El encuentro fue encabezado por el presidente de la entidad, Sergio Dalcol, junto a integrantes del consejo directivo y representantes de diversas sociedades rurales entrerrianas. También participó el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto.

En esta oportunidad, la reunión contó además con la presencia de los diputados provinciales Gabriela Lena, Bruno Sarubi, Marcelo López y Susana Pérez, integrantes del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos. Durante el encuentro se abordaron diversas iniciativas legislativas y problemáticas que impactan en el sector agropecuario.

Entre los temas planteados, desde FARER destacaron la necesidad de avanzar en una actualización de la Ley de Montes Nativos. Según indicaron, la normativa vigente requiere modificaciones que permitan flexibilizar algunas restricciones, particularmente en zonas del norte entrerriano, donde sostienen que la regulación actual genera dificultades para el desarrollo de la actividad productiva.

Durante el intercambio también se expresó preocupación por los intentos de avanzar con un nuevo Código Rural. Desde la federación señalaron que el proceso de elaboración no incluye, hasta el momento, la participación de entidades agropecuarias, organismos técnicos ni colegios profesionales vinculados al sector.

Otro de los puntos planteados fue el pedido a los legisladores para acompañar y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios, a la que calificaron como una normativa elaborada con respaldo técnico y científico. En ese marco, cuestionaron los amparos judiciales presentados en Colonia Ensayo, en el departamento Diamante, que —según indicaron— ponen en discusión el alcance de la legislación vigente.

Desde FARER valoraron el espacio de diálogo con los legisladores y señalaron que el encuentro permitió exponer distintas miradas sobre la situación actual del sector agropecuario en la provincia.

Tras la reunión con los diputados, el consejo directivo de FARER continuó con el tratamiento del orden del día. Durante esa instancia se abordaron aspectos sanitarios vinculados a la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis.

Asimismo, se resolvió otorgar becas a jóvenes integrantes de ateneos rurales para cursar la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, una iniciativa impulsada por CRA, la Fundación CRA y la Universidad Católica Argentina.

Finalmente, se informó que este lunes presidentes de distintas rurales entrerrianas tenían previsto mantener un encuentro con el titular de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, Exequiel Donda, con el objetivo de plantear reclamos vinculados al estado de los caminos rurales en distintos departamentos de la provincia, aunque hasta el cierre de esta edición no se habían conocido novedades sobre los resultados de esa reunión.

En la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el artículo 118 de la reforma laboral, que dispone la derogación del Estatuto del Periodista. La votación se produjo tras el aval en general del proyecto y marcó el cierre de una extensa sesión en la que los legisladores avanzaron con el tratamiento en particular de cada artículo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, incluyó la supresión de la Ley 12.908, norma que regula el trabajo periodístico en el país desde 1944. El punto fue uno de los más debatidos en el recinto y concentró la mayor cantidad de intervenciones, con planteos de distintos bloques para retirarlo del texto. Sin embargo, el oficialismo mantuvo la redacción y la sometió a votación.

El recuento final arrojó 126 votos afirmativos, 119 en contra y 4 abstenciones, resultado que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo en el marco del debate de la reforma laboral.

El respaldo a la derogación del Estatuto provino principalmente de La Libertad Avanza, espacio que reunió la mayor cantidad de votos positivos. También acompañaron legisladores del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y Provincias Unidas, entre otros bloques y monobloques provinciales como Independencia, Producción y Trabajo, País Federal y Por Santa Cruz.

En contraposición, votó en bloque en contra Unión por la Patria, que volvió a consolidarse como la principal bancada opositora. Al rechazo se sumaron los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, la Coalición Cívica ARI, sectores de Provincias Unidas e Innovación Federal, además de representantes de Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba, Primero San Luis, La Neuquinidad y Coherencia.

La eliminación del régimen específico para la actividad de prensa fue uno de los ejes más sensibles del debate. Legisladores opositores argumentaron que la derogación deja sin un marco diferencial a la actividad periodística, mientras que desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a unificar criterios laborales y reducir regímenes especiales.

Con la aprobación del artículo 118, el proyecto de reforma laboral continúa su curso legislativo. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá volver al Senado de la Nación Argentina para su revisión final. El oficialismo aspira a convertir la iniciativa en ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

Tras una sesión maratónica y atravesada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el oficialismo, aunque el Gobierno sufrió un revés clave al no poder sostener el polémico artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.

La iniciativa fue avalada en la votación en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girada al Senado sin el capítulo XI, donde estaba incluido el artículo 75. Ese capítulo, incorporado a último momento por el oficialismo, fue rechazado en la votación en particular por 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones, lo que desató festejos en los bloques opositores.

En la votación en general, La Libertad Avanza logró reunir el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas provinciales. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del Presupuesto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención.

La caída del capítulo XI implicó también que quedaran sin efecto otras modificaciones incluidas en ese paquete, como el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en el reclamo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura, incorporadas a pedido del PRO.

Asimismo, se descartaron la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La controversia se originó en la decisión del oficialismo de agrupar todas estas medidas dentro del capítulo XI, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que denunció un intento de condicionar a los legisladores a votar un paquete cerrado sin posibilidad de pronunciarse de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien advirtió que acompañar el artículo 75 implicaba “violar la ley de administración financiera”. En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la maniobra como una “perversidad” y acusó al oficialismo de buscar condicionar al Poder Judicial. “¡Son unos chantas!”, exclamó el legislador santafesino en medio del debate.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici salió al cruce de las críticas y rechazó las acusaciones de irregularidades. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, sostuvo.

También se sumaron cuestionamientos desde otros bloques. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de perjudicar a jubilados y personas con discapacidad, y cuestionó duramente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. A su vez, legisladores como Martín Lousteau y Karina Banfi advirtieron sobre lo inusual del mecanismo de votación y coincidieron en calificarlo como extorsivo.

En el cierre del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el Presupuesto y destacó como eje central el equilibrio fiscal, al que definió como “la piedra angular” del proyecto económico del presidente Javier Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante apoyar este Presupuesto”, afirmó.

Finalmente, con la aprobación en general y sin el controvertido artículo 75, el proyecto de Presupuesto 2026 fue enviado al Senado, donde continuará su tratamiento en un clima de fuerte tensión política.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos aprobó este miércoles la Declaración N° 608, mediante la cual se declara de interés legislativo provincial el libro “Reflexiones de un Hombre Común”, del escritor Gabriel Enguelberg.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Gabriela Lena, quien destacó la relevancia de la obra “por su capacidad de invitar a la reflexión sobre la vida cotidiana, la empatía y la importancia de las pequeñas grandes cosas que nos definen como sociedad”.

Durante el acto, realizado en el recinto de sesiones, Enguelberg recibió una copia de la declaración, acompañado por los diputados Marcelo López y Gustavo Hein, presidente de la Cámara, quienes participaron de la entrega del reconocimiento.

Visiblemente emocionado, Gabriel Enguelberg agradeció la distinción y expresó:

“Este libro nació desde la necesidad de contar lo que muchos sentimos pero pocas veces decimos. Que la Cámara de Diputados lo haya declarado de interés legislativo me llena de orgullo y reafirma que lo simple, lo común, también puede inspirar y generar reflexión”.

Por su parte, la diputada Gabriela Lena, autora del proyecto, subrayó la trascendencia de este reconocimiento:

“La obra de Gabriel trasciende lo literario; es un testimonio de vida, una mirada sensible sobre nuestra realidad cotidiana. Creí importante que el Estado reconozca este tipo de expresiones que fortalecen nuestra identidad entrerriana”.

El reconocimiento resalta el aporte de Enguelberg a la cultura provincial y su compromiso con la difusión de valores humanos y sociales a través de la literatura.“Reflexiones de un Hombre Común” propone una mirada introspectiva sobre los vínculos, los sentimientos y las experiencias cotidianas, con un lenguaje cercano y universal que conecta con lectores de distintas generaciones.

Con esta declaración, la Legislatura entrerriana reafirma su apoyo a las producciones culturales que nacen del territorio y que contribuyen al fortalecimiento de la identidad y los valores compartidos por la comunidad.

“Reflexionar sobre lo cotidiano también es construir ciudadanía. Este tipo de obras nos recuerdan que la literatura tiene un rol social, y que la cultura entrerriana se enriquece cuando reconocemos a sus autores”, concluyeron desde la Cámara de Diputados.

El bloque de diputadas y diputados “Más Para Entre Ríos” expresó un enérgico repudio al fallo del juez Alejandro Maraniello, que restringió la difusión en medios de comunicación de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La bancada advirtió que la resolución judicial, impulsada a pedido del presidente Javier Milei, constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y contra el ejercicio del periodismo en la Argentina.

Según señalaron las y los legisladores, la medida judicial que aplicó censura a la plataforma Carnaval Stream y a periodistas que allí trabajan “no solo afecta gravemente el ejercicio periodístico, sino que también vulnera preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscritos por el país”.

El bloque recordó que “son escasos los episodios de semejante gravedad que los argentinos hemos vivido desde el retorno de la democracia”, y advirtió que la denuncia formulada por las máximas autoridades nacionales, basada en una supuesta operación de espionaje internacional, “carece de sustento y parece dirigida a distraer la atención respecto de las graves medidas que se solicitan, que incluso incluyen el allanamiento del domicilio de periodistas”.

En su comunicado, las diputadas y diputados entrerrianos remarcaron que el fallo “vulnera derechos constitucionales, infringe el Pacto de San José de Costa Rica –que consagra el derecho a expresar ideas sin censura previa–, ataca el derecho de los periodistas a desempeñar su función y afecta también a la ciudadanía en su derecho a acceder a información veraz y oportuna, sostén fundamental del sistema democrático”.

Finalmente, alertaron sobre la gravedad de que “las máximas autoridades del país utilicen el poder que detentan para vulnerar derechos y quebrantar garantías constitucionales”, en un contexto de crisis económica y social que, según advirtieron, “no puede naturalizar atropellos de esta magnitud”.

El diputado provincial de Más para Entre Ríos, Juan José Bahillo, cuestionó duramente la decisión del gobierno entrerriano de tomar nueva deuda por 500 millones de dólares, aprobada este jueves en la Cámara de Diputados. El legislador advirtió que la medida compromete las finanzas provinciales en un contexto macroeconómico que, según dijo, “vuelve inviable el endeudamiento”.

Durante la sesión, el justicialismo votó en contra de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Bahillo sostuvo que el problema no radica en cubrir vencimientos a corto plazo con nueva deuda, sino en reclamar por los fondos que la Nación dejó de transferir a las provincias. “La causa es el recorte de recursos nacionales: tenemos un 12% menos de ingresos que el año pasado, caída de la coparticipación y la eliminación de fondos esenciales como el Fonid, los destinados a obra pública y vivienda, las regalías de la Cafesg y la coparticipación del impuesto a los combustibles”, enumeró.

El legislador aseguró además que la deuda provincial “sigue en niveles similares a los del inicio de la gestión de Rogelio Frigerio, pese a haberse pagado 210 millones de dólares en vencimientos”, lo que implica, según su análisis, nuevo endeudamiento en pesos a corto plazo y altas tasas.

Bahillo planteó que el escenario económico nacional desalienta tomar crédito: “El riesgo país creció casi un 50% desde enero y las tasas de financiamiento son inviables”. En su repaso sobre los motores de la economía, subrayó que no hay reactivación del consumo, que la inversión privada se retrae ante la inestabilidad, que la inversión pública fue “demonizada” y que las exportaciones, aunque en alza, se ven opacadas por importaciones que se triplicaron. “No hay razón para ser optimistas si el Gobierno Nacional solo se basa en el ajuste sin un plan productivo”, sostuvo.

El diputado también apuntó contra la sintonía política entre el gobernador Frigerio y el gobierno nacional: “Es inexplicable que se apoye políticamente a un modelo que lo perjudica económica y políticamente. Una alianza implica compartir una visión de país, y eso hoy no se ve”.

En el plano político, Bahillo reconoció errores del peronismo y la frustración que dejó el último gobierno nacional. Sin embargo, se mostró confiado en que el PJ puede recomponer su vínculo con la sociedad: “No se trata de bajar línea ni de nostalgia. Hay que escuchar a trabajadores, pymes, comerciantes, productores, y desde allí elaborar una propuesta con las convicciones del peronismo”.

Sobre el liderazgo partidario, rechazó la idea de buscar un “salvador” y propuso una conducción colectiva, con amplitud y generosidad. A nivel local, afirmó que el justicialismo en Gualeguaychú “está unido” y en condiciones de articular de cara a los próximos comicios.

El bloque de diputadas y diputados justicialistas no acompañó la sanción de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial para tomar deuda por 500 millones de dólares estadounidenses, que resultó aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados por el voto afirmativo del bloque oficialista y de legisladores libertarios. Si bien la iniciativa refiere a “la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública”, significa tomar deuda nueva, tal como lo señala el artículo 2° del texto.  

La miembro informante del bloque justicialista fue Andrea Zoff, quien señaló que “no hace falta una nueva ley para reestructurar la deuda, ya que existe una ley provincial vigente (Nº 5140) que   faculta al Ejecutivo para hacerlo si se mejoran condiciones de tasa, de monto o de plazo” de la deuda actual. La legisladora justicialista recordó también que en el Presupuesto 2025, aprobado hace aproximadamente ocho meses, “se autorizaron (deudas por) 240.000 millones de pesos para refinanciar o reestructurar pasivos, también 450 millones de dólares para obra pública y la constitución de un fondo de infraestructura municipal, como así también la emisión de letras”.

Y añadió: “En aquel momento ya lo advertimos: en un contexto donde la actividad cae, no hay obra pública y hay cada vez menos empleo, ¿cómo vamos a hacer frente al pago de esta deuda? Quiero que quede claro, porque el término sostenibilidad puede generar confusiones, lo que se está aprobando es la posibilidad de tomar nueva deuda, tal como lo dice el artículo 2°. Y no es solo la posibilidad de tomar nuevos empréstitos sino también la devolución al Tesoro de erogaciones en concepto de servicios de deuda y cancelación de pasivos. Y a todo esto lo puede hacer el gobernador a través de los actos que estime necesarios, por lo que queda claro que es una autorización en términos muy amplios, sin que ni siquiera exista la necesidad de informar a la Legislatura o la ciudadanía sobre las decisiones que se adopten”, remarcó.

Zoff también enfatizó: “Hablamos de 500 millones de dólares, un monto muy importante con el que podrían hacerse más de 100 escuelas nuevas. Lo preocupante no es sola la cifra, sino la falta de información y de planificación. Nos piden que debatamos y pretenden que aprobemos este proyecto sin haber recibido un informe que consigne cuáles son las deudas que tiene la provincia, como son los vencimientos, en qué moneda; es decir, sin tener los datos mínimos para evaluar cuál es la situación y cómo se van a atender los vencimientos de esta deuda. Tampoco sabemos si los créditos autorizados en el presupuesto 2025 se tomaron, si se aplicaron a refinanciar alguna deuda existente, si se realizó algún tipo de obra pública. No son datos menores los que no tenemos para saber si le damos al Ejecutivo esta herramienta”, explicó.

La diputada Zoff igualmente aclaró que se ha dicho, tanto en el recinto como en los medios de comunicación, que el crédito va a servir para hacer obra pública. “Pero en realidad, lo que señala el artículo sexto del texto de la ley es que si existe un remanente ‘podrá’ destinarse a obra pública, es decir que ni siquiera es seguro que se aplique a ese fin”, explicó.

Zoff también recordó que al presentar el presupuesto 2025 “el gobernador Frigerio dijo en este recinto: ‘No nos vamos a comprometer a gastar más de lo que podemos pagar’. Hoy hay una reducción de ingresos del 12%, se eliminaron partidas o transferencias de Nación, hay programas que se abandonaron y hoy tiene que atender la provincia. Y en este contexto de menor recaudación se suman intereses elevados, la volatilidad de la deuda en dólares, el alto riesgo país y una enorme rigidez en las erogaciones, por lo cual la pregunta es obvia, ¿cómo se va a pagar este endeudamiento?”.

Finalmente Zoff señaló: “Quiero que quede claro, no estamos rechazando el endeudamiento como herramienta, lo vamos a apoyar siempre que signifique mejores rutas, más escuelas, más obra pública. Lo que no acompañamos es un endeudamiento sin un destino claro, sin proyecciones y sin garantías de que se pueda pagar (…) Si lo que quiere el gobierno es más liquidez, que lo diga y no lo intente disfrazar bajo el concepto de sostenibilidad, porque sostenibilidad  no es endeudarse más, sino cuidar el futuro de los entrerrianos”, concluyó.

En tanto, la presidenta del bloque oficialista, Laura Stratta, señaló: “No vamos acompañar este nuevo pedido de autorización de endeudamiento en 500 millones de dólares que eleva el gobierno de Rogelio Frigerio. Pero me gustaría agregar algo más: hemos acompañado desde este bloque todas las leyes que el Poder Ejecutivo mandó para elevar la calidad institucional como las leyes de acceso a la información pública, de ética pública, de transición de gobierno. Hemos acompañado cada una de las leyes de emergencias para el gobernador pueda gestionar en tiempos de crisis: emergencia vial, en obras publicas, en educación, alimentaria, que han sido también prorrogadas por esta Legislatura. Siempre que los proyectos fueron para elevar la calidad institucional, para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y las perspectivas de la provincia, hemos acompañado responsablemente y hemos dados los debates necesarios”.

Sin embargo, Stratta fue terminante al señalar: “No es el caso de este proyecto de ley. Lo dijimos en Comisión y lo volvemos a reiterar hoy. Si de lo que se trata es de reestructurar la deuda -en la medida en que ello genere mejores montos, plazos e intereses- ya tienen la herramienta en la Ley Nº 5140. Asimismo sostuvimos que el gobierno está autorizado a endeudarse para diferentes fines en los artículos 5, 6 y 7 del presupuesto de la provincia, que sancionamos por unanimidad, pero no tenemos la información precisa sobre el remanente de estas autorizaciones que oportunamente dimos en el presupuesto, para poder evaluar si es necesaria la toma de nueva deuda”.

Stratta agregó: “También dijimos ayer que en este contexto macroeconómico de altas tasas de interés, dólar en alza, riesgo país en alza es un pésimo momento para endeudarnos. Salir a pedir un crédito es complejo y dificultoso. Pero además dijimos que no hay perspectivas de generar más ingresos que nos permita hacer frente a un nuevo endeudamiento. En un contexto de recesión, de baja de la coparticipación y de quita de transferencias por parte del gobierno nacional, es irresponsable endeudarnos sin saber como vamos a hacer frente a esas obligaciones”.

La exvicegobernadora señaló: “Este proyecto lo que habilita en definitiva es más deuda, sin precisiones, sin condiciones, no hay destino claro. Queremos planificación y previsión. Eso es lo que se merece la provincia. Eso se merecen los entrerrianos”.

También participaron del debate los legisladores justicialistas Lorena Arrozogaray, Juan José Bahillo, y Enrique Cresto. Bahillo señaló que de acuerdo a lo manifestado por legisladores oficialistas y por el ministro de Economía, Fabián Boleas, la deuda de la Provincia se ubica algo por encima de los 700 millones de dólares, monto similar al que existía en diciembre de 2023. “Del 10 de diciembre para acá se cancelaron 4 vencimientos del bono de 500 millones de dólares de 2017, que luego fue refinanciado en el 2021, es decir que se ese bono se pagaron alrededor de 210 millones de dólares. Y la deuda está igual algo más de 700 millones de dólares, con lo que quiero señalar que el gobierno actual en menos de dos años se endeudó en 210 millones de dólares aproximadamente. Y dentro de esas deudas se cuentan 75.000 millones de pesos tomados hace unas semanas al 35% de interés anual, lo que genera una deuda en intereses por 25.000 millones de pesos. Ese perfil de deuda es mucho más complejo que el bono en dólares tal como quedó refinanciado desde 2021”, enfatizó el diputado peronista.

Entre otros aspectos, Bahillo indicó que el oficialismo “habla mucho de la deuda heredada, pero ahora están ustedes tomando una decisión similar” a la que critican. Y también recordó que al momento de asumir Frigerio en la Gobernación provincial, existía un monto ahorrado pagar para el vencimiento de febrero de 2024 que equivalía a 47 millones de dólares, y con la devaluación de Mili se transformó en  21 millones de dólares, pero eso no fue decisión del gobierno provincial”, señaló.

“El problema  de desfinanciamiento se origina en el recurso de los fondos nacionales y eso es lo que se debe reclamar. Para ello el gobernador puede contar con nosotros, para reclamar lo que es de los entrerrianos. Creemos que esa es la salida y no aumentar el endeudamiento”, remarcó Bahillo.

La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos inició este jueves el tratamiento del proyecto de Ley de Mitigación y Adaptación Climática Provincial (Expte. Nº 28.345), impulsado por el diputado Juan Rossi en conjunto con la Secretaría de Ambiente. Se trata del primer proyecto integral en la materia en la provincia y busca establecer una agenda común frente a la crisis climática.

“Por primera vez en Entre Ríos se pone este tema en el centro del debate legislativo, por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y un trabajo conjunto con diferentes áreas del Gobierno provincial. Con esta ley pretendemos brindar una herramienta más para enfrentar una crisis global de la que no estamos exentos, exigiendo mayores esfuerzos a quienes más contaminan”, expresó Rossi, presidente de la comisión.

En el debate participaron especialistas y referentes en cambio climático y energías renovables, entre ellos:

El proyecto se estructura sobre tres ejes centrales:

El debate legislativo continuará en próximas sesiones, con el objetivo de avanzar en un marco normativo que permita a Entre Ríos alinearse a los compromisos internacionales en materia ambiental y fortalecer las políticas públicas frente al cambio climático.

En el marco de la presentación del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados de la Nación, el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet formuló una serie de consultas vinculadas a la realidad de Entre Ríos, el cuidado del ambiente y los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional.

Bordet advirtió que las respuestas recibidas reflejan una preocupante falta de compromiso del Gobierno nacional con Entre Ríos, en el marco de una política de ajuste y asfixia hacia las provincias.

El legislador pidió precisiones sobre la posible instalación en Uruguay de una planta de hidrógeno verde y los impactos que podría tener sobre el río Uruguay.Francos reconoció que el proyecto ni siquiera fue formalmente presentado en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), aunque admitió que la delegación argentina ya expresó su preocupación y pidió información. “Una vez más, se actúa de manera reactiva y sin previsión frente a un tema ambiental sensible que afecta directamente a Entre Ríos y a las poblaciones ribereñas”, cuestionó Bordet.

Bordet exigió un detalle de las obras nacionales en ejecución y de los compromisos asumidos en el Acuerdo Marco de 2024 entre la Nación y la provincia.La respuesta del jefe de Gabinete fue reconocer que muchas obras están paralizadas o rescindidas tras el cierre de programas de financiamiento, limitándose a mencionar 60 obras en ejecución o por reiniciar. “Se confirma que el Gobierno nacional no está cumpliendo con los acuerdos y que la inversión pública en Entre Ríos está virtualmente frenada”, sostuvo el diputado.

El entrerriano consultó sobre el futuro del Corredor Vial 18 (Rutas 12 y 14 y el Puente Rosario–Victoria), el destino de los trabajadores de Caminos del Río Uruguay SA y el nuevo esquema de peajes.

Francos se limitó a informar que el llamado a licitación está en curso, sin dar precisiones sobre empleo, tarifas ni condiciones de cobro. “Es una muestra clara de improvisación: no hay certezas para los trabajadores ni para los usuarios que pagan peajes cada vez más caros”, remarcó Bordet.

El diputado reclamó explicaciones sobre el incumplimiento de los Pactos Fiscales y la deuda que Nación mantiene con la Caja provincial.

Francos reconoció anticipos por $26.000 millones en 2024 y 2025, pero admitió que siguen pendientes auditorías y pagos. 

Bordet pidió precisiones sobre regalías y excedentes que corresponden a Entre Ríos por la generación de energía.

Francos aseguró que no existen deudas, aunque reconoció que las condiciones tarifarias se fijan en el mercado eléctrico nacional, negando cualquier tratamiento diferencial para los entrerrianos que conviven con la represa. 

El legislador solicitó información sobre el acuerdo de libre comercio en el MERCOSUR. Francos detalló el cronograma de etapas hasta la firma formal, pero sin precisar medidas para proteger a las pymes entrerrianas frente a la competencia desleal.

“Este informe dejó en evidencia que el Gobierno nacional aplica una política de asfixia sobre las provincias. No hay respuestas claras ni compromiso real con Entre Ríos: las obras están paralizadas, la deuda con nuestra Caja de Jubilaciones sigue sin resolverse, los recursos de Salto Grande no se defienden y no existen políticas para proteger nuestra producción. Desde el Congreso vamos a seguir levantando la voz para que la Nación cumpla con sus obligaciones y respete a las provincias”.

El 1° de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

La Dra. Narubi Evangelina Godoy Peremateu, Prosecretaria Electoral, explicó la nueva forma de votar en cada provincia, a diferencia de cómo lo venimos haciendo desde 1983 a la fecha. “No vamos a ver el ‘cuarto oscuro’ tal como estábamos acostumbrados, con boletas partidarias dispuestas sobre una mesa”, advirtió.

Ahora la oferta electoral va a estar concentrada en un único instrumento de votación que se denomina “Boleta Única de Papel” (BNU), cuyo tamaño será un poco más grande que una hoja A4.

El 26 de octubre, en este formato vamos a encontrar –a modo de planilla- todos los partidos y frentes que van a postular candidatos, con sus respectivos nombres.

En el margen, pegado a los nombres, habrá un recuadro en blanco para ambas categorías.

En forma práctica, el votante se presentará ante el presidente de mesa, le entregará el documento, que será verificado si figura en el padrón, e inmediatamente suministrará en mano la BUP y un bolígrafo. Después se debe dirigir a una “cabina” de votación, que puede ser un pupitre que será separado de la mesa por un biombo para garantizar el secreto del voto. De tal manera que las autoridades pueden estar dentro del mismo recinto o aula.

La persona votante, con un tilde o una cruz, va a marcar los nombres de sus candidatos preferidos en el recuadro en blanco correspondiente a diputados, y de la misma forma para senadores. La particularidad que tiene la ley nacional es que no habrá un casillero para votar por un partido o frente, en consecuencia, en forma separada debe colocar una cruz en cada categoría (diputados nacionales y senadores nacionales).

Otra cuestión, a modo de ejemplo; si hay un partido Brisa y otro Sur, el elector puede tildar los diputados de una y senadores de la otra fracción política, es decir que puede hacer lo mismo que en el sistema tradicional se denominaba corte de boleta.

La funcionaria insistió, para poner en claro ese punto: “si yo quiero votar a todos los candidatos a diputados nacionales y senadores de un partido, debo poner una cruz o tilde en cada uno de ellos” (*)

Una vez que la persona eligió la opción de los candidatos, debe doblar la BUP por una línea de puntos que tendrá en la parte posterior, donde también se estampa la firma del presidente de mesa. El sistema no contempla la utilización de sobres porque directamente el elector introduce la BUP doblada en la urna,

La funcionaria explicó que el reparto de boletas no será responsabilidad de las agrupaciones políticas que participan en los comicios. Ahora la Justicia Electoral y el Poder Ejecutivo Nacional tendrán la misión de entregar las urnas junto a la Boleta Única en cada una de las mesas, en todo el país.

En otro orden, comentó que el sistema de votación está probado, brinda agilidad y celeridad en el proceso de votación, porque se pueden montar dos cabinas por mesa electoral, “Puede haber dos personas votando el mismo tiempo en el mismo espacio” señaló. Esto agiliza el sistema y evita largas colas

También, de acuerdo a la experiencia en otras provincias, el cierre permite que el recuento se haga con mayor facilidad. En principio, pasadas las 18, las autoridades cuentan la cantidad de votos, que deben coincidir con el número de electores y se comienza a contar la cantidad de sufragios que tuvo cada categoría de cada partido.

El cambio de sistema electoral no está exento de errores, los encuestadores sostienen que si no hay una campaña que ilustre sobre el nuevo sistema, estiman que entre el 4 y el 6 % de los participantes puede votar mal por múltiples motivos.

Al respecto Narubi explicó que la responsabilidad de informar corre por cuenta del Poder Ejecutivo Nacional, pero desde la justicia federal con competencia electoral, han celebrado acuerdos con la vicegobernación, universidades que tienen radicación en la provincia, para que lleven a cabo las capacitaciones a autoridades de mesa y a la ciudadanía.

Finalmente señaló que también el elector que no cuenta con información o tiene dudas, puede solicitar que lo asista la autoridad de mesa, para que el votante no pierda el derecho a elegir sus representantes.

(*) A diferencia del sistema nacional, la ley electoral de la provincia de Entre Ríos también dispone utilizar la Boleta Unica de Papel en el 2027 para elegir candidatos a gobernador, legisladores, intendentes y concejales, pero contempla (a diferencia de la nacional) que con una sola marca se puede sufragar por un determinado partido en el que figuran todos los candidatos, lo que en el sistema anterior se llamaba ‘boleta completa’.

La Cámara de Diputados aprobó el cambio de huso horario en la Argentina, una medida que generó debate en distintos ámbitos científicos y sanitarios. En este contexto, la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino, advirtió sobre las consecuencias de la decisión y señaló que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4”.

Actualmente, el país se encuentra en el huso -3, lo que implica que los relojes están tres horas por detrás del meridiano de Greenwich. Si se aplicara la recomendación de los especialistas y se adoptara el huso -4, los relojes se atrasarían una hora respecto de la hora vigente.

En diálogo con Radio Splendid AM 990, en el programa RPM que conduce Rolando Graña, Agostino explicó que “geográficamente a gran parte del territorio nos conviene el -4” y agregó que “en una parte del oeste de nuestro país convendría incluso el huso -5”.

La especialista remarcó que “las provincias que están en la cordillera están dos horas desfasadas” y recordó que “cada huso horario va cambiando una hora cada 15 grados de longitud”.

En cuanto a los efectos de la modificación, subrayó:

“El cambio de horario provoca consecuencias temporales similares al jet lag”.

Agostino también destacó que la exposición a la luz solar es un factor clave en el bienestar: “Los países que tienen mayor cantidad de luz del día, tienen sociedades con mejor estado de ánimo. En Argentina hay mucha disponibilidad de luz en comparación con otros países”.

El huso horario es el sistema que divide al planeta en 24 franjas longitudinales, cada una con una hora distinta. La referencia mundial es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de allí se cuentan los demás husos hacia el este o hacia el oeste. Cada franja equivale a 15 grados de longitud y representa una hora de diferencia con el tiempo universal.

En el caso argentino, el uso del huso horario -3 coloca al país tres horas por detrás de Greenwich, aunque la recomendación científica apunta a adoptar el huso -4 para una mayor sincronía biológica con la posición geográfica.

En la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece como hora oficial de nuestro país el huso horario UTC -4, en reemplazo del actual UTC -3, con el objetivo de adecuar el horario argentino al que le corresponde según el sistema internacional.

El texto final fue consensuado a partir de cuatro iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios políticos: Julio Cobos, Agost Carreño, Pamela Caletti y Gisela Marziotta.

El diputado mendocino Julio Cobos, principal impulsor de la iniciativa, sostuvo:

“Hemos dado un gran paso. Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad, sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Con este cambio buscamos una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona”.

Según explicó, casi todo el territorio argentino se encuentra dentro del huso horario UTC -4, salvo la zona cordillerana que se acerca al UTC -5, mientras que actualmente se utiliza UTC -3, lo que genera un desfasaje.

Uno de los ejes centrales del debate fue el efecto que la diferencia entre la hora solar y la oficial tiene en el ámbito educativo.“En la mayoría de las provincias, los alumnos inician sus jornadas en plena oscuridad, lo que repercute en su rendimiento. En Mendoza, por ejemplo, el inicio escolar a las 8 de la mañana en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar”, explicó Cobos.

El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar el huso horario -3 durante el período estival, desde el primer domingo de abril hasta el primer domingo de septiembre, en caso de que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente.

La propuesta se apoya en estudios del Conicet, a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), que avalan el impacto positivo de la adecuación horaria en términos de salud y eficiencia energética.

Cobos recordó que durante su gestión como gobernador de Mendoza, en 2004, la provincia implementó un cambio similar para aprovechar mejor la luz solar.“Es una propuesta con mucho sentido común, respaldada por experiencias provinciales e internacionales, y surgida del consenso político. Ahora esperamos que el Senado avance con su tratamiento”, concluyó.

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la aprobación del proyecto de creación del Régimen de Consorcios Camineros Rurales, una propuesta que busca mejorar el mantenimiento de la red vial en zonas rurales a través de la cooperación entre el Estado, productores y vecinos. La diputada Noelia Taborda señaló que la norma “no soluciona todos los problemas de los caminos rurales, pero es una herramienta para optimizar su mantenimiento, con controles y supervisión que garanticen transparencia y buen uso de los recursos”.

Por su parte, la diputada Julia Calleros, autora de uno de los proyectos que derivó en la propuesta unificada, remarcó que la medida “forma parte de una política integral” y que traerá beneficios para la producción, la educación, la salud y la seguridad en la ruralidad. El texto fue girado al Senado para su tratamiento.

Durante la sesión también se dio luz verde a la donación de un inmueble a la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas, y a la modificación de la Ley N° 10.853 de Mancomunidades entrerrianas. La diputada María Elena Romero destacó que el cambio “fortalece la transparencia y despeja dudas sobre la participación del gobierno provincial”, mientras que Gabriela Lena aseguró que “no vulnera la autonomía municipal” y permitirá optimizar recursos y atraer inversiones.

Asimismo, se aprobó por unanimidad la ratificación del decreto N° 4319/2023, que declara como área natural protegida, bajo la modalidad “Reserva de usos múltiples”, al Establecimiento Les Amis, en Enrique Carbó. El diputado Juan Rossi lo consideró un ejemplo de producción sustentable con preservación ambiental.

La jornada comenzó con la presencia del arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, quien participó del homenaje al cardenal Estanislao Esteban Karlic, arzobispo de Paraná entre 1986 y 2003, fallecido el pasado 8 de agosto. Se proyectó un video con imágenes y testimonios del prelado, y Martín recordó sus virtudes humanas y pastorales, resaltando su labor durante la crisis de 2001 y su capacidad de diálogo.

Además, se realizaron homenajes al dirigente radical Moisés Lebensohn, a científicos del CONICET por su expedición al Cañón de Mar del Plata, al Club Atlético San José de Feliciano por su 120° aniversario, a la Cooperativa Lucienville de Basavilbaso por sus 125 años, al médico Domingo Liotta y al Ejército Argentino por su reciente expedición al Himalaya.

Representantes de instituciones entrerrianas vinculadas a la discapacidad mantuvieron un encuentro de trabajo con legisladores del bloque Más Para Entre Ríos para expresar su apoyo al proyecto de ley que declara la “Emergencia en Discapacidad” en la provincia. La iniciativa busca garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación plena en la sociedad.

Durante la reunión, las entidades reiteraron su pedido para que la Legislatura provincial trate la propuesta presentada por el justicialismo y solicitaron ser escuchadas en las comisiones que analicen el expediente.

Las organizaciones señalaron que la urgencia de la medida responde a un contexto que calificaron como “desesperante”, marcado por las políticas de ajuste y el discurso estigmatizante del gobierno nacional hacia las personas con discapacidad. Aseguraron que la actual gestión de Javier Milei “desmantela y desfinancia” la estructura estatal responsable del área, dejando sin respuesta a muchas familias.

En la misma línea, cuestionaron la actuación del Instituto Provincial de Discapacidad, al que acusan de brindar “cada vez menos respuestas” a las demandas. “Muchas familias no saben qué hacer ni a quién reclamarle. Hay casos en los que deben elegir entre comer o pagar una prestación”, denunciaron.

Entre las dificultades más graves, mencionaron la falta de prestadores por las políticas nacionales, la ausencia de transporte adecuado, problemas con obras sociales —especialmente OSER—, escasez de equipos técnicos y carencias en la atención pública para quienes no tienen cobertura.

Las entidades pidieron que el gobernador Rogelio Frigerio fije una postura frente a la crisis y que informe qué actitud tendrán los legisladores nacionales del oficialismo ante el posible veto presidencial a la emergencia nacional en discapacidad. “Se están vulnerando derechos, especialmente de niños, lo que genera angustia en los padres. Es muy triste no saber qué postura tiene el gobierno provincial”, advirtieron.

El bloque justicialista reafirmó su compromiso para impulsar el tratamiento y aprobación de la emergencia, argumentando que la situación actual la hace “absolutamente justificada”. Recordaron que, así como el Ejecutivo provincial logró la sanción de emergencias para obras públicas y educativas con apoyo opositor, ahora corresponde avanzar en una medida que proteja la salud y la dignidad de miles de entrerrianos.

La propuesta plantea que la emergencia se extienda hasta diciembre de 2027 e incluye:

Participaron del encuentro representantes de Neurocea San Benito (Amarú Méndez), Apadea Litoral y Apadea Paraná (María José Robles, María José Carbajal y Natalio Center), Neurodiversidad San Benito (Nadia Gasparín), Centro Educativo Terapéutico El Solar (Luciana Scelzi), Fundación Le Ralos —en representación de la red de prestadores—, Tea Azul Paraná y MirarTea Paraná.

Por el bloque Más Para Entre Ríos estuvieron las diputadas Laura Stratta, Mariel Ávila, Andrea Zoff, Silvia Moreno, Silvina Deccó, y el diputado Yari Seiler.

“Estas leyes no son un gasto, son una respuesta urgente a sectores que no pueden esperar más. Es falso que comprometan el equilibrio fiscal. Lo que sí compromete la estabilidad es un modelo que ajusta sobre los más vulnerables mientras concentra privilegios”, señaló Bordet.

El exgobernador de Entre Ríos subrayó que el impacto fiscal de las medidas es perfectamente sostenible. “Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el efecto total sería inferior al 1% del PBI. Incluso dentro de las metas que el propio Gobierno se impuso. No estamos hablando de una amenaza al equilibrio fiscal, sino de una decisión política de seguir recortando derechos”.

Bordet también recordó que la emergencia en discapacidad y el refuerzo previsional fueron aprobados con amplio consenso parlamentario. “Estas iniciativas reflejan una voluntad mayoritaria de proteger derechos básicos. Confío en que el Congreso insistirá con la sanción, como establece la Constitución. Hay derechos que no pueden ser vetados”.

Finalmente, remarcó que el ajuste actual impacta de forma directa en los sectores más débiles. “La recomposición de pensiones por discapacidad no solo es un imperativo ético: también puede mejorar la circulación económica en muchas comunidades. Esta mirada integral es la que el Gobierno nacional elige ignorar”.

"Este proyecto surge de escuchar a las instituciones, a las familias, a los profesionales. Las personas con discapacidad no pueden seguir esperarando", expresó Ávila.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de los legisladores Damián Seyler, Silvina Deccó, Enrique Cresto, Sergio Castrillón y Lorena Arrozogaray, busca garantizar derechos fundamentales que hoy están siendo vulnerados ante el avance de políticas de ajuste a nivel nacional.

La propuesta legislativa plantea, entre otros puntos centrales:

La garantía de cobertura total de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) para personas con discapacidad, ya sea en efectores públicos o privados, a cargo del Estado provincial.

La facilitación del acceso a pensiones no contributivas nacionales, con transporte público gratuito para traslados a centros de evaluación.

El acceso oportuno y digno al Certificado Único de Discapacidad (CUD) en toda la provincia.

En la fundamentación, se advierte sobre el fuerte deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad como consecuencia de decisiones del gobierno nacional: “Hay terapias que se cortan, profesionales que dejan de atender, instituciones que cierran áreas. Todo esto impacta en las personas más vulnerables”.

Ávila también remarcó que Entre Ríos cuenta con una sólida red de instituciones y profesionales que trabajan bajo el marco de la Ley Nacional N.º 24.901, pero que enfrentan una crisis sin precedentes por la falta de actualización de aranceles, la baja en la cobertura de prestaciones y la ausencia de políticas locales activas de contención.

“El Estado provincial debe asumir la responsabilidad de estar presente, de acompañar, de cuidar. No podemos permitir que se sigan vulnerando derechos esenciales”, sostuvo la diputada.

Finalmente, el proyecto apunta a reforzar la descentralización del otorgamiento del CUD, garantizando su acceso en todo el territorio provincial, especialmente en casos de niñez y urgencias que requieren atención inmediata.

Con esta iniciativa, se busca que Entre Ríos sea una provincia que, frente al abandono, garantice inclusión, dignidad y derechos.

“La eliminación de estos organismos claves, a manos de la motosierra de Milei, pone en serio riesgo la calidad de los insumos, la transferencia de conocimientos, la innovación productiva, la fiscalización y el acompañamiento técnico a los productores agropecuarios, en especial a los pequeños y medianos, que son el motor de las economías regionales”, consideraron los diputados provinciales del justicialismo.

“En el caso del INTA, su debilitamiento y pérdida de autonomía administrativa y financiera amenaza su capacidad de generar servicios de extensión, campos demostrativos y explotaciones piloto. El INTA no es una estructura burocrática: es un actor fundamental para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, con una mirada regional y adaptada a las realidades locales”, sostuvieron luego.

Del mismo modo, la disolución del Inase pone en jaque la calidad de las semillas, la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de la Ley de Semillas. “Su red regional y cercanía con los productores ha sido una herramienta imprescindible para implementar políticas públicas eficaces. Su desmantelamiento implica un grave retroceso institucional, técnico y productivo”.

“Las afirmaciones del gobierno sobre un ahorro de mil millones de pesos anuales son, a nuestro juicio, insuficientemente justificadas y carentes de un análisis serio de las consecuencias negativas a largo plazo. Las pérdidas en productividad y competitividad generadas por la falta de control de calidad y asistencia técnica superarán ampliamente cualquier supuesto ahorro económico”, manifestaron en un comunicado enviado a esta Agencia.

“Este desmantelamiento y el cierre de instituciones vinculadas a la agricultura familiar, representan una política de abandono del desarrollo agropecuario y un atentado a la soberanía alimentaria. ¿Qué clase de modelo de país se impulsa si se recorta la inversión en ciencia, tecnología y asistencia a los productores?”, se preguntaron.

“Los diputados y diputadas justicialistas nos ponemos al lado de los trabajadores del INTA, del Inase y de todos los productores que verán afectadas sus actividades. Rechazamos categóricamente este desguace y exigimos al gobierno nacional que reconsidere estas decisiones tan perjudiciales”.

“Defenderemos la investigación agropecuaria, la asistencia técnica a los productores y el desarrollo sostenible del sector, pilares fundamentales para la economía de nuestra provincia y el bienestar de nuestro pueblo. Llamamos a la reflexión y a la defensa del INTA y del Inase fuertes, activos y al servicio del desarrollo del campo argentino”, concluyeron.

Diputados del bloque Justicialista "Más para Entre Ríos" presentaron este martes un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar su profunda preocupación por la situación que atraviesa la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que sufrió una significativa merma en su planta de trabajadores a raíz del desfinanciamiento del sistema universitario dispuesto por el Gobierno Nacional.

Según los datos brindados por la propia universidad, entre enero de 2024 y junio de 2025, 131 trabajadores renunciaron a sus puestos, de los cuales 123 son docentes y 8 no docentes. El proyecto apunta a visibilizar el impacto de estas políticas en el ámbito académico entrerriano y solicita una urgente respuesta legislativa.

La autora de la iniciativa, la diputada Laura Stratta, remarcó que esta alarmante situación es consecuencia directa de "la caída del poder adquisitivo de los salarios, cuya disminución superó el 40% en ese período", producto del recorte de partidas presupuestarias destinado a la educación superior.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que "desfinanciar el conocimiento es obstaculizar el progreso del país, es restarle oportunidades a sus habitantes, es negar el ejercicio de derechos y bloquear los sueños de miles de familias que saben que sin universidad pública y sin educación de calidad no podrán nunca disfrutar de una movilidad social ascendente".

Además, el texto declara el interés en que el Congreso de la Nación sancione una ley que garantice el aumento sostenido de la inversión en educación universitaria, el financiamiento adecuado de las casas de altos estudios, la recomposición salarial de docentes y no docentes, un programa de becas estudiantiles y el fortalecimiento de las áreas de investigación y extensión universitaria.

Stratta advirtió que Entre Ríos "no es ajena a la crisis financiera" que afecta a las universidades públicas desde comienzos de 2024 y alertó sobre el impacto que esto genera, especialmente en los salarios de los trabajadores, derivando en un escenario de creciente deserción laboral.

La diputada también hizo hincapié en el perfil de los trabajadores que abandonan sus cargos: el 69,5% tiene menos de 40 años, el 18% entre 40 y 50, y solo el 12,5% supera los 50 años, lo que demuestra que muchos de los que se van resignan incluso su posibilidad de jubilarse dentro del sistema.

“La pérdida de personal joven y formado atenta directamente contra la lógica de construcción de carrera docente e investigadora que caracteriza al sistema universitario público”, subrayó Stratta, y añadió que la situación está "rompiendo la dinámica interna de las universidades y tendrá consecuencias profundas a largo plazo".

Por último, la legisladora alertó sobre las consecuencias del desfinanciamiento sistemático y la campaña de desprestigio contra la universidad pública promovida por algunos sectores del oficialismo nacional, y recordó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha advertido sobre las múltiples dificultades que atraviesan las instituciones: desde la continuidad del dictado de clases, hasta la paralización de obras, la falta de actualización de becas y la crisis del sistema científico.

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo solicitando detalles precisos sobre el estado del Programa de Prevención y Atención al Paciente Diabético, dependiente del Ministerio de Salud provincial. La iniciativa fue elaborada por la diputada Laura Stratta y también incluye requerimientos sobre la provisión de métodos anticonceptivos y las acciones para prevenir el embarazo no intencional en adolescentes, tras la eliminación del Plan Nacional ENIA.

El pedido se enmarca en la creciente preocupación por las dificultades que estarían atravesando pacientes diabéticos para acceder a insulinas, metformina y otros insumos esenciales como tiras reactivas y glucómetros, de acuerdo a recientes denuncias e informaciones periodísticas.

El bloque legislativo solicita que el Ejecutivo informe la cantidad de pacientes nominalizados dentro del programa y cuántos se encuentran actualmente en condiciones de recibir insulinas. Además, se requiere una rendición detallada de las compras y entregas de medicamentos y materiales desde 2023 hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el tratamiento sostenido de una enfermedad crónica que afecta a miles de entrerrianos.

“El Programa es esencial para garantizar una calidad de vida adecuada a las personas con diabetes”, subraya el texto. “Por eso es clave conocer la evolución en la compra y entrega de insumos fundamentales para el monitoreo y tratamiento de la patología”.

En la misma línea, el pedido también pone el foco en la provisión de métodos anticonceptivos en todo el territorio provincial. Se requiere que el Ministerio de Salud informe sobre los distintos tipos disponibles —orales, inyectables, intrauterinos, de barrera, entre otros— y su distribución en los diferentes niveles del sistema de salud.

“El acceso a métodos anticonceptivos no solo es clave para la planificación familiar, sino también para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y para la autonomía corporal y reproductiva de las personas”, argumentó Stratta.

Uno de los puntos más sensibles del pedido está relacionado con la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, tras la discontinuación del Plan ENIA por decisión del Gobierno Nacional. La legisladora solicita información sobre qué acciones concretas ha adoptado o prevé implementar el gobierno provincial para dar continuidad a esta política pública fundamental.

“La ausencia de un plan nacional coordinado exige una respuesta provincial robusta y efectiva. Es imprescindible garantizar que las y los adolescentes cuenten con educación sexual integral, acceso a servicios de salud amigables y apoyo psicosocial”, señaló la diputada.

Stratta ya había advertido sobre este escenario en marzo de 2024, cuando presentó un pedido de informes similar, además de un proyecto para crear un Plan Provincial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados.

Desde el bloque remarcan que el objetivo del pedido de informes es promover la transparencia y garantizar derechos esenciales en salud, particularmente para sectores vulnerables como personas con enfermedades crónicas y adolescentes. “Es necesario conocer cuál es el grado de compromiso del Estado provincial frente a estos desafíos sanitarios que impactan directamente en la calidad de vida de miles de entrerrianos y entrerrianas”, concluyeron.