La Municipalidad de Libertador San Martín continúa ejecutando el plan de pavimentación del barrio Altos del Libertador. En esta etapa se asfaltan las tres cuadras de calle Elena Kahl, entre Carlos Morales y G. Schneider Muller, una intervención que acerca al municipio al objetivo de completar las 44 cuadras previstas para el sector.

El proyecto se desarrolla mediante un esquema de trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos frentistas, y forma parte de un programa integral destinado a mejorar la infraestructura vial de distintos barrios de la ciudad.

Durante una recorrida realizada por Paralelo 32 en el lugar de los trabajos, el secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Gustavo Marsollier, destacó el avance de la obra y confirmó que restan únicamente seis cuadras de calle Riffel para concluir el asfaltado total del barrio.

“Después de toda la etapa previa de nivelación, compactación y acondicionamiento de la calzada, seguimos con el asfaltado en caliente. Estamos descontando tres cuadras más y ya quedan muy pocas para alcanzar el objetivo”, señaló.

Marsollier recordó que los trabajos se realizan a través de un convenio con la Municipalidad de Viale, que aporta la planta elaboradora de asfalto, mientras que Libertador San Martín se encarga del traslado del material y la ejecución de la obra.

El funcionario remarcó el impacto positivo que la pavimentación genera en la vida cotidiana de los vecinos.

“El barrio va cambiando, toma otro aspecto y además mejora mucho la circulación diaria”, expresó.

Asimismo, adelantó que la intención del municipio es finalizar las cuadras restantes e inaugurar oficialmente las 44 cuadras asfaltadas durante los festejos por el aniversario de Libertador San Martín, que se celebran en septiembre.

Marsollier también repasó el estado de otras obras viales en ejecución. En el barrio Bernhardt, donde está previsto pavimentar doce cuadras, ya se completó cerca del 45 por ciento del proyecto, equivalente a cinco cuadras y media.

Según explicó, se trata de una obra financiada mediante el sistema de contribución por mejoras, por lo que el ritmo de ejecución depende de los aportes que realizan los vecinos. En ese sentido, indicó que los trabajos continuarán durante el próximo año.

Por otra parte, destacó los avances en el barrio UAP II, donde se ejecuta la pavimentación en hormigón del bulevar Mitre.

“Estamos llegando prácticamente al final de la avenida y la idea es concluirla durante julio para luego continuar por calle Buenos Aires”, precisó.

Además de las tareas de pavimentación, el municipio mantiene distintos frentes de trabajo vinculados a la poda, recolección de hojas, mantenimiento de calles de ripio mediante la colocación de piedra calcárea y los servicios habituales de recolección de residuos.

Al realizar un balance de la gestión cotidiana, Marsollier destacó el compromiso de los trabajadores municipales y el acompañamiento de los vecinos.

“La verdad es una gran satisfacción ver cómo se trabaja en las distintas áreas. También queremos agradecer a los vecinos por su aporte, colaboración y comprensión mientras se desarrollan las obras”, concluyó.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) concretó este martes su primera reunión formal con la participación completa de los representantes del sector público, privado, académico y profesional que integran el organismo creado por la Ley N° 11.183.

El encuentro marcó el inicio institucional de un espacio destinado a coordinar políticas y estrategias para el desarrollo turístico provincial mediante la articulación entre el Estado y los distintos actores vinculados a la actividad.

La reunión contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó la puesta en funcionamiento del organismo como una herramienta para fortalecer la participación del sector privado en la toma de decisiones.

“Hoy contamos con un espacio donde el sector privado y el Estado se sientan a definir estrategias y tomar decisiones”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la intención del Gobierno provincial de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la cooperación y el acompañamiento a quienes generan empleo y actividad económica.

La conducción del Ente está integrada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente; Marcela Santa María como vicepresidenta en representación del sector privado; y Sebastián Bel como secretario ejecutivo.

Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados al funcionamiento interno del organismo, la elaboración de su reglamento, la planificación estratégica y las acciones de promoción turística previstas para los próximos meses.

Satto calificó la jornada como “el día cero” del Emturer y aseguró que la creación de este ámbito representa “un antes y un después para el turismo entrerriano”.

Por su parte, Bel presentó los principales ejes de trabajo que impulsará el organismo, entre ellos la planificación participativa junto a las diez microrregiones turísticas de la provincia, la construcción de una marca turística entrerriana, la promoción de inversiones privadas y la puesta en marcha de un Observatorio Económico Turístico.

También se abordaron iniciativas relacionadas con la digitalización de procesos, la capacitación de recursos humanos y la incorporación de criterios de sustentabilidad en el desarrollo de la actividad.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el vinculado a los recursos económicos con los que contará el organismo para llevar adelante sus políticas y programas.

Según se informó, el análisis sobre el esquema de financiamiento previsto en la ley de creación del Ente continuará en futuras reuniones del Directorio, debido a su importancia para la ejecución de las acciones proyectadas.

El Emturer reúne a representantes del Gobierno provincial, legisladores, cámaras empresarias, trabajadores del sector turístico, universidades y entidades profesionales, con el objetivo de construir políticas consensuadas para uno de los sectores productivos estratégicos de Entre Ríos.

Autoridades de Enersa participaron en Rosario de una reunión de trabajo junto a representantes de las empresas provinciales de energía de Santa Fe y Córdoba, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la integración energética de la Región Centro.

Del encuentro tomaron parte el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Martene, quienes compartieron la jornada con directivos de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

La reunión tuvo como eje principal el intercambio de experiencias y la coordinación de estrategias vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico en las tres provincias.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la planificación energética, la articulación entre las distribuidoras provinciales y los desafíos que enfrenta el sector ante el crecimiento de la demanda y los cambios tecnológicos que atraviesa la actividad.

Desde Enersa destacaron la importancia de generar espacios de trabajo conjunto que permitan compartir experiencias de gestión, coordinar criterios técnicos y avanzar en proyectos comunes para fortalecer la prestación del servicio eléctrico en la región.

La actividad se desarrolló en el Salón Amarras de La Fluvial, en la ciudad de Rosario, y formó parte de una serie de encuentros impulsados por la Región Centro para consolidar la cooperación entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La energía aparece como uno de los ejes estratégicos de integración regional, en un contexto donde las provincias buscan mejorar la infraestructura y garantizar el abastecimiento necesario para acompañar el crecimiento productivo y el desarrollo de sus comunidades.

El Gobierno de Entre Ríos avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar una serie de mejoras en la Escuela Secundaria N° 174 Presidente Arturo Illia de Villa Gobernador Luis F. Etchevehere, en el departamento Paraná. La inversión oficial supera los 46 millones de pesos y las obras tendrán un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La apertura de sobres se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, y contó con la presentación de propuestas por parte de tres empresas oferentes.

Los trabajos previstos apuntan a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y circulación dentro del establecimiento educativo, beneficiando a estudiantes, docentes y personal de la institución.

Del acto participaron la presidenta comunal de Gobernador Etchevehere, Rosana Alvarado, y la directora de la escuela, Jacqueline Jacobi.

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de un baño accesible, destinado a garantizar el uso seguro y autónomo por parte de personas con movilidad reducida.

Además, se proyecta la construcción de una galería cubierta que permitirá conectar distintos sectores del edificio escolar, mejorando la circulación interna y brindando resguardo durante los días de lluvia.

El plan de obras también incluye la puesta en valor de la estructura perimetral existente y la reconstrucción del cerco del establecimiento, con el objetivo de reforzar la seguridad del predio y optimizar el control de accesos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de continuar desarrollando obras en establecimientos educativos de la provincia.

“Esta es una intervención muy esperada por la comunidad educativa. Permitirá que los estudiantes cuenten con instalaciones más seguras, accesibles y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares”, expresó.

Asimismo, remarcó que las inversiones en infraestructura escolar forman parte de una planificación sostenida destinada a mejorar los espacios de aprendizaje en distintas localidades entrerrianas.

El Gobierno nacional modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas con el objetivo de facilitar el acceso a equipamiento industrial proveniente del exterior y agilizar los trámites administrativos vinculados a este tipo de inversiones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y actualiza el esquema vigente desde 2016 para adecuarlo a la actual política comercial e industrial.

Entre los principales cambios, se destacan beneficios arancelarios, una reducción de requisitos para las empresas y la incorporación de mecanismos destinados a acelerar los procedimientos administrativos.

Según la nueva normativa, los bienes alcanzados por el régimen abonarán únicamente el 25% del arancel de importación y quedarán exentos del pago de la tasa de estadística y de la tasa de comprobación de destino.

Además, se amplía el alcance del régimen al redefinir el concepto de línea de producción usada. A partir de ahora, podrán acceder al beneficio empresas que desarrollen proyectos de mejora de competitividad y que importen maquinaria destinada a instalar nuevas plantas industriales, ampliar la capacidad productiva o modernizar procesos existentes.

Otra de las modificaciones relevantes elimina la exigencia de que el componente principal de una línea de producción sea usado. También se incorporan al régimen las líneas destinadas a la generación de energía eléctrica y los denominados almacenes inteligentes.

En cuanto a la antigüedad de los equipos, se amplía hasta 30 años el límite permitido para bienes reconstruidos o actualizados.

La normativa reduce del 30% al 10% la obligación de adquirir bienes nacionales vinculados al proyecto. Esa compra deberá concretarse dentro del año siguiente a la aprobación de la iniciativa.

Por otra parte, las auditorías tradicionales serán reemplazadas por un sistema de rendición de cuentas elaborado por profesionales certificados, con el objetivo de disminuir tiempos y costos administrativos.

Para agilizar las operaciones, las empresas podrán obtener una Constancia de Expediente en Trámite (CET), que les permitirá importar los bienes antes de la resolución definitiva del expediente, siempre que constituyan las garantías aduaneras correspondientes.

La reforma también incorpora mayores exigencias para quienes accedan al régimen. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ejecutar las garantías presentadas por las empresas en casos de incumplimiento, falta de documentación o utilización indebida de la CET.

Asimismo, se establecen multas equivalentes al 20% de los tributos no abonados, a las que se sumarán intereses y un cargo punitorio del 2% mensual.

La nueva normativa entrará en vigencia este miércoles 24 de junio y también alcanzará a los expedientes que aún tengan pendientes procesos de liberación o ejecución de garantías, con el propósito de unificar las reglas para todas las gestiones en curso.

La Secretaría de Energía de la Nación autorizó la incorporación de dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicados en las provincias de La Rioja y Mendoza. En conjunto, los emprendimientos sumarán 105,36 megavatios de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Uno de los proyectos es Arauco Solar V, desarrollado por la empresa Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. en la provincia de La Rioja. La planta contará con una capacidad instalada de 79,92 megavatios y se conectará a la red nacional a través de las barras de 132 kilovoltios de la Estación Transformadora Arauco II, operada por Transnoa S.A.

El segundo emprendimiento corresponde al parque solar Costa de Araujo, perteneciente a la firma AFR Solar S.A. y ubicado en el departamento de Lavalle, Mendoza. La central funcionará con una potencia autorizada de 25,44 megavatios y se vinculará al sistema eléctrico mediante las barras de 66 kV de la nueva Estación Transformadora Costa de Araujo, bajo jurisdicción de Edem S.A.

La medida fue oficializada este martes mediante las resoluciones 138/2026 y 139/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial.

Según se informó, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) verificó que ambos proyectos cumplen con los requisitos técnicos necesarios para operar dentro del MEM.

En el caso del parque mendocino, la empresa había solicitado inicialmente una potencia superior, aunque finalmente la autorización quedó establecida en 25,44 megavatios.

Las resoluciones también establecen que cualquier sobrecosto o penalidad derivada de eventuales indisponibilidades técnicas deberá ser asumida por las empresas titulares de cada emprendimiento.

Con estas incorporaciones, el sistema eléctrico nacional suma nueva capacidad de generación renovable, en línea con el avance de proyectos vinculados a la energía solar en distintas regiones del país.

Los municipios y comunas de Entre Ríos interesados en fortalecer el entramado emprendedor de sus comunidades podrán inscribirse hasta el próximo 26 de junio en la convocatoria Microcréditos para el Impulso Local, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

El programa es llevado adelante por la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, a través de la Dirección General de Economía Social y Política Comunitaria, y tiene como finalidad generar herramientas de financiamiento que permitan potenciar emprendimientos productivos y de servicios en distintos puntos del territorio entrerriano.

La propuesta contempla la asignación de fondos rotativos a gobiernos locales, destinados posteriormente al otorgamiento de microcréditos para emprendedores y trabajadores de la economía social.

Desde la cartera provincial señalaron que el objetivo es brindar oportunidades de crecimiento a iniciativas productivas que contribuyen a la generación de empleo, el fortalecimiento de las economías regionales y el desarrollo de las comunidades.

A través de esta herramienta, los municipios y comunas podrán acompañar proyectos locales mediante líneas de financiamiento adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Además del acceso a recursos económicos, el programa prevé instancias de asistencia técnica y seguimiento para los beneficiarios.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades de gestión de los emprendimientos, mejorar su organización y favorecer la sostenibilidad de las iniciativas en el mediano y largo plazo.

La estrategia apunta a combinar el financiamiento con herramientas de acompañamiento que permitan consolidar los proyectos y potenciar su impacto en las economías locales.

Los gobiernos locales que deseen participar deberán completar el formulario de preinscripción dispuesto por la provincia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 26 de junio inclusive y forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para promover la economía social, el trabajo independiente y el desarrollo productivo en todo el territorio entrerriano.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió convocar a un paro de actividades para el próximo 24 de junio, en reclamo de una nueva instancia de negociación salarial con el Gobierno provincial y en rechazo a la reforma previsional que actualmente genera preocupación entre distintos sectores de trabajadores.

La medida de fuerza coincidirá con la jornada de protesta impulsada por la Multisectorial provincial, que prevé movilizaciones en distintos puntos estratégicos de Entre Ríos para manifestar su rechazo a posibles modificaciones en el sistema jubilatorio.

Desde el principal sindicato docente de la provincia cuestionaron los resultados de la negociación salarial desarrollada durante mayo y calificaron aquel acuerdo como un “fracaso”.

Según expresaron, los incrementos otorgados resultaron insuficientes frente al avance de la inflación y no lograron revertir la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los trabajadores de la educación.

El gremio recordó además que días atrás había solicitado formalmente una nueva convocatoria a la mesa paritaria, luego de conocerse los últimos índices inflacionarios, sin obtener hasta el momento una respuesta por parte del Ejecutivo provincial.

Agmer sostuvo que la situación salarial de los docentes requiere una discusión “urgente e impostergable” y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan tanto trabajadores activos como jubilados.

Entre los argumentos expuestos, el sindicato señaló el creciente endeudamiento de los docentes, la necesidad de recurrir al pluriempleo para complementar ingresos y la sobrecarga laboral que enfrentan muchos trabajadores del sector.

Para la organización gremial, estos factores configuran un escenario que consideran cada vez más complejo y que demanda respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.

Otro de los ejes centrales del reclamo es la preocupación por una eventual reforma previsional. Desde Agmer sostienen que cualquier modificación que implique una reducción de derechos o ingresos para trabajadores y jubilados agravaría aún más la situación económica del sector.

Por ese motivo, el paro del 24 de junio se desarrollará en conjunto con las acciones impulsadas por la Multisectorial, que viene manifestando su rechazo a posibles cambios en el sistema previsional entrerriano.

Además del reclamo salarial y previsional, el gremio incluyó entre sus demandas la actualización de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.

Desde la conducción sindical señalaron que la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje requiere no solo una recomposición de los salarios docentes, sino también recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las escuelas y la atención de los estudiantes.

Nogoyá.– Desde el martes y hasta el 1° de julio, según el cronograma fijado por las autoridades judiciales, se llevará a cabo en nuestra ciudad el juicio oral y público contra César Roberto Cepeda. El imputado, oriundo de la localidad de Lucas González y quien se desempeñó como empleado de una empresa vinculada al gobierno provincial, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por una denuncia gravísima. En esta oportunidad, nuevamente bajo la modalidad de juicio por jurados, como sucedió con el caso del crimen de Beatriz Fernández en agosto del año pasado.

Ahora un cuerpo de ciudadanos seleccionados previamente, será el encargado de evaluar las hipótesis de la acusación y de la defensa, determinando la culpabilidad o inocencia del encausado respecto de los cargos por presunto abuso sexual en perjuicio de sus dos pequeñas sobrinas.

La investigación penal preparatoria sitúa los hechos en el contexto del ámbito familiar, señalando que las presuntas agresiones ocurrieron cuando las víctimas tenían apenas 3 y 6 años de edad. De acuerdo a las constancias del expediente, los abusos habrían tenido lugar en la vivienda del acusado y su esposa —hermana de la madre de las damnificadas— durante el período de restricciones por la pandemia, oportunidad en que las niñas quedaban al cuidado de sus tíos maternos mientras sus progenitores cumplían con sus respectivas jornadas laborales.

La causa tomó estado público a partir de las denuncias formuladas por el padre de las menores, quien expuso las severas dilaciones que venía sufriendo el trámite en las oficinas judiciales.

El laberinto procesal del caso sumó idas y vueltas que retrasaron significativamente el inicio del debate. En el año 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, dispuso la elevación de la causa a un juicio oral de tipo común, resolución que fue confirmada en las instancias ordinarias de revisión. No obstante, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos terminó revirtiendo dicha medida tras un planteo articulado por el abogado defensor de Cepeda, Walter Martínez. El máximo tribunal provincial ordenó retrotraer las actuaciones para que el caso fuera encuadrado bajo la Ley de Juicio por Jurados. Dicha estrategia de la defensa técnica significó una postergación de cuatro años en el avance del expediente, hasta que el año pasado la jueza de Garantías subrogante, María Gabriela Tepsich, remitió finalmente la causa a juicio bajo los nuevos parámetros requeridos.

A partir de esta semana, las audiencias de debate ciudadano contarán con la coordinación y dirección técnica del magistrado Dardo Tórtul. En la antesala del juicio, el padre de las menores, expresó la expectativa de la familia de concluir un proceso que el próximo 1 de julio cumplirá exactamente seis años desde la presentación de la primera denuncia formal. Asimismo, el progenitor recordó que Cepeda se encuentra actualmente bajo medidas de restricción de acercamiento hacia las niñas y sus padres, luego de haber transitado una etapa previa de prisión domiciliaria que el imputado habría incumplido, manifestando el anhelo familiar de que el tribunal popular dicte una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo en una unidad penal.

El Banco Nación anunció una nueva herramienta destinada a clientes que mantienen deudas dentro de la entidad y necesitan reorganizar sus compromisos financieros. Se trata de un préstamo personal para unificación de deudas que permitirá consolidar obligaciones en una única cuota mensual, con plazos de financiación de hasta 120 meses.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la entidad para acompañar a los usuarios y evitar situaciones de mora, especialmente entre quienes presentan cuotas vencidas e impagas, pero conservan una situación crediticia considerada normal o con bajo nivel de riesgo.

Según se informó, el objetivo es brindar una alternativa que permita ordenar las finanzas familiares, preservar el historial crediticio y adecuar la carga mensual de los compromisos asumidos.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la posibilidad de extender los plazos de pago hasta diez años, lo que reduce significativamente el importe de las cuotas mensuales.

La línea funciona bajo la modalidad UVA, con la opción de incorporar una cobertura CER-CVS que limita el impacto de la actualización de las cuotas, permitiendo que los aumentos no superen la evolución de los salarios.

El financiamiento podrá cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de 100 millones de pesos. El dinero no se entrega al cliente, sino que se aplica directamente a cancelar las obligaciones existentes dentro del Banco Nación.

Desde la entidad señalaron que el esquema busca mejorar la capacidad de pago de los clientes. Como ejemplo, una deuda de un millón de pesos que actualmente representa una cuota aproximada de 67.670 pesos en un plazo de 36 meses podría transformarse en una cuota inicial cercana a los 15.279 pesos con financiación a 120 meses bajo la modalidad UVA. En caso de optar por la cobertura CER-CVS, la cuota inicial ascendería a 16.030 pesos.

La tasa prevista es de 10% anual más actualización UVA. Quienes elijan la cobertura adicional deberán afrontar un punto porcentual extra.

La operatoria estará disponible desde el 25 de junio en todas las sucursales del Banco Nación.

El beneficio está destinado a clientes que perciben sus haberes a través de la entidad. Aquellos usuarios que no tengan acreditado su sueldo en el banco deberán gestionar el traspaso de su cuenta sueldo para acceder al programa.

Desde el Banco Nación destacaron que la iniciativa busca ofrecer herramientas financieras responsables para acompañar a las familias en el ordenamiento de sus obligaciones, fortaleciendo su capacidad de pago y reduciendo el riesgo de incumplimiento en un contexto económico que continúa exigiendo una administración cuidadosa de los ingresos.

Victoria.- La Comisión Organizadora del Carnaval de Victoria presentó el balance financiero correspondiente a la edición 2025, que arrojó un resultado negativo de 3,4 millones de pesos, una cifra que representa apenas el 1,84% del total de ingresos generados por la fiesta.

Según explicó la directora de Turismo municipal, María Belén Gil, los ingresos alcanzaron los 176,9 millones de pesos, provenientes principalmente del canon abonado por el concesionario privado y de las tasas vinculadas al espectáculo.

Por su parte, los egresos totalizaron 180,1 millones de pesos, de los cuales cerca de 168 millones fueron destinados al pago de las distintas expresiones carnavaleras. El resto correspondió a gastos operativos, logística y organización.

La funcionaria destacó además que el concesionario realizó una inversión en especies valuada en aproximadamente 150 millones, incluyendo tribunas, cantinas, baños químicos, mesas, sillas, pantallas LED y otros elementos necesarios para el desarrollo de las seis noches de carnaval.

Entrevistada por Paralelo32, Gil remarcó que el objetivo de la fiesta no es generar ganancias para el municipio, sino garantizar su realización y promover la actividad económica local. En ese sentido, señaló que el evento tuvo impacto positivo en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios turísticos de la ciudad.

“Es una mirada integral. Más allá del balance financiero, el carnaval genera movimiento económico, ocupación hotelera y consumo en distintos sectores”, sostuvo.

Respecto a la organización de futuras ediciones, indicó que la comisión actual concluyó formalmente sus funciones tras la presentación del balance. No obstante, confirmó que ya se realizaron reuniones con las comparsas y expresiones carnavaleras para analizar posibles modificaciones al reglamento y comenzar a trabajar en la planificación del próximo carnaval.

Desde el área de Turismo consideran que la edición 2025 logró cumplir sus objetivos principales, sostener la fiesta, mantener una entrada accesible para el público y generar actividad económica para Victoria.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este jueves un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para compensar y regularizar deudas entre la Nación y las provincias.

La rúbrica se llevó a cabo en Casa de Gobierno, durante la visita que el titular de la cartera económica nacional realizó a Entre Ríos para desarrollar una agenda de actividades institucionales junto a autoridades provinciales.

Uno de los puntos centrales del convenio establece la transferencia a favor de la provincia de distintos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Los bienes serán incorporados al patrimonio provincial tomando como referencia el valor determinado por las tasaciones correspondientes.

Además, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de acreencias a favor de Entre Ríos vinculadas a la actualización del Consenso Fiscal, así como también de un saldo pendiente derivado de convenios firmados con anterioridad entre ambas jurisdicciones.

Desde el gobierno entrerriano destacaron que la firma del entendimiento representa un paso importante para avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras entre Nación y provincia, permitiendo además generar nuevas herramientas para el desarrollo de políticas públicas.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de los inmuebles provenientes del ex Procrear podría contribuir a fortalecer iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y al acceso a la vivienda, dos áreas que continúan siendo prioritarias para la gestión provincial.

El acuerdo se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para regularizar las relaciones financieras con las provincias, mediante la compensación de créditos y deudas existentes entre las distintas jurisdicciones.

El estudio, elaborado a partir del Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), que desarrolla la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC), analiza el comportamiento de los principales sectores productivos de la provincia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, incorporando además datos sectoriales actualizados al primer trimestre de 2026.

Según el informe, la economía entrerriana registró en diciembre de 2025 un crecimiento interanual del 1,2%. De esta manera, se mantuvo la tendencia positiva observada desde fines de 2024 y en sintonía con la evolución de la actividad económica nacional. Sin embargo, el trabajo advierte que las tasas de crecimiento fueron perdiendo intensidad a lo largo del año, marcando una desaceleración hacia el cierre del período.

Entre los sectores más relevantes de la economía provincial, el complejo agroindustrial mostró desempeños dispares. Con datos correspondientes a marzo de 2026, la molienda de trigo creció 6,7% interanual, mientras que la de soja aumentó 2,1%.

La principal excepción fue la molienda de arroz, actividad en la que Entre Ríos concentra más del 70% de la producción nacional. En este caso, se observó una caída del 15% respecto al mismo período del año anterior.

Uno de los sectores más afectados fue la industria aceitera, que registró una retracción del 46% interanual. El informe atribuye esta situación a una combinación de factores, entre ellos una menor disponibilidad de materia prima, el incremento de los costos de producción y cambios en los incentivos vinculados a las exportaciones.

La actividad avícola volvió a consolidar el protagonismo de Entre Ríos a nivel nacional. La provincia concentró el 52% de la faena total del país y registró un crecimiento interanual del 9%.

También se destacó el dinamismo de la producción porcina, cuya faena aumentó 23% respecto de marzo de 2025.

Por el contrario, la actividad bovina mostró una caída del 8% interanual, en línea con lo ocurrido a nivel nacional. El informe vincula esta disminución con la reducción del stock ganadero provocada por diversos eventos climáticos adversos registrados en los últimos años.

Los indicadores asociados al consumo y la actividad productiva presentaron, en general, resultados favorables.

El consumo total de energía eléctrica aumentó 1% interanual, mientras que el consumo de gas registró una suba del 10%. A su vez, la demanda total de combustibles creció 7%, impulsada principalmente por una mayor utilización de gasoil grado 3.

En el sector automotor también se observaron señales de recuperación. El patentamiento de vehículos mostró una mejora del 2% respecto del mismo período del año anterior, en un contexto caracterizado por una mayor estabilidad macroeconómica y mejores condiciones de financiamiento para la compra de bienes durables.

A pesar de la mejora en diversos indicadores productivos, el mercado laboral formal continúa mostrando signos de fragilidad.

De acuerdo con los datos relevados por el IIES, el empleo asalariado privado registrado cayó 1% interanual en marzo de 2026. Esta situación refleja un escenario de estancamiento en la generación de puestos de trabajo y limita el impacto de la recuperación económica sobre el conjunto de la población.

Como conclusión, el informe sostiene que la economía entrerriana continúa transitando una senda de crecimiento moderado, impulsada principalmente por el desempeño de sus principales cadenas agroindustriales.

No obstante, advierte que la debilidad del empleo formal y la contracción de algunos sectores industriales obligan a mantener una mirada cautelosa sobre la evolución de la actividad en los próximos meses. La consolidación de la recuperación dependerá, entre otros factores, de la reactivación de los sectores más rezagados, la estabilidad de los costos de producción y la capacidad de sostener las inversiones y el empleo en un contexto que todavía presenta importantes desafíos.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, encabezaron este jueves en Paraná la apertura de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un ámbito que reúne a ministros y responsables de las finanzas públicas de todo el país para coordinar políticas vinculadas a la administración de los recursos del Estado.

Durante el encuentro, realizado en la capital entrerriana, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar la responsabilidad fiscal y avanzar hacia un esquema de mayor autonomía provincial, en el marco de los debates que se proyectan sobre una futura reforma tributaria.

Al dirigirse a los representantes de las distintas jurisdicciones, Frigerio destacó el valor institucional del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y sostuvo que el país atraviesa una etapa que exige nuevos acuerdos entre la Nación y las provincias.

"Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal", afirmó el mandatario, quien además reivindicó el papel del federalismo como una construcción que requiere herramientas institucionales sólidas para sostenerse en el tiempo.

En ese sentido, señaló que espacios de coordinación como el Consejo permiten fortalecer la relación entre los distintos niveles del Estado y generar reglas comunes para la administración de los recursos públicos.

El gobernador recordó además su participación histórica en iniciativas vinculadas a la coordinación fiscal entre provincias y Nación, y valoró la continuidad del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas.

Durante su intervención también hizo referencia a los desafíos que enfrenta Entre Ríos en materia de desarrollo económico y transformación productiva. Como ejemplo mencionó la evolución del Mirador Tec, convertido en un espacio vinculado a la economía del conocimiento y la innovación tecnológica.

Por su parte, el ministro de Economía de la Nación sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la presión tributaria y la generación de condiciones que favorezcan la inversión privada.

"Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada", expresó Caputo.

El funcionario consideró que esos factores resultan fundamentales para generar confianza y estimular la actividad económica, tanto a nivel nacional como provincial.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor federalismo, con provincias más fortalecidas y con menor dependencia financiera del gobierno nacional.

La reunión contó además con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, junto a equipos técnicos provinciales y representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

El organismo funciona como un ámbito de coordinación entre las distintas jurisdicciones del país y tiene entre sus objetivos promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos, el equilibrio fiscal y la adopción de buenas prácticas en la administración estatal.

La realización del encuentro en Paraná volvió a ubicar a Entre Ríos como sede de una instancia clave para el análisis de las políticas fiscales y financieras que involucran a la Nación y las provincias, en un contexto donde el debate sobre el federalismo y la distribución de recursos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación de los pequeños comerciantes de la provincia. Entre las iniciativas se destacan la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C y un subsidio en la tarifa eléctrica que comenzará a aplicarse a partir de julio.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

"Estamos dando un mensaje a miles de entrerrianos que todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan salarios y sostienen una parte importante de nuestra economía local", expresó Frigerio al presentar las medidas.

El mandatario provincial explicó que ya firmó el proyecto de ley que fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a los comerciantes adheridos al monotributo en las categorías A, B y C.

"Estamos hablando de más de 20.000 comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto", precisó.

La medida apunta especialmente a pequeños comerciantes que, según señaló el gobernador, enfrentan no solo las dificultades económicas generales sino también transformaciones en los hábitos de consumo y nuevas formas de comercialización que incrementan la competencia.

Además, quienes se encuentren en categorías superiores del monotributo accederán a la exención de una cuota anual del régimen simplificado, siempre que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Otra de las medidas anunciadas es un subsidio en la factura de energía eléctrica destinado a los mismos contribuyentes alcanzados por la exención impositiva.

Frigerio explicó que el beneficio busca compensar parte de uno de los principales costos operativos de los pequeños comercios.

"Vamos a estar subsidiando lo que representa, por ejemplo, el consumo de una heladera donde se exhiben productos o un equipo de aire acondicionado. No podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero sí acompañar a quienes sostienen la actividad comercial de nuestras ciudades", afirmó.

Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el beneficio se aplicará automáticamente mediante un cruce de información entre ATER, Enersa y las cooperativas eléctricas de la provincia.

"No será necesario realizar ningún trámite. El descuento se verá reflejado directamente en la factura a través de la bonificación del cargo fijo", explicó.

La medida tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre, aunque no se descarta su continuidad una vez evaluados los resultados.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, estimó que más de 50.000 contribuyentes se verán beneficiados por el conjunto de medidas anunciadas.

Asimismo, informó que el costo fiscal para la provincia rondará los 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año.

"Es un esfuerzo importante que puede sostenerse gracias al proceso de ordenamiento y eficiencia del gasto público que viene llevando adelante la provincia", señaló.

En cuanto a la implementación de la exención de Ingresos Brutos, el ministro Fabián Boleas aclaró que una vez sancionada y reglamentada la ley, el beneficio será automático y no requerirá gestiones por parte de los contribuyentes.

Durante la conferencia, Frigerio también invitó a los municipios a sumarse con medidas similares de alivio tributario.

El gobernador recordó que la provincia viene impulsando distintos incentivos para la inversión privada y consideró importante que los gobiernos locales acompañen con políticas de reducción de cargas fiscales.

"La política de alivio impositivo a quienes trabajan, producen y generan empleo forma parte de nuestro ADN como gestión. Queremos que los municipios también se sumen a este esfuerzo para acompañar a un sector que hoy atraviesa desafíos importantes", concluyó.

La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) presentó este martes ante senadores provinciales una serie de objeciones al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos. La exposición tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta.

La delegación estuvo encabezada por el secretario general de la entidad, Mario Barberán, acompañado por el secretario adjunto Martín Santana, el secretario Legal y Técnico César Cruz y el secretario de Prensa y Difusión Hernán Miño.

Según informó la organización gremial, fue el único sector que realizó una presentación conjunta, distribuyendo entre sus representantes los aspectos económicos, sociales, institucionales y jurídicos vinculados al proyecto que actualmente analiza la Legislatura.

Durante su intervención, Barberán sostuvo que la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial no incorpora los planteos realizados por los distintos sectores sindicales durante las instancias de diálogo desarrolladas en los últimos años.

El dirigente señaló que, una vez conocido el texto definitivo, la Federación consideró que el proyecto generaría consecuencias negativas para los trabajadores estatales y, particularmente, para el sector municipal.

Asimismo, advirtió que los efectos de la reforma podrían extenderse también a las administraciones locales.

Por su parte, Hernán Miño cuestionó el mecanismo previsto para la actualización de los haberes jubilatorios y sostuvo que la diversidad salarial existente entre los más de 70 municipios entrerrianos requiere contemplar realidades diferentes.

Desde la entidad señalaron que los trabajadores municipales ya realizan aportes adicionales al sistema previsional y advirtieron que una eventual reducción en los ingresos de los jubilados tendría impacto directo en las economías locales.

En ese sentido, argumentaron que gran parte de esos recursos se destinan al consumo cotidiano dentro de las propias comunidades, por lo que cualquier disminución del poder adquisitivo podría repercutir en la actividad comercial de las ciudades.

Otro de los planteos fue realizado por Martín Santana, quien sostuvo que los municipios no constituyen uno de los principales factores que explican el déficit previsional provincial.

De acuerdo con datos citados por FESTRAM, el sistema municipal representaría alrededor del 4% del déficit total, por lo que consideró injustificado atribuirle una incidencia determinante en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

Además, expresó preocupación por los cambios propuestos en el régimen de movilidad jubilatoria y advirtió que podrían generar diferencias entre los incrementos salariales obtenidos en las negociaciones municipales y las actualizaciones de los haberes previsionales.

La exposición concluyó con la intervención del secretario Legal y Técnico de la Federación, César Cruz, quien desarrolló un análisis jurídico sobre distintos artículos del proyecto.

Según manifestó, la iniciativa presenta aspectos que podrían generar controversias respecto de su compatibilidad con principios establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y diversos tratados internacionales vinculados a los derechos sociales y previsionales.

Entre los puntos observados mencionó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la protección de derechos adquiridos y los principios de progresividad y no regresividad que rigen en materia previsional.

Desde la entidad también advirtieron que la aprobación de la reforma podría derivar en futuros reclamos judiciales por parte de los sectores alcanzados.

Al finalizar la reunión, FESTRAM ratificó su rechazo al proyecto y solicitó a los legisladores provinciales una revisión integral de la iniciativa.

La organización sostuvo que cualquier modificación al sistema previsional debería contemplar las particularidades del ámbito municipal y garantizar la protección de los derechos de trabajadores activos y jubilados.

Mientras el debate legislativo continúa en el Senado, distintos sectores sindicales, técnicos y políticos siguen exponiendo sus posiciones sobre una reforma que se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda provincial.

La asfixia financiera que atraviesa la provincia de Entre Ríos ha llegado a un punto crítico, manifestándose de manera dramática en pequeñas localidades como Hernández. Mientras los intendentes recurren a medidas desesperadas para cumplir con sus obligaciones básicas, el sector inmobiliario –que ha demostrado ser uno de los más dinámicos a nivel nacional, con marcada generación de empleo– se encuentra en el centro de una disputa entre la necesidad de inversiones y las barreras corporativas impuestas por el Colegio de Corredores Inmobiliarios Públicos de Entre Ríos (CCPIER), en un escenario nacional que camina hacia la desregulación total promovida por el ministro Federico Sturzenegger.

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, ha encendido las alarmas al confirmar que evalúa la subasta pública de terrenos, inmuebles y vehículos municipales para poder hacer frente al pago de los aguinaldos. Esta medida extrema responde a una caída sostenida en la recaudación: en febrero, la localidad recibió 30 millones de pesos menos que el año anterior, acumulando casi diez meses de retroceso en los recursos coparticipables.

Gaioli explicó que el municipio depende en un 70% u 80% de la coparticipación, y que ante el aumento de la inflación y los costos operativos, se ha generado un “cuello de botella” financiero. La situación es compartida por otros municipios pequeños que actúan como “primera barricada” ante una demanda social creciente que el Estado local ya no puede sostener.

Este escenario de escasez en Hernández se enmarca en una crisis provincial mayor. Bajo la gestión de Rogelio Frigerio, Entre Ríos registró una pérdida de aproximadamente $51.225 millones en el primer trimestre por la caída de la coparticipación. Ante esto, el gobernador ha intentado atraer capitales privados mediante el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ofrece exenciones impositivas por 15 años.

Sin embargo, estos planes de desarrollo chocan con lo que algunos sectores denominan un “enemigo interno”: el Colegio de Corredores Inmobiliarios (CCPIER). La institución mantiene una política antifranquicias y antiredes que ha frenado el desembarco de marcas internacionales y redes como Red Like Entre Ríos.

A pesar de que el gobierno provincial busca fortalecer la articulación público-privada, la postura monopólica del Colegio es vista como un obstáculo para que Entre Ríos deje de ser la “hermana pobre” de la Región Centro.

El conflicto local se produce en un momento en que el Gobierno Nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara un proyecto de ley para eliminar la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para el corretaje inmobiliario.

Sturzenegger ha calificado de “aberración social” el hecho de que un colegio profesional fije precios mínimos o imponga barreras de entrada que encarezcan el servicio para los ciudadanos.

La iniciativa de desregulación busca transformar la actividad inmobiliaria de una “pseudo-profesión cerrada” a un servicio comercial competitivo. Entre los cambios previstos se encuentran el fin de las restricciones geográficas (la posibilidad de operar en cualquier provincia sin convalidación local, como ocurre actualmente), los honorarios libres (eliminación de aranceles mínimos para que las partes negocien comisiones) y la pérdida del poder sancionatorio (los Colegios ya no podrán controlar a los operadores y los conflictos irán a la Justicia).

Ante este avance, el CCPIER y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) se han declarado en estado de “batalla”, argumentando que la eliminación de controles afectará la seguridad jurídica de los ciudadanos. No obstante, para muchos observadores, el contraste es inevitable: mientras las estructuras corporativas luchan por mantener sus privilegios de matriculación, intendentes como Gaioli se ven obligados a rematar el patrimonio público para que los trabajadores puedan cobrar sus haberes.