La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) presentó este martes ante senadores provinciales una serie de objeciones al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos. La exposición tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta.

La delegación estuvo encabezada por el secretario general de la entidad, Mario Barberán, acompañado por el secretario adjunto Martín Santana, el secretario Legal y Técnico César Cruz y el secretario de Prensa y Difusión Hernán Miño.

Según informó la organización gremial, fue el único sector que realizó una presentación conjunta, distribuyendo entre sus representantes los aspectos económicos, sociales, institucionales y jurídicos vinculados al proyecto que actualmente analiza la Legislatura.

Durante su intervención, Barberán sostuvo que la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial no incorpora los planteos realizados por los distintos sectores sindicales durante las instancias de diálogo desarrolladas en los últimos años.

El dirigente señaló que, una vez conocido el texto definitivo, la Federación consideró que el proyecto generaría consecuencias negativas para los trabajadores estatales y, particularmente, para el sector municipal.

Asimismo, advirtió que los efectos de la reforma podrían extenderse también a las administraciones locales.

Por su parte, Hernán Miño cuestionó el mecanismo previsto para la actualización de los haberes jubilatorios y sostuvo que la diversidad salarial existente entre los más de 70 municipios entrerrianos requiere contemplar realidades diferentes.

Desde la entidad señalaron que los trabajadores municipales ya realizan aportes adicionales al sistema previsional y advirtieron que una eventual reducción en los ingresos de los jubilados tendría impacto directo en las economías locales.

En ese sentido, argumentaron que gran parte de esos recursos se destinan al consumo cotidiano dentro de las propias comunidades, por lo que cualquier disminución del poder adquisitivo podría repercutir en la actividad comercial de las ciudades.

Otro de los planteos fue realizado por Martín Santana, quien sostuvo que los municipios no constituyen uno de los principales factores que explican el déficit previsional provincial.

De acuerdo con datos citados por FESTRAM, el sistema municipal representaría alrededor del 4% del déficit total, por lo que consideró injustificado atribuirle una incidencia determinante en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

Además, expresó preocupación por los cambios propuestos en el régimen de movilidad jubilatoria y advirtió que podrían generar diferencias entre los incrementos salariales obtenidos en las negociaciones municipales y las actualizaciones de los haberes previsionales.

La exposición concluyó con la intervención del secretario Legal y Técnico de la Federación, César Cruz, quien desarrolló un análisis jurídico sobre distintos artículos del proyecto.

Según manifestó, la iniciativa presenta aspectos que podrían generar controversias respecto de su compatibilidad con principios establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y diversos tratados internacionales vinculados a los derechos sociales y previsionales.

Entre los puntos observados mencionó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la protección de derechos adquiridos y los principios de progresividad y no regresividad que rigen en materia previsional.

Desde la entidad también advirtieron que la aprobación de la reforma podría derivar en futuros reclamos judiciales por parte de los sectores alcanzados.

Al finalizar la reunión, FESTRAM ratificó su rechazo al proyecto y solicitó a los legisladores provinciales una revisión integral de la iniciativa.

La organización sostuvo que cualquier modificación al sistema previsional debería contemplar las particularidades del ámbito municipal y garantizar la protección de los derechos de trabajadores activos y jubilados.

Mientras el debate legislativo continúa en el Senado, distintos sectores sindicales, técnicos y políticos siguen exponiendo sus posiciones sobre una reforma que se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda provincial.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial continuaron este martes el análisis del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad expusieron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS), quienes formularon observaciones a distintos aspectos de la iniciativa.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, mientras en las inmediaciones se concentraban afiliados de UPCN encabezados por su secretario general, José Allende. Paralelamente, en Plaza Mansilla continuaba el acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), integrante de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

En representación de UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez solicitó mantener el requisito de 30 años de aportes y cuestionó la propuesta de ampliar de 120 a 240 meses el período utilizado para calcular el haber jubilatorio inicial. Consideró que la modificación resulta inconveniente en un contexto de bajos salarios e incertidumbre económica.

Otro de los puntos objetados por el gremio fue la posibilidad de incrementar hasta en un 8% el aporte personal de los jubilados en el marco de la emergencia previsional. Domínguez sostuvo que la medida podría elevar la retención total a cerca del 27% de los haberes, porcentaje que calificó como “confiscatorio”.

Por su parte, la dirigente de UPCN Sandra Varas advirtió que la redacción actual del proyecto podría dejar fuera de regímenes especiales a determinados sectores laborales, entre ellos tipógrafos, operadores de aeronavegación y parte del personal de salud. También cuestionó que el Ejecutivo tenga facultades para declarar estados de emergencia sin intervención legislativa.

Desde APS, la secretaria general Alejandra Levrand expresó reparos sobre la posibilidad de prorrogar la emergencia previsional más allá de 2027. A su entender, ello implicaría otorgar facultades excesivas al Poder Ejecutivo.

La dirigente municipal también se refirió al impacto que tendría el aumento de la edad jubilatoria en determinados trabajadores, especialmente aquellos que desarrollan tareas físicas exigentes. Además, cuestionó la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres sin contemplar las tareas de cuidado no remuneradas.

Durante el intercambio con los legisladores, representantes de ambos gremios señalaron que no tuvieron acceso a estudios actuariales que fundamenten la reforma propuesta. En ese sentido, sostuvieron que esos datos resultan indispensables para evaluar el impacto futuro de los cambios previstos.

Mientras se desarrollaba la reunión, UPCN realizó una movilización hasta la Casa de Gobierno para acompañar la exposición de sus representantes.

Al dirigirse a los manifestantes, José Allende defendió la participación del sindicato en la discusión legislativa y rechazó las críticas de otros sectores gremiales. “No hay forma de representar y defender los derechos de los trabajadores si no estamos en una mesa de discusión”, afirmó.

El dirigente sostuvo que UPCN impulsa modificaciones al proyecto para resguardar los derechos de trabajadores activos y jubilados. Entre otros planteos, mencionó la necesidad de que los futuros aumentos jubilatorios contemplen las paritarias estatales y docentes, y propuso la creación de una mesa permanente de seguimiento de la Caja de Jubilaciones.

Allende también cuestionó el eventual incremento de los aportes jubilatorios y reclamó que los déficits de las cajas municipales sean afrontados por los respectivos municipios. Asimismo, sugirió analizar mecanismos específicos de financiamiento para sectores ajenos a la administración pública y una caja diferenciada para el personal retirado de la Policía.

Sobre el final de su discurso, reivindicó la estrategia de diálogo adoptada por UPCN y aseguró que la presencia del sindicato en las instancias de negociación ha sido clave para evitar medidas de ajuste sobre los trabajadores estatales.

En medio del debate legislativo por la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, la diputada provincial Carola Laner defendió el proyecto impulsado por el Ejecutivo y afirmó que la iniciativa tiene como principal objetivo preservar el 82% móvil sobre el sueldo bruto y garantizar la viabilidad financiera del sistema previsional en el largo plazo.

La legisladora consideró necesario que la discusión se desarrolle con datos concretos y transparencia. “Es necesario sincerarse con la sociedad y presentar los números claros como son”, sostuvo.

Según explicó, el sistema previsional provincial presenta actualmente diferencias respecto de los criterios con los que fue concebido originalmente, generando situaciones que derivan en haberes superiores al porcentaje histórico establecido por la normativa.

“El promedio del haber jubilatorio actual está muy por encima del 82% móvil, con lo cual lo que se busca es preservarlo”, señaló.

Para ilustrar la situación, Laner expuso un ejemplo vinculado a la relación entre salarios activos y haberes jubilatorios.

“Si un trabajador activo percibe un salario de 1,3 millones de pesos, el 82% móvil representa 1.066.000 pesos. Sin embargo, actualmente el haber promedio que se está pagando alcanza los 1.675.527 pesos”, indicó.

La diputada sostuvo que la reforma busca corregir esos desfasajes de manera gradual y hacia adelante, sin afectar las prestaciones ya otorgadas.

“Los haberes actuales no serán modificados. La adecuación al criterio del 82% móvil regirá para las nuevas jubilaciones y para los mecanismos previstos en la reforma”, remarcó.

Uno de los aspectos que la legisladora destacó del proyecto es que mantiene intactos los derechos adquiridos por quienes ya forman parte del sistema previsional.

En ese sentido, señaló que la iniciativa establece expresamente que ningún jubilado verá reducido el monto que actualmente percibe. Asimismo, indicó que continuarán vigentes los regímenes especiales contemplados por la legislación actual y el mecanismo de movilidad vinculado a las negociaciones paritarias de los trabajadores estatales.

Laner advirtió que la discusión no puede limitarse únicamente a la defensa de los derechos previsionales actuales, sino que también debe contemplar la posibilidad de sostener el sistema para las futuras generaciones.

“Si no se avanzaba en una corrección estructural, en pocos años no se iban a poder pagar las jubilaciones ni sostener el 82% móvil”, afirmó.

La diputada explicó que uno de los principales problemas radica en la relación entre aportantes y beneficiarios. Actualmente, la Caja registra menos de dos trabajadores activos por cada jubilado, mientras que los especialistas consideran más equilibrado un esquema cercano a cuatro aportantes por beneficiario.

A ello se suma, según indicó, un crecimiento de la cantidad de jubilados superior al de los trabajadores que realizan aportes al sistema, situación que profundiza el déficit previsional.

Entre las medidas contempladas en el proyecto se encuentran una actualización gradual de la edad jubilatoria, la ampliación de la base de cálculo para determinar el haber inicial y la implementación de un aporte solidario progresivo destinado a los sectores de mayores ingresos.

Desde la perspectiva del oficialismo, estas modificaciones apuntan a mejorar la equidad interna y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja.

En ese marco, Laner insistió en que la finalidad de la reforma no es reducir derechos, sino garantizar que el sistema pueda seguir funcionando en el futuro.

“El objetivo es que el 82% móvil no sea solamente una consigna, sino una garantía real y sostenible para quienes hoy están jubilados y para quienes se jubilarán en los próximos años”, concluyó.

Mientras el debate continúa en la Legislatura, la reforma previsional sigue generando posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y los distintos sectores gremiales, en una discusión que tendrá impacto directo sobre uno de los principales desafíos financieros que enfrenta actualmente la provincia.

En medio del debate legislativo sobre una eventual reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el senador provincial Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) advirtió sobre la magnitud del déficit que registra actualmente el organismo previsional y sostuvo que resulta imprescindible avanzar en una discusión profunda para asegurar su sostenibilidad futura.

Según explicó el legislador, el déficit mensual de la Caja ronda actualmente los 45.000 millones de pesos, una cifra que, a su entender, permite dimensionar la gravedad de la situación financiera.

“Ese déficit absorbe la totalidad de la renta que generan los campos agrícolas de la provincia”, señaló Benedetti al comparar el rojo previsional con uno de los principales sectores productivos de Entre Ríos.

El senador indicó que la provincia cuenta con aproximadamente 1,8 millones de hectáreas agrícolas y que el valor promedio de los arrendamientos ronda los 25.000 pesos mensuales por hectárea. Incluso bajo esas condiciones, afirmó, la renta generada apenas alcanzaría para cubrir el déficit actual del sistema jubilatorio.

Benedetti remarcó que la situación no es reciente ni responde a una coyuntura particular. Según detalló, entre 2011 y 2015 el déficit de la Caja representaba el equivalente a 6,5 pesos por cada 100 pesos de recursos corrientes de la provincia, mientras que entre 2021 y 2025 esa relación aumentó a 9,2 pesos por cada 100.

A su entender, esta evolución implica que una porción creciente de los recursos públicos debe destinarse a cubrir el déficit previsional, limitando la capacidad de inversión en otras áreas del Estado.

“Cada vez más recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura o desarrollo terminan siendo absorbidos por un sistema que requiere correcciones para garantizar su sustentabilidad”, sostuvo.

Durante las reuniones desarrolladas en las comisiones del Senado, los representantes gremiales expresaron una firme oposición al proyecto impulsado por el oficialismo provincial.

Sobre este punto, Benedetti reconoció que los sindicatos plantearon objeciones de carácter constitucional, político y económico, y coincidió en que los trabajadores activos y los jubilados no son responsables de la situación financiera que atraviesa el organismo.

“Los trabajadores y jubilados no son responsables de la situación actual”, afirmó el legislador.

Sin embargo, consideró que reconocer esa realidad no elimina la necesidad de encontrar soluciones estructurales para evitar que el déficit continúe creciendo.

El senador también hizo referencia a las propuestas que sugieren cubrir el déficit mediante nuevos tributos o aportes especiales.

Si bien señaló que los recursos transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) contribuyen a financiar parte del sistema, advirtió que esos fondos resultan insuficientes para resolver el problema de fondo.

“Cuando el déficit de la Caja equivale a toda la renta agrícola de la provincia, resulta evidente que la dimensión del problema exige discutir algo más que nuevas fuentes de financiamiento”, expresó.

En el tramo final de su análisis, Benedetti sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la preservación de los derechos previsionales y la sostenibilidad financiera del sistema.

“No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos”, afirmó.

El legislador consideró que el debate debe desarrollarse escuchando todas las posiciones y evaluando alternativas que permitan asegurar la continuidad del sistema tanto para los actuales beneficiarios como para las futuras generaciones.

La discusión sobre la reforma previsional continúa en el ámbito legislativo y se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda política provincial, en un contexto marcado por la preocupación sobre el crecimiento sostenido del déficit de la Caja de Jubilaciones.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, se pronunció a favor del proceso de reforma previsional que actualmente se debate en la provincia y consideró que existe una oportunidad política que no debería desaprovecharse para avanzar en cambios estructurales dentro del sistema.

“La reforma hay que hacerla. No desperdiciemos la oportunidad”, expresó el especialista en materia previsional, quien tuvo a su cargo la conducción del organismo durante distintas gestiones justicialistas y participó en la elaboración de diversos proyectos vinculados al régimen jubilatorio provincial.

Según señaló, el debate actual reúne condiciones que pocas veces se presentan para abordar una problemática que, a su entender, lleva décadas sin resolverse de manera integral.

Elías sostuvo que la provincia viene postergando desde hace años una reforma de fondo del sistema previsional y recordó que intervino en la elaboración de cinco proyectos desde finales de la década de 1990.

“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, afirmó.

En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política de avanzar con el tema y valoró tanto la postura del gobernador Rogelio Frigerio como el trabajo técnico realizado por la Caja de Jubilaciones para analizar la situación financiera del organismo.

Durante sus declaraciones, recordó que el primer anteproyecto en el que trabajó fue presentado en diciembre de 1997 durante la segunda gobernación de Jorge Busti.

Posteriormente, participó en nuevas iniciativas impulsadas durante las gestiones de Sergio Urribarri y también colaboró en la elaboración de otro proyecto durante el gobierno de Gustavo Bordet.

A su juicio, algunas de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema previsional podrían haberse mitigado si parte de aquellas propuestas hubieran sido implementadas oportunamente.

Asimismo, recordó que el propio Bordet había planteado en 2020 la necesidad de abordar la situación financiera de la Caja, reconociendo la importancia de encarar una discusión de fondo sobre el régimen jubilatorio.

Si bien manifestó algunas observaciones respecto de aspectos puntuales del proyecto actualmente en tratamiento, Elías respaldó varios de sus ejes principales.

Entre ellos mencionó la necesidad de revisar la edad jubilatoria y reformular el esquema de pensiones, medidas que consideró necesarias para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, sostuvo.

El ex titular de la Caja señaló además que cualquier proceso de reforma requerirá aportes de distintos sectores para alcanzar un equilibrio sostenible en el tiempo.

En ese marco, planteó que los esfuerzos deben distribuirse de manera progresiva, contemplando la capacidad de cada sector para contribuir a la sostenibilidad del sistema.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

Las declaraciones de Elías se suman al debate que actualmente se desarrolla en Entre Ríos en torno al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que genera posiciones diversas entre sectores políticos, sindicales, empresariales y especialistas vinculados al sistema jubilatorio provincial.

A través de un documento conjunto, las organizaciones que integran el foro sostuvieron que la situación financiera del sistema previsional representa uno de los principales desafíos para las cuentas públicas provinciales y advirtieron sobre sus efectos en el desarrollo económico y productivo.

Según manifestaron, el creciente déficit de la Caja absorbe recursos que podrían destinarse a áreas como infraestructura, educación, salud, seguridad, promoción de inversiones y generación de empleo.

Las entidades remarcaron que el debate sobre el sistema previsional excede el ámbito de los trabajadores estatales y jubilados, al considerar que el desequilibrio financiero tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía provincial.

En ese sentido, valoraron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reconozca la magnitud del problema y proponga una transición gradual orientada a recuperar la sustentabilidad del sistema, preservando los derechos adquiridos de jubilados y pensionados.

Desde el sector empresario señalaron además que corregir los desequilibrios previsionales resulta una condición necesaria para fortalecer las finanzas públicas y generar un contexto más favorable para la inversión privada y la creación de empleo.

En el documento, el foro también solicitó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se lleve adelante con “seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo”, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar demoras que profundicen el problema financiero.

Las entidades sostuvieron que una postergación de las reformas podría incrementar el desfinanciamiento del sistema y afectar la capacidad de la provincia para afrontar otras políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y social.

Asimismo, afirmaron que la continuidad de los desequilibrios estructurales podría derivar en menores niveles de inversión, pérdida de competitividad y una reducción de las oportunidades de crecimiento para Entre Ríos.

El pronunciamiento fue suscripto por las organizaciones que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos:

De esta manera, el sector empresario se sumó al debate abierto en torno a la reforma previsional, una iniciativa que genera posiciones encontradas y que deberá ser analizada por la Legislatura provincial en las próximas semanas.

En el marco de una reunión virtual organizada por el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, brindó detalles sobre la situación financiera del organismo y los principales aspectos de la reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.

Durante el encuentro, el funcionario explicó que el sistema previsional provincial enfrenta un importante déficit estructural, producto de diversos factores que se han profundizado con el paso de los años. Entre ellos mencionó la disminución de aportantes activos en relación con la cantidad de beneficiarios y el crecimiento de jubilaciones otorgadas bajo regímenes especiales.

Bagnat aclaró que los trabajadores estatales no son responsables de la situación actual de la Caja, sino que forman parte de un esquema que durante décadas permitió sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los aspectos señalados fue el desequilibrio existente entre los sectores público y privado. Según indicó, actualmente la cantidad de empleados públicos supera ampliamente a la de trabajadores privados que realizan aportes al sistema, una situación que impacta directamente en la sustentabilidad del régimen previsional entrerriano.

En relación con la reforma propuesta, sostuvo que el objetivo central es garantizar la viabilidad de la Caja a largo plazo. En ese marco, se plantea que quienes accedan a determinados regímenes jubilatorios especiales puedan continuar desempeñando tareas laborales y realizando aportes si optan por permanecer en actividad, contribuyendo así al fortalecimiento financiero del sistema.

Respecto de la edad jubilatoria, el titular de la Caja señaló que cualquier modificación se aplicaría de manera gradual, a través de un proceso de transición que podría extenderse entre cinco y veinte años. Asimismo, aseguró que las personas próximas a acceder al beneficio no sufrirán cambios en las condiciones vigentes.

También remarcó que los jubilados actuales mantendrán sus haberes y los derechos ya adquiridos, descartando modificaciones que afecten prestaciones en curso.

Otro de los temas abordados fue la movilidad jubilatoria. Según explicó, la propuesta oficial no contempla reducciones en los ingresos de los beneficiarios, aunque prevé una nueva fórmula de actualización que acompañe de manera más equilibrada las variaciones salariales de los trabajadores activos.

Durante la exposición se informó además que algunos sectores continuarán contando con regímenes especiales. Entre ellos se encuentran el personal policial, los artistas alcanzados por la Ley Provincial Nº 7.849 y determinados docentes que acrediten años de servicio frente al aula y cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, Bagnat se refirió a la creación de una paritaria única para algunos sectores específicos, mecanismo que permitiría vincular la evolución de las jubilaciones a acuerdos salariales propios de cada actividad y no exclusivamente a las actualizaciones del escalafón general de la administración pública.

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos destacaron la importancia del encuentro y valoraron el intercambio de información sobre una temática considerada clave para el futuro de miles de trabajadores activos y jubilados de la provincia.

La decisión fue comunicada este martes durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), donde representantes gremiales y de trabajadores pasivos cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa oficial y adelantaron medidas de fuerza que incluirán movilizaciones, acampes, cortes de ruta y la preparación de un paro general provincial.

Los referentes sostienen que el proyecto afecta derechos previsionales adquiridos, modifica el cálculo de los haberes jubilatorios y otorga facultades que consideran impropias al Poder Ejecutivo.

El secretario general de AJER, José María Segura, fue el encargado de abrir la conferencia y ratificó el rechazo de la Multisectorial al proyecto.

Según indicó, las organizaciones presentarán ante el Senado un petitorio respaldado por más de 25.000 firmas y solicitarán formalmente participar en el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Segura sostuvo además que el texto contiene disposiciones que consideran inconstitucionales por delegar atribuciones en el Poder Ejecutivo y adelantó que la Multisectorial mantendrá una presencia activa en las calles durante el debate parlamentario.

Entre las medidas previstas mencionó movilizaciones provinciales, retenciones de servicios, volanteadas y cortes intermitentes en distintos puntos estratégicos de la provincia, entre ellos el Túnel Subfluvial, la Ruta Nacional 14, Concordia y Gualeguaychú.

Asimismo, señaló que las organizaciones de mujeres incorporarán el reclamo previsional a las actividades vinculadas al movimiento Ni Una Menos, en rechazo a la posibilidad de equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres.

Por parte de los sectores pasivos, la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, Claudia Vallori, expresó la preocupación existente entre los centros de jubilados.

"Todos los centros han manifestado su rechazo porque entendemos que esta reforma nos conduce a un proceso de empobrecimiento", afirmó.

La dirigente señaló además que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal para participar de las discusiones en comisión y aseguró que permanecen atentos a las decisiones que adopte la Cámara de Senadores.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (Apler), Gilberto Deveccio, cuestionó el contenido del proyecto y sostuvo que la propuesta oficial traslada el costo del ajuste a trabajadores y jubilados.

En ese marco, recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa que apunta a generar recursos mediante una mayor carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos.

Deveccio también puso el foco en los cambios previstos para el cálculo del haber jubilatorio inicial y consideró que la ampliación del período tomado para determinar el promedio salarial implicará una reducción de los ingresos futuros.

"Es incorrecto afirmar que se mantiene plenamente el 82 por ciento móvil si se modifican las variables con las que se calcula el haber inicial", argumentó.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, aseguró que la amplia mayoría de los sindicatos provinciales rechaza el proyecto.

Según expresó, la iniciativa representa una modificación estructural del sistema previsional y tendrá consecuencias negativas tanto para los trabajadores activos como para los futuros jubilados.

Además, advirtió sobre el impacto que, a su entender, podría tener la reforma sobre los municipios y comunas entrerrianas.

Por su parte, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que las organizaciones iniciaron un acampe frente a Casa de Gobierno que se mantendrá mientras continúe la actividad legislativa relacionada con el proyecto.

También adelantó que la Multisectorial convocará a un paro general provincial cuando el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

Durante su intervención, Antivero rechazó las versiones que señalan que la reforma cuenta con consenso de los gremios estatales y aseguró que ninguna de las organizaciones que integran la Multisectorial avala el texto impulsado por el Ejecutivo.

Finalmente, adelantó que continuarán desarrollando acciones de visibilización en toda la provincia para expresar su postura y buscar influir en el debate legislativo.

En ese sentido, sostuvo que los sindicatos seguirán dialogando con los legisladores y difundiendo públicamente la posición que adopte cada representante al momento de la votación del proyecto.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones ante la consulta de los medios de comunicación. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron los cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar de la discusión y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.

Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.

Más adelante, la dirigente valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, explicó. No obstante, anticipó que seguirán insistiendo para que quede como está actualmente y advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.

Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.

Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó.

Más adelante, Domínguez dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.

“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.

“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.

“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El dirigente destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.

“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó

“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.

García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.

Por último, el dirigente se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.

Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.

“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.

“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.

La situación salarial, la pérdida del poder adquisitivo, la estabilidad laboral y el debate en torno a la reforma previsional fueron algunos de los principales ejes abordados por la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, quien trazó un duro diagnóstico sobre el presente económico y laboral que atraviesan los trabajadores estatales.

En declaraciones al programa Debate Abierto Radio, la dirigente gremial sostuvo que el contexto actual está marcado por una creciente conflictividad en la administración pública provincial y advirtió sobre el impacto de la crisis nacional en los ingresos de los trabajadores.

“En la Argentina de Milei nada alcanza”, resumió.

Domínguez describió una situación compleja dentro del sector público entrerriano, donde la inflación y el deterioro del poder adquisitivo aparecen como una de las principales preocupaciones del gremio.

En ese marco, explicó que UPCN definió una agenda de prioridades orientada a atender reclamos históricos en áreas sensibles del Estado.

Entre ellas mencionó:

Según indicó, el sindicato logró avances en algunos frentes vinculados a la regularización laboral.

Destacó particularmente mejoras en:

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista fue la comparación entre la gestión provincial y la nacional.

Domínguez calificó como “abismal” la diferencia entre el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos y la administración nacional de Javier Milei.

Según explicó, aunque en la provincia existen conflictos, medidas de fuerza y discusiones salariales, todavía hay canales de diálogo abiertos.

“En Entre Ríos hay discusión, hay reclamos, pero también hay funcionarios que escuchan”, planteó.

En contraposición, cuestionó con dureza la gestión nacional, a la que atribuyó una mirada confrontativa hacia el Estado.

La dirigente habló de un “autoritarismo innegable” y de un clima político donde, según sostuvo, existe un fuerte rechazo hacia el sector público.

También remarcó que en la provincia, a diferencia de otros ámbitos nacionales, no se registraron despidos masivos en la administración estatal.

Otro de los temas centrales fue la discusión en torno a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Domínguez aclaró que UPCN participa activamente del debate, aunque rechazó cualquier lectura que implique un aval automático al proyecto oficial.

“No apoyamos a ciegas”, afirmó.

Explicó que la postura del gremio está orientada a garantizar que no se afecten derechos adquiridos de trabajadores activos y jubilados.

Uno de los principales puntos de cuestionamiento tiene que ver con el cálculo del haber inicial.

La dirigente consideró inviable modificar ese esquema tomando como referencia los últimos 30 años de vida laboral.

Según advirtió, una medida de ese tipo impactaría directamente sobre el sistema previsional.

“Eso destruiría el 82% móvil”, sostuvo.

Domínguez también se refirió a la actualización de haberes previsionales.

Indicó que, tras las gestiones del gremio, el Gobierno provincial descartó la posibilidad de utilizar el índice de ANSES como parámetro de movilidad jubilatoria.

En su lugar, señaló que se trabaja en la búsqueda de un indicador que refleje la realidad salarial de la provincia y preserve la actualización de ingresos de los jubilados.

La defensa del 82 por ciento móvil y de la movilidad previsional aparece, según UPCN, como una línea roja dentro de la negociación.

En otro tramo de sus declaraciones, la dirigente defendió el rol de UPCN frente a otros gremios estatales, en una referencia que apuntó especialmente a sectores como ATE.

Sostuvo que el sindicato apuesta a la negociación directa y a la construcción de propuestas dentro de las mesas paritarias.

“Es muy fácil batir el bombo afuera, pero hay que tener respuestas para los trabajadores”, expresó.

En ese sentido, destacó que UPCN avanzó recientemente con intimaciones legales al:

El objetivo, explicó, fue exigir el cumplimiento de acuerdos previos y reclamar el pago de deudas salariales pendientes.

Las declaraciones de Carina Domínguez vuelven a poner en el centro del debate la situación del empleo público, el impacto de la crisis económica y la discusión sobre el sistema previsional en Entre Ríos.

Con una postura crítica hacia la gestión nacional, pero diferenciando el escenario provincial, UPCN busca sostener su participación en las mesas de discusión salarial y previsional.

Luego de semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional, el Gobierno de Entre Ríos avanzará con el envío del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, una iniciativa que comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, en un contexto que definieron como “crítico” en materia financiera y demográfica.

Al mismo tiempo, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos.

Uno de los puntos principales de la iniciativa es que se mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, una de las bases históricas del régimen previsional entrerriano.

Además, tanto los jubilados actuales como quienes accedan en el futuro al sistema conservarán la movilidad vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores estatales, un aspecto incorporado tras el intercambio con los gremios.

Desde el gobierno destacaron que esta decisión busca dar previsibilidad y sostener la actualización de haberes en función de la evolución salarial de la administración pública provincial.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la modificación progresiva de la edad jubilatoria.

Para los actuales empleados estatales, la propuesta prevé una adecuación gradual que elevará la edad de retiro hasta los 65 años, en línea con criterios de sostenibilidad del sistema y con el aumento de la expectativa de vida.

El Ejecutivo recordó que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no se modifica desde 1993.

La transición no será inmediata.

El proyecto contempla plazos de adaptación de entre cinco y veinte años, con el objetivo de que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas de manera abrupta sus condiciones previsionales.

En tanto, para quienes ingresen al Estado a partir de la sanción de la nueva ley, la edad jubilatoria se fijará en 68 años.

Desde el Gobierno provincial argumentaron que la reforma responde a una situación estructural que afecta desde hace años a la Caja de Jubilaciones.

Actualmente, el sistema presenta una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, un nivel considerado insuficiente para garantizar equilibrio financiero.

A esto se suma una tendencia demográfica que profundiza la presión sobre el sistema:

Según el Ejecutivo, estos datos reflejan un desfasaje que obliga a revisar mecanismos de sostenibilidad.

Otro de los puntos aclarados por el Gobierno es que la reforma no elimina regímenes especiales ni jubilaciones anticipadas.

Tras el diálogo con sectores gremiales, el proyecto establece que, una vez alcanzada la edad correspondiente a cada régimen especial, el trabajador podrá optar entre:

En ambos casos, deberá seguir realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta disposición ya estaba contemplada en la normativa vigente, aunque ahora pasará a aplicarse de forma obligatoria.

“No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron.

La propuesta también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio, destinado a los salarios más altos del sector público.

La medida fue discutida con representantes sindicales y tendrá alcance limitado.

Quedarán exceptuados quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales, por lo que el aporte adicional alcanzará sólo al 4 por ciento de los trabajadores.

El Gobierno presentó esta herramienta como una medida de emergencia orientada a reforzar el equilibrio financiero del sistema.

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del mecanismo para calcular el haber jubilatorio inicial.

La propuesta plantea ampliar la base de cálculo a 240 meses de aportes, con el objetivo de reflejar de manera más equitativa la trayectoria laboral completa del trabajador.

Según explicaron, esto apunta a evitar distorsiones vinculadas a ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación.

Aun con este cambio, el proyecto ratifica como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto.

Mientras avanza con esta reforma, el Gobierno de Entre Ríos continúa reclamando ante la Corte Suprema de Justicia los fondos adeudados por la ANSES, una discusión que también impacta en la situación financiera de la Caja.

Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, comenzará ahora una nueva etapa: el debate parlamentario en ambas cámaras.

Allí se discutirá una reforma que busca equilibrar sostenibilidad financiera, derechos previsionales y adecuación del sistema a nuevas realidades demográficas.

Y que, por su impacto, promete convertirse en uno de los debates centrales de la agenda política entrerriana.

El Gobierno provincial impulsa una reforma previsional y advierte sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones que en forma progresiva puede profundizarse si no se toman medidas al respecto.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que el Gobierno provincial presentará en los próximos días el proyecto de reforma previsional que busca modificar distintos aspectos del sistema jubilatorio entrerriano. Según indicó, la iniciativa podría ingresar a la Legislatura entre este viernes (por el 15 de mayo)  y esta semana.

El funcionario sostuvo que la situación financiera de la Caja viene deteriorándose desde hace décadas y aseguró que el objetivo de la reforma es evitar un colapso futuro del sistema. “Todos los sectores conocen el desgaste que tiene este modelo previsional y las proyecciones indican que el escenario va a empeorar”, expresó.

El funcionario explicó que actualmente la provincia tiene apenas 1,80 aportantes por cada jubilado, cuando el equilibrio ideal debería ubicarse entre 3,5 y 4 trabajadores activos por beneficiario. Además, advirtió que en los próximos años comenzarán a jubilarse sectores con salarios más altos, lo que incrementará aún más el déficit.

Entrevistado en exclusiva por Paralelo32, explicó que entre los principales cambios que analiza el Gobierno aparece la modificación en el cálculo del haber jubilatorio. Actualmente se toma el promedio de los últimos 10 años y la propuesta oficial sería ampliar ese período a unos 15 años o más. Según Bagnat, esto permitiría reflejar “una historia laboral más real”.

Otro de los puntos centrales será la unificación de la movilidad jubilatoria, buscando evitar diferencias entre sectores que hoy generan fuertes desequilibrios dentro del sistema. El titular de la Caja mencionó casos donde determinados bonos o aumentos sectoriales impactan de manera directa sobre las jubilaciones y terminan siendo difíciles de sostener financieramente. “Son aumentos que implementan los municipios que después los tiene que sostener la Caja”

En cuanto a la edad jubilatoria, adelantó que la reforma plantearía llevar la jubilación ordinaria de las mujeres a 60 años y mantener los 65 años para los hombres, aunque aclaró que el tema será debatido en la legislatura y podría incluir una discusión sobre paridad de género.

También aseguró que quienes ya están jubilados no verán modificados sus haberes actuales y que se respetarán los derechos adquiridos. “Al jubilado que hoy está cobrando no se le va a tocar nada”, afirmó.

Destacó además que durante estos dos años de gestión se tomaron medidas administrativas y de control que permitieron reducir el déficit proyectado inicialmente. Según explicó, cuando asumieron el panorama financiero era considerablemente más grave y lograron estabilizar parte del sistema mediante auditorías, ordenamiento interno y gestiones ante ANSES.

Finalmente, remarcó que la reforma previsional apunta a garantizar la continuidad del sistema en el largo plazo y sostuvo que “si no se toman decisiones ahora, dentro de algunos años las medidas necesarias podrían ser mucho más duras”.

Actualmente el sistema cuenta con 107.000 aportantes y 67.000 jubilados (ver cuadros) menos de dos aportantes por cada pasivo. Para el presidente del ente previsional esto merece algunas consideraciones. La planta de personal del Estado no solamente no va a incorporar personal en adelante (y en esto juegan las nuevas tecnologías que suplantan mano de obra), sino que va a disminuir con los que se acogen al beneficio, disminuyendo la cantidad de aportes. Por otra parte, la expectativa de vida es cada vez mayor, datos que se ven reflejados en el gráfico que incluimos a continuación.

En números, los gráficos reflejan claramente lo que en teoría explicó Gastón Bagnat en la nota, que evidencian la gravedad del problema:

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y la provincia por la compensación de la Caja de Jubilaciones no transferida.

El encuentro representó un paso clave dentro de las gestiones que la administración provincial viene desarrollando para reclamar recursos vinculados al sistema previsional entrerriano y regularizar una deuda histórica que la Nación mantiene con la provincia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los resultados de auditorías recientes sobre la Caja de Jubilaciones, un proceso técnico que no se realizaba desde 2017 y que resulta fundamental para determinar con mayor precisión los montos que le corresponden a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Frigerio destacó la importancia del proceso al considerar que se trata de una instancia central tanto desde lo técnico como desde lo político, ya que permitirá avanzar en la organización y regularización de una situación histórica vinculada al financiamiento del sistema jubilatorio provincial.

El mandatario entrerriano remarcó además el valor del trabajo articulado con el Gobierno nacional para alcanzar acuerdos que impacten de manera positiva en la provincia.

Según señalaron desde el Ejecutivo, la definición de estos montos podría representar un alivio financiero para Entre Ríos y fortalecer la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, uno de los ejes sensibles dentro de la administración provincial.

La reunión se enmarca en una agenda de gestiones que Frigerio viene impulsando ante distintos organismos nacionales con el objetivo de defender los intereses de Entre Ríos y garantizar recursos que permitan mejorar la administración del Estado y sostener áreas estratégicas.

Desde el Gobierno provincial entienden que avanzar en este convenio con Nación podría significar un paso importante para dar previsibilidad al sistema jubilatorio y mejorar el equilibrio financiero en materia previsional.

Victoria.- La finalización de la moratoria previsional en marzo generó un escenario complejo para miles de personas que llegan a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios. Así lo explicó el especialista en temas previsionales Lizardo Villanueva, quien advirtió que el acceso a la jubilación se volvió mucho más restrictivo.

“Hoy, quien cumple la edad y no tiene aportes, prácticamente no puede jubilarse”, señaló. A diferencia de años anteriores, donde las moratorias permitían regularizar períodos faltantes, actualmente las opciones son limitadas y no alcanzan a todos los casos.

Si bien aún existen algunas moratorias vigentes, el especialista aclaró que están dirigidas a personas con cierta cantidad de aportes previos y no a quienes nunca realizaron contribuciones o tienen pocos años. “Benefician a los que tienen muchos aportes y poca deuda. El que no los tiene, queda prácticamente afuera”, explicó.

Entrevistado por Paralelo32 Villanueva explicó que el sistema exige ahora cumplir con los 30 años de pago a la ANSES para acceder a la jubilación ordinaria, con edades de 60 años para mujeres y 65 para hombres. En caso de no reunir estos requisitos, la alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se otorga a partir de los 65 años, pero no equivale a una jubilación completa. Agregó que tiene particularidades, representa el 80 % de la jubilación mínima (Mayo 314.539,28 pesos), percibe lo mismo el hombre que la mujer, en caso de fallecimiento no se transforma en una pensión para el cónyuge, y son afiliados al PAMI.  

Otro de los problemas que se presentan actualmente es la demora en los trámites, principalmente en la etapa de verificación de aportes. “No es tanto el trámite en sí, sino el tiempo que lleva comprobar los aportes, sobre todo en trabajos rurales, de construcción o servicio doméstico”, indicó.

Además, persisten dificultades con registros anteriores a 1994, cuando los aportes no estaban digitalizados. En esos casos, los trabajadores deben presentar documentación que respalde su actividad laboral.

Mientras tanto, ante la realidad de que las cajas de jubilaciones se han vuelto insostenibles por la escasa brecha entre aportantes y beneficiarios, crece la incertidumbre y versiones sobre eventuales reformas en el sistema previsional. Entre los rumores que circulan, se menciona la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria o igualar la edad entre hombres y mujeres.

También se analizan modificaciones en el esquema de pensiones, lo que podría impactar en las condiciones actuales de quienes acceden a estos beneficios. “Hay muchas versiones, pero hasta que no haya algo concreto, todo es incierto”, remarcó Villanueva.

El contexto responde a un problema estructural, cada vez hay menos aportantes activos y más beneficiarios. Esto genera presión sobre el sistema previsional y obliga a revisar las condiciones de acceso.

En este escenario, los especialistas recomiendan analizar cada caso de manera individual, ya que existen situaciones particulares en las que todavía se puede acceder a algún beneficio.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la necesidad de avanzar en reformas estructurales y fortalecer la articulación con los municipios en un contexto de fuerte caída de la recaudación. Lo hizo tras una serie de reuniones con intendentes de distintos signos políticos, en las que se abordaron tanto la situación financiera como los desafíos de gestión.

“El estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de primera mano cuáles son las demandas es parte de una agenda permanente del gobernador”, señaló el funcionario, al referirse a los encuentros mantenidos durante la semana.

En ese sentido, remarcó que la baja de ingresos “afecta a todos los niveles del Estado” y obliga a “agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”.

Uno de los ejes centrales planteados por Colello fue la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cuyo déficit consideró “estructural” y de gran impacto sobre las finanzas públicas. “Hoy la Caja genera un déficit cercano a los 400.000 millones de pesos, una cifra equivalente a todo el consumo anual de energía de los entrerrianos. Es un problema que no puede explicarse solo por lo que envía o no la Nación, sino también por cómo administramos nuestros propios recursos”, afirmó.

Subrayó además que la discusión debe darse tanto en el plano nacional —en relación a los fondos que corresponden a la provincia— como hacia adentro del propio Estado entrerriano. “Tenemos que preguntarnos qué cambios podemos hacer para que los impuestos que pagan los entrerrianos no se destinen a sostener déficits, sino a mejorar servicios y potenciar el desarrollo”, indicó.

Colello también se refirió al contexto económico general, al señalar que la caída de la recaudación es una de las más importantes de los últimos años, incluso por debajo de niveles registrados durante la pandemia o la crisis de 2001. “Esto abre una discusión de fondo sobre el sistema tributario y las competencias de cada nivel del Estado”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de la carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. “Hay quienes creen que la salida es aumentar impuestos, pero nosotros entendemos que el camino es discutir una estructura más equilibrada, eliminando tributos distorsivos y revisando tasas que no tienen una contraprestación directa”, expresó.

Respecto a la relación con los municipios, Colello remarcó que el gobierno provincial sostiene una política de acompañamiento sin distinción partidaria. “Una vez que terminan las elecciones no hay signos políticos. Queremos que a los municipios les vaya bien, porque son la primera línea de contacto con los vecinos”, afirmó. Además, destacó que se han continuado obras en localidades de distinto signo político y que el trabajo conjunto es clave para afrontar la coyuntura. “La articulación entre municipios, provincia y Nación no es solo una necesidad, sino una forma de gestión”, aseguró.

Finalmente, el secretario general enfatizó en que el gobierno provincial avanza en un proceso de modernización del Estado con el objetivo de reducir gastos improductivos y mejorar la eficiencia. “Estamos buscando permanentemente liberar recursos para destinarlos a prioridades como educación, salud y seguridad. Ese es el camino para transformar la realidad de los entrerrianos”, concluyó.

En una entrevista realizada por la conductora Mariana Rupp en el programa La Hora Dorada, el docente jubilado Darío López compartió su historia de vida y el proyecto comunitario que impulsa desde hace una década en la ciudad de Crespo, donde a través del deporte promueve valores, contención y encuentro entre niños y adolescentes.

López, profesor de educación física retirado tras más de 30 años de servicio en la escuela N° 103 de Puerto Las Cuevas (departamento Diamante), encontró en su jubilación un nuevo propósito: seguir vinculado con los chicos, pero desde un espacio más libre, recreativo y profundamente humano.

Todo comenzó de manera espontánea, cuando tras jubilarse en 2015 empezó a reunirse con algunos chicos en el llamado “Campito Yapeyú”. Lo que en un principio eran encuentros informales entre vecinos fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en un espacio que hoy convoca a más de 130 chicos.

“Esto no es una escuelita, ni una fundación, ni una organización. Es una amistad que nace a través del deporte”, explicó López durante la entrevista.

El eje de la propuesta es el fútbol recreativo, sin competencias ni exigencias formales. “Es como el picadito de barrio de toda la vida”, describió. Allí, los chicos juegan, comparten y se integran sin presiones, en un entorno que prioriza el disfrute por sobre el rendimiento.

Más allá de lo deportivo, López destacó que el objetivo principal es brindar un lugar de pertenencia. “Los chicos necesitan estar ocupados en algo, pero también necesitan confiar en alguien”, señaló.

En ese sentido, el espacio funciona como un ámbito de contención, especialmente para aquellos que atraviesan situaciones familiares complejas. A través del juego, se fomenta la convivencia, el respeto y la responsabilidad.

“El comportamiento de ellos es la imagen del grupo. Siempre les digo que hagan las cosas bien”, afirmó.

Además, el proyecto incorpora acciones solidarias y educativas, como la recolección de latas para reciclar y luego compartir lo obtenido en golosinas o meriendas. También organizan encuentros donde cada niño lleva un regalo para intercambiar, promoviendo la generosidad y el compañerismo.

Durante la conversación, López remarcó que su vocación de servicio está profundamente ligada a su propia historia. Proveniente de una familia humilde —“somos 17 hermanos”, contó—, recordó a las personas que lo ayudaron a estudiar y salir adelante.

Desde un vecino que insistió para que continuara el secundario hasta quienes le facilitaron libros o recursos, cada gesto dejó una huella que hoy busca devolver.

“Lo mío es agradecimiento y devolución”, expresó. “Alguien me ayudó a mí, y hoy yo quiero hacer lo mismo con otros”.

Con 67 años y aún activo en cada encuentro, López no sólo coordina las actividades, sino que también juega con los chicos, generando cercanía y ejemplo.

El proyecto, que ya lleva más de 10 años, funciona de lunes a viernes por la tarde, con el apoyo de la Municipalidad de Crespo y la colaboración de familias que aportan alimentos o acompañamiento.

“El objetivo es que sean buenas personas. Que ayuden en su casa, que respeten, que no fallen a sus padres”, resumió.

En un contexto donde las pantallas y el aislamiento ganan terreno, la propuesta de Darío López aparece como una alternativa concreta para recuperar el valor del encuentro.

“Si logramos que por una hora y media dejen el celular y compartan con otros, ya es una alegría”, señaló.

La entrevista dejó en claro que, lejos de buscar reconocimiento, su motivación es simple y profunda: “Que los chicos sean felices”.

Con una filosofía basada en el compromiso, la empatía y la gratitud, Darío López se ha convertido en un referente silencioso de su comunidad, demostrando que pequeñas acciones sostenidas en el tiempo pueden generar un impacto significativo en la vida de muchos.

Las reuniones reúnen a representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y representantes de jubilados municipales.

La agenda de trabajo se extenderá hasta el viernes, período en el cual cada sector expondrá sus propuestas y planteos en torno a la reforma previsional. El objetivo central de estos encuentros es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos para avanzar hacia un sistema más equitativo y sostenible.

En ese marco, Bagnat remarcó la importancia de un abordaje amplio e inclusivo: “La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos”.

El funcionario también destacó que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables que otorguen previsibilidad a los beneficiarios.

Según se informó, estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y consolidar reglas claras que brinden estabilidad en el tiempo.

Nogoyá.- El senador provincial Rafael Cavagna se refirió a la situación del sistema previsional y los lineamientos de una futura reforma. "Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características" dijo; y agregó: "Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos". 

Tras el encuentro, el legislador destacó la importancia del diálogo institucional y valoró la decisión del gobierno provincial de abordar un problema estructural que atraviesa la provincia desde hace años.

 "Quiero destacar el gesto del gobernador de convocar a los legisladores de ambas cámaras para conversar con franqueza sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. Estamos hablando de un problema complejo, estructural y de largo plazo, que requiere responsabilidad política y una mirada que trascienda las coyunturas", afirmó Cavagna.

El senador remarcó además que la actual gestión decidió poner el tema sobre la mesa, aún sabiendo que los beneficios de una reforma de fondo no serán inmediatos.

"Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo", señaló.

Cavagna también destacó la participación de legisladores de los distintos bloques políticos en el encuentro y el compromiso expresado para trabajar sobre la propuesta que presentará el Ejecutivo.

"Fue una reunión muy importante porque participaron legisladores de todos los espacios políticos. Hubo un clima de respeto y la voluntad de analizar con seriedad una problemática que afecta a toda la provincia. Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos", sostuvo.

En ese sentido, el senador adelantó que el gobernador se comprometió a remitir el borrador del proyecto en los próximos días.

Esto permitirá que "los legisladores podamos analizarlo en profundidad. A partir de allí se abrirá un proceso de discusión legislativa donde seguramente se podrán hacer aportes, mejoras y escuchar a todos los sectores involucrados", indicó.

Finalmente, Cavagna señaló que el objetivo central debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin perder de vista la protección de los trabajadores y jubilados.

“Tenemos que encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema en el tiempo. Si no se toman decisiones hoy, la Caja seguirá acumulando un déficit cada vez mayor que termina comprometiendo recursos de todos los entrerrianos", concluyó.

A modo de anticipo, el director de la Caja de Jubilaciones Gastón Bagnat contó en medios provinciales que la normativa vigente tiene más de tres décadas y que el sistema arrastra problemas estructurales derivados del paso del tiempo y de distintas decisiones tomadas en esos años.

Uno de los puntos vitales del borrador es la modificación del mecanismo de movilidad jubilatoria, el que no tendrá carácter retroactivo, es decir que no afectará a los actuales jubilados provinciales.

Se analiza avanzar gradualmente hacia un esquema que otorgue la jubilación a los 65 años en los varones y a los 60 las mujeres. Tampoco habrá modificaciones en el sistema jubilatorio de docentes, personal de salud y de seguridad.