El Gobierno nacional completó este viernes 28 de febrero la apertura de sobres de la licitación pública internacional destinada a privatizar la Vía Navegable Troncal, y recibió tres ofertas de algunas de las principales dragadoras del mundo, en un proceso que contó con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

La iniciativa busca la modernización, operación y mantenimiento de esta ruta estratégica por la que circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región, convirtiéndola en una infraestructura clave para la competitividad productiva.

En el proceso se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las empresas dragadoras más importantes a nivel global.

El pliego licitatorio fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó como organismo técnico para garantizar la transparencia del proceso y asegurar criterios de competitividad en la adjudicación.

La convocatoria contó además con el acompañamiento de entidades representativas del sector productivo y portuario, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. También expresaron su respaldo los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.

A su vez, acompañaron el proceso entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina, además de organizaciones ambientalistas y referentes técnicos vinculados al comercio exterior y la logística.

La licitación se estructuró bajo un sistema de tres sobres. El primero contempla la evaluación de antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de las empresas oferentes. El segundo analiza el Plan de Trabajo, con un esquema de puntajes técnicos. El tercero pondera la oferta económica, con mayor peso relativo para garantizar la tarifa más baja posible para los usuarios del sistema.

Concluida la etapa de apertura y análisis de propuestas, el Poder Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión por 25 años. El esquema previsto establece que la concesión se realizará a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior argentino, en un contexto en el que la eficiencia de la hidrovía resulta determinante para las economías regionales y la inserción del país en los mercados internacionales.

El Gobierno de Entre Ríos informó que la actualización de la tarifa eléctrica vigente desde diciembre responde exclusivamente a la modificación de los precios mayoristas dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de ajustes aplicados de manera uniforme en todas las jurisdicciones del país y considerados indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

En este contexto, la provincia ratificó su decisión de continuar protegiendo a los hogares entrerrianos y a los sectores que requieren acompañamiento. Para ello sostiene un esfuerzo financiero propio destinado a moderar el impacto de los incrementos nacionales, con especial foco en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.

A través de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, permanecen vigentes una serie de medidas que conforman el esquema de alivio tarifario provincial:

Estas políticas permiten que miles de familias entrerrianas continúen accediendo a un esquema de protección diferencial, sostenido íntegramente con recursos provinciales, aun en un escenario nacional de actualización de costos energéticos.

Según detalló la Secretaría de Energía, el ajuste aplicado en diciembre representa un incremento promedio del 1,4% para usuarios residenciales urbanos y cerca del 1% para usuarios rurales, valores que responden exclusivamente a la actualización del precio mayorista de la energía en el orden nacional.

Las próximas facturas de energía eléctrica llegarán con aumento en Entre Ríos. El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) oficializó la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario que aplicarán las distribuidoras —incluida ENERSA— a partir de diciembre de 2025.La medida quedó registrada en el Boletín Oficial Nº 28.228 y confirma el traslado a los usuarios de los nuevos precios mayoristas de la energía dispuestos por el Gobierno nacional.

A diferencia de otros ajustes, la resolución del EPRE no fija un porcentaje de incremento general. En su lugar, aprueba los nuevos valores que componen la tarifa, lo que hará que el impacto final varíe según el tipo de usuario y su consumo.

Los pilares del aumento son:

En un contexto de subas, la única buena noticia para parte de la población es la continuidad de un subsidio provincial focalizado que estará vigente durante diciembre.

Según confirmó el EPRE, se prorrogó —ad referéndum del Poder Ejecutivo— la medida que otorga una ayuda económica a los usuarios residenciales de Nivel 2 (bajos ingresos), con las siguientes características:

Este beneficio no compensa la totalidad del incremento nacional, pero sí amortigua parte del impacto final para los hogares de menor poder adquisitivo.

El EPRE también ratificó que los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades de bien público continuarán pagando una tarifa reducida.Para ellos, el precio aplicado será el mismo que abonan los usuarios residenciales del Nivel 2 por el consumo base, aunque sin el subsidio provincial adicional del 6%.

Este esquema busca sostener a organizaciones sociales y deportivas que cumplen un rol clave en la vida comunitaria y que se ven particularmente afectadas por los aumentos de servicios.

Con el nuevo cuadro tarifario, los usuarios entrerrianos deben prepararse para un incremento cuyo monto final dependerá del uso individual de energía.Las facturas de diciembre reflejarán:

Aunque el impacto exacto será distinto para cada hogar o institución, el aumento será generalizado y marcará un nuevo escenario tarifario para el cierre de 2025.

La semana pasada, Paralelo 32 mantuvo una entrevista con el presidente del Directorio de ENERSA, Cr. Uriel Brupbacher, quien repasó diez ejes centrales para comprender el rumbo de la empresa desde el inicio de su gestión. El titular de la distribuidora provincial de energía aseguró que la compañía atraviesa una transformación profunda, apuntalada por inversiones, eficiencia y transparencia.

Brupbacher —quien asumió la conducción de ENERSA tras desempeñarse como secretario de Presupuesto y Hacienda provincial— afirmó que se encontró con “una empresa desordenada, mal gestionada y con hechos de corrupción investigados por la Justicia”. Frente a ese diagnóstico inicial, sintetizó el espíritu de la nueva etapa: “Mientras antes se despilfarraba, hoy se invierte”.

Al comparar su experiencia en el Ministerio de Hacienda con el desafío actual, Brupbacher recordó el contexto crítico con el que asumió en diciembre de 2023: “Era tierra arada: no había un peso. Tuvimos que ser creativos para cumplir con el pedido del Gobernador de pagar sueldos y afrontar compromisos de la gestión anterior”. Entre los avances más importantes de esa etapa mencionó la implementación del Presupuesto Base Cero y la modificación del sistema de compras.

En su rol actual, su prioridad es ordenar ENERSA, mejorar su eficiencia y convertir cada peso disponible en obras para los entrerrianos.

Según el presidente del Directorio, ENERSA logró generar excedentes aun con el Valor Agregado de Distribución (VAD) congelado, gracias a una administración eficiente y planificada. Esos recursos, remarcó, “no son plata sobrante, sino fondos que se reinvierten en infraestructura eléctrica”.

Entre los proyectos relevantes, destacó el avance de los parques fotovoltaicos destinados a estabilizar líneas críticas y la decisión del Gobierno provincial de expandir el servicio de conectividad, con el objetivo de llevar internet a todas las escuelas rurales antes del ciclo lectivo 2026.

Uno de los hitos más importantes es la obra de la Línea y Estación Transformadora 132 kV Viale, cuya licitación ya fue abierta. Brupbacher subrayó que será “la primera estación transformadora digital de Entre Ríos y una de las primeras del país”.

La infraestructura incluye una nueva línea de alta tensión entre Crespo y Viale y una estación de última generación. “Era una obra largamente prometida y necesaria; hoy se está haciendo realidad”, afirmó.

Consultado por las objeciones de exfuncionarios, Brupbacher fue tajante: “Quienes llevaron a ENERSA a ser noticia nacional por mala administración y hechos de corrupción hoy pretenden dar lecciones”. Aseguró que la gestión actual está enfocada en ordenar la empresa, transparentar procesos y transformar cada peso en mejoras para el servicio.

En esta línea, detalló que se modificó el Reglamento de Compras y Contrataciones, y que esta semana se presenta el nuevo Registro de Proveedores, herramientas clave en el proceso de modernización.

ENERSA sostiene una política de acompañamiento a clubes, instituciones y organismos sociales, principalmente a través de donación de materiales eléctricos y luminarias LED, así como trabajos conjuntos con COPNAF y el Servicio Penitenciario.

Sin embargo, Brupbacher adelantó un cambio de enfoque para 2025: “ENERSA no será solo una empresa que entrega paneles y luminarias; vamos a profundizar el trabajo social, educativo y de concientización”.

Entre las obras recientes, destacó la puesta en marcha de la nueva Subestación Transformadora 33/13,2 kV de María Grande, que abastecerá a la ciudad, zonas aledañas y al parque industrial. La instalación incluye un transformador de 5 MVA, reconectadores, equipamiento moderno y una sala de comando con sistemas actualizados.

Además, se encuentran en marcha estaciones transformadoras en Oro Verde, Federación y Viale, sumadas a aportes de generación en puntos críticos para garantizar un mejor desempeño del sistema eléctrico en épocas de alta demanda.

Brupbacher confirmó que la provincia continuará ampliando su infraestructura solar. Ya se inauguraron dos parques fotovoltaicos —en Sauce Pinto y en el Autódromo de Paraná— y avanzan otros diez, ubicados estratégicamente en puntas de línea para mejorar la estabilidad del sistema.

“Entre Ríos se posiciona como una alternativa atractiva para inversiones privadas en energía limpia. Debemos pensar el futuro y acompañar al sector privado para que se traduzca en proyectos concretos y empleo”, subrayó.

El presidente de ENERSA también dejó una reflexión política sobre el contexto general: “Entre Ríos tuvo 20 años de un modelo de gestión que nos llevó a lo más bajo de la historia. Cambiar eso en dos años no es fácil, pero los logros del Gobernador son muy importantes: se están arreglando escuelas y rutas que hacía años se anunciaban, pero no se hacían”.

El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo a la decisión del gobierno provincial de alcanzar un acuerdo con distintos municipios para reducir el cobro de tasas municipales en la factura de energía eléctrica.

En un comunicado enviado a esta Agencia, los ediles aseguraron que la medida “impactará en las familias entrerrianas que pagan tasas municipales más altas, siendo un alivio porcentual importante a partir del próximo año 2026”.

La iniciativa se enmarca en la disminución de las tasas de alumbrado público, lo que, según señalaron, representa un beneficio concreto para los vecinos. “Los concejales que integramos el Foro provincial apoyamos e impulsamos toda medida tendiente a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos. Allí estaremos, en cada departamento, trabajando en elaborar proyectos de adhesión a la medida anunciada, aún en aquellos municipios donde los intendentes no han logrado interpretar y cuestionan lo que tantas veces reclamaron: alivios de verdad para vecinos que tanto necesitan de estas decisiones del gobierno provincial”, indicaron.

Finalmente, expresaron su alineamiento con la política energética impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: “Coincidimos en todo con el objetivo de lograr que Entre Ríos se transforme en una de las provincias más competitivas en términos de energía. En ese camino vamos: eficiencia y transparencia para más y mejor competitividad energética”.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó los nuevos valores que regirán el servicio eléctrico en toda la provincia de Entre Ríos durante octubre, en cumplimiento con las normativas de la Secretaría de Energía de la Nación. El ajuste incluye la actualización de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), que impactan en el costo mayorista de la electricidad.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución N° 166/25, del 1 de octubre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 28.189.

Más allá de la actualización nacional, el EPRE resolvió mantener vigente la asistencia provincial que busca contener el impacto en los usuarios. El interventor del organismo, Dr. Marcos Rodríguez Allende, dispuso prorrogar la Resolución N° 248/25, que estableció la suspensión transitoria del traslado del Valor Agregado de Distribución (VAD) a las facturas de los usuarios.

Esto significa que las distribuidoras no podrán aplicar en octubre el ajuste por costos de distribución previstos en sus contratos.

La resolución también ratifica la continuidad del subsidio provincial para usuarios residenciales del Segmento Nivel 2 (Menores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El beneficio consiste en un descuento del 6% sobre el VAD, aplicable hasta un consumo máximo de 300 kWh/mes para usuarios urbanos y rurales.

Asimismo, se instruyó a las distribuidoras a incluir en las facturas de los beneficiarios una leyenda visible con la frase: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

El EPRE confirmó además que se mantiene el beneficio tarifario para Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, que podrán acceder al precio correspondiente al consumo base del Nivel 2 —aunque sin subsidio provincial— para la totalidad de la energía consumida.

Con estas disposiciones, el gobierno provincial busca equilibrar la aplicación de los ajustes nacionales con medidas de contención que prioricen a los hogares más vulnerables y a las instituciones comunitarias. De esta manera, Entre Ríos sostiene un esquema de asistencia que combina la adecuación de costos con un marco de protección social frente a la actualización tarifaria.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que seguirá adelante con el juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de los excedentes de Salto Grande.

La presentación, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, reafirma la demanda de la provincia por el cumplimiento del acuerdo suscripto en 1998, que fijó el esquema de distribución de dichos recursos.

Desde la firma del convenio, Entre Ríos recibió más de 495 millones de dólares, aunque la mayor parte de esos fondos fueron transferidos hasta el año 2012. A partir de entonces, las remesas se redujeron drásticamente debido a un cambio en la metodología de cálculo aplicada por el gobierno nacional.

La provincia sostiene que esa modificación significó una pérdida significativa de recursos que debían destinarse al desarrollo local.

El gobierno entrerriano remarcó que la reciente normativa nacional, que restituye el sistema original de cálculo de precios, respalda la posición de la provincia y refuerza la determinación de sostener la causa en la Corte.

“Estos fondos son claves para el desarrollo de Entre Ríos”, subrayaron desde la administración provincial, al tiempo que reafirmaron la importancia de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional.

En consonancia con los anuncios del Gobierno nacional sobre aumentos en las tarifas de energía, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó este martes un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en Entre Ríos, mediante la Resolución N° 151/25.

La medida rige desde el 1 de septiembre y ajusta los precios en función de las subas en el costo de la energía a nivel mayorista. No obstante, el gobierno provincial confirmó la continuidad de un subsidio para los usuarios más vulnerables, con el objetivo de amortiguar el impacto en los hogares de menores ingresos.

El aumento se explica por la actualización de los precios mayoristas de la energía, dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Según detalla el EPRE, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 se aplicarán los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Estos ajustes repercuten directamente en la composición final de la factura de luz.

A pesar del incremento, la resolución ratifica el subsidio provincial que beneficia a los usuarios residenciales urbanos y rurales del Segmento Nivel 2 – Menores Ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El beneficio equivale a un descuento del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), aplicable hasta un tope máximo de consumo de 300 kWh/mes.

Para garantizar la transparencia, las distribuidoras deberán incluir en la factura una leyenda destacada: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Además, el documento oficial confirma que se mantendrán los precios especiales para instituciones sin fines de lucro. Así, Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo continuarán pagando la energía al mismo precio que los usuarios residenciales de bajos ingresos, conforme a lo dispuesto en las resoluciones nacionales vigentes.

A través de la Resolución 281/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de la Nación oficializó un nuevo aumento en el precio estacional de la energía eléctrica para todo el país. La medida, que entrará en vigencia a partir del 1° de julio y se extenderá hasta el 31 de octubre, establece un incremento cercano al 2% en los valores mayoristas de potencia y energía, que repercutirá de manera directa en las tarifas finales que pagan los usuarios residenciales e industriales en todas las provincias, incluida Entre Ríos.

El ajuste se enmarca dentro del proceso de reducción de subsidios que el Gobierno nacional viene impulsando desde comienzos de año, como parte de su política de ordenamiento fiscal. La resolución fue impulsada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y avalada por la Secretaría de Energía, sin intervención de las jurisdicciones provinciales.

Desde la Gobernación de Entre Ríos se aclaró que estos aumentos no son definidos por las autoridades provinciales, sino que responden a decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que escapan al control o intervención del gobierno local.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para garantizar la continuidad del servicio, sostener las inversiones en infraestructura y proteger a los sectores más afectados por la crisis”, señalaron desde el Ejecutivo provincial, aunque admitieron que el margen de maniobra es cada vez más acotado frente al contexto nacional de recesión y recorte de transferencias.

Este nuevo incremento se suma a los ajustes ya implementados en lo que va del año, en un contexto en el que la demanda se retrae, los ingresos provinciales disminuyen y las familias enfrentan serias dificultades para afrontar los costos de servicios básicos. Las autoridades entrerrianas manifestaron su preocupación por el impacto que esta suba tendrá especialmente en hogares de bajos ingresos y pequeñas industrias, y advirtieron que seguirán informando sobre el alcance concreto que esta medida tendrá en las próximas boletas.

El Gobierno de Entre Ríos continúa solicitando a Nación que tenga en cuenta las realidades económicas y sociales de cada provincia a la hora de implementar políticas tarifarias, y reclamó una mayor coordinación federal en la toma de decisiones que afectan de manera directa la calidad de vida de millones de argentinos.

Mientras tanto, la Secretaría de Energía provincial evaluará el impacto técnico del nuevo cuadro tarifario y difundirá en los próximos días un desglose detallado de cómo repercutirá en los distintos segmentos de usuarios en el territorio entrerriano.

Un proyecto de ley ingresado este martes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone modificar el artículo 74 de la Ley Nº 8.916, que regula las funciones del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). La iniciativa, presentada por el diputado de Juntos por Entre Ríos (JxER), Jorge Maier, busca establecer condiciones más estrictas para que los municipios cobren tasas a través de las facturas de energía eléctrica, garantizando transparencia y proporcionalidad en estos tributos.

La reforma establece que las empresas concesionarias del servicio eléctrico solo podrán actuar como agentes de percepción de tasas municipales si se cumplen los siguientes requisitos:

Existencia de una ordenanza municipal: La tasa debe estar debidamente sancionada y publicada.

Identificación clara en la factura: El monto debe figurar de manera diferenciada, con su denominación y el número de la ordenanza que la autoriza.

Notificación al EPRE y la concesionaria: El municipio deberá informar formalmente el detalle del servicio prestado, su frecuencia, método de cálculo y criterios de distribución entre usuarios.

Servicio efectivo y proporcional: La tasa debe retribuir un servicio real, mensurable y ajustado a su costo real.

Maier argumentó que la redacción actual de la ley ha permitido que muchos municipios cobren tasas calculadas como un porcentaje del consumo eléctrico, lo que desvirtúa el principio de que una tasa debe corresponder a un servicio concreto. "No es lo mismo un impuesto que una tasa: esta última debe reflejar un servicio efectivo, con una relación clara entre su costo y lo que se cobra", explicó.

El legislador también criticó que, al vincular el valor de la tasa al consumo de energía, se pierde la proporcionalidad con el servicio municipal prestado, generando un efecto similar al de un impuesto indirecto. "Esto afecta especialmente a las familias y a las pymes, que terminan pagando montos desproporcionados", señaló.

Como alternativa, Maier sugirió que los municipios fijen las tasas en valores absolutos, basados en criterios como:

Zona geográfica.

Tipo de propiedad (residencial, comercial, industrial).

Superficie del inmueble.

Cantidad de usuarios.

"Este sistema sería más equitativo y previsible, alejándose de fórmulas regresivas", afirmó.

El proyecto no busca eliminar la autonomía municipal, sino regular su ejercicio para evitar abusos. De aprobarse, el EPRE y las empresas distribuidoras tendrían que ajustar sus sistemas de facturación para cumplir con los nuevos requisitos.

Maier destacó que la iniciativa "fortalece la seguridad jurídica en un contexto económico complejo, protegiendo a los usuarios y promoviendo una relación más transparente entre municipios y contribuyentes".

Desde el 1º de junio, el abogado Marcos Rodríguez Allende asumió de manera transitoria la conducción del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de Entre Ríos, tras la renuncia de Juan Domingo Zacarías, quien dejó su cargo por motivos personales, según fue anticipado por APFDigital y oficializado por el Gobierno provincial mediante decreto.

El Poder Ejecutivo provincial aceptó la dimisión de Zacarías a través de un decreto refrendado por el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en el que se dispuso que Rodríguez Allende, quien se desempeñaba hasta ahora como director jurídico del organismo, se haga cargo de la atención transitoria del EPRE hasta que se designe a un nuevo interventor de manera definitiva.

La medida fue adoptada en uso de las atribuciones que le confiere al gobernador el artículo 174º de la Constitución de Entre Ríos, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento del organismo regulador del servicio eléctrico en la provincia.

Rodríguez Allende es un reconocido abogado penalista, con una prolongada trayectoria en el ámbito judicial y político entrerriano. Es uno de los funcionarios con mayor antigüedad dentro del EPRE, dado que se desempeña como director jurídico desde la creación del ente. Su figura ha estado vinculada históricamente al peronismo, y mantiene una fuerte presencia en la esfera pública.

En su desempeño como abogado, representa judicialmente a figuras de peso político en Entre Ríos, como Juan Pablo Aguilera, y al propio Juan Domingo Zacarías, quien se encuentra investigado por enriquecimiento ilícito, causa que, según fuentes cercanas, lo llevó a dar un paso al costado del organismo; publicó Página Política

Rodríguez Allende también es el abogado defensor del ex intendente de Paraná y ex candidato a gobernador Adán Bahl, en el juicio que este mantiene contra el youtuber Eduardo Prestofelippo, y lo asesora en cuestiones jurídicas en el marco de su actual precandidatura a senador nacional.

Con esta designación transitoria, el Gobierno provincial busca mantener la operatividad del EPRE, un organismo clave en la regulación del servicio energético en Entre Ríos, mientras se evalúan los nombres para la conducción definitiva. Aunque no ocupará formalmente el rol de interventor, Rodríguez Allende estará a cargo de la toma de decisiones administrativas y técnicas esenciales para el funcionamiento del ente.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se comunicó que “la provincia continúa ocupando un lugar destacado en el ranking nacional de accesibilidad tarifaria, como resultado de una serie de medidas implementadas desde mediados de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio. El objetivo de estas políticas ha sido mitigar el impacto del costo energético tanto en los hogares como en el sector productivo entrerriano”.

Según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, en la Segmentación N°2 (hogares con ingresos menores a $1.100.267), Entre Ríos se ubica en la posición N°11 del país en cuanto a tarifas más accesibles, con un consumo promedio mensual de 265 kWh. En este grupo, el Valor Agregado de Distribución (VAD) que se paga en Entre Ríos es inferior al de otras provincias de la Región Centro, como Córdoba y Santa Fe. Este segmento representa 196.446 hogares entrerrianos.

Asimismo, en la Segmentación N°3 (familias con ingresos menores a $3.850.934), la provincia también se encuentra en la posición N°11, manteniendo un VAD más bajo que sus provincias vecinas. En este segmento se encuentran 110.705 hogares.

En lo que respecta al sector comercial, los datos de abril de 2025 muestran que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) encuadradas en la categoría T1G pagan tarifas que son un 21,82% más competitivas que en Córdoba y un 17,91% más bajas que en Santa Fe, para un consumo mensual de 500 kWh.

El Gobierno entrerriano destacó una serie de medidas adoptadas en los últimos meses que explican este posicionamiento tarifario favorable:

Congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa una porción significativa de la factura final.

Eliminación total de impuestos provinciales en la facturación del servicio eléctrico.

Subsidios específicos al VAD para los segmentos N°2 y N°3 y para las pequeñas Pymes (T1G).

Implementación de 14 programas provinciales de subsidios que alcanzan a sectores clave como educación, salud, deporte, industria, asociaciones civiles, bomberos voluntarios, jubilados, clínicas y sanatorios, entre otros.

“Estas medidas reflejan un fuerte compromiso del Gobierno de Entre Ríos con el desarrollo económico y la equidad social, en un contexto nacional desafiante”, indicaron.

“En el marco de la Resolución 36/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, se avanza en una reducción progresiva de los subsidios al Precio Estacional de la Energía (PEST), lo que encarece el costo de la energía a nivel país. A pesar de este escenario, Entre Ríos logra mantener tarifas competitivas y accesibles, cuidando el bolsillo de los ciudadanos y ofreciendo un entorno favorable para la producción y el empleo”, se remarcó desde la administración provincial, indicando además que “este desempeño desmiente rotundamente las versiones falsas que circularon en redes sociales sobre supuestas tarifas elevadas, y se reafirmó el compromiso de seguir protegiendo a los usuarios y fortaleciendo el desarrollo económico regional”.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) presentó su informe anual de actividad, en el que analiza el desempeño de los sectores productivos de la provincia durante el 2024, un año marcado por desafíos macroeconómicos, políticos y sociales que impactaron en la dinámica local. El documento destaca una mejora en la producción agrícola respecto a 2023, pero con retrocesos en ganadería, consumo y empleo, evidenciando una recuperación frágil y desigual.

Tras un 2023 con caídas en arroz, soja y maíz, el 2024 mostró una recuperación generalizada en las cosechas:

Soja: +360% interanual.

Maíz: +270%.

Sorgo: +100%.

Trigo y arroz: +12%.

Este crecimiento se explica por mejores condiciones climáticas y mayor superficie sembrada, aunque la rentabilidad del sector sigue afectada por un tipo de cambio poco competitivo, bajos precios internacionales y alta presión fiscal, lo que limita inversiones en tecnología y expansión.

El sector ganadero enfrentó un año complejo:

Bovinos: caída del 15-25% en faena, con una leve recuperación a mediados de año.

Porcinos: variación negativa al inicio, pero cierre con leve aumento.

Avícolas: sin cambios significativos.

La incertidumbre económica y costos elevados impactaron en la producción, aunque se observa una tendencia a la estabilización hacia fin de año.

Las ventas en supermercados cayeron hasta un 24% en septiembre, con una recuperación parcial en los últimos meses, pero sin alcanzar los niveles previos. Entre las causas:

Ajuste en precios relativos.

Deterioro del salario real en el primer semestre.

Cambio en los hábitos de consumo (mayor preferencia por comercio online y tiendas especializadas).

Energía eléctrica: sin variaciones significativas frente a 2023, pero con caídas del 9% (industrial) y 30% (residencial) respecto a 2022.

Patentamiento de autos: desplome del 40% en el primer trimestre por incertidumbre cambiaria, pero recuperación posterior por mejor acceso al crédito y reducción de impuestos.

Empleo privado: caída del 4% a mediados de año, con una leve mejora hacia diciembre, aunque aún 3% por debajo de 2023.

El informe del CEER concluye que, pese a cierta estabilización en el segundo semestre, la economía entrerriana sigue frágil, con baja competitividad, presión fiscal y un mercado laboral debilitado. Para asegurar un crecimiento sostenible, se requieren:

Políticas que reduzcan la carga tributaria.

Incentivos a la inversión productiva.

Reformas laborales que fomenten la formalidad.

"El 2024 fue un año de ajuste, pero la provincia necesita medidas estructurales para consolidar su recuperación", advierte el documento, subrayando que el contexto nacional sigue siendo clave para el desempeño local.

La senadora justicialista Patricia Díaz presentó un proyecto de ley que establece la disolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y la transferencia de sus competencias a la Secretaría de Energía de Entre Ríos. Entre los principales argumentos de la iniciativa se destacan la reducción de costos administrativos, la eliminación de la superposición de funciones y la garantía de una regulación más eficiente del servicio eléctrico en la provincia. La legisladora aclaró que la eliminación del EPRE no implica la desregulación del sector eléctrico.

En los fundamentos del proyecto, Díaz recordó que el EPRE fue creado en 1995 mediante la Ley Provincial Nº 8.916 como un organismo independiente para regular la actividad eléctrica en Entre Ríos. Sin embargo, tras la recuperación estatal del servicio mediante la creación de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa), el ente regulador ha perdido su justificación, ya que el Estado no requiere regularse a sí mismo.

“Actualmente, el EPRE se encuentra intervenido y sin normalizar su estructura desde hace años, lo que refuerza la necesidad de su eliminación. La Secretaría de Energía ya cumple con tareas de regulación, por lo que absorber sus funciones evitaría redundancias y optimizaría la administración pública”, explicó Díaz.

La iniciativa presentada propone:

La eliminación del EPRE como organismo autónomo.

La transferencia de sus funciones a la Secretaría de Energía para una gestión unificada.

La eliminación de la tasa de fiscalización y control que se traslada a los usuarios.

La reducción del gasto público y la eliminación de duplicaciones administrativas.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el impacto que tendría en la economía de los usuarios del servicio eléctrico. Actualmente, el EPRE se financia mediante una tasa del 1,8% sobre la facturación de los consumidores. Según la senadora Díaz, la eliminación de esta tasa permitiría una reducción en el precio final de la electricidad, aliviando el impacto de los recientes aumentos tarifarios derivados de la eliminación de subsidios nacionales.

Además, la disolución del EPRE evitaría el pago de altos sueldos y dietas de sus directores y funcionarios, lo que generaría un ahorro significativo para la provincia.

La legisladora aseguró que ningún trabajador del EPRE perderá su empleo, ya que el personal será reubicado en la Secretaría de Energía o en otras áreas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Asimismo, los bienes y activos del EPRE serán transferidos a la Secretaría de Energía, garantizando su utilización para la regulación y control del servicio sin necesidad de sostener una estructura administrativa independiente.

El Gobierno nacional autorizó este jueves un incremento del 1,7% en las tarifas de transporte y distribución de gas natural, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Esta medida forma parte del proceso de revisión tarifaria en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 9 de julio de 2025.

De acuerdo con las normativas vigentes, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/23 faculta al interventor del ente, Carlos Casares, a llevar adelante la revisión tarifaria y aprobar adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos. El objetivo es garantizar la continuidad y normal prestación del servicio público.

La actualización tarifaria responde a un pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en una nota enviada a la Secretaría de Energía señaló la necesidad de continuar con el proceso de actualización de precios y tarifas en el sector energético. Según explicó Caputo, el ajuste busca "mantener los precios y tarifas del sector en valores reales lo más constantes posibles y evitar así un proceso de deterioro que pueda amenazar su continuidad".

En ese sentido, el funcionario especificó que el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se fijó en US$3,085 por millón de BTU para los usuarios de Metrogas, uno de los valores más bajos, mientras que los clientes de Distribuidora Gas Cuyana pagarán un precio más elevado, con US$3,148 por millón de BTU.

Para los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no cuenten con subsidios, el precio PIST será de $120,18 por metro cúbico. En tanto, los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3) contarán con una bonificación del 65% y 50%, respectivamente, sobre un determinado bloque de consumo. En caso de excederse, se abonará el costo pleno por la diferencia correspondiente.

El ajuste tarifario fue aprobado para las principales distribuidoras del país, entre ellas:

Naturgy Noa

Distribuidora de Gas del Centro

Distribuidora de Gas Cuyana

Litoral Gas

Metrogas

Camuzzi Gas Pampeana

Camuzzi Gas del Sur

Gas Nea

Redengas

Asimismo, la suba también impactará en las empresas de transporte de gas, incluyendo:

Transportadora de Gas del Norte

Transportadora de Gas del Sur

Refinería del Norte

Gasoducto Nor Andino Argentina

Energía Argentina

Enel Generación Chile

Gasoducto Gas Andes Argentina

Gas Link

Transportadora de Gas del Mercosur

El Gobierno argumenta que la medida responde a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sector gasífero y evitar el deterioro de los servicios. Con la extensión de la emergencia energética hasta 2025, se prevén nuevos ajustes en las tarifas en los próximos meses.

El gobierno de Entre Ríos aseguró recientemente que la provincia se encuentra entre las mejor posicionadas en cuanto a tarifas eléctricas para los sectores de bajos ingresos, con costos aproximadamente un 10% inferiores a los de otras provincias de la Región Centro. El gobernador Rogelio Frigerio destacó que esta situación es consecuencia de diversas medidas implementadas para mitigar la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional.

Al respecto, la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, explicó el impacto del esquema de subsidios en los distintos segmentos de consumidores. Según detalló, en algunos casos el importe final de la factura podría ser menor en comparación con meses anteriores, siempre que se mantenga el mismo consumo.

Desde septiembre, el Valor Agregado de Distribución (VAD) fue congelado para todas las categorías y se implementó un subsidio del 25% para los usuarios N2 (196 mil beneficiarios con ingresos menores a un millón veinticinco mil pesos). Además, los usuarios T1G (pequeñas demandas no residenciales) recibieron un subsidio del 50% en un esquema escalonado.

La semana pasada, Frigerio resolvió que el aumento tarifario dispuesto por Nación desde el 1 de febrero, junto con la eliminación de subsidios para N2 y N3, no se trasladará a los entrerrianos. De esta manera, no habrá incrementos en las tarifas provinciales durante febrero, marzo y abril.

Zapata detalló que el nuevo subsidio para los usuarios N3 alcanzará a 110 mil beneficiarios, con una reducción del 15% en el VAD, lo que implicará una disminución del 10% en el total de la factura. Para el sector T1G, que abarca comercios, profesionales, artesanos, pymes y medianas empresas (62 mil usuarios), el esquema de subsidios se amplió, otorgando más del 50% de subsidio para consumos hasta 350 kilovatios mensuales.

Zapata confirmó que los usuarios de menores ingresos (N2) no experimentarán aumentos, mientras que el segmento N3 podría ver una reducción del 10% en su factura.

El costo de estos subsidios para la provincia oscila entre los 1.200 y 1.300 millones de pesos mensuales. Para financiarlos, se recurrirá al Fondo de Desarrollo Energético y al Fondo Compensador de Tarifas. Zapata advirtió que la situación será evaluada periódicamente para determinar su sostenibilidad.

Si bien reconoció que el congelamiento del VAD impacta en las distribuidoras de energía, sostuvo que los costos de los insumos eléctricos también se encuentran estabilizados. No obstante, admitió que las empresas enfrentan dificultades financieras y subrayó que la medida es temporal.

En cuanto a la carga tributaria sobre la factura eléctrica, Zapata señaló que es necesario un debate conjunto entre provincias y municipios. Cuestionó el impacto del IVA del 27% y resaltó la necesidad de revisar tasas municipales y otros gravámenes. La secretaria de Energía aseguró que la provincia continuará gestionando soluciones para equilibrar el costo de la energía sin desfinanciar a las distribuidoras ni afectar el consumo de los hogares y sectores productivos.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de Entre Ríos emitió una resolución que dejó sin efecto los incrementos en la tarifa eléctrica previstos para el período comprendido entre febrero y abril de 2025. La medida responde a la decisión de la Secretaría de Energía de la Provincia, que dispuso la suspensión transitoria del traslado de aumentos a los usuarios finales.

Según el documento oficial, “se establece como cuadro tarifario que deberán aplicar las distribuidoras del servicio público de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Entre Ríos, para los meses de febrero, marzo y abril del año 2025, el aprobado oportunamente por Resolución EPRE N° 215 del 4 de noviembre de 2024”. De este modo, se mantendrán los valores tarifarios anteriores, evitando el impacto de los aumentos en el costo mayorista de la energía y la reducción de subsidios dispuesta por el Gobierno Nacional.

La medida beneficiará especialmente a los hogares categorizados en los niveles 2 y 3 del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), es decir, aquellos con bajos y medianos ingresos, que suelen ser los más afectados por los ajustes tarifarios en el servicio eléctrico.

La Resolución N° 30/25, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.044, establece además que las empresas distribuidoras de energía deberán aplicar el cuadro tarifario vigente previo a los aumentos y, al mismo tiempo, dispone mecanismos de compensación para las prestadoras por la diferencia de costos. En este sentido, el interventor del EPRE, Juan Domingo Zacarías, explicó que la decisión se tomó en función de la necesidad de proteger a los usuarios en un contexto de aumentos de costos: “Ante la resolución de la Secretaría de Energía de la provincia, corresponde dictar la presente norma legal, dejando sin efecto la Resolución EPRE N° 27/25 y restableciendo la vigencia del anterior cuadro tarifario”.

Asimismo, la medida instruye a la Secretaría de Energía de Entre Ríos, en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la restitución o compensación a las distribuidoras eléctricas por la diferencia entre el costo abonado y el dispuesto por el Gobierno Nacional.

La decisión ya fue comunicada a las distribuidoras y oficializada en el Boletín Oficial.

El mandatario entrerriano explicó que, frente a la decisión del Gobierno Nacional de continuar con la eliminación de los subsidios en la energía eléctrica, la provincia ha resuelto incrementar las ayudas económicas para los usuarios afectados.

“Resolvimos incrementar los subsidios que ya veníamos otorgando a las familias que tienen ingresos de hasta un millón de pesos y también generar uno nuevo para los grupos familiares que ganan entre un millón y tres millones de pesos”, anunció Frigerio.

Asimismo, el gobernador detalló que la provincia subsidiará el 15% del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que corresponde a la jurisdicción provincial. “Nos vamos a hacer cargo con recursos provinciales y también vamos a seguir destinando muchos recursos para mejorar los subsidios que ya veníamos otorgando a las Pymes y al sector productivo”, agregó.

“Entendemos que la boleta de luz es una de las grandes preocupaciones de los entrerrianos, sobre todo en estos meses de calor, es por eso que decidimos actuar intentando amortiguar ese impacto en el bolsillo de los habitantes de esta provincia”, enfatizó el gobernador.

Al ser consultada sobre el proceso de inscripción, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, explicó que el trámite se puede realizar en cualquier momento a través de la página oficial de la Nación, que permanece abierta de manera continua.

“Es importante que cada usuario complete el registro de forma personal, teniendo en cuenta que los ingresos familiares pueden variar con el tiempo”, señaló la funcionaria.

En cuanto a los usuarios de ingresos altos y medios, Zapata indicó que la provincia no ha aumentado la tarifa eléctrica desde el 1 de septiembre y mantendrá esta política hasta el 30 de abril. “Entre Ríos absorberá la quita gradual de subsidios por parte de la Nación, que se realizará en febrero, marzo y abril”, detalló la secretaria.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca aliviar la carga económica de los hogares y sectores productivos ante los aumentos en la tarifa eléctrica derivados de la política de reducción de subsidios del Gobierno Nacional.

El dirigente justicialista Guillermo Michel expresó a través de su cuenta en la red social X su preocupación por el impacto de la actualización tarifaria dispuesta por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Según Michel, la política tarifaria implementada por el gobierno provincial constituye "un freno para el desarrollo productivo", debido a que las tarifas eléctricas en Entre Ríos han alcanzado niveles "desproporcionadamente altos" en comparación con otras provincias del país.

Michel detalló que la energía generada en la represa de Salto Grande se vende a la Nación a 12 USD/MWh, pero los entrerrianos deben pagarla de vuelta a la Nación a 65 USD/MWh. A ello se le suma el alto Valor Agregado de Distribución (VAD) fijado por el gobierno provincial en 138 USD/MWh, lo que lleva el precio final de la electricidad a 203 USD/MWh. "Este costo ubica la tarifa final en niveles similares a los de Punta del Este, Uruguay", comparó el ex funcionario nacional.

Asimismo, Michel destacó la desproporción del costo de distribución de la energía en Entre Ríos en comparación con otras provincias. Citó como ejemplos:

Formosa (REFSA): VAD de 59 USD/MWh.

Santiago del Estero (EDESE): VAD de 77 USD/MWh.

Buenos Aires (Interior): VAD promedio de 87 USD/MWh.

Entre Ríos (ENERSA): VAD promedio de 138 USD/MWh.

"Mientras en otras jurisdicciones el costo de distribución es significativamente menor, en Entre Ríos el sobrecosto en la factura de electricidad deteriora el ingreso de los hogares, frena la inversión, encarece los bienes y servicios, reduce las ventas y dificulta la generación de empleo", sostuvo Michel.

El dirigente justicialista subrayó que "la energía es el motor del crecimiento económico y del desarrollo de las economías regionales", y advirtió que la estructura tarifaria vigente "sólo contribuye a la retracción del sector productivo". Entre los efectos negativos que atribuyó a la política tarifaria actual, mencionó:

Menos inversión: costos operativos más altos reducen la rentabilidad empresarial.

Menos empleo: la caída en la actividad económica afecta la generación de puestos de trabajo.

Menos competitividad: la producción regional pierde ventaja frente a otras provincias y mercados de exportación.

Menos consumo y comercio local, por la disminución del poder adquisitivo de los hogares.

Por último, Michel instó al gobierno provincial a revisar la estructura tarifaria vigente y ajustar el costo de distribución de energía (VAD) a "valores justos y razonables". "Es imperativo que se adopten medidas que garanticen una tarifa justa y competitiva, permitiendo así el desarrollo económico de Entre Ríos", concluyó.

En una reciente entrevista con el periodista Manuel Paco Lazo, el ex senador nacional Héctor Maya anunció que está trabajando en una propuesta para reducir el costo de la tarifa eléctrica domiciliaria en Entre Ríos. Según Maya, este es un tema urgente debido a la creciente injusticia de los niveles tarifarios actuales y la necesidad de las familias entrerrianas de acceder a un servicio esencial a un precio acorde.

“Los niveles de las tarifas son elevados e injustos para las familias entrerrianas”, afirmó Maya, destacando que desde hace años la provincia ha sufrido una sobrecarga en el costo de la electricidad a pesar de ser uno de los principales generadores de energía del país, gracias a la represa de Salto Grande.

Maya recordó que, en 1984, cuando era diputado nacional, logró modificar la ley de regalías de la represa, aumentando el porcentaje del 8% al 12%, con la justificación de que la represa estaba en periodo de repago de la deuda de construcción. Sin embargo, tras más de tres décadas y con la deuda completamente saldada, el ex senador considera que es posible y necesario elevar las regalías al 50% de lo que se produce en Salto Grande. Esta propuesta ya había sido planteada por el actual gobernador Rogelio Frigerio cuando era diputado nacional en 2023.

“Lo que necesitamos es una compensación justa por la energía que producimos, ya que la política de CAMMESA ha perjudicado a los entrerrianos, modificando las tarifas de manera que no nos pagan adecuadamente ni por el excedente ni por las utilidades que la represa genera”, sostuvo Maya. Además, señaló que la actual injusticia tarifaria no solo afecta la economía de las familias entrerrianas, sino que también impide una distribución equitativa de los recursos generados por la represa.

“El lago de Salto Grande es el combustible de nuestra máquina energética, porque según su volumen y nivel se genera más o menos electricidad. Hoy, con la deuda de la represa completamente saldada, tenemos que acordar con la Nación una compensación adecuada”, agregó el ex legislador, insistiendo en la necesidad de reflotar el proyecto de Frigerio del 2023 y llevar las regalías al 50% para así reducir las tarifas domiciliarias.

Además de su propuesta sobre Salto Grande, Maya detalló una nueva iniciativa técnica para optimizar el uso de los recursos energéticos de la región. Según explicó, es posible aprovechar el agua que sale de la represa mediante la construcción de una instalación en Salto Chico, sin necesidad de grandes obras de infraestructura ni impacto ambiental.

“Es necesario retornar el agua que sale de la represa”, indicó Maya, sugiriendo que esto podría realizarse mediante el uso de pontones y con financiamiento de inversores privados a través de una licitación, similar al modelo utilizado para la construcción de Salto Grande.

En este contexto, el ex senador enfatizó la importancia de que todos los entrerrianos trabajen juntos para mejorar la situación energética de la provincia y aliviar el impacto de las tarifas en las familias. “Nuestro compromiso es con las familias de Entre Ríos, que necesitan respuestas y soluciones concretas, no palabras vacías”, concluyó Maya.