El gobernador Rogelio Frigerio anunció este martes un acuerdo alcanzado con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante el cual la Nación reconocerá 120.000 millones de pesos en concepto de compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

El entendimiento representa el mayor reconocimiento de fondos obtenido por la provincia en el marco de los reclamos por el financiamiento del sistema previsional y, según destacó el mandatario, constituye el resultado de una estrategia sostenida para recuperar recursos que pertenecen a los entrerrianos.

Durante una conferencia de prensa, Frigerio calificó el convenio como "un hecho histórico" y explicó que los recursos corresponden a la compensación del déficit de la Caja previsional provincial.

"Queríamos comunicar el acuerdo con el Gobierno nacional, en particular con ANSES, que firmamos el lunes por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones del Estado provincial", expresó.

El gobernador sostuvo que el acuerdo es la culminación de un proceso iniciado hace más de dos años y medio, orientado a defender los recursos provinciales frente al Estado nacional.

Frigerio recordó que la actual gestión fue la primera en la historia de Entre Ríos en presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los fondos correspondientes al sistema previsional.

Paralelamente, indicó que se avanzó en un proceso de normalización administrativa de la Caja de Jubilaciones, especialmente en la actualización de las auditorías que ANSES exigía y que permanecían pendientes desde 2017.

Ese trabajo técnico permitió primero obtener anticipos durante 2024 y 2025 y, finalmente, arribar al acuerdo anunciado.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó que el monto acordado será abonado en 10 cuotas.

Además, precisó que el convenio prevé la posibilidad de incorporar esos fondos al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre la Nación y la provincia.

"Los 120.000 millones están pautados en diez cuotas, pero el mismo convenio establece que podrán ser incorporados al régimen de extinción de obligaciones recíprocas", señaló.

El funcionario aclaró que esos recursos constituyen un anticipo sobre la deuda previsional y que tanto el déficit reconocido como los pagos efectuados serán actualizados mediante el índice SIPA para determinar el saldo definitivo.

Frigerio sostuvo que la recuperación de estos recursos fortalece la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y acompaña el proceso de reforma previsional impulsado por la Provincia.

"Esto tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra Caja. Acompaña el esfuerzo que hicimos con la reforma del sistema previsional. Reduce el déficit y disminuye la necesidad de recursos del Estado", afirmó.

En ese sentido, ratificó la decisión de continuar avanzando con reformas estructurales durante el resto de su gestión.

"Vamos a seguir haciendo las reformas que necesita la provincia hasta el último día de nuestro mandato. Estamos mostrando resultados", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, aclaró que la reforma previsional y el acuerdo con ANSES son procesos independientes.

Explicó que la recuperación de fondos nacionales no elimina la necesidad de fortalecer el sistema previsional provincial para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Además, llevó tranquilidad a los beneficiarios al confirmar que los haberes correspondientes a julio no sufrirán modificaciones como consecuencia de la reforma.

También indicó que quienes perciban sus jubilaciones en septiembre cobrarán con la movilidad correspondiente al mes de agosto y confirmó que todos los trámites y turnos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva ley continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

El anuncio fue realizado por Frigerio junto al ministro de Economía, Fabián Boleas, y al presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el convenio representa un paso clave en la recuperación de recursos para Entre Ríos y un antecedente importante en la defensa del financiamiento del sistema previsional provincial frente al Estado nacional.

El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que la reciente reforma previsional representa un paso clave para sanear las cuentas públicas de Entre Ríos y generar condiciones que permitan reducir la carga impositiva sobre el sector productivo.

Lo hizo este jueves durante la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde compartió escenario con la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y referentes del empresariado provincial.

En su discurso, Frigerio afirmó que su gestión impulsa un cambio en la relación entre el Estado y el sector privado.

"Durante mucho tiempo el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras y los privilegios, y recién después se pensaba en quienes producen. Nosotros dimos vuelta esa lógica", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que el Estado deje de ser un obstáculo para la inversión y se convierta en un facilitador del desarrollo económico.

Uno de los principales anuncios giró en torno a la reciente reforma de la Caja de Jubilaciones, aprobada por la Legislatura provincial.

El mandatario consideró que la medida constituye "un paso histórico" para reducir el déficit estructural de la provincia y aseguró que permitirá liberar recursos para fortalecer áreas prioritarias y avanzar en una reducción de impuestos.

"La reforma apunta a corregir un problema que condicionaba las finanzas públicas y limitaba las posibilidades de crecimiento", sostuvo.

Frigerio también repasó algunas de las medidas impulsadas por su administración para incentivar la llegada de inversiones privadas.

Entre ellas destacó la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, organismo que busca acompañar a las empresas durante todo el proceso de radicación y expansión.

Además recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en sancionar un régimen provincial de promoción.

Según explicó, las nuevas inversiones que generen empleo podrán acceder a beneficios fiscales por un período de hasta 15 años.

Otro de los puntos mencionados fue la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, una herramienta que busca agilizar trámites vinculados a habilitaciones ambientales y reducir tiempos administrativos para el sector productivo.

Durante su exposición, el gobernador insistió en que el crecimiento económico dependerá del protagonismo del sector privado.

"Hoy la política escucha a los empresarios y trabaja para resolver sus problemas. Así debería haber sido siempre", afirmó.

También convocó a los representantes del empresariado a convertirse en actores centrales de la transformación provincial y reiteró el compromiso de su gabinete de trabajar junto al sector productivo para impulsar nuevas inversiones y generar empleo.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones para impulsar el desarrollo de la provincia.

Durante su intervención respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno provincial y consideró que la reciente modificación del sistema previsional constituye una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, planteó la necesidad de continuar avanzando hacia un Estado más eficiente y moderno.

"Un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que administra mejor los recursos que aportan los ciudadanos", concluyó.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió este miércoles en ley el proyecto de Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional, una de las iniciativas centrales del gobernador Rogelio Frigerio para afrontar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.

La norma fue aprobada con 18 votos afirmativos y 12 negativos, luego de un extenso debate legislativo, y declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por el plazo de dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos.

Con la sanción definitiva, el Gobierno provincial avanza en una reforma que considera clave para reducir el déficit de la Caja y garantizar el pago de las jubilaciones actuales y futuras.

El objetivo de la norma es restaurar el equilibrio financiero del sistema previsional entrerriano y fortalecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, cuya situación deficitaria se profundizó durante los últimos años.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca asegurar la continuidad del régimen previsional provincial sin afectar el pago de los beneficios vigentes.

La ley entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial.

Antes del tratamiento parlamentario, el gobernador Rogelio Frigerio defendió públicamente la iniciativa y afirmó que la reforma apunta a resolver un problema estructural que, según dijo, fue postergado durante años.

"Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba y que no se iba a poder garantizar el pago de las jubilaciones presentes y mucho menos de las futuras. Faltaba decisión para avanzar", sostuvo.

El mandatario aseguró además que la ley no reducirá los haberes de los jubilados actuales y afirmó que las próximas liquidaciones reflejarán los aumentos previstos por la movilidad.

Frigerio también remarcó la magnitud del desequilibrio financiero.

"La Caja pierde un millón de dólares por día. El objetivo no es eliminar de inmediato el déficit, sino comenzar a reducirlo y evitar que siga creciendo", expresó.

En ese contexto, recordó que la Provincia mantiene un reclamo judicial contra el Estado nacional por la deuda correspondiente a la Caja de Jubilaciones no transferida.

Durante el debate, la diputada María Elena Romero sostuvo que la reforma responde a un diagnóstico compartido desde hace años sobre la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Según expresó, la nueva legislación busca preservar el régimen jubilatorio para las futuras generaciones y dejar de postergar una discusión que distintos gobiernos evitaron afrontar.

Por su parte, el presidente del bloque Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, afirmó que durante el tratamiento legislativo nadie cuestionó la existencia del problema financiero de la Caja.

El legislador señaló que el debate pasó por definir de qué manera enfrentar ese escenario y defendió la iniciativa como un ordenamiento gradual del sistema, orientado a garantizar que los trabajadores entrerrianos puedan seguir accediendo al 82% móvil en el futuro.

La aprobación de la reforma previsional representa uno de los proyectos de mayor trascendencia impulsados por la administración de Rogelio Frigerio desde el inicio de su mandato.

El Gobierno considera que la norma permitirá comenzar a ordenar las cuentas de la Caja de Jubilaciones y otorgar mayor previsibilidad al sistema, mientras que distintos sectores sindicales y de la oposición cuestionaron la iniciativa durante su tratamiento legislativo.

Con la sanción definitiva, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia.

Victoria.- La derogación de la ley que otorgaba pensiones vitalicias a exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos representa, según el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, el cierre de un régimen que “la sociedad interpreta como un beneficio de privilegio” y que ya no tendrá vigencia para quienes ejerzan esos cargos en el futuro.

En diálogo con Paralelo32, el legislador y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos recordó que la norma fue sancionada en 1965, durante la gestión del gobernador Carlos Contín, con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes hubieran ocupado la máxima magistratura provincial o la vicegobernación y no contaran con otro beneficio previsional.

“La ley establecía una pensión equivalente al 75% del sueldo del gobernador, sin contemplar los gastos de representación, y con actualización automática según la remuneración del mandatario en funciones”, explicó.

Cavagna sostuvo que el impacto económico de la derogación es reducido, ya que actualmente el régimen alcanza a solo diez personas. “Son pocos los beneficiarios porque la propia ley impedía acceder a esta pensión cuando el exgobernador o exvicegobernador ya contaba con otro beneficio jubilatorio”.

Según precisó, el haber promedio ronda actualmente los 2 (dos) millones de pesos mensuales, por lo que el ahorro fiscal inmediato será limitado. No obstante, remarcó que la derogación impedirá que futuros gobernadores y vicegobernadores accedan a ese beneficio especial.

“Para el futuro va a representar un ahorro, porque ningún gobernador ni vicegobernador podrá obtener este derecho que establecía la ley”, afirmó.

El entrevistado amplió, además, que la derogación no afectará a quienes actualmente perciben la pensión, ya que se trata de derechos adquiridos protegidos por la legislación previsional.

“No se puede legislar con retroactividad en esta materia. Quienes hoy cobran el beneficio lo seguirán haciendo porque fue otorgado bajo una ley vigente”, explicó.

Entre los actuales beneficiarios mencionó a Marta Jordán, viuda del exgobernador Sergio Montiel, quien continuará percibiendo la pensión en los términos establecidos por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, lo mismo ex vicegobernadores como Héctor Alanís.

Consultado sobre la decisión del Senado de eliminar el artículo que preveía la pérdida del beneficio para personas condenadas por delitos de corrupción, Cavagna señaló que la modificación respondió a cuestiones jurídicas.

Indicó que esas situaciones ya están contempladas por la legislación penal y previsional vigente, por lo que entendieron que no correspondía incorporar una regulación específica dentro de esta ley.

Respecto de la posibilidad de revisar otros beneficios de características similares, el legislador señaló que actualmente permanecen vigentes únicamente dos regímenes especiales: las pensiones destinadas a excombatientes de Malvinas y las pensiones honoríficas vinculadas a los Premios Fray Mocho.

Aclaró que estos casos responden a fundamentos distintos y que, por el momento, no existe un análisis legislativo para modificarlos.

Para Cavagna, la aprobación del proyecto por parte de todos los bloques políticos refleja una interpretación compartida sobre el reclamo social.

“La decisión del Ejecutivo interpretó lo que quiere la sociedad y por eso todos los legisladores acompañaron la iniciativa. Me parece que este tipo de medidas son las que la ciudadanía espera de la dirigencia política”, sostuvo.

Finalmente, consideró que la derogación marca el fin de una herramienta creada en un contexto histórico diferente. “En su momento tenía una finalidad determinada, que era proteger a quien hubiera llegado a ser gobernador o vicegobernador y no tuviera otra cobertura previsional. Con el tiempo ese sentido se fue desvirtuando y hoy la sociedad entiende que se trata de un privilegio que ya no corresponde mantener”, concluyó.

El proyecto de ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y que ya cuenta con media sanción del Senado, dio este jueves un paso clave en la Cámara de Diputados al obtener dictamen de mayoría en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social.

De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser incorporada al orden del día para su tratamiento en el recinto.

Las reuniones fueron presididas por los diputados Bruno Sarubi y Vilma Vázquez, mientras que en la última jornada la conducción estuvo a cargo de la diputada Carola Laner.

Durante la primera jornada de análisis, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, fundamentó la necesidad de avanzar con una reforma del sistema previsional provincial.

El funcionario sostuvo que el objetivo central del proyecto no es reducir el déficit de la Caja, sino garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

"Lo que buscamos es asegurar la sustentabilidad técnica del sistema para que pueda seguir jubilando trabajadores en el futuro", afirmó.

Bagnat explicó que la situación actual responde a problemas estructurales acumulados durante años, entre ellos la disminución de aportantes activos, la falta de estudios actuariales, la incorporación de beneficios sin respaldo suficiente y distintos mecanismos que, según indicó, incrementaron el desequilibrio financiero del organismo.

También recordó que la Provincia mantiene una demanda judicial contra el Estado nacional para reclamar fondos previsionales adeudados.

La segunda jornada estuvo dedicada a escuchar la posición de sindicatos docentes, estatales, judiciales y viales.

Desde AGMER, su secretario general Abel Antivero cuestionó que la propuesta implique un ajuste sobre los trabajadores y sostuvo que pone en riesgo el principio del 82 % móvil.

En representación de ATE, Esteban Olarán criticó lo que definió como un proceso de armonización con el sistema nacional, mientras que Víctor Sartori advirtió que modificar el cálculo del haber inicial de 10 a 15 años afectará el monto de las futuras jubilaciones.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, defendió la decisión del gremio de participar de la discusión y valoró las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo.

"La responsabilidad de quienes representamos a los trabajadores también es sentarnos a discutir", señaló.

También participaron representantes de AMET, AJER, SOEVER, la Asociación del Personal Legislativo, la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori.

Durante las reuniones también expusieron legisladores de los distintos bloques.

El diputado oficialista Jorge Maier rechazó las críticas sobre un supuesto tratamiento acelerado del proyecto y afirmó que la discusión responde a una necesidad reconocida desde hace varios años.

En tanto, la diputada María Elena Romero insistió en la necesidad de reclamar a la Nación los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones.

Desde la oposición, el diputado Juan José Bahillo anticipó el rechazo del bloque Más para Entre Ríos y cuestionó especialmente la modificación del cálculo del haber inicial.

"Pasar de tomar los últimos 10 años a los últimos 15 implica una pérdida para los futuros jubilados", sostuvo.

En la misma línea, la diputada María Laura Stratta pidió que el debate se desarrolle con responsabilidad política y respeto hacia todos los sectores involucrados.

En la última jornada de trabajo fueron convocados el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Cánepa consideró que la Caja necesita una reforma, aunque expresó objeciones sobre algunos artículos del proyecto. Entre ellas mencionó el plazo de dos años previsto para la emergencia previsional, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos vinculados al haber inicial y la movilidad, y la posibilidad de jubilaciones de oficio.

Por su parte, Rodríguez Signes repasó la demanda iniciada por Entre Ríos contra el Estado nacional por el financiamiento del sistema previsional y sostuvo que, más allá del reclamo judicial, la Provincia debe avanzar en reformas estructurales para mejorar la sustentabilidad del régimen.

Según explicó, el derecho de Entre Ríos al reclamo de esos fondos ya fue reconocido judicialmente, aunque advirtió que ese proceso no resolverá por sí solo los problemas financieros de la Caja.

Luego de escuchar a todos los sectores convocados y de un nuevo intercambio entre legisladores oficialistas y opositores, las comisiones emitieron despacho de mayoría.

Con ese paso cumplido, el proyecto de reforma previsional quedó habilitado para ser tratado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde se definirá si la iniciativa obtiene sanción definitiva o vuelve al Senado en caso de nuevas modificaciones.

Hay decisiones que la política evita porque cuestan, y hay decisiones que la política debe tomar precisamente porque cuestan. La reforma del sistema previsional entrerriano pertenece a la segunda categoría. Durante más de treinta años, gestiones de todos los signos conocieron el diagnóstico, midieron el costo político de actuar y eligieron transferir el problema hacia adelante. El resultado de esa postergación acumulada no fue neutro: lo pagó —y lo paga— cada entrerriano, con un déficit creciente que compite con la escuela, con el hospital y con la obra pública por los mismos recursos.

Quiero contar cómo encaramos ese problema, porque el proceso importa tanto como el resultado.

Ninguna reforma es creíble si el organismo que la propone no es transparente. Por eso el primer paso no fue redactar un proyecto: fue ordenar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sistematizar su información y publicar los datos. Abrir los números —los ingresos, los egresos, el déficit por sectores, la relación activo/pasivo— fue un camino necesario: la discusión previsional suele darse entre mitos, y los mitos solo se desarman con evidencia disponible para todos. Un dato publicado es un dato que ya no se puede negar ni manipular; es la base mínima de cualquier conversación seria.

Esa etapa incluyó también un trabajo menos visible pero igual de necesario: hacer docencia previsional. Reuniones con gremios, encuentros con periodistas, explicación paciente de conceptos que rara vez llegan al debate público —qué es una tasa de sostenimiento, cómo funciona la movilidad, por qué el envejecimiento poblacional no es una opinión sino una curva demográfica—. La pedagogía pública no es un complemento de la política: es una condición de posibilidad del consenso.

Con los datos sobre la mesa, presentamos a los gremios los vectores de la reforma antes de que existiera un proyecto cerrado. No fue un gesto decorativo: fue asumir que una reforma estructural que afecta derechos y expectativas de decenas de miles de trabajadores y jubilados no puede diseñarse en un escritorio y anunciarse por decreto. El diálogo tiene costos —lleva tiempo, obliga a ceder, expone las diferencias— pero produce algo que ninguna imposición produce: legitimidad.

Ese mismo espíritu ordenó la etapa legislativa. El proyecto ingresó al Poder Legislativo y se abrió a audiencias públicas con todos los actores del sistema: trabajadores activos, jubilados, gremios, especialistas, representantes municipales. Cada audiencia modificó algo; el texto que fue votado en el Senado no es el que ingresó, y eso —lejos de ser una debilidad— es la prueba de que el proceso fue genuino. Una ley que llega al recinto habiendo escuchado es una ley más difícil de sancionar, pero mucho más fácil de sostener en el tiempo.

Como funcionario político, sé que el problema de fondo no es técnico sino político, y tiene nombre en la literatura: la asimetría temporal de las reformas estructurales. Paul Pierson lo describió con precisión al estudiar las reformas de los Estados de bienestar: los costos de una reforma previsional son concentrados, visibles e inmediatos, mientras que sus beneficios son difusos, colectivos y de largo plazo. Quien reforma paga hoy; quien cosecha, gobierna mañana. Esa asimetría explica por qué durante tres décadas la respuesta racional —en términos electorales— fue no hacer nada. El sistema de incentivos de la política premia la postergación.

Pero si la política se limita a seguir sus incentivos de corto plazo, deja de ser política y se convierte en administración de la inercia. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: el político responsable no es el que hace lo que le conviene ni el que hace lo que le gusta, sino el que se hace cargo de las consecuencias de sus actos —y también de sus omisiones—. No reformar también es una decisión, solo que sus consecuencias las firma otro.

Para eso somos electos. No para administrar la comodidad del presente, sino para tomar las decisiones que el presente exige aunque el presente no las premie. La verdadera medida de una gestión no es cuánto costó políticamente lo que hizo, sino cuánto le habría costado a la provincia lo que dejó de hacer.

El desafío de toda reforma estructural es ese: impedir que el corto plazo boicotee lo necesario. La herramienta para lograrlo no es la audacia solitaria ni el atropello legislativo; es exactamente lo que intentamos construir en estos meses: información pública, pedagogía, diálogo, audiencias, consenso. Cuanto más participado es el proceso, más se reparte el costo político y más se blinda la reforma frente a los ciclos electorales. Una reforma consensuada es una política de Estado; una reforma impuesta es apenas la política de un gobierno, y dura lo que dura ese gobierno.

La legislatura dirá si la política provincial está a la altura de ese momento. Por mi parte, tengo la tranquilidad de que el camino recorrido —ordenar, transparentar, explicar, dialogar, escuchar, corregir— es el que corresponde a una democracia madura. Las reformas que perduran no son las que se hacen rápido: son las que se hacen bien.

La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.

Nos han repetido hasta el hartazgo la hipótesis de la "relación de aportantes por jubilado" como la única causa del déficit. Pero esa verdad a medias oculta una maniobra estructural de desfinanciamiento activo. El caso de la Municipalidad de Concordia, bajo la gestión de Francisco Azcué, funciona como el laboratorio perfecto de esta trampa matemática y social.

El financiamiento genuino de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se sostiene con los aportes obligatorios de la planta activa: permanentes, transitorios y contratados con aportes.

Desde el inicio de la gestión de Azcué, la principal bandera de "transparencia" y "saneamiento" ha sido la cesantía masiva de agentes públicos bajo acusaciones de irregularidades o supuestas faltas del pasado, esquivando el debido proceso con sumarios endebles que inevitablemente terminarán en reveses judiciales e indemnizaciones millonarias pagadas por el contribuyente.

La realidad detrás del relato es alarmante ya que al dar de baja a cientos de contratados con aportes, se estrangula directamente la recaudación de la Caja provincial. Esos puestos de trabajo se reemplazan de forma encubierta por la figura del monotributo (bajo la órbita de ARCA), cuyos aportes jubilatorios mínimos se derivan a la ANSES y no a la provincia.

Asi, un empleado municipal formal aporta un porcentaje significativo de su sueldo bruto a la Caja provincial; un monotributista contratado a través de engorrosos y oscuros expedientes de "prestación de servicios" no le aporta un solo centavo al sistema entrerriano.

Si multiplicamos esta sangría hormiga de aportes por más de cien municipios entrerrianos haciendo el mismo juego de prestidigitación contable, el déficit previsional deja de ser un problema demográfico y se revela como lo que es: una asfixia programada.

El maximun de la hipocresía es que mientras se ajusta la base de la pirámide y se culpa a la clase pasiva por el colapso previsional, la gestión de Azcué incurre en un flagrante doble estándar que ya ha provocado intimaciones formales de la propia Caja de Jubilaciones provincial.

Se ha vuelto un secreto a voces —y luego una certeza administrativa— la designación en el gabinete municipal de funcionarios que perciben haberes jubilatorios provinciales y, al mismo tiempo, cobran ingresos de la Municipalidad de Concordia mediante metodologías no remunerativas (como el polémico "Código 600" o contratos de locación de servicios) sin realizar los aportes de ley.

Mientras un jubilado ordinario ve licuado su poder adquisitivo por las reformas de ajuste, ciertos funcionarios políticos de la actual gestión perciben doble ingreso del Estado sin tributar solidariamente al sistema que los sostiene. Una evasión de guante blanco tolerada desde el propio despacho municipal.

El ahorro público del que se vanaglorian los discursos oficiales de la gestión local no es optimización de recursos; es llanamente vaciamiento y retiro del Estado en las áreas más sensibles: los despidos y no renovaciones golpean de lleno a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la salud municipal, las áreas de adicciones, niñez, adultos mayores y el desarrollo deportivo comunitario.

Menos empleados no significa mayor eficiencia, significa salitas de salud cerradas, menos contención para víctimas de violencia y la eliminación de la red de seguridad social para los sectores vulnerables. Los servicios esenciales que se quitan de la esfera pública terminan tercerizados en cooperativas dudosas o empresas prestadoras que precarizan aún más el trabajo y erosionan la recaudación de las tasas locales.

Nada en este esquema es un error de cálculo; todo obedece a un diseño político y económico preciso. Se despide al personal que tributa a la provincia para profundizar el déficit de la Caja y justificar su posterior reforma regresiva. Se maquilla la baja del gasto público mientras se desvían recursos hacia la contratación de servicios tercerizados y contratos de monotributo sin control real de funciones.

La rueda del ajuste ha comenzado a girar. Al principio se mueve tímidamente, amparada por el relato de la pesada herencia recibida y en consignas de orden fiscal. Sin embargo, una vez consolidados en el poder, el pudor administrativo se pierde por completo y la precarización, la evasión previsional interna y el desprecio por lo público se convierten en la norma de gestión.

Azcué insiste recurrentemente en que su gestión representa algo "diferente". Y en eso tiene toda la razón: la diferencia es evidente. No quedan dudas de que estamos ante la administración más ineficiente. Su gestión no solo se ha caracterizado por la pérdida sistemática de financiamiento para obras fundamentales de infraestructura que Concordia necesita con urgencia, sino por una alarmante falta de visión e innovación para generar políticas públicas reales. En tiempos de una crisis social sin precedentes, donde se requería audacia, creatividad y sensibilidad, el municipio optó por la parálisis, el desmantelamiento y la receta vieja del achique. No es austeridad, es incapacidad; y el precio de esa "diferencia" lo están pagando hoy los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.

La aprobación de la reforma previsional en la Cámara de Senadores, por 10 votos a favor y 7 en contra, dejó un fuerte impacto político que trascendió el resultado de la votación. El respaldo de las senadoras justicialistas Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provocó un quiebre dentro del bloque de Más para Entre Ríos y generó repercusiones inmediatas tanto en la oposición como en el oficialismo.

Al término de la sesión, las declaraciones de los legisladores reflejaron las distintas miradas sobre una reforma que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Uno de los dirigentes que expresó con mayor claridad el desconcierto fue el senador por Villaguay, Juan Pablo Cosso, quien encabezó el trabajo técnico del dictamen de rechazo elaborado por la oposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Visiblemente afectado, reconoció que la decisión de las dos legisladoras lo tomó por sorpresa.

"La verdad es que estoy un poco shockeado. Fue una situación totalmente inesperada que obedece a una decisión personal de la senadora Miranda y me sorprendió ingratamente, sobre todo porque trabajé mucho en el dictamen que preparamos y que ella había acompañado con su firma", afirmó.

Aunque evitó profundizar en la polémica, adelantó que el tema será analizado puertas adentro del espacio político.

"Oportunamente lo hablaré con ella en privado; no quiero hacer declaraciones en este momento porque no creo que sea necesario. Ahora continuará el debate en Diputados", señaló.

Cosso también reiteró las objeciones que el bloque mantiene sobre el contenido de la iniciativa. Según sostuvo, la reforma afecta el principio del 82% móvil y presenta aspectos que podrían derivar en cuestionamientos constitucionales.

"Considero que la reforma que se aprobó licúa totalmente el 82% móvil. Creemos que es una emergencia que tiene una tacha de inconstitucionalidad por la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y porque muchos trabajadores deberán realizar un aporte extraordinario de tres puntos más de lo que ya vienen aportando", expresó.

Desde el oficialismo, en cambio, el resultado fue interpretado como la confirmación de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema previsional provincial.

El senador por Nogoyá, Rafael Cavagna, aseguró que el acompañamiento de las dos legisladoras peronistas no representó una sorpresa, ya que ambas participaron activamente del tratamiento del proyecto.

"No, en absoluto. Ellas formaron parte activa de las rondas de audiencia y muchas de las propuestas que realizaron fueron incorporadas a los dictámenes. Hubo una construcción colectiva y un tratamiento con numerosos actores; no fue un trámite exprés", sostuvo.

Para Cavagna, la aprobación de la norma refleja el consenso alcanzado respecto de la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

"Más allá de los diez votos afirmativos y los siete negativos, el Senado demostró que era necesario hacer algo con nuestro sistema previsional. Entre las 13 cajas que no fueron transferidas a la Nación, la de Entre Ríos es la más deficitaria. Durante 30 años ningún gobierno impulsó modificaciones de fondo", afirmó.

El legislador oficialista rechazó además las críticas formuladas por la oposición y aseguró que la reforma no implica una pérdida de derechos para jubilados y pensionados.

Según explicó, los beneficiarios continuarán percibiendo sus haberes con el mecanismo de movilidad previsto en la ley y la reforma mantiene sin modificaciones los regímenes especiales, entre ellos el correspondiente al personal policial.

También destacó que la norma unifica la edad jubilatoria con la vigente en el sistema nacional: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, criterio que ya aplican provincias como Santa Fe y Córdoba.

Durante toda la jornada, organizaciones sindicales, trabajadores y jubilados se manifestaron frente a la Casa Gris en rechazo al proyecto.

Consultado sobre las movilizaciones, Cavagna sostuvo que las protestas forman parte del debate democrático y remarcó que varios de los planteos realizados por los sectores involucrados fueron incorporados durante el tratamiento legislativo.

"Tienen todo el derecho a manifestarse. Desde que el proyecto ingresó al Senado el 22 de mayo se realizaron más de veinte modificaciones y muchas surgieron de los aportes que hicieron quienes participaron de las audiencias", concluyó.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de reforma previsional continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que ya dejó expuestas diferencias tanto entre oficialismo y oposición como al interior del propio peronismo entrerriano.

A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la postura adoptada por ambas legisladoras "es a título personal" y aseguró que no representa la posición definida por el Partido Justicialista de Entre Ríos, cuyo Congreso Provincial había establecido el rechazo a la iniciativa.

En ese marco, señalaron que cada legislador deberá asumir la responsabilidad política e institucional de su voto, al considerar que la reforma tendrá consecuencias sobre docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y sus familias.

Desde el espacio opositor remarcaron que nunca desconocieron la necesidad de discutir la situación de la Caja de Jubilaciones provincial. Por el contrario, recordaron que el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto alternativo que, según indicaron, proponía fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional mediante nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente, recuperación de fondos adeudados por la Nación y otras herramientas institucionales orientadas a garantizar la sustentabilidad del organismo en el largo plazo.

No obstante, cuestionaron que el oficialismo haya optado por avanzar con una reforma que, a su entender, traslada el costo del equilibrio financiero a los trabajadores y recorta derechos previsionales de quienes realizaron durante años algunos de los aportes personales más elevados del país.

En el comunicado, el bloque también afirmó que desde el inicio del debate el Gobierno provincial buscó involucrar a la oposición y a distintos sectores sociales en una discusión sobre medidas que, según sostienen, ya estaban definidas. En esa línea, consideraron que el acompañamiento de Domínguez y Miranda al dictamen oficialista contribuye a ese objetivo político.

Por otra parte, Más Para Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, para que evalúe la actuación de las dos senadoras conforme a lo establecido en la Carta Orgánica partidaria, al entender que desoyeron el mandato expreso del Congreso Provincial del PJ de votar en contra de la reforma previsional.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo continúa generando fuertes tensiones dentro del peronismo entrerriano, donde el voto favorable de las dos legisladoras profundizó las diferencias internas en torno al tratamiento de uno de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa provincial.

El Partido Justicialista de Entre Ríos informa que dará intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor de la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo, desoyendo el mandato expreso establecido por el Congreso Provincial del PJ.

La máxima autoridad partidaria resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por considerar que implica un grave retroceso en materia de derechos para trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos los representantes justicialistas a votar en contra de la iniciativa. Asimismo, dejó establecido que quienes incumplieran esa resolución quedarían sujetos al régimen disciplinario previsto por la Carta Orgánica del Partido, cuyas sanciones pueden alcanzar  la expulsión.

Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano.

Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna.

Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados.

Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo.

El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial.

Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere.

La senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, votó afirmativamente el proyecto de reforma previsional que modifica el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La legisladora centró su fundamentación en la necesidad de actuar antes de que el déficit del sistema se vuelva irreversible, y remarcó que la inacción también es una decisión con consecuencias.

Domínguez fue contundente al advertir sobre los costos de no encarar la reforma: "El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener", sostuvo. Y agregó: "La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse".

Para la senadora, la discusión de fondo no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Defender la Caja, explicó, significa cuidar tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos y a quienes se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.

La legisladora enmarcó su voto como un acto de responsabilidad política antes que como una posición cómoda. "Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando la provincia más lo necesitaba", afirmó, y remarcó que "la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible".

En esa línea, sostuvo que gobernar y legislar implican tomar decisiones difíciles: "Lo más sencillo sería decir siempre que no. Lo más cómodo sería rechazar cualquier iniciativa sin sentarse a discutir una sola coma. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los entrerrianos".

Domínguez aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario.

"Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado", señaló. Producto del diálogo legislativo, se incorporaron cuatro cambios al texto: la reducción de 20 a 15 años del período de cálculo del haber inicial, el mantenimiento de una edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios (1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí).

Domínguez agregó que, además de su acompañamiento a la reforma, presentó un proyecto complementario —que fue recepcionado— para la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional. La iniciativa contempla la participación de los tres poderes del Estado, de trabajadores, de jubilados y de entidades profesionales, con el objetivo de garantizar el monitoreo y la evaluación permanente del sistema.

Al cerrar sus fundamentos, la senadora enmarcó su decisión en una idea de responsabilidad de largo plazo: "Los discursos pasan, las leyes pasan, las elecciones también. Pero la responsabilidad con la que actuamos hoy es lo que finalmente queda".

Mientras el proyecto de reforma previsional continúa siendo analizado en la Legislatura entrerriana, un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos aporta nuevos datos sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia y advierte sobre los desafíos que enfrentará el sistema en los próximos años.

El estudio se elaboró a partir de información oficial proporcionada por la propia Caja de Jubilaciones, incluyendo el documento Diagnóstico, Mediciones y Proyecciones, el Informe Actuarial Nº 1, publicado en junio de 2026, y el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo.

Según los datos analizados, la Caja de Jubilaciones proyecta para este año un déficit de 370.500 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 27% del gasto total del organismo.

El informe destaca que este resultado ya contempla nueve medidas de corrección implementadas para fortalecer los ingresos y mejorar la administración del sistema. Sin esas acciones, el rojo financiero hubiera alcanzado los 655.200 millones de pesos, es decir, casi la mitad del presupuesto de la Caja.

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial busca mejorar la sustentabilidad del sistema mediante una serie de modificaciones graduales.

Entre las principales medidas figuran el incremento del 3% en las contribuciones patronales, la creación de un aporte extraordinario para quienes perciben salarios superiores a los tres millones de pesos, cambios en la forma de calcular el haber jubilatorio inicial, el aumento progresivo de la edad de retiro y la revisión de algunos regímenes especiales.

El objetivo, según plantea el Ejecutivo, es reducir el déficit sin afectar la continuidad del sistema previsional.

Uno de los datos que más preocupa a los especialistas surge del análisis demográfico realizado por la Caja.

El informe actuarial señala que el deterioro del sistema no es reciente, sino que viene profundizándose desde hace más de dos décadas.

Entre 2003 y 2026, la cantidad de jubilados y pensionados aumentó 105,2%, mientras que el número de trabajadores que realizan aportes prácticamente dejó de crecer e incluso comenzó a disminuir.

Para este año se proyectan 125.188 aportantes, un 2,6% menos que el año anterior.

Como consecuencia, también cayó la relación entre trabajadores activos y jubilados.

Mientras en 2003 existían 2,63 aportantes por cada beneficiario, en 2026 ese indicador descenderá a 1,89, una tendencia que, según el informe, continuará agravándose durante la próxima década.

El estudio actuarial proyecta tres posibles escenarios entre 2026 y 2036.

Incluso en el más favorable, la relación entre aportantes y beneficiarios continuará deteriorándose hasta ubicarse en 1,65 trabajadores activos por cada jubilado.

En un escenario considerado intermedio, ese índice descendería a 1,41, mientras que en el escenario más desfavorable llegaría apenas a 1,24.

Sobre esa base, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales realizó una estimación de cómo evolucionaría el déficit financiero.

En el escenario más optimista, el rojo de la Caja alcanzaría 549.000 millones de pesos hacia 2036.

En un escenario intermedio ascendería a 647.843 millones, mientras que en la proyección más crítica superaría los 820.000 millones de pesos, lo que representaría un incremento real superior al 120% respecto de la situación actual.

El informe concluye que el envejecimiento de la población, el aumento de la expectativa de vida y el menor crecimiento de los trabajadores aportantes son factores que presionan sobre la sustentabilidad del sistema previsional.

En ese contexto, los especialistas sostienen que la implementación gradual de una reforma permitiría contener parcialmente el crecimiento del déficit y reducir la necesidad de que el Tesoro provincial destine cada vez más recursos para cubrir el funcionamiento de la Caja.

Según advierte el trabajo, de mantenerse las tendencias actuales sin modificaciones estructurales, el financiamiento del sistema previsional demandará un volumen creciente de recursos públicos, lo que podría limitar la disponibilidad de fondos para otras áreas del Estado, como infraestructura, salud, educación y políticas de desarrollo provincial.

El tratamiento legislativo del proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” sumó este martes nuevas voces. En una reunión conjunta de comisiones del Senado provincial, intendentes de distintos espacios políticos expusieron sus posiciones y plantearon inquietudes sobre el impacto que la iniciativa podría tener en los municipios entrerrianos.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y fue encabezado por los senadores Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos), presidentes de las comisiones que analizan el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Participaron representantes de las ligas de intendentes vecinalistas, justicialistas y de Juntos por el Cambio, quienes coincidieron en la necesidad de discutir la sustentabilidad del sistema previsional, aunque con matices respecto de las herramientas para alcanzar ese objetivo.

El intendente de Valle María, Mario Socolovsky, abrió la ronda de exposiciones con una referencia a la situación de las cajas jubilatorias municipales y consideró que las modificaciones que eventualmente se adopten a nivel provincial podrían servir como referencia para futuros ajustes en los sistemas locales.

Por su parte, el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, destacó que existen municipios con realidades muy diferentes en materia previsional. Mientras algunos presentan déficit, otros registran superávit en sus aportes. En ese marco, propuso analizar la creación de un fondo compensador que permita equilibrar esas diferencias.

Desde la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio, el presidente municipal de Crespo, Marcelo Cerrutti, sostuvo que la reforma es necesaria y expresó su deseo de que el debate permita construir una Caja de Jubilaciones sostenible en el tiempo.

En la misma línea, el intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, respaldó la necesidad de avanzar con cambios en el sistema, aunque sugirió implementar medidas de manera gradual para facilitar la adaptación de los municipios.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, fue la encargada de exponer en representación de la Liga de Intendentes Justicialistas. Durante su intervención realizó un repaso de la evolución de la coparticipación federal y sostuvo que tanto las provincias como los municipios han perdido recursos a lo largo de los años, mientras asumen cada vez más responsabilidades.

“Es un retroceso flagrante del federalismo en la Argentina”, afirmó al cuestionar los efectos de distintos pactos fiscales sobre las finanzas provinciales y municipales.

Romero también planteó reparos sobre algunos aspectos del proyecto. Consideró que el déficit previsional es un fenómeno estructural que responde, entre otros factores, al envejecimiento de la población, y advirtió que las reformas por sí solas no eliminarán ese desequilibrio.

Además, cuestionó el capítulo referido a las facultades delegadas y pidió que cualquier modificación al sistema se sustente en estudios actuariales que permitan medir con precisión sus efectos futuros.

La intendenta de Paraná sostuvo que cualquier reforma debería implementarse de manera progresiva y reclamó que el esfuerzo requerido para sostener el sistema previsional contemple el impacto sobre los entrerrianos.

Tras las exposiciones se desarrolló una ronda de consultas entre senadores e intendentes, en la que se abordaron temas como la base de cálculo de los haberes jubilatorios y la edad de retiro.

El análisis del proyecto continuará este miércoles con nuevas reuniones de comisión. Entre los invitados figuran el expresidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías; el titular del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y los especialistas en Derecho Previsional Emilio Castrillón y Raymundo Kisser.

La intención de los legisladores es seguir sumando opiniones técnicas y políticas antes de avanzar con el dictamen de una de las reformas más relevantes que actualmente debate la provincia.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió convocar a un paro de actividades para el próximo 24 de junio, en reclamo de una nueva instancia de negociación salarial con el Gobierno provincial y en rechazo a la reforma previsional que actualmente genera preocupación entre distintos sectores de trabajadores.

La medida de fuerza coincidirá con la jornada de protesta impulsada por la Multisectorial provincial, que prevé movilizaciones en distintos puntos estratégicos de Entre Ríos para manifestar su rechazo a posibles modificaciones en el sistema jubilatorio.

Desde el principal sindicato docente de la provincia cuestionaron los resultados de la negociación salarial desarrollada durante mayo y calificaron aquel acuerdo como un “fracaso”.

Según expresaron, los incrementos otorgados resultaron insuficientes frente al avance de la inflación y no lograron revertir la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los trabajadores de la educación.

El gremio recordó además que días atrás había solicitado formalmente una nueva convocatoria a la mesa paritaria, luego de conocerse los últimos índices inflacionarios, sin obtener hasta el momento una respuesta por parte del Ejecutivo provincial.

Agmer sostuvo que la situación salarial de los docentes requiere una discusión “urgente e impostergable” y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan tanto trabajadores activos como jubilados.

Entre los argumentos expuestos, el sindicato señaló el creciente endeudamiento de los docentes, la necesidad de recurrir al pluriempleo para complementar ingresos y la sobrecarga laboral que enfrentan muchos trabajadores del sector.

Para la organización gremial, estos factores configuran un escenario que consideran cada vez más complejo y que demanda respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.

Otro de los ejes centrales del reclamo es la preocupación por una eventual reforma previsional. Desde Agmer sostienen que cualquier modificación que implique una reducción de derechos o ingresos para trabajadores y jubilados agravaría aún más la situación económica del sector.

Por ese motivo, el paro del 24 de junio se desarrollará en conjunto con las acciones impulsadas por la Multisectorial, que viene manifestando su rechazo a posibles cambios en el sistema previsional entrerriano.

Además del reclamo salarial y previsional, el gremio incluyó entre sus demandas la actualización de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.

Desde la conducción sindical señalaron que la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje requiere no solo una recomposición de los salarios docentes, sino también recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las escuelas y la atención de los estudiantes.

La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) presentó este martes ante senadores provinciales una serie de objeciones al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos. La exposición tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta.

La delegación estuvo encabezada por el secretario general de la entidad, Mario Barberán, acompañado por el secretario adjunto Martín Santana, el secretario Legal y Técnico César Cruz y el secretario de Prensa y Difusión Hernán Miño.

Según informó la organización gremial, fue el único sector que realizó una presentación conjunta, distribuyendo entre sus representantes los aspectos económicos, sociales, institucionales y jurídicos vinculados al proyecto que actualmente analiza la Legislatura.

Durante su intervención, Barberán sostuvo que la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial no incorpora los planteos realizados por los distintos sectores sindicales durante las instancias de diálogo desarrolladas en los últimos años.

El dirigente señaló que, una vez conocido el texto definitivo, la Federación consideró que el proyecto generaría consecuencias negativas para los trabajadores estatales y, particularmente, para el sector municipal.

Asimismo, advirtió que los efectos de la reforma podrían extenderse también a las administraciones locales.

Por su parte, Hernán Miño cuestionó el mecanismo previsto para la actualización de los haberes jubilatorios y sostuvo que la diversidad salarial existente entre los más de 70 municipios entrerrianos requiere contemplar realidades diferentes.

Desde la entidad señalaron que los trabajadores municipales ya realizan aportes adicionales al sistema previsional y advirtieron que una eventual reducción en los ingresos de los jubilados tendría impacto directo en las economías locales.

En ese sentido, argumentaron que gran parte de esos recursos se destinan al consumo cotidiano dentro de las propias comunidades, por lo que cualquier disminución del poder adquisitivo podría repercutir en la actividad comercial de las ciudades.

Otro de los planteos fue realizado por Martín Santana, quien sostuvo que los municipios no constituyen uno de los principales factores que explican el déficit previsional provincial.

De acuerdo con datos citados por FESTRAM, el sistema municipal representaría alrededor del 4% del déficit total, por lo que consideró injustificado atribuirle una incidencia determinante en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

Además, expresó preocupación por los cambios propuestos en el régimen de movilidad jubilatoria y advirtió que podrían generar diferencias entre los incrementos salariales obtenidos en las negociaciones municipales y las actualizaciones de los haberes previsionales.

La exposición concluyó con la intervención del secretario Legal y Técnico de la Federación, César Cruz, quien desarrolló un análisis jurídico sobre distintos artículos del proyecto.

Según manifestó, la iniciativa presenta aspectos que podrían generar controversias respecto de su compatibilidad con principios establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y diversos tratados internacionales vinculados a los derechos sociales y previsionales.

Entre los puntos observados mencionó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la protección de derechos adquiridos y los principios de progresividad y no regresividad que rigen en materia previsional.

Desde la entidad también advirtieron que la aprobación de la reforma podría derivar en futuros reclamos judiciales por parte de los sectores alcanzados.

Al finalizar la reunión, FESTRAM ratificó su rechazo al proyecto y solicitó a los legisladores provinciales una revisión integral de la iniciativa.

La organización sostuvo que cualquier modificación al sistema previsional debería contemplar las particularidades del ámbito municipal y garantizar la protección de los derechos de trabajadores activos y jubilados.

Mientras el debate legislativo continúa en el Senado, distintos sectores sindicales, técnicos y políticos siguen exponiendo sus posiciones sobre una reforma que se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda provincial.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial continuaron este martes el análisis del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad expusieron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS), quienes formularon observaciones a distintos aspectos de la iniciativa.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, mientras en las inmediaciones se concentraban afiliados de UPCN encabezados por su secretario general, José Allende. Paralelamente, en Plaza Mansilla continuaba el acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), integrante de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

En representación de UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez solicitó mantener el requisito de 30 años de aportes y cuestionó la propuesta de ampliar de 120 a 240 meses el período utilizado para calcular el haber jubilatorio inicial. Consideró que la modificación resulta inconveniente en un contexto de bajos salarios e incertidumbre económica.

Otro de los puntos objetados por el gremio fue la posibilidad de incrementar hasta en un 8% el aporte personal de los jubilados en el marco de la emergencia previsional. Domínguez sostuvo que la medida podría elevar la retención total a cerca del 27% de los haberes, porcentaje que calificó como “confiscatorio”.

Por su parte, la dirigente de UPCN Sandra Varas advirtió que la redacción actual del proyecto podría dejar fuera de regímenes especiales a determinados sectores laborales, entre ellos tipógrafos, operadores de aeronavegación y parte del personal de salud. También cuestionó que el Ejecutivo tenga facultades para declarar estados de emergencia sin intervención legislativa.

Desde APS, la secretaria general Alejandra Levrand expresó reparos sobre la posibilidad de prorrogar la emergencia previsional más allá de 2027. A su entender, ello implicaría otorgar facultades excesivas al Poder Ejecutivo.

La dirigente municipal también se refirió al impacto que tendría el aumento de la edad jubilatoria en determinados trabajadores, especialmente aquellos que desarrollan tareas físicas exigentes. Además, cuestionó la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres sin contemplar las tareas de cuidado no remuneradas.

Durante el intercambio con los legisladores, representantes de ambos gremios señalaron que no tuvieron acceso a estudios actuariales que fundamenten la reforma propuesta. En ese sentido, sostuvieron que esos datos resultan indispensables para evaluar el impacto futuro de los cambios previstos.

Mientras se desarrollaba la reunión, UPCN realizó una movilización hasta la Casa de Gobierno para acompañar la exposición de sus representantes.

Al dirigirse a los manifestantes, José Allende defendió la participación del sindicato en la discusión legislativa y rechazó las críticas de otros sectores gremiales. “No hay forma de representar y defender los derechos de los trabajadores si no estamos en una mesa de discusión”, afirmó.

El dirigente sostuvo que UPCN impulsa modificaciones al proyecto para resguardar los derechos de trabajadores activos y jubilados. Entre otros planteos, mencionó la necesidad de que los futuros aumentos jubilatorios contemplen las paritarias estatales y docentes, y propuso la creación de una mesa permanente de seguimiento de la Caja de Jubilaciones.

Allende también cuestionó el eventual incremento de los aportes jubilatorios y reclamó que los déficits de las cajas municipales sean afrontados por los respectivos municipios. Asimismo, sugirió analizar mecanismos específicos de financiamiento para sectores ajenos a la administración pública y una caja diferenciada para el personal retirado de la Policía.

Sobre el final de su discurso, reivindicó la estrategia de diálogo adoptada por UPCN y aseguró que la presencia del sindicato en las instancias de negociación ha sido clave para evitar medidas de ajuste sobre los trabajadores estatales.

En medio del debate legislativo por la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, la diputada provincial Carola Laner defendió el proyecto impulsado por el Ejecutivo y afirmó que la iniciativa tiene como principal objetivo preservar el 82% móvil sobre el sueldo bruto y garantizar la viabilidad financiera del sistema previsional en el largo plazo.

La legisladora consideró necesario que la discusión se desarrolle con datos concretos y transparencia. “Es necesario sincerarse con la sociedad y presentar los números claros como son”, sostuvo.

Según explicó, el sistema previsional provincial presenta actualmente diferencias respecto de los criterios con los que fue concebido originalmente, generando situaciones que derivan en haberes superiores al porcentaje histórico establecido por la normativa.

“El promedio del haber jubilatorio actual está muy por encima del 82% móvil, con lo cual lo que se busca es preservarlo”, señaló.

Para ilustrar la situación, Laner expuso un ejemplo vinculado a la relación entre salarios activos y haberes jubilatorios.

“Si un trabajador activo percibe un salario de 1,3 millones de pesos, el 82% móvil representa 1.066.000 pesos. Sin embargo, actualmente el haber promedio que se está pagando alcanza los 1.675.527 pesos”, indicó.

La diputada sostuvo que la reforma busca corregir esos desfasajes de manera gradual y hacia adelante, sin afectar las prestaciones ya otorgadas.

“Los haberes actuales no serán modificados. La adecuación al criterio del 82% móvil regirá para las nuevas jubilaciones y para los mecanismos previstos en la reforma”, remarcó.

Uno de los aspectos que la legisladora destacó del proyecto es que mantiene intactos los derechos adquiridos por quienes ya forman parte del sistema previsional.

En ese sentido, señaló que la iniciativa establece expresamente que ningún jubilado verá reducido el monto que actualmente percibe. Asimismo, indicó que continuarán vigentes los regímenes especiales contemplados por la legislación actual y el mecanismo de movilidad vinculado a las negociaciones paritarias de los trabajadores estatales.

Laner advirtió que la discusión no puede limitarse únicamente a la defensa de los derechos previsionales actuales, sino que también debe contemplar la posibilidad de sostener el sistema para las futuras generaciones.

“Si no se avanzaba en una corrección estructural, en pocos años no se iban a poder pagar las jubilaciones ni sostener el 82% móvil”, afirmó.

La diputada explicó que uno de los principales problemas radica en la relación entre aportantes y beneficiarios. Actualmente, la Caja registra menos de dos trabajadores activos por cada jubilado, mientras que los especialistas consideran más equilibrado un esquema cercano a cuatro aportantes por beneficiario.

A ello se suma, según indicó, un crecimiento de la cantidad de jubilados superior al de los trabajadores que realizan aportes al sistema, situación que profundiza el déficit previsional.

Entre las medidas contempladas en el proyecto se encuentran una actualización gradual de la edad jubilatoria, la ampliación de la base de cálculo para determinar el haber inicial y la implementación de un aporte solidario progresivo destinado a los sectores de mayores ingresos.

Desde la perspectiva del oficialismo, estas modificaciones apuntan a mejorar la equidad interna y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja.

En ese marco, Laner insistió en que la finalidad de la reforma no es reducir derechos, sino garantizar que el sistema pueda seguir funcionando en el futuro.

“El objetivo es que el 82% móvil no sea solamente una consigna, sino una garantía real y sostenible para quienes hoy están jubilados y para quienes se jubilarán en los próximos años”, concluyó.

Mientras el debate continúa en la Legislatura, la reforma previsional sigue generando posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y los distintos sectores gremiales, en una discusión que tendrá impacto directo sobre uno de los principales desafíos financieros que enfrenta actualmente la provincia.

En medio del debate legislativo sobre una eventual reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el senador provincial Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) advirtió sobre la magnitud del déficit que registra actualmente el organismo previsional y sostuvo que resulta imprescindible avanzar en una discusión profunda para asegurar su sostenibilidad futura.

Según explicó el legislador, el déficit mensual de la Caja ronda actualmente los 45.000 millones de pesos, una cifra que, a su entender, permite dimensionar la gravedad de la situación financiera.

“Ese déficit absorbe la totalidad de la renta que generan los campos agrícolas de la provincia”, señaló Benedetti al comparar el rojo previsional con uno de los principales sectores productivos de Entre Ríos.

El senador indicó que la provincia cuenta con aproximadamente 1,8 millones de hectáreas agrícolas y que el valor promedio de los arrendamientos ronda los 25.000 pesos mensuales por hectárea. Incluso bajo esas condiciones, afirmó, la renta generada apenas alcanzaría para cubrir el déficit actual del sistema jubilatorio.

Benedetti remarcó que la situación no es reciente ni responde a una coyuntura particular. Según detalló, entre 2011 y 2015 el déficit de la Caja representaba el equivalente a 6,5 pesos por cada 100 pesos de recursos corrientes de la provincia, mientras que entre 2021 y 2025 esa relación aumentó a 9,2 pesos por cada 100.

A su entender, esta evolución implica que una porción creciente de los recursos públicos debe destinarse a cubrir el déficit previsional, limitando la capacidad de inversión en otras áreas del Estado.

“Cada vez más recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura o desarrollo terminan siendo absorbidos por un sistema que requiere correcciones para garantizar su sustentabilidad”, sostuvo.

Durante las reuniones desarrolladas en las comisiones del Senado, los representantes gremiales expresaron una firme oposición al proyecto impulsado por el oficialismo provincial.

Sobre este punto, Benedetti reconoció que los sindicatos plantearon objeciones de carácter constitucional, político y económico, y coincidió en que los trabajadores activos y los jubilados no son responsables de la situación financiera que atraviesa el organismo.

“Los trabajadores y jubilados no son responsables de la situación actual”, afirmó el legislador.

Sin embargo, consideró que reconocer esa realidad no elimina la necesidad de encontrar soluciones estructurales para evitar que el déficit continúe creciendo.

El senador también hizo referencia a las propuestas que sugieren cubrir el déficit mediante nuevos tributos o aportes especiales.

Si bien señaló que los recursos transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) contribuyen a financiar parte del sistema, advirtió que esos fondos resultan insuficientes para resolver el problema de fondo.

“Cuando el déficit de la Caja equivale a toda la renta agrícola de la provincia, resulta evidente que la dimensión del problema exige discutir algo más que nuevas fuentes de financiamiento”, expresó.

En el tramo final de su análisis, Benedetti sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la preservación de los derechos previsionales y la sostenibilidad financiera del sistema.

“No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos”, afirmó.

El legislador consideró que el debate debe desarrollarse escuchando todas las posiciones y evaluando alternativas que permitan asegurar la continuidad del sistema tanto para los actuales beneficiarios como para las futuras generaciones.

La discusión sobre la reforma previsional continúa en el ámbito legislativo y se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda política provincial, en un contexto marcado por la preocupación sobre el crecimiento sostenido del déficit de la Caja de Jubilaciones.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, se pronunció a favor del proceso de reforma previsional que actualmente se debate en la provincia y consideró que existe una oportunidad política que no debería desaprovecharse para avanzar en cambios estructurales dentro del sistema.

“La reforma hay que hacerla. No desperdiciemos la oportunidad”, expresó el especialista en materia previsional, quien tuvo a su cargo la conducción del organismo durante distintas gestiones justicialistas y participó en la elaboración de diversos proyectos vinculados al régimen jubilatorio provincial.

Según señaló, el debate actual reúne condiciones que pocas veces se presentan para abordar una problemática que, a su entender, lleva décadas sin resolverse de manera integral.

Elías sostuvo que la provincia viene postergando desde hace años una reforma de fondo del sistema previsional y recordó que intervino en la elaboración de cinco proyectos desde finales de la década de 1990.

“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, afirmó.

En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política de avanzar con el tema y valoró tanto la postura del gobernador Rogelio Frigerio como el trabajo técnico realizado por la Caja de Jubilaciones para analizar la situación financiera del organismo.

Durante sus declaraciones, recordó que el primer anteproyecto en el que trabajó fue presentado en diciembre de 1997 durante la segunda gobernación de Jorge Busti.

Posteriormente, participó en nuevas iniciativas impulsadas durante las gestiones de Sergio Urribarri y también colaboró en la elaboración de otro proyecto durante el gobierno de Gustavo Bordet.

A su juicio, algunas de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema previsional podrían haberse mitigado si parte de aquellas propuestas hubieran sido implementadas oportunamente.

Asimismo, recordó que el propio Bordet había planteado en 2020 la necesidad de abordar la situación financiera de la Caja, reconociendo la importancia de encarar una discusión de fondo sobre el régimen jubilatorio.

Si bien manifestó algunas observaciones respecto de aspectos puntuales del proyecto actualmente en tratamiento, Elías respaldó varios de sus ejes principales.

Entre ellos mencionó la necesidad de revisar la edad jubilatoria y reformular el esquema de pensiones, medidas que consideró necesarias para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, sostuvo.

El ex titular de la Caja señaló además que cualquier proceso de reforma requerirá aportes de distintos sectores para alcanzar un equilibrio sostenible en el tiempo.

En ese marco, planteó que los esfuerzos deben distribuirse de manera progresiva, contemplando la capacidad de cada sector para contribuir a la sostenibilidad del sistema.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

Las declaraciones de Elías se suman al debate que actualmente se desarrolla en Entre Ríos en torno al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que genera posiciones diversas entre sectores políticos, sindicales, empresariales y especialistas vinculados al sistema jubilatorio provincial.

A través de un documento conjunto, las organizaciones que integran el foro sostuvieron que la situación financiera del sistema previsional representa uno de los principales desafíos para las cuentas públicas provinciales y advirtieron sobre sus efectos en el desarrollo económico y productivo.

Según manifestaron, el creciente déficit de la Caja absorbe recursos que podrían destinarse a áreas como infraestructura, educación, salud, seguridad, promoción de inversiones y generación de empleo.

Las entidades remarcaron que el debate sobre el sistema previsional excede el ámbito de los trabajadores estatales y jubilados, al considerar que el desequilibrio financiero tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía provincial.

En ese sentido, valoraron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reconozca la magnitud del problema y proponga una transición gradual orientada a recuperar la sustentabilidad del sistema, preservando los derechos adquiridos de jubilados y pensionados.

Desde el sector empresario señalaron además que corregir los desequilibrios previsionales resulta una condición necesaria para fortalecer las finanzas públicas y generar un contexto más favorable para la inversión privada y la creación de empleo.

En el documento, el foro también solicitó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se lleve adelante con “seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo”, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar demoras que profundicen el problema financiero.

Las entidades sostuvieron que una postergación de las reformas podría incrementar el desfinanciamiento del sistema y afectar la capacidad de la provincia para afrontar otras políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y social.

Asimismo, afirmaron que la continuidad de los desequilibrios estructurales podría derivar en menores niveles de inversión, pérdida de competitividad y una reducción de las oportunidades de crecimiento para Entre Ríos.

El pronunciamiento fue suscripto por las organizaciones que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos:

De esta manera, el sector empresario se sumó al debate abierto en torno a la reforma previsional, una iniciativa que genera posiciones encontradas y que deberá ser analizada por la Legislatura provincial en las próximas semanas.