La Economía del Conocimiento continúa ganando protagonismo en la generación de divisas para el país. Según informó Argencon, la entidad que reúne a las principales empresas del sector en Argentina, las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento alcanzaron un récord histórico de USD 10.085 millones durante los doce meses finalizados en marzo de este año.

El monto representa un crecimiento interanual del 11,7% y posiciona a esta actividad como el tercer complejo exportador argentino, únicamente por detrás del agro y la energía. Se trata de un sector que exporta servicios, innovación y conocimiento, sin necesidad de comercializar bienes físicos.

Los datos muestran un crecimiento sostenido impulsado por todos los segmentos de la actividad. Los Servicios Profesionales, que comprenden tareas como ingeniería, contabilidad, diseño, marketing y asesoramiento legal para clientes del exterior, generaron cerca de USD 6.500 millones, equivalentes al 63,7% del total exportado.

En tanto, los Servicios Informáticos, que incluyen desarrollo de software, programación, videojuegos y soporte tecnológico, se acercan a los USD 3.000 millones en exportaciones y se consolidan como uno de los motores de mayor expansión dentro del sector.

Para Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, el récord alcanzado confirma el potencial competitivo de Argentina en los mercados internacionales.

"Que la Economía del Conocimiento haya superado por primera vez los USD 10.000 millones en exportaciones demuestra la capacidad del país para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos. En un escenario cada vez más competitivo y atravesado por la expansión de la inteligencia artificial generativa, aparecen nuevos desafíos, pero también importantes oportunidades que Argentina está en condiciones de aprovechar", afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, Leandro Mora Alfonsín, destacó la continuidad del crecimiento del sector a pesar de los distintos contextos económicos que atravesó el país.

"Esta actividad ha demostrado una notable resiliencia durante más de dos décadas. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para ampliar la presencia internacional de las empresas argentinas, generar más empleo calificado y consolidar al país como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento", sostuvo.

La Economía del Conocimiento comprende actividades intensivas en capital humano, innovación y desarrollo tecnológico. Además de la industria del software, incluye servicios profesionales, biotecnología, audiovisual, nanotecnología, investigación aplicada y otras actividades que agregan valor a través del conocimiento.

El nuevo récord exportador refleja el creciente peso que este sector tiene en la economía nacional y su potencial para generar empleo de calidad, atraer inversiones y diversificar la matriz exportadora del país.

La Secretaría de Energía de la Nación autorizó la incorporación de dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicados en las provincias de La Rioja y Mendoza. En conjunto, los emprendimientos sumarán 105,36 megavatios de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Uno de los proyectos es Arauco Solar V, desarrollado por la empresa Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. en la provincia de La Rioja. La planta contará con una capacidad instalada de 79,92 megavatios y se conectará a la red nacional a través de las barras de 132 kilovoltios de la Estación Transformadora Arauco II, operada por Transnoa S.A.

El segundo emprendimiento corresponde al parque solar Costa de Araujo, perteneciente a la firma AFR Solar S.A. y ubicado en el departamento de Lavalle, Mendoza. La central funcionará con una potencia autorizada de 25,44 megavatios y se vinculará al sistema eléctrico mediante las barras de 66 kV de la nueva Estación Transformadora Costa de Araujo, bajo jurisdicción de Edem S.A.

La medida fue oficializada este martes mediante las resoluciones 138/2026 y 139/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial.

Según se informó, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) verificó que ambos proyectos cumplen con los requisitos técnicos necesarios para operar dentro del MEM.

En el caso del parque mendocino, la empresa había solicitado inicialmente una potencia superior, aunque finalmente la autorización quedó establecida en 25,44 megavatios.

Las resoluciones también establecen que cualquier sobrecosto o penalidad derivada de eventuales indisponibilidades técnicas deberá ser asumida por las empresas titulares de cada emprendimiento.

Con estas incorporaciones, el sistema eléctrico nacional suma nueva capacidad de generación renovable, en línea con el avance de proyectos vinculados a la energía solar en distintas regiones del país.

La reciente caída del precio internacional del petróleo volvió a poner en debate la evolución de los combustibles en Argentina. Mientras que los aumentos registrados durante los últimos meses estuvieron asociados al encarecimiento del crudo, especialistas plantean ahora una pregunta clave: ¿los valores en los surtidores reflejarán también la baja del mercado internacional?

El planteo surge de un análisis realizado por Roberto Carnicer, quien sostiene que la discusión no debería centrarse únicamente en los incrementos aplicados cuando subió el petróleo, sino también en la posibilidad de que exista una reacción similar cuando el valor del barril desciende.

Según el especialista, la caída más significativa del petróleo ocurrió en los últimos días posteriores al 12 de junio, cuando los mercados comenzaron a anticipar una posible normalización de la oferta internacional.

Por ese motivo, considera que el análisis debe dividirse en dos etapas: por un lado, el período previo al 12 de junio, durante el cual el petróleo se mantuvo en niveles elevados; y por otro, la baja registrada posteriormente, cuyo impacto sobre los combustibles todavía está por verse.

“La baja relevante del petróleo no se distribuye a lo largo de los últimos meses, sino que se concentra en pocos días”, explicó.

Los datos analizados muestran que entre febrero y marzo el precio del petróleo WTI experimentó un aumento del 41,7%, mientras que el valor de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires subió un 24,2%.

Esto implica que el incremento en los surtidores representó aproximadamente el 58% de la suba registrada por el crudo.

Para Carnicer, ese dato demuestra que el traslado de los costos internacionales hacia el consumidor fue parcial y estuvo concentrado principalmente durante marzo. En los meses siguientes, los precios locales mostraron escasas variaciones pese a que el petróleo continuó operando en niveles elevados.

El informe sostiene que durante abril y mayo no se observó una correspondencia automática entre el valor internacional del petróleo y el precio de la nafta.

Según el análisis, distintos factores —como estrategias comerciales, márgenes empresariales, estructura impositiva o mecanismos de estabilización— contribuyeron a amortiguar el impacto del aumento del crudo sobre los surtidores.

A partir de esa situación, el especialista considera que tampoco puede esperarse una reducción automática cuando baja el petróleo, aunque entiende que el escenario habilita una discusión razonable sobre posibles ajustes.

El estudio calcula que el precio del barril WTI cayó cerca de un 9,8% entre el 12 y el 17 de junio, pasando de 84,88 a 76,54 dólares.

Si se aplicara la misma proporción de traslado observada durante marzo, existiría un margen teórico para una reducción cercana a 117 pesos por litro en el precio de la nafta súper.

En un escenario hipotético donde la baja del petróleo se trasladara completamente al consumidor, la reducción podría acercarse a los 200 pesos por litro. Sin embargo, el informe aclara que se trata de estimaciones teóricas, ya que el precio final de los combustibles depende también de impuestos, costos logísticos, refinación, comercialización y otras variables.

Para Carnicer, el punto central es la necesidad de mantener cierta coherencia entre los movimientos del mercado internacional y los precios locales.

“Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja”, sostuvo.

El especialista remarcó además que los combustibles tienen una influencia directa sobre la economía cotidiana, ya que impactan en los costos del transporte, la logística, la producción y las expectativas inflacionarias.

Por eso, considera que la reciente caída del crudo abre una oportunidad para revisar los valores vigentes o, al menos, evitar nuevos aumentos mientras el mercado petrolero se estabiliza.

La conclusión del informe es que los incrementos aplicados durante marzo absorbieron solo una parte del aumento internacional del petróleo y que posteriormente los precios locales permanecieron relativamente contenidos.

No obstante, la baja observada en junio abre un nuevo escenario y alimenta las expectativas de consumidores y sectores productivos, que seguirán de cerca las decisiones de las petroleras y la evolución del mercado energético en las próximas semanas.

El Banco Nación anunció una nueva herramienta destinada a clientes que mantienen deudas dentro de la entidad y necesitan reorganizar sus compromisos financieros. Se trata de un préstamo personal para unificación de deudas que permitirá consolidar obligaciones en una única cuota mensual, con plazos de financiación de hasta 120 meses.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la entidad para acompañar a los usuarios y evitar situaciones de mora, especialmente entre quienes presentan cuotas vencidas e impagas, pero conservan una situación crediticia considerada normal o con bajo nivel de riesgo.

Según se informó, el objetivo es brindar una alternativa que permita ordenar las finanzas familiares, preservar el historial crediticio y adecuar la carga mensual de los compromisos asumidos.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la posibilidad de extender los plazos de pago hasta diez años, lo que reduce significativamente el importe de las cuotas mensuales.

La línea funciona bajo la modalidad UVA, con la opción de incorporar una cobertura CER-CVS que limita el impacto de la actualización de las cuotas, permitiendo que los aumentos no superen la evolución de los salarios.

El financiamiento podrá cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de 100 millones de pesos. El dinero no se entrega al cliente, sino que se aplica directamente a cancelar las obligaciones existentes dentro del Banco Nación.

Desde la entidad señalaron que el esquema busca mejorar la capacidad de pago de los clientes. Como ejemplo, una deuda de un millón de pesos que actualmente representa una cuota aproximada de 67.670 pesos en un plazo de 36 meses podría transformarse en una cuota inicial cercana a los 15.279 pesos con financiación a 120 meses bajo la modalidad UVA. En caso de optar por la cobertura CER-CVS, la cuota inicial ascendería a 16.030 pesos.

La tasa prevista es de 10% anual más actualización UVA. Quienes elijan la cobertura adicional deberán afrontar un punto porcentual extra.

La operatoria estará disponible desde el 25 de junio en todas las sucursales del Banco Nación.

El beneficio está destinado a clientes que perciben sus haberes a través de la entidad. Aquellos usuarios que no tengan acreditado su sueldo en el banco deberán gestionar el traspaso de su cuenta sueldo para acceder al programa.

Desde el Banco Nación destacaron que la iniciativa busca ofrecer herramientas financieras responsables para acompañar a las familias en el ordenamiento de sus obligaciones, fortaleciendo su capacidad de pago y reduciendo el riesgo de incumplimiento en un contexto económico que continúa exigiendo una administración cuidadosa de los ingresos.

El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación de los pequeños comerciantes de la provincia. Entre las iniciativas se destacan la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C y un subsidio en la tarifa eléctrica que comenzará a aplicarse a partir de julio.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

"Estamos dando un mensaje a miles de entrerrianos que todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan salarios y sostienen una parte importante de nuestra economía local", expresó Frigerio al presentar las medidas.

El mandatario provincial explicó que ya firmó el proyecto de ley que fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a los comerciantes adheridos al monotributo en las categorías A, B y C.

"Estamos hablando de más de 20.000 comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto", precisó.

La medida apunta especialmente a pequeños comerciantes que, según señaló el gobernador, enfrentan no solo las dificultades económicas generales sino también transformaciones en los hábitos de consumo y nuevas formas de comercialización que incrementan la competencia.

Además, quienes se encuentren en categorías superiores del monotributo accederán a la exención de una cuota anual del régimen simplificado, siempre que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Otra de las medidas anunciadas es un subsidio en la factura de energía eléctrica destinado a los mismos contribuyentes alcanzados por la exención impositiva.

Frigerio explicó que el beneficio busca compensar parte de uno de los principales costos operativos de los pequeños comercios.

"Vamos a estar subsidiando lo que representa, por ejemplo, el consumo de una heladera donde se exhiben productos o un equipo de aire acondicionado. No podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero sí acompañar a quienes sostienen la actividad comercial de nuestras ciudades", afirmó.

Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el beneficio se aplicará automáticamente mediante un cruce de información entre ATER, Enersa y las cooperativas eléctricas de la provincia.

"No será necesario realizar ningún trámite. El descuento se verá reflejado directamente en la factura a través de la bonificación del cargo fijo", explicó.

La medida tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre, aunque no se descarta su continuidad una vez evaluados los resultados.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, estimó que más de 50.000 contribuyentes se verán beneficiados por el conjunto de medidas anunciadas.

Asimismo, informó que el costo fiscal para la provincia rondará los 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año.

"Es un esfuerzo importante que puede sostenerse gracias al proceso de ordenamiento y eficiencia del gasto público que viene llevando adelante la provincia", señaló.

En cuanto a la implementación de la exención de Ingresos Brutos, el ministro Fabián Boleas aclaró que una vez sancionada y reglamentada la ley, el beneficio será automático y no requerirá gestiones por parte de los contribuyentes.

Durante la conferencia, Frigerio también invitó a los municipios a sumarse con medidas similares de alivio tributario.

El gobernador recordó que la provincia viene impulsando distintos incentivos para la inversión privada y consideró importante que los gobiernos locales acompañen con políticas de reducción de cargas fiscales.

"La política de alivio impositivo a quienes trabajan, producen y generan empleo forma parte de nuestro ADN como gestión. Queremos que los municipios también se sumen a este esfuerzo para acompañar a un sector que hoy atraviesa desafíos importantes", concluyó.

La asfixia financiera que atraviesa la provincia de Entre Ríos ha llegado a un punto crítico, manifestándose de manera dramática en pequeñas localidades como Hernández. Mientras los intendentes recurren a medidas desesperadas para cumplir con sus obligaciones básicas, el sector inmobiliario –que ha demostrado ser uno de los más dinámicos a nivel nacional, con marcada generación de empleo– se encuentra en el centro de una disputa entre la necesidad de inversiones y las barreras corporativas impuestas por el Colegio de Corredores Inmobiliarios Públicos de Entre Ríos (CCPIER), en un escenario nacional que camina hacia la desregulación total promovida por el ministro Federico Sturzenegger.

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, ha encendido las alarmas al confirmar que evalúa la subasta pública de terrenos, inmuebles y vehículos municipales para poder hacer frente al pago de los aguinaldos. Esta medida extrema responde a una caída sostenida en la recaudación: en febrero, la localidad recibió 30 millones de pesos menos que el año anterior, acumulando casi diez meses de retroceso en los recursos coparticipables.

Gaioli explicó que el municipio depende en un 70% u 80% de la coparticipación, y que ante el aumento de la inflación y los costos operativos, se ha generado un “cuello de botella” financiero. La situación es compartida por otros municipios pequeños que actúan como “primera barricada” ante una demanda social creciente que el Estado local ya no puede sostener.

Este escenario de escasez en Hernández se enmarca en una crisis provincial mayor. Bajo la gestión de Rogelio Frigerio, Entre Ríos registró una pérdida de aproximadamente $51.225 millones en el primer trimestre por la caída de la coparticipación. Ante esto, el gobernador ha intentado atraer capitales privados mediante el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ofrece exenciones impositivas por 15 años.

Sin embargo, estos planes de desarrollo chocan con lo que algunos sectores denominan un “enemigo interno”: el Colegio de Corredores Inmobiliarios (CCPIER). La institución mantiene una política antifranquicias y antiredes que ha frenado el desembarco de marcas internacionales y redes como Red Like Entre Ríos.

A pesar de que el gobierno provincial busca fortalecer la articulación público-privada, la postura monopólica del Colegio es vista como un obstáculo para que Entre Ríos deje de ser la “hermana pobre” de la Región Centro.

El conflicto local se produce en un momento en que el Gobierno Nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara un proyecto de ley para eliminar la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para el corretaje inmobiliario.

Sturzenegger ha calificado de “aberración social” el hecho de que un colegio profesional fije precios mínimos o imponga barreras de entrada que encarezcan el servicio para los ciudadanos.

La iniciativa de desregulación busca transformar la actividad inmobiliaria de una “pseudo-profesión cerrada” a un servicio comercial competitivo. Entre los cambios previstos se encuentran el fin de las restricciones geográficas (la posibilidad de operar en cualquier provincia sin convalidación local, como ocurre actualmente), los honorarios libres (eliminación de aranceles mínimos para que las partes negocien comisiones) y la pérdida del poder sancionatorio (los Colegios ya no podrán controlar a los operadores y los conflictos irán a la Justicia).

Ante este avance, el CCPIER y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) se han declarado en estado de “batalla”, argumentando que la eliminación de controles afectará la seguridad jurídica de los ciudadanos. No obstante, para muchos observadores, el contraste es inevitable: mientras las estructuras corporativas luchan por mantener sus privilegios de matriculación, intendentes como Gaioli se ven obligados a rematar el patrimonio público para que los trabajadores puedan cobrar sus haberes.

El diputado nacional Darío Schneider comenzó en diciembre pasado su actividad parlamentaria dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, uno de los bloques aliados del oficialismo libertario de La Libertad Avanza. A nivel provincial, el bloque trabaja con el gobierno de Rogelio Frigerio, defendiendo posiciones e intereses de Entre Ríos.

Schneider participa de ocho comisiones de labor parlamentaria. Es secretario de la comisión de Obras Públicas, vicepresidente primero de la de Transportes; y vocal en las de Asuntos Municipales; Deportes; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Población y Desarrollo Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Vivienda y Ordenamiento Urbano.

Luego del acto de inicio de obras en la Escuela N°105 Patria Libre, dialogó con Paralelo32 sobre sus actividades legislativas y sus opiniones y posiciones en un punto neurálgico de la vida política nacional: la Cámara de Diputados de la Nación.

Sobre la actividad parlamentaria que actualmente domina en la Cámara Baja, Schneider comentó que actualmente está en tratamiento en comisión el ‘súper RIGI’ (proyecto de ley del oficialismo que amplía los beneficios para grandes inversiones que estableció el RIGI-Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, N. de R.) y está en estudio también el proyecto de ‘Ley de Lobby’. “Hoy es lo que estamos trabajando en Diputados”, comentó.

– ¿Qué es la ley de Lobby?

-- Se busca transparentar la acción de empresas o sectores que buscan modificar determinadas leyes. Se plantea que se transparente eso porque no hay nada de malo en que una empresa, un sector empresarial o gremial, plantee que ‘tal ley se modifique’ o ‘que diga tal cosa’. Queremos que se reglamente para evitar faltas de transparencia. Hubo una propuesta en ese sentido durante la presidencia de Macri. Hoy se trabaja en un proyecto similar. Desde el bloque radical vamos a hacer algunas consideraciones, porque ahora se está debatiendo el proyecto que llega desde el oficialismo. Acompañamos ese proyecto, pero también hacemos nuestras propias sugerencias desde el bloque radical.

– ¿Cuáles son sus proyectos de autoría propia?

-- La semana pasada hemos presentado el proyecto de ‘Régimen Nacional de Mecenazgo Deportivo’. Es una ley que ya tenemos en la provincia de Entre Ríos, pero no está reglamentada a nivel nacional. Es para que pueda permitir al sector privado acompañar las actividades deportivas y que de ese acompañamiento tenga un beneficio compensatorio en materia fiscal o desde un punto de vista impositivo. De eso se trata el proyecto, que en las próximas semanas tendrá giro a alguna de las comisiones, seguramente la Comisión de Deportes, donde yo estoy como integrante. También a la Comisión de Presupuesto, supongo. Me pareció importante proponerlo, uno traslada a leyes lo que pasa también en su comunidad. En nuestro Crespo querido vemos como las empresas aportan todo el tiempo a los clubes. Hace poquito se inauguró un gimnasio en Cultural, donde una empresa hizo un aporte. Me parece que esas cosas hay que rescatarlas; incentivar la posibilidad de que las empresas puedan hacer aportes a una institución o a un deportista en particular, con un incentivo fiscal a cambio.

Schneider votó a favor de los cambios en la Ley de Glaciares, una iniciativa del gobierno libertario que tuvo y tiene un fuerte rechazo de la oposición política y de las organizaciones ambientalistas del país. El rechazo a ese voto se observó con fuerza en redes sociales donde ‘de cada 20 opiniones 19 criticaron’ el voto de Schneider.

Al dar su explicación, el legislador señaló: “No solamente voté a favor, sino que expuse y di la justificación de mi voto y de todo mi bloque desde el punto de vista constitucional”

Recordó que la ley de glaciares ya existía, y lo que hizo la reforma fue ordenar las competencias provinciales desde un punto de vista constitucional. Destacó que los glaciares tienen un nivel alto de protección, no solamente por la Ley de Glaciares, sino también por otras leyes; también por formar parte del Inventario Nacional de Glaciares y por formar parte de parques nacionales que tienen una ley específica que los protege. “Los glaciares no se tocan, como dije en mi intervención, eso tiene que quedar claro”, subrayó Schneider.

Continuó diciendo que el tema fue impulsado por las provincias cordilleranas, que tienen larga tradición en la administración del agua, que en esas zonas es un recurso crítico. “Uno, por ahí opina desde lejos, y quiere enseñarles a San Juan o a Mendoza cómo se administra el agua cuando en San Juan y en Mendoza saben sobre la escasez y ellos mismos son quienes van a cuidar este recurso; no van a hacer una intervención productiva, minera o de lo que sea, para perjudicarse a sí mismos”, dijo.

Agregó que “me parece que tenemos que darle esa potestad y esa responsabilidad también a las provincias que ya la tienen por la Constitución Nacional, para que puedan decidir y explotar los recursos naturales que tienen”. El legislador crespense dijo que se busca generar condiciones para que la inversión privada, “minera u otra actividad productiva”, se pueda desarrollar “en zonas que hoy están vedadas”.

Con respecto al Inventario Nacional de Glaciares que se hizo (el primer informe se presentó en 2018, N. de R.), Schneider dijo que “hoy la situación debe haber cambiado muchísimo. Hay zonas que estaban dentro de ese inventario, que pueden ser retiradas de allí porque ya no hay una reserva estratégica de agua, debido al cambio climático”.

“Se está buscando la posibilidad de generar inversión en zonas que hoy ya no tiene ningún sentido que estén protegidas porque no estamos hablando de glaciares en sí”. Finalmente, subrayó que “los recursos estratégicos como recursos hídricos no van a ser tocados”.

El entrevistado acompañó en general y en capítulos específicos el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional, primer presupuesto aprobado en la gestión del presidente Javier Milei. Previamente, y durante sus dos primeros años, el gobierno libertario había reconducido en 2024 y 2025 el presupuesto 2023, último presupuesto del gobierno del Frente de Todos. La nueva ‘ley de leyes’ consolidó el ajuste de partidas que castigó fuerte la obra pública, los traspasos a las provincias, las inversiones en salud y educación, entre otros temas.  En la votación en particular, Schneider se abstuvo en el capítulo 11, artículo 75, que había impuesto un fuerte recorte a la universidad pública y en discapacidad.

– Muchos esperaban un voto negativo de su parte en esos puntos. ¿Qué pasó?

-- Tenemos un bloque donde uno va consensuando cosas, pero en esto me abstuve. Creo que en definitiva al gobierno nacional le faltó un poco de ‘cintura’ para poder incorporar o sacar algunos temas de ese capítulo 11 completo. Las leyes se votan por capítulo, dentro de esos capítulos hay distintos artículos y en este caso, había una serie de artículos que perjudicaban el financiamiento de las universidades, que fue lo que motivó muchos votos negativos o abstenciones como la mía.

Pero, Schneider destacó algunas diferencias de fondo. “Yo creo que la inversión pública es absolutamente necesaria e indispensable y tiene que estar presente el Estado. En este punto, el estado provincial y el gobernador Frigerio acompañan también esta idea”, señaló.

Agregó: “Sobre las incumbencias a nivel nacional, tenemos las rutas nacionales, tenemos un montón de cosas donde hoy está faltando esa inversión. No tanto en la provincia de Entre Ríos porque hay obras nacionales en la ruta 12, la 18, la 14. Mal que mal, se están llevando adelante, están teniendo continuidad y se van a terminar”. Pero subrayó: “Creo que el gobierno nacional no puede eternamente decir ‘no voy a invertir más en obra pública’ porque de esa manera no es posible desarrollar un país”.

Schneider dijo que “esto nosotros lo defendemos y lo decimos sin un problema. Obviamente, uno entiende también las restricciones presupuestarias que hay cuando el presidente dice ‘no hay plata’. Y no hay plata”. Rescató el diálogo y los acuerdos del gobierno provincial con la Nación, que permiten la continuidad de obras. “No como uno quisiera, con celeridad, pero hay continuidad en la provincia, en distintos lugares”.

Finalizó diciendo que “es el camino que tenemos que seguir, acompañando el gobierno nacional para que le vaya bien, porque en definitiva, si le va bien al gobierno nacional nos va a ir bien a todos. Es lo que pretendemos, desde nuestro lugar como dirigentes políticos”.

– ¿Es difícil hacer acuerdos de diálogo con el sector libertario? Uno ve al presidente  Milei y algunos de sus funcionarios muy confrontativos. A veces ‘meten en la misma bolsa’ a todos los legisladores.

-- Bueno, son dos sectores que están confrontados. Entre la oposición más dura, que es el kirchnerismo, y La Libertad Avanza, hay mucha confrontación. Hoy por hoy el diálogo no se ve. Eso se traslada también al trabajo en las comisiones, donde muchas veces hay situaciones de mucha agresión verbal.

En ese contexto, Schneider reivindica el diálogo político. “Uno es dialoguista, tiene otra mirada de la política. Pero hoy el escenario es de mucha confrontación, mucha agresión verbal. A veces, hasta hay falta de respeto. Y la verdad que así no se puede construir un futuro que tiene que ser consolidado entre todos los argentinos”. En este punto, el diputado nacional subrayó: “No puede haber alguien excluido de eso”.

– ¿Le hace ‘ruido’ con su identidad radical votar cosas por exigencias partidarias, por acuerdos?

-- Bueno, todo el tiempo uno va votando según sus convicciones, pero nunca sentí que estuviese faltando a esos principios. En la UCR somos un partido que ha sido reformista siempre. Hemos participado de un gobierno como Cambiemos, que buscó reformas profundas que no se no llegaron a concretar. Hoy tenemos un gobierno con esa mirada disruptiva, que va a fondo.

La desaceleración de la inflación registrada en los últimos meses ha generado cierta expectativa sobre una posible recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, la realidad cotidiana de millones de hogares argentinos continúa marcada por un costo de vida elevado, que obliga a reorganizar presupuestos y priorizar gastos esenciales.

Los datos más recientes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó en mayo ingresos por al menos $1.469.768 para no ser considerada pobre.

Se trata del valor de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que contempla los gastos mínimos necesarios para cubrir alimentación, transporte, educación, salud, vestimenta y otros bienes y servicios básicos.

Por debajo de ese monto, el hogar queda estadísticamente ubicado bajo la línea de pobreza.

La situación resulta aún más gráfica cuando se analiza la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla únicamente los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.

Según el INDEC, una familia tipo necesitó $665.053 mensuales para no caer en la indigencia.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que estos cálculos no contemplan uno de los gastos más importantes para miles de hogares: el alquiler. Para quienes no poseen vivienda propia, el costo real de subsistencia resulta considerablemente superior.

Si bien los datos nacionales permiten medir la pobreza, los organismos estadísticos también analizan cuánto dinero requiere una familia para mantener un nivel de vida considerado de clase media.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el costo de vida suele ubicarse por encima del promedio nacional, un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $2.450.044 mensuales para ser considerado dentro de ese sector social.

Por debajo de esa cifra aparecen distintos niveles de vulnerabilidad económica, incluso entre familias que logran superar la línea de pobreza.

Los informes oficiales distinguen una amplia franja de hogares que, pese a cubrir sus necesidades básicas, permanecen expuestos a cualquier imprevisto económico, como aumentos tarifarios, problemas de salud o pérdida de ingresos.

Otro indicador que refleja el impacto económico sobre las familias es la denominada Canasta de Crianza, elaborada por el INDEC para estimar cuánto cuesta sostener a niños y adolescentes en distintas etapas de crecimiento.

Los valores actuales muestran diferencias significativas según la edad:

El cálculo contempla tanto los bienes necesarios para el desarrollo de los menores como el tiempo destinado a su cuidado, un aspecto que muchas veces permanece invisibilizado en las estadísticas tradicionales.

Más allá de las particularidades de cada hogar, existen rubros que concentran la mayor parte del presupuesto familiar.

Entre ellos se destacan los alimentos, la vivienda, los servicios públicos, el transporte, la educación, la salud, las comunicaciones y la indumentaria.

En numerosos casos, estos gastos absorben más del 80% de los ingresos mensuales, reduciendo significativamente la capacidad de ahorro y limitando otras posibilidades de consumo.

Diversos estudios coinciden en que uno de los fenómenos más notorios de los últimos años es la dificultad de amplios sectores de la clase media para sostener hábitos que anteriormente formaban parte de su vida cotidiana.

Las vacaciones, la renovación de vehículos o electrodomésticos, las actividades recreativas y el ahorro para proyectos futuros son algunos de los consumos que comenzaron a postergarse en muchos hogares.

Esta situación explica por qué numerosas familias que no se encuentran bajo la línea de pobreza perciben igualmente una pérdida de bienestar económico.

La evolución de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales continúa siendo determinante para la capacidad de compra de la población.

Cada incremento en alimentos, transporte, combustibles o servicios impacta de manera directa sobre los hogares con ingresos fijos, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue ubicándose en niveles elevados.

Por esa razón, especialistas en economía familiar recomiendan planificar gastos, elaborar presupuestos y comparar precios como herramientas cada vez más necesarias para administrar los recursos disponibles.

Mientras los indicadores muestran una desaceleración de la inflación, la realidad de las familias sigue marcada por una pregunta que continúa ocupando el centro de las preocupaciones cotidianas: cuánto dinero se necesita para llegar a fin de mes y sostener una calidad de vida acorde a las expectativas de cada hogar.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que se ubicó en el 2,1%, la licenciada en Economía Victoria Lambruschini analizó el escenario económico actual y sostuvo que la desaceleración inflacionaria convive con una marcada pérdida del poder adquisitivo y una creciente dificultad de los hogares para afrontar sus gastos cotidianos.

La especialista consideró que la reducción de la inflación mensual responde, en gran medida, a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, particularmente al freno de las negociaciones salariales y a la caída del consumo.

“Estamos observando una desaceleración de los precios, pero también un fuerte deterioro de la demanda. Los salarios vienen creciendo por debajo de la inflación y eso impacta directamente en la capacidad de compra de las familias”, señaló.

Lambruschini advirtió además sobre una diferencia cada vez más marcada entre la evolución de los bienes y los servicios. Mientras los productos de consumo masivo muestran incrementos más moderados, los servicios esenciales continúan registrando aumentos sostenidos.

Entre ellos mencionó los costos de salud, transporte, energía eléctrica y gas, sectores donde las actualizaciones tarifarias siguen presionando sobre el presupuesto familiar.

Según explicó, esta situación obliga a destinar una mayor proporción de los ingresos a cubrir gastos básicos, reduciendo el margen disponible para otras compras y afectando directamente la actividad comercial.

“Los comercios y las pequeñas empresas enfrentan una caída de las ventas porque la gente prioriza el pago de servicios indispensables. Eso se observa en distintas ciudades y también en los centros comerciales de Paraná, donde varios negocios han tenido que cerrar por la falta de demanda”, afirmó.

La economista también puso en debate la metodología utilizada para medir la inflación. En declaraciones al programa Debate Abierto, sostuvo que la canasta de consumo que utiliza el INDEC se encuentra desactualizada y no refleja los hábitos de gasto actuales de la población.

“Estamos utilizando una referencia construida hace más de dos décadas. Muchos de los consumos que hoy forman parte de la vida cotidiana no estaban presentes cuando se elaboró esa canasta, por lo que existe una diferencia entre la medición estadística y la percepción que tienen las familias sobre el aumento del costo de vida”, explicó.

Más allá de los datos mensuales, Lambruschini remarcó que el principal problema continúa siendo la falta de crecimiento económico sostenido.

En ese sentido, señaló que Argentina arrastra más de una década de estancamiento y que esa situación se traduce en un empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población.

La profesional indicó que la situación golpea especialmente a la clase media y a los trabajadores registrados. Según sus estimaciones, una familia necesita actualmente alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales para ubicarse por encima de la línea de pobreza, un ingreso que muchas veces no logra alcanzarse ni siquiera con empleo formal.

Respecto de la evolución de los precios durante junio, Lambruschini estimó que la inflación podría ubicarse en torno al 1,8%, siempre que no se produzcan movimientos bruscos en el mercado cambiario.

No obstante, advirtió que persisten factores que dificultan una reducción más pronunciada del índice, especialmente los aumentos pendientes en combustibles y tarifas de servicios públicos.

“Esos incrementos terminan impactando sobre toda la estructura de costos de la economía, particularmente en un país con grandes distancias y elevados costos logísticos”, concluyó.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2 por ciento.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había sido del 2,6 por ciento, y consolida una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4 por ciento.

Entre las divisiones que más subieron durante mayo se destacó Comunicación, con un incremento del 3,4 por ciento impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, que registró una variación del 2,9 por ciento.

Por el contrario, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con el 0,3 por ciento, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzaron un 0,8 por ciento.

Al analizar la evolución por categorías, los precios estacionales fueron los que registraron el mayor incremento, con una suba del 3,5 por ciento.

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo vinculado principalmente al aumento de algunas verduras, parcialmente compensado por la baja en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,4 por ciento, mientras que la denominada inflación núcleo se ubicó en el 1,9 por ciento, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2 por ciento.

El resultado informado por el INDEC se ubicó levemente por debajo de las proyecciones que manejaba el mercado. Diversas consultoras privadas estimaban una inflación para mayo de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la tendencia de desaceleración podría continuar durante los próximos meses y la inflación mensual descendería por debajo del 2 por ciento hacia agosto.

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que uno de los factores que contribuyó a moderar la suba de precios fue el limitado impacto que tuvo el ajuste de los combustibles durante mayo, sumado al mantenimiento de la estabilidad cambiaria y fiscal.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habitualmente funciona como un anticipo de la medición nacional, también había mostrado una desaceleración al registrar un incremento del 2,1 por ciento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la convergencia hacia niveles de inflación similares a los internacionales es un proceso que continuará en los próximos meses.

No obstante, algunos analistas advierten que el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la evolución de la actividad económica.

En ese sentido, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el escenario macroeconómico luce más estable que meses atrás, aunque señaló que la recuperación de la economía continúa siendo desigual entre sectores y presenta fluctuaciones que todavía generan incertidumbre.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en materia inflacionaria, mientras la atención se concentra ahora en la capacidad de la economía para consolidar una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, se pronunció a favor del proceso de reforma previsional que actualmente se debate en la provincia y consideró que existe una oportunidad política que no debería desaprovecharse para avanzar en cambios estructurales dentro del sistema.

“La reforma hay que hacerla. No desperdiciemos la oportunidad”, expresó el especialista en materia previsional, quien tuvo a su cargo la conducción del organismo durante distintas gestiones justicialistas y participó en la elaboración de diversos proyectos vinculados al régimen jubilatorio provincial.

Según señaló, el debate actual reúne condiciones que pocas veces se presentan para abordar una problemática que, a su entender, lleva décadas sin resolverse de manera integral.

Elías sostuvo que la provincia viene postergando desde hace años una reforma de fondo del sistema previsional y recordó que intervino en la elaboración de cinco proyectos desde finales de la década de 1990.

“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, afirmó.

En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política de avanzar con el tema y valoró tanto la postura del gobernador Rogelio Frigerio como el trabajo técnico realizado por la Caja de Jubilaciones para analizar la situación financiera del organismo.

Durante sus declaraciones, recordó que el primer anteproyecto en el que trabajó fue presentado en diciembre de 1997 durante la segunda gobernación de Jorge Busti.

Posteriormente, participó en nuevas iniciativas impulsadas durante las gestiones de Sergio Urribarri y también colaboró en la elaboración de otro proyecto durante el gobierno de Gustavo Bordet.

A su juicio, algunas de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema previsional podrían haberse mitigado si parte de aquellas propuestas hubieran sido implementadas oportunamente.

Asimismo, recordó que el propio Bordet había planteado en 2020 la necesidad de abordar la situación financiera de la Caja, reconociendo la importancia de encarar una discusión de fondo sobre el régimen jubilatorio.

Si bien manifestó algunas observaciones respecto de aspectos puntuales del proyecto actualmente en tratamiento, Elías respaldó varios de sus ejes principales.

Entre ellos mencionó la necesidad de revisar la edad jubilatoria y reformular el esquema de pensiones, medidas que consideró necesarias para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, sostuvo.

El ex titular de la Caja señaló además que cualquier proceso de reforma requerirá aportes de distintos sectores para alcanzar un equilibrio sostenible en el tiempo.

En ese marco, planteó que los esfuerzos deben distribuirse de manera progresiva, contemplando la capacidad de cada sector para contribuir a la sostenibilidad del sistema.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

Las declaraciones de Elías se suman al debate que actualmente se desarrolla en Entre Ríos en torno al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que genera posiciones diversas entre sectores políticos, sindicales, empresariales y especialistas vinculados al sistema jubilatorio provincial.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos fue sede este martes de la presentación de un informe que analiza el peso económico de la Región Centro y su contribución a la recaudación nacional. El trabajo concluye que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba realizan un aporte al Estado nacional superior a los recursos que posteriormente reciben a través de distintos mecanismos de distribución fiscal.

El estudio, denominado “Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional”, fue impulsado por el Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro y elaborado por un equipo integrado por profesionales de las Bolsas de Comercio de Córdoba, Rosario y Santa Fe, el Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. El proyecto contó con financiamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la presentación se destacó que la Región Centro constituye uno de los principales motores productivos del país. Según los datos expuestos, genera en promedio el 19,1% del Valor Agregado Bruto nacional, concentra una proporción similar de la población y del empleo privado registrado, y reúne cerca del 23% de las empresas formales de Argentina.

Además, tiene una participación determinante en distintas cadenas productivas. La región concentra casi la mitad de la producción nacional de granos, una importante participación en la actividad avícola, porcina y cárnica, cerca del 50% de la producción automotriz y más del 38% de las exportaciones argentinas.

Los especialistas remarcaron que la infraestructura logística y portuaria existente en las tres provincias refuerza su papel estratégico como uno de los principales polos agroexportadores del país.

Uno de los principales datos del informe señala que, en promedio, la Región Centro aportó a la Nación un 30,1% más de recursos de los que recibió entre los años analizados.

De acuerdo con el estudio, por cada 100 pesos generados en concepto de recaudación nacional, las provincias de la región recibieron aproximadamente 69,9 pesos a través de la coparticipación federal, leyes especiales y otras transferencias.

En el caso particular de Santa Fe, la diferencia fue aún mayor, con una brecha promedio del 36,5% entre 2011 y 2023.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas. También participaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Durante las exposiciones, los funcionarios coincidieron en la importancia de contar con información técnica para enriquecer el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Benedetti destacó el valor de disponer de estudios que permitan fundamentar propuestas orientadas a construir un sistema tributario más equilibrado, mientras que Giaccone resaltó el trabajo conjunto y los consensos alcanzados para concretar la investigación.

Por su parte, Olivares sostuvo que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han sido históricamente protagonistas de la discusión sobre el federalismo fiscal y remarcó que el informe aporta datos objetivos para ese debate.

En tanto, Boleas señaló que las tres provincias cumplen un rol central en la economía argentina y consideró necesario avanzar en una discusión integral sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

El trabajo también analiza variables sociales y económicas y concluye que la Región Centro presenta indicadores superiores al promedio nacional en aspectos como escolarización, niveles de pobreza estructural y distribución del ingreso.

No obstante, los especialistas advirtieron que la productividad laboral de la región registró una caída del 11% entre 2011 y 2023, atribuida principalmente a los efectos de la recesión económica y la sequía.

A pesar de ello, la región mantiene niveles de exportaciones por habitante considerablemente superiores a la media argentina, consolidando su papel como una de las principales generadoras de divisas del país.

Los responsables del estudio indicaron que el informe será de acceso público y busca aportar elementos objetivos para el análisis de las políticas de desarrollo regional, la distribución de recursos fiscales y el fortalecimiento del federalismo argentino.

Según el relevamiento realizado sobre más de 750 empresas de todo el país, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se ubicó en +6%, un indicador que surge de la diferencia entre las organizaciones que prevén incorporar personal y aquellas que anticipan reducciones en sus plantillas.

El resultado representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, aunque se mantiene prácticamente estable en comparación con el mismo período del año pasado.

Los datos indican que el 33% de los empleadores planea aumentar su dotación de personal durante el próximo trimestre, mientras que el 29% prevé reducirla. Por otra parte, el 36% no espera realizar cambios y un 2% manifestó no tener una decisión definida.

Desde ManpowerGroup señalaron que el mercado laboral atraviesa una etapa de mayor prudencia, con procesos de contratación más selectivos y una tendencia a postergar decisiones de incorporación de personal en diversos sectores de la economía.

De las once actividades económicas relevadas, nueve muestran expectativas positivas de contratación para los próximos meses.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales encabeza las previsiones de crecimiento, con una expectativa neta de empleo del 30%. Le siguen la industria Automotriz, con 25%, y Tecnología y Servicios de TI, con 22%.

En el otro extremo aparecen los sectores de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registran una expectativa negativa de -8%, y Finanzas y Seguros, con -2%.

El informe también destaca que las expectativas se debilitaron en siete de los once sectores analizados respecto del trimestre anterior, aunque en la comparación interanual seis actividades muestran mejoras.

Uno de los avances más significativos se observa en Tecnología y Servicios de TI, que registró un incremento de 28 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

A nivel regional, las mayores expectativas de contratación se observan en el Noroeste Argentino (NOA), con una ENE de +17%. Detrás se ubican Patagonia (+14%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con +7%.

Por el contrario, la región Pampeana presenta la proyección más baja, con una expectativa negativa de -2%, mientras que Cuyo muestra un escenario neutral.

Respecto al trimestre anterior, las intenciones de contratación disminuyeron en cinco de las seis regiones relevadas. La mayor caída se registró precisamente en la región Pampeana, que retrocedió 15 puntos porcentuales.

El informe también compara la situación local con otros mercados de la región. En América, los doce países analizados presentan expectativas positivas de contratación para el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, Argentina aparece con el nivel más bajo de la región, con una expectativa neta de empleo del 6%. Por encima se ubican Panamá (+11%), Chile (+12%), Costa Rica (+36%), Brasil (+37%) y Estados Unidos (+45%), entre otros.

A escala global, las previsiones de contratación resultan positivas en 46 de los 49 países y territorios incluidos en el relevamiento.

Los resultados reflejan un mercado laboral que continúa mostrando capacidad de generar empleo, aunque con un ritmo más moderado y concentrado en sectores específicos de la economía, en un contexto donde las empresas priorizan la cautela a la hora de definir nuevas incorporaciones.

De esta manera, las categorías actuales seguirán rigiendo durante las próximas semanas y, en principio, también durante gran parte de julio, hasta que se concrete la recategorización semestral prevista por el organismo nacional.

Actualmente, el régimen simplificado contempla once categorías, identificadas de la A a la K. El límite máximo de facturación anual para permanecer dentro del sistema es de $108.357.084,05, correspondiente a la categoría más alta.

Los topes de facturación anual actualmente en vigencia son los siguientes:

La próxima actualización de las escalas se realizará tomando como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Según estimaciones basadas en los datos oficiales ya publicados y en proyecciones privadas para los meses restantes del período, el ajuste podría ubicarse en torno al 17,2%.

La recategorización semestral se habilitaría a mediados de julio, entre los días 14 y 15, aunque los nuevos parámetros no tendrían impacto inmediato en los pagos mensuales. En ese sentido, los valores actualizados comenzarían a regir recién a partir de agosto.

Además de modificar los límites de facturación de cada categoría, la actualización también implicará cambios en los importes mensuales que deben abonar los monotributistas. El porcentaje definitivo se conocerá una vez que el INDEC publique el índice de inflación correspondiente al mes de junio.

Mientras tanto, los contribuyentes deberán seguir utilizando las escalas vigentes para determinar su situación dentro del régimen simplificado y cumplir con las obligaciones correspondientes.

La reforma previsional retoma un debate que Entre Ríos viene postergando desde hace casi tres décadas, cuando un proyecto de ley impulsado por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti en diciembre de 1997 ya proponía los mismos ejes centrales que hoy contiene la Ley 11.130: elevación de las edades jubilatorias, base de cálculo del haber inicial sobre 15 años de aportes y una nueva metodología de movilidad. Aquel proyecto no prosperó. El problema previsional, sí.

En efecto, el proyecto de reforma previsional que se debate en estos días en la Legislatura de Entre Ríos —incorporado a la Ley 11.130 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional— no constituye una novedad conceptual. En 1997, durante la gobernación de Jorge Pedro Busti y con la firma del entonces ministro Ricardo Drewanz, el Poder Ejecutivo provincial elevó a la Honorable Legislatura un proyecto de reforma del Régimen Previsional Provincial cuyos contenidos centrales son, en lo esencial, los mismos que la presente gestión propone hoy.

Aquella iniciativa de 1997 no obtuvo sanción legislativa. Las advertencias técnicas que motivaban su redacción, en cambio, se mantuvieron y se profundizaron con el paso de los años. La inacción de casi tres décadas explica buena parte del desequilibrio estructural que el sistema previsional entrerriano arrastra hoy.

El proyecto Busti–Drewanz fundamentaba la necesidad de elevar las edades jubilatorias con estas palabras:

"La edad jubilatoria, para todos los sectores, ha quedado relegada con relación al régimen nacional y de otras provincias. Esto se torna absolutamente impostergable de corregir".

Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo — Cámara de Diputados, 30 de diciembre de 1997

El proyecto de 1997 proponía elevar la edad de la jubilación ordinaria común a 63 años para varones y 60 para mujeres, con 33 años de servicios. La reforma de 2026 retoma el mismo eje —equiparación con los estándares nacionales y de otras provincias— y propone 65 años con 35 años de servicios, con una gradualidad que recién comienza en 2031. Tres décadas más tarde, el diagnóstico es el mismo y la urgencia, mayor.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto actual es la modificación del haber inicial, que pasa a calcularse sobre el promedio de las últimas 240 remuneraciones (20 años) en lugar del último cargo desempeñado. Esta no es una idea reciente. El proyecto de 1997 ya proponía exactamente esa lógica, aunque con un horizonte temporal menor —15 años—:

"El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de remuneración mensual percibida por el afiliado durante los últimos quince (15) años inmediatos anteriores al momento de la cesación en el servicio."

Artículo 15° del proyecto Busti–Drewanz, sustitutivo del Artículo 63° de la Ley 8.732

La fundamentación de aquella propuesta resulta hoy especialmente vigente. El mensaje de elevación señalaba:

“Esto tiende a evitar las desviaciones que ha habido en nuestro régimen, que llevaron a la actual distorsión donde nos encontramos con jubilados o pensionados que perciben un haber equivalente al 500 o 600% sobre el haber promedio sobre el cual aportaron en su vida laboral.”

La actual reforma toma el mismo principio rector —proporcionalidad entre aportes y beneficio— y lo aplica con un período más extendido (20 años), en línea con el estándar de la Ley nacional 24.241 y con la mayoría de los regímenes provinciales armonizados.

Movilidad de las prestaciones: el AMPPO de 1997, antecedente del esquema actual

El proyecto de 1997 introducía además un cambio radical en la lógica de actualización de los haberes jubilatorios, con la creación del Aporte Medio Previsional Provincial Obligatorio (AMPPO). El fundamento técnico era explícito:

"La creación del AMPPO tiene por objetivo obtener un mecanismo de medición de los recursos del sistema de reparto, que permita conocer con base científica el crecimiento de los mismos y garantice el cumplimiento del mandato constitucional de prestaciones móviles".

La propuesta apuntaba a desacoplar parcialmente la movilidad de los haberes pasivos de los cambios discrecionales en la estructura salarial activa, dotándola de una base técnica vinculada a la salud financiera del propio sistema. Aquel concepto, hoy, encuentra reflejo en el nuevo régimen de movilidad que establece el proyecto de la Ley 11.130, atado a las variaciones del Escalafón General de la Administración Pública Provincial.

Más allá de los tres ejes centrales, el proyecto Busti–Drewanz contenía propuestas que la reforma actual incorpora con formulación equivalente:

Retención automática a los Municipios. El proyecto de 1997 ya disponía que el aporte mínimo municipal sería "directamente retenido de la Coparticipación por la Tesorería General de la Provincia" (Art. 2°). La reforma actual lo recupera con un mecanismo equivalente en sus Artículos 14 y 21.

Prohibición de nuevas cajas municipales. El Artículo 3° del proyecto de 1997 prohibía expresamente la creación de cajas de jubilaciones independientes en el ámbito provincial. La preocupación por la atomización del sistema previsional ya estaba presente.

No traslado de adicionales sin aportes. El Artículo 4° de 1997 ya establecía que ningún concepto sobre el cual no se hubieran efectuado aportes podría considerarse para el cálculo del haber. La reforma actual recoge la misma regla en su Artículo 22.

Principio de caja otorgante. El Artículo 23° del proyecto Busti–Drewanz incorporaba expresamente el principio de caja otorgante y reciprocidad jubilatoria, hoy nuevamente puesto en valor en el Artículo 36 de la reforma.

El proyecto de 1997 no obtuvo sanción legislativa. La advertencia que contenía —que el sistema previsional provincial requería una corrección estructural urgente para asegurar su sostenibilidad— no se atendió en su momento. El resultado de esa postergación es el que hoy enfrenta la Provincia: un déficit que pasó de $13.000 millones en 2019 a $124.000 millones en 2023, una relación activo/pasivo de 1,82 cuando el umbral técnico de sustentabilidad es 4, y una carga heredada que el sistema absorbió sin compensación.

La reforma de 2026 no propone soluciones novedosas. Propone, finalmente, atender un diagnóstico que ya estaba escrito sobre la mesa de la Legislatura de Entre Ríos en diciembre de 1997. Lo que cambió en estos casi treinta años no fue la naturaleza del problema, sino su magnitud.

Texto:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. Titulación y resaltado con negritas: Paralelo32. Referencia documental: Cámara de Diputados de Entre Ríos, Reunión Nro. 10, Diario de Sesiones del 30 de diciembre de 1997 — Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial (Drewanz–Busti).