Basta con observar el flujo de nuestras redes sociales para notar que la comunicación ha cambiado, y no necesariamente para bien. Lo que debería ser un espacio de encuentro se ha convertido, para muchos, en un escenario donde el nombre propio pesa más que la verdad y donde el respeto por el otro parece un obstáculo para conseguir visualizaciones.

Lo vemos a diario: publicaciones sobre temas de extrema sensibilidad —como los casos de suicidio que tanto nos afectan como sociedad— abordados con la misma ligereza que si se comentara un rumor de pasillo. No es información; es la espectacularización de la tragedia en función de un perfil personal que busca, ante todo, el estrépito, o ganar minutos siendo el primero que anuncia que alguien decidió quitarse la vida.

A esta tendencia se le suma un componente local muy arraigado: la especulación disfrazada de primicia. Es ese mix de verdades a medias y datos sin verificar que, en la jerga cotidiana, conocemos como "puterío". La dinámica es tan simple como peligrosa: se lanza una captura de pantalla, se arroja una frase sugerente que roza lo falso pero que "podría ser verdad", y se deja que la audiencia haga el resto.

En esta lógica, el posteador no informa; sentencia. Se arroga el derecho de ser el primero en decir algo, como si la velocidad le otorgara una inmunidad ética. Al soltar estos textos a mitad de camino entre el dato y el invento, se alienta a los seguidores a intervenir desde la angustia o la indignación, generando hilos de comentarios donde la impunidad es la única regla.

Este comportamiento no es una excepción aislada de nuestra ciudad, sino parte de una tendencia que en Argentina es alarmante. Nuestro país lidera el consumo de redes sociales en la región con un promedio de más de 4 horas diarias por persona, superando por mucho la media global de 2 horas y media. Estamos habitando plataformas diseñadas para generar engagement (clics, reacciones y compartidos), un terreno fértil para las fake news (noticias falsas) y la desinformación.

El algoritmo premia el impulso, y el “comunicador” de redes aprovecha esa inmediatez para inflar su relevancia digital a costa del pudor ajeno. No importa si la información es incompleta o gramaticalmente incomprensible; lo que importa es que sea lo suficientemente ruidosa para que el contador de visualizaciones no se detenga.

Sin embargo, esta estructura requiere de una validación. Aunque las encuestas indican que la mayoría de los usuarios dice buscar información veraz, la verdad incómoda es que, en la práctica, somos propensos a interactuar con lo que nos indigna rápidamente.

7 de cada 10 argentinos usan Facebook como su principal fuente de “información”, aunque el 77% admite que busca datos veraces. Hay una contradicción peligrosa: buscamos la verdad, pero consumimos el morbo.

Cada vez que validamos con un comentario o compartimos una captura de pantalla sin contexto, nos convertimos en cómplices. El seguidor muchas veces no busca ser informado, sino que alguien confirme sus propios prejuicios. Se crea así un pacto implícito donde el que publica obtiene visibilidad y el que lee encuentra una vía de escape para sus frustraciones, degradando la conversación pública y la convivencia local.

La libertad de expresión no es una patente de corso para ignorar protocolos de salud pública o para vulnerar el duelo de las familias con el fin de obtener reacciones virtuales. La falta de formación se traduce aquí en una simplificación peligrosa de problemas complejos que requieren seriedad y, sobre todo, silencio respetuoso.

A diferencia de quien lanza una sentencia al viento digital y se desentiende de las secuelas, el periodismo que sostiene una trayectoria tiene el deber de chequear y reflexionar antes de publicar. No es una cuestión de jerarquías, sino de compromiso civil. Como ciudadanos, debemos decidir si seguiremos entregando nuestras horas de atención a quienes transforman el morbo en una forma de vida, o si empezaremos a exigir el respeto que nuestra comunidad merece.

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Diamante se informó que en la mañana del jueves 1 de mayo, efectivos que realizaban patrullaje preventivo por caminos rurales de la zona de Aldea Grapschental detectaron la presencia de una camioneta pick-up Toyota en la que se desplazaban cuatro hombres mayores de edad junto a varios canes de caza.

Ante la situación, el personal procedió a identificar a los ocupantes del vehículo, constatando que se trataba de vecinos de la ciudad de Diamante. Luego de realizar la verificación de sus registros y antecedentes, se estableció que los mismos se encontraban infringiendo la Ley Provincial N° 4841, que regula la actividad de caza en Entre Ríos.

Frente a la presunta infracción, se dio intervención a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, organismo especializado que inició el proceso administrativo correspondiente ante estos casos. Las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Fiscalización de la Provincia, donde continuará la tramitación del procedimiento.

Desde la fuerza policial se reiteró la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes en materia de fauna y medioambiente, remarcando que la caza ilegal no solo constituye una falta administrativa, sino que puede tener un impacto negativo sobre el ecosistema y la biodiversidad local.

Además, se recordó que los operativos de control y patrullaje en zonas rurales continuarán desarrollándose de forma sostenida, con el objetivo de prevenir delitos y resguardar los recursos naturales, así como garantizar la seguridad en las áreas más alejadas del ejido urbano.

Victoria.- Según la información oficial, el pasado 10 de enero y en el marco de lo establecido en el Decreto N° 007/25, se realizó un procedimiento en una planta cárnica  que figura bajo en nombre de Cooperativa de Trabajo Frigorífico Victoria Ltda.  En base a las irregularidades encontradas, se determinó la clausura preventiva de la misma. El procedimiento fue llevado a cabo por la Dirección de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Victoria, el área Bromatología, y la Dirección General de Delitos Rurales a cargo del Com. Cristhian Graciani, además de personal de la Comisaría de Suburbios, porque se encontraban semovientes en los corrales. En el establecimiento se faenaban bovinos a terceros, a quienes se les cobraba el servicio por los animales que llevaban con ese propósito.

Al respecto la Mgter. Pamela Padularrosa, titular de área Producción, explicó que las actuaciones comenzaron el 16 de mayo del año pasado. La cooperativa que llevar a cabo distintas acciones y reformas para poder continuar con la actividad. Fueron subsanando estas cuestiones a medias. “Comenzamos un trabajo con asesoramiento técnico, monitoreo, donde se fueron constatando las irregularidades que se venían produciendo y las modificaciones que tenían que realizar”, señaló. 

Reconoció que en todos los casos pusieron en valor la importancia de la fuente de trabajo para tratar de ir resolviendo los problemas que se presentaron, pero había que realizar reformas, para lo cual se dieron los plazos y no se materializaron.

En forma paralela se fueron haciendo análisis de la fuente de agua para comprobar la aptitud de la misma, y en todos los casos fueron encontrando problemas porque no cumplían con las exigencias de calidad para su uso. 

En definitiva, una suma de irregularidades que no se pudieron resolver y en diciembre se les presentó a los responsables un informe, tomándose una medida preventiva en el marco de lo estableció en el Decreto antes mencionado.

Además, cuando realizan la inspección se encontraron con medias reses almacenadas en una cámara donde había vísceras y restos de faena en el piso del lugar, factor determinante para dictar esta medida extrema. 

En diálogo con Paralelo 32, Padularrosa explicó que el establecimiento cuenta con habilitación que obviamente no se pierde, pero se encuentran en una situación límite, si las mejoras exigidas para modificar la infraestructura y las irregularidades continúan, se puede llegar a inhabilitar el frigorífico. 

Desde nuestra redacción hemos intentado consultar a los responsables de la cooperativa y si bien fuimos atendidos en principio, aceptando que dejáramos algunas preguntas, después fue imposible comunicarnos. En consecuencia, solo tenemos como datos que son varias las carnicerías que faenan en esa planta, y que el sistema es similar al de los matarifes que pagan por el servicio en el marco de acuerdos de distinto tipo: abonando en efectivo, dejando los cueros y achuras (que vende la cooperativa) u otras figuras transaccionales que utiliza la industria cárnica. Tampoco tenemos información sobre la cantidad de socios de la cooperativa de trabajo. 

Según los datos recabados, los responsables de la firma se comprometieron a realizar todas las acciones necesarias para no perder la habilitación. 

Se constató un total de 55 medias reses y los siguientes animales:

# Corral 1, un animal.

# Corral 2, dos animales.

# Corral 3, ocho animales, sin DUT( Documento Único de Tránsito) tampoco Guía, por lo cual se Labró Acta de Infracción a Resoluciones del Senasa.

# Corral 4, catorce animales.

“Controles en el interior del establecimiento:  Constatación de Zona Sucia y Zona limpia”; sin las delimitaciones correspondiente. 

Constatación en cámara número 1, se procede a la inutilización y posterior desnaturalización de 17 medias reses, almacenadas junto a cueros y vísceras en  cantidad relevante y en condiciones inadecuadas a granel, depositadas en piso de cámara. 

Cámara 2: se realiza la intervención de 38 medias reses. Medida preventiva hasta determinación analítica que determine la aptitud del agua utilizada en el proceso”, según la información oficial.  

A mediados del 2010 el matadero frigorífico de nuestra localidad había cesado en sus actividades. El concesionario se había retirado y un grupo de trabajadores que trabajaba en la planta se propuso continuar con la actividad. Conformaron la Cooperativa de faena. El inmueble era y es propiedad de la municipalidad, en consecuencia consiguieron la concesión y comenzaron a trabajar. En esa oportunidad contaban con 9 socios y contrataban a operarios en función de las tareas  del día. 

En esa oportunidad, autoridades del gobierno nacional brindaron respaldo porque estaba en vigencia una normativa denominada “Empresas recuperadas”, que al igual que en Victoria se puso en vigencia para otras firmas. Una de las más conocidas fue COTAPA.

Yendo aún más atrás en el tiempo, históricamente el matadero de Victoria se encontraba en las inmediaciones de la planta de residuos, una estructura vetusta que disponía de las mínimas condiciones para faena, pero una vez terminada la misma cada carnicero se hacía cargo de sus reses. 

Fue durante la gestión de Mario Brassesco y la gobernación  de Raúl Uranga que se consiguieron los fondos para construir una moderna planta sobre Ruta N° 26 que cumplía con todas las exigencias sanitarias. Fue un impacto en la comunidad porque era un paso a la modernidad indispensable para el futuro del comercio de carne, además durante esos tiempos los frigoríficos de la zona no llegaban a nuestra ciudad con su distribución, esto ocurrió mucho después. 

Victoria.- El caso Berenice Gonzalvez sigue en la etapa investigativa, con dos imputados, la causa acumula fojas en sede judicial pero todavía faltan pruebas para determinar en forma fehaciente la o las causas que provocaron el deceso de la mujer. 

El viernes 28 de enero Berenice había salido a compartir una noche con su amiga Zaira Evelýn Barroso (25) por cuestiones que la justicia investiga, en una deteriorada vivienda (Italia 778). Se encontraron pasada la medianoche en una pieza alumbrada por una lámpara, que era la única de la casa que colgaba del techo, y en ese lugar se centra el enigma de lo ocurrido. Las esperaba en el mencionado domicilio, Esteban “Peterolo” Castañeda (46), un personaje conocido en determinados ambientes, sin un trabajo fijo, que supo montar una venta de choripanes en la Variante Joaquin Vivanco. Asiduo concurrente a clubes y sospechosamente relacionado a determinados ambientes de características muy peculiares, que muchos conocen pero –en el marco de la causa- no hablan, y menos frente a un fiscal.

En una reciente reestructuración anunciada por el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se ha designado al Comisario Mayor Jorge Gajardo como el nuevo Jefe Departamental de Gualeguay. A su vez, la Comisario Inspector Bruna Gabriela asumirá el cargo de Subjefe. Este cambio en la cúpula de la Policía se produce tras el escándalo conocido como el caso de los "poliladrones".

El pasado 20 de julio, el Ministerio de Seguridad y Justicia, junto con la Jefatura de Policía de Entre Ríos, reveló que dos funcionarios de la Comisaría 1ra de Gualeguay, el cabo de policía Marcelo Meoniz y el sargento primero Leonardo Colazo, habían sido imputados por robos en la zona de chacras. Como parte de la investigación ordenada por el Juez de Garantías, se realizaron allanamientos en los domicilios de ambos oficiales. Uno de los imputados fue detenido, mientras que el otro quedó afectado a la causa.

Este cambio en la jefatura departamental se enmarca en un esfuerzo por restaurar la confianza en la institución y asegurar la integridad de sus operaciones, mientras el caso continúa su curso judicial. La reestructuración busca no solo reforzar la imagen de la Policía de Entre Ríos, sino también garantizar que se mantengan los estándares de conducta y profesionalismo dentro de la fuerza.

Al día siguiente de que se conociera el caso de los "poliladrones", el ministro Roncaglia salió a pedir disculpas en nombre de la fuerza. “En primer lugar, corresponde pedir disculpas a la comunidad de Gualeguay, en nombre propio y de toda la Policía de Entre Ríos, por el accionar nefasto de estos dos funcionarios”, expresó en un comunicado. El ministro también analizó la conducta de los efectivos policiales imputados y aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia se hizo presente en el operativo junto al jefe de Policía, Claudio González.

Se trata de más de 20 cajas de un componente que  tiene varios usos, entre ellos se utiliza para demoliciones y para producir explosivos.

Trabajaron en el lugar, personal de la Policía de Entre Ríos y la brigada de Explosivos de Bomberos Zapadores quienes por disposición del ministro  realizaron el traslado del material a los galpones del Ejército.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia participó en los allanamientos, acompañando el accionar de la Policía. Lo hizo junto al jefe Claudio González y personal de Investigaciones.

"Este es el resultado de una investigación que viene realizando la Policía de Entre Ríos. En principio hay dos personas detenidas pero siguen las inspecciones", explicó el ministro y agregó: "Esta es la respuesta de la Policía ante hechos que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. No podemos permitir que se sigan produciendo este tipo de acciones violentas, que generan miedo en la población".

La investigación se inició a raíz de un violento episodio ocurrido el pasado 10 de mayo en calle República de Siria, donde un enfrentamiento armado entre dos bandas dejó como saldo a tres personas heridas por arma de fuego. La investigación está a cargo del fiscal Leandro Dato.

Los allanamientos fueron realizados en los barrios Mosconi, Alloatti, Vicoer, Humito y Bajada Grande, con más de 160 efectivos. Se secuestraron armas de fuego, municiones, cocaína, teléfonos y dos motovehículos.

Ayer lunes 20 de mayo, personal policial de la Jefatura Departamental de Policía de Victoria recibió una denuncia sobre un robo ocurrido en un supermercado ubicado en la intersección de las calles Laprida y Corrientes. De inmediato, la División de Investigaciones se abocó a esclarecer los hechos analizando las imágenes captadas por una veintena de cámaras de seguridad y recabando testimonios de testigos presenciales.

A partir de los registros visuales, se pudo establecer el recorrido de llegada y salida del delincuente durante el tiempo que duró el ilícito. Los investigadores lograron individualizar al sospechoso, cuya identidad fue comunicada al fiscal de turno.

El fiscal, ordenó la requisa de una vivienda situada en el barrio 116 Viviendas y la detención de un hombre mayor de edad. El operativo se llevó a cabo este martes en horas del mediodía. En el domicilio, el personal policial aprehendió al individuo en cuestión y halló evidencia que vinculaba directamente al sospechoso con el robo.

Según informaron fuentes policiales a Paralelo 32, el detenido había utilizado el dinero obtenido del robo para la compra de una motocicleta, prendas de vestir y el pago adelantado de un alquiler. Todos estos elementos fueron secuestrados durante la requisa, junto con otros objetos relacionados con el delito.

El detenido quedó bajo custodia en la Jefatura Departamental de Policía por el supuesto delito de Robo Agravado, según dispuso la magistratura interviniente.

El pasado domingo en Villa Fontana, los propietarios de una vivienda, que guardaba una abultada suma de dinero proveniente de una reciente venta, se percataron del robo luego de descubrir que intrusos habían ingresado a su hogar a través de una ventana. 

Del lugar, los malvivientes se llevaron una cuantiosa suma de dinero que asciende a 23.000 dólares, 9 millones de pesos argentinos y diversos cheques al portador de diferentes montos. Se reveló que gran parte de este dinero procedía de la reciente venta de un tractor, operación que se formalizó apenas un día antes del incidente.

La rápida respuesta de las autoridades locales, a pesar de los recursos limitados del destacamento en Villa Fontana, desencadenó una investigación minuciosa. Con la colaboración del personal de la Comisaría María Luisa y la Dirección Criminalística, se iniciaron las pesquisas que finalmente llevaron al esclarecimiento del caso.

Según información recabada por Paralelo 32 este jueves 28 de marzo, el personal de investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná logró avances significativos en el caso. Se identificó al presunto responsable del robo, y se procedió a obtener una orden de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Vergara.

El allanamiento, llevado a cabo en una residencia ubicada en la calle La Picada de Paraná, arrojó resultados positivos. Se confiscaron siete dispositivos de telefonía celular pertenecientes al individuo, así como numerosos chips de telefonía celular y el sistema DVR de la propiedad. Además, se documentó exhaustivamente la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del sujeto, que incluyen tres propiedades y más de quince vehículos, a pesar de no contar, al igual que su concubina, con estabilidad laboral.

Esta semana, la Comisión de Seguridad, bajo la presidencia de la legisladora concordiense Carola Laner de Juntos por Entre Ríos, dio inicio al debate del Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo. La propuesta tiene como objetivo principal reformar el Reglamento General de la Policía (Ley 5.654) que data de 1975, con la intención de infundir más dinamismo en el quehacer cotidiano de la institución policial.

La tarea parlamentaria de abordar esta reforma contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, así como de integrantes de la Comisión. Carola Laner detalló que entre los aspectos más destacados a modificar se encuentra el artículo Nº 3, el cual establece que la Policía de Entre Ríos dependa formalmente del Ministerio de Seguridad y Justicia en lugar del Ministerio de Gobierno.

Otra de las iniciativas clave contempladas en el proyecto es la creación de las direcciones generales departamentales del Paraná y del Uruguay. Estas nuevas entidades tendrán bajo su jurisdicción las jefaturas de los departamentos a lo largo de las costas de la provincia. La Dirección General Departamentales del Paraná abarcará a las Jefaturas de La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, y Tala. Mientras que la Dirección General Departamentales del Uruguay comprenderá las Jefaturas de Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Laner también explicó que se prevé la creación de dos nuevas divisiones dentro de la fuerza policial: una dedicada a la "Investigación de Actos de Corrupción" y otra a "Análisis y Prospectiva". Ambas divisiones estarán directamente subordinadas a la Jefatura de Policía de la provincia de Entre Ríos.

El proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio a la Cámara de Diputados subraya que esta iniciativa "busca establecer una nueva organización funcional de la Policía", considerando el cambio de autoridades en el ámbito del Ministerio del cual depende la Jefatura de Policía de la provincia.

El análisis de la situación actual ha revelado, según el proyecto, un estancamiento en los esquemas operativos y de agrupamiento de funciones que no se ajusta tanto en lo organizacional como en la terminología, a las formas más actuales de conducción de las fuerzas de seguridad.

Los encuentros donde se debatió la normativa contaron con la participación de legisladores de distintos bloques, incluyendo Juntos por Entre Ríos, Unión por la Patria, La Libertad Avanza y Partido Conservador Popular. Además, como invitados, estuvieron presentes Raúl Avero, director general del Control de la Integridad Profesional del Ministerio de Seguridad y Justicia; Verónica Mulone, directora de Asuntos Jurídicos de la misma cartera, y Leandro Juárez, asesor letrado de la Policía de Entre Ríos.

En una acción conjunta de la Jefatura Departamental, encabezada por el Jefe Departamental y el Jefe de División Operaciones y Seguridad, se llevó a cabo el operativo "Barrios Seguros" este miércoles 10 de enero en los barrios San Roque y Urquiza, así como en puntos de operativos rotativos para la identificación vehicular.

Durante el operativo, que tuvo lugar entre las 18:30 y 20:00 horas, se logró identificar a un total de 14 personas, marcando así un paso significativo en la estrategia de seguridad implementada por las autoridades locales. Además se realizó el traslado de un masculino al Hospital Colonia de Salud Mental. Esta acción se llevó a cabo debido a un pedido de localización relacionado con su estado de salud mental.

Simultáneamente, se realizaron tres retenciones de motovehículos por diversas infracciones a la ley de tránsito. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial en la jurisdicción, garantizando un entorno más seguro para los residentes y visitantes.

Sin embargo, el desarrollo del operativo no estuvo exento de sorpresas. Durante las acciones de patrullaje y control, se tomó conocimiento de un hecho ilícito en un local comercial de ropa. En respuesta inmediata, las autoridades procedieron al traslado de dos personas, una mayor de edad (39) y un menor (15), quienes fueron identificados como partícipes del ilícito.

Un señorito muy educado, o quizás una señorita, nos llamará en cualquier momento desde un celular diciéndonos que habla desde la Central de Asistencia de Tarjeta VISA, para hacernos el bien de dejarnos instrucciones sobre cómo acceder fácilmente a la central en caso de alguna emergencia de cualquier tipo.

Pasada la instancia en que el destinatario de la llamada preguntó qué es la supuesta Central de Asistencia, el sujeto, que se hará llamar (en nuestra experiencia) Santiago Acierno y para que parezca más real le subrayará que es Acierno con c, le dirá que en un momento más le manda un instructivo por Whatsapp para que se informe correctamente. Para hacerlo parecer más real, le dirá que anote el número al cual usted puede llamar ante cualquier emergencia, sin detallar si es para cuando se le descompone el auto en el camino o cuando tiene cólicos intestinales: 0810 3450575.

El destinatario de la llamada, que anotó el número, se lo alcanzará a una persona cercana haciéndole una seña para que llame, mientras le sigue el juego a “Santiago”, que en la próxima llamada puede llamarse Gerundio o lo que elija para acechar a la nueva víctima posible. 

El 810 que le han proporcionado existe, ha tomado la grabación de alguna empresa y una voz femenina con tono administrativo dirá: “Bienvenido, en este momento nuestras oficinas se encuentran cerradas, por favor inténtelo más tarde”. Quien lo intente nuevamente y de inmediato, quizás tenga la suerte de que el sistema le de dos opciones:  “Si conoce el interno de la persona con la que desea comunicarse, presione 1. Para acceder a nuestro directorio automático, presione 2”. Y ahí muere el sistema; marcar 1 o 2 es una salida hacia la nada. 

Mientras tanto “Santiago”, que suena como alguien muy entrenado en la atención de call centers, le pedirá la fecha de vencimiento de su tarjeta VISA, que el señor en turno para ser estafado, le otorgará sin problemas. Luego le dirá, como si fuera tonto y no supiera de qué lado está el número: “Dela vuelta a la tarjeta y léame el número que está atrás”. El juego ya llegó muy lejos y “la presa” le responderá: “Pídaselo a VISA, si usted me habla en nombre de una Central de Asistencia que trabaja para VISA, que además le dio mi contacto, podrá darle mayores datos”.

El joven Santiago se turba y dice cosas que lo delatan aún más. En realidad ya estaba en ‘orsay’ desde el principio; primero, porque VISA comunica todas las novedades a sus clientes por email y jamás le pedirá el número de su tarjeta; segundo, porque ninguna empresa llama desde celulares; claro que en este detalle nadie repara al momento de la llamada. Y bien, ‘la presa’ ya perdió bastantes minutos, se desengancha del anzuelo y… si gusta, puede decirle a Santiago que se vaya a estafar a su abuelita (a usted se le ocurrirá algo más original seguramente). 

Es todo tan real, tan real, que lleva unos cuántos segundos darse cuenta. Se nota que los estafadores están muy entrenados y también han invertido unos pesos en contratar a un 0810, por lo que no debería ser tan difícil para los investigadores identificar a su titular. ¿Cuántas compras harán por día con este phising de tarjetas ajenas, donde se hacen de la fecha de vencimiento, el número de orden y el de seguridad? Una vez obtenidos, en cuestión de minutos pueden hacer compras por Internet hasta agotar el tope. 

Los números desde los cuales se llaman para intentar esta estafa, son 11 6150-3313 / 11 7633-8750 / 11 7633-8855 / 11 7628-4993, 11 7633-8797 / y seguramente desde muchísimos celulares robados más.

Victoria.- En zona del segundo cuartel se llevó a cabo ayer viernes 19 de mayo un allanamiento por narcomenudeo  donde trabajaron personal de la División Toxicología junto a la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental Victoria en el marco de una investigación por infracción a la ley de estupefacientes (Ley N° 23.737).

La investigación dirigida por la unidad fiscal local y medida autorizada por el juzgado de garantías dejo como resultado la detención de una mujer de 42 años y un joven de 23, y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000), celulares y una moto 110 cc, además de elementos de interés vinculados a la investigación.

Nogoyá.- Personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental Nogoyá, con colaboración de las Jefaturas Departamentales Diamante, Rosario del Tala y Victoria realizaron el jueves 18 de mayo por la mañana, tres allanamientos para dar cumplimiento a un mandato del Juzgado de Transición y Garantías a cargo del Dr. Gustavo Acosta.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de calle Mendoza entre 25 de Mayo y San Martin, y calle Federal entre Tristán Frutos y Pte. Perón; mientras que el tercer allanamiento tuvo lugar en la zona rural Laurencena (departamento Nogoyá); lugares donde los efectivos secuestraron más de 400 gramos de ‘cogollos’ de marihuana, que se encontraban distribuidos en frascos de vidrio para su conservación y posterior comercialización; plantas y semillas de la especie cannabis; dinero en efectivo; aparatos telefónicos; una camioneta Ford Ecosport y una motocicleta Honda Biz; como también una serie de documentos y otros elementos de interés, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia.

Asimismo, se logró la detención de dos hombres mayores de edad. Uno oriundo de la provincia de Mendoza y el otro de Nogoyá. Además se identificaron personas que podrían estar vinculadas a la causa.

Crespo.- En horas de la tarde del lunes 20 de febrero, y por disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de la ciudad de Paraná a cargo del Dr. Mayer Mauricio, personal de la Comisaria Crespo realizo el allanamiento de una vivienda ubicada en un camino vecinal, a pocos metros de Aldea Jacobi, donde secuestraron de una Escopeta Calibre 32.

Dicha medida Judicial fue dispuesta en el marco de una denuncia por Violencia Familiar que fuera recepcionada durante el fin de semana. El arma secuestrada fue puesta a disposición de la Magistratura Interviniente.

Segui. El Intendente municipal Cristian Treppo convocó este miércoles 1 de febrero a una conferencia de prensa, luego que trascendiera por los medios provinciales una denuncia judicial presentada por los concejales de Cambiemos ante la justicia, contra él y dos funcionarios de su gestión, relacionadas con un presunto sobreprecio en una obra pública por más de veinte millones de pesos. La rueda de prensa duró unos veinte minutos, durante los cuales también hizo un inventario de obras en nueve años al frente de la comuna.

Dos concejales de Cambiemos denunciaran penalmente al jefe comunal, junto con Nora Beaud, ex secretaria de Gobierno; Darío Alexis Monzón, contador municipal; y Aníbal Daniel Hereñú, titular de la empresa OIC SA (con domicilio en San Benito), por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, fraude contra la administración pública y peculado. Para Treppo la presentación es “un sinsentido legal y técnico”.

La denuncia fue realizada por los concejales de Cambiemos Mariela Espinosa, Javier Leguizamón (no acompañó la concejal Basso, quien además es empleada del Senasa), quienes, ante la sospecha de que durante la segunda gestión de Treppo, entre 2011 y 2015, se habrían pagado “groseros sobreprecios en la obra vial de pavimentación o trama vial de calles de la localidad con recursos del gobierno nacional” (textual del expediente, según Página Judicial), presentaron un pedido de informes. Según aseguran Espinoza y Leguizamón, primero no lograban obtener respuestas y luego recibieron evasivas y referencias inexactas e incompletas que acrecentaron sus dudas, como respuestas a sus pedidos de informes en el Concejo Deliberante, donde hicieron la primera presentación en el mes de abril de 2016.

Tras acudir a los servicios del ingeniero Martín Cergneaux, de vasta experiencia en Vialidad Nacional y luego como perito en la Justicia, éste realizó estimaciones sobre el costo de obra. En su informe señaló que el precio real que se tendría que haber pagado en Seguí oscilaría “entre los 7.450.792,74 pesos y los 11.056.045,82 pesos, tomando en consideración que la obra haya sido realizada con observancia absoluta de las especificaciones técnicas y las cantidades pactadas”. La pericia concluye en que “Estaríamos en un rango de plus o sobreprecio de 9.587.991 pesos. Y una diferencia, tomando el menor precio, de 13.193.244,10 pesos”.

Esta pericia fue anexada a la denuncia presentada en tribunales por los abogados Ruben Pagliotto e Iván Vernengo, tras la cual la justicia ordenó –y se cumplió- un allanamiento a la Municipalidad de Segui para recabar documentación, en el mes de enero último.

Esta obra de asfaltado fue financiada por el Ministerio del Interior de Julio De Vido y tras el cambio de gobierno aún faltaba cancelarlo, de lo cual se hizo cargo el nuevo gobierno pagando el 61% restante. Es la misma por la cual el intendente de Larroque devolvió la última partida negándose a pagársela a la empresa OIC SA.

El tema es mucho más complejo y se trata de establecer de qué manera se hicieron las contrataciones y cuál fue la ruta exacta de los fondos.

Para Treppo, la denuncia “es un sinsentido legal y técnico, no tiene ni pies ni cabeza, la tranquilidad de que las cosas durante estos 9 años se han hecho muy bien, nosotros no hemos pagado ni un peso de sobreprecio, por el contrario hemos pagado menos que el presupuesto oficial, que esto no es hecho en una libreta de almacenero, esto es un proyecto serio que han hecho un montón de municipios en Entre Ríos, en las mismas condiciones que nosotros. En este proyecto la parte de determinación del costo es hecha por ingenieros, no por quien les habla, ni por los secretarios, ni por los contadores municipales, y se mandó a Buenos Aires para su aprobación. Si estaban de acuerdo, si estaba bien, si había que corregir algo, tenían que hacerlo. Se aprobó y el 61% del dinero de esta obra lo mando el gobierno de Mauricio Macri”.

Dijo más adelante que “el municipio de Seguí no puso un centavo y se queda con una obra de casi 1.800 m de asfalto y casi 2.200 m de cordones, cobró 250.000 pesos de tasas que ingresaron al municipio, así que se ha hecho todo muy bien y esa es la tranquilidad que queremos trasmitir a los vecinos, obviamente ahora que se hizo la denuncia la justicia tendrá que evaluar, pero nosotros estamos con la plena tranquilidad de que está todo muy bien hecho”.

Con respecto a sus denunciantes dijo que están en disidencia, que solamente dos han hecho la denuncia. Más adelante admitió “nadie niega que hay que controlar pero se les explicó todo lo que pidieron, si no entendieron algo hubieran podido pedir que se lo explique mejor, porque nadie es perfecto no?”

Aseveró que no está en contra de los controles, para agregar que entregó toda la documentación que le han pedido tanto desde la justicia como del Tribunal de Cuentas.

En Segui circuló la versión sobre un allanamiento o requerimiento a la Municipalidad que se habría producido a mediados de enero, cuando se presentaron funcionarios judiciales en el edificio municipal. En sus declaraciones el intendente admitió que ya hubo requerimientos de la justicia, a la que “le enviamos todos los proyectos que nos pidieron, gracias a Dios está todo presentado”.