El gobierno de Entre Ríos presentó un nuevo programa destinado a ordenar el acceso al crédito y reducir el impacto del endeudamiento sobre los haberes de empleados públicos y jubilados provinciales. La iniciativa será instrumentada principalmente a través de Sidecreer e incluye cambios en los límites de descuento, nuevas líneas de financiamiento y un plan de refinanciación.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

La propuesta también contempla avanzar con la incorporación de educación financiera en las aulas, a través del Consejo General de Educación.

Uno de los principales cambios establece un límite del 40% del haber para contraer préstamos personales o ayudas económicas mediante código de descuento con entidades habilitadas por la provincia.

Además, se creó un código exclusivo de compra que permitirá descontar hasta el 30% del salario por consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

Frigerio explicó que la intención es evitar que el crédito termine generando una carga excesiva sobre los ingresos.

“Muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema”, sostuvo el gobernador.

Según señaló, aunque Entre Ríos presenta niveles de sobreendeudamiento inferiores a los de otras provincias, la situación representa un problema para las familias que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos.

El segundo eje contempla una nueva línea de adelanto de haberes a través de Sidecreer, con un cupo total de $2.000 millones.

El financiamiento podrá devolverse en hasta 12 meses y tendrá una tasa nominal anual del 45%, según lo informado durante la presentación.

La gestión podrá realizarse de manera digital a través de la aplicación de Sidecreer. La empresa entrerriana actualmente dispone de una aplicación que permite realizar distintas operaciones y consultar información de la cuenta.

El tercer componente es un nuevo plan de refinanciación de deudas de Sidecreer.

La propuesta permitirá refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35% y un límite de $5 millones por usuario.

El programa se presenta como complemento del Plan de Alivio Financiero impulsado junto al Banco de Entre Ríos.

Para acceder al proceso de desendeudamiento y reordenamiento crediticio, Reyno Buch explicó que los interesados podrán iniciar el trámite por las sucursales, correo electrónico o WhatsApp, aunque deberán realizar posteriormente una instancia presencial para analizar cada situación.

El cuarto eje establece un nuevo orden de prelación para los descuentos sobre los recibos de haberes.

El objetivo informado por el gobierno es ordenar la manera en que se aplican los distintos consumos y obligaciones, buscando brindar mayor previsibilidad a trabajadores y jubilados y evitar prácticas que considere abusivas.

Durante el anuncio, Frigerio también confirmó que la provincia trabaja, a través del Consejo General de Educación, en la incorporación de contenidos de educación financiera en las aulas.

El gobernador planteó que el Estado tiene también un papel en la formación de los jóvenes para que puedan adquirir herramientas vinculadas con el manejo del dinero, el crédito y el endeudamiento.

“Tenemos que educar desde temprana edad y de manera creciente en esta materia”, afirmó.

Para quienes ya cuentan con la tarjeta, la nueva línea de adelantos podrá gestionarse mediante la aplicación, según explicó el presidente de Sidecreer.

En tanto, quienes necesiten iniciar un proceso de reestructuración de deuda deberán comunicarse con la empresa y realizar un análisis particular de su situación.

Los empleados públicos y jubilados que todavía no poseen una tarjeta Sidecreer pueden solicitarla mediante los canales digitales de la empresa o acercándose a sus puntos de atención. Sidecreer informa que sus servicios están dirigidos a empleados públicos, jubilados y pensionados del Gobierno provincial y de organismos, municipios y entidades adheridas.

La empresa también mantiene oficinas de atención en distintas localidades de Entre Ríos y canales de contacto telefónico y digital para realizar consultas.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó esta semana 1.006.013 metros cuadrados de construcciones que no estaban declaradas en 6.013 partidas inmobiliarias de los municipios de San José y Gualeguaychú.

Las propiedades figuraban registradas como terrenos baldíos y fueron detectadas mediante herramientas de relevamiento catastral y tecnología satelital.

Del total incorporado, 1.428 partidas y 243.893 m² corresponden a San José, mientras que 4.585 partidas y 762.120 m² pertenecen a Gualeguaychú.

Con este operativo, ATER informó que durante 2026 ya incorporó 2.078.473 m² de construcciones correspondientes a 12.480 partidas inmobiliarias.

Los relevamientos alcanzaron hasta el momento a los municipios de Concepción del Uruguay, San Salvador, Bovril, Nogoyá, San José y Gualeguaychú.

Según el organismo, la superficie incorporada durante este año triplica la que habitualmente se registra en un período anual a través de los distintos mecanismos de actualización, como los municipios, las oficinas de ATER, las declaraciones voluntarias de contribuyentes y las presentaciones de profesionales.

Desde ATER estimaron que las mejoras incorporadas tendrán un impacto de aproximadamente $3.200 millones en el Impuesto Inmobiliario.

El tributo es coparticipable, por lo que el incremento en la recaudación también se traducirá en recursos para los municipios involucrados.

El organismo provincial señaló que estos fondos podrán regresar a las administraciones locales para fortalecer sus gestiones y la prestación de servicios.

Para detectar las construcciones que no figuraban en los registros, ATER combina información del Visor Catastral con relevamientos mediante imágenes satelitales.

El procedimiento permite identificar inmuebles que aparecen registrados como baldíos pero que cuentan con construcciones. Entre los casos detectados existen edificaciones de distintas dimensiones y destinos, incluso algunas con más de 1.000 metros cuadrados sin declarar.

Una vez identificadas, las superficies se incorporan a la información catastral y son consideradas para la liquidación del Impuesto Inmobiliario.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, vinculó los resultados con la política fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada, según explicó, a ampliar la base imponible y mejorar los controles.

“Cada metro cuadrado que incorporamos permite que un inmueble tribute de acuerdo con su situación real. Cuanto más completa y actualizada está la base, más justo es el sistema y menos esfuerzo recae sobre los contribuyentes que pagan en tiempo y forma”, sostuvo Korell.

Según el organismo, las incorporaciones masivas realizadas durante 2026 representan un cambio de escala en este tipo de controles, con antecedentes de una magnitud similar que no se registraban en la provincia desde hace aproximadamente tres décadas.

Los contribuyentes que consideren que la superficie incorporada no coincide con la situación real de su inmueble pueden ingresar a los servicios de ATER en ARCA y realizar la rectificación correspondiente mediante la Declaración Jurada.

La información presentada queda posteriormente sujeta a fiscalización por parte del organismo tributario.

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue comunicada este martes luego de una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

El esquema contempla además jornadas con alcance limitado a las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades del Pontífice. El martes 10 será feriado en Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires por las actividades previstas en Luján.

Para Entre Ríos, la jornada de feriado será el lunes 9 de noviembre, al tratarse de un feriado nacional.

El martes 10 y el miércoles 11 no tendrán carácter de feriado nacional en la provincia, ya que las medidas específicas están vinculadas con las jurisdicciones donde se desarrollará el recorrido del Papa.

León XIV llegará al país el 8 de noviembre. Durante su visita estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9, ya como feriado nacional, el Pontífice tendrá entre sus actividades principales una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y el episcopado argentino.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica. Ese mismo día finalizará su visita a la Argentina y partirá hacia Perú.

La reunión en la que se definió el esquema de feriados contó también con la participación del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Por parte de la Iglesia estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Monteoliva confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que las jornadas posteriores quedarán sujetas a decisiones dentro de las jurisdicciones involucradas en la visita.

Tras el encuentro, Karina Milei destacó la importancia de la llegada de León XIV y afirmó que “el Papa es para todos los argentinos”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional también presenta diferencias sobre distintas cuestiones.

García Cuerva sostuvo que existen “muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias” con la gestión de Javier Milei. En ese marco, planteó que “poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error”.

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días y tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país

El Sector Público No Financiero de Entre Ríos registró durante el primer semestre de 2026 un resultado primario superavitario de $145.533 millones. Al descontar el pago de intereses de la deuda, que alcanzó los $69.605 millones, el resultado financiero también fue positivo y llegó a $75.928 millones.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos, que analiza la evolución de los ingresos, los gastos y el endeudamiento de la administración provincial hasta junio.

El estudio toma como referencia una inflación acumulada del 16,8% hasta junio de 2026 y una variación interanual del 33,5%.

Entre enero y junio, la Provincia acumuló $3,21 billones de recursos, frente a los $2,44 billones registrados durante el mismo período de 2025. El incremento nominal fue del 32%, pero, al descontar el efecto de la inflación, los recursos mostraron una caída real del 1%.

Los recursos tributarios de origen nacional, principalmente provenientes de la coparticipación, representaron el 52% del total. En términos reales, disminuyeron un 3% interanual.

En cambio, los tributos provinciales tuvieron una evolución diferente y registraron un crecimiento real del 5%.

Las transferencias corrientes del Gobierno nacional aumentaron un 34% en términos reales, aunque su participación sobre el total de los recursos continúa siendo reducida, por lo que su incidencia sobre los ingresos provinciales es limitada.

El informe también analiza los recursos provinciales expresados en dólares para comparar su evolución entre períodos.

Durante el segundo trimestre de 2026, los recursos acumulados alcanzaron los US$1.242 millones, un 19% más que en igual período de 2025.

Dentro de ese monto, los recursos tributarios de origen nacional representaron US$660 millones, con un incremento interanual del 9%.

Los tributos provinciales, en tanto, alcanzaron los US$243 millones, un 13% más que durante el segundo trimestre del año anterior.

Dentro de la recaudación provincial, el 67% corresponde a Ingresos Brutos. Le siguen el Impuesto Inmobiliario Urbano, con el 9%; Sellos, con el 8%; el Impuesto Automotor, con el 11%; y el Inmobiliario Rural, con el 5%.

El gasto total de la Provincia alcanzó los $3,14 billones durante los primeros seis meses del año. En términos nominales aumentó un 26%, pero al considerar la inflación presentó una reducción real del 5%.

La mayor parte del gasto corresponde a erogaciones corrientes, que representan el 96% del total y disminuyeron un 6% real.

Dentro de este grupo, los principales componentes son el gasto en personal y la seguridad social.

El gasto en personal, que representa el 41% del total, aumentó nominalmente un 20%, pero cayó un 10% en términos reales.

La seguridad social, que representa el 24% del gasto, creció un 24% nominal y disminuyó un 6% real.

La coparticipación destinada a los municipios representa el 10% del gasto total y registró una caída real del 3%.

En sentido contrario, los gastos en bienes y servicios aumentaron un 3% real.

Uno de los datos destacados del informe aparece en los gastos de capital, que aumentaron un 33% en términos reales durante el primer semestre.

La inversión real directa, vinculada principalmente con la obra pública, alcanzó los $96.947 millones, un 69% más en términos nominales y un 27% más en términos reales que en el mismo período de 2025.

Medida en dólares, la inversión real directa llegó a US$45 millones durante el segundo trimestre, con un incremento interanual del 45%.

Este componente representó aproximadamente el 4% del gasto total durante ese período.

El informe identifica como gastos rígidos aquellos vinculados con personal, seguridad social y coparticipación a municipios, debido a que presentan mayores dificultades para ser reducidos.

Durante el segundo trimestre de 2026, estos gastos alcanzaron los US$921 millones y representaron el 77% del gasto total.

Según el análisis del IIES, esta participación se mantuvo relativamente estable durante los últimos tres años.

En tanto, el gasto total acumulado durante el segundo trimestre alcanzó los US$1.197 millones, apenas un 1% más que en igual período de 2025.

El stock de deuda pública de Entre Ríos alcanzó en junio de 2026 los $1.015.016 millones.

Según el informe, este monto equivale al 30% de los recursos públicos provinciales acumulados durante el año. Si bien la deuda aumentó nominalmente un 20% respecto de junio de 2025, al descontar la inflación interanual del 33,5% se observa una reducción real del 10%.

La composición de la deuda muestra que:

El informe señala además que la deuda con el Estado nacional aumentó un 21% nominal, aunque cayó un 9% real. Los títulos públicos crecieron un 57% nominal y un 17% real, mientras que la deuda con entidades bancarias disminuyó un 73% nominal y un 80% real.

Uno de los aspectos señalados por el IIES es la composición de la deuda según la moneda.

En junio de 2026, el 84% de la deuda provincial estaba denominada en moneda extranjera, frente al 77% registrado un año antes. Esto implica un aumento de siete puntos porcentuales en la participación de la deuda en dólares.

Dentro de ese componente se encuentran los títulos de deuda pública correspondientes a las emisiones de 2017, que representan el 9%; los nuevos bonos de deuda pública emitidos a comienzos de 2026, que concentran el 52%; y el financiamiento de convenios bilaterales internacionales con el Gobierno nacional, que representa el 38%.

Los números relevados por el Consejo Empresario muestran que, hasta junio de 2026, la Provincia mantuvo un resultado primario positivo de $145.533 millones y un resultado financiero superavitario de $75.928 millones, aun después de afrontar $69.605 millones en intereses de deuda.

El escenario combina una reducción real de los recursos del 1% con una disminución del gasto primario del 5%. Al mismo tiempo, el informe registra un crecimiento de la inversión pública y una recomposición de los recursos tributarios provinciales.

El análisis también identifica dos elementos que siguen teniendo un peso relevante en las cuentas provinciales: la dependencia de los recursos de origen nacional, que representan más de la mitad de los ingresos, y la elevada participación de la deuda denominada en moneda extranjera.

La Fundación CAUCE participó de la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), realizada en Mongolia entre el 17 y el 28 de agosto. La organización llevó a este espacio internacional una propuesta vinculada con la relación entre salud de los suelos, sistemas alimentarios y salud humana.

La participación significó un nuevo paso en el trabajo internacional de la Fundación, que ya había formado parte de la COP16. En esta edición, además de presentar una propuesta propia, CAUCE participó de espacios de articulación de organizaciones de la sociedad civil y de las discusiones vinculadas con las negociaciones de la Convención.

Uno de los principales momentos de la participación de CAUCE fue la coorganización del encuentro paralelo Healthy Soil 4 Food, realizado con el acompañamiento de Drynet y el apoyo de AIDER Perú.

Durante la actividad, la Fundación presentó por primera vez en una COP una propuesta destinada a profundizar el vínculo entre la salud de los suelos y la salud humana.

Desde la organización plantean que la degradación de las tierras no constituye solamente un problema ambiental o productivo. Las formas en que se gestionan los suelos también tienen relación con la calidad nutricional de los alimentos, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, los medios de vida rurales y el bienestar de las comunidades.

La propuesta busca, de esta manera, promover una mirada que vincule tierra, alimentación y salud, aspectos que, según CAUCE, todavía aparecen de manera fragmentada en la agenda internacional.

La participación en Mongolia también permitió fortalecer los vínculos con organizaciones de diferentes regiones.

El Panel de Organizaciones de la Sociedad Civil de la CNULD coordinó espacios de intercambio para seguir las negociaciones, analizar los avances y elaborar posiciones comunes.

En ese marco, CAUCE participó en grupos de trabajo para la elaboración de declaraciones y tuvo a su cargo la lectura de la declaración de la sociedad civil referida a la necesidad de evitar, reducir y revertir la degradación de las tierras y los suelos agrícolas.

La organización también destacó la participación latinoamericana y el trabajo de Marioldy Sánchez, de AIDER Perú, quien fue tutora de Glenda Mangia, integrante de CAUCE, dentro del programa de mentoría de Drynet.

Uno de los principales puntos de tensión de la COP17 estuvo relacionado con la participación de la sociedad civil.

Según el balance realizado por CAUCE, desde el inicio de la conferencia Estados Unidos objetó la inclusión en la agenda de cuestiones vinculadas con la participación e involucramiento de la sociedad civil.

También quedaron pendientes debates relacionados con género y con las posibles articulaciones entre las Convenciones de Río. Estos temas fueron postergados para futuras negociaciones y algunos serán retomados en la COP18.

Para la Fundación, la participación de las organizaciones no debería limitarse a espacios paralelos o instancias de intercambio, sino que debería tener incidencia en los procesos donde se definen políticas sobre degradación de tierras y sequías.

En ese sentido, durante la conferencia distintas organizaciones reclamaron por financiamiento directo, una gobernanza de abajo hacia arriba y políticas centradas en las personas y los territorios.

La COP17 cerró con 34 decisiones sobre diferentes aspectos vinculados con la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras.

Entre los temas abordados estuvieron los pastizales y el pastoralismo, la tenencia de la tierra, las tormentas de arena y polvo, el fortalecimiento de capacidades, la movilización de recursos y la relación entre ciencia y política.

Uno de los avances destacados fue el reconocimiento de la importancia de los pastizales y de las comunidades pastoriles, tanto para la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales como para la conservación de los ecosistemas.

Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo global sobre la sequía, mientras que otros asuntos considerados críticos quedaron pendientes para próximas negociaciones.

La COP18 está prevista para 2028 en Egipto, donde continuarán parte de estas discusiones.

Para CAUCE, la experiencia en Mongolia dejó nuevas herramientas, vínculos y aprendizajes para continuar con su trabajo territorial.

La participación permitió fortalecer alianzas nacionales, regionales e internacionales y llevar al ámbito de la Convención una perspectiva construida a partir de experiencias vinculadas con la agroecología y la alimentación sostenible.

El desafío que queda por delante es trasladar esos aprendizajes nuevamente a los territorios y continuar los proyectos de incidencia y construcción de alternativas frente a la degradación de los suelos y la sequía.

La experiencia también puso en discusión una cuestión que atraviesa las negociaciones internacionales: cómo lograr que los conocimientos y necesidades de las comunidades, organizaciones y territorios tengan un lugar efectivo en los espacios donde se toman las decisiones globales.

La pérdida de capacidad de compra aparece como uno de los principales problemas relevados durante agosto por el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora. Según el estudio, casi la mitad de los argentinos llega con dificultades económicas a la mitad del mes y seis de cada diez tuvieron que recurrir a algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses.

El relevamiento también muestra diferencias importantes según el nivel socioeconómico y la edad. Los sectores de menores ingresos y los jóvenes de entre 18 y 39 años aparecen entre los grupos que manifiestan mayores dificultades para sostener sus gastos.

A nivel nacional, el 65% de los encuestados aseguró quedarse sin ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no alcanza a superar el día 15. Un 12,2% afirmó que sus recursos se agotan antes del día 5.

La diferencia según nivel socioeconómico es marcada. En la clase baja, el 87,6% señaló que agota sus ingresos antes del día 20. En la clase alta, esa proporción se ubicó en el 7,3%.

También aparecen diferencias por edad. El 83,3% de las personas de entre 18 y 39 años manifestó no llegar con recursos al día 20, frente al 60,3% entre los mayores de 60 años.

La dificultad para llegar a fin de mes tiene su correlato en el endeudamiento. El estudio indica que el 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.

El porcentaje asciende al 70,2% entre las personas de clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Entre quienes se endeudaron, el 55,6% destinó el dinero a alimentos y salud, mientras que otro 20,4% lo utilizó para pagar tarifas y servicios. En conjunto, estos dos destinos representan el 76% de los casos.

La diferencia también se observa por nivel socioeconómico. Según el informe, en la clase baja más del 85% de quienes recurrieron al crédito lo hicieron para afrontar alimentos, salud, tarifas o servicios. En la clase alta, esa proporción es inferior al 60% y el crédito aparece distribuido de manera más pareja con otros destinos, como la compra de bienes durables.

La evaluación de la situación económica nacional continúa siendo mayoritariamente negativa. El 59,4% de los consultados calificó la economía del país como mala o muy mala.

El dato representa una mejora respecto de julio, cuando esa valoración alcanzaba el 61,8%. Sin embargo, la percepción negativa llega a casi el 75% entre las personas de clase baja.

En cuanto a la situación económica personal, el porcentaje de quienes realizan una evaluación positiva pasó del 27,2% en julio al 29,8% en agosto.

El relevamiento también consultó sobre la inflación y la evolución de los salarios.

El 65,8% de los encuestados afirmó que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su vida cotidiana.

A su vez, el 81,2% consideró que su salario no logra superar la inflación.

Según el informe, esta percepción también aparece entre quienes declararon haber votado al oficialismo en las elecciones de 2025: el 61,2% de ese grupo considera que sus ingresos no le ganan a la inflación.

El ranking de preocupaciones relevado por Zentrix también mostró cambios durante agosto.

Por primera vez en varios meses, la corrupción dejó de ocupar el primer lugar. Los principales temas mencionados fueron:

Los resultados muestran que, en esta medición, las preocupaciones vinculadas con la capacidad de los ingresos para afrontar los gastos y con la estabilidad laboral aparecen por encima de la inflación como problema específico.

Al ser consultados sobre los sentimientos que les genera el próximo año, las respuestas estuvieron encabezadas por incertidumbre y angustia.

Sin embargo, esperanza también apareció entre las expresiones más mencionadas, lo que refleja la coexistencia de preocupación por el futuro con expectativas de una eventual mejora.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado entre el 25 y el 31 de agosto de 2026.

El relevamiento incluyó 1.466 casos válidos de cobertura nacional. La muestra fue ponderada por región, edad, sexo y voto declarado, tomando como referencia el padrón electoral.

La encuesta se realizó mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos.

Según la metodología informada por la consultora, el margen de error teórico es de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%. El estudio advierte además que sus resultados no deben extrapolarse directamente a niveles subnacionales sin considerar las particularidades metodológicas correspondientes.

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluye un apartado específico destinado a la ejecución de obras públicas. Según los datos recopilados por el laboratorio de Inteligencia Artificial Colossus Lab, se planea destinar un total de 1,3 billones de pesos para este sector.

La partida de infraestructura representa el 0,7% del presupuesto total, que asciende a 202,1 billones de pesos. El plan contempla la realización de más de 435 obras que incluyen rutas, trenes, represas, hospitales y edificios distribuidos en todas las provincias del país.

El informe detalla que para las obras interprovinciales se asignaron 151.000 millones de pesos, mientras que a nivel nacional el monto alcanza los 110.000 millones de pesos. Por otro lado, para refacciones en el exterior, como el caso de embajadas, se apartaron 2.400 millones de pesos.

La distribución de los fondos no es equitativa entre las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires recibirá 321.000 millones de pesos, mientras que San Luis contará con 4.200 millones de pesos, lo que marca una diferencia de 316.800 millones de pesos entre ambos distritos.

Buenos Aires concentra cuatro de las diez obras más costosas del proyecto. En el listado de los diez proyectos de mayor envergadura, que incluyen ferrocarriles, un reactor y helicópteros, se totalizan 585.000 millones de pesos, cifra que representa el 45% del presupuesto total destinado a la obra pública.

Saque un billete del bolsillo y mírelo un momento. Es un papel impreso que cuesta unos pocos pesos fabricar, y sin embargo el panadero le entrega pan a cambio. No lo hace porque el papel valga, sino porque cree que mañana otro se lo va a aceptar a él. Todo el sistema monetario descansa sobre esa creencia y sobre nada más, y conviene recordar cómo empezó.

La historia arranca en Sichuan, en el sudoeste de China, hacia el año mil.

Aquella región tenía la desgracia de usar moneda de hierro, y mil monedas pesaban doce kilos y medio, de manera que comprar una pieza de seda exigía cargar casi cincuenta. Los comerciantes de Chengdu hicieron lo obvio, dejaban el metal en depósito y se llevaban un recibo impreso, el jiaozi, que enseguida empezó a circular de mano en mano porque era mucho más cómodo pagar con el papel que con la pesada carga.

En 1023 el estado Song vio el negocio, se apropió de la emisión y al año siguiente puso en circulación los primeros billetes oficiales de la historia. El detalle que importa es este: contra algo más de 1.250.000 unidades emitidas guardaba una reserva de apenas 360.000; menos del treinta por ciento. Ya en el origen el papel prometía más de lo que podía pagar, pero funcionaba igual.

Dos siglos y medio después Marco Polo describía asombrado cómo el Gran Kan fabricaba dinero con corteza de morera y anotaba, con envidia del mercader veneciano, que “el dinero que paga no le cuesta absolutamente nada”.

En Europa la escena se repitió con un guion parecido. Los suecos cargaban planchas de cobre de casi veinte kilos, y en 1661 Johan Palmstruch entregó notas de crédito a cambio de ellas, los primeros billetes europeos. Emitió más de lo que tenía, la gente corrió a cambiarlos, el banco quebró en 1668 y él terminó preso, con la pena de muerte conmutada.

Desde entonces la mecánica no cambió, solo se perfeccionó. El 15 de agosto de 1971 Nixon anunció por cadena nacional que suspendía “temporalmente” la convertibilidad del dólar en oro, y pasaron cincuenta y cinco años sin que nadie tocara el adverbio. Desde esa noche ninguna moneda del planeta se cambia por metal, de modo que el dólar que usted guarda debajo del colchón vale porque el mundo cree que vale, igual que el peso, con la única diferencia de que en un caso la creencia es más firme que en el otro. Tampoco es casual que a este dinero lo llamemos fiduciario, palabra que viene del latín fides, que significa fe.

Los argentinos tenemos sobre el resto una ventaja incómoda, y es que sabemos por experiencia propia que esa confianza se rompe, y que cuando se rompe no hay ley ni discurso que la reponga. Por eso corremos al dólar, al ladrillo o al plazo fijo según la temporada, buscando algo firme de dónde agarrarnos. Pero conviene no engañarse, porque no estamos eligiendo entre papeles con respaldo y papeles sin respaldo, sino entre promesas más creíbles y promesas menos creíbles. El dinero nunca fue otra cosa. Descartes existía porque pensaba, y el billete de su bolsillo existe porque usted cree. Vale lo que dure esa creencia, ni un peso más. ¿Hasta cuándo?

Una delegación integrada por 20 jóvenes empresarios argentinos participa entre este miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre de la cumbre del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA), que se desarrolla en Viena, Austria. El encuentro reúne a más de 600 emprendedores de los países que integran el G20.

La representación argentina está conformada por empresarios de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, San Juan, Santa Fe y Tucumán, en una participación que busca llevar al ámbito internacional las experiencias y desafíos de una nueva generación de empresarios del país.

La delegación es encabezada por Fausto Brighenti, presidente del G20 YEA y cofundador de Cavia y director de Turnia S.A.; Julián Losardo, director ejecutivo y Sherpa G20 YEA de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE); y Juan Guido Camaño, presidente de UNAJE y CEO de CTL Information Technology.

Bajo el lema “Re/Code Europe: el mandato del emprendedor del G20”, la cumbre se desarrolla en la Messe Wien y contempla tres jornadas de paneles, reuniones y sesiones de negocios.

Entre los principales temas de intercambio aparecen la competitividad, innovación, internacionalización, acceso a tecnología, generación de empleo y nuevas oportunidades de negocios. Las conclusiones serán incorporadas al Comunicado de Viena 2026, documento mediante el cual la alianza elevará sus recomendaciones a los Jefes de Estado del G20.

Desde la organización señalaron que la participación argentina apunta tanto a compartir experiencias como a generar vínculos con empresarios de otros países que puedan derivar en oportunidades de cooperación y negocios.

“Participar del G20 YEA es una oportunidad para llevar la voz de una generación de empresarios que está creando, invirtiendo y generando empleo en distintas regiones del país. Queremos compartir nuestra mirada, pero también aprender de otros ecosistemas y generar vínculos que puedan traducirse en nuevas oportunidades para las empresas argentinas”, expresó Juan Guido Camaño.

La representación argentina reúne empresarios de diferentes sectores y regiones. Por Buenos Aires participan Natalia Carpio, Youssef El Chaer y Pablo Lazzati; por Tucumán, Santiago Ferreyra, Constanza Raed y Juan Manuel Santos; y por Chaco, Eduardo Ferro Queirel, Lucas Peyrano y Lourdes Saez.

También integran la delegación Emanuel Quiroga e Iris Valdez, de Jujuy; Ivo Dumandzic y Lucía Samper Dumandzic, de San Juan; Alejandro Barrios y Walter “Kuki” Giménez, de Misiones; Esteban Dalmagro, de Santa Fe; y Fiorella Libera, de Mar del Plata.

La presencia de representantes de distintas provincias busca reflejar el carácter federal de UNAJE, organización que reúne a unos 600 jóvenes empresarios menores de 45 años, con presencia en 12 provincias y empresas que, según datos de la entidad, generan más de 35.000 puestos de trabajo directos.

Antes de participar de la cumbre en Austria, la delegación argentina estuvo en Madrid, donde mantuvo un encuentro en la Embajada Argentina en España con el embajador Wenceslao Bunge.

Durante la reunión se analizaron las posibilidades de vinculación entre asociaciones empresariales de ambos países, la generación de oportunidades de negocios y espacios de cooperación. También se abordaron las perspectivas para la internacionalización de empresas argentinas a partir del acuerdo UE-Mercosur.

Del encuentro participaron además Narciso Casado Martin, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB/CEOE), y Luis Denuble, representante de la Asociación Argentino Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios (ASAЕDE).

UNAJE es, según informó la propia organización, la única entidad empresarial argentina que integra el G20 YEA, una alianza que reúne aproximadamente a 500.000 jóvenes emprendedores y a las organizaciones que los representan en los países del bloque.

El encuentro se realiza anualmente antes de la Cumbre de Líderes del G20 y tiene entre sus objetivos promover el emprendimiento, conectar a jóvenes empresarios y generar espacios de intercambio internacional.

Para la organización argentina, la participación en Viena representa además un nuevo paso en su estrategia de vinculación internacional. UNAJE integra también la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), una red que articula a organizaciones y empresarios jóvenes de distintos países de la región.

Este año, la entidad cumple 25 años de trayectoria y sostiene una agenda orientada a promover la creación y el crecimiento de empresas, bajo el concepto “Unidos, inspiramos. Conectados, transformamos”.

El problema del endeudamiento familiar comenzó a ocupar un lugar central en la agenda de la Cámara de Diputados. Hoy, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor avanzaron en el análisis de distintas iniciativas que buscan dar respuesta a una situación que afecta cada vez a más hogares argentinos.

En ese marco, el ex gobernador entrerriano diputado reclamó que el Congreso avance en soluciones concretas.

"Las familias no pueden seguir esperando mientras sus ingresos pierden capacidad y las deudas se acumulan. El Congreso tiene que discutir herramientas que permitan llevar alivio y evitar que una situación económica difícil termine en un embargo, la pérdida de bienes o la ruptura del patrimonio familiar”, sostuvo.

Entre los proyectos en discusión se encuentra el presentado por Bordet, que propone declarar la emergencia financiera de las familias argentinas y suspender durante 180 días las ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales de determinadas deudas, además de medidas cautelares como embargos e inhibiciones.

La iniciativa está dirigida a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y a monotributistas hasta la categoría G. El objetivo es generar un período excepcional que permita reordenar las obligaciones y evitar que el sobreendeudamiento derive en la pérdida del patrimonio familiar.

“No estamos planteando desconocer los derechos de los acreedores. Estamos planteando una herramienta excepcional para que las familias puedan ordenar sus deudas y evitar que una dificultad económica se transforme en una situación irreversible”, explicó Bordet.

Para el ex gobernador, el endeudamiento de los hogares es consecuencia de una realidad económica que no puede ser ignorada: ingresos que pierden poder adquisitivo, crédito cada vez más costoso y familias que deben recurrir a préstamos y tarjetas para afrontar gastos cotidianos.

“La política tiene que estar donde están los problemas de la gente. Si millones de familias están endeudadas para llegar a fin de mes, el Congreso tiene la responsabilidad de discutir soluciones y no buscar excusas para postergar el debate”, afirmó.

Y agregó: “La judicialización masiva de las deudas tampoco es una salida. Puede profundizar la exclusión económica, poner en riesgo el patrimonio de las familias y afectar todavía más el consumo y la actividad productiva. Por eso necesitamos discutir respuestas ahora”.

Las empresas argentinas enfrentan un escenario de mayor exigencia financiera, pese a algunas señales de estabilización de la economía. El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF) de Fidelitas se ubicó en 38,3 puntos en agosto, 6,9 puntos por debajo de los 45,2 registrados en julio.

El retroceso provocó que el indicador pasara de la categoría “Señales Mixtas” a “Riesgo Elevado”, reflejando las dificultades que atraviesa el sector empresario para sostener el crédito, la liquidez y la cadena de pagos.

Según el informe difundido por la compañía, la principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio. El Índice de Riesgo Crediticio descendió a 17,8 puntos, en un contexto marcado por dificultades de pago, bajo nivel de endeudamiento mediante crédito y una morosidad que continúa elevada, particularmente entre las empresas.

Uno de los principales factores que explican el deterioro del escenario es el comportamiento de la actividad manufacturera.

La producción industrial registró en julio una caída interanual del 4,9% y acumuló una contracción del 2,6% entre enero y julio de 2026. En la comparación con junio, una vez descontados los factores estacionales, la baja alcanzó el 5%.

El retroceso fue generalizado: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron descensos interanuales.

Entre los sectores más afectados aparecen algunos vinculados directamente con la inversión. La fabricación de maquinaria y equipos cayó 26,7%, con una baja del 46,6% en maquinaria agropecuaria y del 20,9% en aparatos de uso doméstico.

También se registraron fuertes descensos en otros equipos, aparatos e instrumentos, que retrocedieron 31,4%, mientras que la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado disminuyó 15,9%.

En contraste, cuatro divisiones mostraron crecimiento: refinación de petróleo, madera y papel, metálicas básicas y otro equipo de transporte.

El deterioro del crédito tiene como contracara un aumento significativo de la morosidad empresarial.

De acuerdo con Fidelitas, actualmente existen 57.045 empresas en situación irregular, cerca del 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas. La cifra representa un incremento interanual del 56,5%.

Entre enero y junio de 2026, además, la cantidad de empresas en mora aumentó un 18,7%.

Comercio y Servicios concentran el 71,9% de la morosidad empresarial total, mientras que los mayores incrementos interanuales se observaron en Comercio, Manufactura y Agropecuario.

El escenario también está marcado por la persistencia de los cheques rechazados, que se mantienen en torno de los 80.000 mensuales. Durante los primeros ocho meses de 2026 ya se acumuló una cantidad de rechazos equivalente a la registrada durante todo 2025.

Para las empresas, una dificultad financiera puede rápidamente impactar sobre otros actores de la economía.

Una compañía que demora sus pagos puede trasladar la presión financiera a sus proveedores y generar un efecto en cadena, particularmente cuando varias empresas dependen del mismo sector o ciclo de demanda.

Desde Fidelitas remarcaron que, en este contexto, la evaluación de un proveedor no debería considerar solamente aspectos vinculados con la calidad del producto o servicio, sino también su solidez financiera.

El Índice de Actividad del SERF se ubicó en agosto en 54,2 puntos, mostrando comportamientos dispares y sin evidencias de una recuperación generalizada.

Otro de los factores señalados por el informe es el costo del financiamiento.

En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales con capitalización mensual de los préstamos personales, del 88,86%, y de los depósitos, del 23,40%, alcanzó aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

Para las empresas, el impacto se siente especialmente en el capital de trabajo. Cuando los plazos de cobro se extienden, las compañías deben sostener durante más tiempo el financiamiento de mercadería, salarios e impuestos.

Por eso, un aumento de las ventas no necesariamente implica una mejora inmediata de la caja. Si el dinero queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en stocks y los márgenes no compensan el costo financiero, la situación puede incluso generar mayor presión sobre la liquidez.

A esto se suma la evolución de los costos empresariales medidos en dólares. Si aumentan sin una mejora equivalente de la productividad, los márgenes pueden reducirse y afectar la competitividad.

El informe de Fidelitas reconoce algunas señales positivas, entre ellas la inflación de 1,7% en agosto y un desempeño relativamente favorable del comercio exterior.

Sin embargo, considera que esos factores todavía no alcanzan para compensar la debilidad del mercado interno y el deterioro de las condiciones crediticias.

“La economía muestra señales de estabilización, pero todavía no de recuperación generalizada”, sostiene el análisis.

Para las empresas entrerrianas, que forman parte de cadenas productivas vinculadas al comercio, la industria, el agro y los servicios, el comportamiento del crédito y de la cadena de pagos constituye un factor central para las decisiones de inversión y actividad.

El escenario planteado por Fidelitas obliga a prestar especial atención a la situación financiera de clientes, proveedores y otras contrapartes comerciales, en un contexto donde también se observa una mayor presencia de empresas con deudas previsionales impagas y un incremento de sanciones de organismos como la UIF y el BCRA, según el informe.

La conclusión empresarial que plantea el estudio es que el desafío no consiste solamente en vender más, sino en vender y cobrar, preservar liquidez y evaluar cuidadosamente el riesgo de cada operación.

La industria argentina será uno de los ejes de debate de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2026 en Rafaela, y que contará con la participación de Diego Coatz, economista especializado en desarrollo productivo y exdirector ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Coatz, fundador de Industria y Desarrollo (I+D), será uno de los encargados de moderar la conferencia “La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva para Argentina”, un espacio que reunirá a empresarios industriales de distintos sectores para analizar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad y sostener el crecimiento.

El encuentro buscará poner en discusión los desafíos que enfrenta el sector productivo argentino, pero también las oportunidades que podrían abrirse si se consolidan determinadas condiciones para la inversión, la innovación, el empleo y las exportaciones.

Para Coatz, la discusión económica argentina comienza a transitar una nueva etapa. Según planteó, durante años el debate estuvo concentrado en alcanzar la estabilidad macroeconómica y ahora el desafío pasa por construir un consenso productivo que permita transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido.

“Se requiere crecimiento, inversión, innovación y empleo”, señaló el economista al explicar el eje de la conversación que tendrá lugar en Rafaela.

En ese sentido, consideró necesario avanzar en acuerdos básicos y sostenibles relacionados con infraestructura, educación, innovación, financiamiento, inserción internacional, competitividad y desarrollo territorial.

La mirada, explicó, debe ser de largo plazo, ya que ningún país puede desarrollar una estrategia productiva consistente si modifica periódicamente las reglas sobre las cuales las empresas toman decisiones de inversión.

Uno de los aspectos particulares de la conferencia será el formato basado en testimonios de empresarios industriales de diferentes sectores.

La intención es llevar la discusión más allá de los conceptos generales de política industrial y conocer qué ocurre en las empresas concretas: cuánto invirtieron en los últimos años, cuáles son sus principales limitaciones y qué proyectos podrían desarrollar si determinadas condiciones del entorno mejoraran.

Para Coatz, la industria argentina ya demuestra una importante capacidad de adaptación y resiliencia. El desafío ahora consiste en transformar esas capacidades en una agenda de crecimiento y expansión.

En esa línea, planteó cambiar la lógica del diagnóstico por la de las oportunidades. Si una empresa realizó inversiones importantes utilizando principalmente capital propio, por ejemplo, la pregunta pasa por cuánto más podría invertir si tuviera acceso a financiamiento competitivo y de largo plazo.

El mismo razonamiento puede aplicarse a cuestiones vinculadas con la infraestructura, la educación técnica, la innovación y el acceso a nuevos mercados internacionales.

La elección de Rafaela como sede de esta discusión también tiene un significado particular para el economista.

Coatz considera que la ciudad santafesina representa buena parte de las características de la Argentina productiva, por su combinación de industria, innovación, educación, asociativismo y cultura emprendedora.

Además, destacó su pertenencia a la Región Centro, un espacio que concentra una parte significativa de la actividad productiva del país y donde la articulación entre sectores puede adquirir especial importancia.

En ese marco, señaló el potencial que existe en la vinculación entre el campo y la industria, combinando recursos naturales con un ecosistema productivo capaz de generar valor agregado.

El mensaje que Coatz espera dejar durante la conferencia es que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria, pero no alcanza por sí sola para garantizar el desarrollo industrial.

Su planteo apunta a la necesidad de construir una agenda productiva de largo plazo que permita generar mejores condiciones para la inversión, la innovación, las exportaciones y el empleo de calidad.

“La Argentina cuenta con empresarios que invierten, innovan y compiten todos los días”, sostuvo el economista, quien considera que el desafío está en construir un entorno capaz de multiplicar esos esfuerzos.

La discusión que se abrirá en Rafaela también tendrá una dimensión regional. Para las provincias de la Región Centro, incluida Entre Ríos, el debate sobre infraestructura, financiamiento, competitividad, agregado de valor y articulación entre el sector agropecuario y la industria forma parte de los desafíos para ampliar las posibilidades de desarrollo productivo.

Desde esa perspectiva, la Muestra Industrial “En el Centro de Todo” buscará instalar una pregunta central: qué condiciones necesita la Argentina para que su entramado industrial pueda invertir más, innovar, exportar y generar empleo de manera sostenida.

La inteligencia artificial ya no es una tecnología asociada exclusivamente al futuro. Está transformando el presente de las empresas, las profesiones y las formas de trabajar. En ese escenario, uno de los principales desafíos para trabajadores y organizaciones es aprender a convivir y trabajar junto a sistemas inteligentes.

Ese será uno de los ejes que abordará Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de Universidad Siglo 21, durante la conferencia “Talento en transformación: capital humano, nuevas habilidades y relaciones laborales para la industria del futuro”, que se desarrollará en el marco de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”.

El encuentro tendrá lugar del 14 al 16 de octubre de 2026 en Rafaela, y pondrá sobre la mesa una discusión que también interpela al sector productivo entrerriano: cómo preparar a las personas y a las empresas para un mercado laboral atravesado por la automatización y la inteligencia artificial.

Uno de los interrogantes que más aparece cuando se habla de inteligencia artificial es si las máquinas terminarán reemplazando a las personas.

Para Pallaro, la discusión debería plantearse de otra manera.

El especialista sostiene que la pregunta central no pasa solamente por determinar qué empleos desaparecerán, sino por identificar qué nuevas capacidades serán necesarias en un escenario donde las personas trabajarán cada vez más junto a sistemas inteligentes.

En ese contexto, el diferencial humano estará relacionado con la capacidad de interpretar situaciones, formular preguntas, conectar conocimientos, tomar decisiones, liderar equipos y desarrollar soluciones creativas.

La tecnología puede automatizar determinadas tareas, pero necesita de las personas para establecer objetivos, interpretar contextos y otorgar sentido a sus resultados.

El avance tecnológico también está modificando el tipo de conocimientos que las empresas buscan.

La especialización seguirá teniendo valor, pero comienza a adquirir mayor relevancia la capacidad de combinar saberes diferentes, aprender permanentemente y adaptarse a escenarios cambiantes.

Creatividad, pensamiento crítico, comunicación, resolución de problemas complejos, colaboración y capacidad para integrar distintas disciplinas aparecen entre las habilidades que tendrán mayor importancia.

Para Pallaro, el futuro podría favorecer especialmente a quienes logren conectar conocimientos y áreas diferentes, en lugar de limitarse a dominar un único campo.

Para las empresas industriales, incorporar nuevas tecnologías no significa solamente adquirir maquinaria, software o herramientas de inteligencia artificial.

La transformación también alcanza a las culturas organizacionales, los modelos de liderazgo y las formas de aprendizaje.

Las compañías que logren adaptarse mejor serán aquellas capaces de generar espacios donde sus trabajadores puedan desarrollar nuevas competencias de manera continua.

En este punto aparece uno de los principales desafíos para el sector productivo: acompañar la incorporación de tecnología con una estrategia de capacitación y desarrollo del talento.

La velocidad con la que cambian las tecnologías también obliga a revisar la relación tradicional con la educación.

La idea de estudiar una carrera o capacitarse una vez para luego aplicar esos conocimientos durante toda la vida laboral pierde vigencia frente a un escenario en permanente transformación.

El aprendizaje continuo se convierte así en una condición cada vez más importante para sostener la empleabilidad y la competitividad.

Para Pallaro, esto requiere una mayor articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos, de manera que la formación pueda responder con mayor rapidez a las necesidades concretas del mundo productivo.

Aunque la conferencia tendrá lugar en Rafaela, el debate atraviesa también a las empresas y trabajadores de Entre Ríos.

La industria entrerriana, al igual que otros sectores productivos, enfrenta el desafío de incorporar tecnologías que pueden modificar procesos, reducir tiempos y abrir nuevas oportunidades de negocios, pero que también demandan trabajadores con capacidades diferentes.

En ese proceso, la discusión no se limita a cuánto invertir en tecnología, sino también a cómo preparar a las personas para utilizarla de manera estratégica.

La incorporación de inteligencia artificial puede ampliar las capacidades de los equipos de trabajo, pero requiere trabajadores capaces de comprender sus posibilidades, identificar sus límites y tomar decisiones sobre su utilización.

Para el director del Observatorio del Futuro de Universidad Siglo 21, el escenario que se abre no debería ser observado únicamente desde el temor a la pérdida de puestos de trabajo.

También existe una oportunidad para crear nuevos productos, servicios y formas de generar valor.

La clave estará en combinar las capacidades tecnológicas con aquellas características que siguen siendo esencialmente humanas: empatía, creatividad, criterio, ética, capacidad de generar confianza y comprensión de situaciones complejas.

Ese será, en definitiva, uno de los principales mensajes de su participación en la Muestra Industrial de Rafaela: el futuro del trabajo no es un escenario lejano, sino un proceso que ya está modificando el presente.

Y frente a ese cambio, la ventaja no necesariamente estará en competir contra la inteligencia artificial, sino en aprender a trabajar con ella y desarrollar las capacidades humanas que permitan aprovecharla mejor.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los valores correspondientes a agosto de 2026 de la Canasta de Crianza, un indicador que permite dimensionar cuánto cuesta mantener a niños y niñas de hasta 12 años.

El cálculo no contempla solamente los gastos directos de una familia. La metodología incorpora tanto el costo de bienes y servicios básicos como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

De acuerdo con los datos oficiales, el costo mensual de la crianza varió entre $557.303 y $713.070, dependiendo de la edad del niño.

Los valores publicados por el INDEC para agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

El segmento de 6 a 12 años registra el valor más elevado, con una canasta mensual de $713.070. En el otro extremo, el costo estimado para los menores de un año alcanza $557.303.

Uno de los aspectos centrales del indicador es que el INDEC no mide únicamente cuánto dinero se necesita para comprar alimentos, ropa, productos y servicios.

La Canasta de Crianza también pone un valor económico al tiempo que requiere el cuidado de los niños, considerando las horas necesarias para esa tarea y tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría de “Asistencia y cuidado de personas”.

En los primeros años de vida, este componente adquiere un peso particularmente importante.

Para los menores de un año, el cálculo contempla 147 horas mensuales de cuidado, mientras que para los niños de entre 1 y 3 años se consideran 168 horas mensuales.

Por ese motivo, en esos grupos el costo del cuidado supera al correspondiente a bienes y servicios.

A partir de los 4 años, la estructura del cálculo cambia. La incorporación al sistema educativo obligatorio reduce las horas teóricas destinadas al cuidado, mientras aumenta el peso relativo de los bienes y servicios.

En el grupo de 4 a 5 años, el costo mensual estimado es de $567.243, de los cuales $299.064 corresponden a bienes y servicios y $268.179 al tiempo de cuidado.

En el tramo de 6 a 12 años, en tanto, el costo de bienes y servicios llega a $370.990, el valor más alto de los cuatro grupos etarios. El componente de cuidado representa otros $342.080, llevando el total a $713.070 mensuales.

El indicador elaborado por el INDEC contempla gastos vinculados con alimentación, vestimenta, educación, salud y transporte, entre otros bienes y servicios necesarios para la crianza.

A esos gastos se suma la valorización económica de las tareas de cuidado.

Para determinar el componente de bienes y servicios, la metodología utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, mientras que para calcular el valor del cuidado se considera el régimen salarial vigente para trabajadores de casas particulares dedicados a asistencia y cuidado de personas.

Los valores de agosto permiten observar que el costo de criar a un niño no se limita a los gastos que aparecen mensualmente en el presupuesto familiar.

La alimentación, la ropa, la educación, la salud y el transporte representan una parte del desembolso, pero el indicador también busca visibilizar el tiempo que madres, padres y otros adultos destinan diariamente al cuidado, incluso cuando esa tarea no implica una contratación remunerada.

Para las familias entrerrianas, como para las del resto del país, la Canasta de Crianza funciona como una referencia para dimensionar la evolución de los costos asociados al cuidado de los hijos y el peso que estos tienen dentro de la economía del hogar.

El endeudamiento de las familias argentinas comenzó a mostrar nuevas señales de tensión durante julio. El financiamiento a personas físicas alcanzó los $99,4 billones, pero registró una caída del 0,7% en términos reales respecto de junio, aunque todavía se mantiene 4,7% por encima del nivel registrado un año atrás.

En este escenario, Entre Ríos presenta una mora del 14% sobre el monto total de los créditos otorgados a las familias, ubicándose entre las jurisdicciones con menores niveles de irregularidad del país.

Los datos surgen del informe “Crédito a las familias: radiografía provincial”, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el INDEC y la CEPAL.

A nivel país, la mora total alcanzó en julio el 18% del crédito, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y de 10,3 puntos en la comparación interanual.

De esta manera, la morosidad acumuló 21 meses consecutivos de aumento.

Sin embargo, el informe identifica una señal que podría marcar un cambio en la tendencia. Al analizar la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5 —la categoría de mayor irregularidad—, el indicador se ubicó en 11,8% y comenzó a mostrar signos de estabilización.

Según el estudio, esta medición permite complementar el análisis de la cartera y evitar las diferencias que pueden existir entre las empresas respecto del tratamiento de los créditos incluidos en la categoría de mayor irregularidad.

La situación provincial presenta diferencias importantes. La Rioja encabeza el ranking nacional de mora por monto, con el 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.

En el otro extremo aparecen La Pampa, con 9,6%; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.

No obstante, el informe advierte que todas las jurisdicciones registraron un aumento interanual de la mora por monto, por lo que el menor nivel relativo de Entre Ríos no implica que la provincia haya quedado al margen del deterioro general de la calidad crediticia.

Otro dato que permite dimensionar el fenómeno es la cantidad de personas afectadas.

En julio, el 26,6% de los deudores a nivel nacional registraba al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y 8,3 puntos en comparación con julio del año anterior.

El comportamiento muestra que la problemática no se limita a grandes montos de endeudamiento, sino que alcanza a una proporción creciente de las personas que utilizan financiamiento.

La evolución del financiamiento tampoco fue uniforme en todo el territorio argentino.

En la comparación interanual, 21 de las 24 jurisdicciones todavía registran crecimiento real del crédito, mientras que tres presentan caídas.

En la comparación mensual, La Pampa tuvo el mejor desempeño, con una expansión real del 0,5%, mientras que Chaco registró la mayor contracción, con una caída del 2,1%.

En este contexto, el retroceso mensual del 0,7% registrado por el crédito a las familias a nivel nacional marca una señal de contracción luego de varios meses de expansión.

El informe también diferencia entre los créditos otorgados por el sistema financiero y aquellos correspondientes a proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Estos últimos representan el 14,6% del crédito total a las familias, equivalente a unos $14,5 billones, pero concentran una mora del 31,3%.

El sistema financiero, en cambio, reúne el 85,4% del crédito y registra una mora del 15,8%.

Las diferencias también aparecen entre provincias. La Rioja presenta la mayor participación de proveedores no financieros, que representan el 36% de su crédito provincial. Dentro de este segmento, las mayores tasas de mora corresponden a Misiones (39,3%), San Luis (36,8%) y Chaco (35,8%).

Los datos de julio dejan un escenario con señales contrapuestas para las familias argentinas. Por un lado, el crédito registró una caída real durante el mes y la mora total continuó aumentando. Por otro, la mora operativa comenzó a mostrar una posible estabilización.

Para Entre Ríos, el 14% de mora por monto coloca a la provincia entre las jurisdicciones con mejor comportamiento relativo, aunque el incremento interanual de la morosidad muestra que el deterioro también alcanza al territorio entrerriano.

La evolución de la mora operativa durante los próximos meses será, según el informe, uno de los principales indicadores para determinar si se trata de una primera señal de cambio de tendencia o simplemente de una pausa dentro del proceso de deterioro de la cartera crediticia.

El desarrollo de Vaca Muerta está modificando el escenario energético argentino y abre una oportunidad concreta para que el país aumente su producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y avance sobre nuevos mercados internacionales.

Ese fue uno de los ejes centrales del Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que reunió a representantes de la industria, organismos públicos y especialistas del mercado energético.

El encuentro puso sobre la mesa las posibilidades de expansión de las exportaciones argentinas, pero también los desafíos que aparecen por delante: infraestructura, almacenamiento, logística, financiamiento, estabilidad regulatoria y acceso a mercados de mayor escala.

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, destacó el momento que atraviesa el sector energético y consideró que Argentina cuenta con recursos y capacidad productiva para aumentar su oferta de GLP.

“La energía es un sector que tiene una oportunidad enorme por delante. Argentina tiene los recursos, la capacidad productiva y, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, puede aumentar su oferta de GLP y proyectarse a nuevos mercados”.

Rodríguez planteó, además, que el crecimiento energético debe ser acompañado por una estrategia de largo plazo.

“El sector energético es un dinamizador de la economía, crea inversión, crea trabajo, conocimiento y nuevas oportunidades para el país, pero nos obliga a pensar qué hacemos con ese crecimiento y cómo lo hacemos”.

En esa discusión incluyó la sustentabilidad, la transparencia y el impacto social del desarrollo energético, con una mirada puesta en las comunidades que pueden beneficiarse de la expansión de la actividad.

Para Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el desarrollo de Vaca Muerta genera una oportunidad que excede el abastecimiento del mercado interno.

“Con el crecimiento de Vaca Muerta hay mayor disponibilidad de gas, petróleo y líquidos. El desafío no es solo garantizar el abastecimiento interno, sino agregar valor y construir una plataforma exportadora eficiente”.

El especialista consideró que para alcanzar ese objetivo será necesario desarrollar una logística adecuada, atraer inversiones y sostener una estrategia de largo plazo.

También señaló que el GLP argentino ya tiene presencia en América Latina, pero que el próximo paso será avanzar hacia mercados de mayor escala.

“Acceder competitivamente requiere volumen, infraestructura y relaciones comerciales sostenidas”.

El director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), Fabricio Duarte, puso el foco en la situación regional.

Según explicó, América Latina consume actualmente más GLP del que produce, por lo que las importaciones tienen un papel relevante para garantizar el abastecimiento.

En ese contexto, consideró que Vaca Muerta puede modificar el mapa regional.

“Argentina puede convertirse en una fuente regional de suministro; no para reemplazar a un proveedor por otro, sino para diversificar las fuentes de abastecimiento”.

Duarte remarcó que la oportunidad requiere inversiones en almacenamiento, infraestructura y logística, además de previsibilidad jurídica y regulatoria.

También destacó el papel del GLP en hogares que no cuentan con redes de gas natural y planteó la necesidad de que la transición energética sea gradual y acompañe las necesidades de abastecimiento.

Según su proyección, Argentina podría generar 2,3 millones de toneladas de GLP hacia 2030, un volumen que abriría nuevas posibilidades para la exportación regional.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de la Nación, Federico Veller, consideró que el seminario se realiza en un momento especialmente relevante para el mercado.

“El nombre de este seminario, ‘De Argentina hacia el mundo’, no es una metáfora: describe con precisión lo que está ocurriendo”.

Veller señaló que el GLP argentino abastece a millones de hogares que no tienen acceso al gas natural y que, al mismo tiempo, ya representa un producto de exportación para distintos mercados.

Según los datos expuestos durante el encuentro, en 2025 Argentina produjo 3 millones de toneladas de GLP, el mayor nivel de las últimas dos décadas, y exportó 1,6 millones de toneladas por unos US$700 millones.

El principal destino continúa siendo la región, con Brasil como uno de los compradores destacados, aunque también comienzan a ganar espacio mercados de Asia e India.

Veller también destacó cambios en el funcionamiento del mercado argentino de GLP.

Mencionó una reducción de la burocracia, mayor previsibilidad y libertad operativa y comercial, junto con una focalización de los subsidios destinados a los hogares vulnerables a través del programa Hogar.

A esto sumó el RIGI, al que atribuyó estabilidad por 30 años y vinculó con 23 proyectos aprobados.

La visión planteada desde el Gobierno es que una mayor previsibilidad para las empresas pueda traducirse en más inversiones y crecimiento de la producción.

El potencial exportador argentino también fue analizado desde la perspectiva del mercado internacional.

Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de ARGUS, señaló que el 60% de la demanda mundial de GLP se concentra en Asia Pacífico, principalmente en China e India.

“Es el imán del mundo: cualquier molécula de GLP nueva va a terminar siendo consumida por esta región”.

En ese escenario, consideró que el contexto internacional aumenta la relevancia de la producción de Estados Unidos y América del Sur.

Faldin proyectó que Argentina, con los proyectos actualmente en marcha, podría alcanzar una producción de 8 millones de toneladas anuales hacia 2040 y pasar de una posición cercana al puesto 20 a ubicarse entre los cinco principales exportadores mundiales.

Para lograrlo, señaló que será necesario mejorar la estructura logística y avanzar hacia precios de referencia que permitan mayor transparencia en el mercado.

El consultor principal de World Energy Consultants, LLC, Craig Whitley, aportó una mirada sobre las transformaciones que atraviesa el comercio mundial de GLP.

Recordó que Estados Unidos pasó de ser importador neto en 2010 a convertirse en uno de los principales proveedores internacionales.

En ese escenario, destacó la posición que Argentina ya ocupa en el mercado global y los cambios que podrían producirse a partir de las tensiones geopolíticas.

Whitley señaló que el Golfo Pérsico representa alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de GLP y analizó el impacto que, según su exposición, tuvo el conflicto con Irán sobre los mercados asiáticos.

De acuerdo con su presentación, la reducción de las exportaciones iraníes generó una mayor competencia por cargas y buques disponibles, con impacto sobre los precios y los flujos comerciales.

El especialista sostuvo que las consecuencias de esta disrupción podrían extenderse más allá de 2026 y modificar la dinámica del mercado internacional durante los próximos años.

Las distintas exposiciones coincidieron en un punto: el potencial productivo de Vaca Muerta necesita estar acompañado por infraestructura y capacidad comercial.

Para la Argentina, el crecimiento del GLP puede significar una nueva fuente de exportaciones, ingreso de divisas, inversiones y generación de empleo. Pero para aprovechar esa oportunidad será necesario resolver cuestiones que van desde el procesamiento y almacenamiento hasta el transporte, los puertos y el acceso a mercados internacionales.

El desafío, en definitiva, ya no pasa solamente por extraer más hidrocarburos, sino por construir la cadena necesaria para que esa producción pueda transformarse en valor y llegar de manera competitiva al mundo.

El crecimiento de Vaca Muerta abre una nueva etapa para la industria energética argentina, pero también plantea un desafío: construir la infraestructura necesaria para procesar, transportar y exportar el volumen creciente de hidrocarburos.

Ese fue uno de los principales ejes del Bloque de Productores del Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el Mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Durante el encuentro, referentes de empresas productoras, transportistas y constructoras coincidieron en que el desarrollo de la formación neuquina requiere obras de gran escala, coordinación entre compañías y reglas estables para transformar el excedente de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en una oportunidad exportadora.

El sector midstream ocupa una posición estratégica dentro de la cadena energética: conecta la producción en los yacimientos con las plantas de procesamiento, el transporte y los mercados de consumo y exportación.

Para los especialistas, el crecimiento de Vaca Muerta está llevando a la industria a una nueva escala, donde la capacidad de infraestructura será determinante para aprovechar el potencial productivo.

El CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Oscar Sardi, destacó las inversiones que se están desarrollando y señaló que la expansión de Vaca Muerta exige soluciones para evacuar y procesar la producción.

“La expansión de Vaca Muerta requiere de soluciones para la evacuación de los productos a través del desarrollo de obras. La realidad es que tenemos gas para 150 años, y es por ello que debemos acelerar el proceso de producción de gas mediante la generación de demanda”.

Entre los proyectos mencionados aparece la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que busca incrementar su capacidad en 14 millones de metros cúbicos diarios hasta alcanzar los 35 millones, mediante nuevas plantas compresoras.

El objetivo, según explicó Sardi, es contribuir a reducir importaciones y reemplazar combustibles por producción y trabajo nacional.

Uno de los puntos centrales de la exposición de TGS fue el proyecto integral de NGLs, que contempla una cadena que comienza en Vaca Muerta y llega hasta el puerto de Bahía Blanca.

El proyecto incluye una red de captación, procesamiento en planta, transporte mediante poliductos, fraccionamiento y una terminal portuaria.

Según Sardi, la iniciativa demandará 45 meses de ejecución, con una estimación de 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones anuales proyectadas en US$1.200 millones.

“El proyecto NGLs viabiliza el crecimiento de la producción de crudo de Vaca Muerta, resolviendo la puesta en especificación del gas asociado para el ingreso a los gasoductos troncales y de exportación”, explicó.

También señaló que permitirá generar ingresos adicionales para los productores a partir de la comercialización de los líquidos asociados al gas natural.

Desde YPF, el director de Midstream Gas & GLP, Pedro Locreille, planteó que la Argentina atraviesa una etapa de crecimiento sostenido de la producción de gas y petróleo.

“La producción de gas natural y petróleo está rompiendo récords históricos permanentemente; estamos construyendo el desarrollo de infraestructura a la velocidad de la luz”.

Locreille proyectó además un fuerte crecimiento de la participación argentina en el mercado internacional de GLP.

Según sus estimaciones, el país podría convertirse en el séptimo exportador mundial de GLP en 2031, mientras que hacia 2032 la producción podría llegar a 8,9 millones de toneladas anuales.

“Argentina pasará a ser el séptimo exportador de GLP del planeta en 2031”, sostuvo.

El desafío, explicó, será encontrar mercados para colocar los excedentes. Entre los destinos mencionados aparecen África, India y Asia.

Para Pablo Brottier, director ejecutivo de SACDE, el desarrollo de Vaca Muerta es el resultado de varios factores que confluyeron en los últimos años.

El empresario habló de cuatro “milagros” para explicar el proceso.

El primero, según su descripción, es la propia existencia de Vaca Muerta y su enorme potencial de recursos. El segundo fue la incorporación de tecnología, que permitió alcanzar niveles de productividad comparables con los de Estados Unidos.

El tercero estuvo relacionado con la capacidad de distintas empresas competidoras para trabajar en conjunto.

“El tercero, el más difícil para nuestra idiosincrasia como argentinos, fue ponernos de acuerdo: ver a un conjunto de empresas competidoras deponer egoísmos para unir esfuerzos y construir infraestructura en sinergia”.

Brottier consideró que esa coordinación entre empresas y trabajadores constituye una de las claves del crecimiento alcanzado.

El cuarto “milagro” que planteó el ejecutivo de SACDE está relacionado con el acceso al financiamiento internacional.

“El cuarto milagro pendiente es la capacidad de la Argentina de captar financiamiento internacional a precios competitivos”.

Según su visión, conseguir los recursos necesarios para las grandes obras permitiría ampliar considerablemente la capacidad exportadora del país.

Al mismo tiempo, señaló que la expansión del sector demandará cada vez más profesionales y mano de obra especializada.

El cierre del bloque estuvo a cargo de Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, quien destacó especialmente el cambio en la forma de trabajar dentro de la cadena energética.

“Destaco especialmente la sinergia alcanzada entre productores, transportistas y plantas de procesamiento y fraccionamiento”.

Para Carnicer, la cooperación entre distintos actores de la industria se convirtió en un factor decisivo para acelerar las inversiones y ampliar la infraestructura.

“El sector está trabajando como socio y no como competidor, lo cual constituye la variable principal que permite duplicar la producción y escalar la infraestructura en plazos tan breves”.

El planteo que dejó el seminario es claro: Vaca Muerta ya no enfrenta solamente el desafío de producir más, sino también el de contar con la infraestructura, el financiamiento y los mercados necesarios para convertir ese crecimiento en exportaciones y generación de valor para la Argentina.

La inflación volvió a desacelerarse en agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,7% durante el mes, por debajo del 2,1% de julio y retomando la tendencia descendente que esperaba el Gobierno para la segunda mitad de 2026.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato de agosto confirma una baja de cuatro décimas respecto al mes anterior y mantiene al índice mensual por debajo del 2%, uno de los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Según el informe oficial, la desaceleración se dio pese a aumentos en algunos servicios regulados y en determinados alimentos, que fueron parcialmente compensados por la baja de precios estacionales.

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.

Los principales aumentos estuvieron vinculados a:

Electricidad.

Gas.

Transporte público.

Servicios de medicina prepaga.

En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento mensual del 2,5%.

Aunque no fue el rubro con mayor porcentaje de aumento, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en la inflación mensual en todas las regiones del país por el peso que tiene en el consumo de los hogares.

Dentro de esa categoría se destacaron los aumentos en:

Verduras, tubérculos y legumbres.

Frutas.

Pan y cereales.

El informe del INDEC mostró comportamientos diferentes según el tipo de precios.

Los precios considerados núcleo aumentaron 1,8%, impulsados principalmente por:

Alquileres.

Servicios culturales.

Los precios regulados registraron un incremento del 2,2%, debido principalmente a los ajustes en servicios públicos y transporte.

Los productos estacionales mostraron una caída promedio del 0,9%.

Entre las principales bajas se encontraron:

Paquetes turísticos.

Prendas de vestir.

Sin embargo, esos descensos fueron parcialmente compensados por aumentos en frutas y verduras.

Las divisiones con menor variación durante agosto fueron:

Con el dato de agosto, el panorama inflacionario queda de la siguiente manera:

Inflación de agosto

Acumulada en 2026

Variación interanual

El dato representa una nueva desaceleración mensual y marca el regreso de la inflación a un nivel inferior al 2%, luego del aumento registrado en julio.

Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos se sumarán este jueves 10 de septiembre al “sirenazo” nacional convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para reclamar por la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de los cuarteles.

La medida se realizará a las 10, de manera simultánea en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar el reclamo por recursos que, según las federaciones, permanecen pendientes de distribución.

El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, explicó que la protesta fue definida por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ante las demoras registradas en el envío de los fondos.

Molina sostuvo que el retraso en la transferencia de recursos no es reciente y que se arrastra desde 2025.

“El atraso que viene desde el Gobierno no es de ahora sino que ya viene desde el año pasado”, señaló.

Según indicó el dirigente, más del 40% de las asociaciones de bomberos del país todavía no recibió los recursos que le corresponden.

El reclamo contempla tanto los fondos correspondientes al período actual como un remanente que, de acuerdo con lo señalado por Molina, quedó pendiente de distribución durante el año pasado.

“Queda un remanente de más de 59 mil millones de pesos que se tendría que haber distribuido en el año 2025 y que tampoco se distribuyó en los cuarteles”, afirmó.

El titular de la Federación Entrerriana advirtió que la demora en los fondos tiene consecuencias concretas para el funcionamiento de los cuarteles.

Entre las dificultades mencionó la posibilidad de sostener las capacitaciones, renovar equipamiento y mantener los vehículos utilizados para las emergencias.

“Eso significa menos capacitación, significa menos equipamiento, significa que hay cuarteles que hoy están endeudados para poder seguir dando el servicio”, expresó Molina durante una entrevista con el programa Amanece... que no es poco, de Radio Plaza.

En ese sentido, remarcó que el carácter voluntario de los bomberos no significa que los cuarteles puedan funcionar sin recursos económicos. La actividad requiere un presupuesto permanente para afrontar capacitación, equipamiento, vehículos y mantenimiento.

De acuerdo con la explicación brindada por Molina, los recursos reclamados están contemplados en la Ley 25.054 y surgen de un porcentaje de las primas de seguros.

“Los recursos llegan del cinco por mil de las aseguradoras de vehículos, de casas, un pequeño porcentaje que va para el sistema de bomberos”, explicó.

El dirigente sostuvo que la recaudación continúa debido a que los seguros siguen abonándose y consideró que esos recursos deberían llegar a las asociaciones que integran el sistema.

“La recaudación está porque los seguros se pagan trimestralmente y eso se tendría que ir repartiendo, distribuyendo, entre los más de 1.250 cuarteles que hay en todo el país”, señaló.

El “sirenazo” fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto con las 29 federaciones provinciales.

La protesta se desarrollará este jueves a las 10 y tendrá como eje el reclamo por la distribución de los fondos destinados al funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios. En Entre Ríos, los cuarteles se sumarán a la convocatoria para visibilizar la situación y reclamar por los recursos pendientes.

El agro argentino está acostumbrado a convivir con la incertidumbre. La variabilidad en los precios, los costos de financiamiento y los cambios regulatorios forman parte del día a día del productor. Sin embargo, hay un factor que gana protagonismo año tras año y que amenaza con redefinir las reglas del negocio: el riesgo climático. La Universidad Austral viene siguiendo de cerca esta transformación. La Encuesta de Necesidades del Productor Agropecuario (ENPA) y el Ag Barometer del Centro de Agronegocios y Alimentos ya muestran indicios de que los factores climáticos se convertirán en el principal desafío para los próximos años, independientemente de la escala de la explotación.

En el agro, los fenómenos climáticos extremos como sequías, inundaciones o altas temperaturas pueden afectar severamente los rindes, y con ello comprometer ingresos, capacidad de repago, el acceso al crédito y la rentabilidad para el productor y para toda la cadena de valor. Ejemplos de esto fueron el fenómeno de sequía que se encadenó por tres campañas seguidas entre 2020 y 2023 o el impacto brutal de la chicharrita en la campaña 23/24. Por eso, es momento de empezar a integrar el riesgo climático desde nuevas perspectivas.

Cuando un evento extremo golpea el rendimiento de un cultivo, las consecuencias no terminan en el lote, se trasladan a otros segmentos de la economía. En particular, cuanto más impredecibles e intensos son los eventos climáticos, las compañías aseguradoras encuentran mayores dificultades para estimar pérdidas y diseñar coberturas. Como resultado, las primas aumentan o ciertos productos no se ofrecen.

Sin seguros adecuados, el acceso al crédito se vuelve más complejo y costoso. La presión se traslada entonces al sistema financiero. El resultado final recae sobre el productor, que paga más caro cada préstamo y cada póliza, y sobre la economía en general, que ve enfriarse la producción y la inversión en sectores dinámicos.

Por eso, cada peso que se invierte en reducir vulnerabilidades frente al clima no es un gasto ambiental aislado: es una inversión para bajar costos financieros, estabilizar al sector y destrabar crecimiento.

Frente a este escenario emergen nuevas preguntas: ¿cómo ajustar estrategias de producción cuando los eventos climáticos son más intensos, frecuentes y difíciles de anticipar? En ese sentido, ¿estamos mirando a la naturaleza de la forma correcta?

Históricamente, el suelo, el agua y otros recursos naturales fueron percibidos como bienes disponibles e inagotables, para ser utilizados en la producción sin límites. Esa mirada hoy muestra sus costos.

Cerca de la mitad de la economía mundial depende de manera directa de la naturaleza, y prácticamente toda la producción de alimentos depende de la salud del suelo. Cuando ese capital se degrada, no se resiente solo el campo: se resiente la economía entera.

Este cambio de paradigma empieza a ganar terreno: dejar de pensar la naturaleza como un recurso que se explota y empezar a tratarla como un activo económico y, al mismo tiempo, un organismo vivo capaz de regenerarse si se lo gestiona bien. El suelo, bajo esta lógica, no es una superficie sobre la que se siembra: es un sistema biológico que puede recuperarse, fortalecerse y volverse más resistente. O, por el contrario, puede agotarse hasta perder su capacidad productiva si no está bien gestionado.

Cuando el capital natural se deteriora, también se deteriora la capacidad del sistema productivo para resistir y recuperarse frente a eventos climáticos adversos. El efecto amplificador del riesgo climático sobre el riesgo productivo es sistémico: el acontecimiento climático es el disparador, pero sus consecuencias finales dependen de la historia y las condiciones actuales en las que se encuentra el propio sistema. Un suelo saludable, una adecuada gestión del agua y una mayor biodiversidad pueden aumentar la capacidad de un campo para absorber y recuperarse de determinados shocks.

Pensar la naturaleza como capital natural implica reconocer que la rentabilidad futura depende, en buena medida, de la calidad de los activos ambientales disponibles hoy.

En este contexto, la tecnología aparece no como una promesa abstracta sino como una herramienta concreta en manos del productor para gestionar riesgos.

Las tecnologías digitales, de precisión y las prácticas regenerativas suelen asociarse a mejoras de eficiencia y reducción de costos. Sin embargo, su aporte de valor es mucho más amplio cuando se las analiza desde la perspectiva de las funciones ecosistémicas que ayudan a fortalecer.

La pregunta clave es qué desafío contribuye a resolver cada tecnología. ¿Ayuda a mejorar la retención de agua? ¿Reduce la erosión? ¿Favorece la biodiversidad? ¿Contribuye a recuperar la salud del suelo? Esta mirada permite construir sistemas productivos más robustos, resilientes y capaces de absorber un shock climático en lugar de quebrarse frente a él.

Sin embargo, la evidencia muestra que muchos productores todavía no identifican plenamente estas prácticas como herramientas de gestión del riesgo. Superar esa brecha exige también un cambio de rol.

El desafío para el productor es pasar de una lógica centrada en la explotación de recursos a una visión empresarial orientada a la gestión del capital natural, buscando maximizar su rendimiento y servicios ecosistémicos en el tiempo, sabiendo que, si lo agota, agota también su propio negocio. Esto significa tomar decisiones pensando no solo en la próxima campaña, sino en el largo plazo.

Avanzar en esa dirección requiere mayores instancias de capacitación, servicios de extensión, acompañamiento, acceso a información y, sobre todo, un paquete de incentivos adecuados. Si preservar y regenerar el capital natural produce beneficios para toda la sociedad, esos beneficios deben ser reconocidos en las reglas económicas que orientan las decisiones privadas.

La discusión que hoy atraviesa al agro argentino forma parte de una tendencia global. Gobiernos, empresas y mercados financieros observan con creciente preocupación los riesgos climáticos y sus implicancias económicas. La Encuesta de Percepción de Riesgos del Foro Económico Mundial (2025) ubicó a cinco riesgos ambientales entre los diez más relevantes a nivel global, y el sector privado señaló a los eventos climáticos extremos como principal amenaza para los próximos años. América Latina y el Caribe, además, aparece como la región más preocupada por los riesgos climáticos.

Los relevamientos de la Universidad Austral refuerzan esta tendencia y enfatizan que, si bien los productores perciben el riesgo climático con claridad, todavía no logran traducirlo en estrategias concretas de gestión. Cerrar esa brecha entre la percepción de riesgo y su gestión es un gran desafío que tiene por delante el sector.

El Niño volverá a poner a prueba al campo argentino, pero también, como cada fenómeno climático extremo, puede convertirse en un incentivo para acelerar un cambio que ya está en marcha. La pregunta no es solo cómo resistir esta temporada, sino qué tipo de agro se quiere construir para las próximas. Transformar la amenaza en oportunidad significa animarse a pensar los activos naturales no como límites a sortear, sino como el capital sobre el que se construye la productividad, la rentabilidad y el crecimiento sostenible. Cuidar la naturaleza ya es parte del negocio.