Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

Victoria.– La implementación de un nuevo esquema de pagos por parte de PAMI generó fuerte preocupación entre los médicos de cabecera, quienes advierten que las modificaciones ponen en riesgo la continuidad del sistema de atención a afiliados.

La doctora Daniela Portillo, médica del hospital local y presidenta del Círculo Médico, explicó que la situación se conoció de manera sorpresiva el pasado viernes, a partir de comunicaciones informales enviadas desde el organismo central.

“Sabíamos que iba a haber cambios, pero nunca imaginamos que fueran de esta magnitud”, señaló.

Hasta el momento, los profesionales trabajaban bajo un sistema mixto que incluía el pago de una cápita mensual mínima de 1.000 pesos, más el reconocimiento de prestaciones, actividades específicas e incluso capacitaciones. Sin embargo, con la nueva disposición, todo ese esquema fue unificado en un monto fijo de 2.100 pesos mensuales por afiliado, lo que generó un fuerte rechazo.

La profesional advirtió que ese valor resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de funcionamiento. “Es imposible sostenerlo. Para trabajar con PAMI se necesita una estructura administrativa importante, además de insumos, personal y gastos fijos como impuestos y seguros”, explicó.

A esto se suma que los pagos históricamente presentan un atraso de alrededor de tres meses, lo que agrava aún más la situación económica de los profesionales.

La médica también destacó que el sistema no contempla el trabajo adicional que implica la atención de estos pacientes, que en su mayoría pertenecen a sectores vulnerables y requieren un seguimiento constante, tanto dentro como fuera del consultorio.

En este contexto, los médicos impulsaron una medida de fuerza de 72 horas, aunque aclararon que se garantizó la atención de urgencias. Además, manifestaron su adhesión a reclamos que se están llevando adelante en distintas partes del país.

Desde el Círculo Médico informaron que fueron convocados a una reunión urgente en Paraná con autoridades del CBI (entidad que actúa como intermediaria en la provincia), donde esperan recibir precisiones sobre la implementación del nuevo sistema.

En el marco de una entrevista con Paralelo32, sostuvo que “hoy hay mucha incertidumbre porque ni siquiera todos los médicos recibieron la información oficial. Está todo en el aire”.

Otro de los cambios señalados es la eliminación de los distintos ítems que se abonaban por tareas específicas, como historias clínicas o controles, lo que ahora quedaría incluido dentro de la cápita general.

Finalmente, la profesional advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría tener en la calidad del servicio. “Lo más triste es que esto deteriora la atención y pone en riesgo nuestra posibilidad de seguir ejerciendo la profesión en estas condiciones”, concluyó.

La expectativa está puesta en las próximas reuniones, donde se definirá cómo continuará el vínculo entre los médicos y PAMI en un contexto de creciente tensión.

El Departamento Victoria actualmente atiende más de 5.000 afiliados, que muchas veces tienen que recurrir al nosocomio público porque los prestadores privados no atienden la obra social.

El riesgo –ante esta realidad- es que los profesionales renuncien al PAMI, lo que impactaría en la atención a los adultos mayores, un médico de cabecera que tiene asignado un cupo de 600 afiliados percibiría mensualmente 1,2 millones de pesos en todo concepto. 

Racedo- El presidente de la Comuna, Julio César Demartin, analizó el complejo momento que viven en la comunidad y explicó a Paralelo32 que “Cada vez se hacen más esfuerzos para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Las últimas decisiones del Gobierno Provincial nos afectaron en los números que manejamos. Hoy Racedo tiene una reducción de $15.000.000 mensual, lo que dificulta nuestro trabajo en el día a día, el mantenimiento de nuestra localidad, el apoyo que damos a una gran cantidad de instituciones en seguridad, salud, deporte, educación, área social, todo se ve afectado”.

Planteó que “Estamos afinando cada vez más los números y los gastos para ver dónde podemos reducir y ajustar para llegar a fin de mes. Es lo que le planteamos al Gobernador en la última reunión, que si seguimos así la Comuna en un par de meses podría cerrar sus puertas, porque los fondos no dan, la estructura de costos fijos que tenemos es alta. Racedo tiene alrededor de 60 hectáreas para mantener, más de 300 luminarias LED en nuestro ejido urbano, son cien cuadras para atender, 30% de asfalto, 40% que se mejoraron con piedra de ripio, 20% de broza y 10% de tierra, que era la idea mejorarlas este año, pero estamos con dificultades para poder llevarlo a cabo”.

Demartin sumó que “Hoy la estructura que tenemos es para hacer el mantenimiento diario, nada más. Racedo tiene servicio de recolección de residuos tres veces a la semana, limpieza de cordones, desmalezado, mantenimiento de espacios públicos, de luminarias públicas, siendo 350 luminarias. El combustible sube constantemente", planteó.

“En la Comuna los costos se van incrementando, es todo preocupante. Estamos trabajando con asesores contables, legales y de la parte de Sistemas para implementar en el corto plazo la Tasa General Inmobiliaria. Nos vemos forzados a tomar esta decisión para poder sostener los servicios y el mantenimiento diario que la comunidad demanda. No será elevada, lo informaremos en detalle próximamente en relación al bimestre en que comenzaremos, con el objetivo de seguir manteniendo los servicios. Hoy cuesta mantenerlos y más difícil aún es mejorarlos. Hay que explicarles a los vecinos lo que está pasando, los recortes que se nos han hecho desde la Provincia”, agregó.

Demartin explicó a este medio que “estamos en contacto con otros presidentes comunales para analizar el famoso coeficiente para las comunas del que tanto se habla y ver la forma de acceder a más ingresos. Hoy los números están al límite en relación a los costos fijos de nuestra Comuna, que tiene que proyectar, pero hoy no puede hacerlo, solo estamos cumpliendo con cuestiones básicas. El año pasado lo cerramos con obras de cordón cuneta y siempre la idea es seguir sumando, pero hoy apenas llegamos a sostener lo que tenemos, sin posibilidades de proyección”.

“Es preocupante, la Ley Comunal va a llevar su tiempo, se lo dijimos al Gobernador, porque ese cambio recién se verá reflejado el año que viene. Faltan muchos meses y mientras tanto la situación es compleja en el corto plazo”, sumó.

“Creo que el Gobierno debería analizar la situación de cada Comuna en particular, Racedo es organizada, es una ‘pequeña ciudad’. Frigerio plantea que ‘el dinero va adonde tiene que ir’ y creo que Racedo, sin desmerecer a nadie, genera muchos aportes a la Provincia. Merecemos alguna devolución, más aún si pensamos en lo que significa una empresa como Grupo Motta, que da trabajo a personas de 18 localidades de la zona. Es un movimiento económico muy grande. Debería analizarse, porque somos de las comunas que mayor movimiento económico genera”, indicó Demartin.

“Solíamos hacer eventos, ferias de emprendedores como la ‘Racedo Emprende’, era una forma de que las instituciones trabajaran y generaran fondos, hoy con los números tan al límite no nos animamos por todos los costos fijos que de arranque ya tenés, con sonido, escenario, baños químicos, SADAIC, artistas. Es mucho el riesgo, muchos gastos esperando que después se giren fondos de Vicegobernación, Cultura o CFI, que nunca sabés de cuánto serán y cuándo llegarán. Estamos sin margen de error. Lo lamentamos por instituciones y emprendedores que sumaban un ingreso extra y podían mostrar lo que hacían. Hoy no podemos hacerlo”, cerró.

El cierre de 868 empresas y la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados en Entre Ríos durante los últimos dos años encendieron señales de alerta en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) advirtieron que la situación está directamente vinculada a la caída del poder adquisitivo y al deterioro del mercado interno.

El presidente de la entidad, Rafael Vicentín, señaló a la agencia AIM que los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

“La información que manejamos sobre cierre de empresas en Entre Ríos tiene como fuente al Cepa. En números gruesos, se perdieron alrededor de 900 empresas y los puestos de trabajo formales que cayeron rondan los 6.500”, indicó Vicentín a AIM.

Según el relevamiento, el número de empresas con personal registrado en la provincia descendió de 17.405 a 16.537, con fuerte impacto en sectores clave de la economía provincial.

El comercio fue el rubro más afectado, con 231 empleadores menos en dos años. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 105 empresas, y el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 101 empleadores.

En materia laboral, el informe destaca la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados, con especial incidencia en la construcción, actividad que sufrió una retracción del 38,2 por ciento.

El estudio también advierte sobre una creciente concentración económica. De acuerdo al análisis del Cepa, el 98,2 por ciento de los empleos perdidos correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 6.301 puestos. En contraste, las firmas de mayor tamaño concentraron apenas el 1,8 por ciento restante de la caída, con 115 empleos menos.

Para Vicentín, la situación responde principalmente al deterioro del consumo interno. “Esto es producto de la caída del poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los sectores trabajadores, jubilados y pensionados; a su vez, ha habido un aumento que no tiene relación con el de los salarios en todos los precios de bienes y servicios”, sostuvo.

Desde Apyme también cuestionaron la falta de respuestas legislativas y ejecutivas frente a la crisis del sector. A finales de 2025, el expresidente de la entidad, Luis Lozar, junto a la diputada Andrea Zoff, impulsaron un proyecto de ley de Emergencia Pyme en la Legislatura entrerriana.

Sin embargo, Vicentín afirmó que la iniciativa no avanzó. “Se presentó y ahí quedó, no ha sido incluido en las sesiones, suponemos que duerme en algún cajón”, expresó.

El dirigente agregó además que “no ha trascendido ningún interés por parte del Ejecutivo provincial, que en definitiva es el que fija agenda temática para el poder Legislativo, en atender este tema”.

En ese sentido, consideró que las políticas económicas actuales priorizan sectores concentrados de la economía. “Los beneficiarios de este modelo económico que se impulsa desde Nación y Provincia son sectores muy acotados vinculados a actividades extractivas, agropecuarias, petróleo, minería y finanzas. Las empresas que se promueven bajo este modelo no son mano de obra intensiva, incorporan muy poco personal”, cuestionó.

Finalmente, Vicentín remarcó que el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas depende directamente de la recuperación del consumo y del poder adquisitivo de la población.

“La vida de las pequeñas y medianas empresas está íntimamente ligada a la suerte de los sectores trabajadores y jubilados, a lo que hace que un mercado interno tenga dinamismo en la medida que estos sectores sociales mayoritarios tengan poder adquisitivo”, concluyó.

El senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, se refirió a la situación financiera del Municipio de Hernández y pidió “llevar claridad y responsabilidad al debate público” ante versiones que plantean dificultades para afrontar el pago del aguinaldo.

“Es importante hablar con datos concretos. Según la información oficial de coparticipación, el Municipio de Hernández recibió en abril de 2026 más de 165 millones de pesos netos, lo que representa un incremento del 52% respecto al mismo mes del año pasado. Incluso, en términos reales, se observa una mejora del 14,8%”, señaló el legislador.

Cavagna agregó que “en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el municipio ya percibió más de 600 millones de pesos en transferencias por coparticipación”, y remarcó que “se trata de recursos muy significativos para una comunidad de las características de Hernández”.

“El contexto económico es complejo y nadie lo desconoce. La inflación impacta sobre todos los niveles del Estado. Pero también es cierto que los datos muestran que los recursos están y que han tenido una evolución importante en los últimos meses”, sostuvo.

En ese sentido, el senador planteó que “el eje de la discusión no debería centrarse en una supuesta falta de fondos, sino en cómo se administran esos recursos y cuáles son las prioridades de gestión”.

“Nadie quiere que un municipio tenga que desprenderse de su patrimonio para cumplir con sus obligaciones. Por eso, más que generar preocupación, lo que se necesita es transparencia, planificación y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, afirmó.

Finalmente, Cavagna indicó que “los vecinos de Hernández tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos que llegan mes a mes y a contar con información clara que lleve tranquilidad en un momento sensible”.

Según el informe, entre 2015 y 2025 solo cinco provincias explicaron el 88% del incremento de las exportaciones del país: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut.

El trabajo señala que, aunque las ventas externas argentinas crecieron de manera significativa durante ese período, el proceso se dio de forma desigual, con regiones que lograron capitalizar inversiones estratégicas y otras que perdieron peso relativo en el comercio exterior.

El caso más sobresaliente es el de Neuquén, provincia que multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas diez años gracias al desarrollo de Vaca Muerta. El informe destaca que esta transformación convirtió a la provincia en uno de los principales polos exportadores del país, dejando atrás su histórico rol marginal en términos de comercio exterior.

En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron un fuerte crecimiento impulsado por la actividad minera, especialmente vinculada a la extracción y exportación de litio.

El estudio sostiene que Argentina atraviesa una reconfiguración de su estructura exportadora. Aunque la región Pampeana continúa liderando las exportaciones nacionales, su participación cayó del 78% al 73% en la última década.

En contraste, la región patagónica incrementó su peso del 8% al 15%, mientras que las provincias del norte asociadas al desarrollo minero también ampliaron su participación.

Este cambio refleja un creciente protagonismo de la energía y los recursos naturales frente al modelo agroindustrial tradicional que históricamente dominó las exportaciones argentinas.

De acuerdo con el informe, en 2025 las exportaciones argentinas superaron los 87 mil millones de dólares y el país logró recuperar el superávit comercial. Sin embargo, los investigadores remarcan que ese crecimiento no se distribuye de manera homogénea.

El desempeño exportador reciente se sostiene principalmente en territorios y sectores específicos capaces de atraer inversiones y aprovechar ventajas productivas y recursos naturales estratégicos.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, afirmó Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del trabajo.

El documento concluye que la inserción internacional del país ya no puede analizarse como un fenómeno uniforme. Las diferencias regionales, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan —según plantea el estudio— a pensar estrategias de desarrollo con una lógica subnacional.

En ese marco, el informe propone repensar las políticas públicas en función de las capacidades productivas de cada territorio, promoviendo una diversificación que permita ampliar la generación de divisas y reducir las asimetrías regionales.

El trabajo completo analiza en profundidad la evolución del comercio exterior argentino, los complejos productivos y la distribución territorial de las exportaciones, ofreciendo una nueva mirada sobre cómo y dónde se generan hoy las divisas en Argentina.

En Argentina, la disminución sostenida en la cantidad de nacimientos comienza a reflejarse en las aulas. Los números dan cuenta de ese cambio. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la cantidad de chicos que iniciaron primer grado bajó de 41.117 en 2020 a 30.686 en 2025, según estadísticas del Ministerio de Educación porteño. En paralelo, la tasa global de fecundidad descendió de 1,86 hijos por mujer en 2006 a 1,09 en 2023, el registro más bajo desde que hay estadísticas.

La tendencia no es exclusiva del país: un estudio del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, publicado en The Lancet, advierte que hacia fin de siglo la mayoría de los países podría enfrentar caídas poblacionales.

En este contexto, las experiencias internacionales se posicionan como alternativas clave. Una de esas opciones es la que ofrece la organización Participate Learning, que mantiene abierta una convocatoria para incorporar docentes argentinos a escuelas públicas de Estados Unidos. Las vacantes abarcan áreas como educación primaria, matemáticas, ciencias, educación especial e inmersión en español.

El programa contempla contratos de al menos dos años en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, con condiciones laborales equivalentes a las de los docentes locales. Los salarios anuales se ubican entre los US$ 41.000 y los US$ 55.000, según la experiencia y el distrito, e incluyen cobertura médica y asistencia en el proceso migratorio.

Sin embargo, quienes participan coinciden en que el principal atractivo no es económico. “El salario es importante, pero nosotros tratamos de enfatizar más en el desarrollo profesional del docente. Eso es algo que no van a perder nunca”, señala Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica de la organización.

El esquema incluye la posibilidad de cursar maestrías en universidades estadounidenses mientras se trabaja. A través de convenios con instituciones como la Universidad de Greensboro y la Universidad de Elon, los docentes pueden acceder a posgrados en educación primaria, educación especial o innovación educativa, en modalidad online y con aranceles diferenciados.

“La oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos con precios más accesibles es un incentivo importante. Quienes forman parte del programa pueden acceder a descuentos especiales”, explica Ramírez.

Además, el sistema educativo estadounidense destina recursos específicos a la capacitación continua. “En las escuelas hay presupuestos para el desarrollo profesional. Los docentes pueden asistir a conferencias, talleres y cursos, incluso en otras ciudades, con los gastos cubiertos”, agrega.

La experiencia también implica un desafío de adaptación cultural y pedagógica. Según Ramírez, los docentes argentinos suelen destacarse en ese aspecto: “Tienen una gran capacidad de adaptarse y de compartir su cultura. Eso es algo muy valorado en las escuelas, donde se promueve mucho la integración cultural”.

Esa dimensión es central en un programa que, además de la enseñanza, busca fomentar el intercambio cultural dentro de las aulas. Los docentes no solo dictan contenidos, sino que también introducen elementos de su país de origen, desde tradiciones hasta aspectos de la vida cotidiana.

Micaela Acosta, una docente argentina que participó de la experiencia, describe ese proceso como un punto de inflexión en su carrera. Durante su estadía cursó una Maestría en Innovación en Educación en la Universidad de Elon. “Desde que estaba en Argentina, tenía el deseo de seguir formándome y creciendo profesionalmente, con el objetivo de enriquecer mi práctica docente y ofrecerles a mis estudiantes experiencias de aprendizaje más significativas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y recursos, no había podido concretarlo”, cuenta.

En su caso, el impacto fue más allá del título. “Uno de los aspectos más significativos fue la constante invitación a reflexionar sobre nuestra práctica. No era solo aprender teoría, sino cuestionarnos, analizar nuestras realidades y pensar cómo generar cambios reales en nuestros contextos”, señala. También destaca el intercambio con colegas de distintos países: “Tuve la oportunidad de conectar con docentes de distintas partes del mundo, cada uno con realidades diversas pero unidos por un mismo propósito: mejorar la educación”.

Para Acosta, uno de los principales aportes fue la posibilidad de incorporar nuevas herramientas pedagógicas. “La maestría me brindó herramientas concretas, estrategias innovadoras y, sobre todo, nuevas formas de pensar la educación. Aprendí a mirar mi aula desde otra perspectiva, a integrar lo académico con lo social y emocional, y a diseñar experiencias que realmente preparen a los estudiantes para la vida”, afirma.

La convocatoria de Participate Learning está abierta durante todo el año y no tiene costo de inscripción. Entre los requisitos se encuentran contar con nivel avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, estar en actividad y tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años.

Para Acosta, ser docente implica estar en constante evolución. Por eso, mientras el sistema educativo local comienza a adaptarse a una nueva realidad demográfica, este tipo de iniciativas abren una discusión más amplia sobre el futuro de la profesión. En un escenario de menor crecimiento de la matrícula, la movilidad internacional y la formación continua aparecen como variables cada vez más relevantes para los docentes que buscan proyectar su desarrollo profesional.

La provincia de Entre Ríos se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en implementar un régimen que obliga a detallar el impacto de los impuestos provinciales en los precios finales. A través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el gobierno reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, con el objetivo de brindar mayor claridad a los ciudadanos sobre la carga impositiva que incide en bienes y servicios.

La medida quedó formalizada tras la publicación del Decreto 1121/26 y la Resolución 128, que establecen la obligación de discriminar en facturas, tickets y comprobantes fiscales la incidencia estimada de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Esta información se sumará a la ya existente sobre el IVA y otros tributos nacionales indirectos en las operaciones destinadas a consumidores finales.

Desde el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, destacaron que la iniciativa forma parte de una política integral de transparencia fiscal. El objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a conocer qué proporción del precio que pagan corresponde a impuestos, sin que ello implique cambios en la carga tributaria. En ese sentido, se aclaró que la medida tiene un carácter estrictamente informativo y no recaudatorio, permitiendo incluso el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas.

El titular de ATER, Jesús Korell, subrayó la relevancia de la normativa y el rol pionero de la provincia. “La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida”, afirmó. Además, remarcó la importancia de contar con un régimen provincial propio que complemente las disposiciones nacionales.

Alcances y aplicación gradual

La normativa establece que deberán cumplir con la obligación todos los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —tanto en el Régimen Directo como en el Convenio Multilateral— y en el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Estos deberán consignar en los comprobantes las alícuotas correspondientes y los importes estimados de los tributos.

Quedan excluidos del régimen los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado. En cuanto a la presentación de la información, deberá ubicarse luego de la descripción de la operación y del IVA, bajo la leyenda “Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesiones Liberales”, en el sector inferior izquierdo del comprobante.

La implementación será progresiva. Los denominados “grandes contribuyentes” deberán adecuarse en un plazo de 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que el resto contará con un plazo de 180 días.

La Municipalidad de Paraná realizará este martes 5 de mayo el Primer Encuentro de Economía Social, una iniciativa que busca generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexión colectiva y fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al sector.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Economía Social —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano—, se desarrollará de manera presencial en la Sala Mayo, en el horario de 8:30 a 14. La jornada convocará a emprendedores, referentes de organizaciones sociales, equipos técnicos y representantes de gobiernos locales.

El objetivo central del encuentro es compartir experiencias territoriales, consolidar redes de trabajo y visibilizar el impacto social, productivo y comunitario de la economía social en la ciudad de Paraná y la región.

En este sentido, la propuesta busca instalar en la agenda pública el rol de la economía social como una herramienta clave para el desarrollo local, promoviendo instancias de diálogo entre el Estado y los distintos actores que integran el sector.

La jornada estará estructurada en tres paneles temáticos. El primero abordará la economía social como política pública local, con la participación de referentes municipales y equipos técnicos que expondrán programas y experiencias de gestión. El segundo panel estará centrado en las experiencias de emprendedores, cooperativas y proyectos asociativos, poniendo en valor sus trayectorias, desafíos y formas de organización. Finalmente, el tercer panel se enfocará en la relación entre economía social y desarrollo territorial, con la participación de instituciones y referentes regionales.

Además, se prevé la realización de espacios complementarios de exposición de productos y experiencias, con el propósito de visibilizar el trabajo de las unidades productivas locales.

Con esta iniciativa, el Municipio apunta a fortalecer la red local de la economía social, generar nuevas articulaciones institucionales y consolidar políticas públicas que acompañen el desarrollo de emprendedores y emprendedoras tanto de Paraná como de la región.

En un contexto de caída de la recaudación y persistente inflación, el jefe comunal reconoció que la administración evalúa decisiones de alto impacto para sostener su funcionamiento. “Estamos empezando a ver la posibilidad de vender algunos activos, vender terrenos de propiedad municipal para recaudar fondos y poder hacer frente al pago del medio aguinaldo”, afirmó.

Gaioli explicó que la crisis se profundiza por el desfasaje entre ingresos y gastos. Según detalló, los recursos provenientes de la coparticipación se mantienen en niveles similares a los del año pasado, mientras que los costos de servicios y combustibles registraron fuertes incrementos.

La situación también golpea a instituciones clave. En su rol como presidente del cuartel de bomberos local, el intendente denunció deudas correspondientes al Plan Provincial de Manejo del Fuego y demoras en el envío de subsidios tanto nacionales como provinciales. Esto obliga a la entidad a sostenerse, en gran medida, gracias al aporte solidario de vecinos y empresas.

El impacto social de la crisis es otro de los puntos más preocupantes. Gaioli señaló un incremento sostenido en la demanda de asistencia, especialmente en alimentos y medicamentos, que ya no se limita a sectores vulnerables sino que alcanza a trabajadores formales que no logran cubrir sus necesidades básicas.

En este escenario, la obra pública quedó relegada frente a prioridades más urgentes, como el pago de salarios y el mantenimiento de los servicios esenciales. “Le hemos pedido al gobernador que reparta en partes iguales, más allá de los signos políticos, los Aportes del Tesoro Nacional que llegan a la provincia”, subrayó.

De cara al futuro político, y ante la imposibilidad de renovar su mandato, Gaioli confirmó que existe consenso entre intendentes para que continúe su carrera en el ámbito legislativo.

En relación con la interna del Partido Justicialista, el jefe comunal llamó a priorizar la unidad por sobre las diferencias internas con el objetivo de recuperar competitividad electoral.

A nivel nacional, expresó su respaldo a Axel Kicillof como figura central del espacio. “Adherimos a su candidatura porque es quien tiene mayor caudal electoral y está enfrentando un contexto adverso de forma estoica”, sostuvo.

Con un panorama económico complejo y tensiones crecientes en lo social, el intendente de Hernández puso en evidencia los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la actual coyuntura, mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara a los próximos años.

En un contexto internacional marcado por precios inmobiliarios récord y restricciones al crédito en los principales mercados del mundo, la ciudad de Buenos Aires comienza a consolidarse como una alternativa atractiva para inversores extranjeros. Con valores competitivos en dólares, arquitectura de calidad y una amplia oferta cultural, la capital argentina aparece como una oportunidad difícil de replicar en la región.

Desde Miranda Bosch Real Estate & Art, especializada en el segmento de alta gama, aseguran que el fenómeno ya es visible en la dinámica diaria del mercado. “Las consultas desde el exterior se multiplicaron en los últimos años. Hoy recibimos compradores de todo el mundo con perfiles muy diversos, pero con un denominador común: encuentran en Buenos Aires algo que no tienen en sus mercados de origen”, explicó Francisco Bosch.

Uno de los factores que impulsa este interés es la revalorización del euro frente al dólar, lo que mejora el poder adquisitivo de compradores europeos. En este escenario, adquirir propiedades en Buenos Aires dejó de ser una operación lejana para convertirse en una alternativa accesible para sectores de clase media-alta del continente.

A esto se suma un escenario geopolítico global inestable que lleva a muchos inversores a buscar refugio en activos reales fuera de sus países. En ese marco, Argentina —con un mercado inmobiliario tradicionalmente dolarizado— aparece como una opción de resguardo de valor.

El interés desde países vecinos como Brasil y Chile responde a otras motivaciones. Para los compradores brasileños, Buenos Aires ofrece una combinación de precio, cultura y estilo de vida que resulta especialmente atractiva. En tanto, los inversores chilenos encuentran ventajas en la cercanía geográfica y en la diferencia de valor por metro cuadrado.

“El comprador regional no viene de paso. Llega con un proyecto de vida, ya sea para vivir, para que sus hijos estudien o como segunda residencia. Es una demanda genuina, no especulativa”, sostuvo Bosch.

Además, la digitalización de los procesos facilitó el acceso al mercado: recorridos virtuales, gestión remota y firma digital forman hoy parte habitual de las operaciones, eliminando las barreras de la distancia.

Las preferencias del inversor internacional presentan particularidades. A diferencia del comprador local, prioriza la ubicación por encima del tamaño de la propiedad. Barrios como Recoleta, Palermo y Puerto Madero concentran la mayor demanda.

Los requisitos más valorados incluyen edificios de categoría, buen estado de conservación, iluminación natural y, especialmente entre europeos, techos altos y amplitud de espacios. El precio de entrada también resulta determinante: con valores desde los 2.500 dólares por metro cuadrado en zonas premium como Recoleta, la ciudad ofrece oportunidades que en mercados como Miami o Madrid serían considerablemente más costosas.

“Buenos Aires tiene algo difícil de transmitir desde afuera, pero evidente al recorrerla: es una ciudad que ofrece mucho por lo que cuesta. Eso es lo que el comprador internacional descubre y lo que termina inclinando la decisión”, concluyó Bosch.

Durante la charla, el especialista —quien además se desempeña como docente en la UADER y en la UCA— trazó un panorama crítico de la macroeconomía, comparando gestiones anteriores con el actual contexto político y económico.

Gabás sostuvo que tanto los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández como el actual de Javier Milei comparten un elemento en común: atravesar crisis socioeconómicas profundas.

Sin embargo, remarcó diferencias sustanciales en el enfoque actual. “El ajuste que se está aplicando hoy es mucho más fuerte que en etapas anteriores”, afirmó, al tiempo que señaló una reducción significativa del rol del Estado y la ausencia de obra pública como rasgos distintivos del presente.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la dependencia de Entre Ríos de los recursos nacionales. Según explicó, cerca del 70% de los ingresos provinciales provienen de la coparticipación federal.

En ese marco, el economista advirtió sobre tensiones en la relación con el gobierno nacional, incluso en un contexto donde la administración provincial de Rogelio Frigerio mantiene alineamientos políticos con Nación.

“Hay un recorte o demora en el envío de fondos que le corresponden a la provincia por ley”, indicó, poniendo como ejemplo la situación de la caja de jubilaciones.

En relación a las finanzas provinciales, Gabás aseguró que se registró un aumento significativo de la deuda pública en los últimos años. Según explicó, este incremento responde en parte a la necesidad de cubrir déficits fiscales y afrontar compromisos corrientes.

A su vez, diferenció esta situación de períodos anteriores, donde —según su análisis— el endeudamiento se utilizó en contextos específicos de crisis, pero no de forma sostenida.

El economista también describió un escenario desigual en la actividad económica. Mientras algunos sectores vinculados al agro y actividades extractivas mantienen cierto dinamismo, otros presentan fuertes caídas.

“El consumo, la gastronomía, la hotelería y la industria están muy golpeados”, afirmó, y agregó que la capacidad instalada industrial ronda niveles bajos, reflejando una retracción en la actividad.

Otro de los puntos críticos señalados fue la baja inversión pública. Según indicó, actualmente ronda apenas el 3% del presupuesto provincial, muy por debajo de otros períodos.

Para Gabás, la ausencia de un plan estratégico de desarrollo limita las posibilidades de crecimiento. “Entre Ríos tiene un enorme potencial productivo, pero necesita planificación a mediano y largo plazo”, remarcó.

En el cierre, el economista fue contundente al describir el panorama general: “La provincia está en una situación muy delicada, con un ajuste fiscal fuerte, baja inversión y sin un horizonte claro de desarrollo”.

Además, advirtió que el contexto nacional condiciona cualquier intento de recuperación: “Sin una alineación entre Nación y provincia, es muy difícil pensar en una salida”.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

En estas granjas, las vacas pueden desplazarse libremente hacia los robots de ordeño en cualquier momento del día. Al ingresar, son identificadas mediante sensores o etiquetas electrónicas.

El sistema evalúa si el animal fue ordeñado recientemente. En caso afirmativo, una puerta automática lo redirige hacia la salida. Si no, el proceso comienza: limpieza de ubres, escaneo láser para ubicar con precisión los puntos de extracción y colocación de las pezoneras, diseñadas para adaptarse suavemente a la anatomía del animal.

Según especialistas como Ian Ohnstad, uno de los principales incentivos para adoptar esta tecnología es la combinación de mayor producción y reducción de costos laborales.

Mientras que en los sistemas tradicionales el ordeño suele realizarse dos veces al día, con robots algunas vacas pueden acudir hasta cinco veces, lo que mejora el rendimiento general. Incluso con un promedio de 2,8 ordeños diarios, la producción total aumenta.

El productor británico Chris Bargh, quien implementó el sistema en su establecimiento, aseguró que su producción creció un 12,8%. Además, destacó beneficios en el bienestar animal: “Permitirles ordeñarse cuando lo necesitan reduce la presión y el estrés”.

El sistema también permite que las vacas se alimenten durante el ordeño, lo que favorece su comportamiento natural y reduce tensiones. Algunos productores aseguran que los animales están más tranquilos e incluso desarrollan conductas como elegir filas más cortas para acceder al robot.

Sin embargo, Ohnstad relativiza los beneficios en términos de bienestar: considera que, si bien las vacas pueden mostrarse más relajadas, no existen diferencias sustanciales medibles frente al ordeño convencional.

Uno de los puntos críticos señalados por productores es la pérdida de contacto directo con los animales, un aspecto valorado históricamente en la actividad lechera.

El ordeño robotizado, desarrollado a fines de los años 80 y expandido desde los 90 en países como Países Bajos, Reino Unido y América del Norte, ha evolucionado notablemente en la última década.

Hoy, estos sistemas no solo extraen leche, sino que recopilan información detallada: niveles de grasa, indicadores sanitarios, frecuencia de ordeño y comportamiento del animal, entre otros.

Para muchos productores, esta capacidad de análisis representa una herramienta clave para la toma de decisiones y la mejora de la eficiencia productiva.

A pesar de sus ventajas, la adopción del ordeño robotizado no es universal. La inversión inicial, el cambio en la dinámica de trabajo y la menor interacción directa con los animales son factores que generan resistencia en algunos sectores.

“La agricultura robótica es parte del futuro, pero no es la solución para todos”, advierte Ohnstad.

Por su parte, Bargh sostiene que el sistema exige igualmente compromiso: “Hace que los buenos ganaderos sean mejores y los malos, peores”, afirmó, al subrayar la necesidad de supervisión constante del rodeo.

El avance del ordeño robotizado refleja una tendencia más amplia hacia la automatización en el agro. Entre la eficiencia productiva, el bienestar animal y las transformaciones culturales del trabajo rural, el modelo abre oportunidades, pero también plantea interrogantes.

Durante la jornada se dio lectura a un comunicado consensuado a nivel nacional por distintos sectores vinculados a la discapacidad, en el que se advirtió que la iniciativa implica un “profundo retroceso” en materia de derechos. “Este ajuste no sólo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, señalaron.

Además, recordaron que, pese a haber sido reafirmada por el Congreso, la Emergencia en Discapacidad no ha sido plenamente cumplida por el Gobierno nacional. “No se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad”, remarcaron en el documento.

El reclamo también estuvo dirigido al gobierno de Entre Ríos. “Le pedimos que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha. Es una causa justa, humana y urgente. Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan”, expresaron.

En ese contexto, advirtieron sobre la crítica situación del sector en la provincia: la falta de presupuesto ya provocó el cierre de un centro en Colón y pone en riesgo la continuidad de instituciones como Mundo Joven y San Francisco de Asís.

En diálogo con la prensa, la titular de Neurodiversidad San Benito, Nadia Gasparín, manifestó su preocupación por el alcance del proyecto. “Lamentablemente el sábado nos desayunábamos con que ingresaba una nueva iniciativa que propone volver a auditorías de las personas con discapacidad, lo que vuelve a denigrar y menospreciar”, cuestionó.

Gasparín también advirtió sobre la posible eliminación del nomenclador de discapacidad: “Si lo eliminan, se le da la potestad a las obras sociales y prepagas de determinar si corresponde la prestación y qué valor pagar. Las familias quedan a la deriva porque los prestadores no van a querer trabajar”.

Asimismo, criticó la eliminación de la distinción entre invalidez laboral y discapacidad. “Lo que trabajamos en las terapias es la autonomía de la persona, por lo que esto significará un retroceso de muchísimos años”, sostuvo. En ese sentido, agregó que las pensiones actuales —que rondan los 300 mil pesos— resultan insuficientes frente al contexto económico.

La protesta se suma a una serie de manifestaciones que se vienen replicando en distintos puntos del país, en un escenario de creciente tensión entre el sector y el Gobierno nacional por el rumbo de las políticas públicas en discapacidad.

La convocatoria tuvo como eje central la preocupación por el posible impacto de estas reformas en los derechos adquiridos y en el acceso a prestaciones esenciales.

La licenciada en Psicopedagogía y Educación Especial, Milagros Bernat, había anticipado en declaraciones periodísticas que la concentración buscaba “reclamar, ni más ni menos, que por el cumplimiento de nuestros derechos”, en referencia tanto a las condiciones laborales del sector como a la garantía de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En relación con la situación económica, la profesional había señalado que el reciente incremento del 3,40% en las prestaciones —definido en la última reunión de directorio— resulta insuficiente frente al contexto actual. “No es lo que está contemplado en la ley de emergencia en discapacidad, y además pierde sentido si los pagos no se efectivizan”, había afirmado. En ese marco, también había advertido sobre demoras significativas en los cobros: “Hay prestadores que no cobran desde octubre del año pasado y otros desde diciembre. Se adeudan pagos de programas como Incluir Salud y también de PAMI”, indicó, alertando que esta situación pone en riesgo la continuidad de los servicios.

En paralelo a estas manifestaciones, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone cambios sustanciales en la normativa vigente sobre discapacidad. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó en el Senado y plantea, entre otros puntos, la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.

El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de incumplimiento, se prevé la suspensión automática del beneficio. Además, contempla un sistema de fiscalización que incluirá cruces de datos entre organismos como ANSES y otros entes estatales.

Otro de los aspectos que genera controversia es la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y cualquier empleo formal, lo que eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad trabaje de manera registrada sin perder el beneficio. Asimismo, el texto propone cambios en el financiamiento del sistema y habilita acuerdos entre Nación y provincias, lo que, según distintos sectores, podría derivar en una desregulación de aranceles y prestaciones.

Desde las organizaciones movilizadas advierten que estas modificaciones implican un retroceso respecto de la legislación vigente, que en los últimos años había ampliado el universo de beneficiarios bajo un criterio más inclusivo. En ese sentido, anticipan que continuarán las acciones para visibilizar el reclamo y exigir garantías en el acceso a derechos fundamentales.

Las organizaciones ASDRA y Red T21 manifestaron su profundo rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado a nivel nacional, al considerar que introduce medidas que significan un retroceso en materia de derechos, salud y autonomía para las personas con discapacidad.

A través de un posicionamiento público, ambas entidades advirtieron que las reformas propuestas afectarían de manera directa a una población históricamente vulnerada, así como también a sus familias. Entre los aspectos más cuestionados se encuentran el reempadronamiento obligatorio en plazos acotados, la incompatibilidad absoluta entre la percepción de una pensión y el empleo formal, y la eliminación de herramientas clave de actualización y financiamiento del sistema.

Según señalaron, estas disposiciones no solo ponen en riesgo ingresos esenciales, sino que además desalientan la inclusión laboral al impedir que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo registrado sin perder su beneficio económico.

Otro de los puntos críticos destacados por las organizaciones es la eliminación del nomenclador único, un instrumento que actualmente garantiza criterios equitativos en el acceso a terapias, apoyos y prestaciones. Su eventual eliminación —indicaron— permitiría que cada obra social o empresa de medicina prepaga fije valores y condiciones de manera discrecional, lo que podría generar profundas desigualdades en el acceso a servicios básicos.

En este sentido, advirtieron que la sostenibilidad del sistema podría verse comprometida, afectando tanto a prestadores como a usuarios.

La presidenta de ASDRA, Valeria Follonier, alertó sobre las dificultades que enfrentarían muchas personas para cumplir con los nuevos procesos administrativos. “Muchas no podrán completar auditorías o reempadronamientos por barreras geográficas, económicas o de accesibilidad, lo que podría derivar en la suspensión automática de pensiones”, explicó.

Asimismo, subrayó que la pérdida de estos ingresos tendría consecuencias profundas: “No solo deteriora la salud física y mental, sino que puede generar mayores niveles de dependencia y retrocesos en la autonomía lograda”.

Las organizaciones remarcaron que las pensiones por discapacidad alcanzan a un porcentaje reducido de beneficiarios en situación de alta vulnerabilidad, y no a la totalidad de personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad.

En otro tramo del pronunciamiento, ASDRA y Red T21 sostuvieron que el proyecto desconoce principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.

Indicaron que las modificaciones propuestas afectan derechos vinculados a la inclusión laboral, la autonomía personal y el acceso a condiciones de vida dignas, en contradicción con los compromisos asumidos por el Estado.

En una jornada centrada en el fortalecimiento del entramado productivo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, desarrollaron este martes una agenda de actividades en la ciudad de Viale. La visita estuvo orientada al seguimiento de proyectos financiados por el organismo nacional y al impulso de nuevas inversiones.

La comitiva fue recibida por el intendente local, Carlos Weiss, y desde allí iniciaron una recorrida por distintas empresas que forman parte de programas de financiamiento productivo. El primer destino fue la firma Metalúrgica Fontana SRL, beneficiaria de la Línea Mujeres del CFI, que otorgó un crédito de 182 millones de pesos destinado a la adquisición de paneles solares y maquinaria. En ese marco, también se entregó el decreto de adhesión al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

Posteriormente, las autoridades visitaron la empresa avícola Don Eduardo Stertz e Hijos SRL, donde se interiorizaron sobre un proyecto financiado mediante la línea de Abordaje Integral del CFI, dentro del Programa de Acciones Sustentables. La inversión, que asciende a 300 millones de pesos, se orienta a la incorporación de paneles fotovoltaicos para optimizar la eficiencia energética del establecimiento.

Al cierre de la agenda, Frigerio destacó el rol del Estado en el acompañamiento al sector privado. “Estamos brindando créditos del CFI, pero también garantías a través del Fondo de Garantías Recíprocas y herramientas como el RINI. Esto tiene que ver con estar siempre al lado del que produce, del que genera riqueza y, fundamentalmente, empleo en el sector privado”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario remarcó que la generación de empleo es el principal objetivo de su gestión: “Aún en momentos complejos, no aflojamos, como tampoco lo hace el sector productivo, que sigue apostando al enorme potencial de la provincia”.

Por su parte, Lamothe valoró el dinamismo empresarial en Entre Ríos y la articulación con el Estado. “Hay muchos empresarios pensando en expandirse, abrir mercados internacionales, incorporar nuevas líneas de producción e invertir. Eso requiere un Estado que acompañe inteligentemente con crédito, infraestructura y herramientas adecuadas. Entre Ríos está haciendo bien esa tarea”, sostuvo.

El intendente Weiss también subrayó la importancia de la visita y el impacto del financiamiento en la economía local. “Las empresas son las que generan empleo privado y dinamizan la economía. La presencia del CFI demuestra que existen oportunidades crediticias para seguir creciendo”, señaló.

Desde el sector empresarial, los representantes de las firmas visitadas coincidieron en destacar el valor de estas políticas. El fundador de Metalúrgica Fontana, Luis Fontana, aseguró que el financiamiento “es fundamental para seguir creciendo, incorporar tecnología y generar empleo”. En la misma línea, Antonella Fontana remarcó el compromiso institucional reflejado en la visita de las autoridades.

En tanto, Cristian Stertz, titular de la empresa avícola, agradeció la presencia de los funcionarios y destacó el intercambio generado durante el encuentro, en el que se abordaron aspectos clave para el desarrollo de la firma.

La jornada contó además con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Industria, Catriel Tonutti, y de Energía, Jorge Tarchini; el titular de Enersa, Uriel Brupbacher; el responsable de ATER, Jesús Korell; el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; y el coordinador provincial del CFI, Marcelo Wechsler.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso ante legisladores nacionales una batería de propuestas orientadas a aliviar la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. El encuentro se realizó en el ámbito del plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La delegación empresaria estuvo encabezada por el presidente de CAME, Ricardo Diab, junto a la secretaria general Beatriz Tourn y el secretario de Hacienda Blas Taladrid. Por el lado legislativo, participaron el titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías, y el vicepresidente de la Comisión de Comercio, Lisandro Nieri.

Durante la reunión, dirigentes de todo el país plantearon un diagnóstico preocupante: caída sostenida del consumo, pérdida del poder adquisitivo, apertura de importaciones y una marcada disminución de la rentabilidad, factores que —según advirtieron— están empujando al cierre de numerosas pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación ni generar empleo”, sostuvo Diab, quien remarcó que el principal desafío es reactivar la demanda interna.

Entre los principales reclamos, CAME impulsó la necesidad de un nuevo consenso fiscal que ordene la estructura tributaria, especialmente en lo referido a impuestos provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales. El objetivo es reducir la presión impositiva y evitar que la informalidad se convierta en una salida forzada para muchas empresas.

En esa línea, la entidad propuso fortalecer la capacitación como herramienta para reducir la brecha entre formalidad e informalidad, solicitando el acompañamiento del Congreso a los programas de formación de su Escuela de Negocios.

Otro de los puntos abordados fue el combate al comercio ilegal y el contrabando. Para ello, CAME pidió avanzar en una ley de armonización del comercio fronterizo, que contemple regímenes especiales para pymes ubicadas en zonas limítrofes, con el fin de reducir las asimetrías cambiarias y mejorar la competitividad.

Asimismo, la entidad planteó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), proponiendo bajar los montos mínimos requeridos y ampliar los plazos de inversión, con el objetivo de facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas.

Finalmente, los representantes empresarios insistieron en la necesidad de ampliar las líneas de financiamiento, señalando que actualmente solo una de cada tres pymes logra acceder al crédito.

Por su parte, los diputados presentes señalaron que se encuentra en análisis la posibilidad de declarar la emergencia pyme a nivel nacional, en respuesta al complejo escenario que atraviesa el sector.

El encuentro contó además con la participación de autoridades y representantes de cámaras empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reflejando la magnitud federal de la problemática y la urgencia de medidas concretas.