La morosidad de los créditos otorgados a personas físicas continúa en aumento en Argentina y alcanzó en junio de 2026 al 17,5% del monto total prestado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con ECO GO.

Se trata del vigésimo incremento mensual consecutivo y confirma el deterioro de la calidad de las carteras de crédito registrado durante el último año y medio.

El dato adquiere particular relevancia al observar su evolución: en diciembre de 2024 la mora representaba el 3,6% del crédito, mientras que en diciembre de 2025 había trepado al 12,6%. En junio de 2026 llegó al 17,5%.

En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, señaló Martín E. Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

La situación presenta diferencias importantes según la provincia.

En Entre Ríos, la mora por monto alcanzó el 13,4%, ubicándose por debajo del promedio nacional y entre los niveles más bajos del país.

En el extremo superior de la tabla aparecen:

En el otro extremo se encuentran:

Los datos muestran, por lo tanto, un escenario heterogéneo, con diferencias considerables entre las distintas economías provinciales.

El deterioro también puede observarse cuando se analiza la cantidad de personas y no solamente el monto de dinero comprometido.

En junio, el 26,1% de los deudores registraba algún nivel de mora, lo que representa un incremento de 8,8 puntos porcentuales en comparación con junio de 2025.

En términos del monto total adeudado, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Es decir, mientras el crédito continúa expandiéndose, también crece la proporción de préstamos que presentan dificultades de pago.

Uno de los aspectos centrales del informe es la diferencia entre el sistema financiero tradicional y los proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Los PNFC representan el 14,1% del crédito total otorgado a personas, pero registran una mora por monto del 31%.

En el sistema financiero, en cambio, la morosidad alcanza al 15,2%.

La diferencia resulta significativa: el nivel de incumplimiento entre los proveedores no financieros es más del doble que el registrado en las entidades del sistema financiero.

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, advirtió Masci.

El incremento de los incumplimientos no significa que el crédito se haya frenado.

Por el contrario, el informe señala que, sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual.

Además, las 24 jurisdicciones del país registraron crecimiento real del crédito respecto de junio de 2025, con variaciones que fueron desde el 1,8% hasta el 13,1%.

Esto configura una situación particular: el sistema continúa prestando más dinero mientras simultáneamente aumenta la proporción de créditos que presentan problemas de pago.

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio llegó a $97,1 billones.

De ese total:

El crecimiento del financiamiento, sin embargo, convive con una mayor fragilidad en la capacidad de pago de una parte de los hogares y personas que acceden a estos préstamos.

El informe también analiza el endeudamiento en relación con el tamaño de cada economía provincial, utilizando el indicador de crédito sobre Producto Bruto Geográfico (PBG).

En este caso, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más elevados.

Este indicador permite observar que no necesariamente las provincias con mayor mora son las que presentan el mayor nivel de crédito relativo a su economía.

El Monitor mensual de crédito a las familias es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y ECO GO a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aunque el informe utiliza la denominación “familias”, el universo analizado corresponde específicamente a personas físicas con saldo positivo informado en la Central de Deudores. No se incluyen personas jurídicas.

El trabajo fue elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Martín E. Masci.

La evolución de los últimos 18 meses marca un cambio significativo en la calidad del crédito: la mora pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026.

Aunque el financiamiento continúa creciendo y Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menor morosidad, la tendencia nacional plantea un desafío para el sistema financiero: sostener la expansión del crédito sin que el aumento de los incumplimientos termine deteriorando aún más la capacidad de pago de los deudores.

La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo político luego de que la senadora nacional Juliana Di Tullio presentara una impugnación contra el legislador entrerriano Joaquín Benegas Lynch, a quien acusa de mantener un presunto conflicto de intereses por su actividad empresarial vinculada al mercado de tierras rurales.

La presentación fue realizada horas después de que el oficialismo decidiera retirar del temario del Senado el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía modificaciones al régimen de tierras y que finalmente no fue tratado por falta de los votos necesarios para su aprobación.

Según la documentación citada en la impugnación, Benegas Lynch figura como fundador y director de Glocal Terra, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento, valuación, administración e intermediación para inversiones en tierras rurales en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

En su sitio web institucional —publicado en idioma inglés— la firma informa que trabaja con propietarios e inversores extranjeros, brindando asesoramiento comercial, financiero y legal para operaciones vinculadas al mercado de tierras.

Entre los servicios que promociona se encuentran:

La empresa sostiene haber participado en operaciones sobre más de 3 millones de hectáreas en distintos países de América Latina y afirma haber valuado más de 400.000 hectáreas destinadas a actividades agrícolas, forestales, ganaderas y proyectos de conservación.

La senadora del bloque Justicialista presentó una nota dirigida a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, en la que solicita que Benegas Lynch se abstenga de participar en cualquier tratamiento legislativo relacionado con la normativa sobre tierras rurales.

Según Di Tullio, existe una incompatibilidad entre el rol de legislador y su participación en una empresa cuya actividad comercial podría verse directamente beneficiada por eventuales modificaciones legales.

En la presentación sostiene que existe una "colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado", ya que cualquier cambio en el régimen vigente podría impactar sobre el volumen de negocios de la empresa.

La legisladora también invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, al considerar que corresponde analizar si existe un conflicto de intereses que afecte la imparcialidad del senador durante el debate parlamentario.

En su página institucional, Glocal Terra sostiene que las empresas privadas generan beneficios sostenibles cuando operan "en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados", una definición alineada con principios promovidos por La Libertad Avanza.

La firma también manifiesta desarrollar acciones de responsabilidad social y menciona su colaboración con organizaciones como Conin, señalando que parte de sus ganancias se destinan a apoyar programas educativos y de nutrición.

La polémica se produjo luego de que el oficialismo retirara del orden del día el proyecto de reforma de la Ley de Tierras al no reunir los apoyos necesarios para su aprobación en el Senado.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no realizó declaraciones públicas sobre la impugnación presentada por la senadora Di Tullio ni sobre los cuestionamientos vinculados a su participación en Glocal Terra.

El planteo deberá ser evaluado por las autoridades de la Cámara Alta en el marco del procedimiento legislativo correspondiente.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario de electricidad para Entre Ríos, que comenzará a regir para los consumos registrados desde el 1° de agosto de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 119/26, publicada este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

La actualización responde a los cambios establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación en los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el trimestre comprendido entre agosto y octubre. A partir de esas modificaciones, Enersa presentó un nuevo esquema tarifario que fue analizado y aprobado por el organismo regulador provincial.

El EPRE explicó que la actualización se origina en la modificación de los valores nacionales correspondientes al:

Estos componentes forman parte del costo mayorista de la energía y luego son trasladados a los cuadros tarifarios que aplican las distribuidoras provinciales.

Además, desde el 1° de agosto comenzó a regir un recargo de 2.508 pesos por megavatio hora destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), otro de los conceptos que inciden en el valor final de la factura.

Junto con la actualización tarifaria, el EPRE confirmó la continuidad de los mecanismos de asistencia para los usuarios de menores ingresos.

La Provincia prorrogó hasta el 31 de octubre el subsidio sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales incluidos en el Nivel 2 (Menores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), tomando como referencia el padrón vigente en diciembre de 2025.

El beneficio equivale a una bonificación del 6 % sobre el Valor Agregado de Distribución y deberá figurar en las facturas con la leyenda:

"Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial".

El nuevo esquema también incorpora los Subsidios Energéticos Focalizados establecidos por el Gobierno nacional.

Durante agosto, los usuarios alcanzados por ese régimen recibirán una bonificación extraordinaria del 16,59 % aplicada sobre un consumo base de 300 kilovatios hora mensuales, beneficio que se suma al esquema nacional vigente.

Asimismo, continuará vigente el mecanismo provincial que limita el impacto de las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución, estableciendo que esos incrementos no podrán superar la evolución mensual del Índice de Salarios publicado por el INDEC.

La resolución también ratifica el tratamiento diferencial para clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro alcanzadas por la normativa nacional.

En estos casos, las bonificaciones nacionales continuarán aplicándose sobre la totalidad del consumo eléctrico, sin limitarse a un volumen determinado de energía.

El cuadro tarifario mantiene además el canon destinado a financiar la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná, fijado en 323.046,95 dólares mensuales.

Para su actualización se tomó como referencia un tipo de cambio de 1.487,769 pesos por dólar, correspondiente al valor vigente el 1° de julio.

Desde el EPRE aclararon que el cuadro tarifario aprobado tendrá vigencia mientras no existan nuevas modificaciones en los precios mayoristas establecidos por el Gobierno nacional.

En caso de que vuelvan a actualizarse los costos de la energía, la potencia o el transporte dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, las distribuidoras podrán presentar un nuevo cálculo tarifario para su evaluación y eventual aprobación por parte del organismo regulador.

La resolución lleva la firma de Marcos Rodríguez Allende, director Jurídico a cargo de la intervención del EPRE.

La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) expresó su preocupación por la situación que atraviesan miles de empresas de la provincia y advirtió que el actual contexto económico está comprometiendo la continuidad de numerosos comercios, industrias, prestadores de servicios y emprendimientos turísticos.

A través de un comunicado enviado a Paralelo 32, la entidad —que representa a 35 instituciones empresarias entrerrianas— sostuvo que el sector privado realizó un importante esfuerzo para adaptarse al nuevo escenario económico, pero aseguró que las condiciones actuales ya no alcanzan para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

Desde FEDER señalaron que, desde el inicio del actual proceso económico, empresarios y comerciantes comprendieron la necesidad de acompañar las medidas de ordenamiento implementadas y adaptarse a nuevas formas de producción y consumo.

En ese sentido, destacaron que muchas empresas incorporaron nuevas tecnologías, modificaron sus estrategias comerciales, redujeron costos y realizaron inversiones para sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo.

Sin embargo, advirtieron que ese esfuerzo encuentra hoy un límite.

"La fuerte caída del consumo, la retracción de la actividad económica y el constante incremento de los costos operativos están colocando a numerosos establecimientos en una situación extremadamente compleja", expresaron.

El documento sostiene que la combinación de mayores gastos fijos, incremento de tarifas, costos laborales, presión tributaria y pérdida de rentabilidad conforma un escenario cada vez más difícil para quienes producen, invierten y generan empleo en Entre Ríos.

Según la entidad, este contexto afecta tanto a pequeñas como medianas empresas de toda la provincia, limitando sus posibilidades de crecimiento e incluso poniendo en riesgo su continuidad.

FEDER también alertó sobre la situación del sector turístico, considerado uno de los motores económicos de Entre Ríos durante los últimos años.

La entidad afirmó que la disminución del movimiento turístico repercute directamente sobre hoteles, restaurantes, comercios y una amplia red de actividades vinculadas al sector.

"La caída del turismo impacta de manera directa sobre toda la economía regional", advirtieron.

En el comunicado, la Federación aclaró que el sector empresario no reclama beneficios extraordinarios, sino políticas que permitan recuperar la competitividad y generar condiciones favorables para el desarrollo de la actividad privada.

Entre los principales pedidos, la entidad mencionó la necesidad de avanzar hacia un escenario de mayor previsibilidad, promover el consumo, aliviar los costos que afectan la producción y fortalecer al turismo como actividad estratégica para el desarrollo provincial.

"Las empresas entrerrianas reclaman condiciones que les permitan trabajar, producir, invertir y crecer", señalaron.

Desde FEDER consideraron que, luego del esfuerzo realizado por el sector privado durante los últimos meses, resulta necesario que las políticas públicas acompañen el proceso de recuperación económica.

"Entre Ríos necesita una agenda de crecimiento", afirmaron.

En ese marco, advirtieron que cada comercio que cierra, cada empresa que reduce su actividad y cada puesto de trabajo que se pierde representan un retroceso para toda la comunidad.

Finalmente, la Federación Económica de Entre Ríos reafirmó su voluntad de continuar trabajando junto a los distintos niveles del Estado, aunque sostuvo que también tiene la responsabilidad institucional de visibilizar la realidad que enfrentan miles de emprendedores, comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

"La defensa de la producción, el comercio, los servicios y el turismo es, en definitiva, la defensa del empleo y del desarrollo de todos los entrerrianos", concluye el documento firmado por las 35 entidades que integran la organización.

La economía doméstica continúa siendo el principal desafío para millones de argentinos. Un estudio nacional elaborado por Zentrix Consultora refleja que la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento del endeudamiento y la imposibilidad de llegar a fin de mes configuran un escenario de fuerte preocupación social, incluso entre quienes respaldan al Gobierno nacional.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) correspondiente a julio muestra que el 61,9% de los argentinos contrajo deudas durante los últimos seis meses y que, en más de la mitad de los casos, esos préstamos fueron destinados a cubrir gastos cotidianos y no a financiar inversiones o compras de largo plazo.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento indica que el 66% de los argentinos agota sus ingresos antes o a partir del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación es aún más compleja entre los jóvenes de 18 a 39 años: el 85,5% asegura quedarse sin dinero antes de finalizar el mes, evidenciando una mayor fragilidad económica respecto de otros grupos etarios.

En paralelo, el 87,4% de los consultados considera que su salario perdió frente a la inflación, percepción que atraviesa incluso a los votantes del oficialismo.

La encuesta revela un cambio profundo en la utilización del crédito.

Del total de personas que se endeudaron:

El informe sostiene que el crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un mecanismo para sostener el consumo cotidiano.

La situación resulta especialmente delicada entre los jóvenes, donde más de un tercio recurrió a prestamistas o financieras informales, generalmente con costos financieros mucho más elevados.

El estudio también muestra que endeudarse no resuelve la situación económica de los hogares.

Entre quienes tomaron créditos:

Además, el 55% considera que las tasas de interés actuales convierten al crédito en "una trampa", reflejando el creciente peso del endeudamiento sobre la economía familiar.

Otro de los aspectos relevados fue la percepción respecto de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El 67,1% de los consultados sostiene que la inflación oficial no refleja el aumento de precios que experimenta en la vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% considera que los datos oficiales representan la realidad.

Para la consultora, esta diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia diaria de los consumidores explica por qué la desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una mejora del humor social.

Al consultar sobre los problemas que más preocupan a la sociedad, la encuesta ubicó en primer lugar a la corrupción, mencionada por el 48,8% de los participantes.

Detrás aparecen cuestiones directamente vinculadas al bolsillo:

El informe concluye que, aunque la corrupción encabeza el listado, cuatro de las cinco principales preocupaciones de los argentinos están relacionadas con la situación económica.

El relevamiento también analizó la percepción sobre las principales figuras políticas nacionales.

El presidente registró:

Su mejor desempeño aparece entre hombres menores de 40 años del interior del país, mientras que los niveles más altos de rechazo se observan entre mujeres y mayores de 40 años.

El gobernador bonaerense obtuvo:

Su mayor respaldo se concentra en mujeres y habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad alcanzó:

Su imagen presenta escasas variaciones entre los distintos grupos etarios.

La dirigente del Frente de Izquierda fue la única figura con balance positivo:

Sin embargo, ese diferencial favorable no se traduce en una intención de voto elevada para una eventual elección presidencial.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) fue elaborado por Zentrix Consultora entre el 21 y el 30 de julio de 2026 sobre una muestra nacional de 1.468 casos válidos.

El relevamiento se realizó mediante cuestionarios online y presenta un margen de error de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%.

El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que la reciente reforma previsional representa un paso clave para sanear las cuentas públicas de Entre Ríos y generar condiciones que permitan reducir la carga impositiva sobre el sector productivo.

Lo hizo este jueves durante la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde compartió escenario con la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y referentes del empresariado provincial.

En su discurso, Frigerio afirmó que su gestión impulsa un cambio en la relación entre el Estado y el sector privado.

"Durante mucho tiempo el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras y los privilegios, y recién después se pensaba en quienes producen. Nosotros dimos vuelta esa lógica", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que el Estado deje de ser un obstáculo para la inversión y se convierta en un facilitador del desarrollo económico.

Uno de los principales anuncios giró en torno a la reciente reforma de la Caja de Jubilaciones, aprobada por la Legislatura provincial.

El mandatario consideró que la medida constituye "un paso histórico" para reducir el déficit estructural de la provincia y aseguró que permitirá liberar recursos para fortalecer áreas prioritarias y avanzar en una reducción de impuestos.

"La reforma apunta a corregir un problema que condicionaba las finanzas públicas y limitaba las posibilidades de crecimiento", sostuvo.

Frigerio también repasó algunas de las medidas impulsadas por su administración para incentivar la llegada de inversiones privadas.

Entre ellas destacó la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, organismo que busca acompañar a las empresas durante todo el proceso de radicación y expansión.

Además recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en sancionar un régimen provincial de promoción.

Según explicó, las nuevas inversiones que generen empleo podrán acceder a beneficios fiscales por un período de hasta 15 años.

Otro de los puntos mencionados fue la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, una herramienta que busca agilizar trámites vinculados a habilitaciones ambientales y reducir tiempos administrativos para el sector productivo.

Durante su exposición, el gobernador insistió en que el crecimiento económico dependerá del protagonismo del sector privado.

"Hoy la política escucha a los empresarios y trabaja para resolver sus problemas. Así debería haber sido siempre", afirmó.

También convocó a los representantes del empresariado a convertirse en actores centrales de la transformación provincial y reiteró el compromiso de su gabinete de trabajar junto al sector productivo para impulsar nuevas inversiones y generar empleo.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones para impulsar el desarrollo de la provincia.

Durante su intervención respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno provincial y consideró que la reciente modificación del sistema previsional constituye una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, planteó la necesidad de continuar avanzando hacia un Estado más eficiente y moderno.

"Un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que administra mejor los recursos que aportan los ciudadanos", concluyó.

La Unión Europea volvió a habilitar el ingreso de carne fresca aviar argentina, luego de reconocer que el país recuperó el estatus de libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP). La decisión representa una noticia clave para la cadena avícola nacional y, especialmente, para Entre Ríos, una de las principales provincias productoras de carne de pollo y huevos del país.

La reapertura fue oficializada mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea, y permitirá retomar las exportaciones a partir del 17 de agosto de 2026.

La habilitación llega luego del reconocimiento internacional al sistema sanitario argentino, tras las acciones implementadas para controlar y erradicar los brotes de influenza aviar.

El proceso fue impulsado de manera conjunta por el Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cancillería y el sector avícola, que durante los últimos meses desarrollaron gestiones técnicas y diplomáticas para lograr la reapertura del mercado europeo.

La Unión Europea es considerada uno de los destinos de mayor valor para la producción avícola argentina, debido a sus exigentes estándares sanitarios y de calidad. Entre los principales compradores dentro del bloque se encuentran Países Bajos, España y Alemania.

La decisión cobra especial importancia para Entre Ríos, donde la avicultura constituye uno de los pilares de la economía regional y genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

La posibilidad de volver a exportar carne fresca al mercado europeo abre nuevas oportunidades para las empresas del sector, mejora las perspectivas comerciales y fortalece la competitividad de la producción entrerriana en el mercado internacional.

La reapertura coincide con la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo que permitirá a la Argentina acceder nuevamente a la cuota preferencial prevista para las exportaciones de carne aviar.

De esta manera, el país podrá aprovechar mejores condiciones comerciales para colocar sus productos en uno de los mercados más importantes del mundo.

Según datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas de carne aviar hacia la Unión Europea superaron los 14 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 32% respecto del año anterior.

Los envíos comprendieron carne de pollo entera, cortes y despojos comestibles congelados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del 16,8% en las escalas del monotributo, que impacta tanto en los topes de facturación como en el valor de las cuotas mensuales. Los nuevos montos se utilizarán para la recategorización del segundo semestre de 2026 y comenzarán a aplicarse en los pagos con vencimiento desde agosto.

Aunque el organismo toma como referencia la facturación acumulada de los últimos 12 meses, muchos monotributistas utilizan un cálculo mensual para controlar sus ingresos y evitar superar el límite de la categoría en la que se encuentran inscriptos.

Tomando los nuevos topes anuales establecidos por ARCA, estos son los montos orientativos de facturación mensual:

Estos valores son una referencia práctica para el seguimiento mensual, aunque el parámetro que define la permanencia en cada categoría es la facturación anual acumulada, aclara ARCA.

El organismo recordó que la categoría del monotributo no depende únicamente de los ingresos. También se tienen en cuenta otros indicadores vinculados a la actividad, entre ellos:

Además, ARCA evalúa los ingresos devengados de los últimos doce meses, es decir, el total de las facturas emitidas durante ese período, sin importar la fecha en que fueron cobradas.

Por ese motivo, superar el promedio mensual en un determinado mes no implica automáticamente quedar fuera de la categoría, siempre que la facturación anual permanezca dentro del límite establecido.

Los contribuyentes que superen los topes previstos para su categoría deberán realizar la recategorización correspondiente.

En tanto, quienes excedan el monto máximo permitido para permanecer en el monotributo deberán incorporarse al régimen general, tributando IVA y Ganancias conforme a la normativa vigente.

La actualización de las escalas busca mantener los valores del régimen simplificado en línea con la evolución de los precios y servirá como referencia para miles de monotributistas que deberán revisar su situación fiscal durante este segundo semestre de 2026.

Cuando la política exterior abandona la prudencia, los exabruptos de unos pocos segundos se transforman en hipotecas de varios años. Lo vivido este fin de semana en San Pablo encaja perfectamente en esa dinámica. Javier Milei decidió utilizar una tribuna partidaria extranjera para injuriar, sin nombrarlo pero sin dejar dudas, al jefe de Estado de la principal economía de América del Sur. Llamarlo "basura comunista", "el ladrón" o "el presidiario" no es una audacia retórica: es la renuncia deliberada a distinguir entre el líder de un partido y el Jefe de Estado de un país vecino, socio y garante de previsibilidad regional.

La respuesta de Brasilia fue proporcional y, diría, contenida: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. No es una ruptura de relaciones —el vocabulario diplomático distingue con precisión estos grados— pero sí es la señal más dura que un gobierno puede emitir sin cruzar ese umbral. Es, en el lenguaje de los cancilleres, una advertencia formal de que algo se ha quebrado y de que la reparación no será automática.

Quienes formulan la política exterior argentina de este gobierno suelen invocar la "autonomía" y la "libertad" como si fueran sinónimos de desapego respecto de los vecinos. Pero la autonomía real de un país mediano —y Argentina lo es, pese a las fantasías de excepcionalidad— no se construye ofendiendo a quien es, por lejos, su socio comercial más importante. Se construye acumulando márgenes de maniobra, y esos márgenes se obtienen precisamente de vínculos regionales sólidos, no de su demolición ostentosa.

Los números no dejan lugar a la ambigüedad retórica. En el primer semestre de 2026 el intercambio de bienes entre ambos países rozó los 13.803 millones de dólares, muy por encima del comercio con China o Estados Unidos. Brasil absorbió el 12,6% de las exportaciones argentinas totales en ese período y es, desde 1991, de modo ininterrumpido, el principal socio comercial del país. No es un dato menor ni coyuntural: es la estructura misma sobre la que se apoya buena parte del entramado industrial argentino, en particular el sector automotriz, donde Brasil concentra hasta el 50% de las exportaciones de pick-ups y camiones. La búsqueda de un aplauso partidario en San Pablo, cuando se hace a costa de ese vínculo estratégico, no expresa soberanía: la debilita irresponsablemente.

La integración regional no es un artefacto burocrático heredado de los años noventa ni una nostalgia progresista, como se la suele caricaturizar desde ciertos sectores del oficialismo. Es, ante todo, un instrumento de inserción internacional que multiplica el peso relativo de países que, aislados, tienen escasa capacidad de negociación frente a los grandes bloques y potencias. Ese mismo principio opera, en otra escala, en nuestra Región Centro: la convicción de que la cooperación entre provincias fortalece su capacidad para defender intereses compartidos, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de sus economías regionales. Lo ocurrido este fin de semana convierte una relación de Estado en una extensión de la interna electoral brasileña, alineando a la Argentina, sin matices, con el bolsonarismo y en contra del gobierno constitucional de su vecino.

Es válido —y hasta esperable— que un presidente tenga preferencias ideológicas y afinidades personales. Lo que ninguna diplomacia seria admite es que esas preferencias se traduzcan en injerencia declarada en un proceso electoral ajeno, ni que un mandatario en ejercicio equipare a un jefe de Estado extranjero con un delincuente desde suelo de ese mismo Estado. La defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro —condenado a más de 27 años de prisión por la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado— agrega una capa adicional de gravedad: no se trata solo de un desaire personal a Lula, sino de un cuestionamiento implícito a la autoridad del Poder Judicial de un país soberano.

Y hay algo más, que no debería quedar afuera de esta reflexión: a quién se estaba insultando. Luiz Inácio Lula da Silva es, más allá de cualquier lectura ideológica, uno de los dirigentes de mayor densidad política que ha dado América Latina en el último siglo. Su trayectoria —del sindicalismo metalúrgico, la lucha contra la dictadura militar, a la fundación de un partido desde cero, de la cárcel a la presidencia recuperada— lo instaló como una figura de estadista en el sentido más clásico del término: capacidad de construir mayorías amplias, disposición a negociar con adversarios internos y externos, y una lectura de largo plazo del lugar de Brasil en el mundo que trascendió sus propios mandatos. Ha gobernado en tres ocasiones distintas, en contextos económicos y políticos muy diferentes entre sí, y en cada una demostró una seriedad institucional que contrasta con el humor volátil de buena parte de la dirigencia regional contemporánea. Se puede discrepar, y con fundamentos, de muchas de sus políticas; lo que resulta más difícil de sostener es negarle la seriedad con la que ha ejercido la función presidencial y el peso específico que su figura tiene en la historia política reciente del continente. Agredir a un dirigente de esa talla, y hacerlo además en su propio país, no es solo un error de cálculo diplomático: es una muestra de liviandad frente a alguien que representa, para bien o para mal, una de las biografías políticas más consistentes de la región.

Ese contraste se exhibe, también, en los modos: apenas unas horas antes del desplante de San Pablo, Lula publicaba en el Washington Post una columna sobre los aranceles que Trump le había impuesto a su país. No hubo en ese texto un insulto, ni un apodo, ni la tentación fácil del exabrupto: hubo cifras, hubo el recuento paciente de reuniones y documentos entregados en mano, hubo una defensa de la soberanía formulada con la frialdad de quien sabe que la dignidad de un Estado se demuestra en el tono, no se proclama a los gritos. Ese es el nivel con el que un jefe de Estado le responde, incluso, a quien le acaba de golpear la economía.

Argentina ha construido, con avances y retrocesos, una tradición de política exterior hacia Brasil que atravesó gobiernos de signos opuestos —de Alfonsín a Menem, de Kirchner a Macri— precisamente porque comprendió que el vínculo bilateral trasciende las coyunturas ideológicas. Esa tradición asumía que la relación con Brasilia era, ante todo, una cuestión de Estado, no de gobierno. Lo ocurrido este fin de semana revierte ese consenso de décadas y lo hace, además, sin ninguna contrapartida estratégica visible: no hay ganancia diplomática, comercial ni geopolítica que compense el costo de una crisis con el socio que compra más de una décima parte de lo que el país exporta al mundo.

La política exterior no es un escenario para la pulsión antagónica ni para la construcción de identidad partidaria hacia adentro. Es, en cambio, el ámbito donde se administran con cautela los intereses permanentes de un Estado, más allá de quién lo gobierne circunstancialmente. Confundir ambas cosas —convertir un vínculo estratégico en munición de campaña— no es audacia libertaria: es, llanamente, un retroceso. Y como todo retroceso en materia de relaciones exteriores, sus costos no los pagará quien pronunció las palabras, sino el país que deberá reconstruir, con paciencia y sin épica, lo que se dañó en menos de media hora de discurso.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Las declaraciones del mandatario argentino durante su visita a Brasil el pasado fin de semana generaron una fuerte reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó los dichos como una "provocación sin precedentes".

En la Casa Rosada reconocen que existe un "enorme malestar" entre ambos gobiernos, aunque sostienen que el conflicto se limita al plano político y que no tendrá consecuencias sobre el intercambio comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

"Lo diplomático y lo comercial corren por carriles separados en este caso", señalaron fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales.

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), en San Pablo, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones brasileñas previstas para octubre.

En ese contexto, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra Lula da Silva, a quien volvió a cuestionar por su apoyo a Sergio Massa durante el balotaje presidencial argentino de 2023.

Milei afirmó que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y vinculó al actual gobierno brasileño con las políticas socialistas que, según sostuvo, llevaron a la Argentina a una profunda crisis económica.

Además, calificó a Lula como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario", y también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente condenado por intento de golpe de Estado.

Las declaraciones motivaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las expresiones del presidente argentino.

Al mismo tiempo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó a su país para mantener reuniones con la Cancillería.

En un comunicado oficial, el gobierno brasileño sostuvo que no existen antecedentes de que un jefe de Estado extranjero haya realizado declaraciones de ese tenor durante una visita al país.

"Es especialmente lamentable que este episodio involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene más de 200 años de amistad y que constituye su principal socio comercial", expresó la Cancillería brasileña.

Posteriormente, Mauro Vieira calificó los dichos de Milei como una "provocación sin precedentes" y sostuvo que representaron una injerencia en asuntos internos brasileños, además de una ofensa hacia el presidente, el Poder Judicial, las instituciones democráticas y el pueblo de ese país.

Pese al endurecimiento del clima diplomático, en el Gobierno nacional consideran que la tensión no derivará en represalias económicas.

Desde el oficialismo recuerdan que las diferencias entre ambos mandatarios comenzaron incluso antes de la asunción de Milei, luego de que Lula respaldara públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En defensa del Presidente también se expresó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien afirmó que dirigentes brasileños habían participado anteriormente de actividades políticas en la Argentina durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, La Libertad Avanza difundió imágenes del viaje presidencial acompañadas por el mensaje: "La derecha sea unida", en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Más allá de la crisis política, Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Sur. Ambos países son los principales socios del Mercosur y sostienen un intenso intercambio en sectores como la industria automotriz, la producción agroindustrial, la energía y el comercio manufacturero.

Por el momento, las diferencias parecen concentrarse en el plano diplomático. Sin embargo, el intercambio de declaraciones y la convocatoria de embajadores reflejan el mayor nivel de tensión bilateral registrado en los últimos años y abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente Xi Jinping afirmó este lunes que China está dispuesta a fortalecer aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con Brasil.

Xi lo afirmó durante una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un resumen de Xinhua. 

Xi señaló que, en los últimos años, la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países lograron avances positivos.

Eso desempeñó un importante papel en el impulso del desarrollo de las dos naciones y en la mejora del bienestar de sus pueblos, además de contribuir a una valiosa estabilidad en un panorama internacional marcado por la volatilidad, subrayó.

Al apuntar que este año se conmemora el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y marca el inicio del XV Plan Quinquenal del país, mientras que Brasil afrontará una importante agenda política interna, Xi afirmó que su nación está dispuesta a reforzar aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con el gigante sudamericano para mantener el impulso positivo en la construcción de una comunidad de futuro compartido.

Xi indicó que, frente a las nuevas circunstancias y desafíos, China y Brasil, como importantes miembros del Sur Global, deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización, desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global y en la defensa de la equidad y la justicia internacionales.

Añadió que ambas partes deben promover conjuntamente un desarrollo de alta calidad de la cooperación del BRICS ampliado, orientar adecuadamente esa cooperación, mantener el impulso de la unidad, lograr más resultados y escribir un nuevo capítulo de solidaridad y autosuficiencia para el Sur Global.

Xi afirmó que China concede gran importancia a la posición internacional y a la influencia de Brasil, y expresó su apoyo a ese país en la defensa de su soberanía e independencia, en su oposición a las injerencias externas y en su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Por su parte, Lula destacó que Brasil y China lograron avances positivos en la construcción de una comunidad de futuro compartido para un mundo más justo y un planeta más sostenible, con una cooperación que avanza rápidamente en diversos ámbitos.

El comercio bilateral alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que la serie de actividades del Año de la Cultura Brasil-China fortaleció aún más la base social de la amistad entre ambos pueblos.

Señaló que Brasil espera reforzar la cooperación con China en áreas como la inteligencia artificial, la energía y los recursos minerales.

Y dio la bienvenida a una mayor inversión de empresas chinas en Brasil para diversificar la cooperación bilateral y generar más resultados fructíferos.

El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar el debate sobre la propiedad de los recursos estratégicos en la Argentina. Desde distintos sectores ambientalistas surgieron cuestionamientos a la iniciativa, que busca eliminar restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Uno de los críticos fue Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien en declaraciones al portal Debate Abierto advirtió que la propuesta podría facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra y de recursos naturales en manos de empresas extranjeras.

Según explicó Micheloud, el proyecto pretende modificar la legislación sancionada en 2011, que estableció límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La norma vigente fija un tope del 15 % de la superficie rural en manos de extranjeros dentro de cada jurisdicción y establece límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular.

Para el abogado ambientalista, eliminar esas restricciones implicaría abrir la puerta a una mayor concentración de la propiedad rural.

"La tierra y el agua son recursos finitos. El problema es enfrentarlos a un capital transnacional que prácticamente no tiene límites", sostuvo.

Micheloud señaló que una de las mayores preocupaciones está vinculada con la protección de las fuentes de agua.

Explicó que la legislación actual contempla restricciones para la venta de tierras que incluyen cuerpos de agua estratégicos, como lagos, lagunas o sectores ribereños, resguardos que, según su interpretación, podrían verse afectados si prospera la reforma.

En ese contexto, advirtió que la disponibilidad de agua dulce adquirirá cada vez mayor importancia en un escenario internacional marcado por el cambio climático, la transición energética y el crecimiento de industrias vinculadas a minerales estratégicos y nuevas tecnologías.

Durante la entrevista, el especialista vinculó el interés sobre los recursos naturales argentinos con la creciente demanda mundial de minerales como el litio, el cobre y las denominadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico y energético.

También mencionó el incremento del consumo de agua y energía asociado a grandes centros de procesamiento de datos utilizados por empresas dedicadas a la inteligencia artificial.

A su entender, estos factores incrementan el valor estratégico del territorio argentino en el escenario geopolítico actual.

Micheloud cuestionó además el acompañamiento de algunos sectores políticos a la iniciativa oficial y reclamó que el tratamiento legislativo se realice con un amplio debate público.

En paralelo, organizaciones ambientalistas anunciaron una convocatoria para el 6 de agosto, fecha en la que, según trascendió, el proyecto podría comenzar a discutirse en el Congreso Nacional.

La reforma aún deberá atravesar el debate parlamentario, donde oficialismo y oposición expondrán sus argumentos sobre una iniciativa que reabre la discusión acerca del régimen de propiedad de la tierra y la protección de los recursos naturales estratégicos del país.

Las principales entidades que representan a productores ganaderos y a la industria frigorífica manifestaron su rechazo al anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone modificar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

A través de un comunicado enviado a Paralelo32, las organizaciones expresaron su "firme respaldo institucional" al organismo y advirtieron que la eliminación de los aportes obligatorios del sector privado pondría en riesgo una herramienta que consideran estratégica para el desarrollo de la cadena bovina.

Las entidades señalaron que el IPCVA ha tenido un papel fundamental en la apertura de mercados internacionales, la promoción de la carne argentina en el exterior y el fortalecimiento de los acuerdos comerciales y sanitarios.

"Rechazamos cualquier intento de alterar las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional", afirmaron.

En ese sentido, recordaron que el Instituto también destina entre el 3 y el 5 por ciento de su presupuesto anual al sostenimiento de acciones sanitarias desarrolladas junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), además de impulsar campañas de promoción que posicionaron a la Carne Argentina como un producto de calidad en los mercados internacionales.

Uno de los puntos más cuestionados por las entidades es la posibilidad de reemplazar el actual sistema de aportes obligatorios por un esquema voluntario.

Según sostuvieron, esa modificación significaría, en los hechos, la desaparición del Instituto.

"Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA", alertaron.

Actualmente, el organismo se financia exclusivamente con aportes privados realizados por productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. La legislación vigente establece que los productores contribuyen con un 0,07 % del valor índice de la res vacuna al momento de la faena, mientras que la industria aporta un 0,03 %.

Las organizaciones remarcaron que el Consejo de Representantes del IPCVA reúne a las principales entidades vinculadas con la producción y la industrialización de carne vacuna en Argentina.

Entre ellas se encuentran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).

También integra el organismo el Estado nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las entidades coincidieron en que el IPCVA constituye una herramienta estratégica para sostener la competitividad del sector, promover las exportaciones, respaldar la investigación y consolidar el posicionamiento internacional de la carne vacuna argentina, por lo que reclamaron mantener el esquema de financiamiento vigente.

Hay decisiones que la política evita porque cuestan, y hay decisiones que la política debe tomar precisamente porque cuestan. La reforma del sistema previsional entrerriano pertenece a la segunda categoría. Durante más de treinta años, gestiones de todos los signos conocieron el diagnóstico, midieron el costo político de actuar y eligieron transferir el problema hacia adelante. El resultado de esa postergación acumulada no fue neutro: lo pagó —y lo paga— cada entrerriano, con un déficit creciente que compite con la escuela, con el hospital y con la obra pública por los mismos recursos.

Quiero contar cómo encaramos ese problema, porque el proceso importa tanto como el resultado.

Ninguna reforma es creíble si el organismo que la propone no es transparente. Por eso el primer paso no fue redactar un proyecto: fue ordenar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, sistematizar su información y publicar los datos. Abrir los números —los ingresos, los egresos, el déficit por sectores, la relación activo/pasivo— fue un camino necesario: la discusión previsional suele darse entre mitos, y los mitos solo se desarman con evidencia disponible para todos. Un dato publicado es un dato que ya no se puede negar ni manipular; es la base mínima de cualquier conversación seria.

Esa etapa incluyó también un trabajo menos visible pero igual de necesario: hacer docencia previsional. Reuniones con gremios, encuentros con periodistas, explicación paciente de conceptos que rara vez llegan al debate público —qué es una tasa de sostenimiento, cómo funciona la movilidad, por qué el envejecimiento poblacional no es una opinión sino una curva demográfica—. La pedagogía pública no es un complemento de la política: es una condición de posibilidad del consenso.

Con los datos sobre la mesa, presentamos a los gremios los vectores de la reforma antes de que existiera un proyecto cerrado. No fue un gesto decorativo: fue asumir que una reforma estructural que afecta derechos y expectativas de decenas de miles de trabajadores y jubilados no puede diseñarse en un escritorio y anunciarse por decreto. El diálogo tiene costos —lleva tiempo, obliga a ceder, expone las diferencias— pero produce algo que ninguna imposición produce: legitimidad.

Ese mismo espíritu ordenó la etapa legislativa. El proyecto ingresó al Poder Legislativo y se abrió a audiencias públicas con todos los actores del sistema: trabajadores activos, jubilados, gremios, especialistas, representantes municipales. Cada audiencia modificó algo; el texto que fue votado en el Senado no es el que ingresó, y eso —lejos de ser una debilidad— es la prueba de que el proceso fue genuino. Una ley que llega al recinto habiendo escuchado es una ley más difícil de sancionar, pero mucho más fácil de sostener en el tiempo.

Como funcionario político, sé que el problema de fondo no es técnico sino político, y tiene nombre en la literatura: la asimetría temporal de las reformas estructurales. Paul Pierson lo describió con precisión al estudiar las reformas de los Estados de bienestar: los costos de una reforma previsional son concentrados, visibles e inmediatos, mientras que sus beneficios son difusos, colectivos y de largo plazo. Quien reforma paga hoy; quien cosecha, gobierna mañana. Esa asimetría explica por qué durante tres décadas la respuesta racional —en términos electorales— fue no hacer nada. El sistema de incentivos de la política premia la postergación.

Pero si la política se limita a seguir sus incentivos de corto plazo, deja de ser política y se convierte en administración de la inercia. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: el político responsable no es el que hace lo que le conviene ni el que hace lo que le gusta, sino el que se hace cargo de las consecuencias de sus actos —y también de sus omisiones—. No reformar también es una decisión, solo que sus consecuencias las firma otro.

Para eso somos electos. No para administrar la comodidad del presente, sino para tomar las decisiones que el presente exige aunque el presente no las premie. La verdadera medida de una gestión no es cuánto costó políticamente lo que hizo, sino cuánto le habría costado a la provincia lo que dejó de hacer.

El desafío de toda reforma estructural es ese: impedir que el corto plazo boicotee lo necesario. La herramienta para lograrlo no es la audacia solitaria ni el atropello legislativo; es exactamente lo que intentamos construir en estos meses: información pública, pedagogía, diálogo, audiencias, consenso. Cuanto más participado es el proceso, más se reparte el costo político y más se blinda la reforma frente a los ciclos electorales. Una reforma consensuada es una política de Estado; una reforma impuesta es apenas la política de un gobierno, y dura lo que dura ese gobierno.

La legislatura dirá si la política provincial está a la altura de ese momento. Por mi parte, tengo la tranquilidad de que el camino recorrido —ordenar, transparentar, explicar, dialogar, escuchar, corregir— es el que corresponde a una democracia madura. Las reformas que perduran no son las que se hacen rápido: son las que se hacen bien.

Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante mayo se registraron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Dentro de ese total, los pagos con transferencias interoperables alcanzaron 103,7 millones de operaciones, de las cuales 102,5 millones fueron realizadas mediante códigos QR, lo que representa el 98,8% de ese segmento.

El crecimiento refleja la fuerte expansión de los medios de pago digitales en la vida cotidiana de los argentinos. Comprar en un comercio escaneando un código QR, enviar dinero desde una billetera virtual o realizar una compra por internet son acciones que hoy forman parte de la rutina de millones de personas.

En paralelo, el Global Payments Report 2026, elaborado por Worldpay, señala que las billeteras digitales continúan ganando terreno. Durante 2025 representaron el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos y el 39% de las operaciones de comercio electrónico en Argentina.

Detrás de cada pago digital existe una infraestructura tecnológica que funciona de manera permanente para garantizar que las transacciones se realicen en pocos segundos y con altos niveles de seguridad.

Cuando un usuario paga mediante un código QR, intervienen bancos, billeteras virtuales, procesadores de pago y plataformas tecnológicas que validan la disponibilidad de fondos, autorizan la operación y procesan la transferencia prácticamente en tiempo real.

Además, sistemas de monitoreo analizan continuamente el comportamiento de las operaciones para detectar posibles fraudes, prevenir incidentes y asegurar la continuidad del servicio.

Desde la empresa tecnológica TIVIT señalaron que el crecimiento de los pagos digitales obliga a fortalecer permanentemente la infraestructura que sostiene este ecosistema.

El responsable de Desarrollo de Negocios Digitales de la compañía, Jenner José Fuentes Espinoza, explicó que los usuarios esperan que las operaciones se concreten en segundos y estén disponibles en cualquier momento del día.

En ese contexto, indicó que las organizaciones deben operar plataformas con alta disponibilidad, capacidad para absorber picos de demanda y mecanismos que permitan garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas.

Entre los principales desafíos aparecen la escalabilidad de los sistemas, el monitoreo en tiempo real, la resiliencia operativa frente a incidentes y la integración entre bancos, fintech, comercios y proveedores tecnológicos.

Los datos del Banco Central muestran que la inmediatez se convirtió en una característica indispensable del sistema financiero actual. A medida que crecen las transferencias instantáneas y los pagos mediante QR, también aumenta la necesidad de contar con plataformas tecnológicas capaces de procesar millones de operaciones de forma simultánea, segura y sin interrupciones.

La expansión de estos medios de pago confirma el avance de la digitalización de la economía argentina y el cambio de hábitos de los consumidores, que incorporan cada vez más las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas como herramientas habituales para realizar sus compras y operaciones diarias.

La senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, votó afirmativamente el proyecto de reforma previsional que modifica el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La legisladora centró su fundamentación en la necesidad de actuar antes de que el déficit del sistema se vuelva irreversible, y remarcó que la inacción también es una decisión con consecuencias.

Domínguez fue contundente al advertir sobre los costos de no encarar la reforma: "El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener", sostuvo. Y agregó: "La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse".

Para la senadora, la discusión de fondo no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Defender la Caja, explicó, significa cuidar tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos y a quienes se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.

La legisladora enmarcó su voto como un acto de responsabilidad política antes que como una posición cómoda. "Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando la provincia más lo necesitaba", afirmó, y remarcó que "la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible".

En esa línea, sostuvo que gobernar y legislar implican tomar decisiones difíciles: "Lo más sencillo sería decir siempre que no. Lo más cómodo sería rechazar cualquier iniciativa sin sentarse a discutir una sola coma. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los entrerrianos".

Domínguez aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario.

"Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado", señaló. Producto del diálogo legislativo, se incorporaron cuatro cambios al texto: la reducción de 20 a 15 años del período de cálculo del haber inicial, el mantenimiento de una edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios (1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí).

Domínguez agregó que, además de su acompañamiento a la reforma, presentó un proyecto complementario —que fue recepcionado— para la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional. La iniciativa contempla la participación de los tres poderes del Estado, de trabajadores, de jubilados y de entidades profesionales, con el objetivo de garantizar el monitoreo y la evaluación permanente del sistema.

Al cerrar sus fundamentos, la senadora enmarcó su decisión en una idea de responsabilidad de largo plazo: "Los discursos pasan, las leyes pasan, las elecciones también. Pero la responsabilidad con la que actuamos hoy es lo que finalmente queda".

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a mostrar una desaceleración durante junio. Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación mensual fue del 1,9%, el registro más bajo de los últimos diez meses y el tercero consecutivo por debajo del 3%.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 alcanza el 16,2%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%, consolidando una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo.

El dato de junio igualó el nivel observado en agosto de 2025 y representa una nueva baja respecto de los meses anteriores: en marzo el IPC había sido del 3,4%, en abril descendió al 2,6%, en mayo al 2,1% y ahora quedó por debajo del 2%.

Otro de los indicadores que siguió mostrando señales de desaceleración fue la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los productos estacionales. En junio registró un incremento del 1,6%, el menor nivel desde julio de 2025.

En tanto, los precios estacionales aumentaron un 3,4%, impulsados principalmente por el encarecimiento de las verduras y los servicios turísticos propios del inicio de la temporada invernal, mientras que los precios regulados crecieron un 2,4%, debido a ajustes en tarifas de electricidad y transporte público.

Entre las divisiones que más incidieron en la inflación del mes se destacó Recreación y cultura, con un incremento del 4,2%, explicado en gran parte por la suba de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 3,3% como consecuencia de las actualizaciones tarifarias.

En el otro extremo se ubicaron Prendas de vestir y calzado, con una variación de apenas 0,4%, y Comunicación, que aumentó 0,9%.

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,3%, por debajo del promedio general, lo que contribuyó a contener el índice de junio.

La mayoría de las consultoras privadas proyectaba un índice de entre 1,5% y 2%, en línea con la inflación registrada previamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse el dato oficial, el economista Javier Bongiovanni, de la Fundación Libertad, sostuvo que el desafío ahora será sostener esta tendencia. "Más allá del dato puntual de junio, lo importante será observar si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% durante los próximos meses", señaló.

Desde el Gobierno nacional también destacaron la continuidad del proceso de desaceleración y ratificaron que esperan que el índice continúe bajando en el segundo semestre, mientras el equipo económico busca consolidar el equilibrio fiscal y financiero sin recurrir al endeudamiento externo.

Aunque la inflación muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados meses atrás, la percepción de la mayoría de los argentinos sigue siendo crítica. Así lo revela el Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, que expone un escenario donde el deterioro del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

Uno de los datos más significativos del estudio indica que el 50,2% de los consultados se considera parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% se identifica con la clase alta. El resto se ubica dentro de la clase media.

La pérdida de poder de compra aparece como uno de los ejes centrales del informe. El 86,1% de los encuestados sostuvo que su salario no logra superar el aumento del costo de vida, un porcentaje que prácticamente no varió desde abril y que refleja que el alivio inflacionario todavía no se traduce en una mejora concreta para la economía doméstica.

El dato atraviesa incluso a quienes respaldan al Gobierno nacional. Entre quienes votaron al oficialismo, siete de cada diez reconocen que sus ingresos quedaron rezagados frente a la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa percepción alcanza al 96,6%.

El estudio también muestra hasta qué momento del mes logran sostenerse los ingresos familiares.

El 61% de los consultados afirmó que el dinero le alcanza, como máximo, hasta el día 20, mientras que solamente un 13% aseguró llegar a fin de mes y además tener capacidad de ahorro.

Las diferencias son marcadas según la condición socioeconómica. Entre quienes se consideran de clase alta, apenas el 11,8% manifestó quedarse sin recursos antes del día 20. En la clase media ese porcentaje asciende al 43%, mientras que entre quienes se identifican como clase baja llega al 86,1%.

La percepción sobre la inflación también se refleja en la confianza hacia las estadísticas oficiales.

El 68,8% de los encuestados considera que el índice de inflación difundido por el Indec no refleja el aumento de precios que experimenta en su vida cotidiana. Esa desconfianza se profundiza entre quienes se consideran de clase baja, donde supera el 80%.

El informe sostiene que cuanto más ajustada es la situación económica de un hogar, menor es la credibilidad que genera el indicador oficial.

Consultados sobre las perspectivas económicas, el 55,1% cree que "lo peor está por venir", mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

Las respuestas también muestran diferencias políticas. Entre quienes apoyan al presidente Javier Milei, más de la mitad entiende que el ajuste ya pasó, mientras que entre los votantes opositores esa opinión prácticamente desaparece.

Cuando se pidió mencionar espontáneamente el principal problema del país, la palabra más repetida fue "corrupción", seguida por "Milei" y luego por "economía".

En las respuestas con opciones predeterminadas, la corrupción encabezó nuevamente el ranking de preocupaciones con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

Pese al escenario económico adverso, el estudio detectó una leve mejora en la valoración de la gestión nacional.

La desaprobación del gobierno de Javier Milei descendió del 61,2% registrado en mayo al 56,6% en junio, mientras que la aprobación pasó del 32,2% al 33,2%.

Para los analistas de Zentrix, este comportamiento podría explicarse porque buena parte de la sociedad ya incorporó el ajuste económico como una realidad persistente y dejó de traducir ese malestar en un mayor rechazo hacia el Gobierno.

No obstante, el informe también señala que el desgaste alcanza a buena parte de la dirigencia política. De las principales figuras evaluadas, sólo la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, obtuvo un balance de imagen positivo, mientras que Javier Milei, Axel Kicillof y Patricia Bullrich registraron saldos negativos.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora se elaboró entre el 15 y el 22 de junio de 2026, sobre una muestra nacional de 1.297 personas mayores de edad. El relevamiento se realizó mediante cuestionarios online y presenta un margen de error estimado de ±2,7%, con un nivel de confianza del 95%.

La ciudad de Salta fue sede de una nueva Jornada de Actualización Técnica de Legumbres, organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), que reunió a productores, exportadores, técnicos y especialistas de todo el país para debatir sobre el presente y las perspectivas de una de las economías regionales con mayor perfil exportador.

Entre las exposiciones más esperadas estuvo la del economista Juan Manuel Garzón, quien ofreció un análisis del contexto económico nacional y planteó que Argentina atraviesa una etapa de estabilización que abre nuevas oportunidades, aunque también exige un cambio profundo en la forma de competir.

Garzón sostuvo que el país avanza hacia un escenario de menor inflación, aunque advirtió que el proceso no será inmediato.

"Estamos en una etapa de estabilización macroeconómica que avanzó mucho, pero la última parte llevará tiempo", explicó al iniciar su presentación.

En ese sentido, recordó que las experiencias internacionales muestran que reducir la inflación hasta niveles de un dígito anual suele demandar varios años de políticas consistentes.

Durante su exposición, el economista destacó que el equilibrio de las cuentas públicas constituye uno de los pilares del actual programa económico.

Según explicó, mantener un superávit fiscal sostenido permitirá reducir la dependencia del financiamiento monetario y fortalecer el proceso de desinflación.

Para Garzón, si esta política se mantiene, Argentina podría completar tres años consecutivos de superávit fiscal, una situación poco habitual en la historia reciente del país.

El especialista señaló que el nuevo escenario económico modificará la lógica de funcionamiento de muchas empresas.

Con una inflación mucho menor, dejarán de ser determinantes las estrategias financieras vinculadas al manejo de stock o las remarcaciones permanentes de precios.

"Ahora la competitividad estará mucho más ligada a los volúmenes de producción, la eficiencia y la capacidad para competir", afirmó.

Otro de los ejes de la conferencia fue la apertura comercial.

Garzón consideró que Argentina está dejando atrás un modelo económico cerrado para integrarse nuevamente a los mercados internacionales mediante la reducción de restricciones al comercio y la firma de nuevos acuerdos.

En ese marco destacó especialmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que representa una oportunidad concreta para las cadenas agroexportadoras.

"En el caso de las legumbres habrá una importante reducción de aranceles para los porotos, lo que abre nuevas posibilidades comerciales", indicó.

No obstante, advirtió que la apertura también implicará una competencia más intensa con productores de otros países.

El economista también analizó la evolución del mercado de divisas y aseguró que la economía argentina dejará de depender exclusivamente del agro para generar dólares.

A la producción agropecuaria —explicó— se sumarán con fuerza los ingresos provenientes de Vaca Muerta y de la actividad minera, lo que podría modificar el comportamiento del tipo de cambio en los próximos años.

"Si este proceso se consolida, es probable que convivamos con un dólar relativamente barato en términos históricos hacia 2028", señaló.

Frente a ese escenario, insistió en que las empresas deberán enfocarse cada vez más en reducir costos y mejorar su productividad para sostener su competitividad internacional.

Al referirse específicamente al sector, Garzón transmitió un mensaje alentador.

Consideró que la producción de legumbres se encuentra entre las actividades con mejores perspectivas debido a su fuerte orientación exportadora y al crecimiento esperado de los mercados internacionales.

Sin embargo, aclaró que el contexto favorable deberá ir acompañado por mejoras en eficiencia, innovación y desarrollo de nuevos mercados.

La Jornada de Actualización Técnica de Legumbres reunió a referentes de toda la cadena productiva con un amplio programa de conferencias, paneles técnicos y espacios de intercambio sobre producción, mercados e innovación.

Uno de los momentos destacados fue la charla del exfutbolista Rolando Schiavi, quien compartió la conferencia "Raspar, Sembrar y Ganar", donde estableció un paralelismo entre el deporte y la actividad agropecuaria, resaltando valores como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.