En medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de adicionales dentro de la División 911 de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmaron un decreto que introduce cambios en el régimen de Policía Adicional con el objetivo de “optimizar la seguridad pública” y reforzar los controles sobre las tareas extraordinarias realizadas por el personal policial.

La nueva normativa fue rubricada el pasado viernes 8 de mayo y establece una modificación sustancial respecto del sistema vigente hasta ahora. Entre los principales cambios, se prohíbe de manera estricta que efectivos policiales realicen servicios adicionales para entidades públicas o privadas mientras se encuentran cumpliendo funciones ordinarias en sus dependencias.

De esta manera, los agentes solo podrán desempeñar tareas extras durante sus períodos de franco de servicio, eliminando así la posibilidad de combinar horarios de guardia regular con actividades adicionales remuneradas.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo decreto es la derogación del sistema conocido como “80/20”, implementado a partir de un decreto provincial del año 2019 y reglamentado posteriormente mediante una resolución administrativa.

Ese esquema habilitaba a que policías realizaran adicionales incluso durante horarios de servicio. Bajo esa modalidad, los efectivos percibían apenas el 20 por ciento del valor correspondiente a la hora adicional, mientras que el 80 por ciento restante era destinado a la denominada “caja policial”.

Con la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial, ese mecanismo queda sin efecto. Según establece la nueva normativa, el 95 por ciento del pago generado por los servicios adicionales será destinado directamente al funcionario policial que realice la tarea, mientras que el 5 por ciento restante será utilizado para mantenimiento de recursos logísticos y móviles policiales.

Desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo principal de la medida es garantizar que los agentes estén plenamente abocados a sus funciones durante los turnos regulares y evitar situaciones de agotamiento o disminución de la capacidad operativa de las comisarías y dependencias policiales.

La nueva reglamentación señala que la intención es priorizar la seguridad pública y asegurar que el personal policial mantenga una dedicación exclusiva durante los horarios de servicio.

Además, se remarca que las tareas adicionales continuarán siendo voluntarias y requerirán inscripción previa dentro de un registro administrativo, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre este tipo de prestaciones.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la reforma permitirá ordenar el sistema de adicionales, mejorar la administración de recursos y evitar posibles irregularidades vinculadas al manejo de horas extras dentro de la fuerza.

La decisión del Gobierno provincial se conoció en paralelo a la investigación que se desarrolla por una denuncia presentada por ocho efectivos policiales vinculada al presunto desvío de fondos provenientes de adicionales en la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

La causa se encuentra actualmente bajo análisis de la Fiscalía, que continúa evaluando la documentación secuestrada durante los procedimientos realizados la semana pasada en dependencias del 911.

Hasta este miércoles, aún no se habían definido imputaciones concretas en el expediente judicial.

En ese contexto, el comisario Juan Zunino continúa al frente de la División 911, mientras avanza la investigación sobre las presuntas maniobras denunciadas por los uniformados.

Por otra parte, el pasado viernes el juez de Garantías Julián Vergara dictó una medida cautelar que prohíbe que los ocho policías denunciantes sean sometidos a sumarios administrativos mientras se desarrolla el proceso judicial.

La resolución judicial buscó preservar a los efectivos involucrados en la denuncia y garantizar que no existan posibles represalias internas dentro de la fuerza mientras avanza la investigación.

La reforma del régimen de Policía Adicional representa uno de los cambios más importantes en la organización de las tareas extraordinarias dentro de la Policía de Entre Ríos en los últimos años.

El nuevo esquema modifica no solo la distribución económica de los adicionales, sino también la lógica operativa bajo la cual podían realizarse estas tareas, limitando estrictamente su ejecución a períodos de descanso del personal policial.

En el Gobierno entienden que la medida permitirá reforzar controles internos y transparentar el sistema, mientras que la investigación judicial en torno al 911 mantiene bajo observación el funcionamiento administrativo de los adicionales dentro de la fuerza provincial.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPyRP) publicó este lunes en el Boletín Oficial Nº 28.326 la Resolución General Nº 005/26, mediante la cual se introducen modificaciones en el régimen de presentaciones para asociaciones civiles y fundaciones en la provincia de Entre Ríos.

La nueva normativa tiene como objetivo unificar los criterios de validación dentro de la plataforma digital Mi Entre Ríos y establece que toda la documentación cargada tendrá carácter de declaración jurada.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los estados contables deberán cumplir con mayores requisitos formales. Según lo dispuesto, deberán estar certificados por contador público matriculado y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente, incorporando además la obligatoriedad de la firma digital.

La norma también señala que la carga de documentación implica una manifestación expresa de que los documentos han sido suscriptos por las autoridades estatutarias de la entidad, quienes conservan la plena responsabilidad legal, administrativa y patrimonial sobre su contenido, veracidad y autenticidad.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la definición de responsabilidades en los trámites realizados por terceros. En este sentido, cuando un contador efectúe presentaciones por delegación, su actuación en el sistema será considerada, a todos los efectos administrativos y registrales, como realizada por la autoridad estatutaria correspondiente.

De este modo, la documentación se tendrá por presentada y firmada por el presidente de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad profesional del contador interviniente y de las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades de la organización.

El nuevo marco normativo refuerza los mecanismos de fiscalización. La DGIPyRP podrá requerir en cualquier momento la exhibición de la documentación original presentada de forma digital.

Asimismo, el organismo queda facultado para adoptar medidas ante inconsistencias, omisiones o falsedades, conforme a lo establecido en la Ley Nº 11.100. La resolución también consolida el uso de la firma electrónica en las presentaciones digitales, otorgándole plena validez jurídica en línea con la Ley Nº 25.506.

Con estos cambios, el organismo busca modernizar los procesos administrativos, fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en la gestión de asociaciones civiles y fundaciones en la provincia.

"Entre Ríos 2050" expresó su beneplácito con la aprobación de la Ley del Régimen General de Concesiones, cuya sanción definitiva se dio este martes por la noche en la Cámara de Senadores. El grupo empresario consideró que se trata de "un hito para la modernización de la provincia", que permitirá mantener y potenciar la red vial, revertir años de atraso y dotarla de competitividad para el desarrollo regional. El grupo empresario propicia estas prácticas para el recupero de las rutas entrerrianas, donde no llega la inversión pública.

La normativa aprobada en la Legislatura habilita las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia. Se trata de una herramienta legal que habilitará la implementación del sistema de peajes a las empresas que lleven adelante trabajos de construcción, mantenimiento, conservación de rutas, puentes y otras obras complementarias, una de las banderas que desde el sector privado reclama para aquellos lugares donde el Estado no llega con recursos propios.

Desde "Entre Ríos 2050" valoraron la iniciativa y recordaron que se trata de una de las herramientas que promovió y sostuvo el grupo desde su fundación como eje central para la modernización de la provincia, en sintonía con los modelos de provincias y países vecinos. Resaltaron que resulta vital su implementación para la optimización de la circulación vial del territorio, fundamental para el desarrollo provincial.

En esa línea, plantearon la necesidad urgente de poner en valor la trama vial de Entre Ríos, en especial aquellas rutas y caminos que resultan indispensables para las comunidades y sectores productivos que agregan valor tierras adentro. Desde esa perspectiva, instan a mantener la Ruta Nacional 12, en especial el tramo Paraná - Crespo y el resto de los caminos secundarios de la zona.

El grupo integrado por empresarios, productores y comerciantes de la provincia, también insistió sobre uno de los vectores de desarrollo que sostienen desde sus inicios, hace siete años, y refiere a la importancia de impulsar nuevas trazas viales, con sistema de autovías, que acorten distancias entre la provincia y Buenos Aires. La iniciativa propone unir Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria y Urdinarrain con concesiones y sistema de peajes que garantice la circulación y seguridad de vehículos particulares y camiones que transportan diversos insumos y productos terminados. Forman parte del grupo Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Elvio Guía, Alcides Balla, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Luis Jacobi y Daniel Rodríguez, además de Matías Ruiz -en licencia- y con la invitación especial de Luciano Filipuzzi y Horacio Rizzo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó que la Ruta Provincial 45, en Ibicuy, será la primera en ser concesionada bajo un esquema de inversión privada, con el objetivo de encarar una solución definitiva al grave deterioro de la traza. Los pobladores de la región, que quedarán exentos del pago de este peaje, ven pasar por esa ruta desde hace más de una década, camiones que se llevan el recurso mineral entrerriano con destino a Vaca Muerta, generando el consabido deterioro de esa ruta hoy casi intransitable. El camino necesita ser reconstruido y hacerlo costará entre 40 y 50 millones de dólares. Es evidente que el gobernador Frigerio pretende que lo paguen quienes le dan un uso intensivo transportando cargas, y no el tránsito vecinal.

La ruta 45 ha sido destruida por el paso de 400 camiones diarios en la última década, para embarcar arena entrerriana en el puerto de Ibicuy con destino a Vaca Muerta.

La obra esperaba su implementación una vez que la Legislatura aprobara la Ley de Concesiones, hecho que se concretó anoche (martes 21). Según detalló el mandatario, requerirá una inversión estimada entre 40 y 50 millones de dólares, destinada a la repavimentación integral del corredor.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la necesidad de avanzar en reformas estructurales y fortalecer la articulación con los municipios en un contexto de fuerte caída de la recaudación. Lo hizo tras una serie de reuniones con intendentes de distintos signos políticos, en las que se abordaron tanto la situación financiera como los desafíos de gestión.

“El estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de primera mano cuáles son las demandas es parte de una agenda permanente del gobernador”, señaló el funcionario, al referirse a los encuentros mantenidos durante la semana.

En ese sentido, remarcó que la baja de ingresos “afecta a todos los niveles del Estado” y obliga a “agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”.

Uno de los ejes centrales planteados por Colello fue la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cuyo déficit consideró “estructural” y de gran impacto sobre las finanzas públicas. “Hoy la Caja genera un déficit cercano a los 400.000 millones de pesos, una cifra equivalente a todo el consumo anual de energía de los entrerrianos. Es un problema que no puede explicarse solo por lo que envía o no la Nación, sino también por cómo administramos nuestros propios recursos”, afirmó.

Subrayó además que la discusión debe darse tanto en el plano nacional —en relación a los fondos que corresponden a la provincia— como hacia adentro del propio Estado entrerriano. “Tenemos que preguntarnos qué cambios podemos hacer para que los impuestos que pagan los entrerrianos no se destinen a sostener déficits, sino a mejorar servicios y potenciar el desarrollo”, indicó.

Colello también se refirió al contexto económico general, al señalar que la caída de la recaudación es una de las más importantes de los últimos años, incluso por debajo de niveles registrados durante la pandemia o la crisis de 2001. “Esto abre una discusión de fondo sobre el sistema tributario y las competencias de cada nivel del Estado”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de la carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. “Hay quienes creen que la salida es aumentar impuestos, pero nosotros entendemos que el camino es discutir una estructura más equilibrada, eliminando tributos distorsivos y revisando tasas que no tienen una contraprestación directa”, expresó.

Respecto a la relación con los municipios, Colello remarcó que el gobierno provincial sostiene una política de acompañamiento sin distinción partidaria. “Una vez que terminan las elecciones no hay signos políticos. Queremos que a los municipios les vaya bien, porque son la primera línea de contacto con los vecinos”, afirmó. Además, destacó que se han continuado obras en localidades de distinto signo político y que el trabajo conjunto es clave para afrontar la coyuntura. “La articulación entre municipios, provincia y Nación no es solo una necesidad, sino una forma de gestión”, aseguró.

Finalmente, el secretario general enfatizó en que el gobierno provincial avanza en un proceso de modernización del Estado con el objetivo de reducir gastos improductivos y mejorar la eficiencia. “Estamos buscando permanentemente liberar recursos para destinarlos a prioridades como educación, salud y seguridad. Ese es el camino para transformar la realidad de los entrerrianos”, concluyó.

“El primer punto que queremos dejar absolutamente claro es que esta reforma no afecta en nada a los actuales jubilados ni pensionados. Los derechos adquiridos se respetan plenamente y cada beneficio otorgado se mantiene tal como está”, expresó Dal Molin.El legislador remarcó que la iniciativa apunta a abrir una discusión responsable sobre el futuro del sistema previsional, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad. “Lo que estamos planteando es cómo asegurar que el sistema siga siendo sostenible en el tiempo, para que quienes hoy trabajan también puedan tener una jubilación digna mañana”, señaló.En ese sentido, explicó que el proyecto mantiene principios centrales del sistema previsional entrerriano, como el 82% móvil sobre el salario bruto para el haber jubilatorio. “Ese es un principio histórico que para nosotros es central y que se preserva en la propuesta”, afirmó.

Dal Molin también destacó que se mantienen los regímenes especiales, como los correspondientes a docentes y a trabajadores que desempeñan tareas particularmente exigentes o riesgosas. “No estamos eliminando derechos; estamos buscando que el sistema funcione mejor y pueda sostenerse en el tiempo”, indicó.

Asimismo, el senador explicó que la propuesta incorpora mecanismos que apuntan a fortalecer el sistema, entre ellos esquemas de movilidad jubilatoria vinculados a la evolución de los salarios, mayor transparencia en los procesos de evaluación por invalidez y herramientas que permitan afrontar eventuales desequilibrios financieros.Respecto de las edades jubilatorias, señaló que el proyecto plantea un proceso gradual de adecuación, que comenzaría recién después de cinco años y se aplicaría de manera progresiva. “No hay cambios abruptos ni decisiones que afecten de inmediato a los trabajadores”, aclaró.

Finalmente, el presidente del bloque oficialista subrayó que el documento presentado es un punto de partida para el diálogo. “Este borrador será discutido y enriquecido con los aportes de todos los sectores vinculados al sistema previsional. Estamos cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Asamblea Legislativa de abrir un debate serio y responsable sobre el futuro de nuestro sistema previsional”, concluyó.

El bloque de diputados y diputadas de Más para Entre Ríos reclamó al Poder Ejecutivo provincial que presente por escrito el anteproyecto de reforma del sistema previsional entrerriano, iniciativa de la cual, según señalaron, hasta el momento sólo se conocen algunos aspectos a partir de declaraciones periodísticas de funcionarios o de reuniones informales mantenidas con integrantes del gabinete.

Desde el espacio legislativo recordaron que el propio Gobierno provincial había planteado que la decisión de presentar un anteproyecto —y no directamente un proyecto definitivo— tenía como objetivo permitir que distintos sectores pudieran realizar aportes y enriquecer el debate.

En ese marco, consideraron que para iniciar ese proceso resulta indispensable contar con el texto formal del anteproyecto, donde queden explicitadas con claridad las intenciones del Ejecutivo. “Sólo de esa manera las fuerzas políticas podremos estudiar el impacto real de las medidas propuestas, realizar aportes responsables y plantear alternativas superadoras”, indicaron desde el bloque.

Asimismo, los legisladores señalaron que también es necesario disponer de información detallada y de un diagnóstico preciso sobre la situación del sistema previsional provincial, a fin de poder desarrollar un debate serio y con fundamentos.

Finalmente, desde Más para Entre Ríos reiteraron que la oposición está dispuesta a participar de una discusión profunda sobre el futuro del sistema jubilatorio, pero remarcaron que el debate debe realizarse sobre la base de información clara, datos concretos y un texto formal que permita analizar con responsabilidad las medidas que se planteen.

En relación con el tema, el bloque de senadores justicialistas también difundió un comunicado en el que expresó la necesidad de contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad una eventual reforma previsional en la provincia.

“Los senadores justicialistas consideramos imprescindible contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad el debate sobre una eventual reforma previsional en la provincia”, señalaron, al tiempo que indicaron que para analizar responsablemente cualquier iniciativa que modifique el sistema jubilatorio resulta necesario disponer de un anteproyecto que recoja el borrador de ideas presentado en la reunión mantenida con el Poder Ejecutivo.

Entre los puntos mencionados en ese encuentro figuran la movilidad unificada, la compatibilización de edades y aportes con el sistema nacional, la metodología para el cómputo de la historia laboral para determinar el haber inicial y el tratamiento de los regímenes especiales.

Los legisladores señalaron que sólo con precisiones sobre estos aspectos será posible evaluar el impacto real de las propuestas, realizar aportes constructivos y plantear alternativas que preserven los derechos de los trabajadores activos y jubilados.

En el comunicado también remarcaron que el déficit de la Caja de Jubilaciones constituye un problema que requiere soluciones, aunque advirtieron que, justamente por la relevancia del tema, el debate debe darse con transparencia, datos claros y la participación efectiva de los sectores involucrados.

En ese contexto, valoraron la convocatoria realizada por el gobernador Rogelio Frigerio y la apertura manifestada por el Ejecutivo para recibir aportes antes del envío del proyecto de ley a la Legislatura.

Por último, los senadores justicialistas reiteraron su disposición al diálogo y al consenso para avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional con una mirada integral, que incluya la recuperación de la deuda histórica de la Nación, la corrección de distorsiones internas, una implementación gradual y equitativa, y la protección de los derechos adquiridos de docentes, trabajadores de la salud, efectivos policiales y del conjunto de los trabajadores del Estado entrerriano.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marcelo López, emitió este martes dictamen de mayoría con modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública de la provincia. La iniciativa se encuentra contenida en el Expediente Nº 28.737.

Durante el tratamiento, los legisladores introdujeron cambios al texto original. Entre las principales modificaciones, se resolvió ampliar el período de análisis para la auditoría, que finalmente abarcará desde 1991. El proyecto del Ejecutivo proponía inicialmente iniciar el estudio a partir de 1995.

Asimismo, se reformuló la integración de la comisión investigadora con el objetivo de garantizar la participación de al menos un legislador de la oposición dentro del cuerpo que llevará adelante el análisis de los compromisos financieros de la provincia.

Sin embargo, el bloque Más para Entre Ríos –desde donde se impulsaron algunas de las modificaciones al proyecto– anunció que no acompañará la iniciativa.

La presidenta de la bancada justicialista, Laura Stratta, explicó que su espacio no se opone a investigar la evolución de la deuda pública, pero manifestó reparos sobre la necesidad de crear una nueva comisión. En ese sentido, señaló que la Contaduría General de la Provincia ya cumple funciones de auditoría sobre la deuda pública y dispone de información al respecto en su sitio web oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas ejerce el control posterior en la materia.

Stratta sostuvo además que el proyecto “genera más dudas que certezas” y advirtió que podría superponer funciones de organismos ya existentes. También cuestionó la composición prevista para la comisión investigadora, señalando que el oficialismo tendría una mayoría clara en el organismo. Según la propuesta, el cuerpo estaría integrado por tres legisladores de cada Cámara –con la indicación de que al menos uno sea de la oposición– y tres funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.

Desde el justicialismo también marcaron otras objeciones. Entre ellas, mencionaron el recorte temporal planteado originalmente por el Ejecutivo, al considerar que muchos de los factores que influyeron en el endeudamiento provincial se remontan a principios de la década de 1990, como la transferencia de servicios educativos a las provincias, los pactos fiscales y la reducción de recursos por coparticipación.

Las diputadas Laura Stratta, Andrea Zoff y Lorena Arrozogaray señalaron además que el proyecto no contempla la participación de especialistas independientes ni de instituciones de la sociedad civil, como economistas, universidades u organismos externos de control que podrían aportar al análisis.

En la misma línea, desde el bloque opositor se advirtió que la principal fuente de información para el trabajo de la comisión sería la propia Contaduría General, organismo que indirectamente quedaría bajo cuestionamiento si el objetivo es esclarecer aspectos no transparentados del endeudamiento provincial. También señalaron que el proyecto no establece responsabilidades concretas para quienes integren la comisión investigadora.

En la misma reunión de la Comisión de Legislación General, los legisladores también emitieron dictamen favorable –con apoyo unánime de sus miembros– al Expediente Nº 27.536, que propone la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica.

El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

“Lo que hace el PJ es comparar montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y muchas devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, afirmó.

Dal Molín señaló que ese tipo de comparaciones omiten deliberadamente el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

“Para evitar justamente esa distorsión, la comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, agregó.

El senador también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento en la gestión kirchnerista que gobernó por más de dos décadas nuestra provincia. Por más que hayan incrementado una deuda casi inexistente y la hayan llevado a valores muy altos, este porcentaje sólo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, señaló.

Dal Molín remarcó además que, cuando se analiza correctamente la capacidad de pago de la provincia, el panorama es claro. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó.

El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “no hubo anuncios de importancia” ni definiciones claras sobre el rumbo de la economía.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet afirmó que la exposición presidencial fue “perfectamente planificada, guionada y actuada”, y negó que los exabruptos hayan sido espontáneos. “Fue algo pensado para ir a un discurso confrontativo, que desvíe los grandes ejes que uno esperaba escuchar en una apertura de sesiones”, señaló.

El legislador entrerriano consideró que desde el inicio hubo “una actitud de provocación permanente” que desnaturalizó lo que tradicionalmente constituye un mensaje institucional ante la Asamblea Legislativa.

“La verdad que es una pena, porque me hubiese interesado escuchar cuál va a ser el rumbo de la economía y de eso no se habló. No hubo anuncios importantes tampoco”, remarcó.

Bordet cuestionó además que, más allá de los cruces y las expresiones polémicas, “los problemas en la Argentina siguen”. En ese sentido, advirtió que el costo de vida continúa en aumento y sostuvo que la inflación, que el Gobierno presenta como un logro, “desde mayo viene subiendo sostenidamente”.

“Hoy estamos en los mismos valores que hace varios años atrás, con la gran diferencia de que ahora hay inflación y estancamiento, lo que se conoce como estanflación, y esto perjudica notoriamente a las familias argentinas”, expresó. Y agregó: “Me hubiese gustado saber qué es lo que iban a proponer en materia económica. Fue más un show de prime time que un discurso de apertura de sesiones”.

El exgobernador de Entre Ríos también lamentó lo que definió como “un gran deterioro de las instituciones” y cuestionó las formas del mandatario. “La falta de respeto y ciertas guarangadas no le hacen bien a nadie”, afirmó.

Según describió, el tono confrontativo fue deliberado. “Cuando hacía el acting dirigiéndose hacia la oposición, era algo que estaba pensado. No es algo espontáneo. Y si uno analiza lo que decía, eran frases repetitivas, prácticamente las mismas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las provocaciones partieron del Presidente y que, si bien el bloque opositor se mantuvo en calma en un primer momento, algunos legisladores reaccionaron ante los agravios.

Bordet también señaló que el discurso apuntó contra la oposición política y determinados sectores empresariales, a los que —según dijo— el Presidente ha tomado como adversarios. En ese marco, citó el concepto desarrollado por Umberto Eco sobre la “construcción del enemigo” como herramienta discursiva.

“Se construye un enemigo para polemizar y denigrar, pero lo que se está ocultando es que hay una situación económica cada vez más penosa, con mayores dificultades y una especulación financiera creciente”, advirtió.

Finalmente, criticó la extensión del mensaje presidencial —que superó las dos horas— y reiteró que no hubo anuncios concretos. “Se habló de reformas y de enviar proyectos al Congreso, se mencionó por arriba una posible modificación del Código Penal, pero no hubo nada específico. Para ser una apertura de sesiones, estuvo muy fuera de lo que debió haber sido”, concluyó.

La ceremonia se desarrolló en la sede comunal y contó con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Durante el acto, las autoridades provinciales hicieron entrega de una copia de la Ley N° 11.248/2026 al presidente de la Junta de Gobierno, Lucas Eichmann, norma que establece el paso de Junta de Gobierno a Comuna.

Además, se dio lectura al Acta de Traspaso de Mando, documento que formaliza la transferencia de responsabilidades y marca el inicio de una nueva etapa administrativa para la localidad.

Posteriormente, prestaron juramento el flamante presidente comunal, Lucas Eichmann, y los vocales titulares comisionados: Valeria Gregorutti, Ariel Damián Wolf, Norberta Estanislada Acosta, Raúl Antonio Chemez y Gabriela Carina Gadea.

“¿Cuándo vamos a ser comuna? Era una de las preguntas que más recibía desde hace bastante tiempo. Hoy lo somos”, expresó Eichmann al iniciar su discurso, en el que destacó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, quien el 28 de octubre de 2025 firmó el Decreto Nº 2967 declarando a Isletas comuna de segunda categoría, posteriormente ratificado por la Legislatura mediante la Ley Nº 11.248.

El presidente comunal calificó la jornada como “histórica” y aseguró que el nuevo estatus institucional implica “más herramientas, más autonomía y más posibilidades para planificar el futuro”, aunque también una mayor responsabilidad para responder a las necesidades de la comunidad.

Por su parte, el ministro Troncoso subrayó la importancia del proceso de transformación institucional como parte del fortalecimiento del federalismo en la provincia. “Lo verdaderamente importante es lo que dejamos. Muchas veces lo más trascendente es lo intangible: el crecimiento institucional y el fortalecimiento de la comunidad”, afirmó.

En línea con la visión del gobernador, sostuvo que la transformación apunta a consolidar un Estado más transparente, simplificado y cercano a los vecinos. “No nos creemos fundacionales ni iluminados. Cumplimos con la ley y fortalecemos el federalismo del interior”, remarcó.

La vicegobernadora Aluani valoró el reconocimiento formal como una herramienta para gestionar con mayor autonomía y promover el desarrollo local. “Es un paso fundamental porque no solo constituye una herramienta administrativa, sino también una herramienta que transforma y brinda una mejor calidad de vida a los vecinos”, expresó.

Asimismo, hizo referencia a los procesos migratorios que afectaron históricamente a comunidades rurales de Entre Ríos por falta de oportunidades y aseguró que la actual gestión busca fortalecer el arraigo y abrir nuevas perspectivas para el interior provincial.

“Que realmente sea una opción vivir en las zonas rurales, en nuestros campos. Que sean lugares con oportunidades de futuro para poder arraigarse”, señaló.

Durante el acto se descubrieron placas recordatorias que simbolizan el esfuerzo colectivo de la comunidad y la consolidación de su identidad institucional.

Al cierre, se realizó un reconocimiento especial a quienes ejercieron la presidencia de la Junta de Gobierno desde el 5 de abril de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2025: Raúl Antonio Chemez, Atilio Raúl Wolf, Raúl Gerardo Eichman, Alcides Alejandro Wolf y Lucas Fabricio Eichmann. También se destacó la figura de Alberto David Buxman, primer presidente de la Junta de Gobierno, cuyo reconocimiento fue recibido por su hija, Graciela Buxman.

Participaron de la actividad autoridades provinciales y departamentales, entre ellas el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el diputado nacional Darío Schneider; el senador por Diamante, Gustavo Vergara; los diputados provinciales Silvina Decco y Lénico Aranda; además de presidentes municipales, comunales y de juntas de gobierno vecinas, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.

El discurso del gobernador Rogelio Frigerio dejó una definición que no podemos minimizar: la primera mitad fue la del orden; la segunda debe ser la del desarrollo. Y eso implica elevar la vara.

Por 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, la provincia fue acumulando problemas estructurales que nadie quiso abordar de fondo. Déficit crónico, deuda creciente, obra pública paralizada, un IOSPER desordenado y una Caja previsional al borde del colapso.

La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se evitó el default, se cumplió con vencimientos de deuda heredada, se pasó del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación y, algo fundamental, no se aumentaron impuestos por encima de la inflación.

Eso no es menor. Es un cambio de lógica.

Pero ordenar no alcanza.

Elevar la vara significa que el equilibrio fiscal debe traducirse en crecimiento concreto. Y ya hay señales claras: dejamos de ser la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país y mejoramos competitividad; el RINI generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo; se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva obra pública paralizada durante años.

La situación económica sigue siendo difícil. El gobernador fue honesto en eso. Pero hoy estamos mejor plantados porque ejecutamos mejor el presupuesto, ahorramos donde antes se expandía el gasto político y recuperamos confianza institucional.

Elevar la vara es no conformarse con haber estabilizado la provincia. Es exigirnos más.

Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver.

La consolidación no es un slogan. Es una decisión política de no retroceder.Entre Ríos tiene ahora algo que durante años no tuvo: equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro.

Y eso es lo que nos permite mirar la segunda mitad con ambición de desarrollo, no solo con preocupación por sobrevivir.

El discurso del gobernador Rogelio Frigerio dejó una definición central para entender el momento que atraviesa la provincia. La primera mitad de la gestión fue la del orden; la segunda debe ser la del desarrollo.

Durante 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, Entre Ríos convivió con un esquema estructural de déficit que fue naturalizándose como parte del funcionamiento habitual del Estado. El gasto rígido creció, la dependencia de recursos coparticipables se profundizó y las reformas necesarias se postergaron por razones políticas.

El resultado fue una provincia con escaso margen de maniobra, con baja competitividad y con una deuda que incluso podía llevarnos a una situación de default.

La primera mitad de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se cumplió con los vencimientos de deuda heredada, se evitó el default, se revisaron estructuras y se ejecutó mejor el presupuesto.

Y lo más relevante: en el peor contexto de recaudación, la provincia pasó del déficit al equilibrio sin aumentar impuestos por encima de la inflación. Esa decisión política no es menor. Es una señal clara hacia los sectores productivos y hacia cada contribuyente entrerriano.

Pero el orden no alcanza si no se transforma en crecimiento.La mejora en la tarifa eléctrica permitió dejar de ser la provincia con el costo más alto del país y ubicarnos en la mitad de la tabla, mejorando la competitividad real de nuestras industrias y economías regionales. La sanción del RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones) ya generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo. Además, se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva la obra pública paralizada y dinamiza la economía.

El equilibrio fiscal no es una meta contable. Es la plataforma para recuperar inversión, empleo y desarrollo sostenible.

Entre Ríos está mejor plantada porque administra con responsabilidad. Ahora el desafío es consolidar esa base y convertirla en crecimiento sostenido.

Desde el PJ señalaron que “uno de los puntos más sensibles del discurso fue el anuncio de avanzar en una reforma del sistema previsional entrerriano, utilizando como argumento central el déficit de la Caja de Jubilaciones”, y advirtieron que “se trata de un tema que exige responsabilidad y soluciones, pero no desde el encuadre ideológico que propone el gobierno provincial”.

En ese sentido, remarcaron que “al analizar la situación de la Caja, Frigerio omitió la responsabilidad central del Estado nacional” y agregaron que “la deuda histórica de la ANSES con Entre Ríos —que el propio gobernador reconoce— es una de las principales causas del desfinanciamiento del sistema”. Además, alertaron que “hoy, el riesgo es claro: que el déficit se convierta en excusa para desmantelar el sistema previsional entrerriano y eliminar el 82% móvil, un logro histórico que parece incomodar a la gestión actual”.

El justicialismo entrerriano recordó que “desde el Partido Justicialista ya expresamos que cualquier modificación tiene que preservar el 82% móvil, resolver el déficit sin descargarlo sobre las espaldas de las y los trabajadores”, y subrayó que “el espíritu debe ser la defensa de la Caja provincial y el fortalecimiento de un sistema solidario, justo y sostenible, tal como lo establece la Constitución Provincial”.

En relación a la infraestructura vial, afirmaron que “el Gobernador repitió grandes anuncios a futuro con poca repercusión en el presente” y que “la promesa de intervenir el 100% de las rutas entrerrianas carece de sustento real, financiamiento claro y plazos concretos”.

“Lo que se observa en el territorio es insuficiente frente al grave deterioro que provoca la paralización de la obra pública decidida por el gobierno nacional”, indicaron, y enfatizaron que “la experiencia entrerriana demuestra que sin Estado activo y sin inversión pública sostenida no hay infraestructura posible”.

El comunicado advierte que “la realidad es que Entre Ríos está paralizada, tapando baches sin obras importantes, con políticas de Estado en retirada y pérdida de empleos todos los días”. En ese marco, puntualizaron que “los números son contundentes: en lo que va de esta gestión se perdieron más de 10.000 empleos registrados y hay 774 empresas menos en la provincia”.

Desde el PJ cuestionaron también el alineamiento del gobernador con el gobierno nacional y señalaron que “en ese contexto alarmante, Frigerio renueva su compromiso con las políticas del gobierno nacional y la reforma laboral en debate, argumentando que se pierden empleos por la supuesta ‘industria del juicio’”. Al respecto, sostuvieron que “a la luz de los datos, esa afirmación es una falacia que busca ocultar el fracaso del modelo”.

Asimismo, expresaron que “las y los trabajadores estatales esperaban alguna propuesta ante la angustiante situación que atraviesan con salarios congelados, una obra social cada vez más deteriorada y la amenaza permanente de despidos y recortes”, pero que “en lugar de soluciones, recibieron estigmatización y desprecio”.

“El Estado no es un gasto: es garante de derechos, motor del desarrollo y una herramienta indispensable para la paz social”, afirmaron, y destacaron que “sus trabajadoras y trabajadores sostienen su funcionamiento todos los días, más allá de los gobiernos circunstanciales”.

El Partido Justicialista manifestó que “rechaza enfáticamente la estigmatización del empleo público y reafirma que el Estado entrerriano fue y debe seguir siendo una herramienta central para garantizar salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo productivo”.

Finalmente, señalaron que “queda la sensación de que el gobernador habló para unos pocos, desde un discurso ideologizado que no convoca, que intenta construir una épica del ajuste y del achicamiento del Estado, mientras deja afuera los problemas reales de la provincia”.

“Entre Ríos necesita diálogo social, consensos amplios y un proyecto de desarrollo inclusivo”, afirmaron, y concluyeron: “desde el justicialismo reafirmamos nuestro compromiso con una provincia con más trabajo, más producción, más justicia social y más Estado presente. Ese es el camino que defendemos y vamos a seguir defendiendo”.

En el cierre del documento, el PJ expresó que “frente al intento de retroceder en derechos y conquistas históricas, adherimos y apoyamos el paro general de la CGT para este jueves y cada una de las medidas que las y los trabajadores realicen para rechazar la flexibilización laboral que impulsa Milei con la complicidad de gobernadores como Frigerio”.

“Fue un discurso contundente, que refleja con claridad el rumbo que venimos transitando en la provincia. Un rumbo que no es individual ni sectorial, sino que es compartido con la ciudadanía y con toda la Asamblea Legislativa”, señaló el funcionario.

Troncoso sostuvo que el mensaje del mandatario dejó en evidencia un cambio profundo en la concepción del Estado provincial.

“Estamos dejando atrás un modelo que estuvo en crisis durante más de 20 años. Un modelo que concebía al Estado como un barril sin fondo, al servicio de unos pocos, de cuatro o cinco familias que se servían de él, y que le daba la espalda a la gente, casi de un oscurantismo medieval. Ese esquema ya no tiene lugar en Entre Ríos”, afirmó.

En esa línea, remarcó que la actual gestión impulsa una transformación institucional orientada a la modernización y la transparencia.

“Venimos a traer luz donde hubo opacidad. Estamos llevando adelante un proceso de modernización, transparencia y simplificación del Estado. Hoy podemos hablarle a los entrerrianos cara a cara, mirándolos a los ojos y poniendo los datos sobre la mesa con absoluta claridad”, expresó.

El ministro explicó que uno de los ejes centrales del discurso del gobernador fue la administración responsable de los recursos públicos, en un contexto económico complejo.

“En un contexto de enorme criticidad económica, cada peso debe ser administrado con inteligencia y eficacia. Pero no bajo aquella vieja lógica que terminó empobreciendo a la provincia, frenando la generación de empleo privado y desalentando el desarrollo productivo. Nuestro objetivo es exactamente el contrario: ordenar el Estado para que impulse y acompañe al sector privado”, señaló.

Finalmente, Troncoso consideró que el mensaje de Frigerio sintetiza una nueva etapa para la provincia.

“Más allá de los datos y los anuncios concretos que se realizaron, el corazón del discurso fue claro: el Estado ya no está al servicio de unos pocos, sino al servicio de todos los entrerrianos. Ese es el compromiso y esa es la transformación que estamos llevando adelante”, concluyó.

Aluani sostuvo que el discurso del mandatario “ratificó con claridad el rumbo que la provincia necesita para consolidar el orden institucional, fortalecer la transparencia y generar las condiciones para el crecimiento y el desarrollo”.

En ese sentido, destacó especialmente las políticas orientadas al equilibrio fiscal, la modernización del Estado y el impulso a la producción y al empleo.

“Estos avances son el resultado de decisiones responsables que permiten mirar el futuro con mayor previsibilidad”, afirmó la vicegobernadora, al tiempo que valoró el enfoque institucional planteado por el Ejecutivo provincial.

Según expresó, el mensaje dejó en claro la voluntad de profundizar un modelo de gestión basado en el orden de las cuentas públicas, la transparencia administrativa y la promoción del desarrollo productivo como eje de crecimiento.

Aluani señaló además que la etapa que atraviesa la provincia requiere “sostener el rumbo, profundizar las transformaciones iniciadas y trabajar de manera articulada entre los distintos poderes del Estado para que el crecimiento se traduzca en más oportunidades para todos los entrerrianos”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Legislatura de acompañar las iniciativas que consoliden el proceso de transformación en marcha y contribuyan al desarrollo integral de Entre Ríos, en el marco del nuevo período legislativo.

A través de un comunicado difundido bajo el título “Mensaje a la Asamblea Legislativa: ‘Frigerio tiene una mirada de la provincia que no se condice con la realidad’”, los legisladores opositores señalaron que existe una “distancia” entre la agenda urgente de los entrerrianos y la descripción realizada por el titular del Ejecutivo.

En el documento, el bloque sostuvo que el discurso oficial consistió en “una extensa enumeración de acciones de gobierno que en buena medida reiteró aspectos señalados en años anteriores”, presentados —según indicaron— con un “pretendido carácter fundacional”.

Los diputados cuestionaron que no hayan tenido la relevancia esperada “temas centrales para vecinas y vecinos de nuestra provincia”, entre los que mencionaron la caída del poder adquisitivo de los salarios, la menor producción, el freno de la economía y el deterioro en la calidad de los servicios públicos.

En materia de obra pública, afirmaron que la ejecución actual “con suerte representa una cuarta parte de los niveles de la gestión anterior” y calificaron como “casi nula” la construcción de viviendas sociales, lo que consideraron “el punto más crítico de esta desinversión”.

Desde el bloque señalaron que, como oposición, han acompañado “responsablemente las herramientas que el Ejecutivo solicitó a la Legislatura para poner en marcha su plan de acción”. No obstante, advirtieron que, superada ya la mitad del mandato, “los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes”.

Asimismo, sostuvieron que la actual gestión provincial llegó al gobierno “con expectativas y objetivos muy altos”, pero que transcurrida más de la mitad del mandato “no encontramos ningún aspecto, en ninguna de las áreas del gobierno provincial, que sea superador a los gobiernos anteriores”.

En relación con el anuncio de una reforma previsional, los legisladores reafirmaron su compromiso de participar en el debate y aseguraron que su prioridad será “el resguardo de los derechos de los entrerrianos”.

En el tramo final del comunicado, el bloque vinculó la situación provincial con las políticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Mientras la gestión provincial ignore que las mayores dificultades son consecuencia de decisiones de un gobierno nacional que desconoce por completo el carácter federal del país, que destruye el entramado productivo y también las políticas sociales, no hay posibilidades de construir un futuro mejor”, señalaron.

Según expresaron, “es evidente que allí, en las medidas del gobierno de Milei, está la verdadera causa de los problemas que aquejan a Frigerio y a todos los entrerrianos”.

De este modo, el bloque justicialista fijó posición frente al mensaje del gobernador y anticipó que mantendrá una postura crítica durante el nuevo período legislativo, en particular en los debates vinculados a la situación económica y al sistema previsional provincial.

Este miércoles, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindará su mensaje ante la Asamblea Legislativa en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el marco de la apertura del 147º Período Legislativo.

Se trata de una convocatoria que presenta una particularidad institucional: es la primera vez que un gobierno decide correr la fecha de apertura de sesiones ordinarias desde la reforma de la Constitución provincial. La decisión se tomó a raíz del feriado de carnaval, aunque la Carta Magna entrerriana establece que “ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada año desde el quince de febrero hasta el quince de diciembre”.

En su mensaje ante diputados y senadores, Frigerio realizará un repaso de lo actuado durante sus primeros dos años de gestión y expondrá los lineamientos que marcarán el segundo tramo de su mandato.

Será el cuarto discurso del mandatario ante la Legislatura. El primero tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023, día de su asunción. A dos años de haber iniciado su gestión, el gobernador deberá trazar la hoja de ruta para la etapa final de su gobierno, en un contexto económico y político que continúa presentando desafíos para la provincia.

Se espera que el mandatario destaque los principales ejes de su administración, así como los proyectos que buscará impulsar este año en el ámbito legislativo. Entre las iniciativas que podrían ocupar un lugar central en su exposición figura la reforma del sistema previsional, una propuesta que anticipa debates intensos en ambas cámaras.

La apertura de sesiones constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político provincial. Además de marcar el inicio formal del trabajo parlamentario, el mensaje del Ejecutivo suele funcionar como plataforma para delinear prioridades, anunciar reformas y fijar el tono de la relación entre el Gobierno y la oposición.

Con la expectativa puesta en los anuncios y definiciones que pueda realizar, el discurso de Frigerio será observado tanto por el arco político como por los distintos sectores sociales, en un año clave para la consolidación de su agenda de gobierno.

El gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes a enero de 2026 para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

El esquema de pago comenzará este sábado 31 de enero y se desarrollará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales, finalizando el lunes 9 de febrero.

Según se detalló, el sábado 31 de enero se acreditarán los haberes de hasta 710.000 pesos, correspondientes al tramo que figura en el calendario del lunes 2 de febrero. El martes 3 de febrero cobrarán quienes perciban entre 710.001 y 945.000 pesos, mientras que el miércoles 4 de febrero será el turno de los salarios comprendidos entre 945.001 y 1.130.000 pesos. El jueves 5 de febrero se abonarán los haberes que van desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos y el viernes 6 de febrero se pagará a quienes perciban entre 1.435.001 y 1.980.000 pesos. Finalmente, el lunes 9 de febrero, con acreditación el sábado 7, cobrarán los trabajadores y jubilados que perciban más de 1.980.001 pesos.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el pago escalonado tiene como objetivo asegurar un proceso ordenado y garantizar el normal funcionamiento del sistema financiero.