Crespo.- El Departamento Ejecutivo Municipal elaboró un proyecto de nuevo Código de Edificación que debería regir las construcciones privadas en la jurisdicción de la ciudad de Crespo a partir del año próximo. El proyecto de ordenanza correspondiente fue presentado en la última sesión del Concejo Deliberante y pasó a estudio.

La propuesta actualiza la Ordenanza N°39/09, que rige las construcciones en nuestra ciudad, sin modificaciones desde octubre de 2009. En ese lapso de 17 años Crespo creció y se transformó; surgieron técnicas, materiales y sistemas de construcción que el texto original no contempla. Desde el Ejecutivo se subraya que en su aplicación cotidiana, varias disposiciones de la ordenanza 39/09 resultan ambiguas y no permiten regular u ordenar adecuadamente las obras privadas.

El proyecto actualizado incorpora temas como: condiciones de habitabilidad, iluminación y ventilación; medidas mínimas de los ambientes; piletas privadas; desagües pluviales y cloacales; sistemas constructivos no tradicionales, como viviendas prefabricadas o construcciones de madera, con materiales naturales o de contenedores marítimos. El nuevo código actualiza también el procedimiento de permisos; las obligaciones de propietarios, profesionales y empresas constructoras; así como el régimen de infracciones y penalidades que debe aplicar el Juzgado de Faltas.

El proyecto fija su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2027, aunque los interesados podrán pedir que se aplique antes en sus construcciones. Los expedientes iniciados antes de la fecha de vigencia se resolverán con la Ordenanza N°39/09 siempre que la documentación técnica esté completa o se complete dentro de los 60 días hábiles siguientes. Se destaca que los permisos ya otorgados mantendrán su validez, de modo que el cambio de régimen con el nuevo Código de Edificación no afecte los trámites en curso.

Ingresó al HCD y pasó a estudio un proyecto de ordenanza que autoriza por vía de excepción la construcción de un edificio en altura, denominado Torre Mixta, a emplazarse en la dirección San Martín 828, sobre la cuadra de la arteria céntrica limitada entre las calles Sarmiento y Güemes. El titular del proyecto edilicio es la empresa Crespo Emprendimientos S.R.L. y la responsabilidad técnica corre a cargo del arquitecto Raúl Pittavino.

Las excepciones solicitadas se refieren a la envolvente lateral resultante de la relación 2/7 y al Factor de Suelo Natural No Pavimentado (FNNP). Respecto de la envolvente lateral, la solicitud se fundamenta en que mantener los retiros laterales exentos de aproximadamente 4,10 metros en toda la altura de la torre permite un desarrollo viable del programa arquitectónico sin la reducción progresiva que impone el plano inclinado de la relación 2/7, conservando las cuatro fachadas exentas y el tratamiento urbano del entorno. En tanto, la excepción al Factor de Suelo Natural No Pavimentado (FNNP) permitiría compensar la construcción de un nivel de estacionamiento semisubterráneo requerido para suplir las cocheras del emprendimiento.

En construcción urbana, la envolvente lateral resultante es el límite geométrico tridimensional que define hasta dónde puede extenderse una edificación hacia los costados de su terreno. Funciona como una ‘pared imaginaria’ para garantizar que los edificios vecinos no se queden sin luz natural, ventilación o privacidad. Imponer un plano inclinado de 2/7 (dos séptimos) implica una restricción geométrica específica para ‘escalonar’ el edificio a medida que gana altura: por cada 7 metros que el edificio sube en vertical, debe retirarse 2 metros en horizontal hacia el interior del terreno para generar terrazas, retiros o silueta piramidal.

En el caso del FNNP, el proyecto de construcción propone un plan de compensación hidráulica y ambiental, con cubiertas verdes, tanques de captación y reserva, reutilización de agua y sistema de descarga pluvial retardada.

Sobre este tema, ingresó al Concejo Deliberante una nota de vecinos de la futura construcción, preocupados por un posible impacto negativo sobre las viviendas aledañas. Los vecinos solicitan una audiencia con los concejales para informarse sobre el proyecto.

Estefanía, Belén y Angelina, estudiantes de sexto año del Instituto Sagrado Corazón de Crespo, obtuvieron el primer lugar en la instancia departamental del Senado Juvenil de Entre Ríos con un proyecto que busca mejorar el funcionamiento de los comedores escolares, promover una alimentación nutritiva y favorecer a las pequeñas y medianas empresas de la región.

Las alumnas visitaron el programa Crespo en Vivo, en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, junto a su docente asesora, Roxana Haberkorn, para compartir la experiencia de elaboración y defensa de la propuesta, que ahora avanzará a la instancia provincial.

El proyecto surgió a partir del trabajo que las estudiantes habían realizado previamente en el ámbito del Consejo Juvenil Deliberante de Crespo, donde abordaron la situación de los comedores escolares y las copas de leche. En aquella oportunidad, el análisis estuvo centrado en la realidad local; para el Senado Juvenil, ampliaron la mirada hacia el conjunto de la provincia.

Durante la investigación, las jóvenes realizaron visitas y consultas en comedores escolares, escuelas, clubes e instituciones que desarrollaban copas de leche. Ese relevamiento les permitió conocer las dificultades que enfrentan algunos establecimientos para garantizar la alimentación de niños y adolescentes, especialmente cuando los recursos disponibles no alcanzan para cubrir las necesidades.

“Era como conocer también una realidad que a veces creemos que en Crespo no pasa, que no existen estas necesidades”, expresaron durante la entrevista, al recordar el trabajo de campo que realizaron para conocer las experiencias de distintas instituciones.

La iniciativa también tomó como punto de partida el debate generado por el decreto provincial referido a la centralización de las compras para comedores escolares y copas de leche. Las estudiantes analizaron sus posibles consecuencias y lo contrastaron con la Ley de Alimentación Saludable vigente desde 2021, según explicaron durante la charla.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es mejorar la calidad nutricional de los alimentos que reciben los estudiantes. Para ello, plantea reemplazar productos ultraprocesados por alternativas que aporten los nutrientes necesarios para el desarrollo físico y cognitivo durante la infancia y la adolescencia.

Entre los alimentos mencionados por las alumnas se encuentran carnes, frutas, verduras y huevos, como parte de una alimentación más variada y equilibrada.

Estefanía explicó que, a partir de los testimonios recogidos durante la investigación, conocieron las dificultades que atraviesan los responsables de algunos comedores para administrar los presupuestos disponibles. En determinadas situaciones, señalaron, deben priorizar que la comida alcance para todos los chicos, aun cuando eso dificulte garantizar una mayor variedad de alimentos saludables.

La propuesta busca que el Estado tenga una participación directa en el abastecimiento, con el objetivo de mejorar la provisión de alimentos y reducir la carga que recae sobre las instituciones educativas.

El otro pilar del proyecto es el fortalecimiento de las economías regionales. Las estudiantes plantean promover la compra a empresas y proveedores entrerrianos, mediante acuerdos que permitan abastecer a los comedores con productos de la zona.

De esta manera, la iniciativa pretende vincular dos objetivos: garantizar una alimentación adecuada para los estudiantes y favorecer la actividad de pequeñas y medianas empresas locales, con su impacto en el empleo y el desarrollo económico regional.

Roxana Haberkorn, docente de Prácticas Educativas y asesora del grupo, destacó el compromiso de las alumnas durante el proceso de investigación y elaboración de la propuesta legislativa.

La profesora explicó que su tarea consiste en acompañar a los estudiantes para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la secundaria en proyectos que aborden problemáticas sociales concretas. En este caso, valoró especialmente que las jóvenes se hayan involucrado en una realidad que no necesariamente atraviesan de manera directa en su vida cotidiana.

La defensa del proyecto ante el jurado incluyó una presentación con apoyo audiovisual, en la que las estudiantes expusieron el problema, los fundamentos de la propuesta y el marco legal considerado. También respondieron preguntas vinculadas con la aplicación de la normativa y la intervención de distintas áreas del Estado.

Angelina recordó que la instancia estuvo marcada por los nervios y por preguntas desafiantes, pero destacó que pudieron elaborar las respuestas entre las integrantes del equipo. La experiencia, señalaron, les permitió profundizar sus conocimientos y comprender mejor el alcance de una iniciativa legislativa.

Tras obtener el primer puesto en la instancia departamental, las estudiantes consiguieron el pase a la etapa provincial del Senado Juvenil, donde representarán al departamento Paraná.

Según informó Haberkorn durante la entrevista, la actividad está prevista entre el 11 y el 13 de noviembre en Paraná. Allí, los equipos que resultaron ganadores en cada departamento tendrán la oportunidad de debatir sus iniciativas, intercambiar propuestas y trabajar en posibles modificaciones para perfeccionar los proyectos presentados.

La participación representa una nueva instancia de aprendizaje para las alumnas, que podrán profundizar en el funcionamiento del proceso legislativo y defender una propuesta vinculada con la alimentación, la educación y el desarrollo económico de la provincia.

El proyecto elaborado por las estudiantes de Crespo pone en agenda una problemática que atraviesa a numerosas comunidades educativas y propone abordarla desde una perspectiva que combina el derecho a una alimentación adecuada con el fortalecimiento de la producción y el comercio regional.

El Concejo Deliberante Juvenil de Crespo finalizó su ciclo 2026 con un reconocimiento a los estudiantes secundarios que participaron de la propuesta y la presentación de proyectos orientados a mejorar distintos aspectos de la ciudad.

La actividad se desarrolló el martes 13 de octubre en el Salón Municipal, donde alumnos de siete instituciones educativas recibieron sus certificados por su participación en esta experiencia de formación ciudadana y compromiso comunitario.

El programa, que se lleva adelante de manera ininterrumpida desde 1994, promueve la participación de las nuevas generaciones en la vida democrática, a través del debate, la elaboración de propuestas y el conocimiento del funcionamiento del cuerpo legislativo local.

Durante el acto estuvieron presentes el intendente Marcelo Cerutti, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, concejales y miembros del equipo de Gobierno. También se destacó el trabajo de Gustavo Kappes por su acompañamiento y asesoramiento a los participantes.

Durante su intervención, el intendente Marcelo Cerutti felicitó a los estudiantes por involucrarse en la propuesta y agradeció a los docentes que acompañaron el proceso.

El mandatario resaltó la trayectoria del Concejo Deliberante Juvenil y alentó a los participantes a continuar involucrándose en las cuestiones públicas y sociales de la comunidad.

“Espero que esta experiencia haya sido valiosa para ustedes y que los anime a involucrarse en la vida pública. No hay que tener miedo de participar en política ni en organizaciones sociales de la ciudad. Es importante comprometerse, porque entre todos podemos contribuir a hacer las cosas bien y construir una mejor comunidad”, expresó.

Por su parte, Jacinta Eberle valoró el crecimiento de los trabajos presentados y la capacidad de los estudiantes para fundamentar sus propuestas.

“Año a año vemos cómo crece la calidad de los trabajos y la solidez con la que los chicos argumentan y defienden sus ideas. Es un camino de madurez política, más allá de la edad”, señaló.

La presidenta del Concejo Deliberante también destacó la modalidad itinerante de la iniciativa, que permite llegar a más instituciones educativas y ampliar las oportunidades de participación juvenil.

El objetivo, remarcó, es que los estudiantes puedan pensar la ciudad desde su propia mirada y plantear alternativas para responder a las necesidades de la comunidad.

Antes de la entrega de certificados y del cierre formal del ciclo, los integrantes del Concejo Deliberante Juvenil realizaron su última sesión ordinaria en el edificio municipal, ubicado en 25 de Mayo 943.

Durante el encuentro se abordó el orden del día, que incluyó la lectura y consideración del Acta 04, la correspondencia recibida y el tratamiento de dictámenes del Concejo en comisión.

Entre las iniciativas presentadas se destacaron tres proyectos de ordenanza:

Las propuestas reflejan el interés de los estudiantes por cuestiones vinculadas con el ambiente, la gestión de los residuos y la recuperación de espacios de valor para la comunidad.

La edición 2026 contó con representantes de siete instituciones educativas de Crespo.

Sagrado Corazón D-5

Asesoras: Rosana Haberkorn y Josefina Gómez.

ESJA N.º 33 «Dr. Alberto M. Nusimovich»

Asesores: Gonzalo Jurado, Samuel Siares Bosco y Viviana Wiesner.

Instituto Comercial Crespo D-5

Asesoras: Luján Sommer y Sofía Valentina Sinner.

Escuela N.º 60 «Bicentenario»

Asesoras: Ana Villarruel y Ludmila Ayelén Aapata.

Escuela N.º 74 «Walter Heinze»

Asesores: Nancy Folmer y Fausto Kloker.

ESJA N.º 97 «Prof. Isabel González»

Asesoras: Johana Sobrano, Mercedes Heck y Sabrina Micaela Moreyra.

ESJA N.º 240 «Comercial Crespo»

Asesores: Daniel Kliphan, Nancy Eichorn y Milagros Valentina Moreno.

Con el cierre de la edición 2026, Crespo dio por concluida una nueva etapa de un programa que lleva más de tres décadas promoviendo la participación de los jóvenes en los asuntos públicos.

A través de la elaboración de proyectos, el debate y las sesiones legislativas, el Concejo Deliberante Juvenil permite que los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento institucional y propongan iniciativas vinculadas con las necesidades de su comunidad.

Las propuestas presentadas este año pusieron en agenda temas ambientales y de recuperación urbana, al tiempo que reafirmaron el valor de generar espacios donde las nuevas generaciones puedan aportar ideas para el desarrollo de la ciudad.

Crespo.- Un incidente producido el domingo 13 de septiembre, durante un procedimiento de la Guardia Urbana Municipal en la vía pública se viralizó en redes y generó comentarios de diverso tipo. Un adolescente que conducía una moto habría sido agredido por un integrante de la Guardia Urbana Municipal. En un video se podía observar al menor tendido junto al cordón de la calle mientras se aguardaba la presencia del servicio de Emergencias para atenderlo. A raíz del incidente, las autoridades municipales iniciaron un sumario interno y apartaron de sus funciones al agente involucrado en el hecho. Por otro lado, la madre del joven radicó una denuncia en sede policial, trámite que sigue su curso ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Desde el ámbito oficial se mantuvo un perfil bajo de exposición del caso, y se destacó que se realizaron las intervenciones establecidas para este tipo de hecho.

En ese contexto, el bloque de concejales justicialistas de Más para Entre Ríos, presentó un proyecto de Resolución en el que expresa la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de prevención, capacitación, supervisión y control de la Guardia Urbana Municipal. Entre otros puntos, la iniciativa exige al Departamento Ejecutivo:

• Revisar y fortalecer los protocolos de actuación aplicables a GUM, en procedimientos que involucren situaciones de conflicto, interceptación de vehículos, personas que intenten evadir controles y aquellos en los que participen niños, niñas o adolescentes.

• Implementar instancias periódicas de capacitación obligatoria para el personal de la GUM en manejo y desescalada de conflictos, derechos humanos, actuación con niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios, prevención de la violencia;

• Fortalecer mecanismos de supervisión del personal operativo y de responsabilidad de los niveles jerárquicos de GUM, garantizar mecanismos periódicos que permitan acreditar la aptitud requerida para el desempeño de las funciones operativas correspondientes

• Frente a situaciones irregulares o incompatibles con las funciones asignadas, además de analizar las eventuales responsabilidades individuales, se debe efectuar una evaluación institucional del procedimiento para detectar posibles deficiencias en materia de capacitación, protocolo, supervisión o conducción y adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Entre sus argumentos, el bloque opositor destacó que “la adopción de una medida disciplinaria respecto de un agente, por sí sola, no debería impedir el análisis de los mecanismos institucionales de prevención, capacitación, conducción y supervisión”.

Con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de General Ramírez, concluyó una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil, una propuesta dependiente del Honorable Concejo Deliberante que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones y a la elaboración de proyectos para la ciudad.

Durante esta edición fueron aprobadas cinco iniciativas, presentadas por estudiantes de distintos establecimientos educativos.

Uno de los proyectos plantea la creación de un Programa Municipal de Identificación Universal de Comercios e Instituciones mediante pictogramas y sistema Braille, destinado a comercios, industrias e instituciones públicas y privadas. La iniciativa fue presentada por la E.S.J.A. 30 de Octubre y sus autoras son Laura Herminda Eisenacht y Nadina Ailén Pérez.

La E.E.T. N° 114 Justo José de Urquiza presentó un proyecto para la creación de un mural y una campaña de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas. La propuesta estuvo a cargo de Clara Elizabeth Chávez Ojeda y Xiomara Nahir Ramos.

Desde el Instituto D-129 Jesús de Nazareth, Catalina Hohnstein y Jazmín Guadalupe Ibarra Blason impulsaron un proyecto de resolución para declarar de interés y promover la realización de un mural por el Día Mundial de la Concientización sobre la Migraña.

La Escuela N° 4 Francisco Ramírez presentó dos iniciativas. Una propone declarar de interés municipal la puesta en valor, ornamentación, diseño estético y embellecimiento de la rotonda principal de ingreso a General Ramírez. La otra solicita incorporar en el sitio web oficial del municipio una sección denominada “Familias de Abrigo-COPNAF”. Los proyectos fueron elaborados por Estefanía Eichhorn y Maximiliano Mansilla.

Por último, desde el Instituto D-176 Madre de Jesús, Carla Belén Sánchez y Haydeé Seidel Herbel presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione la incorporación de nuevas carreras terciarias y universitarias en la ciudad.

La Municipalidad destacó la participación de los estudiantes y su involucramiento en temas vinculados con la vida cotidiana y el desarrollo de General Ramírez.

El Concejo Deliberante Juvenil cerró así una nueva edición con iniciativas que ponen sobre la mesa demandas relacionadas con la accesibilidad, el ambiente, la salud, los espacios públicos, las políticas sociales y las oportunidades educativas para los jóvenes.

Crespo.- En la sesión del miércoles 9 de septiembre, el Concejo Deliberante autorizó la creación de un crematorio de mascotas en un predio aledaño al casco urbano de la ciudad; también, el alquiler de autos eléctricos infantiles en Parque Evita.

Por unanimidad, los concejales autorizaron por vía de excepción a la Empresa Lindt SRL, el permiso de uso del suelo para desarrollar el proyecto ‘Parque del Recuerdo y Crematorio para pequeños, mediano y grandes animales’, que se ubicará en un predio destinado a zona no urbanizable según el código Urbano de la ciudad, ubicado en el ejido de Crespo, sobre ex ruta provincial Nº 131, camino a General Racedo.

La empresa de servicios fúnebres de nuestra localidad “busca ofrecer un entorno destinado a preservar la memoria y brindar a las familias un espacio para recordar a quienes formaron parte significativa de sus vidas”, destaca la norma aprobada.

La firma necesitaba esta ordenanza que le otorga la excepción de uso de suelo para avanzar con la compra del predio, debido a que la decisión de adquirir el terreno y realizar las inversiones necesarias, está directamente vinculada a la factibilidad de su implantación en el lugar propuesto.

También se autorizó por vía de excepción a Rita Wagner, por un plazo inicial de seis meses, el permiso de uso para la actividad de alquiler de autos infantiles a batería, por minutos, en el sector del Parque Evita ubicado frente a su comercio Clipo, en Mitre y Urquiza.

Entre los argumentos para aprobar el emprendimiento, se señala que ese sector del Parque Evita tendría, con esa actividad “más ocupación, diversión y color ya que ese sector suele ser un espacio vacío”.  Además, Wagner ofreció al Municipio vehículos para el Área de Tránsito destinados a clases de educación vial gratuitas. Por último se destacó que el proyecto es sustentable, ya que la empresa de la solicitante, Clipo, invirtió en paneles solares hace más de un año. Esto permitió reducir costos y ser usuario generador que inyecta a la red el excedente no utilizado. Los autitos infantiles se cargarían con esa energía renovable.

El Concejo Deliberante Juvenil de Crespo realizó su tercera sesión ordinaria de la edición 2026, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Crespo que busca acercar a estudiantes secundarios al funcionamiento de las instituciones democráticas y promover su participación en la vida comunitaria.

La sesión se desarrolló en la Escuela Secundaria N.º 60 “Bicentenario de Crespo”, donde los concejales juveniles presentaron, debatieron y analizaron diferentes propuestas vinculadas con necesidades de la ciudad.

Durante la jornada, los estudiantes aprobaron por unanimidad dos iniciativas impulsadas por el Instituto Sagrado Corazón.

Una de ellas propone regular y establecer normas para las plataformas electrónicas destinadas al servicio de transporte privado de personas.

El segundo proyecto plantea organizar y declarar de Interés Municipal la Semana de la Juventud.

Ambas propuestas fueron votadas favorablemente por los integrantes del Concejo Deliberante Juvenil.

Además de las iniciativas aprobadas, durante la sesión fueron tratados en Comisión General tres proyectos de ordenanza elaborados por estudiantes de distintas instituciones educativas de Crespo.

La Escuela Secundaria N.º 74 “Prof. Walter Heinze” presentó una propuesta para mejorar la accesibilidad de los transeúntes en los puentes peatonales ferroviarios.

La iniciativa busca favorecer una circulación más segura e inclusiva para quienes utilizan estos pasos.

Por su parte, estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 60 “Bicentenario de Crespo” propusieron crear un Registro Digital Municipal de Adoptantes y Animales en Adopción.

El objetivo es facilitar el encuentro entre personas interesadas en adoptar y animales que necesitan un hogar, promoviendo de esta manera la adopción responsable.

El Instituto Comercial Crespo D-33 presentó el proyecto para crear el programa “Joven Embajador Crespense”.

La propuesta contempla seleccionar cada año a un estudiante de nivel secundario para acceder a una beca completa de intercambio cultural internacional.

Los proyectos abordados durante la sesión reflejan distintas problemáticas y oportunidades identificadas por los propios estudiantes en su entorno cotidiano.

Desde cuestiones vinculadas con la movilidad y accesibilidad, hasta la adopción responsable de animales y la posibilidad de acceder a experiencias educativas internacionales, las iniciativas buscan plantear soluciones concretas para la comunidad.

El Concejo Deliberante Juvenil funciona así como un espacio en el que los estudiantes pueden debatir, presentar proyectos, votar y conocer desde adentro el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La propuesta también apunta a que los jóvenes tengan un rol activo en la discusión sobre el presente y el futuro de Crespo, convirtiéndose en protagonistas de las decisiones y proyectos que imaginan para la ciudad.

Crespo.- El Departamento Ejecutivo Municipal envió un proyecto de Ordenanza ante el Concejo Deliberante para establecer un nuevo marco normativo sobre el mantenimiento, limpieza y desmalezado de terrenos, sean baldíos, edificados, en construcción, habitados o deshabitados; que estén ubicados en zona urbana, urbanizable y lindera de la ciudad.

En el ejercicio del poder de policía en higiene, salubridad, seguridad y orden público, el proyecto apunta a evitar la proliferación de vectores de enfermedades, acumulación de residuos, focos de infección e incendios.

• Sujetos obligados al cumplimiento son propietarios, poseedores o tenedores de los inmuebles. La obligación es solidaria entre herederos de sucesiones; integrantes de condominios y se puede intimar directamente al inquilino/ocupante en contratos de locación.

• Infracciones previstas: Maleza, pastizal o vegetación que supere los 30 centímetros de altura; existencia de microbasurales, chatarra, escombros u objetos en desuso; cualquier situación que comprometa la higiene, seguridad o salubridad pública.

• Plazo: Hay 5 días hábiles para comparecer ante el Juzgado de Faltas y regularizar;

• Eximiciones: Si el infractor limpia el terreno dentro del plazo de comparecencia (5 días), queda eximido de la multa; si no tiene antecedentes, queda eximido del pago del arancel.

Si tiene antecedentes de infracción, debe pagar el arancel, aunque haya limpiado a tiempo y no le corresponda pagar la multa. No se exime la multa por “meros compromisos verbales”, inicio de tareas no concluidas o cumplimiento parcial.

• Terrenos baldíos: la multa se calcula multiplicando los metros cuadrados en infracción por el equivalente al valor de un litro de nafta súper grado dos (según la última licitación de compra municipal).

• Terrenos edificados, en construcción/habitados/deshabitados: El Juez de Faltas aplica una escala discrecional; para falta leve, de 100 a 500 litros de nafta; grave, de 501 a 2.000 litros de nafta; muy grave: de 2.001 a 5.000 litros de nafta.

Se considera reincidente a quien cometa una nueva infracción en el mismo inmueble dentro de los 24 meses posteriores a una sentencia firme. La multa se incrementará en forma progresiva: primera reincidencia, 10% más sobre la multa calculada; segunda, más 20%; tercera, más 30%; cuarta, más 40%; de la quinta en adelante, más 50%.

Si el pastizal superaba el metro de altura, el infractor debe embolsar y acondicionar el material cortado en el frente del inmueble en un plazo de 48 horas. Se retirarán en el servicio regular de recolección de residuos verdes.

Si el estado del terreno representa un riesgo inmediato para la salubridad o seguridad vecinal, el municipio puede realizar la limpieza directamente con cargo al propietario (ejecución subsidiaria), sin esperar el resultado del proceso de faltas, que seguirá su curso de forma independiente.

La sentencia del Juzgado de Faltas unificará en una liquidación la multa, el arancel administrativo y los costos de la ejecución subsidiaria. El monto total se cargará como deuda del inmueble, e impedirá la emisión del certificado de libre deuda municipal hasta que no se pague la deuda. Si no se abona dentro de los 10 días hábiles de quedar firme la sentencia, se reclamará por vía de apremio

El proyecto deroga la actual ordenanza Nº 63/19 que regula el tema. El Ejecutivo argumenta que su aplicación “ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación, incorporar criterios de gradualidad sancionatoria diferenciada según el tipo de inmueble, establecer un sistema de reincidencia progresiva y regular la ejecución subsidiaria municipal para casos de afectación a la salubridad vecinal”. 

Nogoyá.– Los concejales del Bloque Más para Nogoyá —Marianela Manassali, José Ramón Perello, Guillermina López y Maximiliano Navarro— elevaron el 18 de agosto una nota formal al senador departamental Rafael Cavagna solicitándole que, en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, realice la denuncia correspondiente ante los organismos competentes por la presunta utilización de bienes del Estado Provincial para fines particulares. La situación señalada involucra a César Traverso, encargado de la Dirección Provincial de Vialidad Departamental Nogoyá, quien habría reconocido públicamente en declaraciones a un medio de comunicación que utilizó vehículos afectados a la repartición pública para trasladar a su hija a instituciones educativas y actividades de carácter personal.

En la nota, el bloque opositor argumentó que la conducta descripta no puede ser justificada como una cuestión menor o de simple disponibilidad de un vehículo oficial, y subrayó que los bienes del Estado "no son bienes propios de quienes circunstancialmente tienen a su cargo su administración. Son bienes de todos los entrerrianos y se encuentran afectados a una finalidad concreta: prestar un servicio público". Los concejales señalaron además que la gravedad del hecho se profundiza si los vehículos fueron utilizados en momentos en que debían estar afectados al cumplimiento de las funciones de Vialidad, y plantearon la eventual responsabilidad del Estado ante cualquier contingencia ocurrida durante esos traslados particulares. La nota solicitó formalmente a Cavagna que promueva las actuaciones necesarias para determinar qué bienes fueron utilizados, con qué finalidad, durante qué período y quién autorizó su uso, y que se requiera la intervención de los organismos competentes para determinar la eventual responsabilidad administrativa, patrimonial, disciplinaria y penal que pudiera corresponder.

Cavagna respondió públicamente en medios radiales y describió el alcance de su intervención con precisión: "Me presentaron una nota para que actúe en base a supuestos sucesos realizados por el jefe de la Zonal VII de Vialidad. No conocía del tema y no puedo dar fe de los hechos", señaló. El legislador fue claro respecto de su posición personal sobre el uso de los recursos públicos: "Desde mi óptica, obviamente no corresponde usar los vehículos públicos para cuestiones privadas. En el municipio adquirimos un automóvil y jamás lo usé de forma particular; es mi forma de pensar y vivir en cómo administrar lo ajeno", afirmó.

Sin embargo, Cavagna también marcó un límite a la solicitud de los concejales: "Soy legislador y funcionario público al igual que los concejales, es decir que ellos tienen la misma capacidad jurídica de poder denunciar. Está perfecto presentar la nota, pero sepan que ellos mismos también pueden actuar", indicó. El senador informó que elevó la nota a Vialidad Provincial y que estuvo en comunicación con el doctor Galizzi, integrante de la asesoría letrada del organismo, quienes deberán iniciar las actuaciones correspondientes. "Con eso no quiero decir que no tengo nada que ver, porque formo parte del espacio político, pero desde lo administrativo lo decide el propio organismo. Mi actuación llega hasta aquí: recibir la nota, actuar de nexo y ponerla a disposición de Vialidad", precisó.

Cavagna agregó que puso en conocimiento a Traverso de la nota recibida, y que el funcionario "asegura que no fueron así los hechos". El legislador no ocultó además su lectura política del episodio: "Me presentaron la nota y a los treinta segundos estaba el título en un medio provincial, entonces queda en evidencia que hay algo político detrás, desde el justicialismo diciendo cómo se deben usar los automóviles oficiales", concluyó.

Ahora Vialidad Provincial, deberá resolver si inicia o no las actuaciones administrativas correspondientes.

Todo esto inició a raíz de una entrevista radial que Cesar Traverso brindó en FM Libertad el pasado 14 de agosto, allí reconoció al ser consultado por el conductor radial Maximiliano Medrano, haber utilizado el vehículo oficial para llevar a sus hijas a la escuela y también reconoció que sube a civiles a la camioneta con el objetivo de que le muestren lugares a reparar o intervenir. “Es gente de la zona que conoce, que me muestra un cruce roto, una alcantarilla rota, es algo habitual. La camioneta está a cargo mío, tengo infracciones incluso, porque soy el responsable directo. La camioneta está para eso. No puedo justificar si verían la camioneta en un bar un sábado a la noche, pero es comprobable todo el recorrido que se ha realizado. Es mi responsabilidad absoluta, puedo subir a la camioneta a cualquier persona. Quiero gente que conozca la zona, que me lleve y que me muestre donde hay problemas” fundamentó. 

Victoria.- La Fiscalía de Victoria dio un paso determinante en la causa penal que investiga al exsecretario de Planeamiento de la Municipalidad, Ebenezer García, al resolver la ampliación formal de las imputaciones e incluir, en una medida inédita para los tribunales locales, a dos empresas como personas jurídicas. La resolución alcanza a nuevos involucrados en una trama de presunta corrupción por la provisión de hormigón para obras públicas de la ciudad.

La fiscalía a cargo de Eduardo Guaita confirmó –la semana pasada- que los peritajes informáticos y telefónicos concluidos recientemente permitieron consolidar la hipótesis del presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el artículo 265 del Código Penal.

El expediente judicial se inició a partir de una presentación formulada en su momento por los concejales de la oposición Bettina Zabala, Alejandro Rees y Luciana Zorzabal, quienes contaron con el asesoramiento técnico del abogado Rubén Pagliotto. La denuncia cuestionaba una serie de contrataciones directas concretadas a comienzos de 2024, amparadas en la ordenanza de emergencia económica aprobada al inicio de la gestión municipal. Se adquirió cemento procesado a una firma de Nogoyá que estaba relacionada comercialmente a García.

A raíz de las primeras sospechas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en las sedes comerciales de las firmas involucradas: E&H SRL —propiedad del propio Ebenezer García y su socio Torrigiani- y Hormigonera Nogoyá SRL. En esos procedimientos la policía secuestró tres teléfonos celulares y 11 computadoras de uso empresarial.

También se conoció que el volumen de información que tenían las computadoras fue clave para desentrañar la información que interesaba, pero el procedimiento implicó una demora importante.

Luego de procesar la totalidad de los soportes digitales, en abril de este año la Fiscalía recibió los primeros reportes telefónicos y a fines de julio concluyó el análisis integral del material informático.

En esa línea los elementos que se conocieron fueron determinantes para imputar a García, quien tenía un vínculo muy cercano con la Hormigonera Nogoyá y que su propia firma privada (E&H SRL) habría participado directamente en la provisión de hormigón al municipio, siendo Secretario de Planeamiento.

De acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, se lograron acreditar al menos cuatro operaciones concretadas entre enero y marzo de 2024. Las compras se interrumpieron de manera abrupta en abril de ese año, cuando el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque opositor que expuso las irregularidades.

La principal novedad contenida en la cédula notificada días atrás es la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Jurídica, un marco normativo que permite atribuir responsabilidad penal directa a las sociedades comerciales cuando los actos de sus miembros redundan en un beneficio económico para la entidad. Es un hecho poco conocido de imputación a personas jurídicas

Con los nuevos elementos de prueba, la causa sumó como imputados a Horacio Torrigiani y a un directivo de apellido Noguera, quienes se agregan a la nómina de acusados que desde el inicio integraban García y Saenz. Cada uno de los imputados nominó abogado defensor y en el caso del ex funcionario lo ejerce Oscar Firpo y su hijo Sebastián.

En la siguiente fase procesal, en base a datos recabados por Paralelo32, la Fiscalía citará a prestar declaración testimonial a empleados municipales que trabajaban en la obra de calle Bartoloni (e/Ezpeleta y San Martìn), a dependientes de las firmas comerciales y al funcionario policial que procesó la prueba informática. Tras ello, se fijará la fecha para recibir las declaraciones indagatorias de todos los imputados.

A partir de ahora –en audiencia- la fiscalía expondrá los elementos y pruebas disponibles que lo imputan como responsables de negocios incompatibles con la función pública y, en ese marco, tendrán que brindar las explicaciones.

Priman a esta altura dos alternativas: si los involucrados pueden esclarecer todos los puntos que cuestionan el procedimiento de la compra de cemento, la causa se archiva; por el contrario, si no se logran aclarar los puntos cuestionado se elevará la causa a juicio oral ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.

Por resolución del Concejo Deliberante de Crespo, Héctor José Bernardo Motta será declarado Ciudadano Ilustre durante una sesión especial que se realizará el próximo miércoles 1° de julio en el salón municipal. Su trayectoria fue distinguida también con el título de doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos en 2023.

La resolución destaca su extensa labor como empresario, dirigente y promotor del desarrollo, impulsando instituciones locales, apoyando a pequeñas comunidades y promoviendo la creación de institutos terciarios en Crespo y Conscripto Bernardi. Fue además fundador de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Entre sus proyecciones nacionales e internacionales se mencionan la Cátedra Internacional Héctor Motta, creada por la Universidad de Salamanca; su aporte al desarrollo de la avicultura entrerriana; presidió dos veces la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA); Fe delegado organizador del Congreso Internacional AFIDE 2024; y su actual liderazgo en AFIDER y el grupo Entre Ríos 2050 promueve el emprendedurismo y obras de infraestructura provincial.

Crespo.- El concejal peronista Juan Pablo Motta presentó su “renuncia indeclinable” a la banca que ocupa desde diciembre de 2023, por el bloque opositor Crespo en Marcha – Mas para Entre Ríos, según consta en nota elevada a la presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle.

En la nota, refiere que su decisión obedece “de manera exclusiva, a razones de índole laboral y a incompatibilidades de tiempo que hacen imposible compatibilizar mis obligaciones profesionales y laborales con el ejercicio pleno, responsable y dedicado del mandato que me fuera conferido por la ciudadanía”. Agrega que “las exigencias crecientes en el ámbito laboral han generado una superposición de compromisos que me impide cumplir con la disponibilidad horaria y la dedicación que el cargo requiere, afectando la calidad de la representación que los vecinos de nuestra ciudad merecen”. Continúa: “Ante esta situación, y obrando con responsabilidad institucional, he considerado que lo más honesto y correcto es dar un paso al costado para que el bloque y el cuerpo puedan contar con una representación plena y sin condicionamientos”.

Motta agradece a los miembros del cuerpo deliberativo y a los vecinos de Crespo “por la confianza depositada”. Y finaliza: “Ha sido un honor representar a nuestra comunidad y trabajar por el bien común de nuestra ciudad”.

En contacto con Paralelo32 destacó a cada uno de los concejales del HCD, de ambos bloques, por su trabajo y sus acciones durante estos dos años de actividad institucional compartida. Tuvo un párrafo especial de reconocimiento al intendente Marcelo Cerutti: “Creo que desde su lugar hace todo lo mejor posible para que Crespo ande, no es fácil”.

Se refirió a otras cuestiones, además de su actividad laboral, que no aparecen en la nota oficial de renuncia. Señaló que hubo diferencias de criterios con el Partido Justicialista, aunque subrayó que “sigo siendo peronista mucho más de lo que muchos dicen ser, o hablan de dignificar la vida de la gente, y se cagan en eso”.

Molesto con determinadas actitudes que aparecen en la política, Motta señaló que “la gente te usa; lo importante es darse cuenta. Sé quién soy, tengo dignidad, convicciones y ‘muero con las botas puestas’. Nunca me cagué ni me cago en la gente”.

Subrayó: “Cuando uno deja de ser funcional a los intereses de cierta gente hay que saber interpretar e irse. Tengo casi 50 años y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer”.

Se quejó de esta época de politiquería y conflictos, “que no tengo ganas de pasar por eso”.

Un tema especial de desgaste que señaló Motta es el conflicto judicial por la elección del Juez de Paz. “Creo que Sonia Spreafico es radical y debe ir a reclamar a su gente, no con nosotros; y Mariela Hildermann, que es del PRO, también debía reclamar a su gente”, en referencia a las dos abogadas que presentaron recursos judiciales contra la forma de designación del futuro titular del Juzgado de Paz y Familia de Crespo.

En particular, sobre Spreafico recordó que “tuve diferencias personales porque se dedicaba a hacerle juicios a Calisa durante mucho tiempo; me senté en una mesa y le dije las cosas ‘en la cara’, como son, y no me interesa sentarme a otra mesa con ella”.

Reconoció que esos temas lo desgastaron bastante. Subrayó que “algunos dijeron que mi banca iba a ser testimonial, que iba a estar un tiempito por las elecciones”. Pero, “duré dos años y medio, no duré el mandato completo, pero tampoco estuve dos días”.

Finalmente, Motta expresó que “la persona que venga ojalá lo haga mejor, y de mi parte no me meteré en política”.

Gonzalo Villarruel es el siguiente en la categoría de concejales, de la Lista 501 Frente Más para Entre Ríos que participó de las elecciones del 22 de octubre de 2023, para reemplazar a Motta y completar las cuatro bancas del bloque opositor.

Con el compromiso de representar a sus escuelas y aportar ideas para mejorar la ciudad, más de 40 estudiantes de escuelas secundarias de Crespo asumieron este jueves como concejales juveniles durante la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante Juvenil, realizada en el Salón Municipal.

La experiencia permite que adolescentes de distintas instituciones educativas vivan de cerca el funcionamiento del Concejo Deliberante, aprendan cómo se elaboran las ordenanzas y participen de debates sobre temas que afectan a la comunidad.

Durante la ceremonia, los jóvenes prestaron juramento, eligieron a las autoridades del cuerpo y conformaron los bloques con los que trabajarán durante este año.

El intendente Marcelo Cerutti destacó que el programa representa una oportunidad para que los estudiantes conozcan desde adentro cómo funcionan las instituciones democráticas.

"Es un ejercicio muy valioso para que los chicos comprendan cómo trabaja la Municipalidad, cómo funciona un cuerpo legislativo y cómo se construyen los acuerdos a través del diálogo y los reglamentos", señaló.

Además, remarcó que cada edición deja propuestas interesantes surgidas de la mirada de los jóvenes.

"Siempre aparecen muy buenos proyectos y debates. Es una experiencia que fortalece la participación ciudadana y ayuda a desarrollar habilidades que les servirán en el futuro", sostuvo.

Además de debatir iniciativas para la ciudad, quienes integran el Concejo Deliberante Juvenil desarrollan herramientas que luego podrán aplicar en distintos ámbitos de su vida.

Hablar en público, defender una idea con argumentos, trabajar en equipo, respetar opiniones diferentes y conocer cómo funciona la administración pública son algunos de los aprendizajes que ofrece el programa.

La presidenta del Concejo Deliberante, María Jacinta Eberle, destacó especialmente el acompañamiento de las instituciones educativas y de los docentes asesores.

"Sin el compromiso de las escuelas y, especialmente, de los docentes que acompañan este proceso fuera del horario escolar, esta experiencia no sería posible", expresó.

También resaltó que el trabajo conjunto beneficia tanto a los estudiantes como a quienes los orientan.

"La práctica legislativa deja aprendizajes muy importantes. Los jóvenes crecen en su formación y nosotros, como docentes, también aprendemos junto a ellos", afirmó.

En esta edición participan estudiantes de las siguientes instituciones educativas de Crespo:

Durante los próximos meses, los concejales juveniles trabajarán en comisiones, debatirán proyectos y realizarán sesiones similares a las del Concejo Deliberante de la ciudad. La iniciativa busca que los jóvenes no solo conozcan cómo se toman las decisiones públicas, sino que también descubran que sus ideas pueden transformarse en propuestas concretas para mejorar la comunidad.

Crespo.- Vuelto a primera instancia el recurso de amparo presentado por la abogada Sonia Spreafico contra la designación de la terna que compitió por la titularidad del Juzgado de Paz y Familia de Crespo, se produjo un nuevo rechazo a la presentación de la demandante.

En esta oportunidad, el caso fue revisado por el doctor Alejandro Grippo, vocal de Juicio y Apelaciones Nº 6 de Paraná, que declaró “inadmisible” la presentación de la profesional.

El fallo fue apelado y volverá a instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia. Solo resta saber si la nueva revisión será realizada por la misma composición que actuó la primera vez o si se formará una nueva composición de vocales del STJ.

Spreafico había presentado Acción de Amparo - Habeas Data contra la Municipalidad de Crespo y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que ambas entidades brinden el acceso a la información pública y a publicar todos los actos administrativos correspondientes a la integración, conformación y documentación respectiva en relación a la terna de candidatos a Juez de Paz. Además, pidió la nulidad de la norma municipal que dispuso la conformación de la terna de postulantes conformada por Jorge Kriger (elegido para el cargo), Rocío Weber y Rocío Rodríguez Mayer.

En un escrito de veinte páginas, Grippo destacó en uno de los párrafos centrales de su fallo, que “no se advierte prima facie que el Departamento Ejecutivo Municipal ni el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo hayan obrado por fuera del marco de legalidad o juridicidad que rige la actividad de la administración en todo su ámbito de actuación para su normal desenvolvimiento. Ya que en principio, todo acto administrativo se presume legítimo, y la arbitrariedad denunciada debe emanar de forma evidente, manifiesta y palmaria para dar cauce a esta acción, lo cual no sucede en estos autos”.

El magistrado agregó que “también cabe rechazar la alegada inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo, pues tal planteo no solo que se confunde con el objeto (ampliado) de la presente acción, sino que no se encuentra suficientemente fundado como para habilitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que es de última ratio y de carácter excepcional”.

Más adelantó, Grippo subrayó que la abogada Spreafico “ni siquiera ha podido cumplimentar su carga procesal de demostrar, como mínimo un actuar ilegítimo de las partes demandadas, ya que no surge ni de lo invocado por la misma en su demanda, ni de la documentación por ella presentada ni de la adjuntada por las partes demandadas. Por todo ello, entiendo no se verifican las condiciones legales de procedencia de la acción de amparo”.

Con costas a cargo de Spreafico, el doctor Grippo reguló honorarios por 1.738.424,40 pesos, equivalente a 20 juristas (86921,22 pesos cada jurista, nombre que recibe la unidad de regulación de honorarios en la Justicia), a favor del abogado de la Municipalidad de Crespo, Francisco Ferrer. Otro tanto a favor de los abogados de la Fiscalia de Estado de la Provincia, Martín Rettore Elena y Juan Francischelli; cada uno percibirá 869.212,20 pesos.

En el fallo original del Superior Tribunal de Justicia, que mandó a revisar el procedimiento, se pidió que se incluya la opinión de los tres ternados en torno a la controversia entre Spreafico y Municipalidad/Provincia. Sólo respondieron Kriger y R. Mayer.

• Kriger expuso que la parte actora “debió demostrar el carácter de manifiestamente ilegítimos” de los decretos del Concejo Deliberante de Crspo y del Gobierno provincial. Señaló que “son actos administrativos dictados por organismos del Estado con facultades para emitirlos” y que “no han sido motivo de impugnaciones por la vía correspondiente en el período posterior a su publicación en los respectivos boletines oficiales”. Entiende que corresponde declarar “inadmisible” la presentación de Spreafico y destacó “la situación de

‘derecho adquirido’” que reviste su nombramiento. El abogado solicitó que “se rechace la demanda con la adición de la causal de inadmisibilidad, se declare la pérdida de objeto del presente amparo por haberse tornado abstracta la cuestión debatida”.

• Rodríguez Mayer expresó “que su interés y vinculación en el trámite de designación de Juez de Paz de Crespo culminó con la elección del colega Dr. Jorge Kriger, no teniendo más que manifestar sobre el procedimiento ejecutado ni sobre el presente proceso”.

El Concejo Deliberante de Crespo celebrará este miércoles 10 de junio, desde las 20, una nueva sesión ordinaria en la que abordará diversos proyectos de ordenanza vinculados al ordenamiento urbano, tránsito, ambiente y desarrollo de la ciudad.

Sin embargo, el tema que concentra la mayor atención política y que podría generar un intenso debate entre oficialismo y oposición será el tratamiento del proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal para aprobar, por vía de excepción, el desarrollo de un Centro Comercial a Cielo Abierto promovido por Organización Avanzar S.R.L. en el Distrito Comercial Norte, sobre uno de los accesos a la ciudad.

Según trascendió, los bloques opositores no acompañarían la iniciativa en los términos planteados por el Ejecutivo, por lo que el expediente se perfila como uno de los puntos más controvertidos del orden del día.

La propuesta busca declarar de interés municipal el emprendimiento privado y autorizar una serie de excepciones urbanísticas para posibilitar su desarrollo.

De acuerdo con los fundamentos elevados por el Ejecutivo, el proyecto contempla la creación de una nueva centralidad comercial y de servicios, con calles internas, veredas, galerías comerciales, espacios comunes y una importante oferta de locales destinados a actividades comerciales y gastronómicas.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la autorización para ocupar la totalidad del inmueble donde se emplazará el emprendimiento, exceptuándolo de la restricción prevista en el Código de Planeamiento Urbano respecto de las franjas destinadas a futuras colectoras sobre rutas nacionales y provinciales.

Desde el municipio argumentan que los antecedentes técnicos existentes y los estudios de trazado realizados para las futuras colectoras permiten compatibilizar ambas situaciones sin afectar proyectos viales futuros.

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la autorización excepcional para subdividir y comercializar locales internos de las galerías con superficies mínimas de 23 metros cuadrados, inferiores a las establecidas con carácter general para el Distrito Comercial Norte.

La medida se aplicaría exclusivamente a este emprendimiento y no modificaría las exigencias urbanísticas vigentes para otros desarrollos de la ciudad.

El texto aclara además que cualquier subdivisión, mensura o registración definitiva deberá contar con la aprobación de los organismos provinciales competentes, sin que la Municipalidad garantice la viabilidad registral de las operaciones.

La ordenanza también establece que las calles internas, galerías y espacios comunes continuarán siendo de propiedad privada, aunque estarán afectados a servidumbres permanentes de uso público.

Esto permitirá garantizar la circulación de peatones y vehículos dentro del predio, así como el acceso irrestricto de servicios de emergencia.

El mantenimiento de la infraestructura, incluyendo calles, veredas, iluminación, desagües, redes sanitarias y señalización, quedará a cargo exclusivo de la empresa desarrolladora.

Asimismo, el emprendimiento deberá contar con un reglamento de uso, convivencia y seguridad, además de un plan integral de tránsito y emergencias que deberá ser aprobado por las áreas técnicas municipales.

Entre los fundamentos expuestos por el Departamento Ejecutivo se sostiene que el proyecto contribuirá al crecimiento económico local, ampliará la oferta de bienes y servicios, favorecerá la generación de empleo formal y permitirá ordenar el desarrollo comercial en uno de los sectores de mayor expansión de la ciudad.

La iniciativa también contempla la instalación de sanitarios públicos, reservas individuales de agua para los sectores gastronómicos y condiciones específicas de accesibilidad, seguridad vial y evacuación.

Además de este expediente, los concejales deberán analizar proyectos relacionados con la regulación del uso de veredas, excepciones urbanísticas particulares, la nominación de nuevas calles, modificaciones en sentidos de circulación vehicular y la creación del Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, que será declarado Bien de Interés Histórico Natural Municipal.

También se tratará una propuesta para aceptar la restitución de una fracción de terreno ubicada en calle Pepe Biondi y destinarla posteriormente a la conformación de lotes sociales.

Crespo.- El profesor Claudio Schulz está preocupado por el destino de un avión Guaraní que recibió la ciudad en 2002, y quedó olvidado en un predio privado donde se va deteriorando. Recordemos que Schulz profundizó en la biografía de los Héroes de la Guerra de Malvinas Juan J. Falconier y Danilo Bolzán y en la tecnología militar de aquel conflicto del Atlántico Sur ocurrido en 1982. Reiteró su preocupación por este símbolo militar de la ciudad que está olvidado: el avión “IA-50 Guaraní II” (G II) de construcción nacional ubicado en el predio del Distrito Comercial Norte.

El objetivo original de su adquisición en beneficio de la Municipalidad, en 2002, era exponerlo en un espacio público para toda la ciudadanía. Fue ubicado en el predio actual, cuando estaba abierto al público. Ahora, cercado dentro del mismo espacio, en un terreno donde se construye un emprendimiento gastronómico, el avión corre el riesgo de terminar como marquesina comercial, degradando su sentido cívico.

Schulz considera que el avión es una reliquia militar que debe tener un espacio y un tratamiento acorde con su historia. “Ese avión, como todos los aviones, son cedidos por la Fuerza Aérea en comodato a las municipalidades para su resguardo, lo que no hizo la Municipalidad de Crespo y fue apropiado a nivel privado”, dijo en contacto con Paralelo32.

Además, existe otro elemento que elevaría el valor histórico del aparato y habría que buscar registros militares para corroborarlo. “Por la época en que estuvo en Paraná, es probable que el avión haya sido volado por Falconier”, comentó Schulz.

Aparte de este dato a verificar, ese avión tiene una valiosa historia confirmada, que Schulz resumió en una nota que envió hace cuatro años a la Municipalidad. Son elementos a tener en cuenta, que refuerzan la necesidad de recuperarlo para el acervo patrimonial e histórico de nuestra comunidad.

En julio de 2022, Schulz envió una nota al Concejo Deliberante para lograr el interés del cuerpo deliberativo y las autoridades políticas de la ciudad sobre el avión. En aquella nota, Schulz recordó: “la aeronave a la que nos referimos lleva el número de serie C/N 09, su fecha de fabricación es Septiembre de 1967 y en 1996 se la llevó a la configuración ‘Guaraní Mejorado’, operando en todo su historial en configuración interior comercial de 12 plazas. Operó en la I Brigada Aérea de El Palomar entre 1967 y1981, en la II Brigada Aérea de Paraná en 1981, nuevamente en la I Brigada Aérea entre1981 y 1986 y finalmente en la II Brigada Aérea entre 1987 y 1998, año en el cual fue desactivado y almacenado en la misma hasta el año 2002, donde sufre un cambio de matrícula y es cedida a la Municipalidad de Crespo luego de haber sido gestionada por el ciudadano Isabelino Martínez para ser ubicada y exhibida en nuestra localidad, terminando por alguna razón en un predio que al día de hoy es privado y en un evidente y avanzado estado de abandono y deterioro generalizado”.

Además, recordó “un dato que pocos conocen y que hace único, especial e irreemplazable al IA-50 GUARANÍ II ubicado en nuestra localidad”. Es el único que estando en servicio en la II Brigada Aérea de Paraná realizó un vuelo presidencial trasladando al entonces Presidente Raúl Alfonsín desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hasta la ciudad de Chascomús en 1988.

Schulz planteó en esa nota: “Debe destacarse que el sentido del emplazamiento de estas aeronaves en diversos sectores públicos de la provincia y del país obedece a la necesidad de poner las mismas en exhibición a disposición de la población, a fin de poder ser reconocidas y apreciadas por parte de todos los ciudadanos como piezas históricas de la aviación argentina, bajo la tutela de los distintos Municipios que han tenido el honor de ser receptores de las mismas. Al haber quedado la aeronave en cuestión ubicada dentro de un predio privado, imposibilitando el acceso a la ciudadanía y ante el estado de abandono y deterioro de la misma, corresponde al Estado municipal llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a su recuperación, puesta en valor y reubicación a fin de ser preservada como pieza histórica de la industria aeronáutica nacional y poder ser accesible para todos los ciudadanos”.

El docente espera que las autoridades locales tomen en cuenta que ese avión le pertenece a la sociedad a través de la Municipalidad, que originalmente gestionó durante la intendencia de Darío Schneider junto a Martínez su traslado a Crespo. Pide que se realice su puesta en valor en otro lugar, acorde con la simbología que rodea a ese artefacto militar, convertido en pieza histórica destinada a ser conservada como corresponde. 

Por mayoría de tres votos contra dos, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que una Acción de Amparo presentada por la abogada Sonia Spreafico (Expediente N°28.382, “Spreafico Sonia Gabriela c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Municipalidad de Crespo s/Acción de Amparo”), vuelva a  primera instancia, para rever aspectos procedimentales sobre la terna de profesionales que se elevó desde el Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo Provincial para determinar el futuro juez de Paz de Crespo.

De aquella terna, que habían integrado Rocío Dinorah Weber, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer y Jorge Kriger, este último terminó siendo elegido con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

La mayoría del STJ, compuesta por las vocales Gisela Schumacher, Claudia Mizawak y Laura Soage, resolvió:

“1º) Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

2º) No dar tratamiento al recurso de apelación articulado por la codemandada Municipalidad de Crespo, atento a lo resuelto en el punto anterior”.

En rechazo del amparo, se habían definido los vocales Daniel Carubia y Carlos Tepsich.

El fallo estaba siendo analizado en la Municipalidad y según lo determinado por el STJ, la nulidad de lo actuado en primera instancia se produciría desde la citación de la Municipalidad y la Provincia, porque se entiende que el fallo establece que debían citarse también los tres ternados (Jorge Kriger, Rocío Dinorah Weber y Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer), para que respondan y opinen sobre las posiciones de Spreafico y su contraparte los gobiernos de la Provincia y de la Municipalidad de Crespo. El procedimiento desde ahí para adelante es nulo.

El caso tiene que volver a un tribunal de primera instancia que no podría ser el que ya dictó sentencia, se tiene que designar otro, de acuerdo a lo consultado por Paralelo32 a una fuente jurídica. Ese juez va a correr traslado a los tres ternados (Kriger, Weber, R. Mayer) que deberán contestar en base a la presentación de Spreafico y las contestaciones de Municipalidad y Provincia. A partir de esa instancia, el nuevo tribunal de origen deberá dictar sentencia de origen. Si ese fallo no le conforma a alguna de las partes, puede apelar y avanzar nuevamente el caso hasta el Superior Tribunal de Justicia.

En definitiva, la sentencia del STJ no se expidió sobre la cuestión de fondo: si la Municipalidad debió hacer una convocatoria amplia a abogados para determinar una terna a partir de antecedentes y entrevistas. Lo que se revisa es un elemento procedimental: mientras Spreafico por un lado, Provincia/Municipio por otro, disputaban sobre el trámite de selección de la terna, el juez interviniente no pidió opinión y respuestas a los ternados, quienes tenían derechos adquiridos por formar parte de la terna, derechos que podían ser lesionados por esa disputa.

Parte central del dictamen de la vocal Schumacher en torno a la que gravita el fallo emitido por el STJ:

“(…) Ahora bien, aun cuando la actora (Spreafico, N. de R.) amplió su pretensión solicitando la nulidad de actos administrativos dictados con posterioridad a la interposición de la demanda, omitió pedir la convocatoria al proceso de las personas que integraban la terna oportunamente conformada mediante Decreto “DCD-2026-7-E-MUNICRESPO-CD”, una de las cuales resultó finalmente designada por Decreto “DTO-2026-823-E-GER-GOB”.

Tal omisión no reviste carácter meramente formal, sino que se trata de sujetos cuya esfera jurídica se vería directa e inmediatamente afectada en caso de prosperar la pretensión, ya sea por la frustración de una expectativa legítima de acceso al cargo -respecto de quienes integraban la terna- o por la eventual privación de un derecho subjetivo ya consolidado –en relación con quien resultó designado-.

En tales condiciones, su intervención (abogados ternados, N. de R.) en el proceso resultaba necesaria y la falta de integración de estos terceros configura un defecto de proponibilidad subjetiva que compromete la validez misma de la relación procesal, en tanto impide el dictado de una sentencia útil sin vulnerar la garantía de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18 CN).

Por ello, a mi entender la situación debió ser subsanada oficiosamente en la instancia de grado, mediante la citación de los terceros interesados (abogados ternados, N. de R.) antes del ingreso de los autos a sentencia. Es que no obstante la falta de previsión expresa en la norma de rito, entiendo que ello se enmarca dentro de los poderes-deberes implícitos de dirección y ordenación que incumben a quienes tenemos la función jurisdiccional.

(…) En consecuencia, la omisión de integrar debidamente la litis en un supuesto de intervención necesaria constituye un vicio insalvable que afecta la validez del pronunciamiento. Por ello, corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que debió ordenarse la citación de los terceros interesados y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que, previa convocatoria de éstos al proceso, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

Crespo.- El Concejo Deliberante debe resolver un proyecto de Resolución que presta acuerdo definitivo al nombramiento de la abogada Lilian Caballero para desempeñarse como Jueza de Faltas definitiva de la Municipalidad de Crespo. La abogada, que anteriormente se desempeñaba como asesora letrada del municipio, ocupa el cargo en forma interina desde el 21 de marzo pasado, por decreto del Poder Ejecutivo. Caballero ocupa el cargo que quedó vacante tras la jubilación del anterior juez de Faltas, Javier Méndez.

Entre los antecedentes en favor de la profesional, se destaca que Caballero “posee título de abogada, mediadora y escribana; se encuentra en ejercicio de la profesión desde el año

2011; se desempeña en la Administración Pública Municipal desde el año 2015 en funciones de Asesora Legal; y ha ejercido funciones en reemplazo del Juez de Faltas en distintos períodos de los años 2023, 2025 y 2026; (…) que no surgen antecedentes disciplinarios ni observaciones desfavorables, tanto en el ejercicio profesional como en su desempeño dentro de la administración pública, lo que permite tener por acreditada una trayectoria funcional y profesional intachable, así como experiencia concreta y conocimiento específico” sobre el Juzgado de Falta. Se destaca que “tales antecedentes permiten tener prima facie por acreditada la aptitud técnica, funcional y profesional de la nombrada para el desempeño del cargo, sin perjuicio de la valoración institucional que corresponde efectuar al Concejo Deliberante en el marco del acuerdo legalmente exigido”.

Sobre este tema ingresó al HCD una nota firmada por el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Hernán Miño. En la misma solicita que “se realice por medio de un concurso público y abierto la selección del Juez de Faltas municipal”.

El pedido es similar al que, en su momento, se tramitó desde distintos sectores cuando se discutió el nombramiento de un nuevo Juez de Paz para Crespo. Hubo oposición a establecer una terna de abogados sin selección previa por oposición y antecedentes. De esa terna, ya está aprobada por el gobierno provincial la designación de Jorge Kriger. Pero el designado no asumió aún porque en el Superior Tribunal de Justicia resta resolver un recurso presentado por la abogada Sonia Spreafico, quien había objetado el procedimiento seguido.

La presidenta del bloque Mas para Entre Ríos, Silvia Ledesma, envió una nota a la presidenta del HCD, Jacinta Eberle, con una queja porque el proyecto de Resolución sobre la confirmación de Caballero en el Juzgado de Faltas fue presentado como un ‘proyecto del Concejo Deliberante’. Pero solo lleva firmas de tres concejales oficialistas mientras el bloque peronista no estaba enterado del proyecto, “que responde a una nota ingresada por el Ejecutivo el 21 de mayo del corriente año, sin embargo no fui informada de esa nota y no se anotició  al bloque que presido”, señala la edil.

“El hecho de que el proyecto haya pasado a Comisión General para su tratamiento no justifica ni valida que el bloque oficialista tenga privilegios y tome conocimiento previo de la información y pueda tomar decisiones y mentar al HCD ante el proyecto como si este hubiera surgido del diálogo y conocimiento de todos sus miembros”, continúa el reclamo.

“La última Comisión General fue el pasado miércoles 20 de mayo y la nota del Departamento Ejecutivo está fechada 21 de mayo, el Secretario Legislativo no le dio ingreso formal al Honorable Concejo Deliberante  y los Concejales nombrados decidieron y actuaron bajo esa irregularidad.  Le recuerdo a Usted y al Secretario que sus roles deben responder al cuerpo legislativo en su conjunto en nombre de los valores y principios democráticos. Desde nuestro bloque solicitaremos sanciones ante este proceder”, finaliza Ledesma.

El reconocimiento a la cantante nogoyaense había sido promovido por la directora de Cultura, Karina Clementin, con el objetivo de destacar la trayectoria artística y la proyección internacional alcanzada por Emilia Mernes, quien en los últimos años se convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop argentino y latinoamericano.

Sin embargo, el tratamiento del expediente quedó envuelto en tensión política luego de que Peñaloza abandonara el recinto durante la sesión ordinaria.

Antes de retirarse, la viceintendenta tomó la palabra y expresó los motivos de su decisión. “Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión, me voy a retirar del recinto”, manifestó.

Tras sus declaraciones, dejó la presidencia del Concejo en manos de la vicepresidenta Ayelén Correa, quien continuó con el desarrollo de la sesión y el tratamiento del proyecto.

El episodio no tardó en generar repercusiones tanto en el ámbito político local como en redes sociales, donde comenzaron a circular videos y fragmentos de la intervención de la viceintendenta.

Según trascendió posteriormente, el trasfondo del conflicto estaría relacionado con declaraciones realizadas tiempo atrás por la artista en distintos medios nacionales. En esas entrevistas, Emilia Mernes había relatado situaciones de bullying sufridas durante su adolescencia en Nogoyá, experiencias que marcaron parte de su historia personal antes de iniciar su carrera musical.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales y provinciales, esos dichos habrían sido interpretados como referencias indirectas hacia personas vinculadas al entorno familiar de la dirigente política.

Más allá de la controversia generada en el recinto, el proyecto avanzó como reconocimiento a la carrera internacional de la cantante, nacida en Nogoyá y con presencia creciente en escenarios y plataformas de América Latina y Europa.

El debate también dejó expuestas distintas miradas dentro de la comunidad respecto al significado de este tipo de reconocimientos públicos. Mientras algunos sectores consideran que la artista representa un orgullo para la ciudad por su proyección internacional, otros entienden que determinadas declaraciones del pasado generaron malestar en ámbitos locales.

La situación volvió a colocar a Nogoyá en el centro de la escena mediática provincial y abrió un debate que excede el ámbito político: el vínculo entre figuras públicas, sus experiencias personales y el reconocimiento institucional de las comunidades donde nacieron.

Viale- El bloque de concejales de Unidad y Compromiso presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un ambicioso proyecto de ordenanza que busca transformar el acceso a la salud deportiva en nuestra ciudad. La iniciativa, que lleva la firma de los ediles Georgina Bieri, German Utz, Romina Sanabria y Oscar Miró, propone la creación del programa municipal “Deporte Seguro”.

Los concejales explicaron que el proyecto nace de la escucha activa a padres, madres y deportistas que manifestaron las crecientes dificultades para acceder a los estudios de aptitud física. El objetivo central es garantizar que todos los deportistas de los clubes y escuelas de Viale —sin importar su edad— cuenten con:

• Gestión única e integrada de los controles de salud y evaluaciones de aptitud física a cada niño, adolescente o adulto deportista de Viale.

• Detección temprana de patologías para evitar riesgos en la práctica deportiva.

• Seguimiento estadístico de los casos.

Durante la presentación de los argumentos en la última sesión, la concejal Romina Sanabria destacó la visión preventiva de la norma. Al exponer los fundamentos, sostuvo que "invertir en prevención no sólo salva vidas sino que también reduce costos a largo plazo en el sistema de salud".

Los ediles afirmaron que los efectores públicos de salud deben garantizar y asegurar que estos controles sean realmente accesibles y gratuitos para toda la comunidad deportiva; además, un electrocardiograma u otro estudio diagnóstico puede permitir la detección temprana y la derivación a un especialista para casos que requieran mayores controles y atención diferenciada.

“Lo que se invierte ahora en deportes y prevención se ahorra en tratamientos y enfermedades crónicas después”, señalaron fuentes del bloque en declaraciones a los medios locales.