El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, defendió la reforma del Código Procesal Laboral que impulsa el Ejecutivo provincial y anticipó que buscarán debatirla en la Legislatura antes del receso de verano.

En diálogo con el programa Amanece que no es poco, de Radio Plaza, el funcionario sostuvo que la iniciativa busca reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad del sistema judicial y evitar que los costos de los procesos afecten la generación de empleo.

Según explicó, el proyecto es resultado de un trabajo previo a su presentación formal y propone cambios en la forma de realizar las pericias médicas, determinar incapacidades y establecer los honorarios de los profesionales que intervienen en los juicios laborales.

Uno de los principales puntos de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados dentro del Poder Judicial. Sus integrantes tendrían una remuneración fija, desvinculada del porcentaje de incapacidad que determinen en cada caso.

Para las situaciones excepcionales en las que deban intervenir profesionales externos, el proyecto establece un límite de ocho JUS para sus honorarios, que el ministro estimó en alrededor de 800.000 pesos.

La iniciativa también propone que las pericias se ajusten al baremo de incapacidades previsto en la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo. Troncoso señaló que la aplicación de criterios uniformes permitiría reducir las diferencias en las evaluaciones y aportar mayor previsibilidad a los procesos.

En ese sentido, afirmó que la unificación de parámetros “genera previsibilidad y genera seguridad jurídica”.

Otro aspecto central de la propuesta es la revisión de los requisitos económicos que deben cumplir los empleadores para apelar determinadas sentencias laborales.

Actualmente, según explicó el ministro, esas condiciones pueden exigir el depósito del monto de la condena más un 30% de intereses o la presentación de bienes para su embargo.

El Gobierno busca modificar ese esquema, con el argumento de que puede representar una dificultad para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la misma disponibilidad de recursos que las compañías de mayor tamaño.

“Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una pyme que por ahí le cueste un poco más, que tiene menos empleados, que vive día a día”, sostuvo Troncoso.

La reforma, de acuerdo con el planteo oficial, apunta a proteger la liquidez de las pymes y facilitar que puedan recurrir una sentencia. El alcance de esos cambios y las garantías para el cobro de los créditos laborales formarán parte de la discusión legislativa.

Troncoso fundamentó la necesidad de avanzar con la reforma en estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Según los datos citados por el funcionario, Entre Ríos registró en 2024 un incremento del 12% en los juicios laborales, frente al 7% a nivel nacional. En 2023, el aumento provincial había alcanzado el 39%, mientras que el promedio del país fue del 26%.

El ministro también señaló que, pese a una disminución de la siniestralidad, la judicialidad llegó a 69,19 casos cada 10.000 trabajadores.

A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo sostiene que es necesario revisar el funcionamiento del sistema para reducir los litigios y resguardar las fuentes de trabajo.

“Estamos cuidando de alguna manera al que produce y genera trabajo”, expresó Troncoso, quien vinculó la reforma con el objetivo de sostener la generación de empleo genuino en la provincia.

El ministro afirmó que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento parlamentario durante el actual período legislativo, aunque reconoció que los tiempos dependerán de la Legislatura.

“Tenemos la decisión política de hacerlo ahora”, aseguró.

Troncoso manifestó que el Gobierno está dispuesto a discutir la iniciativa y escuchar a los distintos sectores. También planteó que el debate podría incorporar otros aspectos y derivar en una reforma más amplia.

“No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a partir de disensos para generar consensos”, sostuvo.

El proyecto deberá atravesar ahora el análisis legislativo, donde se podrán discutir sus alcances y las modificaciones propuestas al procedimiento laboral en Entre Ríos. La iniciativa plantea cambios en las pericias, los honorarios y las condiciones para apelar sentencias, en un debate que involucra tanto la previsibilidad para los empleadores como las garantías de los trabajadores.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos y consideró que la iniciativa puede contribuir a modificar el nivel de litigiosidad vinculado con accidentes y enfermedades laborales.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura, propone cambios en el sistema de peritajes, entre ellos la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del baremo oficial para determinar incapacidades y un nuevo esquema para regular los honorarios de los peritos.

La propuesta también contempla eliminar el requisito que actualmente obliga al empleador condenado a depositar el monto de la condena o constituir un embargo como condición para acceder a una apelación. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que ese requisito económico limite el acceso a una segunda instancia.

En su análisis, la UART señaló que Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo durante 2025, un 25% más que el año anterior.

La entidad también indicó que el índice de judicialidad pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. Según sus datos, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de juicios aumentó un 38%, el mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.

La organización comparó además esos valores con otros sistemas de riesgos laborales. Según la UART, España registra alrededor de 8,5 demandas cada 10.000 trabajadores y Chile aproximadamente 5,8.

Estos datos forman parte de la argumentación de la entidad aseguradora para plantear la necesidad de reducir la litigiosidad en el sistema entrerriano. Se trata, en este caso, de estadísticas y una interpretación aportadas por la propia UART.

Uno de los cambios centrales consiste en crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, con sede en Paraná y competencia en toda la provincia, destinado a intervenir en procesos vinculados con riesgos del trabajo y accidentes laborales.

El proyecto prevé tres cargos de peritos médicos, seleccionados mediante concurso público, con dedicación exclusiva y dependencia del Poder Judicial.

La iniciativa también establece que las pericias deberán utilizar obligatoriamente el Baremo Nacional de Incapacidades Laborales, con el objetivo de unificar los criterios técnicos utilizados para determinar incapacidades.

Otro de los cambios alcanza a los honorarios de los peritos. La propuesta busca que no estén vinculados al monto económico del juicio ni al porcentaje de incapacidad establecido, sino que sean determinados por el juez en función de la naturaleza, complejidad, extensión y utilidad del trabajo realizado.

Desde la UART consideraron que estas modificaciones representan un primer paso y señalaron que su impacto dependerá de la implementación efectiva de las nuevas herramientas.

La entidad planteó como aspectos centrales la conformación y funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del baremo y el reconocimiento del trabajo técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada.

Para la UART, una reducción de la litigiosidad permitiría limitar costos e incertidumbres asociados al sistema de Riesgos del Trabajo. La entidad sostiene además que un nivel elevado de judicialización puede afectar a las empresas y, según su planteo, tener consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo.

El proyecto continúa ahora su tratamiento en la Legislatura de Entre Ríos, donde deberá ser analizado y debatido antes de una eventual sanción.

Según un relevamiento de la empresa Adecco, siete de cada diez compañías esperan que los cambios tengan un impacto favorable en las condiciones de contratación. Sin embargo, el verdadero desafío radica en cómo cada empresa adapta sus procesos internos a este nuevo escenario.

“Este nuevo marco representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su gestión interna. Comprender la norma es el primer paso, pero el verdadero diferencial está en cómo se implementa”, explicó Patricio Dewey, director comercial y de marketing de Adecco Argentina.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación de las modalidades contractuales y la mayor discrecionalidad en la organización del trabajo. Esto permite a las empresas ajustar sus dotaciones con mayor precisión frente a cambios en la demanda o ciclos productivos.

No obstante, esta flexibilidad también implica nuevos desafíos. Las compañías deberán definir con mayor criterio técnico qué puestos requieren estabilidad estructural y cuáles pueden adaptarse a esquemas más dinámicos.

En este contexto, la tercerización a través de partners especializados aparece como una alternativa para acceder a esquemas flexibles sin asumir toda la carga operativa ni los riesgos asociados a errores contractuales.

Otro aspecto clave de la reforma es la modificación de los esquemas indemnizatorios, que ahora presentan criterios más claros en cuanto a base de cálculo, topes y pisos. Esto otorga mayor previsibilidad a las empresas al momento de proyectar costos laborales.

Sin embargo, esta ventaja exige una actualización inmediata de los modelos de costeo, la revisión de contratos vigentes y la adaptación de procesos internos.

“En este nuevo contexto, acompañar a las organizaciones en la planificación de dotaciones y el costeo laboral actualizado es clave para transformar el marco normativo en decisiones concretas”, señaló Dewey.

La reforma también redefine la responsabilidad en los procesos de tercerización, acotando la exposición legal de las empresas usuarias. Esto configura un escenario más previsible, aunque con mayores exigencias en materia de control documental.

La correcta elección de proveedores se vuelve así un factor determinante. Una gestión documental deficiente o la contratación de partners sin respaldo puede reactivar riesgos legales que la norma busca reducir.

Frente a este panorama, trabajar con empresas especializadas y con trayectoria aparece como una estrategia para garantizar cumplimiento y reducir contingencias.

A pesar de los cambios introducidos por la reforma, el mercado laboral argentino continúa enfrentando un problema estructural: la falta de talento calificado en sectores clave.

Áreas como Minería, Energía, Tecnología y Logística mantienen brechas significativas de perfiles técnicos, lo que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de formación y desarrollo.

Además, el rol de los mandos medios cobra especial relevancia en la implementación del nuevo marco normativo y en la gestión del clima organizacional.

En este escenario, la combinación entre flexibilidad contractual y políticas activas de desarrollo de talento será determinante para sostener la competitividad.

“La reforma no solo flexibiliza: también ordena y protege, si se gestiona correctamente. Trabajar con partners especializados permite operar con mayor control y enfocarse en el negocio con mayor tranquilidad”, concluyó Dewey.

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce una reforma estructural del sistema laboral argentino, con modificaciones que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el régimen de convenios colectivos, el derecho de huelga y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para indemnizaciones.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según el Gobierno, la reforma busca modernizar el mercado laboral, incentivar la formalización del empleo y promover inversiones productivas, mientras que distintos sectores sindicales y políticos advierten que la normativa implica una reducción de derechos laborales históricos.

La nueva legislación modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a los trabajadores independientes, prestadores de servicios de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.

Además redefine el concepto legal de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

Uno de los cambios más relevantes es que se limita la presunción de relación de dependencia cuando el trabajador emite facturas o recibe pagos mediante transferencias bancarias, lo que podría impactar en disputas judiciales vinculadas a vínculos laborales encubiertos.

La ley modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La norma define como remuneración “habitual” a los conceptos percibidos al menos seis meses durante el último año calendario.

También determina que la indemnización laboral será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo cuando exista un ilícito penal.

Además, el nuevo esquema permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas: hasta 12 en empresas grandes y hasta 18 en micro, pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para afrontar obligaciones indemnizatorias.

Las contribuciones obligatorias serán:

Los aportes se calcularán sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno señaló que las empresas que integren estos fondos recibirán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

La ley incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, estableciendo que serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.

Las empresas deberán brindar:

Los prestadores tendrán libertad de horario, conexión y rechazo de pedidos, según establece la normativa.

La reforma introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque la ley establece que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en temporada estival al menos una vez cada tres años. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.

También se incorpora un sistema de banco de horas, que permite compensar tiempo trabajado en exceso con reducción de jornada en otro momento. En ese marco, la jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

La norma modifica el régimen de conflictos colectivos y establece nuevos niveles obligatorios de prestación durante huelgas:

Entre los servicios esenciales se incluyen:

En tanto, como servicios trascendentales se incorporan sectores como:

La ley también introduce modificaciones a la Ley de Convenios Colectivos N° 14.250.

Los convenios colectivos vencidos solo mantendrán vigentes sus cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo, mientras que las cláusulas obligacionales solo continuarán si las partes acuerdan su prórroga.

Asimismo, se fijan límites a los aportes establecidos en los convenios colectivos:

La normativa también establece que los delegados sindicales dispondrán de hasta 10 días al mes para tareas gremiales dentro de la jornada laboral, y que las asambleas requerirán autorización del empleador.

La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año desde el segundo mes posterior a la promulgación.

Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una contribución patronal reducida del 2% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.

También se establece el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.

En materia tributaria, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

El esquema incluye:

La normativa dispone que, a partir del 1° de enero de 2027, quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, entre ellos:

Estos sectores pasarán a regirse por el régimen general.

Además, la ley aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Las causas ya iniciadas continuarán tramitándose bajo la normativa vigente hasta completarse el proceso de traspaso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei representa uno de los cambios más profundos en la legislación laboral argentina en décadas, con impacto directo en la organización del trabajo, las indemnizaciones, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional,    señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y de la Secretaría de Trabajo mantuvieron un encuentro en el que analizaron los avances en el proceso de digitalización de documentación laboral y las dilaciones en la obtención de firma digital.

En ese marco, desde el Consejo transmitieron la preocupación de sus matriculados en relación a distintas dificultades que se han encontrado para la gestión y obtención de firma digital, requisito indispensable para operar dentro del Sistema de Presentación y Rúbrica de Documentación Laboral (SIDREL).

Atendiendo este planteo, y reafirmando el compromiso del gobierno provincial de acompañar el proceso de adaptación, se decidió habilitar de manera excepcional hasta el 27 de febrero próximo la presentación en formato papel de la documentación adeudada de 2025. De esta manera, se brinda la posibilidad a todos los empleadores de regularizar su situación.

En la misma línea, quienes se encuentran tramitando su firma digital podrán presentar en formato papel la documentación correspondiente a los primeros meses de 2026, con el objetivo de que puedan cumplir con sus obligaciones antes del primer vencimiento, establecido para el 27 de febrero para Planilla de Personal y Libro de Sueldo de enero 2026.

Por su parte, el Consejo solicitado extender los vencimientos para las presentaciones digitales hasta el 30 de abril, debido a las dificultades para la obtención de la firma digital. Desde la cartera provincial se asumió el compromiso de analizar el pedido.

Vale señalar que desde 2026, los empleadores con cuatro o más trabajadores registrados deben realizar sus presentaciones dentro del sistema digital, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. En tanto, los de uno a tres tienen la posibilidad de optar por continuar con las presentaciones en papel o adherirse al formato digital.

Luego de la reunión, la Secretaría de Trabajo comenzó a comunicar esta medida a través de los datos de contacto declarados en el Registro Digital de Empleadores a fin de garantizar una difusión directa y efectiva a esta decisión.

“Que los empresarios se concentren en generar trabajo privado digno en lugar de señalar a quienes garantizamos derechos”, reclamó la dirigente gremial, al tiempo que advirtió que este tipo de planteos forman parte de un proceso más amplio. “La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, afirmó.

Domínguez cuestionó que el documento empresario haga énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal. En ese marco, se preguntó: “¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”. Y agregó: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.

La secretaria adjunta de UPCN también rechazó la afirmación que sostiene que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”. “Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, sostuvo.

En ese sentido, Domínguez advirtió que “estos discursos no son casuales” y los vinculó con un avance hacia la flexibilización laboral. “Son el prólogo de la reforma laboral: precarización, pérdida de derechos y debilitamiento de las condiciones de trabajo”, señaló.

Por último, la dirigente gremial revalorizó el rol de los trabajadores estatales en la provincia. “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y la presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”, afirmó, y concluyó: “No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”.

Desde hoy, Vialidad Nacional asumió el control de las rutas 12, 14 y 174 tras la rescisión del contrato con la empresa Caminos del Río Uruguay. La decisión del Gobierno Nacional implica la toma de posesión de todos los bienes del Corredor Vial 18, el levantamiento de las barreras de peaje y la implementación de un plan de emergencia para garantizar la libre circulación y mejorar la seguridad vial.

Vialidad Nacional aseguró que se mantendrá la asistencia a los usuarios con servicio gratuito de grúa, emergencias y atención 24/7 a través del Centro de Atención al Usuario, con líneas 0800 habilitadas y un botón de emergencia en su sitio web oficial. Además, anunció un plan de acción inmediata que incluye:

Corte de pastos y desmalezado en más de 3.000 hectáreas.

Bacheo con 4.624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

Incorporación de señalética y elementos de seguridad vial en tramos críticos.

“El corredor es una vía estratégica para el comercio internacional. Vamos a sostener la conectividad y la seguridad con recursos del Estado hasta que se concrete la nueva licitación”, indicaron desde el Ministerio de Obras Públicas.

La finalización de la concesión dejó sin empleo a más de 500 trabajadores en diferentes provincias, de los cuales más de 200 son de Entre Ríos. Ante este escenario, el Gobierno de Rogelio Frigerio recibió al Sindicato único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) y se comprometió a gestionar una instancia de diálogo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Facundo Moyano, secretario adjunto del gremio, cuestionó duramente la medida y la falta de previsión en la transición. “No están definidos los pliegos ni cómo se operará el sistema vial. Toman como rehenes a los trabajadores de corredores viales”, sostuvo. Por su parte, Vialidad Nacional respondió que la situación laboral de los empleados es responsabilidad exclusiva de la empresa concesionaria saliente y que la prioridad del Estado es garantizar la continuidad operativa del servicio.

El traspaso de la gestión tuvo su imagen simbólica en la estación de peaje de Zárate–Brazo Largo, donde Vialidad Nacional izó su bandera mientras los gendarmes supervisaban el operativo. Entre despedidas emotivas, el jefe de estación, Ricardo Cuñat, cerró más de dos décadas de servicio con palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo.

En paralelo, el Gobierno entrerriano sigue trabajando en alternativas para los empleados afectados. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se comprometió a continuar con las gestiones ante la Nación para encontrar soluciones laborales.

La Cámara de Casación Penal de Paraná dispuso este lunes la inmediata detención del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, ambos condenados por el desvío de fondos públicos para la promoción de la figura del ex mandatario como candidato presidencial en 2015. Los acusados serán trasladados a la Unidad Penal Número 1 de Paraná.

La resolución fue adoptada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, quienes hicieron lugar al recurso de apelación presentado por los fiscales contra una decisión previa que había rechazado la prisión preventiva de Urribarri y Aguilera. La Cámara consideró que existía un "riesgo serio de fuga", lo que fundamentó su decisión de ordenar la detención inmediata.

Los fiscales argumentaron que la prisión preventiva era necesaria debido a la gravedad de los delitos y el elevado monto de la pena impuesta, lo que podía incentivar una posible fuga. Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena incluyó hechos de corrupción vinculados al manejo irregular de contratos públicos, como los 28,4 millones de pesos destinados a la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en 2014. También se cuestionaron contrataciones publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, todos bajo un esquema de retornos detectado por la acusación.

Aunque los abogados defensores anunciaron que apelarán la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, la prisión preventiva se dictó con efecto devolutivo, lo que significa que Urribarri y Aguilera deberán permanecer detenidos mientras se tramita el recurso.

La condena de Urribarri en 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, destacó la gravedad de los delitos cometidos durante su mandato. En su sentencia, subrayaron el daño causado al erario público y la pérdida de confianza en las instituciones.

El fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado gran repercusión política y judicial

Un reciente informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el 36,4% de los trabajadores en relación de dependencia en Argentina no están registrados en la seguridad social, lo que representa una significativa tasa de informalidad laboral. El estudio, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, destaca que esta situación afecta principalmente a los jóvenes y las mujeres.

En la comparación interanual, la tasa de informalidad registró una leve disminución del 0,4%, tras haber caído por debajo del 36% durante algunos trimestres de 2023 y principios de 2024. Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo un desafío estructural, ubicándose en niveles similares a los de 2008 y 2010. La pandemia de 2020 revirtió la tendencia, que hasta entonces mostraba tasas entre el 32% y 35,7%.

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El informe señala que la informalidad laboral tiene una mayor incidencia entre las mujeres que entre los hombres. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad femenina fue del 37,2%, tres puntos porcentuales más alta que la masculina (34,2%). A pesar de esta diferencia, la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%) significa que los varones representan el 52% de la informalidad general.

El informe subraya que la informalidad afecta con mayor intensidad a los jóvenes. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad para este grupo etario alcanzó el 58%, 23 puntos porcentuales por encima del promedio general. Esto significa que casi seis de cada diez jóvenes asalariados no están cubiertos por la normativa laboral ni por la seguridad social, lo que refleja las dificultades que enfrenta este sector en el mercado de trabajo argentino.

El estudio pone en evidencia las profundas desigualdades en el mercado laboral y la necesidad de políticas públicas que busquen mejorar las condiciones de trabajo y reducir la precarización, especialmente entre los sectores más vulnerables como las mujeres y los jóvenes.

Esta reforma, que pretende flexibilizar el mercado de trabajo, ha generado una amplia gama de reacciones, desde el apoyo entusiasta de sectores empresariales hasta la preocupación y resistencia de los sindicatos y organizaciones de derechos laborales.

El argumento central del gobierno es que la rigidez del actual sistema laboral es un obstáculo insalvable para la creación de empleo, especialmente en un contexto donde la economía informal representa más del 30% de la actividad laboral. Desde esta perspectiva, la reforma busca reducir las cargas sobre los empleadores, especialmente para las PyMEs, que frecuentemente se ven ahogadas por los costos derivados de las indemnizaciones por despido y otras obligaciones laborales.

La propuesta de un Fondo de Cese Laboral, por ejemplo, busca aliviar la presión sobre las empresas al permitir que estas contribuyan anticipadamente a un fondo destinado a cubrir las indemnizaciones. Sin embargo, este mecanismo plantea serios interrogantes sobre la seguridad y estabilidad laboral, dado que traslada gran parte del riesgo del empleo a los trabajadores.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la modificación del período de prueba, que podría extenderse hasta un año en algunas empresas. Durante este tiempo, los trabajadores podrían ser despedidos sin derecho a indemnización ni preaviso, lo que aumenta la precariedad laboral y debilita la posición negociadora de los empleados.

Además, la limitación de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como bonos y viáticos, representa un claro retroceso en los derechos laborales que han sido conquistados a lo largo de décadas de lucha sindical.

Otro punto de preocupación es la redefinición de las causas de despido. La participación en huelgas que afecten la operatividad de las empresas podría ser motivo de despido justificado, lo que restringe gravemente el derecho a la protesta y la organización sindical, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

La reforma laboral de Milei no es un fenómeno aislado. En muchos países de América Latina, la flexibilización laboral ha sido presentada como la solución mágica para reducir el desempleo y atraer inversiones. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que tales reformas, en ausencia de un sólido marco de protección social, tienden a aumentar la precarización y la desigualdad. En países como Brasil y México, reformas similares han generado empleos de baja calidad, con escasa estabilidad y menor poder adquisitivo para los trabajadores.

En Entre Ríos, donde la economía se sustenta en gran medida en la agricultura, el comercio y las pequeñas industrias, esta reforma podría tener efectos mixtos. Si bien podría facilitar la contratación en sectores que requieren flexibilidad, también podría generar un ambiente laboral más incierto y desalentador para los trabajadores, especialmente para aquellos que ya se encuentran en situaciones vulnerables.

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei representa una apuesta arriesgada en un país donde las tensiones sociales y económicas están a flor de piel. Si bien el objetivo de mejorar la competitividad y reducir la informalidad laboral es legítimo, los medios propuestos para lograrlo podrían traer más desventajas que beneficios para la mayoría de los trabajadores argentinos. 

Desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales "José Gervasio Artigas", instamos a una reflexión profunda sobre las implicaciones de esta reforma, a fin de garantizar que el progreso económico no se logre a costa de los derechos laborales que tanto han costado conseguir.

Es crucial que cualquier reforma laboral se lleve a cabo con un enfoque equilibrado que considere tanto las necesidades de los empleadores como los derechos y la dignidad de los trabajadores. Solo así se podrá construir un futuro laboral justo y sostenible para todos los argentinos.

La pandemia ha transformado de manera radical el entorno laboral, y para la Generación Z, el ingreso a la fuerza laboral ha sido particularmente desafiante. Interrupciones en la educación y un congelamiento en las contrataciones durante 2020 han marcado su debut en el mundo del trabajo. A medida que las empresas retoman la contratación, es crucial entender sus expectativas y necesidades. Adecco Argentina propone cinco estrategias clave para facilitar su integración y bienestar laboral.

La Generación Z, compuesta por nativos digitales nacidos entre finales de los años 90 y principios de los 2000, ha crecido en un entorno de constante conectividad y diversidad. Son la generación más diversa hasta la fecha y valoran profundamente los esfuerzos de inclusión en el lugar de trabajo. Las organizaciones deben centrar sus esfuerzos en fomentar un ambiente inclusivo y diverso, ya que esto no solo atrae a jóvenes talentos, sino que también enriquece la fuerza laboral.

Para la Generación Z, la autenticidad es fundamental. Los jóvenes empleados desean trabajar en empresas que sean coherentes entre lo que prometen y lo que realmente ofrecen. Las promesas hechas durante las entrevistas deben cumplirse en la práctica. Una comunicación clara y un apoyo consistente son esenciales para que los nuevos empleados se sientan valorados y comprendan sus roles dentro de la organización.

La integración virtual puede ser un desafío si no se aborda correctamente. Adecco Argentina sugiere implementar procesos de incorporación atractivos y dinámicos que mantengan la atención de los nuevos empleados. Utilizar dispositivos móviles y mezclar tareas interactivas puede hacer que la experiencia de incorporación sea más amigable y efectiva para la Generación Z.

Esta generación valora las oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuo. Han crecido en un mundo donde el cambio es constante y buscan empresas que les ofrezcan herramientas y recursos para desarrollar sus habilidades. Proveer oportunidades de capacitación y crecimiento profesional no solo satisface esta necesidad, sino que también beneficia a la empresa al cultivar un equipo de trabajo más capacitado y adaptable.

La paciencia es una virtud clave al liderar a la Generación Z. Los nuevos empleados necesitan tiempo y apoyo para adaptarse y prosperar en sus roles. Establecer expectativas realistas y proporcionar un refuerzo constante durante los primeros meses es crucial. A diferencia de generaciones anteriores, estos jóvenes talentos pueden no tener acceso inmediato a la guía de colegas experimentados, por lo que el papel del líder es fundamental para su desarrollo.

Un informe del Foro Económico Mundial estimó que para 2025, la automatización podría desplazar unos 85 millones de empleos en todo el mundo. Aunque también se prevé la creación de 97 millones de nuevos roles adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos, la transición no será sencilla. Las personas afectadas por la pérdida de sus trabajos actuales tendrán que adquirir nuevas habilidades y adaptarse a diferentes roles, lo que podría generar una brecha significativa en el mercado laboral. 

En un reciente relevamiento difundido por Argentinos por la Educación, se revelaron datos preocupantes sobre la educación y el trabajo de los jóvenes argentinos de entre 19 y 25 años. El informe titulado "Educación y trabajo: expectativa y realidad de jóvenes en Argentina", elaborado por Flavia Ferrari Inchauspe y Eugenia Orlicki del Observatorio de Argentinos por la Educación, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan estos jóvenes al intentar cumplir sus planes educativos y laborales tras finalizar la escuela secundaria.

Durante el último año de secundaria, el 85% de los estudiantes manifiesta su intención de continuar con sus estudios, y el 65% expresa su deseo de trabajar una vez terminada la escuela. Sin embargo, las estadísticas muestran que solo el 38% de los jóvenes de 19 a 25 años logra estudiar y el mismo porcentaje (38%) consigue trabajar. Alarmantemente, el 26% no ha terminado la escuela secundaria.

Las oportunidades educativas y laborales no son iguales para todos. Entre los estudiantes de sectores más pobres, el 72% aspira a seguir estudiando, pero solo el 21% lo logra. En contraste, entre los jóvenes de sectores más ricos, el 95% desea continuar sus estudios y el 51% lo hace.

Para entender mejor las expectativas, el informe utiliza datos de los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2022, mientras que las trayectorias educativas y laborales se analizan a partir de la Encuesta Permanente de Hogares de 2023.

De los jóvenes que se encuentran en el último año de secundaria:

Esto refleja que un 85% tiene intenciones de seguir estudiando y un 65% de trabajar.

Entre los jóvenes de 19 a 25 años:

En 2023, el sistema universitario argentino contaba con 2.730.754 estudiantes en 11.769 carreras de pregrado, grado y posgrado en 132 universidades. La última Síntesis de Información Universitaria muestra un incremento del 67,6% en la cantidad de estudiantes ingresantes a universidades nacionales entre 2012 y 2021, y un crecimiento del 39,7% en la matrícula de pregrado y grado. Además, la educación a distancia ha tenido un aumento significativo del 82,7% en la cantidad de estudiantes que optan por esta modalidad.

La probabilidad de acceder a empleos de calidad es mayor entre quienes terminaron la secundaria. El 13% de los jóvenes de 19 a 25 años con secundario completo tienen empleos de calidad (más de 30 horas semanales y con descuento jubilatorio), en comparación con solo el 2% de aquellos con secundario incompleto. Entre los jóvenes del decil más alto, el 42% accede a empleos de calidad, mientras que esta cifra desciende al 2% en el decil más bajo.

Este estudio se presenta previo al lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización en San Juan y al Pacto de Mayo firmado por la Nación y 18 provincias. La directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou, celebró la inclusión de la educación en el Pacto de Mayo, subrayando la necesidad de construir acuerdos para mejorar la educación en el país.

En un reciente encuentro del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, se abordaron diversos temas administrativos y de la agenda política actual. Durante la reunión, celebrada en la casa partidaria de calle 9 de julio 251 en Paraná, se emitió un mensaje de apoyo a los medios públicos y sus trabajadores.

El comunicado del Partido Justicialista expresó un firme repudio a las intenciones del Gobierno nacional de cerrar o vender los medios públicos tanto a nivel nacional como provincial. "Manifestamos nuestro repudio frente a la intención del Gobierno nacional de cerrar o vender los medios públicos de nuestro país y nuestra provincia. Los medios públicos de comunicación son una garantía de federalismo y un pilar fundamental de nuestra democracia, del derecho a la información y a la libertad de expresión", subrayaron en su declaración.

Además, condenaron el reciente "apagón de las redes sociales y los sitios web" y exigieron su "inmediata reactivación". En este contexto, el partido hizo llegar su solidaridad y apoyo a la lucha de los trabajadores de la comunicación pública, tanto a nivel provincial como nacional, destacando la importancia de estos medios para la democracia y la libertad de expresión.

En cuanto a la reforma electoral, los dirigentes del Partido Justicialista dejaron claro que no permitirán que se les impongan plazos ni agendas externas al peronismo. "Sostenemos que nadie nos va a imponer los tiempos ni la agenda del peronismo. La gente está angustiada y preocupada por la situación económica y social en la que nos ha sumido el gobierno de Javier Milei, una población cada vez más endeudada y viendo cómo cotidianamente se destruyen fuentes de trabajo y se pierden derechos", afirmaron. Asimismo, destacaron su compromiso con la democracia y la responsabilidad institucional, indicando que establecerán un proceso de consultas con todos los sectores del Peronismo entrerriano, la militancia y los representantes legislativos provinciales.

Finalmente, en relación con el tratamiento de la Ley Bases, el Partido Justicialista insistió en su llamado a los legisladores nacionales por Entre Ríos para que rechacen esta iniciativa. "Rechazamos esta iniciativa que solo traerá más desocupación, pobreza, quita de derechos de las mayorías populares y la entrega de nuestra soberanía. Las dificultades para llegar siquiera a un dictamen muestran la falta de consenso y el rechazo que tiene este proyecto", concluyeron.

El joven de origen colombiano Juan Arango, quien trabaja en una oficina del gobierno en el área de Washington, dice que entre amigos y colegas de su generación son comunes las conversaciones sobre la acumulación de estrés y las exigencias del trabajo.

También son frecuentes las pláticas sobre los costos de vida y los bajos salario, comenta Arango, de 24 años.

Varios estudios corroboran lo que dice Arango de que las generaciones más jóvenes tienen niveles de ansiedad y estrés laboral más altos que generaciones anteriores. Expertos consutados por la VOA aseguran que la hiperconectividad podría ser un factor que abona el problema, junto a la presión social de las redes y las expectativas de que todo se logra de forma casi instantánea.

Una encuesta de la consultora global Deloitte, que provee estudios para diferentes industrias, sobre los niveles de estrés laboral en las generaciones Y y Z, o mejor conocidos como millennials y centennials, respectivamente, encontró que “las continuas preocupaciones sobre las finanzas, el cambio climático y la salud mental, y el estrés laboral” afectan en mayor proporción a estos dos grupos que a las generaciones anteriores. En estos grupos generacionales, los niveles de estrés y ansiedad “siguen siendo altos y el agotamiento va en aumento”.

Casi la mitad de los encuestados de la Generación Z y cuatro de cada 10 millennials “dicen que se sienten estresados y ansiosos en el trabajo todo o la mayor parte del tiempo”, indicó el estudio.

Un estudio de Gallup en 2018 arrojó que estas generaciones son las que presentan más síntomas de agotamiento laboral por diversas causas, desde trato desigual hasta la presión con el tiempo. Más recientemente, un estudio de Future Forum arrojó que este desgaste está en aumento, y que los jóvenes menores de 30 y las mujeres son más propensos a sentir sus efectos, reportó CNBC.

La psicóloga, Enid C. Vega explicó a la Voz de América en Washington que la hiperconectividad con nuevas tecnologías de la información a la que están más expuestos estos grupos podría ser otro factor que abona el problema.

Según esta experta, la cultura laboral de valerse de las herramientas tecnológicas para mantener la dinámica laboral impide a muchos anular el tiempo de descanso y permanecen conectados en asuntos del trabajo a cualquier hora, incluso “cuando es tiempo de descanso”.

Vega considera que la clave es "poner límites" en el horario laboral para evitar la sobrecarga de estrés, porque a medida que la persona no pone límites a la conectividad se sentirá “obligada o con la tendencia” a querer aportar ideas en horas fuera de su jornada o responder correos electrónicos sobre asuntos laborales por la noche o fines de semana.

La idea de ser más activo y colaborar en tu trabajo "es una línea muy fina", dijo Vega.

"Inconcientemente nos estamos conectando más con el trabajo y nos vamos desconectando más con el tiempo descanso", explicó.

La presión social para estar conectados también es otro factor que para el joven Juan Arango no ayuda y que quizá contribuye al problema. En las redes sociales “todo parece fácil”, y eso se contrapone al esfuerzo real que demanda trabajar, dijo.

El estudio de Deloitte encontró que las generaciones X y Z tienen sentimientos encontrados en cuanto al impacto de las redes sociales en la salud mental y el estrés laboral.

Casi la mitad de los millennials dice que las redes tienen un efecto positivo, y más de cuatro de cada 10 de la Generación Z dicen que las redes "hacen que se sienten solos o inadecuados y a sentirse presionados a tener presencia en línea", apunta la investigación.

El fenómeno de acelerado desgaste emocional por efecto del trabajo de estos grupos ha llevado a calificarlos de “Generación quemada” (que viene del término burnout en inglés, que significa agotado o desgastado).

El llamado síndrome de burnout se extiende cada vez con mayor fuerza en países desarrollados, según compilan informes sobre salud mental y laboral con estudios como el realizado por el Global Workforce of the Future.

Según este estudio, sólo un 20 % de los baby boomers afirma sentirse “quemados” pero sube en la Generación X —de los que nacieron entre 1965 y 1981— a un 32 %, y los millennials y centennials superan el 40 %.

La sicóloga Enid C. Vega dice a VOA que estas generaciones están más expuestas a creer en las soluciones instantáneas, lo que aumenta el estrés y la ansiedad.

“Es la parte de ese sistema de placer instantáneo, respuesta instantánea de que todo es rápido. Se crea una falsa expectativa de que todo se resuelve rápido y que todo se alcanza rápido”, explicó.

La sicóloga advierte que el continuo estrés laboral está conllevando a otros problemas de salud pública como la presión alta en gente joven, así como problemas alimenticios y de sueño, entre otros, que en corto plazo comienzan a pasar factura.

La experta ve positivo que en buena parte de los entornos laborales se trabaja en apoyo de grupos para reducir el estrés y existe interés en encontrar soluciones al creciente problema, pero que el camino es largo y apenas comienza.