El Partido Justicialista de Entre Ríos celebrará sus internas partidarias el próximo 6 de julio, en el marco del proceso de definición de candidaturas con vistas a las elecciones legislativas de octubre. Este viernes, al filo de las 20 horas, se cerró formalmente la presentación de listas, quedando oficializadas cinco nóminas que competirán por los lugares en el Congreso Nacional.

La disputa interna será encabezada por la Lista 2 “Desafío Peronista”, que tiene como principales referentes al exintendente de Paraná, Adán Bahl, y al actual titular de la Aduana, Guillermo Michel. Esta lista cuenta con el respaldo de la mayoría de las intendencias del PJ, del bloque de diputados provinciales y en las últimas horas sumó el apoyo del Frente Entrerriano Federal (FEF), el espacio fundado por el exgobernador Jorge Busti.

Precandidatos a Senadores (titulares):

Adán Humberto Bahl (Paraná)

Adriana Elizabet Meza Torres (Los Conquistadores)

Suplentes:

Daniel Benítez (Puerto Yeruá)

Teresa Susana Solís (Diamante)

Precandidatos a Diputados (titulares):

Guillermo Michel (Gualeguaychú)

Laura Marianela Marclay (Uruguay)

Andrés Sabella (Paraná)

María Fabiana Leiva (Concordia)

Jacob Minguillón

Suplentes:

Elsa Analía Miraglio

Daniel Cedro (Concordia)

María Belén Biré (Gualeguaychú)

Agrupa sectores kirchneristas, el Partido Agrario y Social y a intendentes del interior.

Precandidatos a Senadores (titulares):

Damián Arévalo (Intendente de Feliciano)

Laura Rupp (Intendenta de El Pingo)

Suplentes:

Luis Gaioli (Intendente de Hernández)

Claudia Gieco (Exintendenta de Diamante)

Precandidatos a Diputados (titulares):

Gustavo Guzmán

Claudia Monjo

Federico Gallardo

María Celeste Pérez

Fernando Irigoyen

Impulsada por UPCN, con la conducción de Héctor Maya y el histórico dirigente sindical José Allende.

Precandidatos a Senadores (titulares):

Héctor Maya (Gualeguaychú)

María del Carmen Toller (Islas)

Precandidatos a Diputados (titulares):

Ariel De La Rosa (Paraná)

Graciela Trinidad (Concordia)

Víctor Murgan (Concordia)

Silvia Sobral (Larroque)

Nazareno Duarte (Paraná)

Encabezada por el outsider Gerardo González, presenta solo candidaturas a diputados.

Precandidatos a Diputados (titulares):

Gerardo González

María del Carmen Batalla

Antonio García

Antonella Rachea

Maximiliano Oller

Otra lista alternativa, con figuras emergentes en el ámbito social y político.

Precandidatos a Senadores (titulares):

Lucila Moro

Germán Mella

Precandidatos a Diputados (titulares):

Carina Mariel Ivascov

Gervasio Ramón

Lorena Sauto

Luciano Llanes

Elvira Riquelme

La elección del próximo 6 de julio definirá qué candidatos representarán al peronismo entrerriano en los comicios de octubre, en un escenario nacional y provincial atravesado por fuertes tensiones políticas y reconfiguraciones internas.

DiDi, la plataforma de intermediación de movilidad que está disponible en Paraná desde noviembre de 2024, anunció una inversión de más de USD 160 millones para continuar su expansión en Argentina y potenciar el acceso a soluciones de movilidad eficientes, seguras y accesibles. Desde que llegó a esta ciudad, en tan solo 5 meses, más de 100.000 ciudadanos realizaron al menos un viaje con la app. 

En lo que va del año, la plataforma ya desembarcó en seis nuevas ciudades –San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Resistencia y Posadas–, alcanzando un total de 87 localidades y ciudades en 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Destacan que esta inversión apuesta por el mercado argentino y potencia el desarrollo de la economía colaborativa en ciudades como Paraná.

Eduardo Coello, Director de Moto & Expansión para DiDi Hispanoamérica, explica que esta inversión tendrá un impacto directo en la microeconomía de los ciudadanos de Paraná. Durante un período determinado, ofrecerán hasta 60% de descuento para pasajeros en mañanas y tardes de lunes a sábados; y promociones para conductores que les permitirán generar ganancias de hasta $120.000 extras por semana. Además, la compañía anunció que busca tener la comisión por uso de la app más baja del mercado para que los conductores puedan percibir mayores ganancias por cada viaje realizado, estimando unas ganancias de $90.000 por día si para los conductores que opten por conectarse más horas y maximizar sus ganancias diarias.

“Nuestro objetivo es claro: llevar a más ciudades argentinas opciones de movilidad seguras y accesibles, y ofrecer nuevas formas de generar ganancias en un contexto económico desafiante”, 

explica Coello, y agrega: 

”Desde que llegamos a Argentina por primera vez en 2020 hasta hoy, más de 8 millones de personas se trasladaron con viajes en auto o moto a través de la plataforma. Estas cifras demuestran que DiDi no solo es una app de intermediación de movilidad, es una herramienta de impacto socioeconómico”.

En noviembre de 2024, DiDi desembarcó en la ciudad con sus opciones de DiDi Express, que conecta usuarios para el transporte de pasajeros en vehículos privados; y con DiDi Poné Tu Precio, que permite negociar el valor del viaje entre conductor y pasajero. La llegada y crecimiento de la app en la ciudad se apalanca en tecnología de vanguardia: mediante algoritmos avanzados e inteligencia artificial, la plataforma optimiza rutas, mejora la experiencia de viaje y reduce los tiempos de traslado hasta un 30%.

En un país con un contexto económico desafiante, DiDi se posiciona como una alternativa real tanto para quienes buscan ahorrar en sus traslados como para quienes necesitan generar ganancias adicionales o incluso principales. Más del 60% de los conductores activos utiliza la plataforma como fuente principal para generar ganancias, y el modelo de negocio permite a cada persona decidir cuándo y cuánto manejar, adaptándose a sus necesidades personales.

En paralelo, la cantidad de conductores, a nivel nacional, que generaron ganancias al menos una vez con la app se duplicó. De esta manera y luego de casi 5 años de estar presentes en el país, hoy más de 450.000 conductores de auto y moto generaron ganancias manejando con DiDi, de los cuales más del 70% destaca la flexibilidad como el principal motivo para utilizar la plataforma. Según datos relevados por la compañía en marzo de 2025, un conductor que maneja con la plataforma cinco días a la semana durante unas 9 horas por día podría generar alrededor de $600.000 semanales, superando los $2.400.000 mensuales. A su vez, DiDi reafirma su rol como herramienta de inclusión económica. En este sentido, Coello reveló que 6 de cada 10 mujeres que se registran como conductoras lo hacen para mejorar su independencia económica, y un 64% son el sostén principal del hogar.

Por otro lado, la compañía constantemente invierte en tecnología para desarrollar y mejorar herramientas de seguridad que reducen los riesgos antes, durante y después de cada viaje. Por ejemplo, la plataforma ofrece botón de emergencia, monitoreo en tiempo real, la posibilidad de compartir el traslado con hasta cinco contactos de confianza y atención 24/7. Recientemente, DiDi lanzó dos nuevas funcionalidades: la verificación de cuentas de nuevos pasajeros y la posibilidad de grabar audio durante el trayecto. Gracias a estas medidas, el 99,99% de los viajes se realizaron sin incidentes reportados en 2024. 

“Estamos convencidos de que la movilidad inteligente puede ser un motor de desarrollo socioeconómico en Paraná. Por eso, seguiremos apostando por la expansión territorial, la inclusión y la innovación, mejorando nuestra propuesta de valor para pasajeros y conductores locales. DiDi no es solo una app, sino que le abre la puerta a nuevas oportunidades a miles de argentinos”, concluyó Coello

La Liga de Intendentes del PJ de Entre Ríos elaboró un documento en el que se analiza la estructura de financiamiento de los gobiernos locales y los desafíos que enfrentan ante el actual contexto económico y político. En él, se destaca la creciente descentralización de funciones hacia los municipios y comunas sin una transferencia proporcional de recursos, lo que genera una presión cada vez mayor sobre las administraciones locales.

El documento detalla que las principales fuentes de ingresos de los municipios entrerrianos provienen de tres rubros:

a) Recursos del Régimen de Coparticipación; b) Recursos propios; c) Transferencias del Gobierno Nacional.

Históricamente, el tercer punto ha sido clave para el desarrollo de obras de infraestructura y diversos programas municipales. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno nacional ha recortado casi la totalidad de estas transferencias, afectando incluso obras que ya se encontraban en ejecución.

Ante esta situación, los municipios deben afrontar sus crecientes obligaciones con los recursos de la coparticipación provincial y la tributación local. Esta última se sostiene principalmente mediante tasas y contribuciones, dado que las potestades tributarias municipales están limitadas por normativas que impiden aplicar tributos análogos a los impuestos coparticipados.

Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de la incidencia de las tasas municipales dentro del esquema impositivo general. Según los datos presentados:

El 83% de la presión fiscal es ejercida por impuestos nacionales.

El 17% corresponde a impuestos provinciales y tasas municipales.

A pesar de la predominancia de la recaudación nacional, los municipios se ven obligados a asumir cada vez más funciones, brindando apoyo a la policía, escuelas, hospitales y otras áreas sin contar con los recursos adecuados. Al mismo tiempo, las tarifas de servicios como la energía eléctrica y el gas natural, reguladas a nivel nacional, sufren aumentos que generan indignación en la población, mientras que los gobiernos locales son señalados injustamente como responsables de estos costos.

El documento concluye con tres puntos clave:

La tributación local es una herramienta fundamental para sostener las demandas de las comunidades.

La falta de financiamiento nacional agrava la situación de los municipios y afecta la prestación de servicios esenciales.

Los municipios entrerrianos, en su mayoría, no han creado nuevos tributos, y los ajustes en tasas responden al costo de los servicios prestados.

Finalmente, los intendentes advierten que la mayor carga tributaria recae en el gobierno nacional, y que la falta de recursos enviados a las provincias y municipios limita gravemente su capacidad de gestión. En este contexto, consideran inaceptable cualquier intento de trasladar el costo político de la caída de la recaudación nacional a los gobiernos locales, lo que solo contribuiría a profundizar la confrontación política y social en el país.

Las autoridades sanitarias han emitido un llamado a reforzar las medidas de prevención frente a la psitacosis, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Chlamydia psittaci. Este microorganismo suele transmitirse a los humanos a través de aves como loros, pavos y palomas, lo que representa un riesgo elevado para trabajadores de tiendas de mascotas y personas que adquieren aves infectadas.

La psitacosis se transmite principalmente por inhalación de polvo contaminado con materia fecal seca, plumas o secreciones de aves infectadas. La manipulación directa de estas aves también puede causar contagio.

Un dato preocupante es que los excrementos en las jaulas de las aves pueden conservar su capacidad infecciosa durante varias semanas, haciendo necesario un manejo cuidadoso de estos residuos.

En los humanos, los síntomas más comunes incluyen:

El período de incubación de la enfermedad varía entre cuatro y 15 días. Su diagnóstico suele confirmarse mediante pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos en la sangre. Sin embargo, los profesionales de la salud pueden basarse en los antecedentes clínicos y la exposición a aves para sospechar de la enfermedad, confirmando luego el diagnóstico en el laboratorio.

Para evitar el contagio de psitacosis, se recomienda:

Limpieza adecuada de jaulas:

Evitar riesgos innecesarios:

Espacios adecuados:

La psitacosis es una enfermedad prevenible si se toman las medidas adecuadas, tanto en el manejo de las aves como en la higiene del entorno. Las autoridades instan a la población a estar alerta ante cualquier síntoma sospechoso y a consultar con un médico en caso de haber estado en contacto con aves que podrían estar infectadas.

La relación entre la Política y la Economía, sus cortocircuitos, contradicciones y contrariedades, suelen ser la savia vital del día a día de los medios y las instituciones que dirigen el país. Pero hay un tercer sector, el de las instituciones intermedias, y un subsector dentro del mismo, el de las instituciones religiosas, que también existen y dan lo suyo. Sin estridencias ni noticias impactantes, generalmente. Pero suelen ser soporte vital de la cultura, la asistencia social en tiempos de crisis, la salud, el deporte. Para atender este sector, lleno de demandas directas desde las comunidades donde se inserta, el gobierno provincial de Rogelio Frigerio tiene una ‘ventanilla’ especial de atención, la Dirección General de Relaciones Institucionales y Comunidades, y un responsable, el abogado paranaense Leandro Jacobi. En diálogo con Paralelo 32, el director del área comentó qué hace su Dirección, una de las oficinas desde las cuales se puede hacer realidad gran parte del principio impuesto por las circunstancias: ‘gestionar sin plata’.

El reciente informe del "semáforo" elaborado por Coninagro, que evalúa la situación de las principales actividades agropecuarias en Argentina, revela un panorama alarmante para 15 de las 19 economías regionales, marcándolas en color "rojo". Esta clasificación indica que estas regiones están atravesando una crisis o muestran signos preocupantes de estar encaminándose hacia ella. En contraste, se identificaron 3 economías regionales en color "verde", denotando estabilidad y crecimiento, mientras que una se ubicó en la categoría "amarillo", sugiriendo una situación de precaución o moderada.

El análisis de Coninagro atribuye estas dificultades a una combinación de factores. Los precios de los productos agropecuarios se sitúan por debajo de la inflación, mientras que los costos operativos se mantienen elevados. Esta disparidad crea un escenario insostenible para muchos productores, afectando negativamente la rentabilidad y la capacidad de inversión en las economías regionales.

Entre las pocas actividades que muestran estabilidad y crecimiento se encuentran la producción de maní, el arroz y la avicultura. Estas economías, clasificadas en color "verde", logran mantener un equilibrio positivo gracias a precios relativamente estables y una demanda sostenida tanto en el mercado interno como en el externo.

La producción de hortalizas se encuentra en una situación "amarilla". Aunque enfrenta una baja en los precios, ha experimentado un incremento en las exportaciones, lo cual mitiga parcialmente el impacto negativo de los bajos ingresos en el mercado local.

La mayoría de las actividades restantes enfrentan diversas dificultades:

El informe de Coninagro refleja un escenario complejo para la mayoría de las actividades agropecuarias en Argentina. La estabilidad es una excepción y los desafíos económicos son una constante. El sector agropecuario enfrenta una encrucijada donde la mayoría de las economías regionales necesitan medidas urgentes para revertir su situación crítica y evitar un colapso mayor. 

El panorama universitario argentino se encuentra inmerso en una serie de paros que reflejan el creciente malestar del sector docente frente a la falta de respuestas del gobierno nacional. Esta semana se suma una nueva medida de fuerza de 48 horas, la tercera en lo que va del año, marcada por una contundente adhesión de todos los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Este frente incluye a Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, Fatun y UDA, destacándose la incorporación de Fedun y Fatun, gremios con significativa influencia en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en la huelga anterior habían decidido esperar una propuesta salarial concreta.

La promesa incumplida por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de presentar una propuesta que reconociera la pérdida salarial y la actualización acorde a la inflación, fue el detonante de esta nueva huelga. La falta de oferta alguna hasta el viernes 7 de junio llevó a estos gremios a definir un paro de 48 horas, sumando a todas las organizaciones del Frente Sindical en una medida que promete una mayor adhesión que las anteriores, incluso en facultades de la UBA tradicionalmente reticentes a sumarse a estas protestas, como Derecho, Medicina y Ciencias Económicas.

En un comunicado, el Frente Sindical expresó su frustración: “La ministra Pettovello, en la última reunión paritaria, se comprometió a tramitar los fondos ante Economía y no cumplió: prometió una propuesta que contemplara el reconocimiento de la pérdida salarial, la actualización de la garantía salarial, una pauta de incremento mensual acorde a la inflación y fondos de capacitación y a la fecha no ofreció propuesta alguna”.

El malestar de los docentes universitarios no se circunscribe únicamente a la cuestión salarial. Entre los principales reclamos se encuentra la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), esencial para los docentes de colegios preuniversitarios, y la convocatoria a la paritaria nacional docente, el foro donde se negocia el salario mínimo docente para todo el país.

Daniel Ricci, secretario general de Fedun, expresó enérgicamente: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la universidad pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno. En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto”.

La situación crítica de los salarios docentes y no docentes universitarios no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la calidad educativa. Carlos De Feo, secretario general de Conadu, destacó la gravedad del conflicto: “Tenemos que seguir peleando porque no se trata solamente de la dimensión salarial del conflicto, sino que también está en juego el futuro de la universidad pública argentina”.

Desde Fagdut, se sumaron a estas preocupaciones, enfatizando que la lucha también es por la calidad educativa de la universidad pública: “Además de la dimensión salarial del conflicto, los trabajadores universitarios nos movilizamos y llamamos la atención a la opinión pública pues también está en riesgo la calidad educativa de nuestra universidad pública”.

El miércoles 12 de junio, los gremios universitarios se unirán a la movilización organizada por la CTA frente al Congreso de la Nación en rechazo a la "Ley Bases" y para exigir a los legisladores que voten en contra de esta propuesta. Además, el jueves 13 de junio, acompañarán a los docentes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en su protesta frente al Palacio Pizzurno, reclamando el pago de los salarios adeudados.

El acuerdo alcanzado el pasado 28 de mayo entre el Gobierno y las universidades nacionales sobre la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del presupuesto universitario, no logró poner fin al conflicto. La paritaria salarial, que representa el 90% restante del presupuesto, sigue siendo el punto de discordia, con la última oferta del 9% en mayo rechazada por el Frente Sindical.

Durante la gestión actual, los docentes y no docentes han acumulado una actualización salarial del 61,4%, mientras que la inflación ha superado el 100%. Según cifras de los gremios, en lo que va del año, los profesores universitarios han perdido entre el 40% y el 45% de su poder adquisitivo. Esta situación ha llevado a más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes a encontrarse por debajo de la línea de pobreza, un escenario que no se veía desde hace más de 20 años.

En un reciente diálogo con el programa "A Quien Corresponda" de Radio Plaza, el ex senador nacional y actual delegado en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Héctor Maya, expresó su opinión sobre el respaldo del senador nacional Edgardo Kueider al dictamen de la Ley Bases. Maya manifestó su preocupación y sorpresa ante la decisión de Kueider, destacando la complejidad y gravedad de la situación.

Maya explicó que la votación reciente permitió habilitar un dictamen, lo cual es solo el primer paso en el proceso legislativo. "Habrá que ver cómo termina todo, porque lo que se hizo fue habilitar un dictamen", señaló, aclarando su postura personal: "Yo en principio, no me hubiera apartado del bloque justicialista, salvo una cuestión muy extrema que acá no visualizo". Según Maya, ahora falta conseguir los 37 votos necesarios para el tratamiento en general de la ley dentro de una semana, ya que la aprobación requiere de un esfuerzo significativo. "Ayer se consiguieron 28 votos con mucho esfuerzo para lograr el dictamen y habilitar que dentro de 7 días vaya al recinto para su tratamiento la ley, y ahora tienen que conseguir los 37 votos para aprobar la ley porque si se rechaza no puede ser tratada nuevamente por un año", explicó.

El ex senador comparó la situación actual con su propia experiencia al enfrentar la ley laboral, donde adelantó su voto negativo y se apartó del bloque. "Hay cuestiones que van más allá de cualquier negociación o de cualquier situación y creo que ésta es una de esas, porque lo que trata el Régimen de Grandes Inversiones, el RIGI, es insuperable, creo que no hay manera de votar eso", afirmó Maya. También expresó su deseo de escuchar directamente a Kueider para entender las razones detrás de su voto: "Hablé con él en algunas oportunidades... lo vi muy crítico, ayer quedé un poco sorprendido pero tampoco puedo decir nada hasta no encontrarlo y preguntarle porqué votó así".

Maya mencionó los esfuerzos de Kueider por asegurar la libre disponibilidad de la energía producida por Salto Grande para Entre Ríos, lo cual representaría un ingreso significativo para la provincia. "Kueider viene trabajando en que se disponga la libre disponibilidad la energía que produce Salto Grande para ser utilizada por Entre Ríos y esto significa un monto de 10 o 12 millones de dólares para la provincia", señaló. Sin embargo, cuestionó si este tema era suficiente para justificar el apoyo al dictamen.

El delegado en la CTM de Salto Grande destacó la importancia de entender el contexto completo y las negociaciones detrás de la votación. "El voto de dos o tres senadores fue lo que definió a último momento la cuestión", indicó Maya, subrayando la complejidad de las negociaciones y la sensibilidad del clima político. También consideró que la aprobación de la ley sería un desafío significativo, dada la necesidad de conseguir más votos en un contexto de intensas negociaciones. "Me imagino que el Senado debe ser un infierno de negociaciones", concluyó.

Hoy queremos invitarlos a analizar un asunto que se ha transformado en tabú, por no decir el tema más prohibido del análisis político que soslaye lo políticamente correcto sin por ello caer en lugares comunes y frases hechas, típicas de una reflexión líquida y vaciada de contenido y valoración, a saber, el debate sobre el uso de la violencia por parte del Estado.

No podemos siquiera comenzar a conversar sobre este asunto sin antes mencionar a Thomas Hobbes (1588-1679), quien en su monumental obra titulada "El Leviatán" (1651), proporcionó una perspectiva fundacional sobre el problema que nos llama hoy aquí. Recordemos que para Hobbes, el Estado tiene total derecho y responsabilidad de ejercer la violencia en aras de mantener la paz y la estabilidad social. Si, lo sé, hoy Hobbes es un bicho feo de la academia posmo progre afrancesada, pero no podemos negarlo cuando intentemos pensar en las precitadas categorías, las cuales suscitan interrogantes fundamentales que no clausuran el pensamiento, sino que a pesar del paso de los siglos nos sigue desafiando a interpretar los límites del poder estatal y la naturaleza de la autoridad.

El filósofo inglés parte de la premisa de que en el "estado de naturaleza" (un mundo sin instituciones, sin autoridades gubernamentales), los individuos vivirían en un estado de guerra permanente, donde la vida es tristemente solitaria, pobre, desagradable, brutal y, sobretodo, corta. Visto así, el uso de la violencia sería la regla omnipresente para vivir de acuerdo a las necesidades instintivas de autoconservación y supervivencia. Pues bien, para escapar de ese estado salvaje, los individuos decidieron ceder parte de su libertad y poder a la figura del Leviatán, a saber, el Estado, quien cual monstruo gigante administrará la autoridad soberana con el monopolio legítimo de la fuerza.

Siguiendo con ese hilo, es claro que Hobbes creía que la única forma posible de mantener el orden social y prevenir el caos era mediante esa transferencia de poder de los individuos a un cuerpo social monumental, poderoso, del cual cada uno de nosotros formamos parte. Esa espada que tiene en la mano el Leviatán no es otra cosa que la violencia justificada como medio para garantizar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos. Visto así, la violencia ordena y ejemplifica mediante medidas concretas contra quienes quieren vivir por fuera del pacto social básico: uno aprende, a veces, que algo está mal porque ve la reprimenda que recibe alguien cuando comete algo indebido y es reprendido (si usted, amigo lector es el menor de cuatro hermanos, como yo, lo va a entender perfectamente).

Ahora bien, no se confundan bellacos, esta transacción no es como la que se da en las ficciones que parodian al mafioso ítalo-americano en Nueva York al cual le tienes que pagar, de manera extorsiva, por una protección que nunca es realmente efectiva. No, se trata más bien de un acuerdo tácito, establecido en un cuerpo gigantesco de normas, reglas, leyes, resoluciones, ordenanzas, etcétera que siempre tiene la forma de contrato "yo te doy, tú me das". En teoría, el monopolio de la fuerza del Estado de derecho depende del hilo del consentimiento ciudadano (y aquí se pone picante la cosa, atención).

¿Qué sucede cuando el Estado, alimentado golosamente con la voluntad y la fuerza de poder otorgada por el pueblo, abusa de la legitimidad que ostenta para ejercer indebidamente la violencia sobre su mismo pueblo? ¿Cómo garantizamos que el Leviatán no se nos torne un maldito tirano que oprime a sus ciudadanos en lugar de cuidarlo? ¿Cuáles son aquí, entonces, los límites éticos y legales del uso de la fuerza por parte de la entidad estatal?

El planteo de Hobbes es realmente hermoso, y en muy pocos lugares del globo terráqueo ha funcionado medianamente bien. El problema es que cuando Thomas escribía estas hermosas palabras, existían en las comunidades ciertos acuerdos básicos o interpretaciones comunes acerca de lo que era bueno o malo, correcto o incorrecto, legal o ilegal, decente o indecente, etcétera. Está claro que nuestro mundo del 2024 no tiene una goma que ver con la Inglaterra del Siglo XVII.

Hoy, así como están las cosas, vale la pena que nos preguntemos ¿es aceptable que el Estado use le violencia en nombre del bien común? Cuidado, esa pregunta tiene trampa. En teoría, cualquiera de nosotros podríamos responder, apresuradamente, sí, claro que debe y puede usar la violencia en nombre el bien común. Pero, como venimos diciendo hace rato, cuidado con aquello que consideremos "común" y cómo lo establecemos. Muchas veces lo que se muestra común a todos, es bastante alejado de lo que nosotros en nuestros hogares valoramos o estimamos "común". Cuando nos han borrado con una esponja el horizonte de sentido de las cosas, y nos han vaciado de contenido muchísimos valores que consideramos estimables para unos pocos y totalmente desechables para otros tantos, está claro que no podemos establecer "lo común" a todos de manera tan simple.

De nuevo, podemos preguntarnos, en este contexto de decadencia política, económica, moral e intelectual en el que estamos sumergidos, ¿cómo reconciliamos la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos individuales y las libertades civiles? Se supone que el concepto de violencia estatal justificada plantea desafíos complejos y bastante controversiales puesto que si bien ofrece una justificación convincente para el uso del poder coercitivo del Estado, también debería destacar la importancia de establecer controles y equilibrios para evitar toda clase de abusos de autoridad. Durante noches oscuras de la historia se pretendió otorgar el rol de contralor a "la vigilancia ciudadana" o a la conformación de cuerpos especiales de magistrados presentados como por fuera de la esfera metafísica y moral, elevados, del resto de nosotros, los cochinos mortales. Y ya vemos como nos fue: tener jueces depravados dictaminando actos de justicia es lo mismo que pretender que un analfabeto mudo y ciego nos enseñe a leer y escribir.  

Por lo anteriormente expresado, podemos claramente avizorar que antes de hablar de asuntos cruciales como el respeto a la independencia de los poderes del Estado, por los derechos humanos, por la valoración de las fuerzas de autoridad, el cumplimiento de las leyes y la paz social, es preciso echar un baldazo de coherencia sobre los actores que forman parte de ese marco institucional. Bien sabemos que la democracia es una práctica que se construye a diario, y lo que más socava ese estilo y tipo de vida es la subversión total de todos los valores que nos llevaron a considerar prócer a un capo narco y estúpido a un trabajador que se quema el lomo por alimentar a su familia mientras paga toda la carga impositiva requerida. Así como en el hogar el respeto a los padres no se da naturalmente sino que se educa con el ejemplo, es imposible que de la noche a la mañana comencemos a sentirnos protegidos por fuerzas de seguridad mal pagas, mal entrenadas, corrompidas hasta el tuétano y dispuestas, en muchos casos, al servicio del crimen organizado. Pues no, con campañas mediáticas no alcanza. Absolutamente todos los componentes del gran Leviatán deben contribuir a la estabilidad social y a la paz comunitaria de igual manera, cada cual en el órgano en el que le corresponda estar y operar.

En conclusión, amigos míos, está claro que el análisis del uso de la violencia legítima a través del prisma del Leviatán de Hobbes nos insta a reflexionar sobre los fundamentos de la autoridad política y los principios éticos que deberían guiar su ejercicio. En hermenéutica filosófica, la disciplina encargada de lograr la mejor interpretación posible, siempre decimos que todos los extremos son nocivos: ni el Estado opresor innecesariamente, ni el Estado ausente completamente son la solución. Algo tiene que haber en el medio, en la prudencia de las hermosas leyes plasmadas en una Constitución que olímpicamente y sistemáticamente, década tras década, se sigue ignorando y obviando siempre en pos del beneficio de unos pocos y en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos. Pues no, por ahí no va, puesto que la discusión sobre el derecho a vivir en el marco de cierta seguridad confiable no debe ser un lujo, sino una obligación del Estado y un compromiso de una sociedad que debe dejar de legitimar al victimario y olvidar a las víctimas por el caos instalado que nos aturde y no nos deja ver el equilibrio fundamental y necesario entre la seguridad colectiva y la preservación de las libertades individuales.

En una nueva sesión, la Cámara baja aprobó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia de las obras y servicios públicos. Esta iniciativa, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Senadores, recibió el respaldo de los 31 legisladores presentes en el recinto.

Bajo el expediente 26.875, se aprobó el proyecto que establece la emergencia económica y financiera de la obra pública hasta el 31 de diciembre. Durante la sesión, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) expresó su apoyo a la ley, destacando la importancia de proporcionar al ejecutivo provincial una herramienta financiera para igualar a todos los acreedores del Estado y mejorar la planificación anual.

Por su parte, el diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) reconoció la existencia de una problemática, “sabemos que hay una problemática latente" expresó, pero señaló que según la información brindada por funcionarios provinciales, la mayoría de las empresas ya han llegado a acuerdos con el Gobierno Provincial, quedando solo siete empresas pendientes que tienen que terminar su convenio, por lo que mencionó que “Por ello, creemos que no es necesario una ley” y agregó que a pesar de ello "De todos modos, vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo”.

La emergencia de la obra pública se convirtió en ley de manera unánime. Esta ley permitirá revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones de contratos de obras públicas y servicios públicos. Además, posibilitará la cancelación de deudas administrativas y judiciales relacionadas con la obra pública o los servicios públicos, y sus intereses, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia.

Durante el período de emergencia, se suspenderán las ejecuciones de sentencias en procesos judiciales, así como la ejecución de medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas contra cualquiera de los tres poderes del Estado.

En un encuentro celebrado este miércoles 20 de marzo en la Casa Gris, el Gobierno provincial se reunió con los Secretarios Generales de los sindicatos que representan a los trabajadores estatales. El objetivo principal de la reunión fue proporcionar una actualización detallada sobre el estado económico de la provincia.

Presidido por el gobernador Rogelio Frigerio, el encuentro contó con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el secretario de Finanzas, Uriel Brupbacher, la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y la secretaria de Hacienda, Mariela Volpe.

Durante la extensa reunión, los funcionarios gubernamentales expusieron en detalle el panorama económico actual, calificándolo como grave. Se destacó que la provincia enfrenta una situación financiera comprometida, con el 77% de sus recursos provenientes de la coparticipación nacional y solo un 23% proveniente de la recaudación propia. Además, se advirtió sobre la posibilidad de que esta situación se agrave aún más ante el panorama económico propuesto por el gobierno nacional.

Según fuentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gobernador Frigerio señaló que la situación actual se asemeja a los niveles económicos del año 2001, destacando la gravedad de la situación. Se subrayó que no se vislumbra una solución a corto plazo y que la posible salida está sujeta al Pacto de Mayo propuesto por el presidente Milei.

Además, el mandatario provincial anticipó la convocatoria a una Mesa Tripartita, que incluirá a representantes del gobierno, empresarios y centrales sindicales, con el fin de mantener una sesión permanente para abordar la situación económica de la provincia.

Ante este escenario preocupante, desde ATE se ha convocado a los cuerpos orgánicos de la asociación para analizar la situación planteada por el gobierno. Se destacó la falta de una propuesta salarial y la ausencia de una fecha para la convocatoria a paritarias.

La reunión ha generado un clima de preocupación entre los sindicatos estatales, quienes ven con incertidumbre el futuro económico de la provincia y la falta de medidas concretas por parte de las autoridades para abordar esta crisis. 

“Llamamos a la reflexión al gobierno nacional y al Presidente para que cese con los discursos de violencia y discordia que solo llevan a una mayor confrontación, e inicie instancias de diálogo serios, tan necesarios en estos tiempos críticos que viven nuestros pueblos”, indica el documento.

“Creemos que la descalificación ante un reclamo legítimo de los gobernadores para sus pueblos, no es el camino. Es imperioso que el gobierno nacional cumpla con la Constitución y garantice el envío de los recursos coparticipables que corresponden a las provincias y en particular a Entre Ríos y sus municipios. No cumplir con acuerdos no solo afecta la autonomía de la provincia sino también a cada uno de los entrerrianos”, agrega.

“Por último, expresamos que en la defensa de la autonomía y el federalismo, se hace necesario exigir el respeto institucional que se merecen las provincias. Así nos va a encontrar al lado del gobernador y de todos aquellos que  defienden los intereses de los entrerrianos”, concluye.

Luciano Challio, titular de la filial San Salvador de Federación Agraria de Entre Ríos, ha levantado la voz para alertar sobre las condiciones críticas que enfrentan los arroceros de la región, quienes riegan sus campos mediante bombas alimentadas por energía eléctrica. Challio participó recientemente en una reunión clave con representantes de la Asociación de Plantadores de Arroz, directivos de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores, y funcionarios de la Secretaría de Energía, para abordar la problemática.

En el encuentro, Challio detalló los estragos que un reciente temporal ha causado en la infraestructura eléctrica de la cuenca arrocera. La caída de una considerable cantidad de postes y cables dejó a los agricultores sin suministro eléctrico durante cuatro críticos días en una etapa crucial del cultivo. "Para nosotros parar un día es un montón, teniendo en cuenta que en los 100 días de riego no se puede detener el mismo. Y este parate de 4/5 días seguramente se va a notar la diferencia de kilos. Quedó claro que Enersa no estuvo a la altura de las circunstancias y que las líneas que nos proveen de energía están en una situación deplorable”, indicó. 

El dirigente agrario destacó la colaboración y buena predisposición de Noelia Zapata, titular de la Secretaría de Energía, pero señaló que la situación exige soluciones a largo plazo; y mencionó que uno de los principales puntos abordados en la reunión fue el alto costo que enfrentan los arroceros al ubicarse en la tarifa 3, destinada a grandes consumidores. Explicó que la distribuidora nacional, CAMMESA, cobra el mismo costo a Entre Ríos y Corrientes, dos provincias arroceras, a pesar de que los impuestos en Entre Ríos son significativamente mayores. Estos impuestos, supuestamente destinados al mantenimiento de las líneas y el funcionamiento del riego, elevan considerablemente los costos para los productores entrerrianos.

Challio subrayó que la reciente adversidad climática puso al descubierto las falencias del tendido eléctrico, con 260 postes caídos y un prolongado apagón que afectó la producción. En la reunión con la Secretaría de Energía, se planteó la necesidad urgente de invertir en la renovación de la infraestructura eléctrica para garantizar la sostenibilidad de la producción arrocera.

“Estamos a mitad de campaña y que los cambios de energía no van a ser tan importantes, pero para el 2025 con esta infraestructura que tenemos va a ser inviable producir porque el sistema eléctrico está colapsado. Día por medio cortan un ratito y nos vuelven a dar potencia. Es así que plantemos a futuro, para el 2025, si quieren mantener la superficie que venimos teniendo con arroz y aumentar la misma, hay que hacer un trabajo de fondo a los fines de revertir esta situación", advirtió Challio.

El dirigente también hizo hincapié en la falta de mantenimiento de las líneas eléctricas, señalando que el costo fijo que pagan los arroceros podría destinarse a crear una nueva línea en tres años, reemplazando las obsoletas que datan de hace 20 años.

Challio reconoció el esfuerzo de la poca gente que anda en el campo de Enersa y los subcontratados que están a disposición a la hora que sea; pero enfatizó que se necesita una acción más contundente y a largo plazo para evitar que la producción arrocera en Entre Ríos se vea comprometida por problemas eléctricos. La urgencia de una infraestructura eléctrica sólida y eficiente se hace evidente para salvaguardar el futuro de la importante industria arrocera en la región.

Victoria.- Después del DNU estipulado por el Ejecutivo nacional, donde uno de los puntos dictamina la derogación de la Ley de Alquileres en vigencia, se presenta un escenario donde cambia absolutamente el paradigma que actualmente define y atraviesa al mercado inmobiliario. 

Un escenario de cambio interpela al mercado inmobiliario nacional, provincial y local, definido ahora, Boletín Oficial mediante, por una ley que nos retrotrae a la norma anterior y trayendo al ruedo reglas que otrora lo definieron, tales como:

En nuestra región, los cambios económicos impactan de manera significativa en diversos sectores, y uno de los más sensibles es, sin duda, el de la pesca artesanal. El pasado viernes 5 de enero, un grupo de pescadores se congregó en la zona portuaria para exigir una mejora en el precio de venta del sábalo, su principal recurso de trabajo.

Hasta esa fecha, los pescadores percibían 250 pesos por kilogramo de sábalo, y frente al aumento de los gastos, especialmente en combustible, demandaron un ajuste a 500 pesos. Inicialmente, los frigoríficos se mostraron reticentes a asumir estos costos, desencadenando así una serie de negociaciones.

La intensidad del conflicto fue en aumento, culminando en una movilización frente a la planta ubicada en Belgrano y Spiazzi. La firme determinación de los pescadores era clara: no se retirarían hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. La intervención judicial el lunes, ordenando el despeje inmediato de la arteria, evidenció la violación de disposiciones legales y amenazó con sanciones contempladas en el Código Penal para los responsables de las movilizaciones.

Tras gestiones y sin mayores contratiempos, se logró resolver el conflicto, y los pescadores se retiraron. Pero las negociaciones continuaron, y hoy miércoles se alcanzó prácticamente un acuerdo. No obstante, ante la urgencia de generar ingresos, los pescadores empezaron a movilizar sus embarcaciones hacia distintas zonas de las islas.

Alfredo Camuglia, acopiador y titular de la Cámara de Barqueros y Pescadores, explicó a Paralelo 32 que algunos pescadores no quedaron completamente satisfechos con el acuerdo final. En última instancia, los pescadores recibirán 350 pesos por kilo, los barqueros 100 pesos, y el acopiador 50 pesos. El frigorífico asumirá en total 500 pesos, el máximo precio que pueden costear.

Camuglia añadió que un mediador, protagonista del conflicto, señaló que hay realidades diversas. Mientras que Epuyen tiene una producción diversificada, otros frigoríficos como Curimba y Pescanor se centran exclusivamente en el sábalo y no pueden permitirse paralizar sus plantas.

Los pescadores han venido retornando gradualmente sus labores, estimándose que reanudarán completamente sus actividades en los próximos días. Quienes expresaron mayor descontento fueron los barqueros, ya que, aunque el acuerdo mejoró la compensación para los pescadores, estos últimos seguían percibiendo la misma intermediación de 100 pesos, sin mejoras.

El polémico mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei provocará cambios sustanciales en innumerables aspectos de la vida económica de la gente, desde la forma de alquilar hasta el sistema de salud, con epicentro en el costo prácticamente impagable que pasarán a tener los servicios de financiamiento de la salud que brindan las empresas de medicina prepaga.

En su decisión de ir hacia un economía de libre mercado a como dé lugar, con un giro de 180 grados respecto de las políticas aplicadas por el kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años, Milei busca provocar no sólo un fuerte cambio económico, sino también "cultural", según asegura cada vez que puede.

El DNU 70/2023 -titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía argentina"-, apunta a la desregulación de la economía a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.

Tras desatar innumerables polémicas y temores entre las familias en medio de una disparada descomunal de precios que ya había empezado con Sergio Massa al frente de la economía (¿y del país?), el decreto entra en vigencia en el primer segundo de este sábado, según el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Los cambios regulatorios incluidos en el decretazo de 366 artículos, son mayúsculos: deroga la ley de alquileres, introduce cambios en recetas médicas, permite la acreditación del sueldo en billeteras digitales, simplifica la compra-venta de autos y permite a los bancos cobrar intereses sin tope sobre el saldo deudor de las tarjetas de crédito.

En el Capítulo I del DNU, el Poder Ejecutivo introdujo cambios al Código Civil. Deroga dos artículos sancionados en 2015 y dispone que el que tome obligaciones en dólares, deberá pagar en esa moneda.

Estas medidas de desregulación son acompañadas por un "plan de estabilización de shock" ortodoxo, que sorprende a propios y extraños por su magnitud, y que como efecto inmediato prácticamente eliminó la brecha cambiaria, que según especialistas de distintas corrientes ideológicas, es la gran causa de que no lleguen inversiones extranjeras a la Argentina.

Las medidas también están acompañadas por un intento de sanear el casi quebranto del Banco Central, que si bien está recomponiendo reservas a pasos agigantados, aún tiene un enorme volumen de deudas.

Fuentes del kirchnerismo duro confían en que algún magistrado frene la entrada en vigencia del decreto aceptando los distintos pedidos de amparo que circulan por los tribunales de Comodoro Py.

En su defensa del decretazo, Milei dijo que con la derogación de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario volverá gradualmente a funcionar".

El DNU deroga la Ley de Abastecimiento (sancionada por Juan Domingo Perón) y la Ley de Góndolas, que intentaba regular la exhibición de productos en los supermercados.

En el caso de las tarjetas de crédito, los consumidores deberán prestar mucha atención a los intereses que les cobran cada vez que se retrasan en un pago.

Es que el DNU elimina los topes existentes a los intereses, pero indica que la entidad emisora deberá "obligatoriamente" dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.

Para quienes están endeudados con las tarjetas será muy complicado de aquí en más. Es que Milei derogó el artículo que fijaba topes a los intereses punitorios, los que rigen si la persona no llega a saldar ni siquiera el pago mínimo, por los atrasos en la cancelación del resumen.

El DNU modifica el artículo 766 Código Civil y Comercial y establece que el deudor "debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene". Por eso la canciller Diana Mondino dijo que "se podrán pactar contratos en Bitcoin, y también cualquier otra cripto y/o especie, como kilos de novillo o litros de leche".

Hasta este jueves, por una normativa del Ministerio de Trabajo desde 2020, los salarios sólo pueden pagarse en una cuenta bancaria o en efectivo. A partir de ahora, por el contrario, el DNU abre la puerta para que los empleadores puedan comenzar a acreditar los haberes en billeteras digitales.

El decretazo también desreguló la medicina prepaga, donde las empresas ya avisaron a sus afiliados que habrá incrementos del 38% al 42% con la cuota a pagar en enero. ¿Y otro 40% en febrero?

El decreto modifica además la ley de Obras Sociales. Desde ahora, los aportes se podrán derivar a cualquiera de las 300 que existen, y por supuesto también seguir haciéndolo a una prepaga. El DNU quita la obligación de "triangular" pasando por una obra social de convenio con la prepaga en cuestión.

El decreto modifica la ley 25.649 de especialidades medicinales. Desde ahora, el médico queda obligado a prescribir por droga genérica del medicamento, por lo que la marca del remedio que el paciente adquiera surgirá de su conversación con el farmacéutico.

También se busca migrar a la receta electrónica, a los fines de lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos".

En cuanto a las farmacias, el decreto de necesidad y urgencia cambia el artículo 1, que si bien dice que los remedios sólo se pueden vender en farmacias habilitadas, ya no contiene la parte que afirmaba que la venta de medicamentos "fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia", con consecuencias penales.

Uno de los componentes del decreto que viene generando más polvareda es la reducción de las indemnizaciones por despido.

El decreto aclara que la base de cálculo de la indemnización "no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual".

Esto dejaría afuera, por ejemplo, contabilizar beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

En este marco, en el mercado laboral regirá la extensión del período de prueba, que sube de de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso. 

También eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.

El DNU establece un indemnización "alternativa" inspirada en el sistema de la construcción. "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable", señala.

El mega decreto busca simplificar los trámites para poder comprar un auto. Milei defendió especialmente este punto al recordar que hasta ahora comprar o vender un auto requería 12 trámites y los "gestores" se llevaban hasta el 6% del precio del rodado, el más caro de toda la región.

Uno de los objetivos principales de la medida es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo. Esto quiere decir que el dueño tendrá tantos dominios únicos como autos tenga, y las patentes estarán unidas al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Aerolíneas Argentinas es una de las 41 empresas del Estado que ingresaría en proceso de posible privatización.

En este caso, el DNU empieza a hacer lugar a la cesión del paquete accionario total o parcial de la “aerolínea de bandera”.

En el día de ayer, al cierre de los mercados, el ministro de economía Luis Caputo anunció públicamente un paquete de 10 medidas del flamante gobierno: 

1) No se renuevan los contratos en el Estado Nacional que tengan menos de un año de prevalencia.

2) Suspensión de la pauta del gobierno nacional a los medios de comunicación por un año.

3) Se reducen los ministerios de 18 a 9 y las secretarias de estado de 106 a 54.

4) Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.

5) No se licitarán más obras públicas nuevas y se cancelan las licitadas cuyo desarrollo no haya comenzado. 

6) Reducir subsidios a la energía y al transporte, en este último caso en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

7) Mantenimiento de los planes Potenciar Trabajo de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 2023. Fortalecer las políticas sociales recibidas directamente por quienes las necesitan y sin intermediarios, en particular, Asignación Universal por Hijo (AUH), que duplicará su monto, y Tarjeta Alimentar, que se incrementará en un 50%.

8) Sinceramiento del tipo de cambio oficial a $800/USD. Implica una suba del TC nominal del 118% o una devaluación del 54%. Resta conocer cómo terminarían los tipos de cambio efectivos, en función de la suba de precios. Sobre este punto, el BCRA amplió que “En función de las circunstancias actuales, en lo inmediato se establece un sendero de desplazamiento de 2% mensual para el tipo de cambio.”.

9) Aumento provisorio del Impuesto PAIS a las importaciones y aumento generalizado de los derechos de exportación al 15% para todos los NCM, con excepción del complejo soja que se mantienen sin cambios (33% poroto y 31% aceites y subproductos). Finalizada la emergencia (no se aclara la fecha de finalización de la misma) se eliminarían todos los derechos a la exportación.

10) Reemplazar las SIRAs por un sistema que no requerirá la aprobación previa de importaciones.

Hoy temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó el diagnóstico diciendo que el déficit fiscal “es la madre de todas las batallas”. El vocero agregó que se viene una fuerte suba de tarifas “desde el 1ro de enero” y un blanqueo impositivo para que ingresen dólares al país, de lo que sólo se tienen estos anuncios. Los detalles de estas medidas, a las que el vocero presidencial se refirió como “el telón de lo que viene”, serían anunciados oportunamente. Además, en las próximas semanas se darán a conocer el resto de medidas del orden de la denominada “Reforma del Estado”.

En un comunicado, el FMI saludó las medidas anunciadas por el Ministro Luis Caputo y afirmó que están destinadas a “mejorar significativamente las finanzas públicas de forma que se proteja a los más vulnerables de la sociedad” y “reforzar el régimen cambiario”. La directora del organismo, Kristalina Georgieva,  apoyó las decisiones del nuevo gobierno y consideró que se trata de “un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país”. Este ajuste fiscal y monetario estaría por encima de lo solicitado por el FMI para la continuidad del programa.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, “la prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato.” En este marco, los ajustes irían en línea con estos volúmenes con relación al PBI, según el propio Ministerio:

Así, de los 5 puntos de recorte del déficit, 2,2 serán por suba de ingresos y casi 3 por baja de gasto. Dentro de la suba de ingresos, está el incremento del impuesto PAIS y retenciones a todas las exportaciones. Dentro de ello, la suba general redundaría una suba de derechos de exportación al trigo y al maíz, del 12% al 15%. Más aún, las carnes, sorgo, girasol y las economías regionales, como todos los bienes sujetos a exportación, quedarán sujetos a las nuevas retenciones. No conforme con ello, si bien no se conoció aún el proyecto de ley, en el cuadro difundido por el Ministerio de Economía se observa una reversión a la reforma de ganancias, señalando que se volvería a reducir el mínimo no imponible. 

Por su parte, los tres puntos de baja de gasto se sustentan en la suma de estos rubros: a) caída del gasto real en jubilaciones y pensiones (de los que no hay anuncios para su potencial suba), b) el fin de los adelantos discrecionales a las provincias, c) la quita de subsidios económicos por la suba de tarifas, el recorte de gasto de capital por el fin de la obra pública, d) el fin de los programas sociales con intermediarios y e) la baja del gasto de funcionamiento por la cancelación de contratos del personal de la administración pública con menos de un año.

Las dos medidas más trascendentes de infraestructura que quedarían suspendidas por la eliminación de la obra pública son la Reversión del Gasoducto Norte y la segunda etapa del GPNK.

En la discusión fiscal, por la baja de actividad que auguran estas medidas, se espera una disminución de la recaudación de impuestos coparticipables (fundamentalmente IVA, ya que el efecto de Ganancias por menor actividad podría compensarse por la baja del mínimo no imponible) y un aumento de los no-coparticipables (DEX y PAIS). Ingresos Brutos también es un impuesto sensible al nivel de actividad económica: menos actividad implica menos recaudación.

Una de las dudas por el recorte fiscal y su impacto en emisión también debe buscarse en los bonos CER (que ajustan por inflación) y los bonos duales. El rendimiento de un Dual, que paga el máximo entre inflación y devaluación, será al menos tan elevado como el de un bono CER que sólo paga inflación. En 2024 se estiman vencimientos de deuda en pesos por US$ 80.000 millones, mayoritariamente indexada por CER o dual.

Además de la devaluación de la moneda, se estableció un nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE) (Decreto 28/2023) para todas las exportaciones, dónde el 80% del valor exportado podrá liquidarse al tipo de cambio oficial de $800 y el 20% restante a través del contado con liquidación (CCL).

Para analizar el impacto de estas medidas sobre el mercado de granos, se ha supuesto en el cuadro adjunto que muestra el impacto de las medidas adoptadas sobre el FAS Teórico una variación de alícuotas de DEX del 15% para todos los productos, excepto complejo soja que permanecería sin cambios, aunque este punto aún no fue oficializado y circulan diversas versiones. 

Aquí está uno de los ejes del plan: la brecha entre los tipos de cambio. La amplia diferencia entre el tipo de cambio oficial y el libre, o financiero, limita la acumulación de reservas y genera una distorsión de precios relativos en la economía. La suba del tipo de cambio a $ 800 y la generación de liquidez en el CCL vía esquema “80-20” buscan reducir la brecha entre estas cotizaciones. 

Esquema de tipos de cambio:

•    Dólar importaciones: $940/USD. Oficial + 17,5% IMPUESTO PAIS (se sube 10 puntos).•    Dólar exportaciones: $835/USD. 20% CCL y 80% oficial. Pero todo tiene retención al 15% salvo soja.•    Dólar tarjeta: $1.280/USD. Oficial + 60% (30% impuesto país y 30% adelanto de ganancias).

Después de dos días de virtual feriado cambiario, el Banco Central retomó la normalización operacional para la compra de dólares en el mercado, finalizando la conformidad previa de operaciones. En este marco, en el día de ayer se aceptó la renuncia del Dr Miguel Pesce y se designó al Dr. Santiago Bausili como nuevo presidente del BCRA.

Además, hoy el BCRA publicó el “Nuevo marco de política monetaria y cambiaria”. En el mismo se destaca que “La recuperación de la credibilidad no será completa hasta que la corrección de los desbalances monetarios heredados haya permitido eliminar los controles cambiarios y de capitales aún vigentes. Ello permitirá lograr la unificación definitiva del mercado de cambios.”.

Además del nuevo tipo de cambio a $800 por dólar, se estableció un sendero de desplazamiento de 2% mensual para el tipo de cambio. Con una inflación mensual que estará lejos de dicha devaluación mensual, queda claro que el tipo de cambio real se eleva a un nivel altísimo y luego podría llegar a atrasarse. Esto, a priori, buscaría inducir a un adelantamiento de exportaciones y liquidación de divisas.

Asimismo, respecto del financiamiento del déficit fiscal y cuasi-fiscal, el BCRA mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria. De esta forma, la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantuvo en 133%. Además, se decidió disminuir la tasa de pases pasivos, la cual se ubicará en 100%, con el fin de reducir el corrimiento reciente de los bancos desde las Leliq a los Pases.

Adicionalmente al fin de las SIRAs y la convalidación de una "Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior", respecto al stock de la deuda comercial de los importadores (estimadas en US$ 30.000 millones) se prevé que en lugar de acceder al MULC para compra de dólares se canjee por un bono en dólares a emitir por el BCRA. De esta manera, las empresas le dan pesos al Banco (funcionando también como factor de absorción de base monetaria), y recibirán a cambio estos títulos, que podrían servir como garantía a los proveedores del exterior para que les refinancien o que les envíen mercadería hasta que se puede normalizar esa deuda. El primer instrumento conocido son notas del BCRA en dólares estadounidenses, con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago, denominados “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL), según la Comunicación “A” 7918 del BCRA. 

Adicionalmente, la Comunicación "A" 7917 del BCRA da cuenta del esquema de acceso al MULC para los distintos bienes:

1.    Se libera el pago desde su registro de ingreso aduanero para petróleo, gas, carbón y energía eléctrica.2.    Se libera el pago a los 30 días desde su registro para productos farmacéuticos; insumos para estos; fertilizantes, productos fitosanitarios y todo lo incluido en la sección 12.3 de las normas de Exterior y Cambios. Dicha sección menciona:

3.    Se libera el pago desde los 180 días de su registro para automotores terminados y productos incluidos en el punto 12.2 de las normas de Exterior y Cambios. Este punto es muy heterogéneo, pero incluye fundamentalmente bienes suntuarios: caviar, vinos, relojes, máquinas para minar criptomonedas, helicópteros, etc.

4.    Para el resto de los bienes, el pago de su valor internacional podrá ser realizado en los siguientes plazos desde su registro de ingreso aduanero: un 25% desde los 30 días corridos, otro 25% desde los 60 días corridos, otro 25% desde los 90 días corridos y el restante 25% desde los 120 días corridos.

5.    Los fletes y seguros podrán ser abonados totalmente desde la primera fecha en que el importador tenga acceso en virtud de los bienes comprometidos

La devaluación del peso ha sido relevante. Esto queda evidenciado en el índice de Tipo de cambio real multilateral, donde el registro actual se asemeja a los niveles de la salida de la convertibilidad. Este indicador varía en forma diaria. 

En un año de saturación electoral que comenzó en marzo en las provincias y se fue reproduciendo en distintos Estados, que desdoblaron los comicios, por fin finalizó el domingo pasado y por suerte hasta el 2025 no volveremos a votar, Entre Ríos debe elegir diputados y senadores nacionales. Además queda la esperanza que las nuevas autoridades hagan una verdadera reforma electoral – como lo ha prometido Frigerio- para evitar gastos excesivos y facilitarle la participación a la gente.

Hamás se prepara para liberar a 14 rehenes israelíes este sábado a cambio de 42 presos palestinos en Israel como parte de un canje en el segundo día de un alto el fuego que ha permitido la entrada de ayuda humanitaria crucial a la Franja de Gaza y ha proporcionado cierto alivio a la población civil tras siete semanas de guerra, informaron autoridades en Tel Aviv.

En el primer día de la tregua de cuatro días, Hamás liberó a 24 rehenes de los alrededor de 240 que fueron capturados en el ataque insurgente del 7 de octubre. Entre los liberados en Gaza había 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Israel liberó a 39 palestinos detenidos.

Hamás facilitó el sábado a Egipto y Qatar, que actúan como mediadores en el proceso, un listado de 14 rehenes que quedarán libres, que fue comunicado a su vez a Israel, explicó con un funcionario egipcio que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar detalles sobre las negociaciones en curso. Otro funcionario del país, que también pidió no ser identificado, confirmó los detalles.

Según el acuerdo del cese el fuego, el grupo insurgente dejará marchar a un rehén israelí por cada tres prisioneros que recuperen la libertad, y el servicio penitenciario israelí dijo antes en el día que estaba preparando la liberación de 42 reos.

No estuvo claro de inmediato cuántos cautivos no israelíes se incluirían en el grupo.

En tanto Tailandia dio a conocer temprano el sábado los nombres de los 10 rehenes tailandeses que habían sido liberados de Gaza, reportó The New York Times, el gobierno asiático dijo que otros 20 estaban secuestrados.

El alto el fuego durará cuatro días y está previsto que Hamás deje marchar a al menos 50 rehenes israelíes, mientras que Israel liberará a 150 reos palestinos, todos mujeres y menores.

Israel anunció que la tregua se prolongará un día más por cada 10 rehenes extra que recuperen la libertad, algo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera que ocurra.

Por otra parte, una delegación qatarí llegó a Israel el sábado para coordinar con las partes sobre el terreno y “garantizar que el acuerdo siga avanzando sin problemas”, según un diplomático conocedor de la visita, que habló bajo condición de anonimato porque no tenía permitido discutir los detalles con la prensa.

El Dr. Hagai Levine, funcionario de salud pública israelí, dijo que algunos de los ancianos rehenes tienen enfermedades crónicas como diabetes y los niños no han visto la luz del día en casi siete semanas, explic.

"No lo sabemos, necesitamos estar preparados, esperar lo mejor y prepararnos para lo peor", dijo Levine.

Las agencias de la ONU expresaron su esperanza de que la tregua permita un aumento de la ayuda y los primeros flujos hacia el norte de Gaza en semanas a medida que se pusieran en marcha nuevos esfuerzos de rescate hospitalario.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el viernes la liberación del primer grupo de rehenes retenidos por Hamás en Gaza.

"Es sólo el comienzo", dijo Biden ante reporteros en una intervención desde el condado de Nantucket, Massachussetts.

Israel recibió una lista de los rehenes que el grupo militante palestino Hamás liberará de Gaza el sábado, dijeron funcionarios, un día después de haber dejado ir a 24 rehenes en la primera jornada de una tregua programada de cuatro días.

Los funcionarios de seguridad israelíes estaban revisando la lista, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyo Gobierno prometió trabajar para la liberación de todos los rehenes tomados por Hamás en un ataque contra Israel el 7 de octubre.

Los rehenes liberados, entre ellos mujeres y niños israelíes y trabajadores agrícolas tailandeses, fueron evacuados de Gaza y entregados a las autoridades egipcias en el cruce fronterizo de Rafah, acompañados por ocho miembros del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Luego, fueron llevados a Israel para controles médicos y reunirse con sus familiares.

Qatar, que actuó como mediador para la tregua, dijo que 13 israelíes habían sido liberados, algunos con doble nacionalidad, además de 10 tailandeses y un filipino que eran trabajadores agrícolas empleados en el sur de Israel cuando fueron tomados raptados. Treinta y nueve mujeres y niños palestinos detenidos fueron liberados de cárceles israelíes.

Entre los rehenes israelíes liberados se encontraban cuatro menores acompañados por cuatro familiares y cinco mujeres ancianas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que había una posibilidad real de extender la tregua y que la pausa en los combates era una oportunidad crucial para llevar ayuda humanitaria a Gaza. La pausa en los combates fue la primera interrupción en la guerra que estalló hace siete semanas.

Biden se negó a especular sobre cuánto duraría la guerra entre Israel y Hamás. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa cuáles eran sus expectativas, sostuvo que el objetivo de Israel de eliminar a Hamás era una misión legítima pero difícil.

"No sé cuánto tiempo llevará", dijo Biden

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dijo que el viernes se entregaron 196 camiones de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y suministros médicos, a través del cruce de Rafah, el mayor convoy de ayuda a Gaza desde el ataque de Hamás a Israel y el bombardeo israelí del territorio.

Unos 1.759 camiones han entrado al enclave desde el 21 de octubre, afirmó.