancia contemporánea está siendo atravesada por una exigencia de rendimiento que se disfraza de cuidado. Muchas decisiones se presentan como oportunidades, pero cuando se acumulan sin medida terminan saturando al niño. A los dos años, algunos niños ya tienen agendas con múltiples actividades, espacios terapéuticos, estimulación, idiomas, deportes y rutinas diseñadas por adultos que temen que cualquier pausa sea una pérdida de tiempo.

El problema no está en ofrecer experiencias enriquecedoras. El problema aparece cuando la experiencia deja de responder a las necesidades del niño y empieza a responder a la ansiedad adulta. Un niño pequeño no necesita vivir como un adulto en miniatura. Necesita repetición, previsibilidad, juego libre, contacto corporal, sueño, alimentación adecuada, exploración, vínculos seguros y tiempo no productivo. El aburrimiento, tan desprestigiado, también construye funciones psíquicas y cognitivas.

La exigencia de que a los dos años ya sepan letras, hablen fluidamente, participen sin resistencia y respondan con gracia a cada consigna desconoce la complejidad del desarrollo. Hay niños que requieren evaluación y apoyo, por supuesto. Pero evaluar no es presionar. Acompañar no es acelerar. Estimular no es invadir. Y detectar señales de alarma no debería convertirse en una obsesión cotidiana que transforme cada gesto infantil en una prueba de normalidad o fracaso.

Las redes también intensifican otra práctica: buscar respuestas inmediatas ante cualquier diferencia. Si un niño no habla como el video que una madre vio, se prueba un suplemento. Si no come como otros, se cambia la dieta. Si tiene berrinches, se piensa en trastornos. Si rechaza una actividad, se interpreta como problema de conducta. La mirada adulta, colonizada por la comparación, pierde la capacidad de preguntarse por el contexto: sueño, cansancio, sobrecarga, cambios familiares, exceso de demanda o simplemente edad.

La exposición también afecta la intimidad del niño. No todo logro necesita ser compartido. No todo llanto necesita explicación pública. No toda dificultad debe transformarse en contenido. Los niños tienen derecho a atravesar procesos sin convertirse en material de validación adulta. La pregunta ética es incómoda pero necesaria: ¿estoy mostrando a mi hijo para celebrar su desarrollo o para calmar mi propia inseguridad frente a la mirada de los demás?

En esta época, muchas madres viven una maternidad vigilada. Se les exige estimular, alimentar perfecto, detectar precozmente, consultar rápido, no medicar de más pero tampoco de menos, no llegar tarde pero no exagerar, no comparar, pero estar atentas. Esa presión puede llevar a decisiones impulsivas: dietas sin control, cambios de leche, suplementos, terapias acumuladas y rutinas imposibles. La madre queda atrapada entre el miedo a fallar y la promesa de que siempre hay algo más para hacer.

invita a frenar esa lógica. No para negar los diagnósticos ni minimizar dificultades, sino para recuperar una mirada humana, clínica y evolutiva. Un niño no es un perfil en redes, no es un proyecto de rendimiento, no es una vitrina de crianza exitosa. Es un sujeto en desarrollo. Y desarrollar no significa cumplir expectativas ajenas a los dos años. Significa tener tiempo, cuidado, límites, juego, salud y adultos capaces de mirar más allá de la pantalla.

La idea de que la democracia consiste simplemente en abrir las urnas una y otra vez ha mostrado sus límites frente a las demandas reales de la sociedad. Cuando las reglas y los mecanismos electorales se convierten en un fin en sí mismos, desconectados de lo que le pasa a la gente, la política corre el riesgo de transformarse en una discusión vacía. En Entre Ríos, el debate sobre la eliminación de las PASO no es una simple disputa técnica entre dirigentes; es una oportunidad para devolver el sentido común y el realismo a la agenda pública.

La premisa fundamental de cualquier gestión estatal debería ser clara: gobernar es, antes que nada, administrar prioridades pensando en el bien común. En el escenario actual, obligar a los ciudadanos a ir de forma reiterada al cuarto oscuro para resolver internas que solo les importan a las estructuras de los partidos no es valorar el sistema democrático, sino desgastarlo. Ya en sus textos clásicos sobre la política, Max Weber advertía sobre el peligro de que las minorías dirigentes se divorcien por completo del sentir real de las mayorías. Llevar a la sociedad a votar para solucionar las diferencias de los partidos distorsiona el contrato social y genera un malestar innecesario en un humor social que hoy exige soluciones, no más elecciones.

El ciudadano de a pie tiene hoy prioridades totalmente distintas a la rosca electoral. La economía, el desarrollo productivo, la educación y el empleo diario configuran el verdadero núcleo del bienestar general. La selección interna de candidatos ha dejado de ser un tema que sume al bien común o que despierte el interés del sentido común. El politólogo Giovanni Sartori recordaba que los partidos políticos deben funcionar como canales para transmitir lo que la sociedad necesita, y no como estructuras cerradas que le complican la vida al electorado. La idea central de las reformas actuales debe apuntar justamente a lo contrario: simplificar la vida de la gente, no complicarla.

Aristóteles definía la prudencia como la virtud política por excelencia: la capacidad de los gobernantes para entender el pulso de su época y discernir qué es lo conveniente para la comunidad en un momento determinado. Forzar la permanencia de un sistema costoso y fatigante, cuando la sociedad expresa un claro agotamiento, representa una preocupante falta de esa virtud. Los dirigentes políticos tienen que tener la capacidad de entender lo que expresa la gente en el día a día.

Por eso, eliminar este sistema de selección de candidatos sería un acierto indiscutible. Devuelve la responsabilidad a su lugar natural: que cada organización partidista seleccione de la forma que mejor le parezca a sus propios postulantes, gestionando sus dinámicas internas puertas adentro, sin trasladar el costo operativo ni el hartazgo psicológico a toda la población.

Simplificar las reglas de juego es un acto de respeto hacia el elector. En un contexto que exige sintonía fina con las urgencias de la calle, suspender una instancia obligatoria que solo responde a las necesidades de la política es un paso firme hacia un sistema más maduro, ágil y sensible a las prioridades reales de los entrerrianos.