Asunción, 30 de julio de 2025.- Esta mañana, el juez de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, resolvió enviar a juicio oral y público al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. La decisión fue adoptada tras concretarse la audiencia preliminar, celebrada entre las 9:00 y las 11:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.

Kueider y Guinsel arribaron al juzgado bajo custodia de la Policía Nacional paraguaya, dado que actualmente cumplen arresto domiciliario. La medida forma parte tanto del proceso por contrabando como del pedido de extradición impulsado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desde la República Argentina.

Durante la audiencia, la defensa de la pareja —a cargo de los abogados Carlos Arévalo y Marcelo Bogado— solicitó la nulidad de la acusación y la exclusión de las grabaciones obtenidas por las cámaras de Aduanas en el Puente de la Amistad, que registraron el intento de ingreso de más de USD 200.000 sin declarar el pasado 4 de diciembre. Ambos pedidos fueron rechazados por el magistrado Otazú, quien justificó la celeridad de la audiencia al señalar que se presentaron "pocas incidencias" procesales.

“El hecho punible que se les atribuye es tentativa de contrabando. Así se inició el proceso y así lo ratificó hoy también el Ministerio Público”, explicó Otazú en declaraciones a El Observador de Paraguay. Aclaró además que la defensa sostiene una “interpretación jurídica distinta” respecto a lo que debe considerarse bien o mercancía, un punto que será debatido durante el juicio.

La pareja continúa detenida preventivamente, aunque han ofrecido como fianza un inmueble valuado en 500 millones de guaraníes (unos 4 mil dólares cada uno), que fue aceptado por la Justicia paraguaya. Ese monto fue requerido también en el marco del proceso de extradición iniciado por Argentina.

Este último punto cobra especial relevancia, ya que la continuidad del proceso judicial paraguayo incidirá directamente en el tratamiento del pedido de extradición. Según confirmó el juez Rolando Duarte, Kueider y Guinsel rechazaron la “fórmula simple” —que implicaría aceptar el traslado sin juicio—, lo que obliga ahora a realizar un proceso completo de extradición. El juzgado argentino cuenta con un plazo de 45 días para remitir la documentación necesaria.

En Argentina, ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de lavado de activos. No obstante, el pedido de extradición aún no incluye otras figuras penales, aunque la causa continúa abierta.

Con la causa elevada a juicio oral en Paraguay, se espera que en las próximas semanas se defina el tribunal competente y la fecha del debate. El proceso podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países en casos de criminalidad económica transnacional.

El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, detenido el pasado 4 de diciembre de 2024 en Paraguay al intentar ingresar al país con 200.000 dólares en efectivo sin declarar, sostuvo su inocencia, aseguró que la causa en su contra está basada en datos “irrisorios” y manifestó su deseo de regresar a la Argentina para reencontrarse con sus hijos, aunque teme que su destino sea la cárcel de Ezeiza.

"Quiero volver a ver a mis hijos. Quiero volver a Argentina. Nunca me quise quedar en Paraguay. Estoy en prisión domiciliaria por una cuestión de arraigo, porque soy argentino. Me podía haber ido esa misma noche. Nunca estuve detenido", expresó en declaraciones al canal Canal 9 Litoral.

Kueider afirmó que respeta las leyes “a rajatabla” y apuntó contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante la investigación en su contra en Argentina, acusándola de impulsar una detención injusta.

“Me parece injusto que, si tengo que volver a la Argentina, tenga que ir al penal de Ezeiza porque la señora jueza quiere mostrar no sé qué cuestión. No entiendo semejante avasallamiento a los derechos, semejante violación al principio de inocencia”, subrayó.

El exlegislador también rechazó cualquier vínculo entre los fondos incautados y la causa Securitas, en la que se investiga el presunto pago de sobornos en contrataciones de seguridad privada en Entre Ríos. La jueza Salgado apunta a esa trama como posible conexión con el lavado de activos.

“Hay cosas totalmente irrisorias. Está todo agarrado de los pelos. Claramente hay una intencionalidad de construir una causa más grande para justificar una prisión preventiva. Es una falsa denuncia que la jueza no se ha molestado en investigar”, aseguró.

Kueider fue más allá y habló de un "armado" en su contra: “Inventan una asociación ilícita, fundando un lavado de activos con datos incomprensibles. Esto ha causado un daño irreparable a mí y a mucha gente. Yo creo que hay que evaluar el accionar de la Justicia en este caso, y lo voy a hacer”.

Aunque evitó brindar detalles, el entrerriano indicó que sus abogados ya cuentan con una explicación sobre el origen del dinero que transportaba, el cual –según él– no le pertenecía: “Es un dinero procedente de Paraguay, de otras operaciones que no son mías. Me arrepiento de haber accedido a recibirlo para trasladarlo ahí mismo”, dijo.

Por último, Kueider criticó la cobertura mediática del caso: “La imagen es condenatoria. Lo que han construido los medios y las hipótesis que han inventado son desastrosas. Uno ya está sentenciado con este tema”.

La causa sigue en investigación, con intervención de la Justicia Federal, mientras el exsenador permanece bajo prisión domiciliaria en Paraguay a la espera de una resolución sobre su situación judicial.

Mediante el Decreto Nº 47, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dispuso la apertura de una Información Sumaria en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con el fin de esclarecer posibles irregularidades administrativas registradas en material audiovisual correspondiente a los años 2018 y 2019. La medida fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial Nº 28.076.

Los registros en cuestión, difundidos recientemente por medios de alcance nacional y provincial, muestran a funcionarios y empleados públicos manipulando dinero en efectivo en oficinas del Estado provincial. Entre las personas identificadas en los videos se encuentra Edgardo Kueider, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario General de la Gobernación, junto a otros cuatro agentes del Poder Ejecutivo.

La investigación fue encomendada a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, a quien se le otorgó la facultad de requerir colaboración de organismos como la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y cualquier otra dependencia provincial que considere necesaria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la medida tiene un carácter estrictamente administrativo y se desarrolla de manera independiente a las actuaciones judiciales que pudieran estar en curso. El objetivo es establecer posibles responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes si se verifican irregularidades, y resguardar los principios de transparencia, legalidad y ética pública que deben regir el accionar de la administración estatal. Asimismo, se contempla la posibilidad de avanzar en acciones de recupero en caso de comprobarse perjuicios económicos para el Estado.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy el amparo del expulsado ex senador del PJ entrerriano Edgardo Kueider para recuperar su banca y confirmó una decisión de primera instancia que avaló lo resuelto luego de la detención del legislador en Paraguay cuando intentaba ingresar con dólares sin declarar.

El Tribunal de Apelaciones ratificó que el amparo debe ser desestimado "in limine" porque la "valoración y votación de los miembros del Senado con respecto a la habilidad moral del amparista, se halla reservada al seno de ese órgano", según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.  

Ante esto, el ex senador seguirá sin fueros parlamentarios que eviten ser detenido en Argentina, donde tiene dictada captura internacional.

Los camaristas Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge  Aleman resolvieron que “no corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que les son propias y exclusivas”.

En diciembre pasado, Kueider presentó un amparo para declarar inválida la sesión del Senado donde se lo expulsó de la banca por "inhabilidad moral" y la presentación fue rechazada "in limine" por un Juzgado de primera instancia. Ese fallo llegó en apelación a la Cámara, que se negó a habilitar la feria judicial de enero para tratarlo y ahora resolvió rechazar la apelación.

"La facultad de revisión judicial encuentra su límite en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado, ya que la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues, de lo contrario, sería manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación", agregó el Tribunal.

Kueider reclamó la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de la Sesión Pública Especial del 12 de diciembre de 2024, en la que se votó y se dispuso su remoción del cargo de senador nacional.

Sostuvo que "fue ilegítima y arbitrariamente" removido pues la vicepresidenta Victoria Villarruel, al presidir la sesión, violó artículos constitucionales porque en ese momento "estaba reemplazando al Presidente (Javier Milei) en el ejercicio de sus funciones, pues este no se hallaba en el país por lo cual no debió, al mismo tiempo, haber presidido el Senado".

Además, sostuvo que se violó su derecho a defensa por no dejarlo presentar un descargo. Al momento de esa sesión Kueider ya tenía arresto domiciliario en Paraguay por intento de contrabando de 200 mil dólares y luego se sumó un pedido de captura internacional por parte de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Sobre el rol de Villarruel, el Tribunal de Apelaciones consideró que "en nada modifica lo resuelto" la afirmación de que "la Presidente del Senado estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional".

"Ello toda vez que, al tiempo de intervenir como presidente del cuerpo en la Sesión cuestionada, aún no había sido notificada de la ausencia del Titular del Poder Ejecutivo Nacional, y por lo tanto, no se había hecho cargo de esa función", determinó el Tribunal.

En cuanto a la remoción de Kueider la decisión "fue adoptada sobre tablas y por el voto de más de dos terceras partes de los integrantes de ese cuerpo".

"Corresponde destacar que, en primer lugar, cuando el Senado sesiona en pleno y con las mayorías indicadas, puede asumir sobre tablas el tratamiento de las cuestiones que regularmente constituirían materia del tratamiento en comisión", concluyó la sentencia.

El diputado nacional Gustavo Bordet salió al cruce de una publicación que lo dejaba fuera de la contienda electoral de este año y que, en cambio, ubicaba a Guillermo Michel como el candidato elegido por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa para encabezar la lista de senadores. Bordet denunció que se trata de una operación política y advirtió que hay sectores interesados en “embarrar la cancha”.

“Es una operación más, no es la primera ni será la última, para embarrar la cancha. Evidentemente, hay algún sector preocupado por las candidaturas del año próximo. Yo construyo política desde otro lugar, no con chicanas”, señaló el legislador en declaraciones públicas.

Bordet se refirió a la situación del justicialismo en Entre Ríos y a las próximas elecciones legislativas, dejando en claro que el armado de listas no responde a decisiones unilaterales o a acuerdos entre dirigentes nacionales.

“Ya lo he dicho: las candidaturas se generarán por consensos. Nuestro rol como oposición exige una reconfiguración del escenario político y la estrategia electoral. No hay acuerdos de cúpulas ni bendecidos”, enfatizó.

Asimismo, destacó su trayectoria dentro del peronismo entrerriano y reafirmó su compromiso con la militancia y representación de su partido en el Congreso. “Hoy represento a mi partido en el Congreso Nacional, fui reelecto como intendente y también como gobernador de la misma fuerza a la que pertenezco desde hace décadas”, afirmó.

Bordet también dejó en claro que seguirá ejerciendo el rol opositor que le asignó el electorado entrerriano en las últimas elecciones provinciales.

“Formo parte de un esquema político y voy a seguir ejerciendo el rol opositor que la ciudadanía entrerriana le dio al justicialismo”, concluyó.

El escándalo protagonizado por el senador peronista Edgardo Kueider, detenido en diciembre en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, sigue generando consecuencias en la política entrerriana. La figura del diputado y exgobernador Gustavo Bordet, quien fue uno de los principales referentes del justicialismo en la provincia, se ve cada vez más debilitada, alejándolo de la posibilidad de encabezar la lista del PJ al Senado en las próximas elecciones.

Kueider, conocido como la mano derecha de Bordet durante años, protagonizó un escándalo que golpeó directamente al peronismo entrerriano. La detención del senador en el puente internacional que une Paraguay y Brasil no pudo ser desvinculada del exgobernador, pese a los intentos de Bordet por marcar distancia. Este hecho, sumado al desgaste político tras el fin de su mandato provincial, lo habría llevado a decidir permanecer en su banca en la Cámara de Diputados, donde tiene mandato hasta 2027, y declinar su candidatura al Senado.

Mientras Bordet se repliega, las negociaciones en Buenos Aires avanzan con fuerza. Según informa “Letra P”, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa ya habrían acordado apoyar la candidatura al Senado de Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas durante el gobierno de Alberto Fernández.

El acuerdo también establecería que las candidaturas para Diputados queden en manos de los intendentes Rosario Romero (Paraná) y José Lauritto (Concepción del Uruguay), quienes lideran las dos ciudades más importantes gobernadas por el peronismo en la provincia.

El segundo puesto en la lista al Senado, de difícil acceso para el PJ frente al oficialismo provincial y La Libertad Avanza, podría ser ocupado por algún joven dirigente sub 40 del partido.

La injerencia de la dirigencia nacional en el armado de las listas no cayó bien en varios sectores del PJ entrerriano. Por un lado, algunos rechazan la influencia del kirchnerismo, al que consideran un lastre político en Entre Ríos. Por otro, acusan a Bordet de no enfrentar el desafío electoral en este contexto adverso, dejando al justicialismo provincial sin una figura fuerte en el escenario político.

El exintendente de Paraná y reciente candidato a gobernador, Adán Bahl, habría decidido mantenerse al margen de estas elecciones, optando por dedicarse a la actividad privada y esperar una nueva oportunidad en 2027.

El ex senador Edgardo Kueider y su secretaria privada, Iara Guinsel Costa, enfrentan nuevas circunstancias en su prisión domiciliaria en Paraguay. Por disposición del juez penal Humberto Otazú, ambos fueron trasladados a una vivienda en el barrio San Vicente de Asunción, tras ser desalojados del departamento donde inicialmente cumplían esta medida. La Comisaría 14° Metropolitana quedó encargada de supervisar su detención en el nuevo domicilio.

El traslado fue solicitado por la defensa de los imputados el pasado 20 de enero, luego de que los propietarios del departamento ubicado en el edificio Tierra Alta del Maestro, en el centro de Asunción, rescindieran el contrato de alquiler. Esta decisión fue impulsada por una solicitud del consorcio de propietarios del edificio.

El abogado defensor informó que el 14 de enero Kueider y Guinsel Costa ya se habían mudado a la nueva residencia en la calle José Félix Bogado, barrio San Vicente. El juez Otazú aceptó la solicitud y ordenó el control permanente de los imputados por parte de la Policía Nacional, garantizando el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Mientras se resuelve su situación en Paraguay, la Justicia de ese país debe decidir si acepta el pedido de extradición presentado por la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado. El requerimiento, realizado a principios de enero, busca que Kueider enfrente cargos en Argentina por enriquecimiento ilícito y otros delitos vinculados.

Según fuentes judiciales, existen dos posibles escenarios:

La jueza Arroyo Salgado negó la posibilidad de que Kueider enfrente las investigaciones en Argentina en libertad, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer el proceso. El ex legislador apeló esta decisión, que ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones.

En caso de que la extradición sea aceptada, Kueider deberá abandonar su nuevo domicilio en el barrio San Vicente para ser trasladado a Argentina, donde enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo una adicional en Entre Ríos.

El 30 de julio del año pasado marcó un punto de quiebre para la empresa Golsur, cuando esta pasó a manos de dos ciudadanos paraguayos: un abogado y un comerciante que adquirieron el 50% de las acciones cada uno, desembolsando apenas 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.200 dólares). Sin embargo, apenas dos meses después, los nuevos accionistas otorgaron un poder amplio a Iara Guinsel Consta, secretaria del exsenador argentino Edgardo Kueider, lo que levantó sospechas sobre los verdaderos propietarios y el propósito detrás de estas operaciones.

Una investigación de Infobae reveló documentos, facturas y resoluciones oficiales que destapan la compleja trama de Golsur, que incluye vínculos con Kueider, cambios societarios y poderes que habilitaron maniobras de amplio alcance en Paraguay.

Según los registros, los nuevos dueños, José Fernando Courisat y Amado Andrés Torales Benega, adquirieron las acciones de Pedro Roure Rius y María Fernanda Sbrocca por 10 millones de guaraníes cada uno. Los compradores asumieron roles clave en la firma: Torales Benega como presidente y Courisat como representante legal. Sin embargo, los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no reflejaron estos cambios, manteniendo a Roure Rius como representante legal, quien aseguró desconocer tanto a los nuevos dueños como a Kueider y Guinsel Consta.

El 15 de octubre, la secretaria de Kueider recibió un poder amplio de Courisat y Torales Benega, habilitándola para manejar la empresa. Este poder le permitía gestionar negocios, bienes e intereses, aceptar créditos, pagar obligaciones y realizar todo tipo de transacciones financieras a nombre de Golsur.

Los documentos aportados al expediente indican que Kueider y Guinsel Consta habrían buscado durante meses una sociedad para operaciones inmobiliarias en Asunción. Un empresario local confirmó que en junio intentaron adquirir cinco departamentos, pero la operación no prosperó por falta de una sociedad anónima adecuada.

En octubre, Golsur obtuvo autorización para operar en sectores como actividades inmobiliarias, construcciones civiles e industria publicitaria. Sin embargo, el domicilio registrado de la empresa, Alberdi 734 en Asunción, coincide con el de una empresa dedicada a la venta de sociedades anónimas, lo que refuerza las sospechas de irregularidades.

Actualmente, tanto Kueider como Guinsel Consta cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición para ser juzgados en el país, pero el proceso enfrenta demoras. La fiscalía paraguaya indicó que el pedido tiene defectos formales y prevé tomarse hasta cuatro meses para avanzar en la causa.

Las investigaciones bancarias sobre Golsur y posibles movimientos financieros de Kueider y Guinsel Consta podrían ser clave para determinar la existencia de delitos como lavado de activos o contrabando. Mientras tanto, la trama de Golsur sigue sumando capítulos, dejando entrever una red de maniobras con implicancias políticas, legales y económicas en ambos países.

El destituido senador nacional Edgardo Kueider, actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay por tentativa de contrabando, solicitó a través de su defensa que se habilite la feria judicial para tratar su pedido de restitución en el Senado durante el receso de verano. La solicitud fue presentada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que debe resolver el amparo ya rechazado en primera instancia.

Ayer, con el inicio de la feria judicial, se planteó que el caso de Kueider amerita tratamiento excepcional. Su abogado, Maximiliano Ruiz, sostuvo en el escrito que “el caso posee suma gravedad para la Nación y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”.

En respuesta, la Sala de Feria de la Cámara dio un primer paso al requerir la opinión de la Fiscalía sobre la habilitación del tratamiento.

Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos el 4 de diciembre en Ciudad del Este al intentar ingresar a Paraguay con 211 mil dólares sin declarar, siendo acusados de tentativa de contrabando. Actualmente, ambos permanecen bajo prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

El 12 de diciembre, el Senado celebró una sesión especial en la que se votó la expulsión de Kueider por “inhabilidad moral”, con 60 votos a favor, seis en contra y una abstención.

La defensa de Kueider presentó un amparo al considerar inválida la sesión que lo destituyó, argumentando que la misma fue presidida por la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien, según el planteo, debía ejercer como Presidenta de la Nación debido al viaje de Javier Milei a Italia.

El juez Enrique Lavié Pico rechazó el amparo “in limine”, declarando válida la sesión y aclarando que la actuación de Villarruel se ajustó a lo previsto en el artículo 57 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la defensa apeló esta decisión, buscando ahora que la Cámara Contencioso Administrativo Federal revise el fallo en plena feria judicial.

Además del amparo y de la causa penal en Paraguay, Kueider enfrenta un expediente en la justicia federal de San Isidro por presunto cobro de coimas. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de esta causa, allanó los despachos del exsenador en el Congreso y solicitó su extradición a la Argentina, al tiempo que rechazó su pedido de exención de prisión.

La Cámara deberá resolver si habilita la feria judicial para tratar el pedido de Kueider. Mientras tanto, su situación legal sigue sumando frentes y complicaciones tanto en Paraguay como en Argentina, con posibles repercusiones en el ámbito político y judicial.

Este viernes 20 de diciembre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos en el Palacio Legislativo y en el anexo del Senado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, como parte de la investigación por presunto lavado de activos que involucra al exlegislador entrerriano Edgardo Kueider.

Personal de Gendarmería Nacional, vestido de civil, ingresó al Congreso de la Nación para requisar carpetas, computadoras, pendrives y documentación de las oficinas que utilizaba Kueider. Además, fueron allanadas las oficinas de dos de sus asesores, uno de los cuales facilitó el acceso mediante el sistema de huella digital.

Las oficinas ya estaban clausuradas desde el 12 de diciembre por orden de la misma jueza, tras la aprobación unánime en la Cámara Alta de la remoción de Kueider. Este había sido detenido en Paraguay cuando intentaba cruzar al país vecino con 211.000 dólares sin declarar.

Horas antes del operativo, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó un recurso de amparo presentado por Kueider, en el que se consideraba "inválida" la sesión del Senado en la que se votó su expulsión.

Kueider, quien actualmente cumple detención domiciliaria en Asunción junto a su secretaria Iara Costa, había buscado revertir las decisiones judiciales en su contra, pero las mismas fueron desestimadas.

La jueza Arroyo Salgado solicitó formalmente a la justicia paraguaya la extradición de Kueider y Costa para ser interpelados en Argentina. El pedido también contempla allanamientos en el complejo habitacional donde ambos imputados permanecen bajo prisión domiciliaria en Asunción.

El caso de Edgardo Kueider ha generado un fuerte impacto político, no solo por las implicancias del presunto lavado de activos, sino también por su vinculación con el manejo de fondos y la posible participación de allegados en los hechos investigados.

Mientras avanza la causa en Argentina y Paraguay, las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas que podrían dar más claridad a este caso que involucra al exsenador y su entorno más cercano.

El juez federal Enrique Lavié Pico desestimó este mediodía el recurso de amparo presentado por el exsenador Edgardo Kueider para ser restituido en su banca. La resolución confirma, por el momento, el apartamiento del legislador, decidido por la Cámara alta.

Lavié Pico rechazó “in limine” el pedido de Kueider, negando la posibilidad de una medida cautelar que lo reincorporara al Senado. En su fallo, el magistrado también avaló la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel como titular de la Cámara alta, el mismo día que el presidente Javier Milei viajó a Italia. Kueider había cuestionado esta circunstancia, argumentando que Villarruel debería haber estado al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión en la que se votó su destitución.

El juez afirmó que la presencia de Villarruel en la sesión del Senado se limitó estrictamente a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que define el rol del vicepresidente como presidente del Senado, sin derecho a voto salvo en caso de empate. Según el fallo, su actuación no influyó en el resultado de la votación, ya que ningún otro senador objetó su participación.

Además, Lavié Pico argumentó que aceptar el planteo de Kueider implicaría una “nulidad por la nulidad misma”, concepto que calificó de inaceptable.

La defensa de Kueider había solicitado la nulidad de su destitución, considerando que la sesión estuvo viciada por la ausencia de Milei y el rol asumido por Villarruel. Este pedido fue acompañado por denuncias de persecución política y presunto prejuzgamiento por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante una causa en su contra.

Paralelamente, el exsenador enfrenta graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y lavado de dinero. En este marco, Kueider y su secretaria, Iara Costa, solicitaron la eximición de prisión y la recusación de la jueza Arroyo Salgado.

La magistrada ha pedido la extradición de Kueider y Costa, actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay, para indagarlos. Además, solicitó a las autoridades paraguayas el secuestro de dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, para determinar si fueron manipulados y recuperar posibles evidencias.

Mientras la Cámara alta sostiene la destitución de Kueider y la Justicia avanza en las investigaciones en su contra, el futuro del exsenador continúa siendo incierto. Sus abogados insisten en que se trata de una persecución política, mientras que las causas por corrupción y lavado de dinero siguen su curso, marcando un capítulo complejo en la carrera política de Kueider.

El ex senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa presentaron un pedido de eximición de prisión ante la Justicia argentina, mientras solicitaron que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se aparte de la causa que los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La defensa de Kueider y Guinsel Costa argumentó ante el Juzgado Federal 1 de San Isidro que la magistrada habría incurrido en "prejuzgamiento" y que ambos son víctimas de una "persecución política." Este planteo surge en el marco de una causa que involucra la compra de propiedades en Paraná mediante una sociedad atribuida a Kueider, transacciones que, según la investigación, no podrían justificarse con los ingresos obtenidos en su rol como funcionario público.

Además, el reclamo de eximición de prisión se fundamenta en la supuesta inexistencia de riesgos procesales, alegando que los imputados pueden afrontar el proceso judicial en libertad.

Kueider y Guinsel Costa se encuentran bajo arresto domiciliario en Paraguay, luego de haber sido detenidos en ese país al intentar ingresar desde Brasil con 211.000 dólares sin declarar.

En paralelo, la jueza Arroyo Salgado emitió un exhorto a Paraguay solicitando la extradición de ambos en calidad de "detenidos comunicados" para tomarles declaración indagatoria en Argentina.

La investigación en Argentina se centra en la adquisición de tres departamentos y cocheras en un edificio de Paraná, que figuran a nombre de una sociedad vinculada a Kueider. Las autoridades sospechan que dichas propiedades no pueden justificarse con los ingresos declarados durante su gestión pública, lo que llevó a la apertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Este proceso ha generado repercusiones no solo en el ámbito judicial, sino también en el político, dado el perfil del ex senador y las acusaciones que incluyen denuncias de maniobras irregulares con dinero y bienes.

El desarrollo de esta causa será clave para esclarecer la procedencia de los fondos y determinar si las acusaciones de persecución política tienen sustento o si los hechos imputados se sostienen en la evidencia recolectada hasta el momento.

Daniel González, socio del exsenador Edgardo Kueider, finalmente se presentó esta mañana en la Fiscalía de Concordia, a cargo de José Arias, donde se investiga al exlegislador por presunto enriquecimiento ilícito. González, conocido como “Gonzalito”, llegó acompañado de un abogado, mientras que también se presentó la abogada Adriana Crucitta, socia de González en varias empresas. Según una fuente de la causa, ambos “se pusieron a derecho”.

El caso se desató a partir de una denuncia que apunta a un posible incremento patrimonial injustificado de Kueider, quien actualmente está detenido en Asunción. El socio de Kueider había sido intensamente buscado en las últimas semanas por orden del fiscal Arias y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La Policía Federal llevó adelante operativos en varias localidades:

En Entre Ríos, se registraron varios domicilios asociados a González, incluida una estancia sobre la Ruta 14 que funcionaba como rotisería con un letrero que rezaba “El Mana de mi Angelito”.

La figura de González cobró relevancia al estar vinculado a la camioneta Chevrolet Trailblazer SUV negra, valuada en USD 40.000, utilizada por Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Consta, para cruzar la frontera hacia Paraguay. González había adquirido el vehículo en junio de 2021 y lo cedió a Kueider para su uso.

El expediente de Concordia, iniciado por una denuncia del vecino Eliseo Blanco tras publicaciones en el sitio El Disenso, reveló la existencia de tres departamentos a nombre de la sociedad Betail SA, vinculada al exsenador.

La causa que lleva adelante el fiscal Arias en Concordia podría quedar bajo la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó formalmente al juez de Concordia, Edwin Bastián, la remisión del expediente. Sin embargo, Arias ha mostrado resistencia a desprenderse del caso, llevando adelante nuevos allanamientos y asegurando que la investigación continúe en su jurisdicción.

Con González finalmente compareciendo ante la Justicia, se espera que avance el análisis de las pruebas, incluyendo el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados. Por ahora, la Fiscalía de Concordia sigue siendo el epicentro de una investigación que promete arrojar más revelaciones sobre el patrimonio del exsenador y su entorno.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para solicitar la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay. La medida tiene como fin tomarles declaración indagatoria en Argentina en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos graves.

El pedido formal de extradición ocurre luego de que Kueider fuera expulsado del Senado el jueves pasado por una amplia mayoría, en una sesión presidida por Victoria Villarruel tras la salida del país del presidente Javier Milei. La magistrada también solicitó el traslado de ambos detenidos al Juzgado Federal de San Isidro, así como el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder al momento de ser interceptados en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay.

Arroyo Salgado lleva adelante una causa en la que Kueider está acusado por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero. El expediente fue abierto a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, basada en información publicada por la revista Análisis y el sitio El Disenso. Según estas investigaciones, el ex senador poseería al menos tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en Paraná, a través de la sociedad Betail SA, una firma sin actividad que habría sido utilizada como pantalla.

La propiedad de estas unidades salió a la luz cuando Betail SA figuró como titular de las expensas hasta mayo pasado. Luego, las mismas aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien trabajaba en el despacho del entonces senador y con quien mantendría una relación afectiva.

Esta causa está vinculada a otra investigación anterior por el presunto pago de coimas de la firma Securitas Argentina a ENERSA entre 2016 y 2018, periodo en el que Kueider se desempeñaba como secretario general de Gobierno bajo la gestión del peronista Gustavo Bordet.

El pedido de extradición fue cursado por la jueza Arroyo Salgado a la Cancillería argentina, que debe enviarlo a la Embajada en Asunción para su trámite diplomático. Paraguay, a su vez, evaluará la solicitud a través de su Fiscalía y el Poder Judicial. El tratado bilateral de extradición entre ambos países data de 1996 y establece que los delitos imputados deben tener penas superiores a dos años para ser considerados.

Si Kueider acepta ser extraditado, se cerraría la causa en Paraguay. De lo contrario, podrá apelar y demorar el trámite judicial. La justicia paraguaya también lleva adelante una investigación contra el ex senador por intento de contrabando de divisas, delito que contempla penas de entre seis meses y dos años y medio.

La jueza también solicitó a la justicia paraguaya el allanamiento del departamento donde Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria, ubicado en el lujoso complejo Tierra Alta de Asunción. La medida incluye el secuestro de celulares, computadoras, discos externos y otros dispositivos electrónicos, con el fin de peritarlos para determinar si fueron manipulados y recuperar información relevante.

Además, solicitó que se le envíen copias legalizadas de la totalidad del proceso penal que tramita en Paraguay, incluyendo declaraciones, peritajes y pruebas digitales. La jueza busca obtener evidencia sobre la empresa Golsur SA, una firma "de maletín" utilizada para realizar inversiones en Paraguay sin que se conozca el origen del dinero involucrado.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para solicitar la invalidez de la sesión del Senado que derivó en la expulsión del ex legislador. La defensa también pidió que se declare la inconstitucionalidad de la medida y que se restituya a Kueider en su banca.

Mientras tanto, Arroyo Salgado avanza en la conexión de las causas que vinculan al ex senador con presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero. La Justicia argentina y la paraguaya continúan intercambiando información en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos países.

El titular de la Consultora Claves, Adrián Remedi, ofreció un análisis crítico sobre el primer año de gestión de los gobiernos nacional, provincial y municipal en diálogo con el programa ‘Hoy y Mañana’ que se emite por LT14 Radio Nacional. Además, se refirió al panorama político de Entre Ríos, incluyendo el rol del peronismo, la figura de Rogelio Frigerio y la influencia de las redes sociales en la construcción de relatos políticos.

Para Remedi, los gobiernos suelen construir una realidad ajustada a sus intereses, alejándose de las verdaderas problemáticas sociales. “Estamos en la era de la post-verdad. Los gobiernos tienen esa mala costumbre de armarse su propia realidad según sus necesidades y circunstancias. La verdadera realidad es la pobreza, la marginación, el hambre”, afirmó.

Remedi señaló que esta desconexión se amplifica con las redes sociales, las cuales “te hacen ver una realidad que no es”. En contraposición a los discursos oficiales que destacan avances macroeconómicos o una baja en la inflación, el consultor enfatizó: “La realidad es diferente; hay más pobres en las calles y más personas buscando comida en los contenedores”.

El crecimiento del individualismo y la percepción errónea de pertenencia a una clase media fue otro punto de análisis: “En realidad, todos somos pobres, y cuando uno se arma un relato, empiezan los problemas porque tarde o temprano la realidad te lleva puesto”.

Remedi también vinculó el ascenso de Javier Milei al fracaso de la política tradicional: “El advenimiento de Milei es la consecuencia de años de errores políticos. Milei representa la ruptura, pero al mismo tiempo, construye su propio relato”.

Sobre el gobernador Rogelio Frigerio, Remedi destacó que enfrenta poca oposición, lo que facilita su gestión: “La tiene fácil porque no tiene a nadie enfrente. Lo que el peronismo mostró en el Congreso era un tren fantasma, parecía que Frigerio se lo había organizado”.

Además, cuestionó posibles alianzas futuras entre Frigerio y los libertarios, indicando que, según información que maneja, “el gobernador prometió llevar libertarios en la lista de 2025”. Sin embargo, advirtió: “Cuando Milei no esté en la boleta, ¿qué van a hacer solos?”.

Remedi fue contundente al referirse al peronismo en la provincia, sugiriendo que necesita una renovación profunda: “El PJ no tiene futuro en Entre Ríos si no reflexiona. Necesita un candidato fuerte de Concordia, porque esa ciudad le dio el triunfo a Frigerio”.

En este contexto, consideró que el candidato debería haber sido Enrique Cresto, a quien ve como una figura con potencial para unificar al peronismo en la región.

También criticó al exgobernador Gustavo Bordet por haber apoyado a un candidato que calificó como “el menos competitivo” (Adán Bahl): “Eso demuestra que los acuerdos existieron y que las decisiones no se tomaron pensando en el futuro del partido”.

En relación al año electoral que se avecina, Remedi subrayó la importancia de los comicios intermedios para el oficialismo nacional. No obstante, advirtió sobre la desconexión de los dirigentes con la realidad cotidiana de los ciudadanos: “Deberían salir a las calles y hablar con la gente, porque en las redes sociales nadie va a cambiar de opinión”.

El exsenador Edgardo Kueider presentó un recurso de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, con el objetivo de revertir su reciente expulsión del Senado de la Nación. La medida fue impulsada por su abogado, Maximiliano Ruiz, argumentando que el proceso que llevó a su destitución fue irregular, ya que la sesión en la que se decidió su exclusión estuvo presidida por Victoria Villarruel, quien, según la defensa, debería haber estado ejerciendo el cargo de Presidenta de la Nación en ausencia de Javier Milei.

La defensa de Kueider sostiene que la presidencia de Villarruel durante la sesión violó el procedimiento constitucional. Villarruel asumió la conducción del Senado mientras, según Casa Rosada, ya estaba formalmente a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje de Milei. Este hecho, afirman, invalida las decisiones tomadas en esa sesión, incluida la expulsión de Kueider, que fue aprobada por 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

Desde el despacho de Villarruel, sin embargo, aseguran que no fueron notificados oficialmente del viaje del presidente hasta horas después de iniciada la sesión, cuando el escribano general del Gobierno se presentó para formalizar el cambio de mando.

La decisión de expulsar a Kueider se sustentó en su situación judicial en Paraguay, donde se encuentra detenido acusado de contrabando, y en investigaciones locales por supuestos casos de corrupción. No obstante, su defensa insiste en que los fueros parlamentarios que ostentaba en el momento de los allanamientos realizados ayer por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado no fueron respetados.

Durante la jornada de ayer, Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de los despachos que Kueider ocupaba como senador, tanto en el Palacio Legislativo como en el anexo conocido como "La Caja". Además, Villarruel dispuso precintar los despachos antes de la orden judicial, argumentando la necesidad de preservar pruebas. Esta acción ha generado críticas, ya que Kueider seguía siendo senador al momento de la intervención y, por ende, gozaba de fueros que protegían su espacio de trabajo.

El recurso de amparo podría derivar en la necesidad de repetir la sesión en la que se votó la expulsión, una medida que complicaría al oficialismo. Durante el debate, La Libertad Avanza intentó frenar la expulsión y propuso suspender a Kueider hasta marzo de 2025, pero sin lograr consenso entre los bloques opositores. Finalmente, el oficialismo obtuvo el apoyo de gran parte de la UCR y del PRO para avanzar en la destitución.

Mientras tanto, la resolución judicial sobre el recurso de amparo presentado por Kueider podría marcar un precedente en términos de interpretación de procedimientos legislativos y constitucionales, además de determinar el futuro político del exsenador y su posible restitución en la Cámara Alta.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó un nuevo allanamiento este viernes en Concordia, continuando con la investigación que involucra al ex senador nacional Edgardo Kueider. El procedimiento se lleva a cabo desde las primeras horas de la mañana en la residencia de Liliana Di Lello, segunda esposa de Kueider, ubicada en calle Pedro Sauré 49, cerca del hipermercado local.

El allanamiento comenzó a las 8:30 y, minutos después, arribó al lugar el abogado defensor de Kueider, Carlos Conti. La vivienda, que además figura como uno de los domicilios del ex legislador, es objeto de inspección como parte de las diligencias relacionadas con la causa que investiga las actividades de la empresa Betail, propiedad de Kueider, y la presunta relación con el transporte de 200 mil dólares que derivó en la detención del ex senador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, en Paraguay.

Ayer, otros 13 allanamientos se realizaron en Entre Ríos, con focos principales en Paraná y Concordia. Entre las propiedades investigadas se destacan:

Además de los procedimientos en Entre Ríos, se realizaron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, buscando información sobre Betail, Edekom (otra sociedad vinculada a Kueider), y su contador, José Carlos Nogueras, quien habría aprobado balances de la empresa pese a la falta de actividad comercial. También se rastrearon datos sobre Daniel González (“Gonzalito”), socio de Kueider en Betail y titular de la camioneta utilizada en el intento de cruce fronterizo.

Entre las direcciones intervenidas se incluyen:

La investigación, que involucra presuntos delitos económicos y vínculos con propiedades de lujo, avanza con múltiples ramificaciones. Las acciones en Paraná y Concordia complementan los procedimientos en otras jurisdicciones, mientras las autoridades buscan esclarecer la estructura y el alcance de las operaciones de Kueider y sus asociados.

El senador nacional Edgardo Kueider solicitó formalmente, mediante una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una licencia para cesar momentáneamente sus funciones en el Cámara Alta.

Este pedido surge luego de que el legislador peronista fuera detenido en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil en la triple frontera, y personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encontrara en su auto más de 200 mil dólares sin declarar.

Posteriormente, las autoridades locales lo imputaron por lavado de dinero y contrabando de divisas y, por el momento, permanece en arresto domiciliario en la cuidad de Asunción.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) abrió una Investigación Preliminar (IP) para recolectar pruebas y determinar si existe mérito para una denuncia penal formal; las posibles imputaciones apuntan a los delitos de enriquecimiento ilícito una acusación el senador ya enfrenta, previo a este hecho, tanto en la justicia federal como en la provincia de Entre Ríos, de donde es oriundo.

Por su parte, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) que preside José Mayans,  presentó un proyecto para pedir el expulsión de Kueider, con el apoyo y las firmas de los legisladores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Juliana Di Tullio.

“Desde el interbloque Unión por la Patria solicitamos a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocar a una sesión especial el día 12 de diciembre para tratar la remoción del senador Edgardo Kueider por inhabilidad moral”, afirma el comunicado entregado el pasado 6 de diciembre.

El bloque de senadores del kirchnerismo le solicitó esta tarde a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, una sesión especial para tratar la remoción de Edgardo Kueider, el senador entrerriano detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. 

La iniciativa, que lleva la firma de los senadores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, propone que la expulsión de Kueider se trate el próximo jueves a las 11:00. 

El texto coincide con la línea argumentativa del difundido días atrás por el interbloque que tiene terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner. "La función legislativa requiere no solo capacidad técnica, sino también integridad moral", dice la nota. 

"Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de ese tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad", resalta el documento que busca ponerle presión al oficialismo y sus bloques aliados en la Cámara alta.

En lo técnico, el kirchnerismo se ampara en que el Senado puede habilitar el tratamiento de este tema por afuera del período ordinario, que finalizó el viernes pasado, y cita a Eduardo Menem -agasajado por el Gobierno esta semana- y su obra sobre Derecho Procesal Parlamentario.

La acción motorizada por el kirchnerismo responde a que, en el caso de que Kueider sea destituido de su función pública, podría asumir Stefanía Cora, integrante de La Cámpora, y segunda en la lista del Frente de Todos en 2019 por la que ingresó el dirigente entrerriano. 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rompió el silencio respecto a la detención del senador nacional Edgardo Kueider en un país limítrofe, expresando su indignación y preocupación por el impacto negativo que estos hechos generan en la provincia. “Estoy harto de que Entre Ríos sea noticia por hechos de corrupción. Esto genera bronca e indignación en la sociedad”, manifestó en diálogo con Radio Máxima.

Frigerio calificó como "lamentable" que la provincia sea mencionada en la prensa nacional por este tipo de situaciones cuando, según señaló, “tenemos tantas cosas que ofrecer”. Sobre el caso puntual que derivó en la detención del senador Kueider, el mandatario expresó sorpresa: “¿Cómo va a pasar de un país a otro con semejante cantidad de dinero? No tiene ningún sentido, es rarísimo y, sobre todo, cuando no se puede explicar ese dinero. Espero que se haga justicia”.

El gobernador destacó que uno de los cambios más significativos en su gestión es la independencia de los poderes judiciales: “Si algo ha cambiado es que la Justicia tiene la libertad para trabajar como nunca antes la tuvo”.

Frigerio se mostró cauto ante los cuestionamientos por no haber emitido declaraciones previas sobre el caso, argumentando que intervenir públicamente podría perjudicar el proceso judicial. “Si el gobernador sale a opinar sobre fallos judiciales, especialmente en hechos de corrupción, da pie a los acusados o condenados para alegar que la política tiene influencia en esos fallos. Yo no les voy a hacer la vida fácil”, aclaró.

En un análisis más amplio, Frigerio señaló que este tipo de episodios no solo dañan la imagen de Entre Ríos, sino que también profundizan la desconfianza hacia los dirigentes políticos. “La peor grieta que existe es entre la política y la ciudadanía. Estos hechos fortalecen la bronca en la sociedad y la idea de todo lo que falta por cambiar”.

Finalmente, el mandatario reiteró que su prioridad como gobernador está por encima de cualquier estrategia política o electoral: “No voy a utilizar políticamente estas desgracias que nos están pasando. Privilegio y pongo en primer lugar mi rol como gobernador. La cuestión electoral y política es absolutamente secundaria”.