Asunción, 30 de julio de 2025.- Esta mañana, el juez de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, resolvió enviar a juicio oral y público al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. La decisión fue adoptada tras concretarse la audiencia preliminar, celebrada entre las 9:00 y las 11:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.

Kueider y Guinsel arribaron al juzgado bajo custodia de la Policía Nacional paraguaya, dado que actualmente cumplen arresto domiciliario. La medida forma parte tanto del proceso por contrabando como del pedido de extradición impulsado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desde la República Argentina.

Durante la audiencia, la defensa de la pareja —a cargo de los abogados Carlos Arévalo y Marcelo Bogado— solicitó la nulidad de la acusación y la exclusión de las grabaciones obtenidas por las cámaras de Aduanas en el Puente de la Amistad, que registraron el intento de ingreso de más de USD 200.000 sin declarar el pasado 4 de diciembre. Ambos pedidos fueron rechazados por el magistrado Otazú, quien justificó la celeridad de la audiencia al señalar que se presentaron "pocas incidencias" procesales.

“El hecho punible que se les atribuye es tentativa de contrabando. Así se inició el proceso y así lo ratificó hoy también el Ministerio Público”, explicó Otazú en declaraciones a El Observador de Paraguay. Aclaró además que la defensa sostiene una “interpretación jurídica distinta” respecto a lo que debe considerarse bien o mercancía, un punto que será debatido durante el juicio.

La pareja continúa detenida preventivamente, aunque han ofrecido como fianza un inmueble valuado en 500 millones de guaraníes (unos 4 mil dólares cada uno), que fue aceptado por la Justicia paraguaya. Ese monto fue requerido también en el marco del proceso de extradición iniciado por Argentina.

Este último punto cobra especial relevancia, ya que la continuidad del proceso judicial paraguayo incidirá directamente en el tratamiento del pedido de extradición. Según confirmó el juez Rolando Duarte, Kueider y Guinsel rechazaron la “fórmula simple” —que implicaría aceptar el traslado sin juicio—, lo que obliga ahora a realizar un proceso completo de extradición. El juzgado argentino cuenta con un plazo de 45 días para remitir la documentación necesaria.

En Argentina, ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de lavado de activos. No obstante, el pedido de extradición aún no incluye otras figuras penales, aunque la causa continúa abierta.

Con la causa elevada a juicio oral en Paraguay, se espera que en las próximas semanas se defina el tribunal competente y la fecha del debate. El proceso podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países en casos de criminalidad económica transnacional.

La Municipalidad de Paraná anunció ayer lunes un acuerdo con los sindicatos municipales que establece un aumento salarial del 5% para los trabajadores, que se implementará en dos tramos: un 2,5% en noviembre y otro 2,5% en diciembre. Además, se incluirá una suma fija no remunerativa y no bonificable de 100.000 pesos, que será abonada en diciembre. Este acuerdo beneficiará tanto al personal de planta permanente como a los contratados de servicio. La firma fue respaldada por los cuatro sindicatos que representan a los trabajadores municipales.

El aumento se aplicará sobre el salario básico de cada categoría y también sobre el haber mínimo garantizado, lo que representa una mejora directa para los empleados municipales de todas las áreas.

Uno de los aspectos destacados de este acuerdo es la decisión de elevar el porcentaje de uno de los componentes del código de Responsabilidad por Función, que fue establecido mediante el Decreto 679/2008. Este componente, que tiene en cuenta la responsabilidad y función de cada cargo, pasará del 7% al 15%, lo que también incidirá en los salarios de aquellos que se ven afectados por este código.

El acuerdo salarial fue alcanzado tras una serie de reuniones en la mesa de diálogo, que continuaron el viernes y culminaron este lunes, luego de un cuarto intermedio. Según lo acordado, el Municipio y los sindicatos se comprometieron a mantener abiertos los canales de diálogo durante el próximo año, con la intención de seguir mejorando las condiciones laborales de todo el personal municipal, tal como se ha venido haciendo desde el inicio de la gestión actual.

En una decisión que refleja la persistencia de las tensiones en torno a las condiciones salariales, los docentes que trabajan en escuelas públicas de gestión privada en la provincia han resuelto este viernes "aceptar la propuesta, considerándola insuficiente". Esta determinación, comunicada por el gremio correspondiente, pone de manifiesto la necesidad de continuar el diálogo para alcanzar acuerdos más satisfactorios.

La aceptación de la propuesta, aunque condicionada por su insuficiencia, revela la disposición de los docentes a seguir negociando y buscando soluciones que aborden sus demandas económicas. Sin embargo, es importante destacar que la percepción de que la oferta actual no cubre las necesidades básicas refuerza la urgencia de un ajuste significativo en los salarios.

En este sentido, el gremio ha instado a las partes a mantener el diálogo abierto, con el objetivo claro de recuperar la capacidad de compra del salario docente.

La oferta que presentó el lunes el Gobierno fue sometida a debate a través del cuerpo de delegados del sindicato y la mayoría decidió “aceptar la propuesta”, aunque la declararon “insuficiente” y determinaron que se continúe “con el proceso de negociación, manteniendo el diálogo con el objetivo de recuperar la capacidad de compra del salario docente”.

Esta decisión fue elevada al secretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Entre Ríos, Mariano Camoirano, con copia a la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.

Asimismo, desde el Consejo Directivo de Sadop plantearon una serie de demandas:

• Considerar para futuras propuestas el proceso devaluatorio ocurrido en los meses anteriores.

• Que se proponga un aumento mensual para el primer semestre conforme la pauta inflacionaria, con compromiso a otorgar un porcentaje que supere al índice inflacionario.

• Que se garantice para los meses subsiguientes el abono de los montos correspondientes al Fonid y  Conectividad, a fin de no menoscabar el sueldo de las y los docentes.

• Una reunión urgente con las autoridades de Trabajo y con la Dirección de Gestión de Educación Privada del CGE a los efectos de abordar una problemática de hechos de precarización laboral consistentes en despedir a los docentes conminándolos a inscribirse como monotributistas; cambios de horario repentinos e inconsultos, entre otras.

“Cabe destacar que a lo largo y ancho de la provincia hemos tomado conocimiento, registrado y realizado las denuncias correspondientes frente a situaciones de precariedad laboral por parte de los empleadores”, afirmaron desde el gremio.

“Estamos en alerta frente a solicitudes de renuncia y pase a monotributo, cambio de horarios inconsultos que suprimen el derecho a mantener las mismas condiciones laborales para las cuales fueron contratados, falta de abono de los aportes jubilatorios, contrataciones a términos extendidas en el tiempo violando artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y hasta ceses sin motivo que redundan en infracciones a procesos administrativos y laborales”, aseveraron.

“Frente a estas prácticas de hostigamiento y persecución, sumado al panorama complejo resultante del proceso inflacionario y una negociación salarial enmarcada políticas de ajuste”, Sadop Entre Ríos hizo “un llamamiento a todo el colectivo docente a no abandonar la lucha y a la defensa de los intereses de las y los trabajadores de las educación. Este llamamiento a la unidad de la docencia privada entrerriana asume la convicción de que estos no son tiempos para la individualidad y la falta de sindicalización”.

“Estar sindicalizados supone el ejercicio de la negociación colectiva como derecho y la convicción de que la resistencia a las políticas de ajuste, al incumplimiento de la legislación y la supresión de derechos laborales se fortalece y resulta eficaz en la lucha colectiva”, finalizaron.

En nuestra región, los cambios económicos impactan de manera significativa en diversos sectores, y uno de los más sensibles es, sin duda, el de la pesca artesanal. El pasado viernes 5 de enero, un grupo de pescadores se congregó en la zona portuaria para exigir una mejora en el precio de venta del sábalo, su principal recurso de trabajo.

Hasta esa fecha, los pescadores percibían 250 pesos por kilogramo de sábalo, y frente al aumento de los gastos, especialmente en combustible, demandaron un ajuste a 500 pesos. Inicialmente, los frigoríficos se mostraron reticentes a asumir estos costos, desencadenando así una serie de negociaciones.

La intensidad del conflicto fue en aumento, culminando en una movilización frente a la planta ubicada en Belgrano y Spiazzi. La firme determinación de los pescadores era clara: no se retirarían hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. La intervención judicial el lunes, ordenando el despeje inmediato de la arteria, evidenció la violación de disposiciones legales y amenazó con sanciones contempladas en el Código Penal para los responsables de las movilizaciones.

Tras gestiones y sin mayores contratiempos, se logró resolver el conflicto, y los pescadores se retiraron. Pero las negociaciones continuaron, y hoy miércoles se alcanzó prácticamente un acuerdo. No obstante, ante la urgencia de generar ingresos, los pescadores empezaron a movilizar sus embarcaciones hacia distintas zonas de las islas.

Alfredo Camuglia, acopiador y titular de la Cámara de Barqueros y Pescadores, explicó a Paralelo 32 que algunos pescadores no quedaron completamente satisfechos con el acuerdo final. En última instancia, los pescadores recibirán 350 pesos por kilo, los barqueros 100 pesos, y el acopiador 50 pesos. El frigorífico asumirá en total 500 pesos, el máximo precio que pueden costear.

Camuglia añadió que un mediador, protagonista del conflicto, señaló que hay realidades diversas. Mientras que Epuyen tiene una producción diversificada, otros frigoríficos como Curimba y Pescanor se centran exclusivamente en el sábalo y no pueden permitirse paralizar sus plantas.

Los pescadores han venido retornando gradualmente sus labores, estimándose que reanudarán completamente sus actividades en los próximos días. Quienes expresaron mayor descontento fueron los barqueros, ya que, aunque el acuerdo mejoró la compensación para los pescadores, estos últimos seguían percibiendo la misma intermediación de 100 pesos, sin mejoras.

Las diez medidas que ha anunciado el nuevo ministro de economía de la Nación, Luis Caputo, no es más que un paquete que implica decisiones fiscales inconexas, incompletas, recesivas, que no van a lograr ninguno de los fines que intenta conseguir, sino más bien, todo lo contrario. Sin perder la capacidad de asombro, el ex viceministro de economía de Sergio Massa, Rubinstein, declaró que ¡haría lo mismo!Un análisis objetivo de lo que viene ocurriendo es que las políticas económicas aplicadas son sólo diferentes en sus formas, pero idénticas en su verdadera esencia y en sus resultados finales, porque desembocan en crisis muy similares al no atacar las causas de los problemas. Es recurrente el error, grave, por cierto, de confundir los síntomas de la enfermedad con la causa que la genera.El período populista (1), inmerso en una desenfrenada inflación, emisión monetaria espuria, pérdida del poder adquisitivo del salario, devaluaciones, crisis del pequeño y mediano productor y debilitamiento de toda la base productiva del país, trasladan sus deletéreos efectos rápidamente al resto de los quehaceres sociales primarios, como seguridad, educación y salud.La fase liberal, repite todo lo anterior más rápido, y el desacople con la realidad de la política económica que pretende aplicar es asombroso. Es el momento del ajuste feroz.Los resultados del péndulo populista-liberal son gravísimos, sus consecuencias muchas veces impredecibles en cuanto al daño al tejido social.La realidad muestra, muchas veces, que los actores junto a la clase dirigente se muestran absolutamente incapaces frente a los problemas gravísimos de fondo de la realidad nacional y provincial.Desde aquí, observamos que es nuestro deber denunciar las gravísimas consecuencias depredadoras de la política económica que se pretende llevar adelante.Insistimos con deliberada y necesaria repitencia, que las medidas anunciadas no manifiestan ni mencionan, siquiera tangencialmente, una preocupación hacia la necesaria inversión para desatar el potencial productivo.Ver y considerar el problema fiscal (que existe) como la causa de todo mal, desacoplándolo del resto de los componentes de la crisis, dará como seguro resultado el más rotundo fracaso, provocando inconmensurables daños en el tejido social.Ninguna variable real de la economía intenta ser manipulada por la nueva administración: inversión, salarios y jubilaciones, producción, PBI.Resulta cómico y hasta ridículo, creer que para que los precios bajen, es decir, para que se experimente un ordenamiento de los precios relativos de la economía, sea necesario que el dinero no alcance y, por tanto, al no existir demanda de bienes, éstos comienzan a bajar. Es como decir, permítasenos la grotesca, pero gráfica comparación, primero te matamos para luego revivirte.Por lo tanto, concluimos que volvemos a estar en manos de alquimistas financieros.Y cuáles son, entonces, las características fundamentales de estos planes aparentemente novedosos:1) Achicamiento del salario: trae como resultado inmediato la compresión del mercado interno, produciendo menos consumo y quiebra de ramas enteras de productores y comerciantes. Y a la vez, como consecuencia de esto, habrá menos trabajadores.2) Restricción del crédito: Populistas y liberales, con la misma idea de cómo combatir el fenómeno inflacionario, utilizan la recesión, impidiendo el acceso a los medios financieros para cristalizar los proyectos. Tampoco advierten que, la recesión, no deja ningún margen para disminuir el gasto público.3) Fortalecimiento del modelo agro exportador: nuestra condición objetiva, es la de proveedores de materias primas y consumidores de productos industriales. Esta realidad indiscutible, implica una situación para el 20% de los argentinos y para el resto la inmersión en el subconsumo o la pobreza extrema. Por esta razón, para escapar de esta realidad, sólo media la intervención deliberada del movimiento nacional (dirigentes, empresarios, trabajadores, etc.) para superar esta condición. De continuar en esta senda decadente, los ricos y clases privilegiadas serán cada vez más ricos y desaparecerá la clase media y habrá un ejercito interminable de pobres. Siendo los componentes del costo total en la producción de bienes y servicios en general, las materias primas, el salario y los llamados costos generales de fabricación (donde se incluyen las amortizaciones de los bienes y otros costos generales), esta fuerte devaluación anunciada con una divisa (dólar) a $820 que se trasladará rápidamente a precios, con un dólar más caro y con más impuestos para las importaciones que utiliza nuestra industria, y con el encarecimiento de las tarifas energéticas y los transportes, debemos concluir que será una vez más EL SALARIO LA VARIABLE DE AJUSTE.Otra vez, como viene ocurriendo hace demasiado tiempo, se utiliza este método negativo para toda nuestra economía doméstica.El desconocimiento de la importancia del salario como expresión en dinero del costo de la fuerza laboral y del sostenimiento del mercado interno, a través de la compresión del consumo, del ajuste, de la menor demanda interna, deprimiendo ese ingreso de los trabajadores por debajo de las posibilidades de atender las necesidades mínimas, se destruye a su vez, en el mismo acto de locura, la producción, la inversión y el desarrollo, en definitiva, el núcleo generador de la única riqueza social posible que es el trabajo humano. 

(1) Populismo: entendido como la política económica que antepone el hecho social, al hecho económico, pretendiendo repartir la riqueza y la renta antes de crearla. Nunca como un movimiento popular.

“La Comisión Directiva Central de Agmer manifiesta a la comunidad entrerriana su preocupación porque transitado el primer mes del año no sólo no ha habido propuesta salarial para el conjunto de los docentes entrerrianos sino que de los datos que surgen de las declaraciones y actos públicos de funcionarios nacionales y provinciales se desprende que nuestras demandas no están en la agenda de nuestros gobernantes”, advirtió el sindicato docente.

“Denunciamos que el gobierno nacional ha tomado la definición de no convocar a paritarias salariales incumpliendo de esta manera el artículo 10 de la ley de Educación Nacional”, reveló y consideró “extremadamente grave” la situación en tanto “fue la paritaria nacional la que permitió en los últimos años fijar el mínimo a cobrar por un docente que recién inicia sus actividades en nuestro país aún en las provincias más pobres”.

“De esta manera el Estado Nacional busca desligarse de la responsabilidad que tiene en el sostenimiento de la educación pública en línea con las propuestas neoliberales que promueven desde los ‘90 la fragmentación del sistema educativo nacional”, sostuvo Agmer.

“Tanto en Entre Ríos en los años 2014, 2015 y 2016, como en muchas otras jurisdicciones, quedó claro que los acuerdos paritarios eran pisos que posibilitaban comenzar a discutir la recomposición salarial para el conjunto del escalafón docente y, en muchas provincias, avanzar con procesos progresivos de blanqueo del salario”, recordó el sindicato en un comunicado.

“De la misma manera consideramos extremadamente grave que el Gobernador de nuestra provincia Gustavo Bordet haya declarado públicamente su apoyo a esta medida del presidente Mauricio Macri”, subrayó Agmer al tiempo que enfatizó que “la no existencia de paritaria nacional además esconde que en realidad la Nación sí ha fijado unilateralmente una pauta de recomposición en el orden del 18 por ciento en cuatro tramos y exigimos a los gobernadores que no se subordinen a esa propuesta que es absolutamente inaceptable para los trabajadores”, pidieron.

Paritaria 2016

Preocupa a Agmer, por otro lado, el “incumplimiento” de la paritaria 2016 “que estableció claramente que el mínimo a cobrar por un docente debe estar como mínimo un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil nacional. Esta paritaria se incumple desde enero ya que el mínimo vital y móvil es de $8.060 y un docente entrerriano que comienza sus actividades percibe $9.329”.

“Demandamos al Gobierno el cumplimiento del acuerdo paritario 2016 y la inmediata convocatoria a discusión salarial para el presente año teniendo en cuenta la pauta inflacionaria del 25 por ciento anual que prevén las consultoras privadas y sindicales, más la necesidad de los trabajadores de la educación de recuperar el 10 por ciento de poder adquisitivo perdido en el año 2016 debido a que la inflación se ubicó en el 43 – 45 por ciento anual –como siempre seguimos en estos puntos los datos e informes de Cifra”, precisaron desde el gremio.

“Dada la falta de voluntad política de los gobiernos nacional y provincial de dar respuesta a las justas demandas de los trabajadores, tanto docentes como de otros sectores, llamamos a la unidad del movimiento obrero para afrontar en conjunto una política salarial destinada a bajar el ‘costo’ laboral en la argentina a favor de los sectores empresarios y del poder económico”, solicitaron.

“Desde la CDC de Agmer estamos convencidos que para frenar la pérdida salarial que se proyecta y obtener una recomposición salarial real, no solamente necesitamos la unidad interna de nuestro sindicato, sino también la unidad en acción con otros sindicatos hermanos”, afirmó el sindicato.

En ese marco, recordó que la entidad gremial “ya ha resuelto el no inicio del ciclo lectivo 2016 en caso de no obtener respuestas, y en este escenario, con los datos a la vista no existe posibilidad de alcanzar acuerdos sino cambian sustancialmente las definiciones que en política salarial están tomando tanto el gobierno nacional como el provincial”.

“Este jueves 2 de febrero los gobernadores de las provincias argentinas se reunirán a los efectos de fijar una política salarial común, entendemos como clave la movilización convocada para ese día por la Ctera puesto que debemos demostrar al conjunto de gobernadores y al gobierno nacional la fortaleza docente en el reclamo salarial. Como Agmer estaremos presentes para llevar nuestra demanda ante los gobernadores y al Ministerio de Educación Nacional”, afirmaron.

“Finalmente y a los efectos de analizar en profundidad la situación es que convocamos a plenario de Secretarios Generales de la entidad para el día viernes 10 de febrero en la ciudad de Colón”, finaliza el documento dado a conocer por Agmer y enviado a esta redacción.