Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

La medida de fuerza impactará en escuelas públicas de todo el territorio entrerriano y se enmarca en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores sindicales y el Ejecutivo provincial por la discusión vinculada a una eventual reforma previsional.

A través de un comunicado difundido por el sindicato, Agmer explicó que la decisión de convocar al paro responde a la preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesan trabajadores y jubilados de la provincia.

“El Gobierno no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”, sostuvo el gremio, al cuestionar la postura de la gestión provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Desde la entidad sindical remarcaron que la protesta también apunta a defender el sistema previsional entrerriano y rechazar cualquier modificación que pueda afectar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

“Paramos en defensa de la Ley 8732 y de nuestras condiciones laborales”, expresaron desde Agmer, al advertir sobre un escenario de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”.

El gremio afirmó además que el sector docente sufre de manera directa las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo provincial, situación que —según indicaron— impacta tanto en el ámbito educativo como en la calidad de vida de los trabajadores.

La jornada de paro afectará el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de toda Entre Ríos, en una nueva manifestación del conflicto que mantiene el sector gremial con el Gobierno.

La convocatoria se suma a otros reclamos impulsados por sindicatos provinciales que vienen expresando preocupación por la situación económica, salarial y previsional.

Con esta medida, Agmer vuelve a poner en agenda el debate sobre el sistema jubilatorio entrerriano y las condiciones laborales docentes, en un contexto de fuerte discusión política y social en la provincia.

La medida forma parte de un plan de acción gremial en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional. Bajo consignas como “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”, los trabajadores buscan visibilizar la situación del sector docente en todo el territorio entrerriano.

La modalidad de la protesta será descentralizada, con puntos de encuentro definidos en cada ciudad, principalmente en accesos y lugares de alta circulación, con el objetivo de amplificar el alcance de la manifestación.

Desde el gremio indicaron que los docentes deberán consultar en sus respectivas seccionales para conocer el lugar exacto de concentración en cada localidad.

En el caso de Crespo, la convocatoria tendrá lugar en el pórtico de ingreso a la ciudad, un punto estratégico elegido como referencia para reunir a trabajadores de la educación y a quienes deseen acompañar la actividad.

Al respecto, Claudia Schira, secretaria de la filial Crespo-Seguí, señaló que la jornada tendrá como eje central el reclamo salarial y la defensa de los derechos laborales del sector.

“La educación no se ajusta” será la consigna principal de la protesta, en la que se exigirá un incremento urgente de los salarios y se reiterará el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.

Con esta acción, Agmer busca sostener la visibilidad del conflicto docente y presionar por respuestas concretas en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y las autoridades provinciales.

La docencia entrerriana volverá a manifestarse en las calles este viernes con un paro de 24 horas y una movilización provincial en Paraná. La medida fue confirmada por la conducción de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en el marco de un creciente conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales y previsionales.

La jornada de protesta incluirá una marcha de antorchas que partirá a las 18 desde la Plaza 1º de Mayo y se dirigirá hacia la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Desde el gremio anticiparon una importante convocatoria en lo que consideran una instancia clave de visibilización del reclamo docente.

El eje principal del reclamo está vinculado al rechazo del Decreto 500/26, una medida del Ejecutivo provincial que, según Agmer, establece sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio. Desde el sindicato manifestaron un fuerte malestar por la liquidación de haberes y denunciaron irregularidades en los pagos.

“Basta de jugar con nuestro dinero”, expresaron en un comunicado, en el que detallaron problemas como errores en los montos proporcionales, demoras en validaciones y la falta de conceptos como la escolaridad. “Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia”, remarcaron.

Otro de los puntos centrales de la protesta es la defensa de la Ley 8732. Desde Agmer rechazaron cualquier intento de reforma impulsado por el gobierno provincial y advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar tanto a trabajadores activos como jubilados.

Según sostienen, una modificación en los mecanismos de actualización salarial podría “desenganchar” los haberes jubilatorios de los salarios en actividad, lo que implicaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo. En ese sentido, defendieron la vigencia del sistema actual, al que consideran garante de jubilaciones dignas bajo el esquema del 82% móvil.

La medida de fuerza también se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la educación pública a nivel nacional. Desde el gremio expresaron preocupación por proyectos de reforma impulsados desde el gobierno nacional, que —según indicaron— podrían impactar negativamente en el sistema educativo.

“Sin educación pública no hay futuro para todos”, señalaron desde Agmer, reafirmando su postura en defensa de la escuela pública y del rol del Estado en la garantía del derecho a la educación.

La marcha de antorchas prevista para este viernes se perfila como una de las manifestaciones más importantes del sector docente en lo que va del año, en medio de expectativas por una eventual respuesta del gobierno provincial que permita encauzar el conflicto.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

La medida fue anunciada luego de que los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA resolvieran rechazar la nueva propuesta salarial y convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario en declaraciones a El Once. “Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”, ratificó.

Frigerio se refirió además al comienzo del ciclo lectivo, en una jornada atravesada por el paro nacional dispuesto por Ctera. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó.

En relación con la negociación salarial, sostuvo que el diálogo continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”, expresó, y consideró “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en el actual contexto económico.

El gobernador remarcó que durante su gestión se logró que los salarios docentes “le peleen a la inflación”, incluso en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Entre los puntos principales se contemplaba:

Con estas medidas, el Ejecutivo aseguró que un docente recién iniciado no percibiría menos de 750.000 pesos mensuales.

Asimismo, se propuso convocar en un plazo no mayor a 90 días a una nueva instancia paritaria para acordar una suma remunerativa vinculada directamente al crecimiento de los recursos provinciales, de modo que los salarios acompañen la evolución de la recaudación.

Frigerio reconoció que los salarios del sector público resultan insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”, señaló.

No obstante, remarcó que la situación debe analizarse en función del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, indicó.

El mandatario destacó también que el Gobierno impulsa políticas integrales en educación, como inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

En cuanto al futuro de la negociación, propuso retomar el diálogo dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación”, manifestó.

De este modo, en medio del conflicto gremial y la medida de fuerza anunciada, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial impactará en los haberes docentes en los próximos días, mientras la paritaria docente en Entre Ríos continúa formalmente abierta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó que este lunes por la tarde se llevó a cabo la segunda audiencia de la paritaria salarial docente en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese marco, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta que fue rechazada en forma unánime por los cuatro sindicatos del sector, que anunciaron un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Del encuentro participaron en representación de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Cogno y Leandro Pozzi, acompañados por el vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretazz. También estuvieron presentes representantes de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante la audiencia, el Ejecutivo presentó una oferta salarial que contempla:

Tras analizar los términos, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente a la situación económica actual y la evolución del costo de vida.

Como medida de fuerza, resolvieron convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo. Asimismo, anunciaron una conferencia de prensa para ese mismo día a las 9.30, en la sede de AMET, ubicada en Montevideo 163, donde brindarán detalles de la decisión y los pasos a seguir.

En paralelo, desde el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) se informó que el paro docente convocado este lunes en la provincia registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según datos oficiales.

El relevamiento de presentismo docente, realizado a partir del monitoreo en los distintos establecimientos educativos, indicó que el nivel más bajo de adhesión se registró en el departamento Diamante, con un 37 por ciento, mientras que en escuelas de Paraná no superó el 40 por ciento.

De acuerdo con el informe del CGE, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

La continuidad del conflicto salarial quedará ahora sujeta a la evolución de las negociaciones y al impacto que tenga la nueva medida de fuerza anunciada por los gremios docentes.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente entrerriano. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el debate en torno a las políticas educativas nacionales y a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el trabajo organizativo en el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente.

Durante la primera parte de la jornada, los y las participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa, intercambiando miradas y evaluando sus posibles implicancias en el sistema educativo. El objetivo fue avanzar en la elaboración de un posicionamiento institucional frente a la propuesta, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector docente.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo, abordando situaciones administrativas y pedagógicas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Entre los temas tratados se incluyeron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otras cuestiones relevantes para la carrera profesional.

Desde el gremio destacaron que la reunión permitió reforzar la articulación entre las seccionales departamentales y la conducción provincial, consolidando espacios de intercambio y planificación conjunta.

El encuentro se inscribe en un escenario de debate sobre el rumbo de las políticas educativas a nivel nacional y provincial, y reafirma el compromiso de la organización sindical de sostener una participación activa en la discusión pública, al tiempo que se prepara para acompañar a la docencia entrerriana en el inicio de un nuevo año escolar.

La media sanción del proyecto de ley que impulsa la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), continúa generando fuertes repercusiones. Una de las voces más críticas fue la de Susana Cogno, referente provincial de Agmer y actual Vocal por las y los Trabajadores de la Educación en el Consejo General de Educación (CGE), quien denunció duramente lo ocurrido el pasado 28 de mayo en la Cámara de Senadores.

"Recordaremos este 28 de mayo como una fecha en la que jugaron complicidades, silencios y una gran cuota de irresponsabilidad por parte de las y los senadores entrerrianos que votaron por la disolución de nuestra obra social y la creación de una nueva agencia de salud", expresó Cogno, al referirse a la aprobación por mayoría del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que encabeza Rogelio Frigerio.

Para la dirigente gremial, la nueva obra social no responde a los principios fundamentales que deben regir un sistema de salud solidario y equitativo. “No respeta el principio de solidaridad ni la premisa más importante: que los aportes para la obra social y para la previsión son salario diferido”, subrayó.

Cogno acusó directamente a los impulsores del proyecto: “Los gobernantes que idearon este atropello y las y los senadores que votaron a favor o se abstuvieron, cometieron un grave error que los acompañará a lo largo de su vida política y los hará figurar en la historia como destructores del mayor sistema solidario de la provincia”. Y advirtió que “las terribles consecuencias de este atropello serán visibles en breve”.

Además, consideró que se trata de un intento de borrar la historia construida por generaciones de trabajadores entrerrianos: “El gobierno de la provincia atacó una parte de nuestra historia y pretende ocupar nuestro legado con un discurso reiterativo y el uso del antagonismo como herramienta”.

La referente de Agmer también puso en valor la movilización del colectivo docente y su histórica tradición de lucha. “Ese día también será recordado como un gran día de lucha”, afirmó, en referencia a la instalación de la carpa blanca frente a Casa de Gobierno, símbolo de la resistencia docente.

“Nosotros, las y los maestros, tenemos la llave de la memoria histórica, que es conocimiento y solidaridad. Seguiremos ese amoroso camino de generar conciencia con mucha paz, con la alegría de la lucha y la fuerza de lo colectivo”, expresó con convicción.

En un mensaje cargado de simbolismo, Cogno ratificó el compromiso con el modelo solidario de salud: “Seguiremos llamando Iosper a nuestra obra social, hasta que la recuperemos para las y los trabajadores entrerrianos. Porque somos hijos y herederos del Cordobazo y, al decir de Artigas: ‘nada podemos esperar sino de nosotros mismos’”.

En el cierre de su declaración, Cogno reconoció a las y los trabajadores movilizados: “Un abrazo fraterno y el reconocimiento al esfuerzo y coraje de nuestras y nuestros compañeros que estuvieron en la carpa con gran valentía y mucha alegría”.

Finalmente, ratificó el horizonte de lucha de Agmer: “El camino es el que señalaba Norita Cortiñas: Luchar, gobierne quien gobierne. Como Agmer en todas sus expresiones políticas somos constructores de un sindicalismo en lucha y no dejaremos nunca de luchar”.

Paraná (APFDigital).- La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó este martes un petitorio ante el Senado provincial en rechazo al proyecto de ley que impulsa la eliminación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y su reemplazo por la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Tras la entrega del documento, el gremio docente instaló una carpa blanca en Plaza Mansilla, en el marco de un acampe que se extenderá hasta el jueves, acompañado por otras organizaciones sindicales.

El documento entregado, que cuenta con la firma de numerosos afiliados, expresa el "absoluto rechazo" al proyecto, al que consideran una avanzada del Poder Ejecutivo para quitar a los trabajadores el control sobre su sistema de salud.

“Manifestamos el absoluto rechazo a la eliminación de nuestra obra social y su reemplazo por la OSER, cuyo control quedaría en manos del gobierno”, señala el texto. “Solicitamos que este petitorio sea incorporado al trámite legislativo en curso, con carácter urgente y preferencial”.

Con temperaturas invernales y condiciones climáticas adversas, docentes nucleados en Agmer levantaron una carpa blanca frente a la Legislatura como forma de protesta simbólica. La medida cuenta con el apoyo de otras entidades gremiales como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos), Apler (Asociación del Personal Legislativo) y otros sectores de la Intersindical.

La jornada comenzó temprano, con bombos, banderas y música de protesta, y la expectativa puesta en la sesión legislativa del jueves, donde podría tratarse el proyecto de ley.

El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, destacó el simbolismo de la carpa blanca y trazó paralelismos con la lucha docente de los años 90. “La carpa blanca fue el ícono de la resistencia al neoliberalismo menemista. Hoy la volvemos a plantar como símbolo de lucha frente a este gobierno neoliberal, antiobrero, antipopular y antisindical de Rogelio Frigerio”, expresó.

Además, Zampedri advirtió que la propuesta oficial apunta a “devastar la obra social de los trabajadores” y cuestionó el rol del gobierno provincial: “Ya advertíamos que esto iba a ocurrir y está ocurriendo. La historia se repite con los mismos protagonistas, que ya conocemos”.

Consultado por APFDigital sobre el escenario legislativo, Zampedri sostuvo que para que el proyecto obtenga media sanción en el Senado será necesario el voto de al menos un senador del peronismo, ya que el oficialismo cuenta con ocho votos sobre un total de 17.

“La única forma de aprobarla es con votos del peronismo, salvo que alguien no concurra y desempatara la vicegobernadora. Pero nosotros vamos a resistir en todos los escenarios, incluso si se aprueba la ley”, remarcó.

Finalmente, el dirigente gremial apuntó contra quienes impulsan el proyecto: “Esta conducción de la obra social, de porteño, viene a arrasar con nuestro sistema de salud. Vamos a seguir defendiendo lo que es de los trabajadores”.

La sesión del Senado provincial del jueves se anticipa como una jornada clave para el futuro del Iosper. Mientras tanto, el acampe y la protesta sindical continúan bajo el frío y la firmeza de una lucha que vuelve a levantar la carpa blanca como emblema de resistencia en Entre Ríos.

A través de la resolución N° 1431, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos estableció un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de asambleas y reuniones sindicales del personal docente en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal. La medida fue tomada con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la organización gremial como el normal desarrollo del servicio educativo, en consonancia con la legislación nacional y convenios internacionales.

La norma especifica que las actividades gremiales deberán realizarse fuera del horario de clases: deberán finalizar al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada escolar o comenzar 15 minutos después de su finalización. Asimismo, deberán ser notificadas al establecimiento educativo con al menos 24 horas de antelación mediante un medio fehaciente, conforme lo estipula el Decreto N° 384/2018. También se prohíbe el ingreso de personal ajeno al establecimiento durante el desarrollo de estas actividades.

La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones recaerá en la autoridad escolar de cada establecimiento. En caso de detectarse incumplimientos, se deberá dar inmediata intervención a la Dirección Departamental de Escuelas correspondiente. Según se informó oficialmente, la inobservancia del nuevo reglamento dará lugar a sanciones disciplinarias y descuentos por horas no trabajadas.

Desde el CGE se ratificó que la medida busca preservar la educación pública de calidad, gratuita y laica, al tiempo que se reconoce y respeta el derecho de los trabajadores a organizarse y participar en instancias gremiales, “siempre en un marco de respeto por el funcionamiento institucional y los derechos de toda la comunidad educativa”.

Sin embargo, la decisión generó una dura reacción del gremio docente mayoritario, AGMER. A través de un comunicado, el sindicato expresó su rechazo al nuevo reglamento al considerarlo un “atropello más” del Gobierno provincial hacia los trabajadores de la educación.

“Cuando discuten con AGMER, lo hacen con más de 40.000 docentes de la provincia, que son quienes, en cada momento, definen en asambleas los pasos a seguir. Esa es nuestra mayor fortaleza y lo que más les molesta”, manifestaron desde la conducción gremial.

Además, recordaron al gobernador Rogelio Frigerio y a sus funcionarios que “los docentes tenemos memoria, tenemos resistencia y una rica historia de lucha que nos respalda y fortalece”. En ese sentido, advirtieron: “De ninguna manera este tipo de golpes bajos hará claudicar la defensa de nuestros derechos, de nuestra escuela pública y de la búsqueda incesante de un país justo”.

En declaraciones al programa “Hoy y Mañana” de LT 14, Gallegos brindó precisiones sobre la iniciativa oficial y fue categórico al justificar la necesidad del cambio: “El gobernador no vino a mirar los problemas, vino a resolverlos. Y la salud de 300 mil afiliados no podía esperar más”.

Según sostuvo el interventor, la propuesta de reemplazar el IOSPER por una nueva estructura institucional apunta a mejorar la calidad de las prestaciones a través de una conducción colegiada con mayor protagonismo del Estado, sin excluir a los gremios docentes y estatales, pero sí modificando el actual esquema de administración.

“La gestión anterior fue, al menos, muy mala. Pagábamos medicamentos y prótesis carísimas, incluso sin que se entregaran. No encontré un solo afiliado satisfecho con su obra social”, aseguró Gallegos, al detallar las condiciones críticas en que halló el organismo. Señaló además que la deuda acumulada y el déficit operativo fueron factores determinantes para impulsar una transformación estructural del sistema de salud que asiste a los empleados públicos provinciales.

En ese sentido, remarcó que el IOSPER presenta una estructura legal que considera anómala: “Es una rareza jurídica. Es una obra social provincial en los hechos, pero controlada por los gremios”, dijo, en alusión al actual directorio compuesto exclusivamente por representantes sindicales.

El nuevo proyecto contempla una integración mixta, con el Estado como actor clave junto a los dos gremios mayoritarios. En caso de empate en las decisiones, el presidente del directorio tendrá voto doble.

Ante la inquietud de los trabajadores por el posible impacto del cambio, Gallegos fue claro: “No se piensa en despidos ni en recorte salarial. Todos los empleados pasarán a formar parte del nuevo ente. Quien trabaja, es bienvenido”, subrayó. Además, destacó que el personal es necesario para avanzar en la recuperación del sistema.

Uno de los aspectos centrales del nuevo proyecto será la reducción del directorio y la fijación de topes salariales para bajar el costo administrativo. “Cada peso que no va a la estructura debe ir a mejorar la salud del afiliado”, expresó Gallegos, como uno de los principios que guiarán la transición hacia el OSER.

A pesar de que el proceso de saneamiento no está finalizado, el interventor destacó avances significativos en el diálogo con prestadores de servicios médicos. “Tenemos reuniones semanales con farmacias, clínicas y médicos. Renegociamos convenios y todos los actores del sistema están trabajando”, indicó.

La intervención al IOSPER continuará hasta el próximo 12 de junio, fecha en la que Gallegos presentará su informe de gestión ante el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el tratamiento legislativo del proyecto avanza, en medio de tensiones con los sindicatos que denuncian una pérdida de representación y temen un recorte de derechos.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, presentó un proyecto de ley que propone la creación de una nueva obra social bajo el nombre de OSER (Obra Social Entrerriana de los Trabajadores). Esta iniciativa genera un fuerte rechazo entre diversos sectores gremiales, quienes critican no solo el cambio en la estructura del Directorio, sino también las implicaciones que tendría para la representación de los trabajadores y jubilados en la administración de la obra social.

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto de ley es la reestructuración del Directorio de la nueva obra social. De acuerdo con la propuesta, el órgano directivo pasaría de estar compuesto por siete miembros a una estructura más reducida, conformada por un Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo provincial, además de dos Vocales que representarían a los trabajadores.

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE, Juana Ávalos, fue una de las voces más críticas frente al proyecto. En diálogo con APFDigital, Ávalos manifestó su rechazo a la propuesta, señalando que la reforma propuesta "le quita sus verdaderos dueños a la obra social, que son los trabajadores". Cabe recordar que en la estructura previa, dentro de los siete directores, uno de ellos representaba a los jubilados. Sin embargo, en caso de que el proyecto sea aprobado, esta representación desaparecería, lo que genera una gran preocupación entre los afiliados de la tercera edad.

“Con este proyecto, el gobierno se está apoderando de la obra social de los trabajadores”, agregó Ávalos, quien también comparó esta medida con otros cambios implementados por el gobierno en la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a una “intervención” en una mutual similar. La crítica más profunda radica en la concentración de poder dentro de una obra social que, hasta el momento, debía ser administrada con un mayor balance de intereses, considerando la inclusión de los jubilados en su dirección.

Ante esta situación, Juana Ávalos anticipó que, como respuesta al proyecto de ley, este miércoles a las 9 de la mañana se llevará a cabo una reunión en la sede de ATE, a la cual están convocados todos los gremios de la provincia. El objetivo de este encuentro es coordinar medidas para "intensificar las acciones en contra de la reforma", dada la preocupación sobre el despojo de poder de los trabajadores y jubilados en la gestión de su obra social.

“Realmente estamos muy desprotegidos, y necesitamos luchar para que no se haga la reforma”, expresó Ávalos, subrayando la grave situación de vulnerabilidad que afecta a los afiliados, especialmente a los jubilados, quienes ya enfrentan dificultades con la atención médica y los altos costos de los medicamentos.

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE también criticó la actual intervención de la obra social, señalando que esta "tendría que funcionar mejor, pero no es el caso". De acuerdo con Ávalos, los jubilados se encuentran en una situación especialmente crítica, sin acceso a atención médica adecuada. "Los médicos no atienden por falta de códigos que coincidan con las prestaciones de la obra social", denunció, explicando que esto obedece a la falta de actualización en los procedimientos y códigos necesarios para las consultas.

Además, Ávalos alertó sobre los problemas en el acceso a medicamentos esenciales, donde se ha reducido el porcentaje de reconocimiento de los costos de medicamentos del 70% al 30%. Esto ha llevado a que algunos jubilados deban afrontar el pago de medicamentos de altísimo costo. “Hay medicamentos que valen hasta 90 mil pesos y que a un jubilado le cuesta pagar”, subrayó, resaltando la insostenibilidad de la situación para los afiliados más vulnerables.

La propuesta de creación de la nueva obra social OSER ha desatado un fuerte debate en la provincia. Desde los sectores gremiales, se argumenta que la reforma no solo compromete la autonomía de los trabajadores y jubilados en la gestión de su salud, sino que también profundiza la crisis de desatención que actualmente enfrentan los afiliados a la obra social.

Por el momento, la discusión sigue abierta y se espera que, tras la reunión convocada por ATE, los gremios definan nuevas acciones y estrategias para resistir la implementación de este proyecto. Las próximas semanas serán clave en la definición de cómo avanzará esta propuesta legislativa, que promete seguir generando controversia en el ámbito político y sindical de Entre Ríos.

Así lo manifestó este viernes, luego del encuentro que mantuvo con los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); la Unión de Docentes Argentinos (UDA); y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). También estuvieron el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; y los vocales del organismo.

En la oportunidad, Frigerio destacó que el desenlace de esta paritaria "es bastante inusual, no solo en la historia de nuestra provincia, sino en el resto de la Argentina", teniendo en cuenta que solo Entre Ríos y Neuquén firmaron un acuerdo anual de estas características.

"Esta es una gran oportunidad también para este año centrar la discusión y el debate de la política en lo que, para mí, es más importante que cualquier otra cosa, que es la calidad de nuestra educación, lo que enseñan y lo que aprenden nuestros alumnos en las escuelas entrerrianas", subrayó luego.

La formación docente; la evaluación de los alumnos; la currícula; la infraestructura escolar; la alimentación, son algunos de los temas que para el mandatario "tienen que formar parte de esta discusión y este debate que tiene que ser el más importante, el más prioritario de la provincia de Entre Ríos".

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, señaló que cuando se "genera y construye un acuerdo, en términos de negociación colectiva de largo alcance, es complejo, debido a la inclusión de múltiples aspectos, más allá de lo estrictamente salarial". Tras detallar el acuerdo, resaltó que, a diferencia del 80 por ciento de los convenios colectivos en Argentina, "éste incorpora negociaciones sobre la movilidad de los trabajadores, así como de las condiciones y medio ambiente de trabajo", a través de una comisión abierta en el CGE.

En tanto, la titular del CGE, Alicia Fregonese, manifestó que el acuerdo es "fundamental para poder llevar adelante la tarea educativa" y mejorar los niveles de aprendizaje en primaria, especialmente en la comprensión lectora. Enfatizó en que permitirá trabajar en los diseños curriculares, las metas de aprendizaje (en conjunto con Nación) y avanzar en la reforma de la escuela secundaria, así como en la jerarquización y formación docente y el acompañamiento a directivos y supervisores.

A su vez, el representante de Agmer Marcelo Pagani valoró la reunión con el gobernador y la amplia agenda abordada, que va más allá de lo salarial e incluye infraestructura, condiciones de trabajo y estabilidad laboral. Destacó la "escucha" del gobernador y su conocimiento de las problemáticas planteadas. En cuanto al acuerdo, resaltó que "garantiza el salario a través del reconocimiento mensual del IPC (Índice de Precios al Consumidor)" y la continuidad del trabajo en la comisión para corregir las distorsiones del escalafón salarial.

El convenio contempla una actualización mensual de los salarios según el índice de precios al consumidor (IPC), cambios en la base de cálculo de los haberes, una suma fija remunerativa y bonificable por docente con más de 10 años de antigüedad, un aumento del 10,7% en el fondo de incentivo docente y conectividad, y la implementación de un boleto docente urbano con descuento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la importancia de este acuerdo anual, remarcando que Entre Ríos es una de las pocas provincias que ha logrado cerrar una paritaria de estas características: "El acuerdo paritario alcanzado para todo el año 2025 es una gran noticia y refleja este compromiso con la educación y con los docentes. Es importante resaltar que Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que ha firmado un acuerdo paritario anual, lo que no solo refleja la madurez de nuestra gestión, sino también la voluntad de generar un marco de previsibilidad y estabilidad para los trabajadores de la educación".

A su vez, Troncoso señaló que "la negociación ha sido seria, responsable y, sobre todo, comprometida con la mejora de la educación en nuestra provincia. Para nosotros, como gobierno, y lo marca nuestro gobernador Rogelio Frigerio, lo más importante sigue siendo la calidad educativa y el bienestar de nuestros gurises".

En la misma línea, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, celebró el acuerdo alcanzado con los gremios: "Felices de poder arribar a este acuerdo junto a los gremios docentes. Pocos antecedentes debe haber a nivel nacional de cerrar el año en materia salarial a esta altura del año y con el ciclo lectivo recién iniciado".

El acuerdo salarial establece una actualización mensual de los salarios docentes basada en el IPC del mes inmediato anterior, aplicándose desde febrero hasta diciembre de 2025. La base de cálculo se modificará en distintas etapas:

Con los haberes de marzo, se tomará como referencia el sueldo de enero.

De abril a agosto, la base de cálculo será el sueldo de marzo.

De septiembre a noviembre, se considerará el sueldo de agosto.

Desde diciembre, se usará el sueldo de noviembre de 2025.

Además, se acordó el pago de una suma fija remunerativa y bonificable de $25.000 para los docentes con más de 10 años de antigüedad. Este monto se aplicará a partir de febrero de 2025 y se distribuirá de la siguiente manera:

Para cargos docentes: $25.000.

Para horas cátedra: $25.000 a partir de 15 horas y proporcional para menos de 15 horas.

El pago comenzará con los sueldos de marzo, incluyendo la retroactividad de febrero.

En cuanto al Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, se acordó un aumento único del 10,7% en cada ítem, a partir de febrero de 2025 y abonado con los haberes de marzo.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la implementación de un boleto docente urbano con un 50% de subsidio, que se gestionará a través del sistema SUBE. El gobierno se comprometió a agilizar su tramitación para que entre en vigencia lo antes posible.

Asimismo, las partes acordaron continuar con las discusiones dentro de las Comisiones Técnicas creadas en la paritaria de 2024, especialmente la de Nomenclador. En caso de alcanzar nuevos acuerdos en estas instancias, se solicitará la reapertura de la paritaria para su homologación.

En la firma del acuerdo participaron la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y los paritarios Bruno Frizzo y Conrado Lamboglia. Por el sector docente, estuvieron presentes el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani; el representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela; la representante de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y la representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank.

El CCVIII Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que sesionó este viernes 28 de febrero, resolvió aceptar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, aunque la declaró insuficiente y la condicionó a una serie de requisitos que no fueron contemplados en la negociación paritaria.

Entre las condiciones establecidas, el Congreso de AGMER exigió que todos los puntos de incremento sean retroactivos al mes de febrero de 2025 y que la base de cálculo de los aumentos salariales se actualice en los meses de marzo, agosto y noviembre de este año. Además, se demandó la continuidad de los trabajos en la Comisión de Nomenclador con el objetivo de corregir las distorsiones del escalafón docente en el menor tiempo posible.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el pedido de que la paritaria continúe abierta, permitiendo futuras negociaciones ante eventuales modificaciones en las condiciones económicas. Asimismo, se requirió la inclusión en la pauta salarial de un monto remunerativo y bonificable que beneficie a todos los docentes con menos de 10 años de antigüedad.

La decisión del Congreso de AGMER refleja la preocupación del sector docente por alcanzar un acuerdo que contemple de manera integral las necesidades del gremio, asegurando mejoras salariales que acompañen la evolución de la inflación y las condiciones laborales en la provincia.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó que este miércoles y jueves llevará a cabo asambleas escolares para analizar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, la cual incluye modificaciones respecto a la oferta rechazada en la reunión anterior. La decisión final sobre la aceptación o rechazo de la propuesta se definirá en un nuevo Congreso que se desarrollará el viernes 28 de febrero en la ciudad de Villaguay.

Tras la audiencia paritaria realizada este martes, Agmer emitió un comunicado en el que señaló: "Considerando que hay algunos avances respecto de la propuesta que rechazamos en la reunión anterior, resolvemos llevar la consulta a las asambleas y al Congreso que se desarrollará el viernes 28 de febrero en la ciudad de Villaguay".

Durante la reunión paritaria, los representantes del gobierno provincial presentaron una propuesta que incluye una modificación salarial significativa: una suma fija mensual de $25.000 para aquellos docentes con una antigüedad de 10 o más años. Este monto es remunerativo y bonificable, lo que implica que tendrá un impacto en otros conceptos salariales y también beneficiará a los jubilados del sector.

Además, el gobierno propuso actualizar la base de cálculo salarial en tres momentos específicos: enero, marzo y agosto, luego del receso invernal. Esta propuesta se suma a los tres puntos ya planteados en la última reunión paritaria:

Aumento salarial mensual: Incrementar los salarios mes a mes de acuerdo al índice de inflación del INDEC.

Subsidio al transporte: Cubrir la mitad del costo del boleto para las líneas de colectivos urbanos.

FOPID y Conectividad: Aplicar un 10,7% actualizable según el índice de inflación del INDEC a partir de los haberes de marzo.

Las asambleas escolares que se realizarán este miércoles y jueves serán espacios clave para que los docentes analicen y debatan la propuesta. Posteriormente, el viernes 28 de febrero, Agmer llevará a cabo un Congreso en Villaguay, donde se tomará la decisión final sobre la aceptación o rechazo de la oferta salarial.

El gremio docente ha destacado la importancia de este proceso democrático, en el que las bases tendrán la última palabra. "Es fundamental que todos los compañeros y compañeras participen activamente en las asambleas y en el Congreso, ya que esta decisión afectará directamente nuestras condiciones laborales y económicas", expresó Agmer en su comunicado.

La propuesta del gobierno llega en un contexto de tensiones salariales y reclamos docentes por mejoras en las condiciones laborales. Agmer ha mantenido una postura firme en las negociaciones, buscando garantizar no solo aumentos salariales acordes a la inflación, sino también beneficios adicionales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores de la educación.

El resultado de las asambleas y del Congreso en Villaguay marcará el rumbo de las negociaciones entre el gremio y el gobierno provincial.