Crespo- Por sexto año consecutivo, a partir de este mes, la Prof. Amalia Elsasser, docente jubilada, llevará adelante su proyecto “Ayuda Solidaria”, que consiste en dar clases gratuitas de apoyo a alumnos de 1º y 2º Año de escuelas secundarias.

La ex rectora del Instituto Comercial comentó que le dedicará a esta propuesta tres tardes semanales, en horarios a confirmar. Los interesados pueden contactarse por mensaje privado al Facebook Amalia Elsasser o al número 154686607 para reservar su turno.

El proyecto está dirigido a estudiantes que tienen dudas o no entienden temas puntuales de Matemática. “Algunos necesitan unos minutos y otros más tiempo. Estoy para cada uno” dijo la profesora. “Hay muchos interesados, lo que me hace sentir bien. No es un momento fácil el económico para muchas familias y la necesidad está en muchos chicos. Si me eligen, no digo que no. Al contrario, me siento útil y contenta”, agregó.

Aclaró que “No preparo una materia, para eso hay maestras particulares. Mi proyecto es un ‘caminar paralelo’ a lo que el chico va dando en la escuela, acompañar ese proceso, lo que no entienden, lo que les genera dudas. A veces no entienden en el aula y para eso sumo lo mío. Pero no preparo materias para rendir. Acompaño durante el año”.

Opinó que “No hay un tiempo estipulado, en promedio lleva la clase entre 45 minutos y una hora. La idea es juntarlas entre martes y jueves, que son los días que puedo, y siempre a la tarde. Los lunes voy agendando. A la mañana tengo otras actividades”, contó.

“Hay mucha demanda, por lo que, si se suman varios chicos del mismo curso, tal vez los empiece a juntar. Es un proyecto personalizado pero a veces la demanda supera a las posibilidades de horarios que manejo”, indicó.

Y destacó que “La matemática no cambió. Los números son números. Y lo que uno enseña, no lo olvida. Los campos numéricos y las operaciones son las mismas. No me resulta complicado amoldarme, al contrario. Y lo bueno es que los chicos que vienen tienen un interés de aclarar dudas, de aprender. Ninguno viene a perder el tiempo, es algo que agradezco”.

Amalia recordó que “Para mí es una alegría ayudar, con la certeza de que Dios hizo nacer en mí este proyecto y con la convicción de que me da su mano en esta hermosa tarea de enseñar. En el servicio está la alegría y también es una forma de devolver lo que recibí en la vida”, opinó.

Sumó que “Hace algunos años, en una celebración del Día del Maestro, mientras hacía cosas en mi casa empecé a escuchar en radios saludos por la fecha. Se me vino la pregunta: ¿vos, cómo docente, qué vas a hacer? Era la voz de la conciencia, porque me di cuenta que tenía que ayudar, aportar un granito de arena a quienes lo necesitan y tal vez no están en condiciones de pagar una maestra particular. Sin consultar a nadie, empecé. Son los planes de Dios”.

Destacó que “En los primeros años tenía alumnos de diferentes edades y años, pero ahora la idea es tener de 1° y 2°, que son los que más lo necesitan porque vienen de un cambio de escuela, de pasar del primario al secundario. Creo que es lo mejor enfocar ahí, en esas dificultades que puedan aparecer”. 

María Grande- El Instituto Secundario María Grande D 34 es una escuela secundaria de gestión privada con trayectoria consolidada en la formación de adolescentes y jóvenes de la región, reconocida por su enfoque académico tradicional y fuerte sentido de comunidad educativa.

Como institución -orientada a la educación media- se convirtió en una opción frecuente para familias que buscan continuidad pedagógica, seguimiento cercano y un entorno de aprendizaje estructurado para sus hijos.

En términos académicos, se inscribe dentro de las propuestas clásicas de la educación secundaria, con espacios de formación general en lengua, matemática, ciencias sociales y naturales, y la incorporación progresiva de contenidos vinculados a la realidad actual, como el uso de tecnologías, proyectos interdisciplinarios y participación en actividades especiales. Aunque no se presenta como un establecimiento con una oferta fuertemente técnica o especializada, mantiene las bases necesarias para la continuidad de estudios en el nivel superior o terciario.

En lo que respecta a la infraestructura, cuenta con un edificio propio adaptado a las necesidades de la escuela media, con aulas organizadas por curso, espacios administrativos y sectores destinados a actividades especiales. En el plano de las actividades complementarias, desarrolla propuestas como proyectos solidarios, jornadas institucionales y, en algunos casos, eventos intercolegiales.

En el marco de los 70 años del Instituto Secundario María Grande D-34, esta semana el municipio realizó un aporte económico no reintegrable. La entrega fue realizada por el secretario de Gestión Económica y Finanzas, Sebastián Resnitzky, y recibida por la rectora María Silva.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

En Argentina, la disminución sostenida en la cantidad de nacimientos comienza a reflejarse en las aulas. Los números dan cuenta de ese cambio. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la cantidad de chicos que iniciaron primer grado bajó de 41.117 en 2020 a 30.686 en 2025, según estadísticas del Ministerio de Educación porteño. En paralelo, la tasa global de fecundidad descendió de 1,86 hijos por mujer en 2006 a 1,09 en 2023, el registro más bajo desde que hay estadísticas.

La tendencia no es exclusiva del país: un estudio del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, publicado en The Lancet, advierte que hacia fin de siglo la mayoría de los países podría enfrentar caídas poblacionales.

En este contexto, las experiencias internacionales se posicionan como alternativas clave. Una de esas opciones es la que ofrece la organización Participate Learning, que mantiene abierta una convocatoria para incorporar docentes argentinos a escuelas públicas de Estados Unidos. Las vacantes abarcan áreas como educación primaria, matemáticas, ciencias, educación especial e inmersión en español.

El programa contempla contratos de al menos dos años en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, con condiciones laborales equivalentes a las de los docentes locales. Los salarios anuales se ubican entre los US$ 41.000 y los US$ 55.000, según la experiencia y el distrito, e incluyen cobertura médica y asistencia en el proceso migratorio.

Sin embargo, quienes participan coinciden en que el principal atractivo no es económico. “El salario es importante, pero nosotros tratamos de enfatizar más en el desarrollo profesional del docente. Eso es algo que no van a perder nunca”, señala Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica de la organización.

El esquema incluye la posibilidad de cursar maestrías en universidades estadounidenses mientras se trabaja. A través de convenios con instituciones como la Universidad de Greensboro y la Universidad de Elon, los docentes pueden acceder a posgrados en educación primaria, educación especial o innovación educativa, en modalidad online y con aranceles diferenciados.

“La oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos con precios más accesibles es un incentivo importante. Quienes forman parte del programa pueden acceder a descuentos especiales”, explica Ramírez.

Además, el sistema educativo estadounidense destina recursos específicos a la capacitación continua. “En las escuelas hay presupuestos para el desarrollo profesional. Los docentes pueden asistir a conferencias, talleres y cursos, incluso en otras ciudades, con los gastos cubiertos”, agrega.

La experiencia también implica un desafío de adaptación cultural y pedagógica. Según Ramírez, los docentes argentinos suelen destacarse en ese aspecto: “Tienen una gran capacidad de adaptarse y de compartir su cultura. Eso es algo muy valorado en las escuelas, donde se promueve mucho la integración cultural”.

Esa dimensión es central en un programa que, además de la enseñanza, busca fomentar el intercambio cultural dentro de las aulas. Los docentes no solo dictan contenidos, sino que también introducen elementos de su país de origen, desde tradiciones hasta aspectos de la vida cotidiana.

Micaela Acosta, una docente argentina que participó de la experiencia, describe ese proceso como un punto de inflexión en su carrera. Durante su estadía cursó una Maestría en Innovación en Educación en la Universidad de Elon. “Desde que estaba en Argentina, tenía el deseo de seguir formándome y creciendo profesionalmente, con el objetivo de enriquecer mi práctica docente y ofrecerles a mis estudiantes experiencias de aprendizaje más significativas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y recursos, no había podido concretarlo”, cuenta.

En su caso, el impacto fue más allá del título. “Uno de los aspectos más significativos fue la constante invitación a reflexionar sobre nuestra práctica. No era solo aprender teoría, sino cuestionarnos, analizar nuestras realidades y pensar cómo generar cambios reales en nuestros contextos”, señala. También destaca el intercambio con colegas de distintos países: “Tuve la oportunidad de conectar con docentes de distintas partes del mundo, cada uno con realidades diversas pero unidos por un mismo propósito: mejorar la educación”.

Para Acosta, uno de los principales aportes fue la posibilidad de incorporar nuevas herramientas pedagógicas. “La maestría me brindó herramientas concretas, estrategias innovadoras y, sobre todo, nuevas formas de pensar la educación. Aprendí a mirar mi aula desde otra perspectiva, a integrar lo académico con lo social y emocional, y a diseñar experiencias que realmente preparen a los estudiantes para la vida”, afirma.

La convocatoria de Participate Learning está abierta durante todo el año y no tiene costo de inscripción. Entre los requisitos se encuentran contar con nivel avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, estar en actividad y tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años.

Para Acosta, ser docente implica estar en constante evolución. Por eso, mientras el sistema educativo local comienza a adaptarse a una nueva realidad demográfica, este tipo de iniciativas abren una discusión más amplia sobre el futuro de la profesión. En un escenario de menor crecimiento de la matrícula, la movilidad internacional y la formación continua aparecen como variables cada vez más relevantes para los docentes que buscan proyectar su desarrollo profesional.

En los últimos días, distintos mensajes y situaciones de acoso escolar han vuelto a ocupar un lugar central en la conversación social. Audios, capturas de pantalla, relatos de padres y estudiantes circulan con rapidez en redes sociales, exponiendo una realidad que, lejos de ser nueva, parece haberse intensificado: la violencia entre niños y adolescentes dentro y fuera del ámbito escolar.

Sin embargo, el problema no se limita al acoso en sí. Lo verdaderamente preocupante es cómo lo estamos interpretando y abordando.

En muchos casos, frente a situaciones de bullying, la respuesta del sistema educativo tiende a simplificar. Se identifica una conducta disruptiva, se etiqueta rápidamente a uno o varios niños y se intenta intervenir sobre ese comportamiento sin comprender el fenómeno en su totalidad. Aquí aparece un concepto clave: los fenotipos conductuales. Los fenotipos conductuales son descripciones observables de comportamiento: impulsividad, aislamiento, agresividad, dificultad en la regulación emocional, problemas en la interacción social. Son útiles como punto de partida, pero no explican la causa.

El problema surge cuando estos fenotipos se transforman en diagnósticos implícitos o en explicaciones cerradas. Cuando un niño es definido por su conducta sin que se investigue qué está sosteniendo esa conducta.

Un niño que agrede puede estar respondiendo a un entorno hostil. Un niño que se aísla puede estar atravesando ansiedad o depresión. Un niño que no regula puede tener alteraciones en el sueño, en su alimentación o en su desarrollo neurológico. Pero si el sistema se queda en la superficie, todo se reduce a “el que molesta”, “el que no se adapta”, “el problema del aula”.

El acoso escolar, en este contexto, no es solo un conflicto entre pares. Es también un síntoma de un sistema que no logra leer lo que está ocurriendo.

Las escuelas, muchas veces, no cuentan con herramientas suficientes para abordar la complejidad actual. La sobrecarga de alumnos, la falta de formación específica en salud mental, la presión por sostener la dinámica académica y la ausencia de equipos interdisciplinarios generan intervenciones parciales y, en muchos casos, tardías.

A esto se suma un cambio cultural profundo. Los conflictos ya no quedan dentro del aula. Continúan en redes sociales, en grupos de mensajería, en entornos digitales donde la exposición es constante y la agresión puede amplificarse sin límites. El acoso ya no termina cuando suena el timbre.

Este fenómeno tiene consecuencias clínicas concretas. Aumento de síntomas de ansiedad, cuadros depresivos, retraimiento social, dificultades en el aprendizaje y, en situaciones más graves, riesgo de autolesiones. Pero nuevamente, la respuesta suele centrarse en la conducta visible. Se sanciona, se advierte, se llama a los padres. Sin embargo, pocas veces se realiza un análisis profundo del contexto: qué dinámicas grupales están en juego, qué rol cumplen los adultos, qué condiciones emocionales y biológicas tienen los niños involucrados.

El sistema escolar necesita una revisión urgente.

No alcanza con protocolos formales si no hay comprensión real del problema. No alcanza con identificar “víctimas” y “agresores” si no se interviene sobre el grupo, sobre el clima institucional y sobre las condiciones individuales de cada niño. Incorporar una mirada más compleja implica, también, salir del reduccionismo conductual. Implica entender que la conducta es un lenguaje. Que expresa algo. Que no aparece en el vacío. Y esto requiere formación, tiempo y decisión institucional. También requiere trabajar con las familias. Porque muchas veces, lo que ocurre en la escuela tiene continuidad en el hogar y en el entorno digital. Sin un abordaje conjunto, cualquier intervención queda incompleta.

El desafío no es menor. Pero ignorarlo tiene un costo alto.

Cada mensaje que circula, cada caso que se viraliza, no es solo una noticia. Es una señal de que algo no está funcionando. Y mientras sigamos respondiendo desde la superficie, vamos a seguir viendo las consecuencias. El acoso escolar no se resuelve solo corrigiendo conductas. Se resuelve entendiendo qué las genera.

Durante la reunión, los docentes universitarios le plantearon la profunda preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, el atraso salarial acumulado y las dificultades crecientes para sostener la actividad académica en condiciones adecuadas. También advirtieron sobre el riesgo concreto de un éxodo de profesionales ante la falta de recomposición salarial.

En ese marco, el diputado nacional expresó: “La caída del salario docente es muy preocupante y pone en riesgo la continuidad de muchos profesionales en la universidad pública”.

El diagnóstico coincide con los datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que evidencian una fuerte caída de los recursos: las universidades han perdido cerca de la mitad de su financiamiento en términos reales en los últimos años, mientras que los salarios docentes registran una pérdida aproximada de un tercio de su poder adquisitivo.Además, los gastos de funcionamiento hoy cuentan con apenas una fracción de los recursos reales que tenían previamente, lo que obliga a las instituciones a sostener sus actividades en condiciones cada vez más limitadas.

El legislador advirtió sobre las consecuencias de este proceso: “El éxodo de docentes es una amenaza real que puede debilitar seriamente el sistema universitario”. Y remarcó que “si no se aplica la reforma de la ley de financiamiento universitario, no solo está en juego el nivel académico, sino también la investigación y la extensión, que son claves para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas”.

Bordet subrayó el impacto estructural de la situación: “Cuando se deteriora la universidad pública, también se resiente el desarrollo, aumenta el desempleo y se profundiza la pobreza”.

Frente a este escenario, ratificó su compromiso de “avanzar con todas las herramientas, tanto en lo personal como junto a nuestro bloque en el Congreso, para lograr la aplicación de la reforma de la ley de financiamiento universitario y defender a nuestros docentes”.

Finalmente, reafirmó una definición central: “La educación pública siempre será una inversión estratégica para el futuro de la Argentina”.

El planteo se da en un contexto donde distintos sectores vienen alertando sobre el impacto del ajuste en áreas clave como la educación, la ciencia y el sistema previsional, con consecuencias directas sobre el desarrollo económico y social.

La medida forma parte de un plan de acción gremial en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional. Bajo consignas como “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”, los trabajadores buscan visibilizar la situación del sector docente en todo el territorio entrerriano.

La modalidad de la protesta será descentralizada, con puntos de encuentro definidos en cada ciudad, principalmente en accesos y lugares de alta circulación, con el objetivo de amplificar el alcance de la manifestación.

Desde el gremio indicaron que los docentes deberán consultar en sus respectivas seccionales para conocer el lugar exacto de concentración en cada localidad.

En el caso de Crespo, la convocatoria tendrá lugar en el pórtico de ingreso a la ciudad, un punto estratégico elegido como referencia para reunir a trabajadores de la educación y a quienes deseen acompañar la actividad.

Al respecto, Claudia Schira, secretaria de la filial Crespo-Seguí, señaló que la jornada tendrá como eje central el reclamo salarial y la defensa de los derechos laborales del sector.

“La educación no se ajusta” será la consigna principal de la protesta, en la que se exigirá un incremento urgente de los salarios y se reiterará el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial.

Con esta acción, Agmer busca sostener la visibilidad del conflicto docente y presionar por respuestas concretas en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y las autoridades provinciales.

En el marco de una recorrida por los espacios de formación superior que se desarrollan en la ciudad, integrantes del equipo de Gobierno de la Municipalidad de Crespo, junto a autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná, visitaron a estudiantes de las tecnicaturas que se dictan en la extensión áulica local. La actividad permitió conocer de cerca el desarrollo de la Tecnicatura Universitaria en Programación, que cursa su segundo año, y de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, iniciada en 2026.

Estas propuestas forman parte de una política sostenida del Municipio orientada a fortalecer la educación, generar nuevas oportunidades y acompañar el crecimiento del entramado productivo de la ciudad.

Durante la jornada, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, destacó la importancia del trabajo articulado con instituciones de nivel superior. “Es un orgullo trabajar con universidades de nuestra zona, y en este caso con la UTN, que es una institución de gran prestigio. Estas carreras fueron impulsadas a partir de la demanda de nuestro Parque Industrial, porque creemos en la necesidad de contar con mano de obra calificada y en la importancia de que la formación se desarrolle en nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, señaló que actualmente unos 60 estudiantes de Crespo y localidades vecinas cursan estas tecnicaturas. “En este edificio NIDO ya se dictó la carrera de Mecatrónica y todo ese conocimiento se vuelca a la sociedad. Valoramos el esfuerzo de quienes eligen formarse, así como el compromiso de la Municipalidad y de toda la comunidad”, agregó.

Schmidt también remarcó que el municipio trabaja con datos relevados por una oficina de estadística local y encuestas realizadas a empresas del Parque Industrial, con el objetivo de identificar demandas laborales concretas y orientar la oferta educativa en función de esas necesidades.

Por su parte, el decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere, recordó que Crespo fue la primera extensión áulica de la institución en 2020 y valoró el crecimiento sostenido de la propuesta académica. “Es la cuarta tecnicatura que estamos llevando adelante. Buscamos que los estudiantes vivan la experiencia universitaria y se sientan parte de la institución”, indicó.

En esa línea, explicó que la Tecnicatura en Programación ya transita su segundo año e incluye prácticas supervisadas, mientras que la de Mantenimiento Industrial comenzó este año en respuesta a los perfiles requeridos por el sector productivo. “El entramado productivo de la región es muy importante y la vinculación con las empresas resulta fundamental para la inserción laboral de los estudiantes”, afirmó.

A su turno, Corina Darrechon, del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior, destacó la diversidad de procedencias de los alumnos, que llegan no solo desde Crespo, sino también desde Viale, Nogoyá, Ramírez y Paraná.

De la visita participaron también Pablo Canepa, coordinador de la carrera de Programación, junto a autoridades municipales y académicas, en una jornada que reafirmó el compromiso conjunto con la educación superior como motor de desarrollo local.

En los últimos días, el debate sobre la situación docente volvió a ocupar el centro de la escena. Las expresiones y los reclamos forman parte de una realidad que no desconocemos. La educación es una prioridad, y quienes enseñan merecen siempre ser escuchados.

Pero también es importante que ese debate se dé con todos los elementos sobre la mesa.Desde el inicio de esta gestión, la provincia ha atravesado un contexto económico muy complejo, con una caída significativa de los ingresos y de la coparticipación. En ese escenario, hubo una decisión clara: sostener el poder adquisitivo del salario docente.

Un maestro de grado sin antigüedad pasó de percibir 343.289 pesos en febrero de 2024 a 750.000 pesos en febrero de 2026. Si ese salario inicial se actualizara por inflación, debería ubicarse en torno a los 762.199 pesos. Es decir, la variación real fue de -1,6%, muy cercana al equilibrio.

En el caso de un maestro con 15 años de antigüedad, el salario pasó de 400.999 a 898.990 pesos, ubicándose incluso 1% por encima de la inflación.

Y para un director con 25 años de antigüedad, el ingreso pasó de 747.828 a 1.633.715 pesos, con una variación real de -1,6%.

Estos números muestran que, aun en un contexto muy difícil, la provincia logró sostener el poder de compra del salario docente. Esto no significa que la situación esté resuelta ni que no existan dificultades. Pero sí refleja una decisión concreta de priorizar a quienes sostienen todos los días la educación pública.

Este esfuerzo cobra aún más valor si se considera que los ingresos provinciales crecieron por debajo de la inflación. En otras palabras, se hizo un esfuerzo adicional para cuidar el salario docente en un contexto adverso.

El diálogo debe ser siempre el camino. La complejidad del momento exige responsabilidad de todos los actores: del Estado, de los gremios y de la dirigencia política. No se trata de negar los problemas, sino de abordarlos con seriedad y con información.

Entre Ríos necesita fortalecer su sistema educativo, y eso solo es posible con docentes acompañados y con políticas sostenidas en el tiempo.

Cuidar a quienes enseñan no es una consigna. Es una decisión. Y también una responsabilidad que esta gestión ha asumido, incluso en condiciones difíciles.

La docencia entrerriana volverá a manifestarse en las calles este viernes con un paro de 24 horas y una movilización provincial en Paraná. La medida fue confirmada por la conducción de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en el marco de un creciente conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales y previsionales.

La jornada de protesta incluirá una marcha de antorchas que partirá a las 18 desde la Plaza 1º de Mayo y se dirigirá hacia la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Desde el gremio anticiparon una importante convocatoria en lo que consideran una instancia clave de visibilización del reclamo docente.

El eje principal del reclamo está vinculado al rechazo del Decreto 500/26, una medida del Ejecutivo provincial que, según Agmer, establece sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio. Desde el sindicato manifestaron un fuerte malestar por la liquidación de haberes y denunciaron irregularidades en los pagos.

“Basta de jugar con nuestro dinero”, expresaron en un comunicado, en el que detallaron problemas como errores en los montos proporcionales, demoras en validaciones y la falta de conceptos como la escolaridad. “Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia”, remarcaron.

Otro de los puntos centrales de la protesta es la defensa de la Ley 8732. Desde Agmer rechazaron cualquier intento de reforma impulsado por el gobierno provincial y advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar tanto a trabajadores activos como jubilados.

Según sostienen, una modificación en los mecanismos de actualización salarial podría “desenganchar” los haberes jubilatorios de los salarios en actividad, lo que implicaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo. En ese sentido, defendieron la vigencia del sistema actual, al que consideran garante de jubilaciones dignas bajo el esquema del 82% móvil.

La medida de fuerza también se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la educación pública a nivel nacional. Desde el gremio expresaron preocupación por proyectos de reforma impulsados desde el gobierno nacional, que —según indicaron— podrían impactar negativamente en el sistema educativo.

“Sin educación pública no hay futuro para todos”, señalaron desde Agmer, reafirmando su postura en defensa de la escuela pública y del rol del Estado en la garantía del derecho a la educación.

La marcha de antorchas prevista para este viernes se perfila como una de las manifestaciones más importantes del sector docente en lo que va del año, en medio de expectativas por una eventual respuesta del gobierno provincial que permita encauzar el conflicto.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

En la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa ante la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales. El encuentro tuvo como objetivo informar a la docencia y a la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos, que los gremios calificaron como insuficiente y regresiva para el sector.

Durante la exposición, el secretario general de AMET Regional XI, Andrés Besel, subrayó la necesidad de transmitir con claridad el escenario actual del conflicto salarial. En ese sentido, expresó el desacuerdo del sindicato con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición salarial por decreto y remarcó la importancia de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Besel señaló que cualquier recomposición salarial debe impactar de manera efectiva en el bolsillo de los docentes, pero también contemplar a la obra social y a los docentes jubilados, sectores que —según sostuvo— también se ven afectados por las decisiones salariales que se adopten.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, destacó que el Frente Sindical se mantiene unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

El dirigente afirmó que desde el año pasado los gremios han manifestado voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar un escenario de conflicto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas del Gobierno no fueron adecuadas y que las propuestas presentadas resultaron insuficientes para el sector.

En ese marco, señaló que el paro realizado en los 17 departamentos de la provincia evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación. Según indicó, la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto y dificulta la construcción de acuerdos.

Antivero también advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al clima de tensión. Explicó que cualquier modificación en materia previsional impacta directamente en los derechos jubilatorios de los docentes. No obstante, confirmó que el Frente participará del encuentro para conocer el proyecto de primera mano, aunque anticipó que defenderán firmemente los derechos del sector.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto que, según describió, se caracteriza por una pérdida de derechos tanto a nivel nacional como provincial.

Frank cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no dignifica la tarea docente. Además, señaló que los montos no remunerativos incluidos en la oferta afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

La dirigente también describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con un aumento de licencias médicas y con docentes que evalúan abandonar la profesión. En ese sentido, recordó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y afirmó que el reclamo central es por un salario que permita vivir con dignidad.

En el marco del conflicto salarial y ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, los referentes sindicales señalaron que el Frente Sindical se encuentra evaluando distintas estrategias de acción en forma conjunta y que el conflicto podría extenderse en el tiempo.

Antivero explicó que no anticiparán públicamente todas las acciones que se encuentran en análisis para no facilitar movimientos del Gobierno, aunque confirmó que la instalación de una “carpa blanca” es una de las alternativas que se encuentran en agenda.

El dirigente sostuvo que el Frente mantiene la voluntad de diálogo y que el objetivo central es que los estudiantes estén en las escuelas. Sin embargo, advirtió que resulta difícil hablar de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Respecto a los plazos y a una eventual conciliación obligatoria, indicó que cada sindicato deberá evaluar la situación a través de sus mecanismos orgánicos —como plenarios o congresos— y que posteriormente se coordinarán los pasos a seguir de manera conjunta.

En la misma línea, Besel remarcó que todas las acciones que se definan estarán enmarcadas en lo resuelto por los delegados en Congreso. Además, señaló que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar nuevamente a los órganos de conducción para analizar el escenario.

El dirigente ratificó que las definiciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical priorizando la unidad y reiteró que cualquier recomposición debe contemplar a docentes activos, jubilados y al sistema de obra social.

Asimismo, Besel cuestionó decisiones políticas que —según su visión— afectan el financiamiento educativo y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar un salario que respete criterios constitucionales y contemple a todos los sectores del sistema educativo.

Finalmente, tanto Besel como Antivero expresaron críticas a las políticas económicas nacionales. Consideraron que la pérdida del poder adquisitivo y determinadas decisiones presupuestarias afectan a los trabajadores y advirtieron sobre lo que definieron como una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización.

En ese contexto, Antivero concluyó que uno de los principales desafíos del sindicalismo es fortalecer la organización colectiva y generar conciencia para defender derechos laborales que consideran históricamente conquistados.

La medida fue anunciada luego de que los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA resolvieran rechazar la nueva propuesta salarial y convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

“Si no lo hacemos por decreto, no le llega a los docentes en el bolsillo rápido, que es lo que nosotros pretendemos”, explicó el mandatario en declaraciones a El Once. “Sí, vamos a sacar un decreto para pagar este aumento por complementaria en los próximos días”, ratificó.

Frigerio se refirió además al comienzo del ciclo lectivo, en una jornada atravesada por el paro nacional dispuesto por Ctera. “Más de la mitad de las escuelas en Entre Ríos dieron clase y creo que eso es una noticia para destacar también”, afirmó.

En relación con la negociación salarial, sostuvo que el diálogo continuará abierto. “Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir”, expresó, y consideró “irresponsable” comprometer recursos sin respaldo financiero en el actual contexto económico.

El gobernador remarcó que durante su gestión se logró que los salarios docentes “le peleen a la inflación”, incluso en meses en los que la recaudación provincial creció por debajo del índice inflacionario. “Cuando uno contabiliza bien el sueldo inicial de nuestra gestión, los docentes le pudieron pelear a la inflación desde el arranque”, afirmó.

La oferta presentada en la paritaria incluía una suma que, según el Gobierno, compensaba la inflación acumulada durante el período estival.

Entre los puntos principales se contemplaba:

Con estas medidas, el Ejecutivo aseguró que un docente recién iniciado no percibiría menos de 750.000 pesos mensuales.

Asimismo, se propuso convocar en un plazo no mayor a 90 días a una nueva instancia paritaria para acordar una suma remunerativa vinculada directamente al crecimiento de los recursos provinciales, de modo que los salarios acompañen la evolución de la recaudación.

Frigerio reconoció que los salarios del sector público resultan insuficientes frente a las responsabilidades y niveles de formación requeridos. “Por supuesto que es insuficiente, como también podríamos decir en el caso de los policías, médicos y enfermeros”, señaló.

No obstante, remarcó que la situación debe analizarse en función del contexto económico heredado y de las restricciones fiscales actuales. “Es la realidad de lo que encontramos en este contexto tan difícil. Por lo menos le peleamos a la inflación”, indicó.

El mandatario destacó también que el Gobierno impulsa políticas integrales en educación, como inversiones en infraestructura escolar, programas de capacitación docente y el plan provincial de alfabetización. Según detalló, en el último año se registró una mejora del 10% en los niveles de lectura y escritura de alumnos de primero a tercer grado.

En cuanto al futuro de la negociación, propuso retomar el diálogo dentro de tres meses para evaluar la evolución de la inflación y la recaudación. “La idea es que en tres meses nos volvamos a juntar con los representantes docentes, veamos cómo viene la inflación y cómo viene la recaudación”, manifestó.

De este modo, en medio del conflicto gremial y la medida de fuerza anunciada, el Gobierno provincial confirmó que la mejora salarial impactará en los haberes docentes en los próximos días, mientras la paritaria docente en Entre Ríos continúa formalmente abierta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó que este lunes por la tarde se llevó a cabo la segunda audiencia de la paritaria salarial docente en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese marco, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta que fue rechazada en forma unánime por los cuatro sindicatos del sector, que anunciaron un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Del encuentro participaron en representación de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Cogno y Leandro Pozzi, acompañados por el vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretazz. También estuvieron presentes representantes de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante la audiencia, el Ejecutivo presentó una oferta salarial que contempla:

Tras analizar los términos, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente a la situación económica actual y la evolución del costo de vida.

Como medida de fuerza, resolvieron convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo. Asimismo, anunciaron una conferencia de prensa para ese mismo día a las 9.30, en la sede de AMET, ubicada en Montevideo 163, donde brindarán detalles de la decisión y los pasos a seguir.

En paralelo, desde el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) se informó que el paro docente convocado este lunes en la provincia registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según datos oficiales.

El relevamiento de presentismo docente, realizado a partir del monitoreo en los distintos establecimientos educativos, indicó que el nivel más bajo de adhesión se registró en el departamento Diamante, con un 37 por ciento, mientras que en escuelas de Paraná no superó el 40 por ciento.

De acuerdo con el informe del CGE, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

La continuidad del conflicto salarial quedará ahora sujeta a la evolución de las negociaciones y al impacto que tenga la nueva medida de fuerza anunciada por los gremios docentes.

Un grupo de 163 padres, madres y tutores de la Escuela Primaria Nina NEP Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren presentó el pasado 27 de octubre de 2025 una nota formal en la que solicita revisar la obligatoriedad de la Modalidad NINA (jornada extendida) y contemplar la posibilidad de ofrecer también la jornada simple como alternativa para las familias.

La presentación fue dirigida a la directora de la institución, profesora Mónica Kretzer, y posteriormente elevada a autoridades educativas departamentales y provinciales, donde tomó curso administrativo con número de expediente para su análisis en los niveles correspondientes del sistema educativo.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias firmantes manifestaron su preocupación por la falta de una respuesta formal, señalando que necesitan definiciones para organizar la dinámica familiar y tomar decisiones vinculadas a la escolaridad de sus hijos.

En la nota, los padres reconocen el esfuerzo institucional que implicó la implementación de la jornada extendida, pero consideran necesario revisar su carácter obligatorio atendiendo a la realidad particular de la comunidad.

Uno de los argumentos centrales señala que la extensión horaria limita la participación de los niños en actividades extracurriculares —como arte, música, danza, idiomas o deportes— que suelen desarrollarse en horario contraturno. Asimismo, advierten que la jornada prolongada puede generar mayores niveles de fatiga y reducir los tiempos de descanso y recreación.

Las familias sostienen que Aranguren no presenta indicadores sociales críticos que justifiquen una jornada obligatoria de tiempo completo. También remarcan que el servicio de comedor escolar funcionaba antes de la implementación de la Modalidad NINA, por lo que podría continuar brindándose a quienes lo necesiten sin que ello implique la permanencia extendida obligatoria.

Otro punto destacado es que la Escuela Nº 102 “17 de Agosto” es la única institución primaria de la localidad, lo que impide contar con alternativas si la jornada completa no resulta compatible con la realidad laboral y organizativa de cada familia. En ese sentido, consideran que la opcionalidad constituye una necesidad básica para garantizar la libertad de elección.

Además, plantean interrogantes sobre si la infraestructura edilicia resulta suficiente para sostener simultáneamente dos ciclos completos bajo modalidad extendida, especialmente en relación con la disponibilidad de aulas y las condiciones pedagógicas adecuadas.

Las familias firmantes manifestaron su voluntad de diálogo y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que contemplen tanto la educación formal como el desarrollo integral de los niños.

Finalmente, reiteraron la necesidad de una respuesta institucional en el corto plazo, considerando la cercanía del inicio del ciclo lectivo 2026 y la importancia de contar con certezas para la organización escolar y familiar.

A dos años de la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización, la política se consolidó como prioridad en la agenda educativa, con un fuerte incremento presupuestario y avances en la coordinación federal. Sin embargo, persisten desafíos clave: la llegada tardía de los libros a las escuelas, la aplicación desigual de evaluaciones y la falta de mediciones de impacto que permitan saber si las medidas están mejorando efectivamente los niveles de lectura.

Las conclusiones surgen del informe “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?”, elaborado por Argentinos por la Educación, que analiza los principales hitos nacionales y provinciales desde la aprobación del plan en mayo de 2024.

En 2025, la inversión nacional destinada a alfabetización pasó del 2,4% al 6,4% del presupuesto educativo, lo que implica un aumento del 152% en términos reales: de 144.510 millones de pesos constantes de 2025 a 364.840 millones. La mayor parte de los fondos se destinó a transferencias a las provincias para ampliar la jornada escolar (77,1%), además de la compra de libros (13,9%) y la formación docente (1,8%).

En paralelo, el Consejo Federal de Educación aprobó en 2024 el plan nacional junto con 24 planes jurisdiccionales, estableciendo por primera vez un marco común para fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura en todo el país. También se creó la Red Federal de Alfabetización y una unidad ejecutora específica dentro de la Secretaría de Educación para coordinar la implementación.

A nivel institucional, 17 jurisdicciones designaron equipos técnicos específicos para esta política, cinco están en proceso y dos aún no lo hicieron. Además, 16 provincias definieron lineamientos curriculares propios en alfabetización.

La capacitación fue uno de los ejes centrales. Más de 11.500 docentes participaron en ateneos didácticos presenciales y más de 37.000 en cursos virtuales. Asimismo, el programa Escuelas Alfa en Red alcanzó a 6.686 instituciones con mayores desafíos en alfabetización, brindando recursos y formación para fortalecer la gestión escolar.

Sin embargo, la implementación presenta ritmos dispares. Once jurisdicciones completaron instancias de capacitación docente, doce continúan desarrollándolas y una aún no las inició. En cuanto al acompañamiento directo a las escuelas, nueve provincias realizaron visitas, mientras que quince lo tienen en desarrollo.

La provisión de materiales fue otro componente central. En 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros vinculados a la alfabetización. No obstante, la entrega comenzó recién en el segundo trimestre del año, luego de que en 2024 se realizaran compras sin que los ejemplares llegaran efectivamente a las aulas.

A nivel provincial, 12 jurisdicciones completaron la entrega de libros, cinco están en proceso y siete no iniciaron esta acción o no la incluyeron en sus planes.

Especialistas advierten que el riesgo es que el desfasaje se repita en 2026, afectando la planificación pedagógica de las escuelas.

En 2024 se implementó la prueba Aprender Alfabetización, que alcanzó a más de 91.042 estudiantes de tercer grado. Los resultados mostraron que solo el 45% alcanza el nivel esperado de lectura.

Las diferencias entre provincias fueron marcadas: en Formosa (64%), Córdoba (59%) y CABA (55%) se registraron mayores proporciones de alumnos en los niveles más altos, mientras que en Chaco, Neuquén y Misiones predominan desempeños más bajos.

Al tratarse de una evaluación muestral y no censal, no fue posible devolver resultados específicos a cada escuela. Además, al no existir todavía mediciones comparables posteriores, no se puede evaluar la evolución de los aprendizajes tras la implementación del plan.

En paralelo, 11 jurisdicciones aplicaron evaluaciones provinciales propias, diez están en proceso y dos no las iniciaron. Sin embargo, solo cuatro devolvieron sistemáticamente los resultados a las escuelas y apenas cinco informaron haber tomado decisiones pedagógicas basadas en esos datos.

Desde Enseña por Argentina, su directora ejecutiva, Verónica Cipriota, destacó que la coordinación federal representa “un punto de inflexión”, pero advirtió que sin recursos adecuados y evaluaciones robustas no será posible revertir la crisis de alfabetización.

En la misma línea, especialistas como Valeria Abusamra (CIIPME–Conicet) y docentes consultados subrayaron que la evaluación debe convertirse en una herramienta formativa para orientar decisiones en cada escuela, especialmente en contextos más vulnerables.

También remarcaron que la alfabetización dejó de ser un tema exclusivamente docente para convertirse en una conversación pública, aunque aún resta consolidar una cultura de evaluación y garantizar la llegada oportuna de los materiales.

El informe de Argentinos por la Educación muestra avances claros en acuerdos federales, financiamiento y estructura institucional. Sin embargo, a dos años del lanzamiento del plan, todavía no existen datos que permitan medir su impacto concreto en los niveles de alfabetización.

La política está instalada y cuenta con mayores recursos. El desafío ahora es que esos recursos lleguen a tiempo, que las evaluaciones orienten decisiones reales en las aulas y que los aprendizajes mejoren de manera sostenida en todo el país.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió este viernes convocar a un paro nacional docente de 24 horas para el lunes 2 de marzo, en el marco de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La medida fue definida durante un congreso extraordinario de la entidad que conduce Sonia Alesso, donde se reclamó la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que supere la inflación.

Entre los principales ejes de la protesta se encuentra la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el congreso, Ctera reiteró además “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, y reclamó condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, provisión de recursos pedagógicos, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

La organización también expresó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, resolvió desarrollar acciones durante todo marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

La medida podría tener un fuerte impacto en Entre Ríos, ya que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de Ctera en la provincia, se plegará a la huelga. De esta manera, los docentes nucleados en el sindicato serán convocados a adherir al paro del 2 de marzo, lo que podría afectar el normal inicio del ciclo lectivo.

En paralelo, los sindicatos docentes que integran la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”.

La UDA, conducida por Sergio Romero, y la CEA, dirigida por Fabián Felman, señalaron en un comunicado conjunto que el sector atraviesa “la mayor caída presupuestaria en décadas” y que los salarios docentes se encuentran “en niveles de indigencia”.

Asimismo, remarcaron que la falta de convocatoria a la paritaria nacional, prevista en el artículo 10 de la Ley 26.075, podría profundizar y prolongar el conflicto, afectando el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Los gremios cuestionaron la derogación de normativas que garantizaban inversión educativa y advirtieron sobre el impacto negativo en la calidad del sistema, la desigualdad y el futuro de miles de estudiantes.

Finalmente, tanto Ctera como los sindicatos de la CGT coincidieron en que la paritaria docente constituye “una herramienta de paz y de diálogo” para resolver el conflicto y reclamaron al Gobierno Nacional una convocatoria urgente para discutir salario mínimo, condiciones laborales y carrera docente.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente entrerriano. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el debate en torno a las políticas educativas nacionales y a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el trabajo organizativo en el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente.

Durante la primera parte de la jornada, los y las participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa, intercambiando miradas y evaluando sus posibles implicancias en el sistema educativo. El objetivo fue avanzar en la elaboración de un posicionamiento institucional frente a la propuesta, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector docente.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo, abordando situaciones administrativas y pedagógicas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Entre los temas tratados se incluyeron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otras cuestiones relevantes para la carrera profesional.

Desde el gremio destacaron que la reunión permitió reforzar la articulación entre las seccionales departamentales y la conducción provincial, consolidando espacios de intercambio y planificación conjunta.

El encuentro se inscribe en un escenario de debate sobre el rumbo de las políticas educativas a nivel nacional y provincial, y reafirma el compromiso de la organización sindical de sostener una participación activa en la discusión pública, al tiempo que se prepara para acompañar a la docencia entrerriana en el inicio de un nuevo año escolar.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este jueves la Escuela EET N°2 Almirante Guillermo Brown, en la ciudad de Paraná, donde se desarrollan trabajos de desmalezamiento y mantenimiento a cargo de internos de distintas unidades penales. La recorrida se dio en el marco de las acciones de acondicionamiento de los establecimientos educativos de cara al inicio del ciclo lectivo.

Durante la visita, el mandatario provincial destacó la importancia de preparar las escuelas antes del comienzo de clases y valoró el doble impacto de la iniciativa. “Combinamos lo que para nosotros es importante, que los internos trabajen, y toda la sociedad acompaña esta medida, junto con la posibilidad de que lo hagan en un lugar imprescindible y prioritario como es el mantenimiento y preparación de las escuelas para el inicio del ciclo lectivo”, expresó.

En otro tramo de sus declaraciones, Frigerio fue consultado sobre la situación de las paritarias salariales. Al respecto, señaló que se trata de una discusión recurrente en cada año y recordó que en 2024 se alcanzó “una paritaria histórica anual”. “Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido, teniendo en cuenta lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general, y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”, indicó.

El gobernador también se refirió al estado de las cuentas públicas provinciales, fuertemente vinculadas a los recursos coparticipables. En ese sentido, explicó que, si bien la economía muestra signos de crecimiento, ese repunte aún no se refleja en los ingresos del Estado nacional ni de las provincias. “Eso obviamente complica la discusión en términos salariales”, sostuvo.