Nogoyá.– El Concejo Deliberante local analiza por estas horas un proyecto de ordenanza que propone establecer una "Zona Comercial" en un sector estratégico de la ciudad. La iniciativa surge como una herramienta urbanística y económica diseñada para ordenar el crecimiento urbano y satisfacer la demanda de bienes y servicios de manera eficiente. El objetivo central, según contaron los concejales Ezequiel Schönhals, Ayelén Correa y Leonardo Díaz; es brindar un apoyo directo desde el Estado municipal a los emprendimientos comerciales, considerados los principales generadores de economía y trabajo en la localidad, mediante un paquete de incentivos que incluye más de treinta exenciones tributarias.

La zona delimitada para este programa comprende el área interior de las calles 9 de Julio (entre Quiroga y Taboada y Bv. España), Quiroga y Taboada (entre 25 de Mayo y 9 de Julio), 25 de Mayo (entre Bv. España y Quiroga y Taboada), Bv. España en ambas manos (entre Belgrano y Sarmiento/H. Irigoyen) e Hipólito Irigoyen (entre Bv. España y Bv. Sarmiento), abarcando ambas aceras. Actualmente, este sector ya cuenta con más de 180 comercios, de los cuales 64 están bajo el régimen simplificado y 116 bajo el régimen general. El proyecto no solo busca colaborar con los locales ya instalados, sino también promover el establecimiento de nuevos negocios a través de una concentración estratégica que revalorice el entorno urbano.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es el beneficio impositivo. Los comercios establecidos o que se instalen en dicha zona y se encuentren bajo el régimen simplificado gozarán de una exención del 100% en la Tasa por habilitación y en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad. Además, previa autorización del Ejecutivo, se prevén exenciones en tributos por ocupación de la vía pública como toldos, marquesinas, mesas de bares y puestos de ventas, publicidad y propaganda, derechos por espectáculos públicos, e incluso en los derechos de edificación y aprobación de planos cuando las obras tengan fines comerciales.

La ordenanza define como "comercio" a las actividades de intercambio y venta directa al público, incluyendo casas de comidas, heladerías, bares, panaderías y fábricas de pastas frescas. Más allá de lo impositivo, la normativa pretende que, a futuro, la delimitación facilite la logística y el transporte en la zona. Para ello, el Ejecutivo Municipal quedaría facultado para establecer horarios diferenciados para la carga y descarga de mercaderías, así como para la recolección de residuos, con el fin de maximizar la comodidad del consumidor y la competitividad del comercio minorista frente a las grandes superficies.

Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que durante mayo operan distintos vencimientos correspondientes a impuestos provinciales y otras obligaciones fiscales, entre ellos el Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural y el Impuesto a los Automotores.

Desde el organismo recordaron además que no es necesario contar con la boleta impresa para efectuar los pagos y recomendaron consultar la agenda actualizada de vencimientos disponible en el sitio oficial ATER.

Entre los principales vencimientos del mes se encuentra el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Según se detalló, las fechas se establecieron de acuerdo al dígito verificador de la partida inmobiliaria.

De este modo, los contribuyentes con partidas terminadas entre 0 y 4 deberán abonar el jueves 14 de mayo, mientras que aquellos cuyos dígitos verificadores finalicen entre 5 y 9 tendrán vencimiento el viernes 15 de mayo.

ATER indicó además que quienes hayan optado por el pago en cuotas continuarán con el cronograma 2026 en los meses de julio, octubre y diciembre, conforme al calendario oficial vigente.

Por otra parte, también se producirá durante mayo el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto a los Automotores. En este caso, el cronograma se organiza según el último número del dominio del vehículo: el viernes 15 de mayo vencerán los dominios terminados entre 0 y 4, mientras que el lunes 18 de mayo lo harán aquellos finalizados entre 5 y 9.

Asimismo, el organismo tributario provincial recordó que durante el mes operan vencimientos de otras obligaciones fiscales administradas por ATER, entre ellas Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, SIRCAR, SIRTAC, Impuesto de Sellos, Derecho de Extracción de Minerales e Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales.

Para conocer el detalle completo de fechas, tributos y períodos alcanzados, los contribuyentes pueden consultar la agenda de vencimientos actualizada en el portal oficial del organismo.

Victoria.– La implementación de un nuevo esquema de pagos por parte de PAMI generó fuerte preocupación entre los médicos de cabecera, quienes advierten que las modificaciones ponen en riesgo la continuidad del sistema de atención a afiliados.

La doctora Daniela Portillo, médica del hospital local y presidenta del Círculo Médico, explicó que la situación se conoció de manera sorpresiva el pasado viernes, a partir de comunicaciones informales enviadas desde el organismo central.

“Sabíamos que iba a haber cambios, pero nunca imaginamos que fueran de esta magnitud”, señaló.

Hasta el momento, los profesionales trabajaban bajo un sistema mixto que incluía el pago de una cápita mensual mínima de 1.000 pesos, más el reconocimiento de prestaciones, actividades específicas e incluso capacitaciones. Sin embargo, con la nueva disposición, todo ese esquema fue unificado en un monto fijo de 2.100 pesos mensuales por afiliado, lo que generó un fuerte rechazo.

La profesional advirtió que ese valor resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de funcionamiento. “Es imposible sostenerlo. Para trabajar con PAMI se necesita una estructura administrativa importante, además de insumos, personal y gastos fijos como impuestos y seguros”, explicó.

A esto se suma que los pagos históricamente presentan un atraso de alrededor de tres meses, lo que agrava aún más la situación económica de los profesionales.

La médica también destacó que el sistema no contempla el trabajo adicional que implica la atención de estos pacientes, que en su mayoría pertenecen a sectores vulnerables y requieren un seguimiento constante, tanto dentro como fuera del consultorio.

En este contexto, los médicos impulsaron una medida de fuerza de 72 horas, aunque aclararon que se garantizó la atención de urgencias. Además, manifestaron su adhesión a reclamos que se están llevando adelante en distintas partes del país.

Desde el Círculo Médico informaron que fueron convocados a una reunión urgente en Paraná con autoridades del CBI (entidad que actúa como intermediaria en la provincia), donde esperan recibir precisiones sobre la implementación del nuevo sistema.

En el marco de una entrevista con Paralelo32, sostuvo que “hoy hay mucha incertidumbre porque ni siquiera todos los médicos recibieron la información oficial. Está todo en el aire”.

Otro de los cambios señalados es la eliminación de los distintos ítems que se abonaban por tareas específicas, como historias clínicas o controles, lo que ahora quedaría incluido dentro de la cápita general.

Finalmente, la profesional advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría tener en la calidad del servicio. “Lo más triste es que esto deteriora la atención y pone en riesgo nuestra posibilidad de seguir ejerciendo la profesión en estas condiciones”, concluyó.

La expectativa está puesta en las próximas reuniones, donde se definirá cómo continuará el vínculo entre los médicos y PAMI en un contexto de creciente tensión.

El Departamento Victoria actualmente atiende más de 5.000 afiliados, que muchas veces tienen que recurrir al nosocomio público porque los prestadores privados no atienden la obra social.

El riesgo –ante esta realidad- es que los profesionales renuncien al PAMI, lo que impactaría en la atención a los adultos mayores, un médico de cabecera que tiene asignado un cupo de 600 afiliados percibiría mensualmente 1,2 millones de pesos en todo concepto. 

Racedo- El presidente de la Comuna, Julio César Demartin, analizó el complejo momento que viven en la comunidad y explicó a Paralelo32 que “Cada vez se hacen más esfuerzos para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Las últimas decisiones del Gobierno Provincial nos afectaron en los números que manejamos. Hoy Racedo tiene una reducción de $15.000.000 mensual, lo que dificulta nuestro trabajo en el día a día, el mantenimiento de nuestra localidad, el apoyo que damos a una gran cantidad de instituciones en seguridad, salud, deporte, educación, área social, todo se ve afectado”.

Planteó que “Estamos afinando cada vez más los números y los gastos para ver dónde podemos reducir y ajustar para llegar a fin de mes. Es lo que le planteamos al Gobernador en la última reunión, que si seguimos así la Comuna en un par de meses podría cerrar sus puertas, porque los fondos no dan, la estructura de costos fijos que tenemos es alta. Racedo tiene alrededor de 60 hectáreas para mantener, más de 300 luminarias LED en nuestro ejido urbano, son cien cuadras para atender, 30% de asfalto, 40% que se mejoraron con piedra de ripio, 20% de broza y 10% de tierra, que era la idea mejorarlas este año, pero estamos con dificultades para poder llevarlo a cabo”.

Demartin sumó que “Hoy la estructura que tenemos es para hacer el mantenimiento diario, nada más. Racedo tiene servicio de recolección de residuos tres veces a la semana, limpieza de cordones, desmalezado, mantenimiento de espacios públicos, de luminarias públicas, siendo 350 luminarias. El combustible sube constantemente", planteó.

“En la Comuna los costos se van incrementando, es todo preocupante. Estamos trabajando con asesores contables, legales y de la parte de Sistemas para implementar en el corto plazo la Tasa General Inmobiliaria. Nos vemos forzados a tomar esta decisión para poder sostener los servicios y el mantenimiento diario que la comunidad demanda. No será elevada, lo informaremos en detalle próximamente en relación al bimestre en que comenzaremos, con el objetivo de seguir manteniendo los servicios. Hoy cuesta mantenerlos y más difícil aún es mejorarlos. Hay que explicarles a los vecinos lo que está pasando, los recortes que se nos han hecho desde la Provincia”, agregó.

Demartin explicó a este medio que “estamos en contacto con otros presidentes comunales para analizar el famoso coeficiente para las comunas del que tanto se habla y ver la forma de acceder a más ingresos. Hoy los números están al límite en relación a los costos fijos de nuestra Comuna, que tiene que proyectar, pero hoy no puede hacerlo, solo estamos cumpliendo con cuestiones básicas. El año pasado lo cerramos con obras de cordón cuneta y siempre la idea es seguir sumando, pero hoy apenas llegamos a sostener lo que tenemos, sin posibilidades de proyección”.

“Es preocupante, la Ley Comunal va a llevar su tiempo, se lo dijimos al Gobernador, porque ese cambio recién se verá reflejado el año que viene. Faltan muchos meses y mientras tanto la situación es compleja en el corto plazo”, sumó.

“Creo que el Gobierno debería analizar la situación de cada Comuna en particular, Racedo es organizada, es una ‘pequeña ciudad’. Frigerio plantea que ‘el dinero va adonde tiene que ir’ y creo que Racedo, sin desmerecer a nadie, genera muchos aportes a la Provincia. Merecemos alguna devolución, más aún si pensamos en lo que significa una empresa como Grupo Motta, que da trabajo a personas de 18 localidades de la zona. Es un movimiento económico muy grande. Debería analizarse, porque somos de las comunas que mayor movimiento económico genera”, indicó Demartin.

“Solíamos hacer eventos, ferias de emprendedores como la ‘Racedo Emprende’, era una forma de que las instituciones trabajaran y generaran fondos, hoy con los números tan al límite no nos animamos por todos los costos fijos que de arranque ya tenés, con sonido, escenario, baños químicos, SADAIC, artistas. Es mucho el riesgo, muchos gastos esperando que después se giren fondos de Vicegobernación, Cultura o CFI, que nunca sabés de cuánto serán y cuándo llegarán. Estamos sin margen de error. Lo lamentamos por instituciones y emprendedores que sumaban un ingreso extra y podían mostrar lo que hacían. Hoy no podemos hacerlo”, cerró.

El cierre de 868 empresas y la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados en Entre Ríos durante los últimos dos años encendieron señales de alerta en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) advirtieron que la situación está directamente vinculada a la caída del poder adquisitivo y al deterioro del mercado interno.

El presidente de la entidad, Rafael Vicentín, señaló a la agencia AIM que los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

“La información que manejamos sobre cierre de empresas en Entre Ríos tiene como fuente al Cepa. En números gruesos, se perdieron alrededor de 900 empresas y los puestos de trabajo formales que cayeron rondan los 6.500”, indicó Vicentín a AIM.

Según el relevamiento, el número de empresas con personal registrado en la provincia descendió de 17.405 a 16.537, con fuerte impacto en sectores clave de la economía provincial.

El comercio fue el rubro más afectado, con 231 empleadores menos en dos años. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 105 empresas, y el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 101 empleadores.

En materia laboral, el informe destaca la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados, con especial incidencia en la construcción, actividad que sufrió una retracción del 38,2 por ciento.

El estudio también advierte sobre una creciente concentración económica. De acuerdo al análisis del Cepa, el 98,2 por ciento de los empleos perdidos correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 6.301 puestos. En contraste, las firmas de mayor tamaño concentraron apenas el 1,8 por ciento restante de la caída, con 115 empleos menos.

Para Vicentín, la situación responde principalmente al deterioro del consumo interno. “Esto es producto de la caída del poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los sectores trabajadores, jubilados y pensionados; a su vez, ha habido un aumento que no tiene relación con el de los salarios en todos los precios de bienes y servicios”, sostuvo.

Desde Apyme también cuestionaron la falta de respuestas legislativas y ejecutivas frente a la crisis del sector. A finales de 2025, el expresidente de la entidad, Luis Lozar, junto a la diputada Andrea Zoff, impulsaron un proyecto de ley de Emergencia Pyme en la Legislatura entrerriana.

Sin embargo, Vicentín afirmó que la iniciativa no avanzó. “Se presentó y ahí quedó, no ha sido incluido en las sesiones, suponemos que duerme en algún cajón”, expresó.

El dirigente agregó además que “no ha trascendido ningún interés por parte del Ejecutivo provincial, que en definitiva es el que fija agenda temática para el poder Legislativo, en atender este tema”.

En ese sentido, consideró que las políticas económicas actuales priorizan sectores concentrados de la economía. “Los beneficiarios de este modelo económico que se impulsa desde Nación y Provincia son sectores muy acotados vinculados a actividades extractivas, agropecuarias, petróleo, minería y finanzas. Las empresas que se promueven bajo este modelo no son mano de obra intensiva, incorporan muy poco personal”, cuestionó.

Finalmente, Vicentín remarcó que el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas depende directamente de la recuperación del consumo y del poder adquisitivo de la población.

“La vida de las pequeñas y medianas empresas está íntimamente ligada a la suerte de los sectores trabajadores y jubilados, a lo que hace que un mercado interno tenga dinamismo en la medida que estos sectores sociales mayoritarios tengan poder adquisitivo”, concluyó.

El Consorcio AFIDEER dio inicio este miércoles al Desafío de Innovación Entre Ríos 2026 con una jornada inaugural realizada en la sede de UCA Paraná, que reunió a más de 200 estudiantes de las cinco universidades que integran el espacio.

La actividad se desarrolló en modalidad híbrida y marcó el comienzo formal de una nueva edición del programa, orientado a promover el trabajo interdisciplinario, la innovación y el vínculo entre el sistema universitario y el sector productivo.

El encuentro inaugural tuvo como eje el taller “Equipos que hacen crecer tu emprendimiento. Claves para trabajar mejor juntos”, desarrollado en el marco del proyecto de extensión “Entrenamiento en salud organizacional para emprendedores”, impulsado desde UCA Paraná y dirigido por María Isabel Chemez, coordinadora de Posgrados de UCA Paraná. La propuesta estuvo a cargo de la Mag. Lucía Franchi y la abogada Flavia Pereyra, docentes de la institución.

La jornada permitió que estudiantes de distintas carreras y universidades comenzaran a conocerse, intercambiar intereses y conformar grupos interdisciplinarios para trabajar sobre los desafíos planteados por empresas e instituciones de la provincia.

Durante la apertura, la decana de la Facultad Teresa de Ávila de UCA Paraná, Paula Nesa, brindó unas palabras de bienvenida. Posteriormente, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Gentiletti, realizó la presentación oficial del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, explicando la modalidad de trabajo, las etapas del programa y el cronograma previsto para los próximos meses.

En ese marco, se presentó la dinámica de funcionamiento del Desafío, que contempla instancias de formación, mentorías, seguimiento de proyectos y presentaciones finales en el marco de la Semana de la Innovación, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre.

La actividad tuvo modalidad taller y promovió dinámicas participativas donde los estudiantes pudieron interactuar también con representantes de empresas e instituciones desafiantes, conociendo las problemáticas reales sobre las cuales deberán desarrollar soluciones innovadoras.

Desde AFIDEER destacaron el crecimiento sostenido de la iniciativa, que en esta edición logró convocar a más de 200 estudiantes de UNER, Uader, UAP, UCA y UTN Regional Paraná, consolidándose como un espacio principal en innovación abierta y formación emprendedora de Entre Ríos.

Participaron de la actividad Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER; Nicolás Quaranta, secretario académico de UAP; Marisel Chemez, coordinadora del proyecto de extensión de UCA Paraná; Ricardo Ipoutcha, director del Departamento de Ciencias Económicas de UCA Paraná; Gustavo Tarragona, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná; y Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UTN Regional Paraná; y Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER

El Gobierno de Entre Ríos formalizó este jueves una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública provincial en el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales. La oferta contempla un incremento del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo, aunque fue rechazada de inmediato por los sindicatos, que la consideraron insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

El encuentro se desarrolló al mediodía entre representantes del Ejecutivo provincial y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Tras la reunión, ambas organizaciones adelantaron su negativa a aceptar la propuesta oficial y reclamaron una mejora sustancial.

La oferta presentada por el Gobierno incluye una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas, porcentaje que, según indicaron desde el Ejecutivo, supera el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido oficialmente. Además, se mantiene la suma fija acordada durante la negociación paritaria de febrero.

En relación con las Asignaciones Familiares, la propuesta establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó con dureza la propuesta oficial y sostuvo que no responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

“Es una propuesta que está muy lejos de lo que necesitamos y pretendemos los trabajadores del Estado; un 3,5% frío, sin ser integral y sin tener consistencia”, afirmó el dirigente sindical al término del encuentro.

Muntes señaló además que existe una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial. “Planteamos la pérdida del 40% del salario real desde que asumió este gobierno. El 3,5% está muy lejos de lo que necesitamos”, remarcó.

No obstante, el dirigente reconoció un aspecto positivo de la propuesta al destacar que el incremento sería remunerativo. “Eso significa que alcanzará a los jubilados y permitirá sostener recursos para la obra social”, explicó.

ATE también reiteró otros reclamos pendientes, entre ellos la reducción de la jornada laboral y la recuperación del Código 272, puntos sobre los cuales —según indicaron— no hubo avances en la negociación.

Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez evitó centrar el análisis exclusivamente en el porcentaje salarial y apuntó a las diferencias existentes dentro de la administración pública provincial.

“No vamos a contestar sobre un porcentaje. El análisis es mucho más profundo; es cómo vamos a seguir y qué otros componentes vamos a considerar”, expresó.

Domínguez reclamó además señales concretas por parte del Gobierno provincial hacia los trabajadores estatales. “Necesitamos claramente un gesto para saber qué está dispuesto a hacer el gobierno. ¿Por qué boleto gratuito sí en algunos lugares y para nosotros no? ¿Por qué hay tantas diferencias en la administración pública?”, cuestionó.

Por su parte, la representante gremial Cristina Melgarejo insistió en la necesidad de resolver demandas históricas de sectores específicos, especialmente enfermería y auxiliares de educación.

“Queremos que el gobierno diga claramente que somos importantes los trabajadores públicos. Tienen que mejorar la propuesta e incluirnos”, sostuvo.

Ante el rechazo sindical, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 12 de mayo a las 14. Para esa jornada, ATE convocó a su cuerpo de delegados y al Consejo Directivo Provincial con el objetivo de evaluar los pasos a seguir.

Los gremios esperan que el Ejecutivo provincial presente una propuesta superadora que contemple no solo la evolución inflacionaria, sino también los reclamos sectoriales pendientes dentro de la administración pública entrerriana.

Senadores del bloque del Partido Justicialista de Entre Ríos presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde detalles sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y los acuerdos suscriptos con el Estado Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La iniciativa busca aportar claridad sobre el financiamiento del déficit previsional y el alcance de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones con Nación, en un contexto que requiere información precisa y previsibilidad.

Entre los principales puntos, los legisladores solicitaron conocer los montos efectivamente transferidos, el estado de ejecución de los convenios firmados y el detalle de la deuda que, según los cálculos provinciales, mantiene el Estado Nacional con Entre Ríos.

Asimismo, el pedido pone el foco en el convenio suscripto en octubre de 2025 con ANSES, requiriendo información sobre sus condiciones, su implementación y su posible impacto sobre el reclamo judicial que la provincia sostiene por el cobro de fondos previsionales.

Otro de los aspectos relevantes es la consulta sobre eventuales condicionamientos en el envío de recursos nacionales, particularmente en relación con posibles modificaciones del sistema previsional provincial. En ese sentido, se solicita precisar si existen exigencias vinculadas a cambios en la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo de haberes o el esquema de aportes.

Los senadores también requirieron detalles sobre el avance de las auditorías que deben determinar el monto definitivo del déficit y la deuda, así como la proyección financiera de la Caja de Jubilaciones a mediano y largo plazo.

Finalmente, el pedido incluye información sobre las gestiones y reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, con el objetivo de garantizar transparencia institucional en un tema clave para la provincia.

El senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, se refirió a la situación financiera del Municipio de Hernández y pidió “llevar claridad y responsabilidad al debate público” ante versiones que plantean dificultades para afrontar el pago del aguinaldo.

“Es importante hablar con datos concretos. Según la información oficial de coparticipación, el Municipio de Hernández recibió en abril de 2026 más de 165 millones de pesos netos, lo que representa un incremento del 52% respecto al mismo mes del año pasado. Incluso, en términos reales, se observa una mejora del 14,8%”, señaló el legislador.

Cavagna agregó que “en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el municipio ya percibió más de 600 millones de pesos en transferencias por coparticipación”, y remarcó que “se trata de recursos muy significativos para una comunidad de las características de Hernández”.

“El contexto económico es complejo y nadie lo desconoce. La inflación impacta sobre todos los niveles del Estado. Pero también es cierto que los datos muestran que los recursos están y que han tenido una evolución importante en los últimos meses”, sostuvo.

En ese sentido, el senador planteó que “el eje de la discusión no debería centrarse en una supuesta falta de fondos, sino en cómo se administran esos recursos y cuáles son las prioridades de gestión”.

“Nadie quiere que un municipio tenga que desprenderse de su patrimonio para cumplir con sus obligaciones. Por eso, más que generar preocupación, lo que se necesita es transparencia, planificación y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, afirmó.

Finalmente, Cavagna indicó que “los vecinos de Hernández tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos que llegan mes a mes y a contar con información clara que lleve tranquilidad en un momento sensible”.

Del encuentro participan representantes del BID, equipos técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezados por su coordinador Gustavo Cusinato, además de profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

El programa prevé una inversión estimada de hasta 280 millones de dólares y apunta a mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en la red vial entrerriana, fortaleciendo tanto el desarrollo productivo como la conectividad regional.

Entre las principales obras proyectadas se encuentran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación.

También se contempla la construcción de la circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción de un puente clave sobre la zona del Arroyo Sauce y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay, entre otras intervenciones.

Desde el gobierno provincial destacaron que las obras beneficiarán a miles de personas y establecimientos productivos, ya que permitirán reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre distintas regiones de Entre Ríos.

“Son obras que reflejan que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y avanzando con hechos concretos en el territorio para poner la infraestructura al servicio del desarrollo y la competitividad de Entre Ríos”, expresó Mauricio Colello.

Durante las jornadas se abordan distintos aspectos vinculados a la implementación del programa, entre ellos las políticas de adquisiciones del BID, la planificación de licitaciones, modalidades de contratación, mecanismos de financiamiento y estrategias de supervisión e inspección de las obras.

Además, los equipos técnicos trabajan en herramientas prácticas para organizar los procesos administrativos, definir responsabilidades y avanzar en los próximos pasos necesarios para la ejecución de los proyectos.

El programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura vial de la provincia y acompañar el crecimiento de las actividades productivas mediante obras consideradas clave para el desarrollo regional.

La provincia de Entre Ríos se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en implementar un régimen que obliga a detallar el impacto de los impuestos provinciales en los precios finales. A través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el gobierno reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, con el objetivo de brindar mayor claridad a los ciudadanos sobre la carga impositiva que incide en bienes y servicios.

La medida quedó formalizada tras la publicación del Decreto 1121/26 y la Resolución 128, que establecen la obligación de discriminar en facturas, tickets y comprobantes fiscales la incidencia estimada de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Esta información se sumará a la ya existente sobre el IVA y otros tributos nacionales indirectos en las operaciones destinadas a consumidores finales.

Desde el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, destacaron que la iniciativa forma parte de una política integral de transparencia fiscal. El objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a conocer qué proporción del precio que pagan corresponde a impuestos, sin que ello implique cambios en la carga tributaria. En ese sentido, se aclaró que la medida tiene un carácter estrictamente informativo y no recaudatorio, permitiendo incluso el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas.

El titular de ATER, Jesús Korell, subrayó la relevancia de la normativa y el rol pionero de la provincia. “La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida”, afirmó. Además, remarcó la importancia de contar con un régimen provincial propio que complemente las disposiciones nacionales.

Alcances y aplicación gradual

La normativa establece que deberán cumplir con la obligación todos los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —tanto en el Régimen Directo como en el Convenio Multilateral— y en el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Estos deberán consignar en los comprobantes las alícuotas correspondientes y los importes estimados de los tributos.

Quedan excluidos del régimen los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado. En cuanto a la presentación de la información, deberá ubicarse luego de la descripción de la operación y del IVA, bajo la leyenda “Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesiones Liberales”, en el sector inferior izquierdo del comprobante.

La implementación será progresiva. Los denominados “grandes contribuyentes” deberán adecuarse en un plazo de 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que el resto contará con un plazo de 180 días.

La iniciativa es llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos y la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, que recientemente realizaron la apertura de sobres de tres licitaciones públicas. En total, participaron 14 empresas oferentes, lo que fue destacado por las autoridades como una señal de confianza en la gestión.

La inversión, financiada íntegramente con fondos provinciales, permitirá incorporar tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. A su vez, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, además de insumos destinados al señalamiento vial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esta compra representa un hecho significativo, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde 2011, acumulando más de 15 años sin inversiones de este tipo.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas acciones se enmarcan en una política pública orientada a recuperar la red vial tras años de desinversión. “Se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales. Tenemos una planificación impulsada por el gobernador, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública”, afirmó.

En la misma línea, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, subrayó el esfuerzo económico que realiza la provincia en esta área. “Casi la totalidad de las obras se ejecutan con fondos propios. Este mes se certificaron más de 12.000 millones de pesos en obras”, precisó.

Donda también adelantó que esta licitación es la primera de una serie de procesos que se llevarán adelante para seguir equipando la repartición. Entre las próximas adquisiciones previstas se encuentran 18 motoniveladoras, una retroexcavadora, una cargadora, camiones volcadores, carretones y batanes destinados a distintas zonales.

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la red vial es clave tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, en un proceso que definieron como sostenido y de largo plazo.

Del acto participaron además el escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, junto a funcionarios del área y representantes de las empresas oferentes.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPyRP) publicó este lunes en el Boletín Oficial Nº 28.326 la Resolución General Nº 005/26, mediante la cual se introducen modificaciones en el régimen de presentaciones para asociaciones civiles y fundaciones en la provincia de Entre Ríos.

La nueva normativa tiene como objetivo unificar los criterios de validación dentro de la plataforma digital Mi Entre Ríos y establece que toda la documentación cargada tendrá carácter de declaración jurada.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los estados contables deberán cumplir con mayores requisitos formales. Según lo dispuesto, deberán estar certificados por contador público matriculado y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente, incorporando además la obligatoriedad de la firma digital.

La norma también señala que la carga de documentación implica una manifestación expresa de que los documentos han sido suscriptos por las autoridades estatutarias de la entidad, quienes conservan la plena responsabilidad legal, administrativa y patrimonial sobre su contenido, veracidad y autenticidad.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la definición de responsabilidades en los trámites realizados por terceros. En este sentido, cuando un contador efectúe presentaciones por delegación, su actuación en el sistema será considerada, a todos los efectos administrativos y registrales, como realizada por la autoridad estatutaria correspondiente.

De este modo, la documentación se tendrá por presentada y firmada por el presidente de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad profesional del contador interviniente y de las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades de la organización.

El nuevo marco normativo refuerza los mecanismos de fiscalización. La DGIPyRP podrá requerir en cualquier momento la exhibición de la documentación original presentada de forma digital.

Asimismo, el organismo queda facultado para adoptar medidas ante inconsistencias, omisiones o falsedades, conforme a lo establecido en la Ley Nº 11.100. La resolución también consolida el uso de la firma electrónica en las presentaciones digitales, otorgándole plena validez jurídica en línea con la Ley Nº 25.506.

Con estos cambios, el organismo busca modernizar los procesos administrativos, fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en la gestión de asociaciones civiles y fundaciones en la provincia.

La Municipalidad de Paraná realizará este martes 5 de mayo el Primer Encuentro de Economía Social, una iniciativa que busca generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexión colectiva y fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al sector.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Economía Social —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano—, se desarrollará de manera presencial en la Sala Mayo, en el horario de 8:30 a 14. La jornada convocará a emprendedores, referentes de organizaciones sociales, equipos técnicos y representantes de gobiernos locales.

El objetivo central del encuentro es compartir experiencias territoriales, consolidar redes de trabajo y visibilizar el impacto social, productivo y comunitario de la economía social en la ciudad de Paraná y la región.

En este sentido, la propuesta busca instalar en la agenda pública el rol de la economía social como una herramienta clave para el desarrollo local, promoviendo instancias de diálogo entre el Estado y los distintos actores que integran el sector.

La jornada estará estructurada en tres paneles temáticos. El primero abordará la economía social como política pública local, con la participación de referentes municipales y equipos técnicos que expondrán programas y experiencias de gestión. El segundo panel estará centrado en las experiencias de emprendedores, cooperativas y proyectos asociativos, poniendo en valor sus trayectorias, desafíos y formas de organización. Finalmente, el tercer panel se enfocará en la relación entre economía social y desarrollo territorial, con la participación de instituciones y referentes regionales.

Además, se prevé la realización de espacios complementarios de exposición de productos y experiencias, con el propósito de visibilizar el trabajo de las unidades productivas locales.

Con esta iniciativa, el Municipio apunta a fortalecer la red local de la economía social, generar nuevas articulaciones institucionales y consolidar políticas públicas que acompañen el desarrollo de emprendedores y emprendedoras tanto de Paraná como de la región.

El proyecto, emplazado en inmediaciones de calle Echagüe y la Ruta Nacional 12, presenta actualmente un avance cercano al 95 por ciento. Según se informó, en esta etapa se realizan tareas vinculadas al traslado del transformador provisorio hacia su base definitiva, paso previo a la puesta en servicio del último distribuidor.

De acuerdo a la planificación técnica, la fase de energización se completaría en los próximos días con la conexión del Transformador 1. Posteriormente, se desarrollarán las tareas finales de ajuste y terminación para dejar plenamente operativa la infraestructura.

La nueva subestación representa una mejora significativa para los usuarios de General Ramírez, ya que permitirá optimizar el abastecimiento eléctrico en una zona que evidencia un sostenido crecimiento residencial, comercial y productivo. Asimismo, contribuirá a brindar mayor estabilidad al sistema y una mejor respuesta ante picos de consumo.

En un contexto de caída de la recaudación y persistente inflación, el jefe comunal reconoció que la administración evalúa decisiones de alto impacto para sostener su funcionamiento. “Estamos empezando a ver la posibilidad de vender algunos activos, vender terrenos de propiedad municipal para recaudar fondos y poder hacer frente al pago del medio aguinaldo”, afirmó.

Gaioli explicó que la crisis se profundiza por el desfasaje entre ingresos y gastos. Según detalló, los recursos provenientes de la coparticipación se mantienen en niveles similares a los del año pasado, mientras que los costos de servicios y combustibles registraron fuertes incrementos.

La situación también golpea a instituciones clave. En su rol como presidente del cuartel de bomberos local, el intendente denunció deudas correspondientes al Plan Provincial de Manejo del Fuego y demoras en el envío de subsidios tanto nacionales como provinciales. Esto obliga a la entidad a sostenerse, en gran medida, gracias al aporte solidario de vecinos y empresas.

El impacto social de la crisis es otro de los puntos más preocupantes. Gaioli señaló un incremento sostenido en la demanda de asistencia, especialmente en alimentos y medicamentos, que ya no se limita a sectores vulnerables sino que alcanza a trabajadores formales que no logran cubrir sus necesidades básicas.

En este escenario, la obra pública quedó relegada frente a prioridades más urgentes, como el pago de salarios y el mantenimiento de los servicios esenciales. “Le hemos pedido al gobernador que reparta en partes iguales, más allá de los signos políticos, los Aportes del Tesoro Nacional que llegan a la provincia”, subrayó.

De cara al futuro político, y ante la imposibilidad de renovar su mandato, Gaioli confirmó que existe consenso entre intendentes para que continúe su carrera en el ámbito legislativo.

En relación con la interna del Partido Justicialista, el jefe comunal llamó a priorizar la unidad por sobre las diferencias internas con el objetivo de recuperar competitividad electoral.

A nivel nacional, expresó su respaldo a Axel Kicillof como figura central del espacio. “Adherimos a su candidatura porque es quien tiene mayor caudal electoral y está enfrentando un contexto adverso de forma estoica”, sostuvo.

Con un panorama económico complejo y tensiones crecientes en lo social, el intendente de Hernández puso en evidencia los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la actual coyuntura, mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara a los próximos años.

Del 1 al 15 de mayo, la provincia de Entre Ríos convoca a profesionales interesados en formarse dentro del sistema público a realizar la preinscripción al concurso de residencias en salud 2026-2027. La convocatoria está dirigida tanto a perfiles médicos como a disciplinas afines que integran los equipos de atención sanitaria.

La coordinadora de Residencias, Daniela Bello, subrayó la relevancia de esta instancia al señalar que constituye “uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento, fortalecimiento y desarrollo del sistema público de salud”. En ese sentido, remarcó que las residencias no solo implican una etapa formativa, sino que son el ámbito donde se preparan profesionales altamente capacitados que garantizan la atención sanitaria presente y futura.

Bello destacó además el rol central que cumplen los residentes en hospitales y centros de salud públicos. Según explicó, participan activamente en la atención de pacientes, en guardias y servicios críticos, así como en tareas de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de miles de personas. “Su labor cotidiana no solo contribuye al funcionamiento operativo del sistema, sino que asegura la renovación constante del recurso humano especializado”, afirmó.

Los interesados pueden consultar las especialidades a concursar, las sedes, los requisitos y la documentación a presentar en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en la siguiente dirección: 

https://portal.entrerios.gov.ar/salud/pf/residenciasmedicas/11311

Asimismo, la preinscripción se realiza a través del enlace 

http://entrerios.gov.ar/salud/residencias

En la misma línea, la funcionaria sostuvo que las residencias representan una herramienta estratégica para construir sistemas de salud más sólidos y eficientes. “Garantizan formación de excelencia y construyen una medicina pública más inclusiva y preparada para los desafíos de cada época”, agregó.

Los interesados pueden consultar especialidades, sedes, requisitos y documentación en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La preinscripción se realiza de manera online dentro del período establecido.

El cronograma prevé distintas etapas a lo largo del proceso: la preinscripción estará habilitada del 1 al 15 de mayo, mientras que la revisión de la documentación se realizará del 18 al 28. El examen provincial tendrá lugar el 7 de julio en el campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.

Posteriormente, entre el 20 y el 31 de julio se llevarán a cabo las entrevistas y la adjudicación de cargos. El orden de mérito definitivo se publicará el 7 de agosto, mientras que el ingreso a las residencias está previsto para el 1 de septiembre. El concurso se desarrollará bajo la modalidad de evaluación de antecedentes y oposición.

Para consultas, los aspirantes podrán correo electrónico exameningreso.entrerios@gmail.com  o comunicarse por vía telefónica a las líneas  0343 4209631 / 4219052con la coordinación de residencias en el horario de 8 a 12.

En ese marco, el mandatario felicitó a la nueva presidenta de la UIER, Celeste Valenti, quien asumió recientemente al frente de la institución, y también reconoció la labor del dirigente saliente, Gabriel Bourdin. “Quiero felicitarla por esta nueva responsabilidad en la presidencia de la Unión Industrial de Entre Ríos y agradecerle a Gabriel por estos años de compromiso y dedicación al trabajo gremial y de representación sectorial”, expresó.

Frigerio subrayó además el carácter histórico de la nueva conducción al remarcar que se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo dentro de la entidad. “Este es más importante que otros cambios porque Celeste es la primera mujer presidenta de la UIER”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de sostener una línea de trabajo más allá de los nombres propios. “Más allá de los cambios, hay algo esencial que es la continuidad en el norte, porque para que el trabajo rinda frutos tiene que ser sostenido en el tiempo”, agregó.

Durante su discurso, el gobernador planteó una mirada crítica sobre ciertas prácticas políticas del pasado y llamó a encarar transformaciones estructurales que permitan un desarrollo sostenido. “Es cómodo elegir el camino fácil, el que da los aplausos inmediatos, pero los atajos no se sostienen en el tiempo y no constituyen verdadero desarrollo ni generan innovación”, sostuvo. En esa línea, aseguró que su gestión busca asumir los desafíos de fondo: “No vinimos a trasladar ese costo al que produce ni a patear los problemas hacia adelante, sino a hacernos cargo”.

En la antesala del Día del Trabajador, Frigerio hizo especial énfasis en la necesidad de generar empleo genuino en el sector privado. “Durante mucho tiempo se habló de los trabajadores, pero no de cómo generar trabajo real, genuino y de calidad”, indicó. Y agregó: “El cambio que estamos impulsando es casi contracultural: es volver a poner al trabajo productivo en el centro y hacer que el Estado sea un facilitador y no una fuente de empleo”.

El mandatario también destacó algunas de las principales medidas impulsadas por su administración para mejorar las condiciones de inversión en la provincia. En ese sentido, remarcó el avance del régimen de incentivo a las nuevas inversiones, que ya cuenta con una importante cantidad de empresas interesadas. “Le sacamos el pie de encima al que produce. Hoy hay casi 130 empresas tramitando su adhesión a este régimen”, señaló. Según precisó, estas iniciativas representan inversiones por alrededor de 300.000 millones de pesos y la posibilidad de generar cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo en Entre Ríos.

En materia impositiva, Frigerio reiteró el compromiso de aliviar la carga sobre el sector productivo. “Tomamos la decisión de que los impuestos bajen en términos reales y que no haya un solo impuesto que suba más que la inflación”, afirmó. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en la eliminación de tributos distorsivos, como Ingresos Brutos, las retenciones o el impuesto al cheque, mediante un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.

Otro de los ejes abordados por el gobernador fue la modernización administrativa y la simplificación de trámites, aspectos que consideró clave para mejorar la competitividad. “Renovamos la legislación ambiental con un certificado único digital que reemplaza procesos que antes podían demorar hasta siete años”, destacó, al tiempo que remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para acompañar el crecimiento del sector productivo.

Finalmente, Frigerio convocó a sostener un rumbo de largo plazo basado en la articulación entre el Estado y el sector privado. “No podemos abandonar la idea de un Estado que ordena, que escucha y que genera condiciones para quienes producen y dan trabajo”, expresó. Y concluyó: “Tenemos que sostener este norte en el tiempo y, si lo hacemos, no tengo dudas de que los entrerrianos vamos a estar cada vez más cerca de lo que podemos ser”.

La participación del mandatario en la Asamblea de la UIER volvió a poner de relieve la centralidad que el sector industrial tiene en la agenda provincial, en un contexto económico desafiante que exige consensos, previsibilidad y políticas sostenidas para impulsar el desarrollo y la generación de empleo.

La industria turística global atraviesa un momento de expansión sostenida. Según datos de ONU Turismo, en 2025 el sector superó los 2,2 billones de dólares en ingresos, consolidándose como uno de los motores económicos más dinámicos a nivel mundial. Sin embargo, detrás de ese crecimiento emerge una transformación más profunda: la manera en que las personas entienden el viaje.

Durante años, el turismo estuvo marcado por una lógica de acumulación: más destinos, más actividades, itinerarios intensos y experiencias condensadas en poco tiempo. El objetivo era “aprovechar” al máximo cada traslado. Hoy, ese modelo comienza a mostrar signos de desgaste frente a un viajero que ya no busca ver más, sino comprender mejor lo que vive.

En ese contexto, el concepto de slow travel —viajar más despacio, con mayor conexión con el entorno— dejó de ser una tendencia aspiracional para convertirse en una práctica concreta. Actividades como la observación de aves, la recolección de alimentos o simplemente contemplar un paisaje ganan protagonismo. No por novedad, sino porque responden a una necesidad creciente de reconexión.

El viraje no es solo cultural, también está respaldado por el comportamiento del consumidor. Proyecciones de Statista indican que para 2026 el 80% de los viajeros estará interesado en experiencias vinculadas al bienestar, mientras que el 68% priorizará alojamientos en entornos naturales.

A la vez, informes de Euromonitor International muestran que una proporción creciente de turistas está dispuesta a pagar más por experiencias con impacto: un 24% por voluntariado, un 15% por ecoturismo y un 12% por propuestas de inmersión cultural auténtica.

La paradoja es clara: el turismo sigue creciendo, pero disminuye el interés por la saturación. Ya no se trata de viajar más rápido ni de acumular destinos, sino de encontrar sentido en cada experiencia.

Este cambio redefine también el rol de las marcas y, especialmente, del sector hotelero. Durante décadas, la competencia se centró en atributos visibles como la ubicación, el diseño o los servicios. Hoy, esos elementos resultan insuficientes frente a un viajero que valora cómo se siente durante su estadía.

La experiencia deja de ser una suma de prestaciones para convertirse en algo más intangible: el ritmo, la conexión con el entorno, la posibilidad de pausa. Espacios que invitan a detenerse, propuestas que no saturan la agenda y actividades que dialogan con el paisaje son ahora parte de una estrategia más profunda.

En este escenario, el desafío ya no es atraer turistas, sino interpretarlos. “Hoy las marcas que realmente conectan son las que entienden que el viajero no está buscando más experiencias, sino mejores”, sostiene Carolina Trasviña, directora de servicios al cliente en el sector Travel & Hospitality de la agencia another.

El cambio implica una transformación conceptual: pasar de un turismo centrado en la oferta a uno basado en la escucha. No en lo que el viajero declara, sino en lo que demuestra con su comportamiento: qué elige, qué evita, cuánto tiempo permanece en un lugar y por qué experiencias está dispuesto a pagar más.

Así, el viaje deja de ser únicamente consumo para convertirse en una forma de conexión: con el entorno, con las comunidades locales y, en muchos casos, con uno mismo.

En un mercado donde todo puede ser mostrado y promocionado, la diferencia empieza a radicar en la capacidad de entender esos nuevos códigos. Porque, en esta etapa, el valor del turismo ya no está en ofrecer más, sino en saber cuándo —y cómo— hacer menos.