El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), vocal Leonardo Portela, ofreció un balance de gestión al cierre de un año marcado por desafíos económicos a nivel nacional. A pesar de las dificultades, aseguró que “el año que termina arroja un balance positivo” y destacó que se logró garantizar el servicio de justicia en la provincia.

Entre febrero y noviembre de 2024, el Poder Judicial concretó 2.367.753 actos procesales y registró el inicio de 77.814 causas judiciales. Además, los abogados y abogadas realizaron más de 1 millón de presentaciones digitales (1.001.920), reflejando la consolidación de herramientas tecnológicas en la gestión judicial.

El trabajo del Poder Judicial incluyó:

Portela subrayó que estas cifras representan solo una parte del trabajo realizado, ya que no incluyen actividades no registradas electrónicamente, como las audiencias voluntarias en Juzgados de Paz.

El presidente del STJ destacó avances en infraestructura, tecnología y organización:

Portela también valoró la implementación de las Oficinas de Gestión Única (OGU) en el fuero de familia, como parte del proceso de modernización y desconcentración administrativa.

Entre los desafíos pendientes, Portela mencionó:

Portela concluyó su balance reconociendo el compromiso del personal judicial, cuya labor considera fundamental en un contexto de crisis social. “Vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, pero los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, destacó.

El presidente del STJ valoró también la actitud de los otros poderes del Estado, que facilitaron la tarea mediante un diálogo permanente y disposición para abordar asuntos relevantes.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para solicitar la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay. La medida tiene como fin tomarles declaración indagatoria en Argentina en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos graves.

El pedido formal de extradición ocurre luego de que Kueider fuera expulsado del Senado el jueves pasado por una amplia mayoría, en una sesión presidida por Victoria Villarruel tras la salida del país del presidente Javier Milei. La magistrada también solicitó el traslado de ambos detenidos al Juzgado Federal de San Isidro, así como el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder al momento de ser interceptados en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay.

Arroyo Salgado lleva adelante una causa en la que Kueider está acusado por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero. El expediente fue abierto a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, basada en información publicada por la revista Análisis y el sitio El Disenso. Según estas investigaciones, el ex senador poseería al menos tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en Paraná, a través de la sociedad Betail SA, una firma sin actividad que habría sido utilizada como pantalla.

La propiedad de estas unidades salió a la luz cuando Betail SA figuró como titular de las expensas hasta mayo pasado. Luego, las mismas aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien trabajaba en el despacho del entonces senador y con quien mantendría una relación afectiva.

Esta causa está vinculada a otra investigación anterior por el presunto pago de coimas de la firma Securitas Argentina a ENERSA entre 2016 y 2018, periodo en el que Kueider se desempeñaba como secretario general de Gobierno bajo la gestión del peronista Gustavo Bordet.

El pedido de extradición fue cursado por la jueza Arroyo Salgado a la Cancillería argentina, que debe enviarlo a la Embajada en Asunción para su trámite diplomático. Paraguay, a su vez, evaluará la solicitud a través de su Fiscalía y el Poder Judicial. El tratado bilateral de extradición entre ambos países data de 1996 y establece que los delitos imputados deben tener penas superiores a dos años para ser considerados.

Si Kueider acepta ser extraditado, se cerraría la causa en Paraguay. De lo contrario, podrá apelar y demorar el trámite judicial. La justicia paraguaya también lleva adelante una investigación contra el ex senador por intento de contrabando de divisas, delito que contempla penas de entre seis meses y dos años y medio.

La jueza también solicitó a la justicia paraguaya el allanamiento del departamento donde Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria, ubicado en el lujoso complejo Tierra Alta de Asunción. La medida incluye el secuestro de celulares, computadoras, discos externos y otros dispositivos electrónicos, con el fin de peritarlos para determinar si fueron manipulados y recuperar información relevante.

Además, solicitó que se le envíen copias legalizadas de la totalidad del proceso penal que tramita en Paraguay, incluyendo declaraciones, peritajes y pruebas digitales. La jueza busca obtener evidencia sobre la empresa Golsur SA, una firma "de maletín" utilizada para realizar inversiones en Paraguay sin que se conozca el origen del dinero involucrado.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para solicitar la invalidez de la sesión del Senado que derivó en la expulsión del ex legislador. La defensa también pidió que se declare la inconstitucionalidad de la medida y que se restituya a Kueider en su banca.

Mientras tanto, Arroyo Salgado avanza en la conexión de las causas que vinculan al ex senador con presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero. La Justicia argentina y la paraguaya continúan intercambiando información en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos países.

La Cámara de Casación de Paraná resolvió este viernes rechazar el recurso de apelación presentado por los defensores del exministro Pedro Báez y confirmó su prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná mientras la sentencia no adquiera firmeza. La decisión se enmarca en la causa conocida como "Causa Compleja", donde se investigaron cinco hechos de corrupción que involucraron fondos públicos.

El tribunal, integrado por las magistradas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, ratificó la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que había dictaminado la prisión preventiva de Báez tras un pedido del Ministerio Público Fiscal. En su fallo, la Cámara desestimó los argumentos de la defensa, señalando que la resolución “fue producto de una derivación razonada del derecho vigente” y que no presentaba arbitrariedad.

La prisión preventiva fue dispuesta bajo el argumento de que Báez representa un riesgo procesal, debido a sus recursos económicos y su capacidad para abandonar el país o permanecer oculto. Según el fallo, estos elementos podrían facilitar que el exministro evada el cumplimiento de la condena.

Los defensores técnicos de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez, presentaron dos agravios principales contra la resolución original:

Sin embargo, la Cámara desestimó estos planteos, afirmando que los votos conformaron una decisión armónica y razonable, basada en la proporcionalidad de la medida y los riesgos procesales comprobados.

Las magistradas destacaron que la resolución es coherente con precedentes similares del Poder Judicial. Además, subrayaron que Báez aún dispone de recursos económicos significativos, derivados de los delitos investigados, lo que incrementa el riesgo de fuga.

El fallo también hace referencia a la gravedad de los delitos por los que Báez fue condenado, señalando que las características de estos hechos justifican plenamente la medida cautelar adoptada.

Mientras tanto, la sentencia condenatoria contra Báez está en revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la concesión de un Recurso Extraordinario Federal que cuestiona la condena en la "Causa Compleja". La decisión del máximo tribunal será clave para definir el destino judicial del exministro.

El exsenador Edgardo Kueider presentó un recurso de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, con el objetivo de revertir su reciente expulsión del Senado de la Nación. La medida fue impulsada por su abogado, Maximiliano Ruiz, argumentando que el proceso que llevó a su destitución fue irregular, ya que la sesión en la que se decidió su exclusión estuvo presidida por Victoria Villarruel, quien, según la defensa, debería haber estado ejerciendo el cargo de Presidenta de la Nación en ausencia de Javier Milei.

La defensa de Kueider sostiene que la presidencia de Villarruel durante la sesión violó el procedimiento constitucional. Villarruel asumió la conducción del Senado mientras, según Casa Rosada, ya estaba formalmente a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje de Milei. Este hecho, afirman, invalida las decisiones tomadas en esa sesión, incluida la expulsión de Kueider, que fue aprobada por 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

Desde el despacho de Villarruel, sin embargo, aseguran que no fueron notificados oficialmente del viaje del presidente hasta horas después de iniciada la sesión, cuando el escribano general del Gobierno se presentó para formalizar el cambio de mando.

La decisión de expulsar a Kueider se sustentó en su situación judicial en Paraguay, donde se encuentra detenido acusado de contrabando, y en investigaciones locales por supuestos casos de corrupción. No obstante, su defensa insiste en que los fueros parlamentarios que ostentaba en el momento de los allanamientos realizados ayer por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado no fueron respetados.

Durante la jornada de ayer, Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de los despachos que Kueider ocupaba como senador, tanto en el Palacio Legislativo como en el anexo conocido como "La Caja". Además, Villarruel dispuso precintar los despachos antes de la orden judicial, argumentando la necesidad de preservar pruebas. Esta acción ha generado críticas, ya que Kueider seguía siendo senador al momento de la intervención y, por ende, gozaba de fueros que protegían su espacio de trabajo.

El recurso de amparo podría derivar en la necesidad de repetir la sesión en la que se votó la expulsión, una medida que complicaría al oficialismo. Durante el debate, La Libertad Avanza intentó frenar la expulsión y propuso suspender a Kueider hasta marzo de 2025, pero sin lograr consenso entre los bloques opositores. Finalmente, el oficialismo obtuvo el apoyo de gran parte de la UCR y del PRO para avanzar en la destitución.

Mientras tanto, la resolución judicial sobre el recurso de amparo presentado por Kueider podría marcar un precedente en términos de interpretación de procedimientos legislativos y constitucionales, además de determinar el futuro político del exsenador y su posible restitución en la Cámara Alta.

Los abogados entrerrianos Mauro Vazón, Diego Chareun, Tomás Comte y Sebastián Eduardo Salem representaron a la provincia en el destacado encuentro anual de la agrupación Abogados en Acción, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires. Este evento reunió a más de 100 profesionales de 17 provincias y se enfocó en temas clave para el fortalecimiento institucional y el desarrollo del sistema judicial argentino.

Durante las dos jornadas del encuentro, los participantes abordaron cuestiones fundamentales como:

Estas discusiones estuvieron lideradas por reconocidos especialistas, entre ellos el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; el exministro Germán Garavano; el Ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y juristas como Federico Pinedo, Antonio María Hernández, Jesús Rodríguez, Luis Cevasco y Lucas Incicco.

1. Nombramiento de jueces por decretoEl análisis giró en torno a la legitimidad del Poder Ejecutivo para designar jueces de la Corte Suprema por decreto en situaciones excepcionales. Se enfatizó la necesidad de priorizar el respeto a la Constitución y fortalecer el diálogo entre poderes para evitar parálisis judiciales.

2. Desafíos electorales: Ficha Limpia y Boleta ÚnicaSe respaldó la implementación del proyecto de Ficha Limpia, que busca reforzar la confianza ciudadana, y la adopción de la Boleta Única papel, destacada como una herramienta para mejorar la transparencia en los comicios.

3. Divorcios administrativosAunque el objetivo del proyecto es agilizar procesos, los profesionales alertaron sobre el riesgo de eliminar la intervención judicial en asuntos que afectan derechos fundamentales, proponiendo alternativas para proteger a las partes más vulnerables.

4. Sucesiones notarialesSe reafirmó el valor del actual sistema judicial sucesorio como garantía de derechos para herederos y terceros. En lugar de su reemplazo, se sugirieron mejoras en plazos y costos para aumentar su eficiencia sin comprometer la seguridad jurídica.

5. Propuestas de los jóvenesLos abogados jóvenes presentaron un análisis basado en el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), identificando una desconexión entre la percepción pública y la eficiencia judicial. Destacaron medidas como el juicio por jurados y mayor transparencia como mecanismos para recuperar la confianza en las instituciones.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y líder de la agrupación, cerró el encuentro subrayando la importancia del rol de los abogados: "Nuestra labor no solo defiende derechos individuales, sino que también fortalece las bases de nuestra democracia. Este evento refleja nuestro compromiso con la justicia y el cambio positivo en Argentina."

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La condena, emitida originalmente en diciembre de 2022, se dio tras considerar que la exmandataria direccionó licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones y cercano al círculo familiar de los Kirchner.

La resolución fue confirmada este miércoles por la Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito informando que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, agotando así la última instancia judicial. La expresidenta no estuvo presente en la audiencia y siguió la lectura en forma remota.

La sentencia, emitida en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, declaró a Kirchner autora responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el mismo fallo, se dispuso su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, aunque fue absuelta por mayoría del cargo de asociación ilícita, ya que solo el juez Basso se pronunció a favor de condenarla por este delito adicional.

A pesar de la confirmación de la condena, la expresidenta no será detenida de inmediato, ya que el Código Procesal Penal Federal establece que la sentencia se ejecuta solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales. Esto implica que, si la Corte Suprema rechaza el recurso de apelación, se iniciaría la ejecución de la pena, un proceso que podría extenderse durante años.

Cristina Kirchner, quien actualmente no tiene fueros que la protejan de un arresto, podría solicitar el cumplimiento de su condena en prisión domiciliaria dado que supera los 70 años de edad. Además, si el proyecto de la ley de “ficha limpia” prospera en el Congreso, esta condena confirmada impediría que se postule a cargos públicos.

En la misma causa, la Cámara de Casación ratificó también las condenas de otros exfuncionarios y de Lázaro Báez, quien ya cumple prisión domiciliaria en Santa Cruz por otros delitos, como enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de un arma de fuego.

Las penas, dictadas inicialmente el 15 de junio de 2022 por el Tribunal Oral Federal de Paraná, incluyeron condenas de cárcel efectiva y el decomiso de bienes. Este juicio fue histórico por la cantidad de imputados —21 en total— y por el alcance de los daños económicos que afectaron a unos 1.000 damnificados, incluyendo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El fiscal federal José Ignacio Candioti confirmó la noticia a Canal 9 Litoral y destacó la importancia de esta decisión. “Fue un juicio complejo, con una gran cantidad de pruebas y múltiples acusados. Finalmente se dictaron sentencias para la mayoría, con suspensiones de proceso a prueba para algunos y absoluciones para otros dos”, señaló Candioti. El decomiso de bienes, a su vez, fue un aspecto clave en este fallo, ya que impacta directamente en el núcleo financiero de los delitos económicos cometidos.

La historia de la quiebra de Waigel se remonta a 2006, cuando la AFIP allanó la sede de la histórica empresa de Crespo, Entre Ríos, debido a grandes deudas acumuladas. A pesar de su capacidad para saldar las cuentas, los responsables de la firma optaron por evadir el pago a sus inversores y acreedores, iniciando un proceso de transferencia y venta de propiedades y negocios. Entre 2007 y 2009, estas maniobras se intensificaron, incluyendo la venta acelerada de bienes y la utilización de testaferros para ocultar activos, todo ello con el fin de mantener un estilo de vida lujoso mientras dejaban a miles de personas en la ruina.

La jueza Alicia Carnero, quien presidió el juicio, dispuso penas severas para los principales acusados, incluyendo inhabilitación para el ejercicio del comercio y la prisión preventiva para algunos de ellos:

Para la rama familiar de Fermín Waigel, ya fallecido, se dictaron penas condicionales para Rosa Inés Buttazzoni (ya fallecida), Juan Pablo Waigel y Andrea Carina Waigel, quienes cumplirán tres años de prisión en libertad condicional, además de inhabilitación y el pago de las costas judiciales.

Entre los demás acusados:

Otros implicados recibieron una suspensión del juicio a prueba (probation):

Por último, tres de los acusados, Vicente Raúl Mendoza, Sonia Marisa Milessi y Daniel Aníbal Goro, fueron absueltos al demostrarse que no participaron directamente en los hechos, sino que fueron manipulados por abogados y escribanos para transferir bienes de manera fraudulenta.

Este martes 16 de abril, una denuncia presentada por Jorge Zatloukal, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), ha puesto en la mira de la opinión pública a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la empresa estatal Corredores Viales S. A., áreas dependientes del ministro Luis Caputo. La controversia se centra en la prórroga del contrato del Corredor Vial Nº 18 (Rutas Nacionales 12 y 14) y el Puente Rosario-Victoria, la cual fue aprobada mediante la Resolución 144 de Vialidad Nacional, un día antes de su vencimiento, sin convocar a una licitación pública.

La denuncia, radicada en los juzgados federales de Comodoro Py y que será intervenida por el Juez federal Julián Ercolini, apunta a presuntas irregularidades que podrían traducirse en un perjuicio millonario para el Estado. Según Zatloukal, la empresa Caminos del Río Uruguay S. A. (CRUSA) continuará cobrando peaje en rutas fundamentales para el intercambio comercial con el MERCOSUR, como las Rutas Nacionales 12 y 14, generando un daño económico significativo.

Uno de los puntos álgidos de la denuncia es la aprobación de la prórroga un día antes de la expiración del contrato, sin haber convocado a una licitación pública y justificándolo únicamente con la falta de operadores. Zatloukal también señala la omisión de la empresa estatal Corredores Viales S. A. en hacerse cargo de la continuidad de la concesión y del cobro de peaje, una responsabilidad que, según él, debería ser irrenunciable.

El denunciante enfatiza que esta acción podría ser una maniobra para beneficiar a la empresa concesionaria, y critica la demora injustificada en el proceso de licitación, lo cual contraviene los principios de transparencia en las contrataciones públicas y el discurso oficial de libre mercado. Además, sugiere que esta prórroga podría violar la ley de Defensa de la Competencia al restringir la libre concurrencia en el mercado.

El escándalo se agrava al considerar que estas presuntas irregularidades podrían constituir violaciones a diversos artículos del código penal, según lo señalado por la Auditoría General de la Nación en el pasado.

Ante estas acusaciones, se espera una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna irregularidad en la prórroga del contrato de peaje del Corredor Vial Nº 18 y el Puente Rosario-Victoria. La transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Victoria.- Si algo define a esta gestión presidencial libertaria es la gran cantidad de anuncios que la interpelan, expuestos tanto en época de campaña como en la actualidad, ya ocupando “la Rosada”. De hecho, quien no escapó a esa línea, apostando a más incluso, es el letrado Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia de la Nación, quien entre otras exposiciones comunicó que impulsará un proyecto que modifique la Ley de Imputabilidad, llevando la misma de 16 a 14 años de edad. 

Oportunamente, en declaraciones realizadas a medios capitalinos expresaba aquello, incluso con sesgos de reclamo, “la edad que me gusta es la de 14 años y para todos los delitos. Es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción”.

En una acción coordinada entre el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP) del Escuadrón 4 “Concordia” de la Gendarmería Nacional y el Juzgado Federal de Concordia, se llevó a cabo un operativo con 20 allanamientos en diversos puntos de la Capital del citrus y uno en la localidad de Aldea Brasilera y otro en Concepción del Uruguay; todos durante la mañana del martes 5 de diciembre.

La intervención se enmarca en una investigación que se prolongó por más de un año, bajo las directivas de la Dra. Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, y el secretario del mismo, Alan Bergdolt. Según indica el informe enviado a Paralelo 32 desde el Departamento de Comunicación Institucional de Gendarmería Nacional, “durante 10 meses, los uniformados reunieron información, realizaron tareas de campo, efectuaron búsqueda en distintos bancos de datos y lograron identificar a punteros barriales, personal médico y líderes de la organización. Se pudo constatar que hay gente que estuvo recibiendo mes a mes dicha pensión y otras personas que estaban con sus carpetas en trámite”.

La Asociación ilícita desmantelada presuntamente ofrecía obtener pensiones no contributivas del Estado Nacional mediante la simulación de enfermedades, cobrando sumas que alcanzaban los $60.000 por cliente. Esta actividad generaba considerables ganancias para los implicados, al tiempo que provocaba pérdidas incalculables en los fondos estatales.

En el curso de los allanamientos, un extenso número de personas, incluyendo varios profesionales médicos, fue registrado como parte de una operación compleja y minuciosa. La investigación, que incluyó seguimientos, filmaciones, escuchas telefónicas y análisis de informes, logró desarticular una red de estafadores dedicada a la tramitación fraudulenta de pensiones por invalidez, así como a la falsificación de información sobre los futuros beneficiarios.

En relación con los médicos involucrados, cuatro reconocidos galenos de Concordia han sido señalados como posibles participantes en el proceso, y no se descarta la participación de otros aún no individualizados.

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos se encuentran documentación de interés para la causa (libros de actas, prescripciones médicas, comprobantes de pago y transferencias, certificados de evaluación de discapacidad, entre otros documentos), 4.447.110 de pesos, armamento (cuatro rifles, tres revólveres y 195 municiones de distintos calibres), dosis de cocaína, marihuana y tres plantas, 28 celulares, 18 computadoras , pendrives y otros dispositivos con información.

Como parte de las medidas tomadas, la magistrada del Juzgado Federal de Concordia ha ordenado la prohibición para salir del país de siete personas, además por disposición del Magistrado interviniente, Gendarmería detuvo a cuatro ciudadanos y nueve quedaron supeditados a la causa.

Hoy, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue testigo de un evento trascendental: la apertura de las VI Jornadas Nacionales y IV Internacionales de Justicia de Paz y Juzgado de Faltas. Con la consigna "Juezas y Jueces para la Paz motivo de orgullo", el evento reunió a destacados representantes del ámbito judicial de diferentes países y provincias.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, elogió la labor de los jueces y juezas de Paz, describiéndolos como "un profundo orgullo de los Tribunales superiores y de las Cortes de las provincias argentinas". Destacó la importancia de la Justicia cercana a la población más vulnerable y necesitada, elogiando el compromiso diario de quienes la imparten.

"Ustedes son nuestra cara visible. Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento por el trabajo que hacen cada día y sepan que estamos para servirles y que ustedes sirvan a la ciudadanía de la mejor manera", afirmó Medina. En un gesto de homenaje, recordó a las "pioneras" que allanaron el camino para el reconocimiento de los derechos y la labor de los juzgados de Paz, destacando a María Luisa Lucas e Isabel Elisa Strizik. También rememoró que el movimiento de jueces y juezas de Paz tuvo sus raíces en Entre Ríos durante la presidencia en el STJER de la vocal Claudia Mizawak, y el título del encuentro fue propuesto por la vocal Gisela Schumacher.

El acto fue encabezado por Susana Medina, Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Leonardo Portela. También participaron la ministra del Superior Tribunal de la provincia de Misiones, Cristina Irene Leiva; el presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Mediación de Ju.Fe.Jus y juez del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Fernando Augusto Niz; la vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos; y el presidente de la Junta Federal de Justicia de Paz de Argentina (JU.FE.PAZ), Guillermo Vega.

María del Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JUFEJUS), saludó a los participantes de manera virtual y elogió a los organizadores del evento. Destacó la importancia de los jueces y juezas de Paz como la "cara cercana a la gente" y resaltó el convenio entre Ju.Fe.Paz y la OEA.

En su intervención, Fernando Niz subrayó la creciente importancia y visibilidad de la Justicia de Paz, describiéndola como un espacio cada vez más cercano y esencial, con un reconocimiento internacional en aumento. Para Niz, los jueces y juezas de Paz representan el potencial de la Justicia argentina.

Guillermo Vega, presidente de JU.FE.PAZ, elogió la justicia de Paz como la herramienta más formidable de acceso a la justicia para los ciudadanos en todo el país. Destacó el orgullo que representa la labor de las juezas y jueces de Paz y el modo ejemplar en que desempeñan sus funciones.

Cristina Irene Leiva resaltó la labor de los juzgados de Paz como espacios para que la ciudadanía encuentre la paz necesaria, siendo el lugar donde se establece contacto directo con la gente y se ejecutan medidas provenientes de los Poderes del Estado, haciendo efectivas las políticas públicas.

Claudia Mizawak, en su rol de presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), propuso la articulación de capacitaciones dirigidas por los propios jueces y juezas de Paz, adaptadas a sus necesidades específicas.

Eleonora Rodríguez Campos agradeció la invitación y mencionó el programa de fortalecimiento de la Justicia de Paz en la provincia de Tucumán. La jornada se presenta como un espacio propicio para el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas que fortalezcan la labor de la Justicia de Paz en todo el país.

En el primer día de las jornadas hubo 142 personas acreditadas.

Estuvieron presentes delegaciones de Buenos Aires; Catamarca; Chaco; Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Formosa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Santa Fe; San Juan; Santiago del Estero; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán. Y las delegaciones de los países de Argentina; Perú y Paraguay.

Las jornadas, destinadas a jueces, juezas, secretarios y secretarias de Paz y Faltas de Argentina y Latinoamérica, son organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) y la Junta Federal de Justicia de Paz (JuFePaz) y se desarrollan en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana. Los trabajos en la preparación se realizaron coordinadamente con el Instituto Juan Bautista Alberdi del STJER.

Victoria.- El ex Secretario de Desarrollo Social de la municipalidad Carlos Schultheis, fue sobreseído en una causa por presunto delito de defraudación a la administración pública, a raíz de compras de carne realizadas para comedores escolares. Los ediles Víctor Sanzberro y Carla Almada (Frente Creer ER), pusieron bajo sospecha esas compras en declaraciones a una radioemisora, y el fiscal, que lo oyó, actuó de oficio. El hecho sobre el que se basó el expediente, se produjo en el transcurso del año 2019, además dentro de la causa quedaron imputados los proveedores Pedro Frías y Zulema Berón, que también fueron sobreseídos, tras soportar durante tres años la carga de una acusación grave. 

Al respecto, el funcionario designado por el Intendente Domingo Maiocco, explicó a Paralelo32 que durante 5 años trabajó en el área llevando adelante tareas administrativas y de gestión, pero decisiones tomadas para mejorar la calidad de la dieta de los comedores fueron cuestionadas, inclusive sospechadas como irregulares por parte concejales de la oposición. “Durante ese período incorporamos una nutricionista quien comprobó que los productos cárnicos –que estaban adquiriendo– no eran los adecuados para la alimentación de  chicos”. Sostuvo que la mercadería en cortes, o picada, tenía demasiada grasa, no cumpliendo con los requerimientos desde el punto de vista dietético. 

Ante esta observación, desde la cartera comenzaron a comprar carne de mejor calidad y, obviamente, de mayor costo. Esto fue cuestionado por los mencionados concejales de la oposición, el tema llegó a la justicia y el Fiscal Eduardo Guaita estuvo a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

En diálogo con Paralelo32, Schultheis consideró que si bien la resolución del caso llevó 3 años, un tiempo demasiado extenso, se pudo colectar una cantidad importante de pruebas que permitieron llegar a la conclusión de que los procedimiento se hicieron dentro del marco legal y en forma transparente.

En otro orden comentó que,  desde que dejó la función pública, no ha mantenido contacto con el Intendente Maiocco. Con un gesto de disgusto expresó “en este episodio el presidente municipal habrá tenido sus razones, pero me dejó de lado y  me soló la mano”. A criterio de Schultheis, tendría que haber esperado el resultado de la investigación judicial, pero en  forma personal decidió destituirme del cargo sin esperar el fallo del tribunal, que actualmente ratifica que las cosas se hicieron legalmente y con transparencia. 

En 7 carillas el pasado 30 de octubre el Juez Alejandro Calleja emitió el fallo, a continuación transcribimos algunos párrafos de la sentencia:

“….En esa inteligencia, la completa investigación llevada adelante ha podido establecer con precisión cómo se desarrollaba el sistema licitatorio municipal desde las manifestaciones del personal de carrera que intervenía directamente en todo el trámite contable y legal, pudiéndose destacar que el Ministerio Público Fiscal no observó irregularidades en los Exptes. cuestionados, ni mucho menos constancia o evidencia de que se hubieran puesto de acuerdo las partes sospechadas para afectar al estado municipal, agregando a su análisis que tampoco se puede concluir que hayan existido precios por encima del valor de referencia que respondan a un comportamiento defraudatorio por parte del Funcionario Shultheis con la supuesta anuencia o colaboración de los comerciantes”.

“En la dirección indicada se vuelve necesario acudir a los elementos del tipo penal elegido inicialmente por la acusación de Fraude a la Administración Pública, y conforme a la prueba analizada, bien vale expresar y concluir que la norma del art. 174, inc. 5° del Código Penal requiere la concurrencia de "perjuicio" o daño directo sobre los bienes pertenecientes a la administración, circunstancia que en modo alguno se ha configurado en las licitaciones referenciadas”

En la parte resolutiva el magistrado expresa “Dictar auto de sobreseimiento en favor de Pedro Ricardo Frías, Zulema Beatríz Beron, y Carlos Alfredo Schultheis, ya filiados, por los delitos de defraudación a la administración pública y administración infiel previstos en los arts. 174, inc. 5° y 173, inc. 7° del código penal, de conformidad al art. 397, inc. 1° del cpp, declarando el proceso no afecta el buen nombre y honor de los imputados”.

Victoria.- El ex Ingenio Azucarero La Victoria, que perteneció a la firma Soler SA de Tucumán, volvió a ser noticia pero no por el lanzamiento de un proyecto de inversión urbanístico o turístico sino porque quedó  pendiente  el cobro de honorarios de los síndicos  de la quiebra. Los profesionales reclamaban 35 millones de pesos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  después de 10 años, estimó estos montos en algo más de 700 mil pesos.

Pasada esta etapa, el 9 de diciembre del 2007, un día  antes de expirar el mandato del ex gobernador Jorge Busti, se aprobó la transferencia de la planta a la empresa Ketzal SA, con domicilio en Mendoza.

Mediante Decreto N°  Nº 7781/07 del 8 de diciembre del 2007, el gobierno aprobó la  propuesta económica presentada por la firma mendocina por un monto total de 3.054.156 pesos, que corresponde al 80 % del valor de tasación del inmueble y sus accesorios. El adquirente depositó un 50 % y el resto lo efectivizó en tres cuotas semestrales, la última se efectivizo el 7 de junio del 2009.

En el 2009 la empresa presentó una nota al gobierno municipal de Victoria porque el decreto por el cual se había autorizado la compra establecía que se debía montar una planta para la fabricación de aceite y biodiesel. Esto generó muchos problemas, hubo reclamos de organizaciones no gubernamentales y también de un sector del arco político, todo en el transcurso de la gestión de Cesar Garcilazo. El uso de suelo en ese sector, según la ordenanza (aún vigente), solo permite como destino el uso residencial, recreativo, y turístico. Por otra parte, el Concejo Deliberante en esa oportunidad reforzó el planteo aprobando una norma por la cual no se permitiría una nueva industria en ese sector. Cabe aclarar que estaba en pleno desarrollo el Plan Maestro de la Costa, que incluía a este predio.

Esto generó un impase porque Ketsal no podía cumplir con el destino para el cual adquirió el predio (agroindustria). Se siguió debatiendo y se presentó  en la legislatura de la provincia un nuevo proyecto firmado por los directivos de la empresa, modificando el objeto inicial y proponiendo montar un complejo urbanístico y turístico, lo que finalmente fue aprobado por el gobierno entrerriano.

Esto generó una marcada expectativa, porque esas 12 hectáreas frente al río (120.000 m2), potencialmente configuran un negocio inmobiliario excepcional. A valores de mercado, en función de consultas realizadas a corredores inmobiliarios de nuestra ciudad, en ese lugar el metro cuadrado ronda los 600 pesos, lo que podría representar para esa superficie unos 70 millones de pesos.

El intendente Domingo Maiocco mantuvo sobre el particular una charla informal el año pasado, en el hotel 5 estrellas de nuestra ciudad, con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano (Grupo América – Uno Multimedios). Fue en oportunidad en que el gobernador Gustavo Bordet estuvo en Victoria. Al respecto el presidente municipal comentó a Paralelo 32 que los directivos antes mencionados le transmitieron la intención de invertir en el ex ingenio azucarero para desarrollar un complejo urbanístico con sectores para el turismo. Hasta el momento, según expresó, no ha tenido novedades al respecto, ya que no ha sido presentado ningún proyecto en ese sentido, para su evaluación.

Si bien la firma Ketzal no está a nombre de los mencionados empresarios, en una consulta realizada por nuestro Semanario a Miguel Angel Flores, responsable de la Sección Económica del Diario Los Andes (Mendoza), éste confirmó que Vila y Manzano son los operadores. La charla que mantuvo el Intendente también lo corrobora. En esa oportunidad, en función de lo que informó Paralelo 32, el diario Los Andes publicó una nota sobre la inversión de Ketzal en nuestra ciudad, dato que se desconocía en la zona cuyana.

La provincia logró resolver un largo proceso judicial que se tramitaba en los tribunales de Tucumán, que comprometía el Estado en un pago de honorarios por 35 millones de pesos aproximadamente, para los abogados que intervinieron en el proceso judicial de la fallida Compañía Azucarera y Alcoholera Soler SA, que inauguró la planta de procesamiento de azúcar de remolacha en 1986 durante la gestión del extinto gobernador Sergio Montiel. El objetivo era producir azúcar a partir de la remolacha y también alcohol. Siempre se sospechó que Soler nunca tuvo la intención sería de producir azúcar sino más bien la de usufructuar de los jugosos créditos promocionales y enterrar ese proyecto para que no compitiera con la principal industria tucumana.

En 1988 la empresa quebró y el Estado provincial era uno de los principales acreedores. Ante esta situación, esta última formalizó la estatización de la planta y la venta en remate público, pero esta fue declarada nula por los tribunales tucumanos. Mediante apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia que declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la fiscalía de Estado y tuvo que volver a subastarse diez años después.

Siguiendo el mandamiento de la CSJN, al remate público otra vez lo tomó la provincia y en 2007 el predio fue adquirido por la empresa Ketzal SA, con domicilio en Mendoza. Pero en la Justicia de Tucumán siguió tramitándose un juicio derivado de la causa principal, a través del cual se reclamó el pago de honorarios a los síndicos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo sus propios cálculos para establecer el valor sobre el cual tendrían que calcularse estos montos, llegando a la conclusión de que al abogado Marcos Aníbal Rougés le corresponden 457.684,65 y el contador José Miguel del Carmen 244.098,47 pesos, lo que suma un total de 701.747,12 pesos, para los demandantes que actuaron como síndicos de la quiebra. Esto último es lo que deberá depositar el gobierno provincial ante la justicia.

Mientras esto sucede, sea quien fuera Ketzal, o quienes sean sus mentores, se cree que tarde o temprano concretarán su propósito de una urbanización que representará un negocio multimillonario.