El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026 continuará sin modificaciones durante abril, según se confirmó oficialmente. De esta manera, más de dos millones de pequeños contribuyentes en todo el país seguirán alcanzados por los mismos topes de facturación y valores de cuotas mensuales.

El régimen simplificado, clave para trabajadores independientes y pequeños comercios, mantiene así la estructura actual de categorías, sin actualizaciones en los montos pese al contexto inflacionario. La próxima revisión está prevista para mitad de año, cuando se evalúe una posible recategorización.

Las escalas vigentes quedan establecidas de la siguiente manera:

La continuidad de estos valores implica que los contribuyentes deberán seguir operando dentro de los mismos parámetros de ingresos y obligaciones mensuales establecidos a comienzos de año.

En este contexto, crece la expectativa por la próxima actualización del régimen, que suele realizarse de manera semestral y ajustarse en función de la evolución de variables económicas como la inflación.

El Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral presentó su tercer informe anual sobre informalidad y evasión en Argentina, con un dato central: la evasión del IVA alcanzó en 2023 el valor más bajo de toda la serie histórica, acercándose por primera vez al 40% y acumulando una reducción de siete puntos porcentuales en solo un año. El resultado se suma a otro hecho inédito: por segundo año consecutivo, ningún sector económico aumentó sus niveles de evasión, consolidando una trayectoria descendente que había comenzado en 2022.

Aunque la mejora es significativa, el impacto fiscal de la informalidad sigue siendo de magnitud. Según las estimaciones del CET, la evasión tributaria implicó en 2023 una pérdida de recursos equivalente a 21 puntos del PBI.

El informe subraya que los procesos de digitalización económica fueron clave para explicar la mejora en el cumplimiento fiscal. Datos de Interbanking respaldan esta tendencia: entre 2019 y 2023, los CUITs jurídicos registrados en el sistema financiero crecieron un 15,3%, mientras que las cuentas bancarias asociadas a esos CUITs aumentaron un 42,6%. Además, las transacciones financieras entre empresas treparon un 9%, con las MicroPyMEs como principales impulsoras de ese crecimiento.

“Ese salto en la formalización digital es una de las razones centrales detrás de la mejora en el cumplimiento fiscal”, señalaron los investigadores del CET.

La nueva evidencia confirmaría que la caída de la evasión no responde solo a factores coyunturales, sino a un proceso estructural asociado a la mayor trazabilidad de las operaciones comerciales y la masificación de herramientas digitales.

El informe de diciembre de 2024 —con datos de 2022— había marcado el primer quiebre significativo en la serie histórica. Tras alcanzar un 52% en 2021, la evasión del IVA había descendido al 49% en 2022, impulsada por una evolución dispar entre actividad y recaudación (74% vs. 88%, respectivamente) y por los efectos de la moratoria de la Ley de Alivio Fiscal (27.653/2021), implementada en el marco de la pospandemia.

Los resultados de 2023 profundizan ese sendero bajista y constituyen la caída más pronunciada hasta el momento.

El documento remarca que en 2023 ningún sector económico incrementó sus niveles de evasión, replicando el comportamiento registrado el año anterior. Las reducciones más significativas se observaron en:

Aun con estos avances, los sectores que concentran el mayor potencial de recaudación perdida siguen siendo servicios, comercio y construcción. En 2023, la evasión representó pérdidas equivalentes a:

Estos sectores combinan altos niveles de evasión con una elevada incidencia en la recaudación potencial del IVA, por lo que continúan siendo prioritarios para políticas de formalización específicas.

El CET destaca que la correlación entre evasión tributaria y empleo no registrado se mantiene estable. Los sectores con mayor evasión suelen presentar también mayores niveles de informalidad laboral. Las excepciones siguen siendo el agro y la construcción.

En particular, el agro volvió a exhibir en 2023 altos niveles de empleo no registrado pese a la fuerte caída en la evasión. Para los investigadores, esto demuestra la necesidad de intervenciones específicas orientadas a la formalización laboral:“La evasión cayó drásticamente en el agro, pero eso no se tradujo en mejoras en el empleo formal; se trata de un caso que requiere medidas puntuales”.

El informe del CET concluye que la fuerte caída de la evasión en 2023 no es un fenómeno aislado, sino parte de una trayectoria consolidada, ahora potenciada por la digitalización y la mayor trazabilidad de las transacciones económicas. Sin embargo, advierte que el volumen de recursos perdidos —equivalente a una quinta parte del PBI— evidencia que la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina.

El directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), Eduardo Fernández, alertó sobre el complejo escenario que atraviesa el sector productivo argentino, golpeado por la recesión, la falta de financiamiento y la creciente competencia de las importaciones.

En diálogo con Radio Rivadavia, Fernández explicó que la política monetaria aplicada por el Gobierno, con un fuerte aumento en los encajes bancarios, dejó a las empresas sin acceso al crédito y anuló al financiamiento como motor del consumo interno.

“El futuro es sombrío. El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas. Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30% y el de bonos del 9%. Vamos a cerrar el mes con 53,5% y 18,5%, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar”, sostuvo.

A la falta de financiamiento se suma la presión de las importaciones sobre la industria nacional. “No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo”, subrayó Fernández.

El dirigente señaló que el deterioro ya se traduce en pérdidas laborales masivas. Recordó que durante la pandemia se destruyeron 155.000 puestos de trabajo y, en los últimos 18 meses, otros 250.000 trabajadores quedaron fuera del mercado.

“La movilidad laboral va a ser hacia la baja. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas. Además, detrás del cierre de cada empresa hay historias familiares y economías regionales que desaparecen”, remarcó.

Finalmente, Fernández advirtió que el rumbo actual podría derivar en una crisis comparable a la vivida a principios de siglo:

“Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre similar al de 2001. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”.

Desde la Asociación de PyMEs remarcan que el sector, que emplea a la mayor parte de los trabajadores del país, requiere medidas urgentes de alivio financiero y protección productiva para evitar un colapso mayor.

Victoria.- Oficialmente a partir del día martes 15 de julio del año en curso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de empleadores de Casas Particulares. La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025 publicada pertinentemente en el Boletín Oficial.

Dicho beneficio permitirá que el empleador no gestione el pago mes a mes y hacer de manera presencial, sino que con una única gestión de adhesión, el pago se debita en forma automática.

Bien vale destacar que de esta manera los contribuyentes contarán con más posibilidades para cumplir con las obligaciones previsionales de sus trabajadores de forma ágil. La opción estará disponible para el pago mensual de las contribuciones y aportes patronales, cuota correspondiente a la Obra Social y a la Aseguradora del Riesgo del Trabajo (ART).

Para hablar al respecto, dialogamos con la CPN María Nicasia Melo.

“Sí, efectivamente se habilitó el débito automático para el pago de aportes y contribuciones para los trabajadores de casas particulares; en este caso sería lo que comúnmente llamamos empleadas domésticas” indicó, manifestando luego la manera en que cada empleador lo podrá efectivizar.

“El empleador va a necesitar una CBU que esté a su nombre, la que se cargará en la página de ARCA, habilitándose así, para que se produzca el débito automático todos los meses del aporte de las empleadas domésticas”. 

Melo hizo hincapié en el vencimiento de los mencionados aportes, “si por ejemplo la adhesión se realiza hoy, el débito automático se lo van a hacer el día 11 de agosto, que es el día que vencen los aportes de las empleadas de casas particulares y así sucesivamente, a partir del primer mes que uno hace la adhesión, después todos los meses se realizará de manera automática, donde el ARCA ingresará a la cuenta donde uno indicó esa CBU”.

En esa línea enfatizó por un lado, en que hay que tener en cuenta que el dinero debe estar depositado en la cuenta bancaria, “para esa fecha hay que tener sí o sí el dinero y si el dinero no está, si falta un peso para completar el importe total, el débito no se hace y ese aporte queda impago” explicó, subrayando que eso es algo muy importante a tener en cuenta, para no tener así una potencial deuda.

Por el otro dijo que si hay, por ejemplo, una empleada de Casas Particulares que tenga un adherente en la obra social, eso se seguirá haciendo de forma manual y en consecuencia se deberá pagar por fuera del débito automático. 

-¿Puede un empleador no querer manejarse por débito automático y seguir de manera manual?

-Sí, lo puede hacer no hay ningún inconveniente, ya que esto es nada más que un beneficio que agrega ARCA; no es obligación. Insisto en que cada empleador debe recordar de tener el dinero en la cuenta, claramente es una manera de agilizar este pago mensual.

Al finalizar destacó los medios de pago habilitados; siendo el listado actualizado de las modalidades habilitadas:

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó oficialmente “IVA Simple”, un nuevo mecanismo que transforma el régimen de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo un procedimiento electrónico integral, asistido y único, que reemplaza a los sistemas vigentes. La iniciativa fue puesta en marcha este lunes mediante la Resolución General 5705/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema tiene como objetivo principal simplificar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. En ese sentido, se implementa una declaración jurada única (Formulario F. 2051) que será precargada por ARCA con la información disponible en sus sistemas. Luego, los contribuyentes podrán confirmar, completar o modificar esos datos antes de su presentación.

El F. 2051 reemplaza a los formularios F. 731, 810, 2002 y 2082, y además integra el Libro de IVA Digital, consolidando toda la información en un único documento, lo que implica una simplificación significativa en los procedimientos.

El nuevo sistema de IVA Simple contempla dos etapas principales automatizadas:

Registro electrónico de operaciones: se realiza una carga automática de los datos de compras y ventas, provistos por ARCA o importados desde los propios sistemas del contribuyente.

Determinación del impuesto: se calculan automáticamente el impuesto y el saldo resultante, incluyendo información sobre retenciones y percepciones declaradas en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) y el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). También se consideran pagos a cuenta, saldos a favor y otros datos registrados en las bases de ARCA.

ARCA destacó que “IVA Simple” trae consigo múltiples ventajas para los contribuyentes, entre ellas:

Reducción del 75% en formularios requeridos

Eliminación de carga manual de datos

Proceso 100% digital

Disminución de errores en la carga

Importante ahorro de tiempo administrativo

La puesta en marcha de este nuevo sistema tendrá tres etapas:

Junio 2025: El sistema estará disponible para los contribuyentes.

Junio a octubre 2025: Período de transición opcional, durante el cual se podrá optar por el nuevo o el viejo esquema.

Noviembre 2025: Implementación obligatoria para todos los responsables inscriptos.

Es importante remarcar que los contribuyentes exentos del IVA seguirán utilizando únicamente el Libro IVA digital, sin necesidad de adoptar el nuevo sistema.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que desde hoy y hasta el 5 de febrero de 2025 está habilitado el sistema para la recategorización en el Monotributo. Esta instancia permite a los contribuyentes ajustar su categoría de acuerdo con los nuevos parámetros actualizados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado en enero.

ARCA destacó que el trámite ahora es más ágil gracias a la implementación del sistema de Recategorización simplificada. Al ingresar al portal Monotributo, el sistema muestra automáticamente la facturación anual del contribuyente. Si los datos son correctos, se puede confirmar directamente la nueva categoría. En caso de discrepancias, el monto puede ser editado manualmente.

Además, la recategorización está disponible desde dispositivos móviles a través de la app ARCA Móvil, facilitando el proceso para los monotributistas que utilicen exclusivamente puntos de venta de facturación electrónica y tengan al menos 12 meses de inscripción en el régimen.

Los nuevos montos establecidos reflejan los ajustes inflacionarios y están segmentados por categoría. A continuación, se detallan algunos parámetros clave:

El listado completo de valores incluye detalles como superficie afectada, consumo energético, alquileres anuales permitidos y precio unitario máximo por bien o servicio.

Los contribuyentes que no cuenten con un año completo de facturación deben proyectar sus ingresos utilizando una regla de tres simple. Por ejemplo, para una actividad iniciada en mayo de 2024 con una facturación de $5.000.000 hasta diciembre, la proyección anual sería:

La actualización de parámetros e importes se realiza semestralmente conforme al IPC. Para la actual recategorización, se consideró el IPC de julio a diciembre de 2024.

No están obligados a recategorizarse los contribuyentes cuyos parámetros no hayan cambiado ni aquellos que lleven menos de seis meses de actividad.

El pago de la cuota mensual puede efectuarse hasta el día 20 de cada mes a través de medios electrónicos, como:

Los valores actualizados estarán vigentes desde el 20 de febrero y podrán consultarse en el portal oficial del Monotributo.

Desde el 1 de abril, los consumidores podrán conocer en detalle cuánto pagan en impuestos al adquirir bienes y servicios, según lo establece la Ley 27.743 de Transparencia Fiscal. Las facturas incluirán información desglosada sobre los montos pagados en concepto de IVA, ingresos brutos, tasas municipales y otros gravámenes nacionales indirectos, siempre que las provincias adhieran a la normativa.

La medida ya rige desde el 1 de enero para las grandes empresas, tras la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Este cambio tiene como objetivo principal fortalecer la confianza pública al ofrecer mayor claridad sobre los costos de cada transacción y concienciar a los ciudadanos sobre la carga impositiva en su economía cotidiana.

A partir de ahora, los precios publicados deberán discriminar el importe neto de los impuestos indirectos y mostrar el importe final bajo la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”. Por otro lado, en los servicios públicos ya no podrá utilizarse el término “gratuito”, debiendo aclararse que son financiados con la recaudación tributaria.

En las facturas electrónicas, este cambio se verá reflejado en una línea específica con el texto: “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”.

Aunque la medida promete beneficios a largo plazo, su implementación inmediata enfrenta desafíos técnicos y operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Estas tendrán un plazo aproximado de tres meses para adaptar sus sistemas de facturación y capacitar a su personal.

Empresas proveedoras de facturación electrónica, como Facturante, ya colaboran con comercios físicos y digitales para cumplir con la normativa sin costos adicionales. Lorena Comino, CEO de Facturante, destacó que esta exigencia no solo fomentará la transformación digital, sino que también brindará beneficios a largo plazo, como la estandarización y simplificación de operaciones.

Grandes firmas como Puma, Quilmes, YPF y Vision+ ya han implementado esta actualización con éxito, sirviendo como referencia para el resto del sector empresarial.

Se espera que la Ley 27.743 no solo promueva la transparencia fiscal, sino que también incentive la formalización de la economía. La medida busca generar un debate público sobre la carga impositiva en el país y consolidar prácticas más claras entre comercios, consumidores y el Estado.

Lógica, una asociación apartidaria que trabaja para aumentar la conciencia fiscal, fue clave en la promoción de esta iniciativa. La organización logró que los principales candidatos presidenciales respaldaran el proyecto, incluyéndolo en la legislación aprobada.

El desafío ahora es garantizar que las empresas, especialmente las pymes, puedan adaptarse de manera eficiente, transformando esta obligación en una oportunidad para profesionalizar sus procesos y fomentar un sistema tributario más justo y eficiente.

Desde el pasado lunes 16 de diciembre, los contribuyentes, ya sean personas físicas o empresas, cuyos CUITs estén registrados en la base de datos de “Contribuyentes No Confiables” de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se enfrentan a severas restricciones en sus transacciones electrónicas.

El organismo, que reemplazó a la AFIP bajo la gestión del presidente Javier Milei, busca fortalecer los controles impositivos y evitar el incumplimiento de obligaciones tributarias.

Siguiendo la línea de una medida adoptada días atrás por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la ARCA ha limitado el acceso a diversos servicios financieros para los contribuyentes con calificaciones impositivas bajas. Entre las restricciones se encuentran:

Estas limitaciones permanecerán vigentes hasta que los contribuyentes regularicen su situación fiscal.

La base de datos de “Contribuyentes No Confiables” es un listado que incluye a los CUITs de aquellos en situación irregular con la ARCA. La calificación se evalúa mensualmente y se basa en factores como:

Los contribuyentes con calificaciones bajas son considerados "no confiables" y enfrentan sanciones que afectan su capacidad operativa en el sistema financiero.

Para salir de la base de datos y recuperar la normalidad en sus operaciones, los contribuyentes deben realizar los siguientes pasos:

En caso de aprobación, el contribuyente podrá retomar el uso de tarjetas y transferencias electrónicas sin restricciones.

La implementación de estas restricciones busca incentivar el cumplimiento tributario, pero también genera preocupación en diversos sectores, dado que afecta la operatividad financiera de muchas personas y empresas.

El Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes. En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con menos costos y burocracia.

La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, se procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo.

Este martes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la moratoria para los deudores de contribuciones tributarias, aduaneras y de seguridad social mediante la Resolución General 5525/2024, publicada en el Boletín Oficial. Esta normativa establece los detalles y requisitos necesarios para adherir al Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

El nuevo régimen permite regularizar las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive. También incluye las multas y sanciones firmes por infracciones cometidas hasta esa fecha, así como los intereses resarcitorios y punitorios relacionados.

El plan de pagos estará disponible desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación y hasta 150 días corridos después. Este régimen ofrece hasta 84 cuotas para monotributistas y pequeñas empresas, con condonación total de las multas.

a) Aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Obras Sociales 

b) Cuotas destinadas a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) 

c) Aportes y contribuciones al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares 

d) Cotizaciones previsionales de los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 

e) Cuotas del Seguro de Vida Obligatorio 

f) Aportes y contribuciones al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) 

g) Tributos y multas por infracciones al artículo 488 del Régimen de Equipaje del Código Aduanero 

h) Obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos 

i) Anticipos y pagos a cuenta, excepto los mencionados en el artículo 28 de la resolución 

j) Intereses resarcitorios y punitorios, multas y accesorios relacionados con los conceptos anteriores 

k) Sujetos declarados en quiebra, personas físicas y jurídicas condenadas en segunda instancia por delitos tributarios o comunes vinculados a incumplimientos impositivos, y agentes de retención y percepción con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral

a) Presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones a regularizar b) Declarar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) en el servicio web “Declaración de CBU” c) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido

Planes de Facilidades de Pago

Los planes de facilidades de pago están agrupados en dos formas:

a) Planes de hasta tres cuotas mensuales: Con mayor condonación de intereses (70%-50% según el momento de solicitud). Las personas que paguen al contado en los primeros 30 días o en tres cuotas tendrán una reducción del 70% de los intereses; los que paguen en dos meses tendrán una reducción del 60%, y hasta tres meses, una baja del 50%.

b) Planes de mayor plazo: Definidos según la tipificación del contribuyente. Los pequeños contribuyentes podrán pagar un 20% de la deuda y el resto en 60 cuotas mensuales, mientras que las entidades sin fines de lucro deberán pagar un 15% y el resto en 84 cuotas mensuales. Las medianas empresas deberán pagar un 20% de la deuda y el saldo en hasta 48 cuotas mensuales. Otros contribuyentes deberán pagar un 25% de la deuda y el saldo en hasta 36 cuotas mensuales.

Los contribuyentes deberán acceder con clave fiscal al sistema “Mis Facilidades” en la web de AFIP, opción “Ley N° 27.743 - Regularización Excepcional”. El importe mínimo de cada cuota será de $2.000, y las cuotas vencerán el día 16 de cada mes, a partir del mes siguiente a la consolidación de la deuda. Los pagos se realizarán mediante débito directo en cuenta bancaria.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia ha presentado un análisis sobre la recaudación fiscal de junio de 2024, ajustada por inflación. Según el informe, la recaudación cayó un 22,6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Este descenso no solo es significativo en términos interanuales, sino que también se evidencia al compararse con los meses de junio de los años 2022 (-24,3 por ciento), 2021 (-16,2 por ciento) y 2020 (-7,5 por ciento).

La baja interanual del 22,6 por ciento se desglosa en una disminución del 24,9 por ciento en los recursos de origen nacional (RON) y una caída del 3,8 por ciento en la recaudación de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER). En consecuencia, los ingresos acumulados del año para la provincia han experimentado una reducción del 12 por ciento en términos reales.

Este retroceso en los ingresos reales es particularmente preocupante, ya que los recursos actuales del gobierno provincial para cumplir con sus obligaciones son incluso menores que durante la pandemia de Covid-19. En junio de 2020, los ingresos habían caído un 9,4 por ciento interanual, mientras que en junio de 2024, la disminución alcanzó casi 23 puntos.

En valores absolutos, los recursos tributarios de junio último se situaron en 211.116 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de 145.605 millones de pesos en comparación con el año anterior. Sin embargo, al ajustar estas cifras por inflación, se revela una caída real de 64.578 millones de pesos respecto al registro del mismo mes de 2023. Además, el análisis del primer semestre del año, ajustado por inflación, muestra una disminución acumulada de 187.306 millones de pesos.

Estos datos subrayan la crítica situación fiscal que enfrenta la provincia, poniendo en evidencia la necesidad de implementar estrategias efectivas para revertir esta tendencia y fortalecer la economía regional.

La AFIP suspendió por 120 días corridos la percepción del Impuesto a las Ganancias y del IVA para mercaderías importadas, que incluyen productos de la canasta básica como alimentos y medicamentos.

La medida está en línea con la decisión del Gobierno de agilizar la importación de esos artículos, con el fin de frenar la escalada inflacionaria.

Las mercaderías contempladas son carnes, lácteos, verduras, frutas, cereales, grasas y aceites, pastas, salsas, panificados, enlatados, insumos alimenticios, cervezas, bebidas sin alcohol, algodones e hisopos, desodorantes, máquinas y espumas de afeitar, insecticidas de uso personal, jabón de tocador, pañales descartables, papel higiénico, pasta dental, productos de limpieza y medicamentos, entre otros.

A través de la Resolución General 5490/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la AFIP señaló que "el contexto de alta inflación que atraviesa el país requiere de la implementación de diversas medidas que permitan mitigar sus efectos sobre los sectores más vulnerables".

Por ese motivo, resaltó que la suspensión de la percepción de ambos tributos busca "disminuir la carga impositiva a la importación de una canasta de bienes de primera necesidad, a efectos de que se genere una reducción de los precios de dichos productos, como continuidad de la política económica dispuesta por la Administración Nacional orientada a reducir la inflación".

El régimen de percepción de Ganancias es aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes, salvo que se encuentren exceptuadas, conforme a las respectivas normas legales.  Por su parte, el régimen de percepción del IVA se hará efectivo en el momento de la importación definitiva de cosas muebles gravadas por ese impuesto, salvo las exceptuadas normativamente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este lunes que en un mes los productos alimenticios nacionales comenzarán a competir con los importados y aventuró que por ese motivo habrá una rebaja de precios.

Hasta el próximo lunes 22 de este mes, los monotributistas tienen la obligación de realizar la primera recategorización del año, un trámite que implica ajustar la categoría en el régimen impositivo simplificado, según corresponda. Esta actualización se basa en la facturación de los últimos 12 meses y en los valores de ingresos admitidos en cada categoría de la tabla vigente.

La tabla actual rige desde el 1° de enero y experimentó un reajuste del 49% en los valores de ingresos brutos permitidos en comparación con el período de julio a diciembre del año pasado. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ingreso anual máximo permitido es de $16.957.968,71 para la actividad comercial y de $11.916.410,45 para la prestación de servicios.

A pesar de este ajuste, los valores se mantienen por debajo de la inflación, con un aumento del 110,9% en comparación con los montos de facturación máxima de cada categoría en enero del año pasado, mientras que la inflación se estima entre el 210% y 225%.

Es fundamental que los monotributistas verifiquen su facturación de los últimos 12 meses y comparen con las cifras mínimas y máximas establecidas para cada categoría. Además de la facturación, se deben considerar otros valores como el alquiler de locales, el consumo de energía, la superficie afectada a las tareas y el precio unitario de los productos comercializados, dependiendo de la actividad desarrollada.

Los montos máximos de ingreso anual para cada categoría son los siguientes:

A) $2.108.288,01

B) $3.133.941,63

C) $4.387.518,23

D) $5.449.094,55

E) $6.416.528,72

F) $8.020.660,90

G) $9.624.793,05

H) $11.916.410,45 (servicios)

I) $13.337.213,22

J) $15.285.088,04

K) $16.957.968,71 (comercio)

Para realizar la recategorización, los contribuyentes deben ingresar a la página web de la AFIP con su clave fiscal y seleccionar la opción "Recategorizarme". Se mostrarán datos relevantes como la facturación y los gastos con tarjeta de crédito. Luego, se debe continuar con la recategorización ingresando la información requerida, y el sistema determinará la nueva categoría, que deberá ser confirmada por el monotributista.

Es importante señalar que aquellos que se hayan inscrito en el sistema hace menos de 6 meses no están obligados a realizar este trámite. Los importes topes del ingreso anual para cada categoría varían, y también se deben tener en cuenta otros valores como el consumo de energía, el monto de alquileres devengados y la superficie máxima permitida.

En caso de cambio de categoría, los montos correspondientes al impuesto integrado y a los aportes al sistema jubilatorio y de obra social se incrementarán un 110,9%. El pago deberá realizarse en febrero para aquellos que cambien de categoría. Sin embargo, algunos contribuyentes de las categorías A, B, C y D mantienen la suspensión compulsiva del pago del componente impositivo, según la resolución 5411 de la AFIP.

Quienes no realicen la recategorización antes del 22 de enero pueden recibir notificaciones de recategorización de oficio en febrero. En caso de discrepancia, se dispone de un plazo de 15 días hábiles para apelar la decisión de la AFIP. El proceso se realiza a través del servicio interactivo "Presentaciones Digitales" bajo la opción "Recategorización de oficio del monotributo - Apelación en término".

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció hoy las modificaciones en las categorías de facturación y las correspondientes cuotas del régimen de monotributo, las cuales entrarán en vigencia a partir del 1° de enero. Estas actualizaciones fueron ratificadas por las nuevas autoridades, confirmando las escalas previamente anunciadas antes de la asunción de Javier Milei.

La revisión de las categorías implica un incremento sustancial en las cuotas, con un aumento del 110%, lo que representa casi la mitad de la inflación proyectada para el próximo año.

A continuación, se detallan las nuevas escalas y cuotas correspondientes:

Categoría A: Facturación: $2.108.288,22 - Cuota: $12.128,39

Categoría B: Facturación: $3.133.941,71 - Cuota: $13.571,75

Categoría C: Facturación: $4.387.518,35 - Cuota: $15.241,42

Categoría D: Facturación: $5.449.094,70 - Cuota: $19.066,46

Categoría E: Facturación: $6.416.528,89 - Cuota: $24.526,43

Categoría F: Facturación: $8.020.661,11 - Cuota: $29.223,11

Categoría G: Facturación: $9.624.793,31 - Cuota: $33.439,61

Categoría H: Facturación: $11.916.410,77 - Cuota: $56.402,68

Categoría I: Facturación: $13.337.213,57 - Cuota: $81.121,96

Categoría J: Facturación: $15.285.088,45 - Cuota: $93.619,47

Categoría K: Facturación: $16.957.969,16 - Cuota: $106.964,65

Esta actualización busca adecuar las obligaciones tributarias de los monotributistas a la realidad económica del país. Sin embargo, el considerable incremento en las cuotas ha generado preocupación entre los contribuyentes, ya que supera ampliamente la tasa de inflación proyectada. La AFIP ha explicado que estos ajustes son necesarios para mantener la equidad fiscal y garantizar el sostenimiento de los servicios públicos.

Es importante que los monotributistas estén al tanto de estos cambios y realicen los ajustes correspondientes en sus pagos a partir del próximo año. La AFIP ha dispuesto canales de comunicación para brindar asistencia y aclarar cualquier duda que puedan tener los contribuyentes afectados por estas modificaciones.

La Aduana puso un escáner en el Puente Rosario- Victoria con el objetivo de blindar las fronteras de Entre Ríos al narcotráfico. Rubén Pave, Subdirector de Interior del organismo, sostuvo que el objetivo es fortalecer los controles en rutas e indicó que a este aparato se suman otros tres, similares, que tienen en las fronteras con la República Oriental del Uruguay (Gualeguaychú, Colon y Concordia). “De esta manera nuestra provincia quedaría ‘blindada’ con la incorporación de nueva tecnología”.

Comentó que en los últimos meses han realizado operativos que permitieron incautar importante cantidad de drogas en nuestra provincia, y de acuerdo a los perfiles de riesgo han “obturado” cierta rutas en las que hacían trasbordo desde Paraguay a Buenos Aires/ Rosario y salían hacia Europa, esencialmente en contenedores. Los controles dieron buen resultado, lo que ha generado cambios en las rutas del narcotráfico, se han modificado y el corredor  ha  migrado hacia  la vecina república del Uruguay.  “Ese fue uno de los motivos por los cuales instalamos mayor tecnología y vigilancia” en las fronteras entrerrianas.

La Dirección General de Aduanas puso en funcionamiento un nuevo escáner en el Puente Rosario - Victoria, a la altura del peaje de ingreso a Entre Ríos. El equipo permitirá continuar con el fortalecimiento del control contra el narcotráfico y el contrabando.

El nuevo equipo de Rayos-X tipo van se utilizará para fiscalizar tránsitos internacionales, colectivos de larga distancia y envíos de encomiendas y paquetería. El nuevo instrumento de control permitirá que las inspecciones diarias que realizan los agentes aduaneros sean más exhaustivas y precisas.

Es una muestra de la inversión en tecnología que la Aduana viene realizando: el objetivo es fortalecer las acciones de control sin sacrificar la agilidad del movimiento de mercaderías. Cabe destacar, hace 9 años que no se incorporaban nuevos instrumentos de estas características.

Así, este escáner se suma a los tres con los que ya cuenta la provincia de Entre Ríos en sus pasos internacionales de Gualeguaychú, Concordia y Colón, en la frontera con la República Oriental del Uruguay.

En ese marco, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, aseguró: “La inversión en tecnología es fundamental para combatir el narcotráfico y el contrabando. Solo en Entre Ríos la Aduana argentina tiene más escáneres que todo Uruguay. El objetivo es blindar las fronteras de Entre Ríos del narcotráfico”.

Dichas herramientas de control no intrusivo, sumadas a los canes aduaneros, permiten optimizar los controles. Prueba de ello es que, desde julio de 2022 a la fecha, la Aduana incautó, tanto en frontera como en procedimientos en ruta, más de $14 mil millones en mercaderías en infracción.

Buenos Aires.- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido un comunicado que marcará un cambio significativo en la forma en que los argentinos realizan pagos y transferencias electrónicas. Estos cambios tienen como objetivo principal prevenir casos de fraude que han afectado a los usuarios en el pasado y mejorar la seguridad de las operaciones financieras en el país.

A partir del primero de diciembre próximo, entrarán en vigencia nuevas normas que regirán tanto para entidades financieras como para billeteras virtuales. La resolución del BCRA modificará la mecánica para traspasar dinero de bancos a billeteras digitales, y requerirá que los usuarios validen su identidad por única vez para realizar transferencias de una CBU (cuenta bancaria) a una CVU (cuenta fintech).

Uno de los cambios más destacados es la limitación del uso de los Débitos Inmediatos (Debin) exclusivamente para efectuar pagos al contado, y no para transferir dinero entre cuentas. A partir de diciembre, todas las transferencias entre cuentas deberán realizarse a través del sistema de "Transferencias Inmediatas Pull".

El BCRA ha enfatizado que estos cambios son el resultado de un consenso entre todos los actores que participan en el sistema de pagos del país, incluyendo bancos, billeteras virtuales, y otras instituciones financieras. El objetivo principal es optimizar las operaciones utilizando los instrumentos financieros para los cuales fueron diseñados, mejorar la experiencia de los usuarios y elevar los estándares de seguridad.

El principal objetivo de esta reorganización del sistema de pagos es prevenir la confusión entre los usuarios. De esta manera, los Débitos Inmediatos se utilizarán exclusivamente para operaciones de pago, mientras que las transferencias entre cuentas se llevarán a cabo a través del "sistema de Transferencias Inmediatas Pull".

El sistema de Transferencias Inmediatas "pull" permitirá a los usuarios realizar solicitudes de fondos que, después de la debida autorización o consentimiento, resultarán en la acreditación inmediata de fondos en la cuenta del solicitante. Esto garantiza una mayor seguridad y eficiencia en las transferencias de dinero.

El BCRA ha asegurado a los usuarios que estas modificaciones no afectarán su capacidad para administrar sus fondos entre diferentes proveedores de productos financieros. Además, se subraya que estos cambios fueron consensuados con todo el sistema de pagos para evitar fraudes y proteger los intereses de los usuarios.

Estas medidas fueron acordadas y publicadas a principios de año en los Boletines CIMPRA, que representan los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina. Esta comisión es un foro en el que participan diversos actores del sistema de pagos y liquidación de valores, incluyendo el BCRA, asociaciones de bancos, bancos, cámaras electrónicas de compensación, fintech, entre otros. Los boletines CIMPRA actúan como una guía persuasiva y recomendatoria para mejorar los sistemas de pago y garantizar la seguridad de las operaciones financieras en Argentina.

Mercado Pago, que tiene 4 millones de clientes, anunció que desde el 1° de diciembre se ve obligado a modificar la forma de ingresar dinero a las cuentas digitales de la aplicación. Y admitió que la nueva metodología traerá "dificultades" para los clientes. "Nueve cada diez transferencias a través del sistema Pull tienen fallas", dijeron desde la compañía. 

Desde ese día no habrá débito inmediato, un sistema que comenzó a utilizarse para el ingreso de dinero en Mercado Pago hace casi tres años.

Aseguran que el Débito Inmediato (DEBIN) -que ahora será reemplazado por el sistema Pull-, es el medio de transferencia más seguro que existe y tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones).

La AFIP modificó los valores mínimos desde los cuales los contribuyentes están obligados a declarar transferencias de bienes inmuebles, autos y motos usadas. La decisión se tomó a partir de la Resolución General 5362/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que entrará en vigencia desde el 1 de junio.

"Atendiendo a razones de administración tributaria, se estima aconsejable incrementar los importes a fin de recuperar el carácter de parámetro objetivo representativo de la operación económica alcanzada", justificó el ente recaudador.

Así, el organismo incrementó de $600.000 a $1.100.000 el valor a partir del cual los sujetos que realicen transferencias de autos declaren las operaciones de intermediación o compraventa por cuenta propia o de terceros.

En tanto, para las motos usadas, el valor a partir del cual se debe declarar la transferencia pasó de $240.000 a $450.000.

Además, la AFIP aumentó de $5 millones a $9,4 millones el valor a partir del cual los propietarios se encuentran obligados a obtener el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) con carácter previo a la negociación, oferta o transferencia de bienes inmuebles o de derechos sobre bienes inmuebles a construir.

También incrementó de $2,4 millones a $4,5 millones el valor desde el cual los propietarios deberán obtener, con carácter previo a la realización de la operación, el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA).

Según lo dispuesto, los valores serán actualizados anualmente, con vigencia a partir del 1 de abril de cada año, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que mide el INDEC.

La AFIP pondrá en conocimiento de los responsables los importes actualizados a través del sitio web institucional, previéndose su publicación en marzo de cada año.