Según el estudio, la provincia logró un superávit primario de 6,5 mil millones de pesos, lo que indica que los ingresos corrientes alcanzaron para cubrir los gastos operativos. Sin embargo, al incorporar el peso de los intereses de la deuda —que totalizaron 136,7 mil millones— el resultado financiero pasó a ser deficitario en 130,2 mil millones de pesos.

En materia de recursos, los ingresos totales registraron un incremento real del 7%. No obstante, el comportamiento fue heterogéneo entre sus principales componentes.

La coparticipación nacional se mantuvo prácticamente sin variaciones en términos reales (0%), mientras que los tributos provinciales crecieron un 12%, consolidándose como el principal sostén del aumento de ingresos. En tanto, las transferencias nacionales mostraron un fuerte salto del 132% real, aunque su incidencia en el total sigue siendo baja.

Dentro de la estructura tributaria, el impuesto a los Ingresos Brutos continúa siendo el eje central de la recaudación provincial, al concentrar el 70% del total, con una leve mejora en términos reales.

Por el lado del gasto, el informe señala que el gasto primario aumentó un 8% real, impulsado principalmente por los gastos corrientes, que crecieron un 7%.

Dentro de estos, el empleo público representa el 42% del gasto total, mientras que la seguridad social explica el 23%, consolidándose como los rubros de mayor peso en el presupuesto.

En paralelo, se destacó una fuerte recuperación de la inversión pública, que creció un 76% en términos reales. A pesar de ello, su participación en el gasto total continúa siendo reducida, con apenas el 3%.

Uno de los puntos más sensibles del informe es el sistema de seguridad social, que registró un déficit de 239 mil millones de pesos, equivalente al 4,4% del gasto total. Este desequilibrio responde a un crecimiento de las prestaciones por encima del aumento de los ingresos del sistema.

En cuanto a la deuda pública, el stock provincial alcanzó los 1,01 billones de pesos, lo que representa el 17% de los recursos anuales. Si bien el incremento fue moderado (2% real), el informe advierte sobre la elevada exposición en moneda extranjera, que asciende al 71% del total.

Respecto a su composición, el 52% de la deuda corresponde a títulos públicos, mientras que el 33% está contraída con el Estado nacional.

El análisis concluye que, si bien la provincia muestra capacidad para sostener su funcionamiento corriente, el peso de los intereses de la deuda y el déficit previsional continúan condicionando el equilibrio fiscal. En este contexto, el desafío hacia adelante será consolidar los ingresos, contener el gasto y reducir la vulnerabilidad financiera.

El gobierno de Entre Ríos expresó su satisfacción por la participación de la provincia en Expoagro edición YPF Agro, una de las principales muestras del sector agroindustrial del país, que se desarrolla en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios provinciales acompañaron a empresas y productores entrerrianos durante la exposición y destacaron el potencial productivo y tecnológico de la provincia.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que 30 empresas entrerrianas participaron de la muestra y subrayó el avance tecnológico que se observa en el sector. El funcionario recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en regular el uso de drones en la actividad agrícola, y mencionó iniciativas presentadas durante la exposición, como un laboratorio para estudiar la chicharrita del maíz, una plaga que afecta a la producción.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó la relevancia del sector agropecuario para la economía provincial y afirmó que se trata del principal motor productivo de Entre Ríos.

“Uno llega acá y se vuelve absolutamente entusiasmado al ver el potencial del sector y la decisión tomada por el gobernador Rogelio Frigerio y por el gobierno provincial desde diciembre de 2023, que es acompañar al sector privado para que crezca”, sostuvo.

El funcionario también recordó que ese acompañamiento se viene impulsando a través de políticas de ordenamiento fiscal y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, entre las que mencionó la disminución de la presión tributaria aplicada por la actual gestión para favorecer el desarrollo de la actividad productiva.

Boleas destacó además la importancia de la articulación entre el sector público y el privado como estrategia para fortalecer el crecimiento. En ese sentido, señaló como ejemplo el proyecto MiradorTec, donde ya se han instalado empresas vinculadas a la tecnología aplicada a la producción. “Ese va a seguir siendo nuestro camino”, aseguró.

En tanto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, advirtió sobre la posibilidad de que la Unión Europea impulse barreras paraarancelarias que dificulten la exportación de biocombustibles argentinos, lo que podría impactar negativamente en las cadenas productivas de la Región Centro.

Frente a este escenario, Benedetti valoró el trabajo conjunto entre representantes políticos, entidades del sector y cámaras empresarias para visibilizar la problemática y defender la competitividad del sector. También destacó el potencial agroindustrial de Entre Ríos y las medidas impulsadas por el gobierno provincial para mejorar la competitividad, entre ellas el ordenamiento de los costos energéticos y herramientas de incentivo a la inversión.

Por último, la directora de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, remarcó que el gobierno provincial trabaja para acompañar a las pymes mediante capacitaciones y herramientas de financiamiento.

En ese marco, valoró la firma de un acuerdo mediante el cual la provincia bonificará tres puntos de tasa para créditos otorgados por el Banco Nación a productores entrerrianos, con el objetivo de fortalecer la inversión y el desarrollo productivo en el sector agroindustrial.

El estudio muestra que Entre Ríos fue la provincia con menor demanda energética dentro de la Región Centro, aunque también destaca que posee tarifas residenciales más bajas en comparación con las otras jurisdicciones analizadas.

De acuerdo al informe, Entre Ríos registró una demanda total de 399.278 MWh, lo que la ubica como la provincia con menor consumo energético de la Región Centro.

Ese volumen representa un 59 % menos que el registrado en Córdoba y un 66 % menos que el de Santa Fe, lo que refleja la diferencia de escala productiva y poblacional entre las provincias.

En términos per cápita, el consumo eléctrico entrerriano fue de aproximadamente 27 MWh por habitante, por debajo de Santa Fe (32 MWh) pero por encima de Córdoba (24 MWh).

Respecto de la evolución del consumo total durante el período analizado, el informe señala variaciones positivas en todas las provincias:

El análisis también compara el costo de la energía para usuarios residenciales con un consumo de 250 kWh mensuales.

En el segmento de mayores ingresos (categoría N1), la tarifa más alta corresponde a Santa Fe, con una factura promedio de $82.878, seguida por Córdoba ($75.109) y Entre Ríos ($72.703).

Este orden se mantiene también en las categorías N2 y N3, por lo que Entre Ríos presenta las tarifas residenciales más bajas dentro de la Región Centro.

Según el informe, esta situación se explica en parte por medidas provinciales adoptadas durante 2025, entre ellas la reducción de la Tasa de Fiscalización y Control (Decreto Nº 943/25) y el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre Ríos registró el menor consumo eléctrico de la Región Centro, según un informe empresarial by Paralelo 32

En el caso de los usuarios comerciales, considerando un consumo de 1.000 kWh mensuales, la factura eléctrica más alta corresponde a Córdoba, seguida por Santa Fe, mientras que Entre Ríos presenta el menor costo.

Para los usuarios industriales en media tensión (216.000 kWh), Santa Fe registra la tarifa más elevada, seguida por Córdoba y Entre Ríos.

En cambio, para la industria en baja tensión (108.000 kWh), el orden cambia levemente: Santa Fe mantiene el primer lugar en costos, seguida por Entre Ríos y Córdoba.

El informe también incorpora un análisis comparativo con las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el servicio eléctrico es prestado por Edenor y Edesur.

En ese caso, se observan niveles tarifarios relativamente más bajos que en la Región Centro, situación que se explica en parte por la mayor densidad poblacional y las economías de escala en la prestación del servicio.

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el Precio Monómico registró una caída del 10 % en dólares, aunque en moneda local aumentó un 28 % en pesos.

Por su parte, el Precio Medio Estacional bajó 18 % en dólares, mientras que subió un 15 % en pesos.

El informe del Consejo Empresario aporta así un panorama actualizado sobre la situación energética en la Región Centro, con foco en el comportamiento del consumo y la evolución de las tarifas hacia finales de 2025.

“Que los empresarios se concentren en generar trabajo privado digno en lugar de señalar a quienes garantizamos derechos”, reclamó la dirigente gremial, al tiempo que advirtió que este tipo de planteos forman parte de un proceso más amplio. “La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, afirmó.

Domínguez cuestionó que el documento empresario haga énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal. En ese marco, se preguntó: “¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”. Y agregó: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.

La secretaria adjunta de UPCN también rechazó la afirmación que sostiene que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”. “Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, sostuvo.

En ese sentido, Domínguez advirtió que “estos discursos no son casuales” y los vinculó con un avance hacia la flexibilización laboral. “Son el prólogo de la reforma laboral: precarización, pérdida de derechos y debilitamiento de las condiciones de trabajo”, señaló.

Por último, la dirigente gremial revalorizó el rol de los trabajadores estatales en la provincia. “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y la presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”, afirmó, y concluyó: “No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos presentó un informe que analiza la evolución del mercado laboral provincial a partir de datos correspondientes a septiembre de 2025. El estudio pone el foco en el empleo privado registrado y el empleo público, y revela un escenario de estancamiento, con comportamientos dispares entre los principales aglomerados urbanos de la provincia.

De acuerdo con el trabajo, los indicadores elaborados con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran realidades contrapuestas entre Concordia y el Gran Paraná. En el aglomerado de Concordia se registró una caída en las tasas de actividad y de empleo, acompañada por un aumento de la desocupación. En cambio, el Gran Paraná evidenció mejoras tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la tasa de desocupación se mantuvo estable en torno al 5%.

En ambos casos, el nivel de desempleo continúa siendo inferior al promedio nacional, situación que el informe vincula, en parte, a la elevada participación del empleo público dentro de la estructura laboral entrerriana.

En septiembre de 2025, Entre Ríos registró 136.575 empleados asalariados privados formales, lo que representó una disminución interanual del 0,3%, equivalente a 436 puestos de trabajo menos respecto al mismo mes de 2024. Medido en relación con la población, la provincia cuenta con 94 asalariados privados cada 1.000 habitantes, un valor que se mantiene por debajo de los registros históricos previos a 2019, con excepción del período afectado por la pandemia.

La participación de Entre Ríos en el total nacional del empleo privado registrado sigue siendo reducida: apenas representa el 2,2% del total del país.

En comparación con el resto de la Región Centro, la provincia se ubica claramente por debajo. Santa Fe registra 139 asalariados privados cada 1.000 habitantes y Córdoba 132, frente a los 94 de Entre Ríos. Según el IIES, para igualar a Santa Fe la provincia debería crear unos 65.000 puestos de trabajo formales, lo que implicaría un aumento del 48%. Para alcanzar a Córdoba, la creación necesaria sería de más de 53.000 empleos, un incremento del 40%.

El análisis por ramas de actividad muestra que, en el primer trimestre de 2025, el empleo privado registrado cayó un 1,2% interanual. Entre los sectores con mayor peso, el comercio se mantuvo prácticamente estable, la industria manufacturera retrocedió un 2%, mientras que la enseñanza creció un 2,7%. La agricultura, ganadería y silvicultura mostró una leve baja del 0,3%.

Las mayores caídas se registraron en hotelería y restaurantes (-7,1%) y en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,5%), reflejando las dificultades que atraviesan algunos sectores vinculados al consumo y a los servicios.

En septiembre de 2025, el empleo público provincial alcanzó los 90.397 agentes, con una variación interanual negativa del 0,3%, es decir, 314 trabajadores menos que un año atrás. No obstante, el informe señala una tendencia de estabilidad en torno a los 90 mil empleados, con una reducción gradual del número de empleados públicos cada 1.000 habitantes, que se ubicó en 62.

En la composición de la planta, la planta permanente disminuyó levemente, mientras que la planta transitoria y la suplente mostraron incrementos, lo que evidencia un cambio en la estructura del empleo estatal.

Por escalafón, los docentes y el personal general, que concentran casi el 70% del total, registraron caídas. En contraste, los escalafones de Salud, Seguridad y Justicia mostraron incrementos, destacándose el sector Salud con una suba del 4%.

El gasto en personal del Estado provincial ascendió en septiembre de 2025 a 180.523 millones de pesos, incluyendo salarios, obra social y aportes jubilatorios. El gasto promedio por empleado fue de casi 2 millones de pesos mensuales.

En paralelo, la cantidad de jubilados y pensionados provinciales llegó a 65.807 beneficiarios, un 2,8% más que en septiembre de 2024, con un haber medio de 1.480.836 pesos. Si se suman empleados públicos activos y pasivos, el total de personas que dependen del Estado provincial asciende a 155.949, unas 1.195 más que un año atrás.

El informe del IIES concluye que el mercado laboral entrerriano continúa mostrando un fuerte peso del sector público y un bajo dinamismo del empleo privado registrado, especialmente en comparación con las provincias vecinas. La brecha con Santa Fe y Córdoba evidencia un desafío estructural para la provincia: generar condiciones que permitan ampliar de manera sostenida el empleo formal privado, clave para fortalecer el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado como principal sostén laboral.

El grupo “Entre Ríos 2050” se reunió este lunes en la ciudad de Crespo con el objetivo de repasar los avances logrados en los distintos vectores de desarrollo que impulsan desde su conformación, hace ya cinco años. Bajo la premisa de fortalecer una visión estratégica de mediano y largo plazo, los integrantes del espacio ratificaron la importancia de abordar temas centrales para el futuro de la provincia, más allá de los vaivenes coyunturales.

Del encuentro participaron Héctor Motta, Felipe Berruhet, Alcides Balla, Luis Jacobi, Héctor Fratoni, Alfredo Calabrese y Elvio Guía, junto a Matías Ruíz, Daniel Rodríguez y Alfredo Bel, este último en uso de licencia. También fueron invitados especialmente Carlos Cuenca, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), y Ricardo Costa Caggy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Durante el encuentro, los integrantes del grupo analizaron las obras contempladas en el proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno provincial, próximo a ser sancionado por la Legislatura. El plan incluye intervenciones financiadas tanto con recursos propios como con créditos internacionales.

En ese marco, se reflexionó sobre los puntos críticos de infraestructura que la provincia aún necesita resolver para mejorar la competitividad de sectores productivos, industriales y comunidades que hoy ven limitadas sus capacidades. También se repasaron los avances de los tramos entrerrianos incluidos en la Red Federal de Concesiones que impulsa el Gobierno nacional, cuya primera etapa abarca la Ruta 14, Ruta 12 y Ruta 174, además de los tramos que serán incorporados próximamente, especialmente la Ruta 18.

Si bien se valoró la iniciativa nacional, el grupo remarcó la necesidad de que exista una inversión efectiva y pronta en obras que permitan recuperar la transitabilidad. Asimismo, insistieron en promover un sistema de autovías con nuevas trazas que acorte distancias y fortalezca el desarrollo económico en ciudades y pueblos entrerrianos.

Otro de los temas abordados fue la infraestructura vial clave para el desarrollo regional. Se destacaron los avances hacia la culminación de la obra de Acceso Este a Paraná, prevista para 2026. Además, se analizó el rol estratégico del Puerto Ibicuy, tanto por su creciente vínculo logístico con Vaca Muerta como por su ubicación privilegiada para el comercio exterior de la provincia.

La conectividad digital también ocupó un lugar central en el debate. En un contexto en el que los proyectos vinculados a la economía del conocimiento crecen de manera sostenida, el grupo subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura tecnológica y los recursos necesarios para sostener ese desarrollo.

En relación con las potencialidades provinciales, la mesa destacó el papel que pueden desempeñar los distintos actores sociales y económicos como “embajadores” de Entre Ríos. Coincidieron en que consolidar una red de relaciones y vinculaciones, dentro y fuera del territorio, permitirá generar sinergias que deriven en mayor inversión privada, creación de empresas y empleo de calidad.

En el tramo final del encuentro, los integrantes de “Entre Ríos 2050” pusieron en valor el camino recorrido y la importancia de sostener espacios de debate profundo sobre los temas estructurales de la provincia, despojados de banderas partidarias. Destacaron que este tipo de instancias renueva el ejercicio de control ciudadano sobre las acciones de gobierno y contribuye a la construcción de políticas sostenibles.

De cara a 2026, el grupo coincidió en la necesidad de reforzar las premisas fundacionales que impulsaron su conformación y seguir “sembrando las semillas del desarrollo” que, aseguraron, serán las bases de las oportunidades que disfrutarán las próximas generaciones.

El Instituto Becario provincial, a través de su Beca para Eventos Culturales, Científicos y/o Tecnológicos, respaldó durante 2025 la participación de alumnos de 27 localidades entrerrianas en certámenes educativos de alcance nacional, entre ellos Olimpiadas de Matemática, Formando Emprendedores y Sembrando Empresarios. En total, la inversión destinada a garantizar su presencia en estas instancias ascendió a 48,7 millones de pesos.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdinas, destacó “el valor de trabajar junto a las instituciones educativas de todo Entre Ríos para hacer posible la presencia de estudiantes en competencias de nivel nacional”. Subrayó que la participación de los jóvenes “es un orgullo para todos, pero también una verdadera oportunidad para sumar conocimientos, vivir una experiencia única y seguir creciendo de la mano del estudio”.

Berdinas remarcó, además, la decisión política del gobierno provincial de fortalecer este tipo de iniciativas: “Somos un eslabón más en este círculo virtuoso que inicia en el hogar y continúa en la escuela. Siempre con la mirada puesta en acompañar los sueños de los estudiantes entrerrianos”.

La Beca para Eventos Culturales, Científicos y/o Tecnológicos tiene como objetivo brindar una ayuda económica por única vez para cubrir parcialmente gastos de inscripción y alojamiento. Está dirigida a estudiantes del sistema educativo entrerriano que hayan sido seleccionados para representar a la provincia en olimpíadas y competencias organizadas, avaladas o promocionadas por la Secretaría de Educación de la Nación.

Los datos correspondientes a 2025 reflejan el alcance de este acompañamiento:

El programa permitió la presencia de estudiantes entrerrianos en una amplia variedad de certámenes nacionales, entre ellos:

Victoria. — Desde hace más de dos décadas, W.N.L., un joven con discapacidad mental y sin red familiar, vive en situación de calle. Su caso es seguido desde hace años por el Grupo de Voluntarias en Prevención del Suicidio, que ha realizado múltiples gestiones ante organismos provinciales y judiciales, reclamando una respuesta que nunca termina de llegar.

La coordinadora del grupo, Laura Pérez, presentó una denuncia policial el 14 de octubre, en la que dejó constancia de que el joven “se encuentra nuevamente en la calle (se lo puede ver en inmediaciones de la iglesia o el Banco Bersa —N. de R.), sin seguimiento, sin tutor, sin pensión ni atención médica”, pese a existir una orden judicial que ordena su asistencia. En el texto, Pérez advierte que la falta de cumplimiento “coloca al ciudadano en un estado de abandono incompatible con el derecho a la vida y la salud”.

Según consta en documentos presentados ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos, el grupo había solicitado meses atrás una intervención integral: atención psiquiátrica, alimentación, tratamiento y gestión de una pensión por discapacidad. “Hace meses que golpeamos puertas. Nadie responde. Tenemos miedo de que termine en una tragedia evitable”, expresó Pérez ante Paralelo32 y compartió la documentación que elevó con asesoramiento legal.

El joven fue alojado en distintas oportunidades, por gestiones solidarias y derivaciones de Desarrollo Social, pero sin continuidad ni seguimiento médico. En abril, una resolución judicial dispuso medidas de protección, sin que hasta la fecha se hayan concretado. También se le consiguió dónde dormir, pudo saber Paralelo32, pero nada de esto lo sacó de esta trama de invisibilidad y silencio.

En una ciudad relativamente pequeña como Victoria, donde las redes comunitarias suelen suplir las falencias institucionales, este caso vuelve a poner en evidencia un problema estructural: la dificultad del Estado para sostener políticas de acompañamiento a personas en extrema vulnerabilidad y con padecimientos mentales.

Al parecer, mientras tanto, W.N.L. sigue durmiendo dentro de un auto en el radio céntrico. No molesta a nadie, pero tampoco logra salir del círculo de exclusión que lo rodea.

“Esto no es solo por él —afirma Pérez—, es por todos los que están igual, invisibles, esperando que alguien los vea antes de que sea tarde.”

El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026, que proyecta un aumento real de entre 4,4% y 8% para la función "Educación y Cultura". Sin embargo, un informe de Argentinos por la Educación advierte que la inversión educativa perderá peso en el Producto Interno Bruto (PIB) por tercer año consecutivo, situándose en 0,75%, un nivel históricamente bajo para la última década en Argentina.Para 2026, el Gobierno nacional prevé destinar 6,8 billones de pesos (a precios de 2025) a la función “Educación y Cultura”, lo que representa un incremento del 23% en términos nominales. Esta cifra implicaría un crecimiento real que oscila entre el 4,4% y el 8% anual, dependiendo de la proyección inflacionaria utilizada (13,8% oficial o 17,8% del Relevamiento de Expectativas del Mercado - REM del BCRA).A pesar de este incremento de recursos, la participación de la inversión nacional en educación dentro del PIB continuará su tendencia descendente. Tras alcanzar un máximo del 1,59% del PIB en 2015, se redujo a 0,86% en 2024 y las estimaciones para 2025 (0,73%) y 2026 (0,75%) confirman que se mantendrá por debajo del 1% por tercer año consecutivo. El proyecto oficial también propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 establecía una meta del 6% del PIB para el sector.Estos datos se desprenden del informe “Presupuesto educativo nacional 2026” de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal. El estudio analiza el presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y los gastos de otros ministerios en el área. La inversión nacional representa solo el 25% del presupuesto educativo público, y se estima que la inversión provincial también ha caído drásticamente, aunque no hay datos públicos.Santiago Bulat, economista y consultor, calificó como una “gran noticia” el inicio de una etapa de priorización del gasto tras un ajuste inicial. Sin embargo, enfatizó que “es más importante el cómo que el cuánto”, aludiendo a la funcionalidad y el impacto de los recursos. Bulat subrayó la necesidad de articular el trabajo entre Nación y las provincias, especialmente para abordar los problemas educativos desde edades tempranas.Javier Curcio, coautor del informe, sugirió que la programación presupuestaria para 2026 podría marcar el inicio de una reversión del ajuste en el sector educativo. Remarcó la “imprescindible” necesidad de recuperar el consenso político y social para una asignación “prioritaria y estable de recursos” con reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que sostenga el financiamiento adecuado.Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación figura entre las cuatro áreas del Estado con mayor aumento de fondos para 2026. Sus recursos crecerían un 17,9% respecto a 2025, lo que representa un incremento real del 3,6% (según estimación oficial) o 0,1% (según REM).Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, consideró “positivo eliminar el piso de inversión en educación”. Argumentó que la meta del 6% del PIB nunca se cumplió y que distrae de los déficits de gestión. Para Giordano, el desafío reside en transitar de un ajuste rudimentario a un equilibrio fiscal sostenible y de calidad.Las universidades continúan siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. El programa de “Desarrollo de la Educación Superior” absorbe el 77% del presupuesto de la Secretaría de Educación, aunque con una caída de 2,1 puntos en relación con 2025. Esta porción destinada al sector universitario es históricamente mayor a la usual.El “Plan Nacional de Alfabetización” se posiciona como el segundo programa en importancia, con el 9,2% del presupuesto de la Secretaría (3,1 puntos más). Para 2026, el 82,1% de sus fondos se destinarán a la ampliación de la jornada extendida, priorizando la extensión del tiempo escolar como un componente clave de la alfabetización.Jorge Lo Cascio, economista y docente, destacó que, si bien el Plan Nacional de Alfabetización se centrará en la jornada extendida, no atiende la capacitación docente. Criticó la “caída muy fuerte” de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% nominal), que “profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital”.Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas e investigador de la UBA, concluyó que el informe “expone la consolidación del desfinanciamiento educativo” observado en 2024 y 2025. Según Doberti, el Estado nacional restringe su rol a un “magro sustento económico” para las universidades, desertando del apoyo a programas de educación básica en infraestructura, equipamiento, formación docente e innovación tecnológica.

De acuerdo con el organismo, se prevé un fenómeno de intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h. Además, se estiman precipitaciones acumuladas entre 70 y 100 milímetros, pudiendo superarse estos valores de manera puntual.

Ante esta situación, se solicita a la población tomar medidas preventivas para minimizar riesgos. Las recomendaciones incluyen:

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario de Crespo informaron que se mantienen en estado de alerta y a disposición ante cualquier emergencia que pueda producirse.

En caso de urgencias, recuerdan que la comunidad puede comunicarse al teléfono 100.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró este martes la nueva cocina comedor de la Escuela Técnica N° 34 General Enrique Mosconi de María Grande, donde concurren 322 estudiantes. La obra demandó una inversión provincial superior a los 189 millones de pesos y representa una mejora sustancial en la infraestructura escolar de la localidad.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Héctor Solari, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el rector de la institución, Lisandro Ledesma. Durante la recorrida, también visitaron el taller industrial del establecimiento educativo.

Frigerio destacó que la construcción del comedor surgió a partir de una reunión de gabinete conjunto en la que se definieron prioridades para María Grande.

“Nos pusimos inmediatamente manos a la obra y terminamos el comedor que necesitaba la escuela”, señaló el gobernador.

El mandatario adelantó que se trabaja en un vínculo más estrecho entre la institución y la empresa Enersa, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con herramientas para prácticas profesionales e incluso la posibilidad de establecer un padrinazgo de la compañía hacia la escuela.

Respecto al albergue estudiantil, Frigerio garantizó su continuidad y se comprometió a gestionar los fondos para que el establecimiento cuente con una residencia propia.

El gobernador remarcó el rol central de las escuelas técnicas en el desarrollo productivo de la provincia: “Si queremos apostar a una provincia con desarrollo de trabajo en el sector privado, necesitamos a nuestros alumnos preparados con la tecnología más moderna. Esa tiene que ser una de las prioridades de cualquier gestión, y lo es de la nuestra”, afirmó.

Acompañaron también el acto el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Fauré.

El intendente Héctor Solari celebró la inauguración y agradeció la presencia del gobernador: “Es una obra muy esperada por la comunidad educativa, especialmente el comedor escolar. Conocemos las condiciones en las que venían trabajando, por eso ver esta mejora concreta nos llena de alegría”.

Además, resaltó el cumplimiento de los compromisos asumidos: “El gobernador había prometido finalizar esta obra y hoy vemos que cumplió”.

Por su parte, el rector Lisandro Ledesma agradeció la respuesta permanente de las autoridades y destacó el compromiso asumido para la construcción de la futura residencia: “Sé que es un hombre de palabra y en un corto tiempo la tendremos”.

Con esta inauguración, la Escuela Técnica N° 34 suma un espacio fundamental para garantizar mejores condiciones de estudio y bienestar a sus estudiantes, consolidando su papel como institución clave en la formación técnica de la región.

El Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria provincial al mes de junio de 2025, en el que se advierte un deterioro en las cuentas públicas: el resultado primario fue deficitario en $5.690 millones, mientras que el resultado financiero —incluyendo intereses de deuda— arrojó un rojo de $60.312 millones.

Según el análisis, los ingresos crecieron 7% en términos reales en el primer semestre, mientras que los gastos primarios lo hicieron en 12%, superando ampliamente la inflación acumulada del período (15,1% en el semestre y 39,4% interanual).

Los recursos totales alcanzaron los $2,2 billones, con una variación interanual del 64%. Dentro de ellos, los tributarios nacionales —principal fuente de financiamiento provincial— crecieron un 2% en términos reales, mientras que los provinciales mostraron un incremento del 10%.

Un dato destacado es la recuperación de las transferencias discrecionales enviadas por el Gobierno nacional, que se dispararon un 81% real interanual, tras la fuerte caída registrada en 2023. También crecieron con fuerza los recursos de capital (+74% real).

En el detalle de la recaudación provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos representó el 70% del total, aunque mostró una caída de 2% real. En cambio, tributos como automotores (+89% real), sellos (+47%) e inmobiliario urbano (+38%) mostraron desempeños muy por encima de la inflación. El inmobiliario rural, en contraste, se desplomó 96% en términos reales.

El gasto total acumulado fue de $2,27 billones, con un crecimiento real del 11%. Los gastos corrientes, que representan la mayor parte, subieron un 10% real, mientras que los de capital se incrementaron un 35%, impulsados por la obra pública, que duplicó su valor respecto de 2024.

Dentro de los gastos corrientes, el mayor peso lo tienen el personal (46% del total), con una suba real del 10%, y la seguridad social (26%), que creció 13%. También se destacaron aumentos en bienes y servicios (+19%) y transferencias al sector privado (+18%).

En el rubro de inversión, el gasto en obra pública mostró un salto del 96% real, aunque explicado en parte por la baja base de comparación del año anterior, cuando la nueva gestión provincial había revisado y frenado algunas erogaciones.

El stock de deuda provincial alcanzó los $847 mil millones en junio de 2025, equivalente al 36% de los recursos públicos acumulados. Si bien creció 37% interanual en valores nominales, al ajustarlo por inflación se observa una baja real del 1%.

El principal componente son los títulos públicos ($398 mil millones, 47% del total), seguidos por la deuda con el Estado nacional ($286 mil millones, 34%) y con bancos privados ($162 mil millones, 19%).

Entre las novedades, se destacó la incorporación de un préstamo sindicado con el Nuevo Banco de Entre Ríos por $70 mil millones para afrontar el vencimiento del bono ER2025, y un nuevo crédito con el Banco Nación por $52 mil millones.

En cuanto al servicio de deuda, los intereses devengados en el semestre sumaron $54 mil millones, de los cuales un 30% corresponde al bono ER2025, emitido en dólares. Este título implica vencimientos por U$S 122 millones durante 2025, distribuidos en dos pagos: uno ya realizado en febrero y otro previsto para agosto.

El informe concluye que, pese a la recuperación de los recursos provinciales y el incremento de las transferencias nacionales, el gasto público creció a un ritmo mayor, generando un déficit creciente en las finanzas entrerrianas.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves un encuentro con representantes del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), en el que se abordó la situación económica provincial, las dificultades que atraviesa el sector productivo y las oportunidades para fomentar nuevas inversiones.

De la reunión participaron también los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Energía, Noelia Zapata, y el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti. Por el sector privado asistieron el presidente del Consejo Empresario, Ramiro Reiss, y por la UIER su presidente, Gabriel Bourdin, junto a la tesorera, María Eugenia Hillairet.

Al término del encuentro, Reiss destacó que el objetivo fue “conocer la situación de la provincia en primera persona y aportar la visión del empresariado”. En ese sentido, explicó que se plantearon las dificultades actuales pero con la intención de “generar una agenda de trabajo con foco en la creación de empleo genuino”.

El dirigente empresario se mostró conforme con la reunión y adelantó que se conformarán mesas de trabajo conjuntas para avanzar en proyectos de inversión y generación de puestos de trabajo.

Por su parte, Hillairet remarcó que desde la UIER hay “muchas propuestas de inversión” y señaló:

“Estamos comprometidos y vamos a acompañar todas las gestiones que sean tendientes a hacer de Entre Ríos una provincia industrial, con incentivos tanto para las empresas radicadas como para las que puedan instalarse”.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).“Ya hemos hecho una simplificación del régimen desde su puesta en marcha y en los próximos días estaremos lanzando nuevas resoluciones de inversiones adheridas. Además, trabajamos en proyectos que lo amplían”, indicó.

Bernaudo agregó que también se dialogó sobre infraestructura y marcos normativos pendientes, entre ellos el proyecto de ley Ambiental y la ley de creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior, que según adelantó serán enviados próximamente a la Legislatura.

Finalmente, el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, subrayó que la provincia mantiene el compromiso de acompañar al sector privado con medidas fiscales responsables.“Volvimos a contar sobre el esfuerzo que hacemos desde lo fiscal para reducir la presión impositiva y mejorar la percepción de los mercados sobre Entre Ríos, cumpliendo nuestras obligaciones y evitando la receta tradicional de aumentar impuestos ante un desequilibrio fiscal”, concluyó.

El jueves 12 de junio llega una nueva edición del XVIII Foro Anual Institucionalidad, competitividad y Desarrollo Sustentable del Consejo Empresario de Entre Ríos, que se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. 

Este evento se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes de la provincia, convocando a destacadas personalidades, empresarios y representantes de organizaciones de los sectores económicos, productivos y de servicios de la región.

Año tras año, el Foro propone un espacio de reflexión y debate sobre los temas que marcan la agenda actual del país y de nuestra región. En esta edición, los ejes estarán puestos en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y los nuevos desafíos del mundo laboral, atravesado por la innovación, la tecnología y la necesidad de repensar la productividad en un contexto dinámico y desafiante.

El Foro contará con la participación de Daniel Artana, economista reconocido a nivel nacional e internacional, quien compartirá su análisis sobre la situación económica de Argentina y la región. También será parte del evento el analista político y consultor de opinión pública, Jorge Giacobbe, quien aportará su visión sobre las tendencias políticas actuales y su impacto en el ámbito económico y social. Además, estará presente Alejandro Melamed, conferencista internacional, consultor disruptivo y referente en el futuro del trabajo, quien profundizará sobre la transformación del mundo laboral y cómo adaptarse a los nuevos desafíos que trae la tecnología y la innovación.

Desde el Consejo Directivo de la institución, presidido actualmente por Ramiro Reiss, ampliaron objetivos al señalar que “la XVIII edición del Foro Anual busca seguir siendo una plataforma de diálogo, inspiración y construcción colectiva, con el objetivo de fortalecer los lazos entre los sectores público y privado, y promover políticas y acciones que impulsen el desarrollo regional con una mirada de futuro”.

Más información en www.foro.ceer.org 

El impacto de los derechos de exportación (DEX) sobre los productores agrícolas de Entre Ríos es un tema de creciente preocupación, especialmente cuando se observa que la cifra del ingreso no percibido por los mismos podría alcanzar los 400 millones de dólares para la campaña 2024/25. Esta estimación es el resultado de un análisis realizado en conjunto por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos y las Facultades de Ciencias Económicas y Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El informe detalla que el ingreso no percibido por los productores en la campaña 2023/24, en la que se consideraron los cultivos de soja, maíz, trigo y sorgo, superó los 522 millones de dólares. Esta cifra representa una disminución frente a la campaña anterior, y la variación se explica por dos factores principales: un menor nivel de producción estimado para la campaña 2024/25 (-15% en la producción total), así como la reducción temporal de las alícuotas de los derechos de exportación.

Los derechos de exportación son un impuesto que grava las operaciones de comercio exterior de determinadas mercancías, especialmente aquellas vinculadas con el sector agroexportador. En términos sencillos, este tributo se calcula sobre el valor de lo exportado, y se retiene un porcentaje de esa operación, impactando tanto en el precio que reciben los productores como en las finanzas del Estado.

El informe conjunto señala que, además de la recaudación fiscal derivada de la exportación, los derechos de exportación también afectan el precio de las ventas internas del mismo producto. Esto se debe a que los productos involucrados en la exportación, tales como los granos de soja, maíz, trigo y sorgo, son commodities, bienes que se comercializan sin mayores distinciones de acuerdo con su origen. Así, los precios internos de estos productos se ven influenciados por los precios internacionales, y las retenciones tienden a reducir esos precios.

El doble efecto de las retenciones –la recaudación fiscal y la disminución del precio interno– afecta a todos los productores agrícolas de la provincia de Entre Ríos. Según el análisis, la implementación de los DEX no solo reduce el ingreso bruto de los productores, sino que también disminuye el precio que reciben por su cosecha en el mercado interno.

El informe presenta las siguientes estimaciones para la campaña 2024/25:

Soja: Con una producción estimada de 2.880.000 toneladas y un precio FOB de 415 dólares por tonelada, los productores percibirían un ingreso bruto de 1.195 millones de dólares, con una retención del 26%. El ingreso no percibido por las retenciones ascendería a 310 millones de dólares.

Maíz: Para la producción de 1.876.520 toneladas de maíz, el ingreso bruto se estimaría en 424 millones de dólares, con una retención del 9,5%. El ingreso no percibido sería de aproximadamente 40 millones de dólares.

Trigo: Con una cosecha de 1.965.005 toneladas y un precio FOB de 229 dólares por tonelada, el ingreso bruto sería de 450 millones de dólares, y el impacto de las retenciones reduciría el ingreso en unos 42,7 millones de dólares.

Sorgo: El sorgo tendría una producción de 300.700 toneladas, con un precio FOB de 230 dólares por tonelada, resultando en un ingreso bruto de 69 millones de dólares y una reducción de aproximadamente 6,5 millones de dólares debido a las retenciones.

En total, el ingreso bruto de los productores para la campaña 2024/25 se estimaría en 2.138 millones de dólares, pero la imposición de las retenciones reduciría ese ingreso en unos 400 millones de dólares.

El informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Consejo Empresario y las facultades de la UNER concluye que el efecto de los derechos de exportación sobre el ingreso bruto de los productores excede la recaudación fiscal efectivamente recaudada. En otras palabras, el menor precio internacional de los granos debido a las retenciones también se traduce en una disminución del precio interno, lo que afecta directamente a los productores.

"El menor ingreso que perciben los productores agropecuarios debido a las retenciones se traduce en un menor precio interno, afectando a la totalidad de los productores", señala el informe.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) presentó su informe anual de actividad, en el que analiza el desempeño de los sectores productivos de la provincia durante el 2024, un año marcado por desafíos macroeconómicos, políticos y sociales que impactaron en la dinámica local. El documento destaca una mejora en la producción agrícola respecto a 2023, pero con retrocesos en ganadería, consumo y empleo, evidenciando una recuperación frágil y desigual.

Tras un 2023 con caídas en arroz, soja y maíz, el 2024 mostró una recuperación generalizada en las cosechas:

Soja: +360% interanual.

Maíz: +270%.

Sorgo: +100%.

Trigo y arroz: +12%.

Este crecimiento se explica por mejores condiciones climáticas y mayor superficie sembrada, aunque la rentabilidad del sector sigue afectada por un tipo de cambio poco competitivo, bajos precios internacionales y alta presión fiscal, lo que limita inversiones en tecnología y expansión.

El sector ganadero enfrentó un año complejo:

Bovinos: caída del 15-25% en faena, con una leve recuperación a mediados de año.

Porcinos: variación negativa al inicio, pero cierre con leve aumento.

Avícolas: sin cambios significativos.

La incertidumbre económica y costos elevados impactaron en la producción, aunque se observa una tendencia a la estabilización hacia fin de año.

Las ventas en supermercados cayeron hasta un 24% en septiembre, con una recuperación parcial en los últimos meses, pero sin alcanzar los niveles previos. Entre las causas:

Ajuste en precios relativos.

Deterioro del salario real en el primer semestre.

Cambio en los hábitos de consumo (mayor preferencia por comercio online y tiendas especializadas).

Energía eléctrica: sin variaciones significativas frente a 2023, pero con caídas del 9% (industrial) y 30% (residencial) respecto a 2022.

Patentamiento de autos: desplome del 40% en el primer trimestre por incertidumbre cambiaria, pero recuperación posterior por mejor acceso al crédito y reducción de impuestos.

Empleo privado: caída del 4% a mediados de año, con una leve mejora hacia diciembre, aunque aún 3% por debajo de 2023.

El informe del CEER concluye que, pese a cierta estabilización en el segundo semestre, la economía entrerriana sigue frágil, con baja competitividad, presión fiscal y un mercado laboral debilitado. Para asegurar un crecimiento sostenible, se requieren:

Políticas que reduzcan la carga tributaria.

Incentivos a la inversión productiva.

Reformas laborales que fomenten la formalidad.

"El 2024 fue un año de ajuste, pero la provincia necesita medidas estructurales para consolidar su recuperación", advierte el documento, subrayando que el contexto nacional sigue siendo clave para el desempeño local.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria, en la que se consideró y aprobó la memoria, el balance general y los cuadros de gastos y recursos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024. Además, se realizó la renovación parcial del Comité Ejecutivo para el período 2025-2026.

Tras la renovación parcial, el Comité Ejecutivo del CEER quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Ramiro Reiss (Haimovich Hnos. y Cía. S.R.L.)

Vicepresidente primero: Adrián De Monte (Johnson Acero S.A.)

Vicepresidente segunda: Patricia Popelka (Ladislao Popelka y Cía. S.A.)

Secretario: Juan Pablo Cerini (El Hinojo S.A.)

Prosecretario: Sebastián Bourdin (Petropack S.A.)

Tesorero: Renzo Gregorutti (José M. Benítez e Hijos S.A.)

Protesorero: Germán Jorge (Dimaco S.A.)

Vocales Titulares:

Lila Yáñez (Emp. Hotelera Yáñez Martín S.A.)

Noemí Gasparín (Molinos San José S.A.)

Esteban Dorbessan (Cartocor S.A.)

Mariana Urizar (CMS S.A.)

Vocales Suplentes:

Gonzalo Urizar (Banco Entre Ríos S.A.)

Antonella Tonutti (Lácteos Tonutti S.R.L.)

Sergio Reggiardo (Bolsa Comercio de Entre Ríos)

Raúl Marsó (Las Camelias S.A.)

Comisión Revisora de Cuentas Titulares:

Carlos Ascúa (Elevadores Neumáticos S.A.)

Silvia D'Agostino (La Entrerriana S.A.)

Héctor Fratoni (Automotores Mega S.A.)

Comisión Revisora de Cuentas Suplentes:

Francisco Viñuales (Transporte Ñandubay)

Sebastián Bouzada (Eriochem S.A.)

Luego de la asamblea, se presentaron los avances de la organización del Foro "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable", el evento más relevante de la entidad, que tendrá lugar el jueves 12 de junio en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

En su edición XVIII, el Foro se enfocará en los cambios en el mundo laboral, resaltando la importancia de la productividad y la innovación en las empresas. Se abordará cómo los empresarios pueden convertir los desafíos en oportunidades para mejorar su competitividad y adaptarse a la situación económica y política de Argentina y el mundo.

Entre los oradores confirmados para esta edición figuran el economista Daniel Artana, el analista político y consultor de opinión pública Jorge Giacobbe, y el conferencista internacional especializado en el futuro del trabajo, Alejandro Melamed. Se espera que en los próximos días se confirmen más disertantes para este destacado evento empresarial.

El informe presentado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos, indica que el cierre del año 2024 presenta un panorama financiero complejo para la provincia de Entre Ríos. Según los datos oficiales, el resultado primario acumulado del Estado Provincial fue superavitario en $27 mil millones. Sin embargo, al incluir el pago de intereses de la deuda, que asciende a $72 mil millones, el resultado financiero se torna deficitario en casi $45 mil millones.

Tomando en cuenta la inflación acumulada y ajustando los valores a precios de diciembre de 2024, se observa que tanto los ingresos totales como los gastos primarios crecieron por debajo de la inflación, registrando caídas reales del -23% y -26%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los recursos tributarios nacionales, principal fuente de financiamiento provincial, mostraron una reducción real del -9%. En la misma línea, los impuestos provinciales cayeron un -10% real. A esto se suma la drástica disminución de las transferencias discrecionales enviadas por el Gobierno Nacional, que se desplomaron un -67% en términos reales.

Dentro del apartado de otros recursos no tributarios, las ventas de bienes y servicios descendieron un -72% y las rentas generadas por inversiones financieras se redujeron en un -77%.

En lo que respecta a la composición de los tributos provinciales, los Ingresos Brutos continúan siendo la principal fuente de recaudación, representando el 71% del total. De este porcentaje, el 37% proviene del convenio multilateral y el 34% de la recaudación directa. En menor medida, el impuesto a los Sellos y el Automotor representan un 7% cada uno, mientras que los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural contribuyen con un 4% cada uno.

El total acumulado de la recaudación de tributos provinciales sigue una tendencia descendente, con una variación real negativa del -10% respecto al mismo período de 2023. En detalle, los impuestos a los Ingresos Brutos disminuyeron un -7%, al igual que el tributo a los Sellos, mientras que el Inmobiliario Urbano cayó un -32%, el Automotor un -21% y otros tributos un -96%. El único impuesto que se mantuvo relativamente estable en términos reales fue el Inmobiliario Rural, con un leve aumento del 1%.

El gasto primario total se redujo en un -26% en términos reales, como consecuencia de una caída del -22% en los gastos corrientes y una del -72% en los gastos de capital.

Dentro de los gastos corrientes, el gasto en empleo público y en seguridad social representan el 46% y el 25% del total, respectivamente. Ambos rubros cayeron en términos reales, con un descenso del -20% en el gasto de personal y del -15% en seguridad social. En cuanto a la coparticipación a municipios, esta experimentó una reducción del -8% real.

En contraste, los intereses de la deuda crecieron un 32% interanual, superando la inflación anual.

Al cierre de diciembre de 2024, la deuda provincial alcanzó los $751 mil millones, representando el 19% del total de los recursos públicos provinciales acumulados al mes de diciembre. Si bien la deuda aumentó nominalmente un 29% respecto a diciembre de 2023, al descontar la inflación interanual del 117,8%, la disminución en términos reales fue del -41%.

Del total adeudado, el 52% corresponde a títulos públicos ($390 mil millones), el 33% a deudas con el Estado Nacional ($251 mil millones) y el 15% a compromisos con bancos privados ($110 mil millones).

Cabe destacar que la deuda con el Estado Nacional disminuyó un -7% nominalmente (equivalente a una caída real del -57%), mientras que el monto de los bonos públicos se incrementó en un 2% nominal (-53% en términos reales). En particular, la deuda con entidades financieras privadas experimentó un fuerte incremento, pasando de apenas $260 mil a $110 mil millones en un año.

En junio de 2024, el Gobierno Provincial autorizó la toma de un "préstamo sindicado" con el Nuevo Banco de Entre Ríos por $70 mil millones. Este financiamiento fue destinado a cubrir el pago del Bono ER2025 en agosto de 2024, que equivalía a U$S 65 millones. Dicho préstamo fue posible tras la cancelación de un crédito previo de $40 mil millones (más $14 mil millones en intereses), mejorando el perfil crediticio de la provincia.

Los intereses acumulados a diciembre de 2024 ascienden a $72 mil millones, de los cuales el 44% corresponden a los pagos efectuados por el Bono ER2025, es decir, U$S 37 millones.

Para 2025, el perfil de vencimiento de la deuda provincial contempla pagos por U$S 122 millones en dos cuotas del Bono ER2025: la primera en febrero y la segunda en agosto, ambas por U$S 61 millones.

El análisis de la ejecución presupuestaria de Entre Ríos al cierre de 2024 deja en evidencia una situación fiscal desafiante, con ingresos que no logran superar la inflación y una marcada caída en las transferencias nacionales. A esto se suma la persistencia de un déficit financiero significativo y el aumento en los intereses de la deuda. La gestión del financiamiento público y la planificación de los próximos vencimientos serán clave para garantizar la estabilidad económica de la provincia en el próximo año.

Victoria - La audiencia pública que estaba prevista inicialmente en el Concejo Deliberante para avanzar en los detalles de la concesión del Viaducto que une a la ciudad entrerriana con Rosario, ha sido trasladada al edificio del Cine Teatro Victoria (Alem 64). La cita será este jueves 27 de julio a partir de las 10 horas, según pudo conocer Paralelo 32.

Vialidad Nacional ha dispuesto la presencia de taquígrafos que registrarán el desarrollo y las intervenciones de los participantes. En este contexto, es probable que el victoriense Delfor Castro forme parte del equipo designado para abordar el denominado ‘Tramo Conexión’, ya sea por su residencia en la ciudad como por su experiencia en esta temática dentro del Concejo Deliberante de Rosario desde 2018.

La Red Federal de Concesiones tiene como eje principal la gestión privada de distintos tramos viales en el país, con el objetivo de reducir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas. En este esquema se enmarca la Ruta Nacional 174, de 59,43 kilómetros, que conecta Rosario con Victoria, cuya concesión será parte del debate en la audiencia.

El proceso de licitación se desarrollará en dos etapas. La primera de ellas abarca rutas que atraviesan la provincia de Entre Ríos, incluyendo dos tramos del Corredor 18, cuya concesión vence el 9 de abril de 2025. Este corredor comprende las rutas nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario-Victoria, extendiéndose por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

En la segunda fase, se concesionarán 8.470 kilómetros de rutas actualmente administradas por Corredores Viales S.A. A esto se sumarán nuevas rutas que hasta el momento no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos.

Dos días antes, el martes 25 de julio, Vialidad Nacional realizó otra audiencia en Gualeguaychú sobre el denominado ‘Tramo Oriental’. Este sector comprende 682,28 kilómetros de las Rutas Nacionales 12, 14, 117, 135 y A-015. La reunión se llevó a cabo en la sede de calle Estrada 1080, en el Parque de la Estación, y también contó con la participación de taquígrafos para el registro del encuentro.

El avance en la concesión de los corredores viales plantea interrogantes y expectativas en distintos sectores de la sociedad, tanto en lo referido a la administración de las rutas como a la calidad de los servicios y costos que implicará la gestión privada. La audiencia en Victoria será una instancia clave para conocer los detalles y posturas al respecto.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) elaboró un informe basado en datos oficiales del INDEC, que pone en evidencia los problemas en materia educativa, especialmente en el nivel secundario, donde se registran altos índices de abandono escolar. Además, el informe analiza el estado de la infraestructura básica en los hogares entrerrianos, incluyendo el acceso al agua potable y cloacas, la mortalidad infantil y las condiciones maternas.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 identificó 500.660 hogares en Entre Ríos. De estos, el 78% tiene acceso a agua potable y cloacas de red, un porcentaje superior a la media nacional, que se ubica en 62%. Sin embargo, todavía persisten deficiencias: el 10% de los hogares cuenta con agua de red pero no con cloacas, mientras que otro 10% tiene acceso a cloacas pero depende de agua de pozo. Además, un 2% de las viviendas tienen acceso precario a estos servicios.

Comparando con el Censo de 2010, se observa una mejora en la infraestructura sanitaria, con una disminución de los hogares sin acceso a agua y cloacas de red. En la Región Centro, que incluye a Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos se posiciona favorablemente con mayor acceso a estos servicios esenciales.

En 2022, la tasa de natalidad en Entre Ríos fue de 10,6 por cada 1.000 habitantes, equivalente a 15.107 nacimientos, en línea con la media nacional. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil alcanzó el 10,8 por cada 1.000 nacidos vivos, superando el promedio nacional de 8,4.

En comparación con 2011, la provincia redujo la cantidad de fallecimientos infantiles, aunque sigue por encima del promedio del país. En cuanto a la mortalidad materna, Entre Ríos registró en 2022 un índice de 2,6 por cada 10.000 nacidos vivos, por debajo del promedio nacional de 4.

Además, el 10% de los nacidos en Entre Ríos son de madres menores de 20 años, y un 44% de los recién nacidos tiene madres con educación inferior al secundario completo. En comparación con 2011, se observa una disminución en estos indicadores, aunque la provincia sigue enfrentando desafíos en la educación y atención de madres adolescentes.

El informe también pone el foco en la educación, donde se advierte un buen desempeño en el nivel primario, con una tasa de promoción del 95%. Sin embargo, la situación cambia en el nivel secundario, donde se registra un aumento en la repitencia y el abandono escolar, especialmente en los años intermedios (7°, 8° y 9°). Esto indica que muchos adolescentes no logran completar su educación en tiempo y forma.

Entre Ríos presenta los peores valores en promoción, repitencia y abandono dentro de la Región Centro y también a nivel nacional, lo que representa un desafío significativo para las políticas públicas educativas.

El informe del CEER destaca mejoras en el acceso a la infraestructura básica y reducciones en la mortalidad infantil y materna, pero también resalta la persistencia de problemas estructurales en el ámbito educativo y sanitario. El alto índice de abandono escolar en el nivel secundario representa un obstáculo para el desarrollo de los jóvenes y la economía provincial. Según el CEER, es fundamental reforzar políticas de acceso a la educación y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable para garantizar un desarrollo equitativo en Entre Ríos.