La Justicia de Entre Ríos suspendió de manera provisoria la implementación del nuevo sistema provincial de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno provincial. La decisión fue adoptada por el vocal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un amparo colectivo presentado por AGMER, la Fundación CAUCE y un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas.

La resolución ordena que, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia nutricional o leyendas precautorias en los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

El recurso de amparo fue presentado el pasado 31 de julio por los abogados Rubén Pagliotto y Aldana Sasia, en representación de las familias; Verónica Fischbach, por AGMER; y Valeria Enderle, por Fundación CAUCE.

Los demandantes cuestionan el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas adjudicado a la empresa Teknofood, que reemplazaría el mecanismo mediante el cual las escuelas adquirían los alimentos a través de la tarjeta Sidecreer.

Según sostienen, el nuevo esquema incorpora alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia, en presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley de Etiquetado Frontal).

Además, advirtieron sobre el impacto que estos productos podrían tener en la salud de niños y adolescentes, especialmente en una población vulnerable que asiste diariamente a los comedores escolares.

En su resolución, Malvasio aclaró que el amparo no analizará en esta instancia el procedimiento licitatorio ni la legalidad de la contratación, sino exclusivamente los aspectos vinculados con la protección del derecho a una alimentación saludable.

Por ese motivo, dispuso que la Provincia:

Asimismo, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público Pupilar, y requirió al Gobierno provincial la documentación administrativa y los informes técnicos que fundamentaron la adquisición de los productos.

La Provincia tiene plazo hasta este viernes para contestar la demanda y remitir toda la información solicitada.

Horas después de conocerse la resolución judicial, el Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar y defendió la legalidad del nuevo sistema de provisión alimentaria.

Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que la resolución dictada por el juez Malvasio tiene carácter provisorio y no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o legalidad del programa.

En ese sentido, señalaron que la cuestión de fondo será debatida durante el desarrollo del proceso judicial.

El Ejecutivo provincial también llevó tranquilidad a las comunidades educativas al confirmar que la prestación alimentaria no sufrirá interrupciones.

Recordó que desde el inicio de la implementación del nuevo esquema se había dispuesto que los directores de las escuelas continuaran utilizando el sistema anterior hasta que la nueva modalidad estuviera completamente operativa.

Por esa razón, sostuvieron que la medida cautelar "no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos".

Desde el Gobierno provincial indicaron que el nuevo esquema forma parte de una política destinada a transparentar la administración de los recursos públicos y mejorar los mecanismos de compra y distribución de alimentos para los comedores escolares.

En ese marco, afirmaron que el sistema busca dejar atrás modalidades de contratación que durante años fueron cuestionadas por presuntas irregularidades.

Finalmente, la Provincia ratificó que defenderá judicialmente el programa, al considerar que la modernización de las compras públicas, la eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia constituyen objetivos centrales de la gestión.

Mientras el Gobierno prepara la apelación y presenta su contestación a la demanda, el expediente continuará su trámite en la Justicia entrerriana.

La resolución cautelar permanecerá vigente hasta que el juez dicte una sentencia definitiva o disponga su modificación, por lo que, al menos por el momento, el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares permanecerá suspendido.

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del gremio, luego de analizar el estado de la negociación paritaria con el Gobierno provincial. Desde Agmer sostuvieron que el Poder Ejecutivo volvió a frustrar el proceso de diálogo al disponer por decreto el aumento salarial, tras el rechazo sindical a la última propuesta presentada.

La medida de fuerza había sido anticipada por el sindicato, que en las últimas semanas advirtió que el reinicio del ciclo lectivo estaba condicionado a la evolución de las negociaciones salariales.

En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció un incremento del 3% para julio y otro 4% para septiembre, actualizando la base de cálculo salarial.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó además que la propuesta contempla elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso vigente. También incluye aumentos de entre 20% y 28% en los conceptos de Fopid y Conectividad, según la carga horaria de cada trabajador.

La oferta fue rechazada por Agmer, que la consideró insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los docentes.

A través de un comunicado, la conducción sindical cuestionó la decisión del Gobierno de otorgar el incremento mediante decreto y afirmó que esa medida implica el fracaso de la negociación colectiva.

"Luego de los debates dados en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de nuestro sindicato y la decisión arbitraria del Gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial, Agmer definió convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de junio", expresó la entidad.

Asimismo, el gremio señaló que la medida busca reclamar "salarios dignos para la docencia entrerriana" y exigir ámbitos de negociación que permitan avanzar en una recomposición salarial acorde con la situación del sector.

En el mismo documento, Agmer reiteró su rechazo a la política salarial del Ejecutivo y manifestó su oposición a "todo ajuste en Educación".

Con la confirmación del paro, el regreso a las aulas previsto para el lunes quedará interrumpido en gran parte de las escuelas públicas entrerrianas, mientras continúa abierto el conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

El conflicto entre el Gobierno de Entre Ríos y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) suma un nuevo capítulo. El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del sindicato advirtió este lunes que "está en peligro el normal reinicio de clases" tras el receso invernal, al denunciar la falta de avances en la negociación salarial y cuestionar la política previsional impulsada por la gestión provincial.

La reunión se desarrolló de manera virtual y concluyó con un duro pronunciamiento en el que el gremio acusó al Ejecutivo entrerriano de haber hecho "fracasar arbitrariamente, por tercera vez, el ámbito paritario", situación que, aseguran, impide avanzar en una recomposición salarial para el sector docente.

Desde Agmer sostuvieron que los trabajadores de la educación atraviesan un escenario de creciente deterioro económico y reclamaron una oferta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

"Las y los docentes exigimos salarios dignos para garantizar una educación pública de calidad y terminar con el empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación", señalaron desde la organización gremial.

El sindicato también cuestionó el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y manifestó su rechazo a una eventual aprobación legislativa.

En ese marco, Agmer denunció que la iniciativa sería tratada "a espaldas del pueblo entrerriano" y ratificó su oposición a cualquier modificación del régimen previsional provincial.

Además, el gremio expresó su preocupación por el rumbo de la política educativa nacional y criticó el proyecto denominado "Libertad Educativa", impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que representa un avance sobre el sistema de educación pública.

Entre los principales planteos aprobados por el Plenario figuran:

Agmer también volvió a señalar problemas vinculados con la infraestructura escolar, la falta de inversiones en el sistema educativo y la situación de la obra social de los trabajadores estatales, aspectos que consideran necesarios para asegurar el funcionamiento de las escuelas.

Como parte del plan de acción, el sindicato confirmó su adhesión al paro convocado por la Multisectorial para este miércoles 15 de julio, jornada en la que realizará una movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná.

La paritaria docente en la provincia ingresó en una fase litigiosa que presagia una pulseada política a futuro. Este miércoles, en el marco de una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo bajo el amparo de la Ley Nº 9.624, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta salarial reformulada que calificó de "definitiva y superadora". Sin embargo, la respuesta de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), el gremio mayoritario que representa al sector, fue un rechazo inmediato en el mismo recinto, lo que derivó en la declaración formal de un escenario de conflicto y la inminente apertura de una instancia de conciliación obligatoria. También trascendió que ante la falta de acuerdo no se descarta que el gobierno dé por terminada la instancia paritaria y ejecute las mejoras por decreto como ocurrió en una instancia anterior.

Desde la óptica oficial, la nueva oferta representa el máximo límite de las posibilidades financieras de las arcas públicas. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta señalando que se atendieron varios de los planteos gremiales formulados el lunes pasado. La oferta gubernamental consiste en un aumento del 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, con la modificación clave de que la base de cálculo ya no es febrero, sino el mes inmediato anterior.

Asimismo, el esquema oficial eleva el salario mínimo docente para el cargo testigo a 850.000 pesos, de bolsillo, a partir de julio (un 14% de incremento respecto al mínimo previo) y contempla subas de entre el 20% y el 28% en los conceptos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Cuenca lamentó la premura del rechazo sindical, "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla". El funcionario insistió en que la pauta otorga previsibilidad al superar los índices inflacionarios proyectados y ratificó la voluntad de diálogo, aunque aclaró que los números presentados constituyen el techo de la negociación.

En la vereda opuesta, la representación de los sindicatos docentes justificó el rechazo rotundo al sostener que las modificaciones presentadas respecto al lunes son "ínfimas", en referencia a una reunión previa que pasó a cuarto intermedio para el miércoles, en la que el Ejecutivo ofreció un 6 % en dos tramos. Para el gremio mayoritario, la oferta dista notablemente de compensar el proceso inflacionario acumulado y el encarecimiento del costo de vida, factores que, denuncian, empujan a la docencia a situaciones de pobreza, pluriempleo y sobrecarga laboral.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la naturaleza de los fondos. Mientras Cuenca recordó que la provincia debió hacerse cargo con recursos propios del Fopid y la Conectividad tras la quita del Fonid nacional —alcanzando hoy los 240.000 pesos en jornada completa—, desde AGMER fustigaron que el incremento en estos códigos "profundiza los montos en negro". La conducción sindical había exigido formalmente que estas sumas se blanquearan como remunerativas y bonificables, además de demandar un porcentaje de recomposición específico para el mes de agosto, requerimiento que no fue incluido en la propuesta oficial.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas, el sindicato declaró el estado de conflicto y solicitó formalmente la fijación de una última audiencia bajo el paraguas de la conciliación administrativa. De acuerdo a los plazos legales, la Secretaría de Trabajo deberá convocar a las partes en un lapso no mayor a los próximos cinco días hábiles. El titular del CGE expresó su expectativa de que la disputa "no repercuta en las clases" ni afecte el derecho de los alumnos, mientras el arco gremial presiona por una contrapropuesta que modifique de raíz la estructura salarial ofrecida.

Este planteo del gremio se muestra incierto, porque el gobierno definitivamente señaló que la propuesta representa "un esfuerzo importante" de la Provincia y confirmó que el Ejecutivo la considera "la propuesta definitiva".

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo miércoles 1° de julio, jornada que estará acompañada por una movilización a la ciudad de Paraná.

La medida se enmarca en el conflicto que el gremio mantiene con el Gobierno provincial por la política salarial y por el proyecto de ley de reforma previsional que actualmente se encuentra en debate en la Legislatura.

A través de un comunicado, la conducción sindical convocó a docentes de los 17 departamentos entrerrianos a concentrarse en la capital provincial para reclamar una nueva convocatoria a paritarias y expresar su rechazo a las modificaciones propuestas para el sistema jubilatorio.

Desde Agmer sostuvieron que la protesta busca exigir "condiciones salariales dignas" y reiterar su rechazo al proyecto de reforma previsional, al que consideran perjudicial para los trabajadores activos y jubilados.

El paro anunciado se suma a otras medidas impulsadas por el sindicato durante las últimas semanas.

La semana pasada, Agmer también llevó adelante una jornada de huelga con actividades de protesta en distintos puntos de la provincia. En aquella oportunidad se realizaron concentraciones y volanteadas organizadas junto a centros de jubilados y organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

El gremio considera que el Ejecutivo debe reabrir la negociación salarial para actualizar los ingresos del sector docente frente al contexto inflacionario y, al mismo tiempo, reclama que el proyecto previsional no avance sin un mayor debate con los trabajadores y sus representantes.

La conducción sindical convocó a las seccionales departamentales a organizar la participación de los docentes en la movilización prevista para el miércoles en Paraná, con el objetivo de reforzar el reclamo frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con un momento clave del tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional, que continúa siendo analizado por las comisiones del Senado, donde especialistas, exfuncionarios y representantes de distintos sectores vienen exponiendo sus posiciones.

De este modo, el conflicto entre el Gobierno provincial y el principal gremio docente de Entre Ríos suma un nuevo capítulo, mientras los reclamos salariales y el debate sobre el futuro del sistema previsional siguen ocupando un lugar central en la agenda política y sindical de la provincia.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

La medida de fuerza impactará en escuelas públicas de todo el territorio entrerriano y se enmarca en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores sindicales y el Ejecutivo provincial por la discusión vinculada a una eventual reforma previsional.

A través de un comunicado difundido por el sindicato, Agmer explicó que la decisión de convocar al paro responde a la preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesan trabajadores y jubilados de la provincia.

“El Gobierno no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”, sostuvo el gremio, al cuestionar la postura de la gestión provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Desde la entidad sindical remarcaron que la protesta también apunta a defender el sistema previsional entrerriano y rechazar cualquier modificación que pueda afectar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

“Paramos en defensa de la Ley 8732 y de nuestras condiciones laborales”, expresaron desde Agmer, al advertir sobre un escenario de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”.

El gremio afirmó además que el sector docente sufre de manera directa las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo provincial, situación que —según indicaron— impacta tanto en el ámbito educativo como en la calidad de vida de los trabajadores.

La jornada de paro afectará el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de toda Entre Ríos, en una nueva manifestación del conflicto que mantiene el sector gremial con el Gobierno.

La convocatoria se suma a otros reclamos impulsados por sindicatos provinciales que vienen expresando preocupación por la situación económica, salarial y previsional.

Con esta medida, Agmer vuelve a poner en agenda el debate sobre el sistema jubilatorio entrerriano y las condiciones laborales docentes, en un contexto de fuerte discusión política y social en la provincia.

La medida forma parte de un plan de acción gremial en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional. Bajo consignas como “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”, los trabajadores buscan visibilizar la situación del sector docente en todo el territorio entrerriano.

La modalidad de la protesta será descentralizada, con puntos de encuentro definidos en cada ciudad, principalmente en accesos y lugares de alta circulación, con el objetivo de amplificar el alcance de la manifestación.

Desde el gremio indicaron que los docentes deberán consultar en sus respectivas seccionales para conocer el lugar exacto de concentración en cada localidad.

En el caso de Crespo, la convocatoria tendrá lugar en el pórtico de ingreso a la ciudad, un punto estratégico elegido como referencia para reunir a trabajadores de la educación y a quienes deseen acompañar la actividad.

Al respecto, Claudia Schira, secretaria de la filial Crespo-Seguí, señaló que la jornada tendrá como eje central el reclamo salarial y la defensa de los derechos laborales del sector.

“La educación no se ajusta” será la consigna principal de la protesta, en la que se exigirá un incremento urgente de los salarios y se reiterará el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.

Con esta acción, Agmer busca sostener la visibilidad del conflicto docente y presionar por respuestas concretas en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y las autoridades provinciales.

La docencia entrerriana volverá a manifestarse en las calles este viernes con un paro de 24 horas y una movilización provincial en Paraná. La medida fue confirmada por la conducción de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en el marco de un creciente conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales y previsionales.

La jornada de protesta incluirá una marcha de antorchas que partirá a las 18 desde la Plaza 1º de Mayo y se dirigirá hacia la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Desde el gremio anticiparon una importante convocatoria en lo que consideran una instancia clave de visibilización del reclamo docente.

El eje principal del reclamo está vinculado al rechazo del Decreto 500/26, una medida del Ejecutivo provincial que, según Agmer, establece sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio. Desde el sindicato manifestaron un fuerte malestar por la liquidación de haberes y denunciaron irregularidades en los pagos.

“Basta de jugar con nuestro dinero”, expresaron en un comunicado, en el que detallaron problemas como errores en los montos proporcionales, demoras en validaciones y la falta de conceptos como la escolaridad. “Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia”, remarcaron.

Otro de los puntos centrales de la protesta es la defensa de la Ley 8732. Desde Agmer rechazaron cualquier intento de reforma impulsado por el gobierno provincial y advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar tanto a trabajadores activos como jubilados.

Según sostienen, una modificación en los mecanismos de actualización salarial podría “desenganchar” los haberes jubilatorios de los salarios en actividad, lo que implicaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo. En ese sentido, defendieron la vigencia del sistema actual, al que consideran garante de jubilaciones dignas bajo el esquema del 82% móvil.

La medida de fuerza también se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la educación pública a nivel nacional. Desde el gremio expresaron preocupación por proyectos de reforma impulsados desde el gobierno nacional, que —según indicaron— podrían impactar negativamente en el sistema educativo.

“Sin educación pública no hay futuro para todos”, señalaron desde Agmer, reafirmando su postura en defensa de la escuela pública y del rol del Estado en la garantía del derecho a la educación.

La marcha de antorchas prevista para este viernes se perfila como una de las manifestaciones más importantes del sector docente en lo que va del año, en medio de expectativas por una eventual respuesta del gobierno provincial que permita encauzar el conflicto.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

La medida fue anunciada luego de que los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA resolvieran rechazar la nueva propuesta salarial y convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario en declaraciones a El Once. “Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”, ratificó.

Frigerio se refirió además al comienzo del ciclo lectivo, en una jornada atravesada por el paro nacional dispuesto por Ctera. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó.

En relación con la negociación salarial, sostuvo que el diálogo continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”, expresó, y consideró “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en el actual contexto económico.

El gobernador remarcó que durante su gestión se logró que los salarios docentes “le peleen a la inflación”, incluso en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Entre los puntos principales se contemplaba:

Con estas medidas, el Ejecutivo aseguró que un docente recién iniciado no percibiría menos de 750.000 pesos mensuales.

Asimismo, se propuso convocar en un plazo no mayor a 90 días a una nueva instancia paritaria para acordar una suma remunerativa vinculada directamente al crecimiento de los recursos provinciales, de modo que los salarios acompañen la evolución de la recaudación.

Frigerio reconoció que los salarios del sector público resultan insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”, señaló.

No obstante, remarcó que la situación debe analizarse en función del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, indicó.

El mandatario destacó también que el Gobierno impulsa políticas integrales en educación, como inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

En cuanto al futuro de la negociación, propuso retomar el diálogo dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación”, manifestó.

De este modo, en medio del conflicto gremial y la medida de fuerza anunciada, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial impactará en los haberes docentes en los próximos días, mientras la paritaria docente en Entre Ríos continúa formalmente abierta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó que este lunes por la tarde se llevó a cabo la segunda audiencia de la paritaria salarial docente en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese marco, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta que fue rechazada en forma unánime por los cuatro sindicatos del sector, que anunciaron un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Del encuentro participaron en representación de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Cogno y Leandro Pozzi, acompañados por el vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretazz. También estuvieron presentes representantes de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante la audiencia, el Ejecutivo presentó una oferta salarial que contempla:

Tras analizar los términos, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente a la situación económica actual y la evolución del costo de vida.

Como medida de fuerza, resolvieron convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo. Asimismo, anunciaron una conferencia de prensa para ese mismo día a las 9.30, en la sede de AMET, ubicada en Montevideo 163, donde brindarán detalles de la decisión y los pasos a seguir.

En paralelo, desde el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) se informó que el paro docente convocado este lunes en la provincia registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según datos oficiales.

El relevamiento de presentismo docente, realizado a partir del monitoreo en los distintos establecimientos educativos, indicó que el nivel más bajo de adhesión se registró en el departamento Diamante, con un 37 por ciento, mientras que en escuelas de Paraná no superó el 40 por ciento.

De acuerdo con el informe del CGE, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

La continuidad del conflicto salarial quedará ahora sujeta a la evolución de las negociaciones y al impacto que tenga la nueva medida de fuerza anunciada por los gremios docentes.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente entrerriano. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el debate en torno a las políticas educativas nacionales y a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el trabajo organizativo en el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente.

Durante la primera parte de la jornada, los y las participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa, intercambiando miradas y evaluando sus posibles implicancias en el sistema educativo. El objetivo fue avanzar en la elaboración de un posicionamiento institucional frente a la propuesta, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector docente.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo, abordando situaciones administrativas y pedagógicas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Entre los temas tratados se incluyeron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otras cuestiones relevantes para la carrera profesional.

Desde el gremio destacaron que la reunión permitió reforzar la articulación entre las seccionales departamentales y la conducción provincial, consolidando espacios de intercambio y planificación conjunta.

El encuentro se inscribe en un escenario de debate sobre el rumbo de las políticas educativas a nivel nacional y provincial, y reafirma el compromiso de la organización sindical de sostener una participación activa en la discusión pública, al tiempo que se prepara para acompañar a la docencia entrerriana en el inicio de un nuevo año escolar.

La media sanción del proyecto de ley que impulsa la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), continúa generando fuertes repercusiones. Una de las voces más críticas fue la de Susana Cogno, referente provincial de Agmer y actual Vocal por las y los Trabajadores de la Educación en el Consejo General de Educación (CGE), quien denunció duramente lo ocurrido el pasado 28 de mayo en la Cámara de Senadores.

"Recordaremos este 28 de mayo como una fecha en la que jugaron complicidades, silencios y una gran cuota de irresponsabilidad por parte de las y los senadores entrerrianos que votaron por la disolución de nuestra obra social y la creación de una nueva agencia de salud", expresó Cogno, al referirse a la aprobación por mayoría del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que encabeza Rogelio Frigerio.

Para la dirigente gremial, la nueva obra social no responde a los principios fundamentales que deben regir un sistema de salud solidario y equitativo. “No respeta el principio de solidaridad ni la premisa más importante: que los aportes para la obra social y para la previsión son salario diferido”, subrayó.

Cogno acusó directamente a los impulsores del proyecto: “Los gobernantes que idearon este atropello y las y los senadores que votaron a favor o se abstuvieron, cometieron un grave error que los acompañará a lo largo de su vida política y los hará figurar en la historia como destructores del mayor sistema solidario de la provincia”. Y advirtió que “las terribles consecuencias de este atropello serán visibles en breve”.

Además, consideró que se trata de un intento de borrar la historia construida por generaciones de trabajadores entrerrianos: “El gobierno de la provincia atacó una parte de nuestra historia y pretende ocupar nuestro legado con un discurso reiterativo y el uso del antagonismo como herramienta”.

La referente de Agmer también puso en valor la movilización del colectivo docente y su histórica tradición de lucha. “Ese día también será recordado como un gran día de lucha”, afirmó, en referencia a la instalación de la carpa blanca frente a Casa de Gobierno, símbolo de la resistencia docente.

“Nosotros, las y los maestros, tenemos la llave de la memoria histórica, que es conocimiento y solidaridad. Seguiremos ese amoroso camino de generar conciencia con mucha paz, con la alegría de la lucha y la fuerza de lo colectivo”, expresó con convicción.

En un mensaje cargado de simbolismo, Cogno ratificó el compromiso con el modelo solidario de salud: “Seguiremos llamando Iosper a nuestra obra social, hasta que la recuperemos para las y los trabajadores entrerrianos. Porque somos hijos y herederos del Cordobazo y, al decir de Artigas: ‘nada podemos esperar sino de nosotros mismos’”.

En el cierre de su declaración, Cogno reconoció a las y los trabajadores movilizados: “Un abrazo fraterno y el reconocimiento al esfuerzo y coraje de nuestras y nuestros compañeros que estuvieron en la carpa con gran valentía y mucha alegría”.

Finalmente, ratificó el horizonte de lucha de Agmer: “El camino es el que señalaba Norita Cortiñas: Luchar, gobierne quien gobierne. Como Agmer en todas sus expresiones políticas somos constructores de un sindicalismo en lucha y no dejaremos nunca de luchar”.

Paraná (APFDigital).- La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó este martes un petitorio ante el Senado provincial en rechazo al proyecto de ley que impulsa la eliminación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y su reemplazo por la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Tras la entrega del documento, el gremio docente instaló una carpa blanca en Plaza Mansilla, en el marco de un acampe que se extenderá hasta el jueves, acompañado por otras organizaciones sindicales.

El documento entregado, que cuenta con la firma de numerosos afiliados, expresa el "absoluto rechazo" al proyecto, al que consideran una avanzada del Poder Ejecutivo para quitar a los trabajadores el control sobre su sistema de salud.

“Manifestamos el absoluto rechazo a la eliminación de nuestra obra social y su reemplazo por la OSER, cuyo control quedaría en manos del gobierno”, señala el texto. “Solicitamos que este petitorio sea incorporado al trámite legislativo en curso, con carácter urgente y preferencial”.

Con temperaturas invernales y condiciones climáticas adversas, docentes nucleados en Agmer levantaron una carpa blanca frente a la Legislatura como forma de protesta simbólica. La medida cuenta con el apoyo de otras entidades gremiales como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos), Apler (Asociación del Personal Legislativo) y otros sectores de la Intersindical.

La jornada comenzó temprano, con bombos, banderas y música de protesta, y la expectativa puesta en la sesión legislativa del jueves, donde podría tratarse el proyecto de ley.

El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, destacó el simbolismo de la carpa blanca y trazó paralelismos con la lucha docente de los años 90. “La carpa blanca fue el ícono de la resistencia al neoliberalismo menemista. Hoy la volvemos a plantar como símbolo de lucha frente a este gobierno neoliberal, antiobrero, antipopular y antisindical de Rogelio Frigerio”, expresó.

Además, Zampedri advirtió que la propuesta oficial apunta a “devastar la obra social de los trabajadores” y cuestionó el rol del gobierno provincial: “Ya advertíamos que esto iba a ocurrir y está ocurriendo. La historia se repite con los mismos protagonistas, que ya conocemos”.

Consultado por APFDigital sobre el escenario legislativo, Zampedri sostuvo que para que el proyecto obtenga media sanción en el Senado será necesario el voto de al menos un senador del peronismo, ya que el oficialismo cuenta con ocho votos sobre un total de 17.

“La única forma de aprobarla es con votos del peronismo, salvo que alguien no concurra y desempatara la vicegobernadora. Pero nosotros vamos a resistir en todos los escenarios, incluso si se aprueba la ley”, remarcó.

Finalmente, el dirigente gremial apuntó contra quienes impulsan el proyecto: “Esta conducción de la obra social, de porteño, viene a arrasar con nuestro sistema de salud. Vamos a seguir defendiendo lo que es de los trabajadores”.

La sesión del Senado provincial del jueves se anticipa como una jornada clave para el futuro del Iosper. Mientras tanto, el acampe y la protesta sindical continúan bajo el frío y la firmeza de una lucha que vuelve a levantar la carpa blanca como emblema de resistencia en Entre Ríos.

A través de la resolución N° 1431, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos estableció un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de asambleas y reuniones sindicales del personal docente en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal. La medida fue tomada con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la organización gremial como el normal desarrollo del servicio educativo, en consonancia con la legislación nacional y convenios internacionales.

La norma especifica que las actividades gremiales deberán realizarse fuera del horario de clases: deberán finalizar al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada escolar o comenzar 15 minutos después de su finalización. Asimismo, deberán ser notificadas al establecimiento educativo con al menos 24 horas de antelación mediante un medio fehaciente, conforme lo estipula el Decreto N° 384/2018. También se prohíbe el ingreso de personal ajeno al establecimiento durante el desarrollo de estas actividades.

La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones recaerá en la autoridad escolar de cada establecimiento. En caso de detectarse incumplimientos, se deberá dar inmediata intervención a la Dirección Departamental de Escuelas correspondiente. Según se informó oficialmente, la inobservancia del nuevo reglamento dará lugar a sanciones disciplinarias y descuentos por horas no trabajadas.

Desde el CGE se ratificó que la medida busca preservar la educación pública de calidad, gratuita y laica, al tiempo que se reconoce y respeta el derecho de los trabajadores a organizarse y participar en instancias gremiales, “siempre en un marco de respeto por el funcionamiento institucional y los derechos de toda la comunidad educativa”.

Sin embargo, la decisión generó una dura reacción del gremio docente mayoritario, AGMER. A través de un comunicado, el sindicato expresó su rechazo al nuevo reglamento al considerarlo un “atropello más” del Gobierno provincial hacia los trabajadores de la educación.

“Cuando discuten con AGMER, lo hacen con más de 40.000 docentes de la provincia, que son quienes, en cada momento, definen en asambleas los pasos a seguir. Esa es nuestra mayor fortaleza y lo que más les molesta”, manifestaron desde la conducción gremial.

Además, recordaron al gobernador Rogelio Frigerio y a sus funcionarios que “los docentes tenemos memoria, tenemos resistencia y una rica historia de lucha que nos respalda y fortalece”. En ese sentido, advirtieron: “De ninguna manera este tipo de golpes bajos hará claudicar la defensa de nuestros derechos, de nuestra escuela pública y de la búsqueda incesante de un país justo”.

En declaraciones al programa “Hoy y Mañana” de LT 14, Gallegos brindó precisiones sobre la iniciativa oficial y fue categórico al justificar la necesidad del cambio: “El gobernador no vino a mirar los problemas, vino a resolverlos. Y la salud de 300 mil afiliados no podía esperar más”.

Según sostuvo el interventor, la propuesta de reemplazar el IOSPER por una nueva estructura institucional apunta a mejorar la calidad de las prestaciones a través de una conducción colegiada con mayor protagonismo del Estado, sin excluir a los gremios docentes y estatales, pero sí modificando el actual esquema de administración.

“La gestión anterior fue, al menos, muy mala. Pagábamos medicamentos y prótesis carísimas, incluso sin que se entregaran. No encontré un solo afiliado satisfecho con su obra social”, aseguró Gallegos, al detallar las condiciones críticas en que halló el organismo. Señaló además que la deuda acumulada y el déficit operativo fueron factores determinantes para impulsar una transformación estructural del sistema de salud que asiste a los empleados públicos provinciales.

En ese sentido, remarcó que el IOSPER presenta una estructura legal que considera anómala: “Es una rareza jurídica. Es una obra social provincial en los hechos, pero controlada por los gremios”, dijo, en alusión al actual directorio compuesto exclusivamente por representantes sindicales.

El nuevo proyecto contempla una integración mixta, con el Estado como actor clave junto a los dos gremios mayoritarios. En caso de empate en las decisiones, el presidente del directorio tendrá voto doble.

Ante la inquietud de los trabajadores por el posible impacto del cambio, Gallegos fue claro: “No se piensa en despidos ni en recorte salarial. Todos los empleados pasarán a formar parte del nuevo ente. Quien trabaja, es bienvenido”, subrayó. Además, destacó que el personal es necesario para avanzar en la recuperación del sistema.

Uno de los aspectos centrales del nuevo proyecto será la reducción del directorio y la fijación de topes salariales para bajar el costo administrativo. “Cada peso que no va a la estructura debe ir a mejorar la salud del afiliado”, expresó Gallegos, como uno de los principios que guiarán la transición hacia el OSER.

A pesar de que el proceso de saneamiento no está finalizado, el interventor destacó avances significativos en el diálogo con prestadores de servicios médicos. “Tenemos reuniones semanales con farmacias, clínicas y médicos. Renegociamos convenios y todos los actores del sistema están trabajando”, indicó.

La intervención al IOSPER continuará hasta el próximo 12 de junio, fecha en la que Gallegos presentará su informe de gestión ante el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el tratamiento legislativo del proyecto avanza, en medio de tensiones con los sindicatos que denuncian una pérdida de representación y temen un recorte de derechos.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, presentó un proyecto de ley que propone la creación de una nueva obra social bajo el nombre de OSER (Obra Social Entrerriana de los Trabajadores). Esta iniciativa genera un fuerte rechazo entre diversos sectores gremiales, quienes critican no solo el cambio en la estructura del Directorio, sino también las implicaciones que tendría para la representación de los trabajadores y jubilados en la administración de la obra social.

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto de ley es la reestructuración del Directorio de la nueva obra social. De acuerdo con la propuesta, el órgano directivo pasaría de estar compuesto por siete miembros a una estructura más reducida, conformada por un Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo provincial, además de dos Vocales que representarían a los trabajadores.

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE, Juana Ávalos, fue una de las voces más críticas frente al proyecto. En diálogo con APFDigital, Ávalos manifestó su rechazo a la propuesta, señalando que la reforma propuesta "le quita sus verdaderos dueños a la obra social, que son los trabajadores". Cabe recordar que en la estructura previa, dentro de los siete directores, uno de ellos representaba a los jubilados. Sin embargo, en caso de que el proyecto sea aprobado, esta representación desaparecería, lo que genera una gran preocupación entre los afiliados de la tercera edad.

“Con este proyecto, el gobierno se está apoderando de la obra social de los trabajadores”, agregó Ávalos, quien también comparó esta medida con otros cambios implementados por el gobierno en la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a una “intervención” en una mutual similar. La crítica más profunda radica en la concentración de poder dentro de una obra social que, hasta el momento, debía ser administrada con un mayor balance de intereses, considerando la inclusión de los jubilados en su dirección.

Ante esta situación, Juana Ávalos anticipó que, como respuesta al proyecto de ley, este miércoles a las 9 de la mañana se llevará a cabo una reunión en la sede de ATE, a la cual están convocados todos los gremios de la provincia. El objetivo de este encuentro es coordinar medidas para "intensificar las acciones en contra de la reforma", dada la preocupación sobre el despojo de poder de los trabajadores y jubilados en la gestión de su obra social.

“Realmente estamos muy desprotegidos, y necesitamos luchar para que no se haga la reforma”, expresó Ávalos, subrayando la grave situación de vulnerabilidad que afecta a los afiliados, especialmente a los jubilados, quienes ya enfrentan dificultades con la atención médica y los altos costos de los medicamentos.

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE también criticó la actual intervención de la obra social, señalando que esta "tendría que funcionar mejor, pero no es el caso". De acuerdo con Ávalos, los jubilados se encuentran en una situación especialmente crítica, sin acceso a atención médica adecuada. "Los médicos no atienden por falta de códigos que coincidan con las prestaciones de la obra social", denunció, explicando que esto obedece a la falta de actualización en los procedimientos y códigos necesarios para las consultas.

Además, Ávalos alertó sobre los problemas en el acceso a medicamentos esenciales, donde se ha reducido el porcentaje de reconocimiento de los costos de medicamentos del 70% al 30%. Esto ha llevado a que algunos jubilados deban afrontar el pago de medicamentos de altísimo costo. “Hay medicamentos que valen hasta 90 mil pesos y que a un jubilado le cuesta pagar”, subrayó, resaltando la insostenibilidad de la situación para los afiliados más vulnerables.

La propuesta de creación de la nueva obra social OSER ha desatado un fuerte debate en la provincia. Desde los sectores gremiales, se argumenta que la reforma no solo compromete la autonomía de los trabajadores y jubilados en la gestión de su salud, sino que también profundiza la crisis de desatención que actualmente enfrentan los afiliados a la obra social.

Por el momento, la discusión sigue abierta y se espera que, tras la reunión convocada por ATE, los gremios definan nuevas acciones y estrategias para resistir la implementación de este proyecto. Las próximas semanas serán clave en la definición de cómo avanzará esta propuesta legislativa, que promete seguir generando controversia en el ámbito político y sindical de Entre Ríos.