Victoria.- El Lic Marcelo Duarte (Comisario Pcpal. Jefe de la Policía Científica de la Jefatura departamental local) responsable – entre otras tareas – de llevar en forma cronológica el Mapa del Delito hizo referencia a lo ocurrido en la materia durante el 2025. Esto representa que todo hecho, especialmente robos, hurtos, y delitos contra la propiedad queden patentizados en las estadísticas de la fuerza

Entrevistado en forma exclusiva por Paralelo32 dio a conocer los datos numéricos del año pasado que dan forma al mapa del delito en la ciudad.

Según el oficial, durante el año se registraron 576 hechos entre robos, hurtos y daños intencionales. De ese total, 355 fueron esclarecidos, lo que representa un 62% de efectividad en las investigaciones. Se produjeron pocos robos a mano armada que en su mayoría fueron esclarecidos.

Desde la División van elaborando el  “mapa del delito”, el trabajo se realiza mediante la carga mensual de datos y un análisis geográfico que permite diagramar imágenes por barrios, que denominan  de “calor” (ver imagen) para detectar zonas con mayor concentración de hechos. En ese sentido, los sectores que históricamente presentaron mayor incidencia (2025) son el Primer y el Cuarto cuartel, aunque en muchos casos se trata de hurtos menores. Quedo relegada la zona correspondiente a Cortada Evita (Tercer Cuartel) que hace años fue un epicentro de mucha conflictividad.

En cuanto al robo de motos, indicaron que no se trata de una ola delictiva, sino de situaciones vinculadas a la falta de medidas de seguridad. Muchas motocicletas son dejadas sin traba, con el casco apoyado o incluso con la llave colocada. En la mayoría de los casos, los vehículos son recuperados rápidamente. “Es un tema cultural propio de la idiosincrasia del pueblo, a diferencia de otras ciudades, es muy tranquilo y la gente es muy confiada” señaló Duarte.

Desde la fuerza remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre Investigaciones, Inteligencia Criminal, Policía Científica, Comando y comisarías, y señalaron que la prevención y la responsabilidad ciudadana siguen siendo claves. “Es clave recolectar rastros y muestras papiloscópicas, en el menor tiempo posible, así como aprovechar las cámaras de seguridad públicas y privadas”.

Finalmente suministró a nuestro Semanario un cúmulo de gráficos y cuadros detallando lo antes descripto que adosamos a esta nota.

El economista Miguel Ponce analizó la coyuntura económica y política de la Argentina y alertó que los recientes escándalos de corrupción en el gabinete nacional están teniendo un fuerte impacto en la imagen internacional del país, además de profundizar la incertidumbre interna.

En diálogo con Debate Abierto, Ponce sostuvo que el escenario electoral se presenta complejo, con un posible alto ausentismo en las urnas y una inminente devaluación, que podría concretarse antes o después de las elecciones de octubre, según los resultados en la provincia de Buenos Aires y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras regresar de Europa, donde participó en reuniones vinculadas al acuerdo Unión Europea-Mercosur, Ponce aseguró que recibió llamados de cámaras empresarias y centros de estudio que manifestaron desconcierto por los escándalos actuales.

“Hoy el protagonismo de la Argentina en los portales europeos no se debe a cosas buenas, sino al escándalo de corrupción, que incluso generó más impacto que la criptoestafa anterior”, señaló.

Este contexto, advirtió, ralentizó el proceso de negociación con la Unión Europea, que esperaba avances más rápidos.

En el plano doméstico, el economista consideró que los hechos de corrupción profundizan una situación ya deteriorada. “Es la peor semana para el Gobierno desde el inicio de su mandato”, afirmó, al describir una recesión marcada por cierres de comercios —con 50 pymes por día— y negocios vacíos, en contraste con el discurso oficial de reactivación y récord de crecimiento.

Ponce también destacó que la inseguridad volvió a posicionarse como la principal preocupación ciudadana, por encima del empleo, lo que refleja el descontento social.

Respecto de la política económica, criticó la defensa presidencial de la salida de las Lefis (Letras de financiamiento), asegurando que no tiene respaldo técnico y que generó tasas que sofocan la economía real.

Dividió el período hasta fin de año en tres etapas y dudó de que el Ejecutivo logre sostener el actual esquema de “siga-siga”. Subrayó que el debate no es si habrá o no una devaluación, sino qué magnitud tendrá, dado que el FMI exige corregir el atraso cambiario, dejar de intervenir en el mercado de futuros con dólares del organismo y comenzar a acumular reservas.

En el plano político, Ponce planteó la posibilidad de que las elecciones registren el mayor nivel de ausentismo en la historia reciente, incluso por debajo del 50%. Si bien no precisó quién podría beneficiarse de ese escenario, sugirió que favorecería a las estructuras con mayor capacidad de movilización territorial, como intendencias y gobernaciones.

También remarcó que la dinámica de la campaña cambió: mientras que antes las redes sociales impulsaban el crecimiento de La Libertad Avanza, ahora las protestas en actos oficiales —como las de familiares de personas con discapacidad, indignados por recortes y denuncias de corrupción— están cobrando protagonismo.

Finalmente, Ponce apuntó al rol de Karina Milei, cuya imagen negativa rondaría el 70%, y señaló que su presencia en actos oficiales genera reacciones adversas, como ocurrió en Corrientes.

“El impacto electoral de esta indignación, sumado a la realidad económica cotidiana, es una noticia en desarrollo”, concluyó.

El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, sorprendió con un contundente mensaje en su cuenta de la red social X, donde planteó la necesidad de crear una "Conadep de la Corrupción" en Entre Ríos para investigar dos décadas de presuntos actos ilícitos en organismos clave de la provincia.

“Es hora de investigar 20 años de saqueo en el Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Tribunal de Cuentas, Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), los contratos truchos, Instituto del Seguro, Vialidad y más”, escribió Rossi, quien además instó a la participación de diversos sectores políticos.

En su mensaje, Rossi convocó a actores de diferentes frentes políticos, incluyendo a Rogelio Frigerio y su espacio, La Libertad Avanza, y “peronistas decentes que fuimos perseguidos por enfrentar 20 años de impunidad y corrupción”. El planteo busca dar forma a una comisión de investigación similar a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero enfocada en casos de corrupción.

El posicionamiento de Rossi llega en un momento marcado por diversas causas judiciales contra exfuncionarios y referentes del Partido Justicialista en Entre Ríos. Entre ellos, el exgobernador Gustavo Bordet y el exsenador Edgardo Kuider enfrentan investigaciones judiciales; mientras que Sergio Urribarri, también exgobernador, tiene condenas por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura, también está acusado de enriquecimiento ilícito.

Rossi, por su parte, no está ajeno a la polémica. El intendente y exvicegobernador tiene antecedentes judiciales, con una condena cuya revisión está pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y causas en trámite.

Las declaraciones de Rossi coinciden con la reciente intervención del Iosper dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio. Los interventores, Mariano Gallegos y Marina Alegre, revelaron en una conferencia de prensa que la situación de la obra social es “mucho peor de lo que esperábamos”. Según indicaron, los primeros resultados de la auditoría reflejan irregularidades significativas.

“La intervención sólo conocía la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo”, señaló Gallegos, refiriéndose a las dificultades administrativas y financieras que atraviesa el instituto.

Además, las denuncias que Rossi presentó contra los expresidentes del Iosper, Silvio Moreyra y Fernando Cañete, por supuestos perjuicios a la obra social y sus afiliados, cobran relevancia en este contexto, junto con el rechazo del pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Gisela Schumacher.

La idea de una "Conadep de la Corrupción" genera divisiones en el ámbito político. Mientras algunos sectores apoyan la iniciativa como un paso hacia la transparencia, otros la interpretan como un movimiento oportunista en un escenario político y judicial cada vez más tenso en Entre Ríos.

Con su propuesta, Daniel Rossi pone sobre la mesa un debate que promete intensificarse en el camino hacia 2025, en una provincia donde las demandas por mayor transparencia y rendición de cuentas resuenan con fuerza.

En un reciente informe presentado en el programa “Cuestión de Fondo” de Canal 9 Litoral, se revelaron datos polémicos sobre contrataciones en el Senado de Entre Ríos. La información pública, obtenida gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia y a un pedido de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, arroja luz sobre posibles manejos opacos y favoritismos en la administración de los recursos del Senado provincial.

El informe detalla más de 1.000 contratos en el Senado entre 2022 y 2023, con numerosos casos de familiares, amigos, y figuras reconocidas. Entre los contratados aparece Tomás Schneider, famoso por una publicidad de cerveza, junto a su hermana. Ambos son hijos de José Javier Schneider, contador involucrado en la "causa de los contratos truchos" por el desvío de millones de dólares entre 2008 y 2018.

El caso de los Schneider no es único. Varias personas contratadas en el Senado comparten vínculos familiares con figuras de la política, lo que generó críticas de clientelismo y favoritismo. Entre los nombres mencionados se encuentra el abogado y escribano Mauro Panizza, que también fue candidato por el sector de Rogelio Frigerio, y otros contratados de fuera de la provincia, como Juan Courel y su socio, ambos consultores políticos en Buenos Aires.

Como se indicó en el programa que se emite los sábados y conduce el periodista Daniel Enz, el Senado presentó la información de forma confusa, aparentemente para dificultar la interpretación pública. Los documentos incluyen datos sin orden claro y errores en los nombres que fueron corregidos de manera irregular. Algunos contratados aparecen con nombres distorsionados o inventados, como "Pedro Páramo," un personaje ficticio, o “Luis Tomo” en lugar de Luis Tomé. Estas alteraciones han generado críticas por tratarse de información pública de importancia.

La revelación generó un "tembladeral" en el interior de la provincia. Según reportes, varios legisladores evitaron regresar a sus localidades para evitar confrontaciones con ciudadanos y medios locales que exigían explicaciones. En algunas ciudades, las presiones llevaron a reacciones inmediatas, como la destitución de funcionarios que mantenían doble empleo en la Legislatura.

Dentro de los más cuestionados figuran varios legisladores y familiares de personalidades políticas, con casos que exponen favoritismo y abuso de poder. Por ejemplo, la exsenadora Flavia Maidana del PJ de Nogoyá contrató a su esposo y logró un puesto permanente para su hija, y otros familiares del senador Edgardo Kuieder también figuran en la lista de contrataciones del Senado. Además, varios legisladores de Juntos por el Cambio tienen a familiares directos como empleados en la Legislatura.

La difusión de estas prácticas dentro de la Legislatura entrerriana ha impulsado un fuerte debate sobre la transparencia en la administración pública. A medida que las revelaciones generen mayor presión social, será crucial que el Senado y la Cámara de Diputados adopten estándares de transparencia que permitan a la ciudadanía acceder a la información pública de manera clara y confiable.

En la publicación de Análisis Digital donde se aborda el tema, se detallan algunos casos de 2022-2023:

* La exsenadora Flavia Maidana (PJ-Nogoyá), del sector de José Allende, tenía contratado a su esposo César Maximiliano Lasbías y logró la planta permanente para su hija Valentina Maggio.

* Ernesto Javier Rubel, socio del senador Edgardo Kuieder en la firma Betail SA investigada por la compra de departamentos de lujo, figura con contrato en 2022 y 2023 en la vicepresidencia del Senado.

* Facundo Kueider, hijo del senador, contratado en el Senado y en la Cámara de Diputados a la vez.

* Adalgisa Jalil, esposa de Mariano Giampaolo, que es abogado, fue concejal del PJ y exdelegado del Epre Concordia, figuraba con contrato en el Senado.

* Esperanza Gloria Pujola es planta permanente del Senado desde la gestión anterior y a la vez es planta permanente de la Municipalidad de Concordia, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, afectada a la Casfeg.

* El exsenador Daniel Olano (PJ-Islas) es uno de los que más contratos suscribió por su rol de vicepresidente del Cuerpo. Olano logró colocar a dos de sus hijas en la planta del Senado. Una de ellas, Sabrina, fue intendenta de Ceibas y su padre tenía contratado a Carlos Antonio Blasich, que era secretario de Desarrollo Social de su hija.

* Gabriel Olivera, del espacio político Soberanos que supo tener como referente a Pedro Báez, era concejal en San Benito y a la vez tenía un contrato con Juan Carlos Kloss, senador por Paraná.

* Tomás Smaldone, hermano del exfuncionario urribarrista Guillermo Smaldone e hijo del ex vocal del STJ Juan Smaldone, tenía un contrato en el Senado y es empleado en Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

* Contratada también en la Presidencia del Senado estaba María Anastasia Keuchguerian, esposa del exfuncionario de Bordet -José Ostrosky- y socia de la esposa del exministro Pedro Báez en el hotel termal que tienen en Concordia.

* Renzo Treppo, hijo del exintendente de Seguí Cristian Treppo, ya en 2022 era contratado de Lautaro Schiavoni (secretario de Cámara) y finalmente quedó en planta.

* Lucio Cabrera, responsable de Comunicación de ATER, en paralelo tenía un contrato en el Senado en 2022. Es hermano de Facundo Cabrera, hombre de confianza del exgobernador Sergio Urribarri y socio en el grupo Octógono con los ex funcionarios procesados por espionaje.

* Guillermo Van Opstal, histórico funcionario de Vialidad jubilado, con contrato en el Senado en 2022 también en Vicepresidencia y, a la vez, contratado en la Municipalidad de Paraná en la gestión de Bahl.

* El exprecandidato a intendente de Paraná y actual funcionario municipal Nicolás Mathieu tenía un contrato con la Vicepresidencia del Senado en 2022 y en 2023, siendo a la vez delegado provincial del Enohsa cuando Enrique Cresto era su presidente.

* Natalio Gerdau, exsenador por Gualeguaychú y luego funcionario, tuvo a sus dos hijos contratados en el Senado: Camila Constanza y Natalio Juan Ignacio, ambos con Olano.

* El extesorero general de la provincia Gustavo Gioria que renunció en 2014 por estar involucrado en la megacausa ATER tenía un contrato en el Senado en 2023 en la Vicepresidencia.

* El exintendente de Victoria César Garcilazo (PJ) contratado en 2022 y 2023 en el despacho de Stratta.

* Guillermina Guastavino, hija del exvicegobernador Pedro “Pemo” Guastavino (PJ), tenía un contrato en el despacho de Stratta en 2023 y a la vez era funcionaria. Primero directora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Producción con Juan José Bahillo y luego lo acompañó a la Secretaría de Agricultura de la Nación al frente de la Unidad de Transversalización de la Perspectiva de Género de ese organismo nacional.

-Tomás Schneider, el joven de la publicidad de cerveza, está contratado en el Senado junto a su hermana Nerea Schneider. Ambos son hijos de José Javier Schneider, contador imputado en la causa de los contratos truchos. Desde 2008 Schneider padre se desempeñó en el Servicio Administrativo Contable de la cámara y fue desplazado luego de que se descubrieran los hechos de corrupción. Ahora trabaja en el área de Patrimonio.

* Claudia Silva, la esposa de Adán Bahl, tiene contratados a Amalia Heinitz (esposa de Ignacio La Barba) y a Sergio Fabián Gómez, dupla de publicistas autores de “El sueño entrerriano”.

* La prosecretaria de Cámara Sara Foletto, de la UCR, tiene contratado a su sobrino Fausto Foletto.

* Casiano Otaegui senador de JxER de Gualeguay tiene a la esposa del viceintendente de esa localidad, Betiana Menescardi, y al presidente de la Sociedad Rural Gualeguay y socio suyo en una empresa agropecuaria, Justo García.

* El senador de JxER Gustavo Vergara (Diamante), presidente del bloque, tiene contratada a su hija Rosario Trinidad Vergara.

* El senador uruguayense Martín Oliva, jefe de la bancada del PJ, tiene contratados a Cristina Gallego, prosecretaria del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay y jubilada de la UTN; a Antonio Bernhart, director de Ceremonial del gobierno local; a Mariano Bonnín, secretario de la comuna de Rocamora y asesor jurídico de Líbaros, San Marcial y Las Moscas; Priscila Pusch, empleada del Hospital Urquiza; Rocío García, coordinadora de Asuntos Jurídicos del municipio; y Eros Barsotti; coordinador de Juventud del gobierno local.

* En la Prosecretaría está contratado Marcelo Meda, presidente del PRO Gualeguay que además es asesor en el Ente Región Centro.

* El senador Juan Diego Conti (PJ-Tala) tiene contratado a un concejal de Maciá, José Mariano Stegbañer.

* Hasta 2023 estaba con contrato de servicio el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, recientemente condenado en juicio abreviado por sobreprecios en obras públicas en su localidad.

* Patricia Díaz (PJ-La Paz) tiene contratado a Carlos Guillermo Reggiardo (que es también funcionario en el municipio de Santa Elena y ejerce como abogado) y es contratada de servicio a partir de 2024 la madre de Reggiardo, Irma Liliana Werbrauck. La señora es docente en uso de licencia y está a la espera de su jubilación. También con Patricia Díaz tiene un contrato Daniela Denise Rossi, de 25 años, hija de la senadora y del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). La sobrina de la senadora provincial, Ariana Tonina, también tiene contrato con el Senado y a la vez cumpliría funciones en el IOSPER.

* La senadora Nancy Miranda (PJ-Federal) tuvo en 2022 a su esposo Mario Hernán Rivarola, a la vez coordinador de Juntas y Comunas del Departamento. Tiene contratada a Giovanna Vallejos Rodríguez, que es su nuera, y a tres de sus hijos: Nancy María Belén Heinz, Jesús Germán Heinz y Sofía Isabel Heinz, dos de los cuales son también empleados del Iosper.

* La senadora Gladys Domínguez (PJ-Feliciano) tiene contratados a su esposo Carlos Muzachiodi y sus dos hijos: Lucio Agustín Muzachiodi y María Florencia Muzachiodi.

Varios debates se deben los legisladores de cara a la sociedad, para mejorar el entramado institucional entrerriano. Ley de Comunas para dar el marco legal de gobierno local a un cuarto de la población; fiscalía anticorrupción para empezar en serio a terminar con los ventajeros dentro y fuera del Estado; nombramiento del Defensor del Pueblo, cargo creado y trabado desde hace siete años por mezquindades políticas, son algunos temas que están aún en veremos. Por otro lado, de la agenda parlamentaria del año pasado quedaron pendientes varias normas para regular actividades económicas y sociales de gran interés para todos los habitantes de esta provincia.

Punto por punto, este es el estado actual de algunas leyes y decisiones pendientes:

También las  leyes rigen la vida y la economía de las personas y las instituciones. En estos temas también hay materias pendientes, y en varios casos los intereses contrapuestos van a obligar a los legisladores a tomar partido.

El gobernador Gustavo Bordet prometió dar transparencia a su gestión. Esta nota repasó parte de un extenso listado de temas sensibles y estratégicos para la calidad institucional y la calidad de vida de los entrerrianos. Son cuestiones de fondo que pondrán a prueba la promesa del primer mandatario.

El año pasado se trató y se aprobó la creación en el ámbito de la Justicia provincial, del instituto del ‘amicus curiae’ (amigo del tribunal). Se trata de que los “amicus curiae” son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial, pero que tienen un justificado interés en la resolución final del litigio (por ejemplo, expertos en un tema que exponen su punto de vista), para expresar sus opiniones en torno a la materia.

Esta figura no regía en la provincia hasta la fecha, pero se aprobó el 8 de noviembre del año pasado cuando la Cámara Baja sancionó un proyecto de ley presentado en 2012. Bajo el número 10.464, se promulgó y publicó la nueva ley en el Boletín Oficial del 2 de enero de 2017.

La ley establece las condiciones que debe cumplir una presentación y crea el Registro Público de Amigos del Tribunal, que deberá incluir personas humanas o jurídicas con interés en intervenir como Amigos del Tribunal.