Victoria.- El Lic Marcelo Duarte (Comisario Pcpal. Jefe de la Policía Científica de la Jefatura departamental local) responsable – entre otras tareas – de llevar en forma cronológica el Mapa del Delito hizo referencia a lo ocurrido en la materia durante el 2025. Esto representa que todo hecho, especialmente robos, hurtos, y delitos contra la propiedad queden patentizados en las estadísticas de la fuerza

Entrevistado en forma exclusiva por Paralelo32 dio a conocer los datos numéricos del año pasado que dan forma al mapa del delito en la ciudad.

Según el oficial, durante el año se registraron 576 hechos entre robos, hurtos y daños intencionales. De ese total, 355 fueron esclarecidos, lo que representa un 62% de efectividad en las investigaciones. Se produjeron pocos robos a mano armada que en su mayoría fueron esclarecidos.

Desde la División van elaborando el  “mapa del delito”, el trabajo se realiza mediante la carga mensual de datos y un análisis geográfico que permite diagramar imágenes por barrios, que denominan  de “calor” (ver imagen) para detectar zonas con mayor concentración de hechos. En ese sentido, los sectores que históricamente presentaron mayor incidencia (2025) son el Primer y el Cuarto cuartel, aunque en muchos casos se trata de hurtos menores. Quedo relegada la zona correspondiente a Cortada Evita (Tercer Cuartel) que hace años fue un epicentro de mucha conflictividad.

En cuanto al robo de motos, indicaron que no se trata de una ola delictiva, sino de situaciones vinculadas a la falta de medidas de seguridad. Muchas motocicletas son dejadas sin traba, con el casco apoyado o incluso con la llave colocada. En la mayoría de los casos, los vehículos son recuperados rápidamente. “Es un tema cultural propio de la idiosincrasia del pueblo, a diferencia de otras ciudades, es muy tranquilo y la gente es muy confiada” señaló Duarte.

Desde la fuerza remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre Investigaciones, Inteligencia Criminal, Policía Científica, Comando y comisarías, y señalaron que la prevención y la responsabilidad ciudadana siguen siendo claves. “Es clave recolectar rastros y muestras papiloscópicas, en el menor tiempo posible, así como aprovechar las cámaras de seguridad públicas y privadas”.

Finalmente suministró a nuestro Semanario un cúmulo de gráficos y cuadros detallando lo antes descripto que adosamos a esta nota.

La Jefatura Departamental Paraná informó que, en el marco de una investigación llevada adelante por personal de la Sección Investigaciones, se desarrollaron en la capital entrerriana diversos procedimientos vinculados a hechos delictivos ocurridos durante el presente año, principalmente relacionados con abusos de armas.

Las tareas investigativas permitieron establecer la vinculación de los sospechosos con distintos ilícitos, identificar su modus operandi —que incluía ocultar las armas utilizadas tanto en domicilios como en vehículos— y reunir pruebas que derivaron en órdenes judiciales, autorizadas por la Fiscal Dra. María del Huerto Felgueres.

Las medidas incluyeron allanamientos y requisas en distintos puntos de la ciudad:

En este último procedimiento, los efectivos localizaron y secuestraron:

Además, se constató que el vehículo requisado tenía pedido de secuestro por hurto en la ciudad de Santa Fe, motivo por el cual también quedó incautado.

Desde la Jefatura se destacó que los operativos forman parte de un trabajo sostenido para desarticular redes delictivas vinculadas al uso de armas de fuego en la ciudad de Paraná. La investigación continúa en curso bajo directivas judiciales.

Este domingo 9 de marzo, pasado el mediodía, personal policial de la Comisaría de San Benito realizaba una recorrida de prevención cuando observó a un hombre mayor de edad caminando por la vía pública. Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto arrojó un pequeño bolso entre la maleza, lo que despertó sospechas en los uniformados.

Inmediatamente, los agentes procedieron a demorar al individuo y a verificar el contenido del bolso. En su interior, encontraron armas de fuego y sustancias ilícitas, por lo que se informó de la situación a la fiscal Mercedes Nin, a cargo de la Fiscalía de Investigación y Litigación. La magistrada dispuso la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Durante el procedimiento, se contó con la intervención de personal idóneo y se realizó el secuestro formal de los elementos involucrados, que consistieron en:

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen y destino de los elementos incautados.

Este sábado 15 de febrero, alrededor de las 10:00 horas, la sala del Comando Radioeléctrico recibió múltiples llamados telefónicos alertando sobre la presencia de dos individuos con intenciones de irrumpir en viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles Rawson y Dorrego.

Ante la denuncia, móviles del Comando se dirigieron inmediatamente al lugar, donde lograron localizar a dos hombres de 20 y 28 años. Uno de ellos tiene domicilio en la provincia de Santa Fe. De acuerdo con la información recabada, ambos sujetos habían irrumpido en al menos dos fincas, utilizando piedras y otros elementos contundentes para romper vidrios y puertas.

En el violento episodio, uno de los damnificados sufrió lesiones leves en su mano. Ante esta situación, el fiscal en turno ordenó la detención de los individuos y dispuso la intervención de personal de Policía Científica y sumariante para avanzar en la investigación del hecho.

Las autoridades continúan trabajando en el caso para determinar si los detenidos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos en la zona.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) emitió una advertencia sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza las redes sociales para captar víctimas mediante supuestas ofertas laborales relacionadas con trabajos remotos o inversiones prometedoras de altas ganancias.

La captación de las víctimas sigue patrones similares, aunque varían las estrategias de inversión ofrecidas, como la adquisición de criptoactivos o el supuesto posicionamiento en ventas de comercios electrónicos.

Las víctimas son contactadas por redes sociales o mediante mensajes en WhatsApp desde números internacionales. En ciertos casos, las estafas proponen actividades aparentemente simples, como:

Las plataformas fraudulentas aseguran que estas tareas mejorarán la reputación de los comercios y prometen una remuneración inicial.

Tras una primera compensación, las víctimas son incentivadas a realizar tareas más complejas, que incluyen la creación de cuentas en plataformas específicas y la inversión en la compra y venta de criptoactivos. Los estafadores prometen retornos extraordinarios, con ganancias de entre el 30% y el 60% del monto invertido.

Durante este proceso, las personas son guiadas por un supuesto tutor, generalmente a través de la aplicación de mensajería Telegram, quien indica los pasos a seguir. Sin embargo, los fondos enviados terminan en cuentas controladas por los estafadores, y las plataformas muestran de manera engañosa las ganancias obtenidas.

El fraude se consuma cuando las víctimas intentan retirar sus fondos y se les dan excusas como supuestos errores operativos que generan pérdidas, obligándolas a reinvertir más dinero.

La UFECI informó que varias personas afectadas por estas estafas solicitaron préstamos para invertir en estas plataformas, quedando endeudadas al no poder recuperar su dinero.

Otra variante de esta estafa involucra ofertas laborales para reconocidas marcas comerciales. Las víctimas son redirigidas a plataformas donde deben comprar insumos para luego revenderlos con una aparente ganancia. Aunque inicialmente el sistema muestra la devolución de la inversión y las comisiones, al intentar retirar los fondos, se encuentran con restricciones como haber superado un supuesto "umbral impositivo".

La UFECI insta a la población a ser precavida con las ofertas laborales o de inversión que lleguen por redes sociales o aplicaciones de mensajería, especialmente aquellas que prometen ganancias rápidas y extraordinarias.

Si alguien sospecha que ha sido víctima de este tipo de fraude, se recomienda realizar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público Fiscal o en las autoridades locales.

En un reciente informe presentado en el programa “Cuestión de Fondo” de Canal 9 Litoral, se revelaron datos polémicos sobre contrataciones en el Senado de Entre Ríos. La información pública, obtenida gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia y a un pedido de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, arroja luz sobre posibles manejos opacos y favoritismos en la administración de los recursos del Senado provincial.

El informe detalla más de 1.000 contratos en el Senado entre 2022 y 2023, con numerosos casos de familiares, amigos, y figuras reconocidas. Entre los contratados aparece Tomás Schneider, famoso por una publicidad de cerveza, junto a su hermana. Ambos son hijos de José Javier Schneider, contador involucrado en la "causa de los contratos truchos" por el desvío de millones de dólares entre 2008 y 2018.

El caso de los Schneider no es único. Varias personas contratadas en el Senado comparten vínculos familiares con figuras de la política, lo que generó críticas de clientelismo y favoritismo. Entre los nombres mencionados se encuentra el abogado y escribano Mauro Panizza, que también fue candidato por el sector de Rogelio Frigerio, y otros contratados de fuera de la provincia, como Juan Courel y su socio, ambos consultores políticos en Buenos Aires.

Como se indicó en el programa que se emite los sábados y conduce el periodista Daniel Enz, el Senado presentó la información de forma confusa, aparentemente para dificultar la interpretación pública. Los documentos incluyen datos sin orden claro y errores en los nombres que fueron corregidos de manera irregular. Algunos contratados aparecen con nombres distorsionados o inventados, como "Pedro Páramo," un personaje ficticio, o “Luis Tomo” en lugar de Luis Tomé. Estas alteraciones han generado críticas por tratarse de información pública de importancia.

La revelación generó un "tembladeral" en el interior de la provincia. Según reportes, varios legisladores evitaron regresar a sus localidades para evitar confrontaciones con ciudadanos y medios locales que exigían explicaciones. En algunas ciudades, las presiones llevaron a reacciones inmediatas, como la destitución de funcionarios que mantenían doble empleo en la Legislatura.

Dentro de los más cuestionados figuran varios legisladores y familiares de personalidades políticas, con casos que exponen favoritismo y abuso de poder. Por ejemplo, la exsenadora Flavia Maidana del PJ de Nogoyá contrató a su esposo y logró un puesto permanente para su hija, y otros familiares del senador Edgardo Kuieder también figuran en la lista de contrataciones del Senado. Además, varios legisladores de Juntos por el Cambio tienen a familiares directos como empleados en la Legislatura.

La difusión de estas prácticas dentro de la Legislatura entrerriana ha impulsado un fuerte debate sobre la transparencia en la administración pública. A medida que las revelaciones generen mayor presión social, será crucial que el Senado y la Cámara de Diputados adopten estándares de transparencia que permitan a la ciudadanía acceder a la información pública de manera clara y confiable.

En la publicación de Análisis Digital donde se aborda el tema, se detallan algunos casos de 2022-2023:

* La exsenadora Flavia Maidana (PJ-Nogoyá), del sector de José Allende, tenía contratado a su esposo César Maximiliano Lasbías y logró la planta permanente para su hija Valentina Maggio.

* Ernesto Javier Rubel, socio del senador Edgardo Kuieder en la firma Betail SA investigada por la compra de departamentos de lujo, figura con contrato en 2022 y 2023 en la vicepresidencia del Senado.

* Facundo Kueider, hijo del senador, contratado en el Senado y en la Cámara de Diputados a la vez.

* Adalgisa Jalil, esposa de Mariano Giampaolo, que es abogado, fue concejal del PJ y exdelegado del Epre Concordia, figuraba con contrato en el Senado.

* Esperanza Gloria Pujola es planta permanente del Senado desde la gestión anterior y a la vez es planta permanente de la Municipalidad de Concordia, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, afectada a la Casfeg.

* El exsenador Daniel Olano (PJ-Islas) es uno de los que más contratos suscribió por su rol de vicepresidente del Cuerpo. Olano logró colocar a dos de sus hijas en la planta del Senado. Una de ellas, Sabrina, fue intendenta de Ceibas y su padre tenía contratado a Carlos Antonio Blasich, que era secretario de Desarrollo Social de su hija.

* Gabriel Olivera, del espacio político Soberanos que supo tener como referente a Pedro Báez, era concejal en San Benito y a la vez tenía un contrato con Juan Carlos Kloss, senador por Paraná.

* Tomás Smaldone, hermano del exfuncionario urribarrista Guillermo Smaldone e hijo del ex vocal del STJ Juan Smaldone, tenía un contrato en el Senado y es empleado en Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

* Contratada también en la Presidencia del Senado estaba María Anastasia Keuchguerian, esposa del exfuncionario de Bordet -José Ostrosky- y socia de la esposa del exministro Pedro Báez en el hotel termal que tienen en Concordia.

* Renzo Treppo, hijo del exintendente de Seguí Cristian Treppo, ya en 2022 era contratado de Lautaro Schiavoni (secretario de Cámara) y finalmente quedó en planta.

* Lucio Cabrera, responsable de Comunicación de ATER, en paralelo tenía un contrato en el Senado en 2022. Es hermano de Facundo Cabrera, hombre de confianza del exgobernador Sergio Urribarri y socio en el grupo Octógono con los ex funcionarios procesados por espionaje.

* Guillermo Van Opstal, histórico funcionario de Vialidad jubilado, con contrato en el Senado en 2022 también en Vicepresidencia y, a la vez, contratado en la Municipalidad de Paraná en la gestión de Bahl.

* El exprecandidato a intendente de Paraná y actual funcionario municipal Nicolás Mathieu tenía un contrato con la Vicepresidencia del Senado en 2022 y en 2023, siendo a la vez delegado provincial del Enohsa cuando Enrique Cresto era su presidente.

* Natalio Gerdau, exsenador por Gualeguaychú y luego funcionario, tuvo a sus dos hijos contratados en el Senado: Camila Constanza y Natalio Juan Ignacio, ambos con Olano.

* El extesorero general de la provincia Gustavo Gioria que renunció en 2014 por estar involucrado en la megacausa ATER tenía un contrato en el Senado en 2023 en la Vicepresidencia.

* El exintendente de Victoria César Garcilazo (PJ) contratado en 2022 y 2023 en el despacho de Stratta.

* Guillermina Guastavino, hija del exvicegobernador Pedro “Pemo” Guastavino (PJ), tenía un contrato en el despacho de Stratta en 2023 y a la vez era funcionaria. Primero directora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Producción con Juan José Bahillo y luego lo acompañó a la Secretaría de Agricultura de la Nación al frente de la Unidad de Transversalización de la Perspectiva de Género de ese organismo nacional.

-Tomás Schneider, el joven de la publicidad de cerveza, está contratado en el Senado junto a su hermana Nerea Schneider. Ambos son hijos de José Javier Schneider, contador imputado en la causa de los contratos truchos. Desde 2008 Schneider padre se desempeñó en el Servicio Administrativo Contable de la cámara y fue desplazado luego de que se descubrieran los hechos de corrupción. Ahora trabaja en el área de Patrimonio.

* Claudia Silva, la esposa de Adán Bahl, tiene contratados a Amalia Heinitz (esposa de Ignacio La Barba) y a Sergio Fabián Gómez, dupla de publicistas autores de “El sueño entrerriano”.

* La prosecretaria de Cámara Sara Foletto, de la UCR, tiene contratado a su sobrino Fausto Foletto.

* Casiano Otaegui senador de JxER de Gualeguay tiene a la esposa del viceintendente de esa localidad, Betiana Menescardi, y al presidente de la Sociedad Rural Gualeguay y socio suyo en una empresa agropecuaria, Justo García.

* El senador de JxER Gustavo Vergara (Diamante), presidente del bloque, tiene contratada a su hija Rosario Trinidad Vergara.

* El senador uruguayense Martín Oliva, jefe de la bancada del PJ, tiene contratados a Cristina Gallego, prosecretaria del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay y jubilada de la UTN; a Antonio Bernhart, director de Ceremonial del gobierno local; a Mariano Bonnín, secretario de la comuna de Rocamora y asesor jurídico de Líbaros, San Marcial y Las Moscas; Priscila Pusch, empleada del Hospital Urquiza; Rocío García, coordinadora de Asuntos Jurídicos del municipio; y Eros Barsotti; coordinador de Juventud del gobierno local.

* En la Prosecretaría está contratado Marcelo Meda, presidente del PRO Gualeguay que además es asesor en el Ente Región Centro.

* El senador Juan Diego Conti (PJ-Tala) tiene contratado a un concejal de Maciá, José Mariano Stegbañer.

* Hasta 2023 estaba con contrato de servicio el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, recientemente condenado en juicio abreviado por sobreprecios en obras públicas en su localidad.

* Patricia Díaz (PJ-La Paz) tiene contratado a Carlos Guillermo Reggiardo (que es también funcionario en el municipio de Santa Elena y ejerce como abogado) y es contratada de servicio a partir de 2024 la madre de Reggiardo, Irma Liliana Werbrauck. La señora es docente en uso de licencia y está a la espera de su jubilación. También con Patricia Díaz tiene un contrato Daniela Denise Rossi, de 25 años, hija de la senadora y del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). La sobrina de la senadora provincial, Ariana Tonina, también tiene contrato con el Senado y a la vez cumpliría funciones en el IOSPER.

* La senadora Nancy Miranda (PJ-Federal) tuvo en 2022 a su esposo Mario Hernán Rivarola, a la vez coordinador de Juntas y Comunas del Departamento. Tiene contratada a Giovanna Vallejos Rodríguez, que es su nuera, y a tres de sus hijos: Nancy María Belén Heinz, Jesús Germán Heinz y Sofía Isabel Heinz, dos de los cuales son también empleados del Iosper.

* La senadora Gladys Domínguez (PJ-Feliciano) tiene contratados a su esposo Carlos Muzachiodi y sus dos hijos: Lucio Agustín Muzachiodi y María Florencia Muzachiodi.

La Jefatura Departamental de Victoria anunció el análisis y resultados del Mapa del Delito correspondiente al mes de septiembre, en un informe en el que se detallaron los logros alcanzados en el trabajo conjunto de las áreas de Operaciones y Seguridad, Investigaciones y Criminalística. “Estos esfuerzos han permitido implementar una estrategia de prevención y respuesta rápida a los incidentes, mostrando una tendencia alentadora a la baja en el índice delictivo y un porcentaje de esclarecimiento de casos que alcanza el 65%”, indicaron.

De acuerdo con los datos recabados, se registró un promedio de 1,56 hechos delictivos por día durante el mes. Además, los operativos denominados "Barrios Seguros" —que implican despliegues policiales en distintas zonas para prevenir delitos— han sido claves para reducir la frecuencia de ilícitos y mejorar la seguridad en toda la ciudad.

Desde el comienzo del año hasta la fecha, las estadísticas reflejan una disminución sostenida en el número de delitos cometidos, un dato que la Jefatura de Victoria atribuye a la planificación estratégica de operativos y a la colaboración activa de la comunidad. “Instamos a la sociedad a seguir trabajando en conjunto con nuestra fuerza de seguridad. Agradecemos cada llamado a la línea de emergencias 101 y el contacto con las dependencias policiales de cada jurisdicción, ya que es fundamental para la prevención y la pronta resolución de los hechos delictivos,” informaron desde la Jefatura.

la Policía Federal Argentina, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, ha desmantelado una red dedicada a la adulteración de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos. El operativo, llevado a cabo por la División Antifraude de la PFA, tuvo lugar en la localidad de Rincón de Nogoyá, departamento Victoria.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia presentada por directivos de una empresa agrícola afectada ante la Fiscalía Federal de la Ciudad de Victoria, a cargo de la Dra. Roxana Elizabeth Luggren. La investigación meticulosa realizada por las autoridades permitió identificar a los responsables del delito y recopilar pruebas sólidas que llevaron al allanamiento del lugar donde se encontraban los productos falsificados.

El depósito ubicado en la Ruta Provincial N°11, kilómetro 148, fue el epicentro del hallazgo. Allí, los agentes federales descubrieron 390 cajas que albergaban un total de 1.530 bidones de agroquímicos, todos ellos con la marca de una empresa reconocida, víctima de esta maquinación fraudulenta.

Lo más preocupante es que, tras un análisis preliminar, se determinó que algunos de estos bidones tenían fechas de vencimiento adulteradas, mientras que otros portaban etiquetas falsificadas con un líquido en su interior que simulaba ser el agroquímico original, o de calidad inferior. Este engaño, calculado en unos 150 mil dólares, no solo representaba un fraude económico, sino también un riesgo para la salud y el medio ambiente.

Los gerentes y empleados del lugar fueron notificados de la causa y quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones. Además, en el marco de la colaboración interinstitucional, personal del Departamento Delitos Ambientales de la PFA participó en el operativo, tomando muestras del material incautado para realizar análisis y peritajes pertinentes.

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad en las zonas rurales, la vicegobernadora Alicia Aluani encabezó la presentación del programa provincial destinado a la prevención de delitos en la Sociedad Rural de Nogoyá. Acompañada por el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia; el senador Rafael Cavagna; y el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, Aluani subrayó la importancia de esta iniciativa para garantizar la tranquilidad de quienes trabajan y residen en el ámbito rural.

En sus palabras, Aluani resaltó la necesidad de implementar estrategias efectivas que eviten situaciones delictivas en estas áreas, asegurando un entorno propicio para el desarrollo y el progreso: "Todo concluye para que tengamos un transitar en donde no tengamos los problemas de salir a trabajar o que las personas que están en las zonas rurales puedan ir a sus puestos de trabajo y encontrarse con gente que no quiere que progrese ese lugar".

Asimismo, la vicegobernadora enfatizó la importancia de la colaboración entre diferentes entidades y la acción directa en el territorio para abordar las problemáticas de manera efectiva: "Todos queremos ver en el mismo lugar donde suceden las cosas, no desde un ámbito centralizado, sino ir hacia las periferias y ver cuáles son las problemáticas porque es la mejor manera de resolver los problemas".

Por su parte, el ministro Roncaglia detalló los objetivos del programa, orientado a brindar seguridad y tranquilidad en las zonas agrícolas y ganaderas de la provincia: "Queremos una provincia pacífica en cuanto a los delitos rurales, que desistan de esta acción y la presencia explícita de la policía lleve tranquilidad".

Roncaglia también informó sobre el inicio del programa en la localidad de Feliciano hace una semana y aseguró que se mantendrá una presencia constante de efectivos policiales dedicados a la prevención en toda la provincia.

La presentación contó con la participación de autoridades locales, entre ellas el jefe de Policía Claudio González, el director de Prevención de Delitos Rurales, César Primo, y el jefe zonal de Vialidad, Mario Lupi, quienes destacaron el compromiso conjunto para garantizar la seguridad en las áreas rurales.

En una acción conjunta de la Jefatura Departamental, encabezada por el Jefe Departamental y el Jefe de División Operaciones y Seguridad, se llevó a cabo el operativo "Barrios Seguros" este miércoles 10 de enero en los barrios San Roque y Urquiza, así como en puntos de operativos rotativos para la identificación vehicular.

Durante el operativo, que tuvo lugar entre las 18:30 y 20:00 horas, se logró identificar a un total de 14 personas, marcando así un paso significativo en la estrategia de seguridad implementada por las autoridades locales. Además se realizó el traslado de un masculino al Hospital Colonia de Salud Mental. Esta acción se llevó a cabo debido a un pedido de localización relacionado con su estado de salud mental.

Simultáneamente, se realizaron tres retenciones de motovehículos por diversas infracciones a la ley de tránsito. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial en la jurisdicción, garantizando un entorno más seguro para los residentes y visitantes.

Sin embargo, el desarrollo del operativo no estuvo exento de sorpresas. Durante las acciones de patrullaje y control, se tomó conocimiento de un hecho ilícito en un local comercial de ropa. En respuesta inmediata, las autoridades procedieron al traslado de dos personas, una mayor de edad (39) y un menor (15), quienes fueron identificados como partícipes del ilícito.

En una muestra de colaboración entre la Sección de Investigaciones Antidrogas "Rosario" y el Escuadrón 46 "Rosario - Victoria", se llevó a cabo un operativo exitoso en el Peaje General Lagos, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9. La operación conjunta, que contó con la participación de la AFIP-DGA y la Prefectura Naval Argentina, tuvo como resultado la detección y confiscación de 56 kilos 514 gramos de cocaína, ocultos hábilmente en un camión proveniente de Bolivia con destino al Mercado Central de Buenos Aires.

El operativo se desencadenó cuando los agentes de la Sección de Investigaciones Antidrogas "Rosario" y el Escuadrón 46 "Rosario - Victoria" llevaron a cabo un control de vehículos en el mencionado peaje. Durante la inspección, se identificó un camión cuya documentación y estado del transporte presentaban anomalías, lo que justificó la intervención de la AFIP-DGA y la Prefectura Naval Argentina.

Bajo la supervisión del Magistrado interviniente, se procedió a la apertura de precintos y al uso del Scanner para una inspección más detallada. La sorpresa llegó durante la minuciosa revisión física, cuando los gendarmes descubrieron 53 paquetes de cocaína cuidadosamente ocultos entre cajas de bananas en el interior del camión.

Las acciones legales correspondientes fueron ejecutadas con celeridad, culminando con el secuestro del estupefaciente. El conductor del vehículo, un ciudadano argentino de edad avanzada, fue detenido en carácter de incomunicado.

Desde el Ministerio de Seguridad, se destacó la importancia de este operativo como un ejemplo del trabajo y compromiso inquebrantable de las Fuerzas de seguridad Federales en la lucha contra el crimen organizado. Se resaltó la labor incansable, incluso en días festivos, para mantener la seguridad en las rutas y fronteras del país.

El polémico mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei provocará cambios sustanciales en innumerables aspectos de la vida económica de la gente, desde la forma de alquilar hasta el sistema de salud, con epicentro en el costo prácticamente impagable que pasarán a tener los servicios de financiamiento de la salud que brindan las empresas de medicina prepaga.

En su decisión de ir hacia un economía de libre mercado a como dé lugar, con un giro de 180 grados respecto de las políticas aplicadas por el kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años, Milei busca provocar no sólo un fuerte cambio económico, sino también "cultural", según asegura cada vez que puede.

El DNU 70/2023 -titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía argentina"-, apunta a la desregulación de la economía a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.

Tras desatar innumerables polémicas y temores entre las familias en medio de una disparada descomunal de precios que ya había empezado con Sergio Massa al frente de la economía (¿y del país?), el decreto entra en vigencia en el primer segundo de este sábado, según el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Los cambios regulatorios incluidos en el decretazo de 366 artículos, son mayúsculos: deroga la ley de alquileres, introduce cambios en recetas médicas, permite la acreditación del sueldo en billeteras digitales, simplifica la compra-venta de autos y permite a los bancos cobrar intereses sin tope sobre el saldo deudor de las tarjetas de crédito.

En el Capítulo I del DNU, el Poder Ejecutivo introdujo cambios al Código Civil. Deroga dos artículos sancionados en 2015 y dispone que el que tome obligaciones en dólares, deberá pagar en esa moneda.

Estas medidas de desregulación son acompañadas por un "plan de estabilización de shock" ortodoxo, que sorprende a propios y extraños por su magnitud, y que como efecto inmediato prácticamente eliminó la brecha cambiaria, que según especialistas de distintas corrientes ideológicas, es la gran causa de que no lleguen inversiones extranjeras a la Argentina.

Las medidas también están acompañadas por un intento de sanear el casi quebranto del Banco Central, que si bien está recomponiendo reservas a pasos agigantados, aún tiene un enorme volumen de deudas.

Fuentes del kirchnerismo duro confían en que algún magistrado frene la entrada en vigencia del decreto aceptando los distintos pedidos de amparo que circulan por los tribunales de Comodoro Py.

En su defensa del decretazo, Milei dijo que con la derogación de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario volverá gradualmente a funcionar".

El DNU deroga la Ley de Abastecimiento (sancionada por Juan Domingo Perón) y la Ley de Góndolas, que intentaba regular la exhibición de productos en los supermercados.

En el caso de las tarjetas de crédito, los consumidores deberán prestar mucha atención a los intereses que les cobran cada vez que se retrasan en un pago.

Es que el DNU elimina los topes existentes a los intereses, pero indica que la entidad emisora deberá "obligatoriamente" dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.

Para quienes están endeudados con las tarjetas será muy complicado de aquí en más. Es que Milei derogó el artículo que fijaba topes a los intereses punitorios, los que rigen si la persona no llega a saldar ni siquiera el pago mínimo, por los atrasos en la cancelación del resumen.

El DNU modifica el artículo 766 Código Civil y Comercial y establece que el deudor "debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene". Por eso la canciller Diana Mondino dijo que "se podrán pactar contratos en Bitcoin, y también cualquier otra cripto y/o especie, como kilos de novillo o litros de leche".

Hasta este jueves, por una normativa del Ministerio de Trabajo desde 2020, los salarios sólo pueden pagarse en una cuenta bancaria o en efectivo. A partir de ahora, por el contrario, el DNU abre la puerta para que los empleadores puedan comenzar a acreditar los haberes en billeteras digitales.

El decretazo también desreguló la medicina prepaga, donde las empresas ya avisaron a sus afiliados que habrá incrementos del 38% al 42% con la cuota a pagar en enero. ¿Y otro 40% en febrero?

El decreto modifica además la ley de Obras Sociales. Desde ahora, los aportes se podrán derivar a cualquiera de las 300 que existen, y por supuesto también seguir haciéndolo a una prepaga. El DNU quita la obligación de "triangular" pasando por una obra social de convenio con la prepaga en cuestión.

El decreto modifica la ley 25.649 de especialidades medicinales. Desde ahora, el médico queda obligado a prescribir por droga genérica del medicamento, por lo que la marca del remedio que el paciente adquiera surgirá de su conversación con el farmacéutico.

También se busca migrar a la receta electrónica, a los fines de lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos".

En cuanto a las farmacias, el decreto de necesidad y urgencia cambia el artículo 1, que si bien dice que los remedios sólo se pueden vender en farmacias habilitadas, ya no contiene la parte que afirmaba que la venta de medicamentos "fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia", con consecuencias penales.

Uno de los componentes del decreto que viene generando más polvareda es la reducción de las indemnizaciones por despido.

El decreto aclara que la base de cálculo de la indemnización "no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual".

Esto dejaría afuera, por ejemplo, contabilizar beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

En este marco, en el mercado laboral regirá la extensión del período de prueba, que sube de de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso. 

También eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.

El DNU establece un indemnización "alternativa" inspirada en el sistema de la construcción. "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable", señala.

El mega decreto busca simplificar los trámites para poder comprar un auto. Milei defendió especialmente este punto al recordar que hasta ahora comprar o vender un auto requería 12 trámites y los "gestores" se llevaban hasta el 6% del precio del rodado, el más caro de toda la región.

Uno de los objetivos principales de la medida es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo. Esto quiere decir que el dueño tendrá tantos dominios únicos como autos tenga, y las patentes estarán unidas al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Aerolíneas Argentinas es una de las 41 empresas del Estado que ingresaría en proceso de posible privatización.

En este caso, el DNU empieza a hacer lugar a la cesión del paquete accionario total o parcial de la “aerolínea de bandera”.

Este lunes por la tarde, agentes de la Comisaría Crespo lograron el secuestro de diversos objetos denunciados como robados por dirigentes de básquet del Club Progreso de Santa Elena. Los elementos fueron sustraídos en la madrugada del domingo mientras se encontraban en un predio del Club Unión de Crespo, donde los jóvenes se habían reunido para un evento deportivo programado para el fin de semana.

La investigación, a cargo del personal de la Sección de Investigaciones, se inició tras la denuncia presentada el domingo por los afectados. Las pesquisas se intensificaron al observarse a través de una cámara de vigilancia la presencia de un individuo conocido en el ámbito delictivo, merodeando la zona donde ocurrió el robo.

La identificación de este sujeto los condujo al domicilio ubicado en el Barrio Salto, donde los efectivos policiales dialogaron con la madre del individuo, actualmente residente de Crespo siendo procedente de la ciudad de Diamante. La mujer fue informada de la situación y, de manera voluntaria, entregó diversos elementos que habían sido sustraídos, entre ellos: tres mochilas, dos pares de zapatillas deportivas de las marcas Adidas y Nike, tres remeras y dos shorts de básquet pertenecientes al Club Progreso de Santa Elena, así como varias prendas de vestir, un D.N.I., tarjetas bancarias y otros objetos de valor.

En coordinación con la Dra. Carolina Guzmán, la autoridad judicial a cargo, se dispuso la entrega de los elementos recuperados a sus legítimos propietarios. Respecto al individuo implicado en el robo, se encuentra supeditado a las disposiciones de la causa judicial en curso, quedando a la espera de las resoluciones pertinentes; informaron desde la Comisaría Crespo a Paralelo 32.

Durante los últimos años, la provincia de Entre Ríos ha sido testigo de una preocupante pérdida de sus bosques nativos debido a los desmontes. Entre los años 2016 y 2020, se estima que se perdieron en promedio entre 2.300 y 3.500 hectáreas de bosques por año. Sin embargo, el año 2021 marcó un triste récord, con la pérdida de 9.024 hectáreas debido a la deforestación en Entre Ríos.

La zona más afectada por estos desmontes se encuentra en el centro-norte de la provincia, específicamente en los departamentos de Feliciano, La Paz y Federal. Estos datos alarmantes revelan una situación crítica que requiere una atención inmediata.

Lo más preocupante es que la cantidad de hectáreas desmontadas es mayor que las extensiones que son efectivamente sancionadas y fiscalizadas por los procedimientos oficiales. Esto indica que existe un problema de control y regulación en la provincia, lo que permite que los desmontes se lleven a cabo sin las medidas necesarias para su conservación.

El doctor Pablo Aceñolaza, Investigador del Conicet y profesor de Forestales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ha analizado esta situación y ha encontrado patrones interesantes. Según Aceñolaza, la tasa de desmonte no es lineal, sino que ocurre en pulsos. Estos pulsos están relacionados con el precio de la soja, uno de los principales cultivos de la región. Los momentos de mayor desmonte coinciden con épocas en las que el precio de la soja es elevado, lo que aumenta el interés por convertir tierras forestales en áreas cultivables. Por el contrario, cuando el precio de la soja disminuye, la tasa de desmonte también disminuye.

Sin embargo, el experto advierte sobre un aspecto que a menudo pasa desapercibido: la importancia de considerar las etapas intermedias del bosque nativo. El monte no debe ser visto simplemente como existente o inexistente, sino que pasa por procesos de recuperación de desmonte o degradación en montes que son parcialmente conservados. Esta degradación es mucho más difícil de detectar y evaluar que el desmonte en sí mismo. A diferencia de los desmontes, que pueden ser monitoreados con herramientas tecnológicas en tiempo casi real, es más complicado determinar el grado de degradación del monte, la extracción de leña, la pérdida de biomasa o vegetación, o la degradación causada por la carga excesiva ganadera o el mal uso del pasto.

Es esencial que las autoridades y la sociedad en su conjunto tomen conciencia de la importancia de conservar los bosques nativos en Entre Ríos. Estos ecosistemas albergan una gran biodiversidad y desempeñan un papel crucial en la regulación del clima y la protección del suelo. Es necesario implementar políticas efectivas de control y fiscalización para detener la pérdida acelerada de bosques y promover su conservación. La preservación de estos recursos naturales no solo es un deber para las generaciones presentes, sino también para las futuras, que merecen heredar un entorno rico y equilibrado.

Si bien las tareas de desmontes siguen en varios sectores de la provincia, hay métodos que posee el Estado que buscan detectar (con la mayor prontitud posible) las talas. Sin embargo, coinciden distintos profesionales consultados que no siempre se llega a tiempo.En cuanto a dispositivos tecnológicos, la Nación y la Provincia poseen herramientas de control y relevamiento del monte nativo. En tanto, desde el CONICET local también se está trabajando en un proyecto que, confían, pronto pueda estar funcionando.

El investigador explicó en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que Entre Ríos posee 1,4 millones de hectáreas de monte denominado “Del Espinal”. “La tasa de deforestación o de pérdida constatada por Ambiente de la Nación, es de aproximadamente entre el 0,5 y 1 por ciento por año. Uno puede decir que es bajo, pero no lo es: En diez años es haber perdido entre el 5 y el 10 por ciento de lo que nos está quedando del monte nativo. Y, encima, lo que queda es monte que está degradado, y ahí se debe trabajar mucho”.Traducido el cálculo al que hace referencia Aceñolaza, estaríamos hablando que Entre Ríos podría estar perdiendo más de 7 mil hectáreas de monte nativo por año.Por su parte, la organización internacional Greenpeace (una de las entidades más respetadas en el mundo), publica en su informe 2022 sobre deforestación, un cuadro sobre “Pérdida de Tierras Forestales” en todas las provincias argentinas.Dicho trabajo detalla que estos últimos años (de 2016 a 2020), se han perdido en promedio en nuestra provincia entre 2.300 y 3.500 hectáreas de bosques nativos por año. Y en 2021, la estadística hace un pico de 9.024 hectáreas perdidas por deforestación en Entre Ríos.

“El Estado muchas veces no tiene todas las herramientas. Posee una serie de problemas estructurales que no le permite llegar a tiempo y obtener un resultado final de evaluación que logre frenar un desmonte, o solicitar una recomposición del daño. Esto sucede porque hay poca gente en los entes gubernamentales, y porque esos entes no poseen una estructura de financiamiento que no le da autarquía y cuando esos entes necesitan recursos, les cuesta mucho”, indicó Aceñolaza al programa “Cuestión de Fondo”.“En el momento que se produce un desmonte, hay que mover un vehículo de inmediato, llevar tres personas, contar con personal policial, un drone y demás herramientas que puedan obtener información que luego sea utilizada por la justicia para determinar si el daño ambiental fue ese o no. También sucede que hay miles de situaciones en las cuales se pudo comprobar que no hubo desmonte de bosque nativo”, explicó Aceñolaza.

Victoria.- Un abastecedor de pescado de apellido Camejo, denunció a los hermanos Leandro y Walter Núñez por supuesta agresión y otros delitos. Tras llegar lastimado al hospital Salaberry el viernes 19, el médico de guardia cumplió con su deber de dar aviso a la Policía, que se hizo presente y le tomó una primera declaración, que fue incriminatoria. Juan Carlos Camejo (34) dijo que en ocasión de transportar pescado para los Núñez en su camioneta Fiat Fiorino (al parecer tiene relación de dependencia con la firma), fue agredido por el acopiador y que “estando arrodillado, recibió golpes con un palo que se rompió en su espalda y que fue rociado con una hidrolavadora. También afirmó que en esas instancias Walter Nuñez (abogado) lo estaba filmando con un teléfono”, adelantó ese día el colega Roberto Caminos.

Sin embargo el hombre se presentó dos días después en Jefatura de Policía para una retractación, declarando en su contra, ya que no solo se desdijo sino que manifestó haber sido él quien provocó a uno de los Núñez y desató una pelea con el nombrado. “Me calenté y empecé a pegarle (…) por lo que no quiero iniciar ningún tipo de acción penal contra estas personas”, declaró, pero, para el fiscal Yedro existió la posibilidad o la evidencia de que esta segunda declaración fuera hecha bajo amenaza y ordenó un procedimiento en busca de elementos probatorios para la declaración inicial y tomó medidas preventivas.

La carátula de la causa ayuda a entender un poco más el alcance de este hecho: “Privación ilegal de la libertad calificada, amenaza agravada, hurto, y lesiones leves”. Ya que para detener a una persona hay dos justificaciones posibles: una es la fuga, la otra: el entorpecimiento de la causa. 

El fiscal ordenó la detención y allanamiento de tres domicilios de la familia, y el secuestro del celular con el que supuestamente se habría filmado tal agresión, dado que el denunciante acudió a la guardia del hospital ante las lesiones recibidas y esto habilitó el curso legal de las averiguaciones. 

Walter Núñez es abogado y hasta 2022 fue el presidente de la Cámara de Turismo de Victoria, hecho que en más de una ocasión lo ha tenido en estas páginas como entrevistado y referente de temas de actualidad, sean de la índole turística como su particular interés en la explotación del borde costero, zona Playa Alta, que logró luego recibir una inicial explotación precaria. De menor exposición, pero igual protagonismo, su hermano Leandro. Por lo pronto, ambos acusados están preventivamente privados de su libertad y representados por un letrado local. Según fuentes judiciales recuperarían su libertad el viernes 2 de junio, a menos que algún recurso presentado por el defensor reduzca ese plazo.

Este sábado se realizaron multiples allanamientos en los departamentos de Federación, Paraná y Diamante, de la provincia de Entre Ríos.

Estos allanamientos los realizó el personal especializado de la Aduana  de los siguientes departamentos: Concordia, Paraná, Diamante y de la Dirección Regional Aduanera Hidrovia.

La orden ha sido impartida por la Jueza Dra. Analia Ramponi, Juzgado Federal de Concordia, por infracción a ley 22415.

Como resultado de los mismos se interdictaron más 2100 cubiertas por un valor en plaza de $ 88.000.000.

En dichos allanamientos colaboraron en calidad de auxiliar de la fuerza pública distintas fuerzas federales.

Ante denuncias de usuarios por llamadas a teléfonos fijos y/o celulares de parte de supuestos empleados de Enersa que se contactan con el fin de brindar información falsa y obtener datos personales, la distribuidora de energía eléctrica en la provincia aclaró que las llamadas que Enersa puede eventualmente efectuar son convenidas de antemano.

En este sentido aseguraron que los llamados sólo se realizan luego de haberse generado una instancia previa de comunicación del usuario con la Empresa, y en ningún caso se solicita información sensible o de índole personal”.

No obstante, Enersa pidió a sus usuarios que ante cualquier duda o sospecha sobre la llamada recibida, se comunique con el S.A.T.I. (Servicio de Atención Telefónica Integral 0800 777 0080) para constatar su veracidad.

Victoria.- En zona del segundo cuartel se llevó a cabo ayer viernes 19 de mayo un allanamiento por narcomenudeo  donde trabajaron personal de la División Toxicología junto a la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental Victoria en el marco de una investigación por infracción a la ley de estupefacientes (Ley N° 23.737).

La investigación dirigida por la unidad fiscal local y medida autorizada por el juzgado de garantías dejo como resultado la detención de una mujer de 42 años y un joven de 23, y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000), celulares y una moto 110 cc, además de elementos de interés vinculados a la investigación.