Victoria.- La información fue adelantada por Paralelo32 un par de semanas atrás, cuando la causa “Rubén Darío Garcilazo/ enriquecimiento ilícito” estaba en etapa de definición. El pasado 17 de abril el Juez de Garantías, Alejandro Calleja, en el marco de las pruebas obrantes, elevó la causa a juicio que se llevará a cabo ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. 

El caso se remonta al año 2015, cuando un particular presentó una denuncia contra el ex intendente municipal, solicitando la intervención de la justicia para investigar posibles delitos relacionados con enriquecimiento ilícito. 

La fiscalía local comenzó a reconstruir la situación patrimonial del denunciado, se realizaron más de 40 medidas probatorias, basadas en informes de entidades públicas y privadas; en principio para conocer el activo del patrimonio y las deudas que canceló.

A finales de 2016 se agotaron las medidas previamente dispuestas y, con el fin de verificar de manera fehaciente la denuncia, el fiscal solicitó una verificación ante el cuerpo de auditores del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Este determinó que había una diferencia de 1 millón de pesos (*)  entre el capital declarado y lo que realmente pudo justificar a valores del 2014/15.

Oportunamente Garcilazo afirmó que la diferencia fue aportada por un familiar, pero el Fiscal igualmente imputó al ex intendente.  

La doctora Florencia Bascoy, a cargo de la oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Gualeguay, explicó a Paralelo32 que “como se trata de una causa contra la administración pública corresponde la conformación de un tribunal; no es unipersonal como vienen siendo todas las causas. Ese tribunal se conformó el día 27 con los doctores Tórtul como presidente, el doctor Cadenas como vocal de 2° voto, y la doctora Matilde Federik como vocal de 3er voto”.

Amplió que recién ahora notifican la conformación del tribunal y luego quedarán en condiciones para fijar audiencia. “Todavía estamos en plazo para que las partes pudieran objetar el tribunal, y recién la semana que viene estaríamos en condiciones de fijar una fecha de juicio. En principio, a grandes rasgos, yo tengo completa la agenda de este año, por lo que probablemente esto pase para al año que viene”.

En varias oportunidades nuestro medio abordó el caso, dando cuenta de distintos procedimientos dilatorios fueron postergando decisiones, que finalmente terminaron en la elevación a juicio. En general se reiteraron recusaciones de fiscales y jueces que en la totalidad de los casos, no prosperaron, pasado un determinado período de tiempo, el expediente volvía a la justicia de Victoria para continuar con el tratamiento de la causa.

También se especuló con la posibilidad de suspender el juicio a prueba u otro tipo de acuerdo alternativo, en el intento de que el imputado cumpliera con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Sin embargo, la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no dejó alternativa para evitar el juicio.

La persona procesada enfrenta una presunción de delito basada en las evidencias; será el Tribunal quien decidirá su culpabilidad y, si corresponde, la pena a aplicar, que contempla resarcimiento e inhabilitación para ejercer cargos públicos (CP art.19/20).

(*) La diferencia entre lo declarado y el capital que no pudo demostrar, fue de 1 millón de pesos en el 2015. Para actualizar ese monto, se aplica una actualización según dólar, más una tasa en vigencia del Banco Nación. El dólar, en el 2015, osciló entre 8,50 y 13 pesos a lo largo del año.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el legislador concordiense consideró que las medidas de ajuste implementadas por la administración nacional eran necesarias para ordenar la situación económica heredada, aunque reconoció que tuvieron un fuerte impacto en las provincias y en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según sostuvo, la formación económica de Frigerio permitió anticiparse a un escenario que podría haber resultado aún más complicado para Entre Ríos.

“El ajuste impactó directamente en los recursos provinciales y en el salario disponible de los trabajadores, pero el gobernador tuvo capacidad de maniobra para afrontar una situación compleja”, señaló López.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente radical se refirió al debate legislativo sobre una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), postura sobre la cual manifestó reservas.

“El argumento del ahorro económico no es suficiente para desmantelar un sistema con tradición democrática”, expresó el diputado.

Además, se mostró a favor de que las elecciones provinciales se desarrollen separadas de las nacionales, al considerar que eso permite que la ciudadanía pueda concentrarse en los temas locales y municipales sin que la discusión quede absorbida por el escenario político nacional.

En relación con la situación de Concordia, López elogió la gestión del intendente Francisco Azcué y afirmó que, tras cuatro décadas de administraciones peronistas, el municipio logró ordenar sus cuentas públicas.

Según indicó, ese equilibrio fiscal permitirá ejecutar un plan de obras públicas superior a los 20.000 millones de pesos financiado íntegramente con recursos municipales, cifra que calificó como “récord” para la ciudad.

Por otra parte, el legislador también se refirió al futuro político de la coalición gobernante y consideró que tanto Frigerio como Azcué tienen derecho a buscar una eventual reelección si así lo deciden, aunque aclaró que todavía es prematuro hablar de definiciones electorales.

Finalmente, López sostuvo que, pese al impacto del ajuste económico, existe una expectativa positiva en parte de la sociedad respecto a una futura recuperación económica.

“El electorado mantiene la esperanza en un despegue económico y está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para superar la crisis heredada”, concluyó.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas, Comisarías Lucas Sud Primera y Segunda y distintas áreas de la Jefatura Departamental.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del kilómetro 16, donde los uniformados realizaban recorridas preventivas orientadas a reforzar la seguridad y el control en áreas rurales.

Según se indicó oficialmente, durante la inspección los efectivos detectaron a dos ciudadanos realizando actividad cinegética con utilización de perros, sin contar con el permiso habilitante correspondiente ni con autorización del propietario del establecimiento rural donde se encontraban.

Además, los policías constataron la presencia de dos ejemplares de jabalí ya faenados, situación por la cual se procedió a labrar el acta de infracción conforme a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Desde la fuerza recordaron que dicha normativa regula la actividad de caza en la provincia de Entre Ríos, estableciendo requisitos, restricciones y controles destinados a preservar la fauna silvestre, proteger el equilibrio ambiental y resguardar los derechos de los propietarios rurales.

Asimismo, destacaron que el operativo “Campo Seguro” busca fortalecer la prevención en zonas rurales mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias policiales, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad a productores y vecinos del departamento.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que durante mayo operan distintos vencimientos correspondientes a impuestos provinciales y otras obligaciones fiscales, entre ellos el Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural y el Impuesto a los Automotores.

Desde el organismo recordaron además que no es necesario contar con la boleta impresa para efectuar los pagos y recomendaron consultar la agenda actualizada de vencimientos disponible en el sitio oficial ATER.

Entre los principales vencimientos del mes se encuentra el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Según se detalló, las fechas se establecieron de acuerdo al dígito verificador de la partida inmobiliaria.

De este modo, los contribuyentes con partidas terminadas entre 0 y 4 deberán abonar el jueves 14 de mayo, mientras que aquellos cuyos dígitos verificadores finalicen entre 5 y 9 tendrán vencimiento el viernes 15 de mayo.

ATER indicó además que quienes hayan optado por el pago en cuotas continuarán con el cronograma 2026 en los meses de julio, octubre y diciembre, conforme al calendario oficial vigente.

Por otra parte, también se producirá durante mayo el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto a los Automotores. En este caso, el cronograma se organiza según el último número del dominio del vehículo: el viernes 15 de mayo vencerán los dominios terminados entre 0 y 4, mientras que el lunes 18 de mayo lo harán aquellos finalizados entre 5 y 9.

Asimismo, el organismo tributario provincial recordó que durante el mes operan vencimientos de otras obligaciones fiscales administradas por ATER, entre ellas Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, SIRCAR, SIRTAC, Impuesto de Sellos, Derecho de Extracción de Minerales e Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales.

Para conocer el detalle completo de fechas, tributos y períodos alcanzados, los contribuyentes pueden consultar la agenda de vencimientos actualizada en el portal oficial del organismo.

Según se indicó oficialmente, la medida fue dispuesta luego de que se decretara la rebeldía del imputado en el proceso penal que tramita en su contra. La orden de localización y detención fue emitida por la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo.

A partir de la disposición judicial, personal de la dependencia policial de Crespo inició recorridas y tareas de búsqueda en distintos sectores frecuentados habitualmente por el acusado.

Tras varias horas de operativo, una dotación policial logró encontrar al joven en un sector de un inmueble abandonado ubicado en Barrio del Rosario.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, a Paralelo32 el imputado no ofreció resistencia durante el procedimiento y fue aprehendido en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente revisión médica de rigor.

El detenido permanecerá alojado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones judiciales que requerían su comparecencia.

El Ejecutivo provincial detalló las auditorías realizadas, los fondos recuperados ante Nación y las acciones impulsadas para revertir años de falta de controles y reclamos sobre el sistema previsional entrerriano.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.

En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.

Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.

Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.

En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.

El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.

Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.

En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.

Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

El Consorcio AFIDEER dio inicio este miércoles al Desafío de Innovación Entre Ríos 2026 con una jornada inaugural realizada en la sede de UCA Paraná, que reunió a más de 200 estudiantes de las cinco universidades que integran el espacio.

La actividad se desarrolló en modalidad híbrida y marcó el comienzo formal de una nueva edición del programa, orientado a promover el trabajo interdisciplinario, la innovación y el vínculo entre el sistema universitario y el sector productivo.

El encuentro inaugural tuvo como eje el taller “Equipos que hacen crecer tu emprendimiento. Claves para trabajar mejor juntos”, desarrollado en el marco del proyecto de extensión “Entrenamiento en salud organizacional para emprendedores”, impulsado desde UCA Paraná y dirigido por María Isabel Chemez, coordinadora de Posgrados de UCA Paraná. La propuesta estuvo a cargo de la Mag. Lucía Franchi y la abogada Flavia Pereyra, docentes de la institución.

La jornada permitió que estudiantes de distintas carreras y universidades comenzaran a conocerse, intercambiar intereses y conformar grupos interdisciplinarios para trabajar sobre los desafíos planteados por empresas e instituciones de la provincia.

Durante la apertura, la decana de la Facultad Teresa de Ávila de UCA Paraná, Paula Nesa, brindó unas palabras de bienvenida. Posteriormente, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Gentiletti, realizó la presentación oficial del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, explicando la modalidad de trabajo, las etapas del programa y el cronograma previsto para los próximos meses.

En ese marco, se presentó la dinámica de funcionamiento del Desafío, que contempla instancias de formación, mentorías, seguimiento de proyectos y presentaciones finales en el marco de la Semana de la Innovación, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre.

La actividad tuvo modalidad taller y promovió dinámicas participativas donde los estudiantes pudieron interactuar también con representantes de empresas e instituciones desafiantes, conociendo las problemáticas reales sobre las cuales deberán desarrollar soluciones innovadoras.

Desde AFIDEER destacaron el crecimiento sostenido de la iniciativa, que en esta edición logró convocar a más de 200 estudiantes de UNER, Uader, UAP, UCA y UTN Regional Paraná, consolidándose como un espacio principal en innovación abierta y formación emprendedora de Entre Ríos.

Participaron de la actividad Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER; Nicolás Quaranta, secretario académico de UAP; Marisel Chemez, coordinadora del proyecto de extensión de UCA Paraná; Ricardo Ipoutcha, director del Departamento de Ciencias Económicas de UCA Paraná; Gustavo Tarragona, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná; y Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UTN Regional Paraná; y Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) ya tiene fecha confirmada para su octava edición. El encuentro cinematográfico se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026 y volverá a posicionarse como uno de los principales espacios de exhibición y promoción audiovisual del país.

Organizado por el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), el festival reunirá producciones nacionales e internacionales en una programación que combinará proyecciones, formación profesional y actividades vinculadas al desarrollo de la industria audiovisual.

En ese marco, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, destacó la importancia estratégica del evento para la provincia. “El Ficer es una política cultural estratégica para fortalecer la producción audiovisual y proyectar la identidad entrerriana”, afirmó. Además, remarcó que el festival constituye una herramienta clave para consolidar a Entre Ríos como un polo audiovisual y generar nuevas oportunidades para el sector.

La convocatoria para participar en las competencias oficiales permanecerá abierta hasta el 5 de agosto inclusive. En esta edición, las categorías competitivas serán largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Ficer logró consolidarse como una referencia dentro del circuito cinematográfico argentino, con creciente proyección nacional e internacional. Uno de sus rasgos distintivos es la participación activa del público y el acceso libre y gratuito a todas las actividades.

Por su parte, el presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, señaló que el objetivo es continuar ampliando el alcance del festival. “Buscamos que el festival continúe creciendo como espacio de encuentro para el cine y la cultura en Entre Ríos, generando nuevas experiencias para las audiencias”, expresó. Además, sostuvo que el Ficer representa “un ámbito de referencia para la cultura federal que interpela, reflexiona, debate y pone en valor la creatividad, la pasión y el amor por lo que hacemos”.

La octava edición contará con dos competencias oficiales: largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos. También incluirá panoramas regionales, cine internacional, propuestas para infancias, talleres, charlas, música en vivo y la presencia de invitados especiales.

En cuanto a los requisitos, para competir en la categoría de cortometrajes entrerrianos se exigirá una residencia mínima de tres años en la provincia. En el caso de largometrajes nacionales, se requerirá ciudadanía argentina o residencia en el país durante el mismo período.

Podrán inscribirse obras de ficción, documental o animación finalizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos, mientras que los largometrajes deberán superar los 60 minutos.

Las inscripciones se realizan mediante formularios disponibles en el sitio oficial del festival, donde también pueden consultarse las bases y condiciones.Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer)

Durante seis jornadas, el Ficer desplegará una agenda que combinará cine, formación y actividades interdisciplinarias. Habrá proyecciones, espacios para infancias y adolescencias, patio gastronómico y encuentros culturales abiertos a toda la comunidad.

Además, el diseño del festival volverá a poner el foco en la experiencia del público, que tendrá participación directa mediante el voto en distintas competencias.

Con acceso gratuito y una programación diversa, el Ficer 2026 buscará reafirmar su lugar como plataforma de exhibición, formación y circulación para el cine entrerriano, regional y nacional.

El Gobierno de Entre Ríos formalizó este jueves una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública provincial en el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales. La oferta contempla un incremento del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo, aunque fue rechazada de inmediato por los sindicatos, que la consideraron insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

El encuentro se desarrolló al mediodía entre representantes del Ejecutivo provincial y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Tras la reunión, ambas organizaciones adelantaron su negativa a aceptar la propuesta oficial y reclamaron una mejora sustancial.

La oferta presentada por el Gobierno incluye una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas, porcentaje que, según indicaron desde el Ejecutivo, supera el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido oficialmente. Además, se mantiene la suma fija acordada durante la negociación paritaria de febrero.

En relación con las Asignaciones Familiares, la propuesta establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó con dureza la propuesta oficial y sostuvo que no responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

“Es una propuesta que está muy lejos de lo que necesitamos y pretendemos los trabajadores del Estado; un 3,5% frío, sin ser integral y sin tener consistencia”, afirmó el dirigente sindical al término del encuentro.

Muntes señaló además que existe una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial. “Planteamos la pérdida del 40% del salario real desde que asumió este gobierno. El 3,5% está muy lejos de lo que necesitamos”, remarcó.

No obstante, el dirigente reconoció un aspecto positivo de la propuesta al destacar que el incremento sería remunerativo. “Eso significa que alcanzará a los jubilados y permitirá sostener recursos para la obra social”, explicó.

ATE también reiteró otros reclamos pendientes, entre ellos la reducción de la jornada laboral y la recuperación del Código 272, puntos sobre los cuales —según indicaron— no hubo avances en la negociación.

Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez evitó centrar el análisis exclusivamente en el porcentaje salarial y apuntó a las diferencias existentes dentro de la administración pública provincial.

“No vamos a contestar sobre un porcentaje. El análisis es mucho más profundo; es cómo vamos a seguir y qué otros componentes vamos a considerar”, expresó.

Domínguez reclamó además señales concretas por parte del Gobierno provincial hacia los trabajadores estatales. “Necesitamos claramente un gesto para saber qué está dispuesto a hacer el gobierno. ¿Por qué boleto gratuito sí en algunos lugares y para nosotros no? ¿Por qué hay tantas diferencias en la administración pública?”, cuestionó.

Por su parte, la representante gremial Cristina Melgarejo insistió en la necesidad de resolver demandas históricas de sectores específicos, especialmente enfermería y auxiliares de educación.

“Queremos que el gobierno diga claramente que somos importantes los trabajadores públicos. Tienen que mejorar la propuesta e incluirnos”, sostuvo.

Ante el rechazo sindical, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 12 de mayo a las 14. Para esa jornada, ATE convocó a su cuerpo de delegados y al Consejo Directivo Provincial con el objetivo de evaluar los pasos a seguir.

Los gremios esperan que el Ejecutivo provincial presente una propuesta superadora que contemple no solo la evolución inflacionaria, sino también los reclamos sectoriales pendientes dentro de la administración pública entrerriana.

El estadio está ubicado en el predio de la Asociación Deportiva y Cultural, sobre avenida Francisco Ramírez y Martín Fierro, y será la nueva sede de los planteles de la Escuela Municipal de Voleibol y del newcom.

Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que la concreción de esta obra representa un importante avance para el fortalecimiento de las disciplinas deportivas en la ciudad, tanto desde lo competitivo como desde lo social y educativo.

La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 9 de mayo con una jornada cargada de actividades deportivas y protocolares.

Entre las 13:00 y las 19:00 se disputarán certámenes cuadrangulares de las categorías Sub 12 inicial, Sub 12 avanzado y Sub 16, todas en rama femenina. Participarán equipos de la Escuela Municipal de Crespo junto a delegaciones de Ramírez, Valle María, Hernández, Aranguren, Villa Dora de Santa Fe y Estudiantes de Paraná.

Posteriormente, desde las 19:00, tendrá lugar el acto protocolar con la presencia de autoridades de la Asociación Deportiva y Cultural, representantes de la empresa Schneider SRL, integrantes de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y funcionarios de la Municipalidad de Crespo.

La jornada culminará a las 20:00, luego del tradicional corte de cinta, con un partido amistoso entre los planteles de Primera División masculina de la Escuela Municipal de Crespo y Echagüe de Paraná.

El nombre “Arena Celeste” fue elegido luego de una encuesta realizada entre socios y simpatizantes de Cultural, tanto a través de redes sociales como de manera presencial.

Desde la institución explicaron que la elección buscó representar la identidad, los colores y el sentimiento de toda la comunidad, priorizando un símbolo colectivo por encima de nombres particulares.

“La idea fue elegir un nombre que una generaciones y refleje valores compartidos como la historia, la identidad y el sentido de pertenencia”, señalaron desde la organización.

La obra se concretó mediante el trabajo conjunto entre la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo.

El nuevo estadio posee capacidad para 500 personas y cuenta con 1.100 metros cuadrados de piso deportivo profesional, una infraestructura pensada para albergar competencias y eventos de nivel.

El piso fue donado por Schneider SRL en el marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial, permitiendo elevar los estándares competitivos del espacio y consolidar un proyecto deportivo, educativo y comunitario para la ciudad.

El operativo se desarrolló bajo directivas de la Justicia Federal de Concordia, con intervención del Juzgado Federal a cargo de la doctora Ramponi, la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt y la Fiscalía Federal encabezada por el doctor Francisco Bernhardt.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue autorizado en el marco del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, a partir de una “sospecha razonable” detectada durante un control preventivo de rutina y ante la posible existencia de elementos vinculados a un delito.

Durante la requisa de un vehículo Hyundai Santa Fe con patente brasileña, en el que viajaban un hombre y una mujer, los efectivos policiales encontraron una importante cantidad de teléfonos celulares ocultos en distintos sectores de la carrocería del automóvil.

En total, fueron secuestrados 290 teléfonos nuevos de diferentes marcas y modelos, cuyo valor estimado asciende a 65 millones de pesos.

Además del cargamento, la Justicia Federal dispuso el secuestro del vehículo utilizado para el traslado de la mercadería, así como también de los teléfonos personales de los ocupantes del rodado.

Las dos personas que se desplazaban en el automóvil fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas al avance de la causa judicial que continúa en etapa investigativa.

Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que fueron detenidos los dos hombres que permanecían prófugos en el marco de la investigación por el ataque armado ocurrido el pasado 25 de marzo en la zona de islas del departamento Victoria, donde un hombre de 67 años resultó herido por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la información oficial, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró, tras diversas tareas investigativas, identificar a los tres hombres que habrían participado de la agresión, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

La investigación ya había permitido, el pasado 9 de abril, la detención de uno de los sospechosos, un hombre de 38 años, en un procedimiento realizado con colaboración de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Arroyo Seco.

Ese acusado permanece actualmente con prisión preventiva en la unidad carcelaria local mientras avanza la causa judicial.

En continuidad con las pesquisas, este martes a las 5:30 de la madrugada se concretaron nuevos allanamientos en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, con colaboración de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Como resultado de las medidas judiciales, se logró la detención de los dos prófugos restantes, hombres de 33 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

El hecho investigado ocurrió en marzo en la zona de islas del departamento Victoria, cuando la víctima, un hombre de 67 años, fue atacada con disparos de arma de fuego por parte de tres individuos.

Senadores del bloque del Partido Justicialista de Entre Ríos presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde detalles sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y los acuerdos suscriptos con el Estado Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La iniciativa busca aportar claridad sobre el financiamiento del déficit previsional y el alcance de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones con Nación, en un contexto que requiere información precisa y previsibilidad.

Entre los principales puntos, los legisladores solicitaron conocer los montos efectivamente transferidos, el estado de ejecución de los convenios firmados y el detalle de la deuda que, según los cálculos provinciales, mantiene el Estado Nacional con Entre Ríos.

Asimismo, el pedido pone el foco en el convenio suscripto en octubre de 2025 con ANSES, requiriendo información sobre sus condiciones, su implementación y su posible impacto sobre el reclamo judicial que la provincia sostiene por el cobro de fondos previsionales.

Otro de los aspectos relevantes es la consulta sobre eventuales condicionamientos en el envío de recursos nacionales, particularmente en relación con posibles modificaciones del sistema previsional provincial. En ese sentido, se solicita precisar si existen exigencias vinculadas a cambios en la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo de haberes o el esquema de aportes.

Los senadores también requirieron detalles sobre el avance de las auditorías que deben determinar el monto definitivo del déficit y la deuda, así como la proyección financiera de la Caja de Jubilaciones a mediano y largo plazo.

Finalmente, el pedido incluye información sobre las gestiones y reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, con el objetivo de garantizar transparencia institucional en un tema clave para la provincia.

Del encuentro participan representantes del BID, equipos técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezados por su coordinador Gustavo Cusinato, además de profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

El programa prevé una inversión estimada de hasta 280 millones de dólares y apunta a mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en la red vial entrerriana, fortaleciendo tanto el desarrollo productivo como la conectividad regional.

Entre las principales obras proyectadas se encuentran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación.

También se contempla la construcción de la circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción de un puente clave sobre la zona del Arroyo Sauce y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay, entre otras intervenciones.

Desde el gobierno provincial destacaron que las obras beneficiarán a miles de personas y establecimientos productivos, ya que permitirán reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre distintas regiones de Entre Ríos.

“Son obras que reflejan que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y avanzando con hechos concretos en el territorio para poner la infraestructura al servicio del desarrollo y la competitividad de Entre Ríos”, expresó Mauricio Colello.

Durante las jornadas se abordan distintos aspectos vinculados a la implementación del programa, entre ellos las políticas de adquisiciones del BID, la planificación de licitaciones, modalidades de contratación, mecanismos de financiamiento y estrategias de supervisión e inspección de las obras.

Además, los equipos técnicos trabajan en herramientas prácticas para organizar los procesos administrativos, definir responsabilidades y avanzar en los próximos pasos necesarios para la ejecución de los proyectos.

El programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura vial de la provincia y acompañar el crecimiento de las actividades productivas mediante obras consideradas clave para el desarrollo regional.

La presentación se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Personal del campus universitario y contó con la participación de referentes del ámbito público y privado, entre ellos el empresario Héctor Motta, autoridades municipales, representantes del sector productivo y funcionarios de instituciones locales.

El rector de la UAP, Horacio Rizzo, encabezó el encuentro acompañado por integrantes del equipo de gestión académica.

La nueva “Cátedra Héctor Motta” se desarrollará en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y la Administración y otorgará certificación de Diplomatura en Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad.

Durante la apertura, Rizzo destacó que la iniciativa busca generar un impacto concreto en la comunidad. “No hay nada que deba quedar en la abstracción. Todo está pensado para que tenga una aplicación real en Libertador San Martín”, afirmó.

En la misma línea, el empresario Motta remarcó que el proyecto implica una responsabilidad social, al tiempo que subrayó la importancia del liderazgo como eje transversal del emprendedorismo. “Es necesario formar actores capaces de impulsar proyectos innovadores desde las propias instituciones”, sostuvo.

Uno de los pilares de la propuesta será la construcción de un modelo de economía circular aplicado al territorio. Para ello, se prevé la elaboración de un diagnóstico integral del ecosistema local, en el que los estudiantes tendrán un rol activo como agentes de investigación e innovación.

El objetivo es identificar problemáticas y oportunidades que permitan mejorar la eficiencia de los distintos sectores productivos, integrando el cuidado ambiental y promoviendo nuevas fuentes de empleo.

Según explicó Rizzo, se buscará detectar “eslabones desconectados” que hoy generan desperdicios o ineficiencias, pero que pueden transformarse en oportunidades de desarrollo.

El programa estará estructurado en cinco módulos: cuatro instancias presenciales con clases magistrales y un quinto módulo virtual, correspondiente al Trabajo Integrador Final.

La modalidad incluirá herramientas de aula invertida, materiales de estudio previos, encuentros con especialistas y un sistema de evaluación orientado a la certificación. Además, se conformará un banco de problemáticas locales que serán abordadas con el acompañamiento de mentores.

Durante la presentación se generó un espacio de intercambio entre los distintos actores presentes, lo que permitió consolidar una visión compartida sobre el potencial de la cátedra como herramienta de transformación.

Desde la UAP destacaron que la propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre la universidad, el sector privado y el ámbito público, promoviendo el trabajo colaborativo y el compromiso social.

Por su parte, Motta expresó que el objetivo es “brindar herramientas para que cada persona descubra su potencial y lo ponga al servicio del bien común”, al tiempo que proyectó como meta la construcción de comunidades más sustentables y organizadas.

Con esta iniciativa, la universidad refuerza su apuesta por un modelo educativo que combina formación académica, innovación y compromiso con el desarrollo local, con la expectativa de generar impactos que trasciendan el ámbito de Libertador San Martín y se proyecten a toda la región.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Rioja, en la ciudad de Diamante, donde efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de un hombre mayor de edad en un estado de fuerte exaltación emocional.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y, en conjunto con residentes de la vivienda, procedió a aplicar el Protocolo de Salud Mental previsto para este tipo de intervenciones.

Según se indicó, mediante la implementación de técnicas específicas se logró contener la situación y reducir el estado de crisis del individuo. Posteriormente, con la llegada del personal sanitario, se concretó su traslado al Hospital San José, donde recibió atención integral psico-física.

El primer aviso a la Policía dio cuenta de un supuesto accidente vial: un camionero habría atropellado a la víctima sin advertir el hecho y continuado su marcha. El cuerpo de Cecilia quedó tendido sobre la cinta asfáltica. “El hecho se conoció alrededor de la 1, cuando personal policial tomó intervención ante la presencia de una persona sin vida”, informó el diario El Debate Pregón.

Sin embargo, con el avance de las primeras pericias comenzaron a surgir dudas sobre esa versión inicial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Schell, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la realización de una autopsia. Además, dispuso una serie de medidas que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.

El conductor del camión, un hombre de unos 50 años que trabaja para una empresa de Crespo, no se detuvo tras el episodio. Fue localizado horas más tarde en las cercanías de General Galarza y quedó detenido con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

Con el correr de las horas, la hipótesis de un simple accidente comenzó a perder fuerza. Una de las líneas investigativas apunta a que la víctima habría mantenido un encuentro previo con el camionero y que, tras una discusión vinculada al pago de un servicio sexual, el hombre intentó retirarse.

Según la reconstrucción preliminar, Cecilia habría intentado impedir su partida tomándose del vehículo, momento en el cual fue arrastrada y posteriormente atropellada. De confirmarse esta secuencia, se descartaría definitivamente la hipótesis accidental.

El caso generó una fuerte reacción de organizaciones sociales. Desde Diversidad Gualeguay exigieron que la causa sea investigada con perspectiva de género y diversidad, y que no se reduzca el hecho a un siniestro vial.

“Cecilia murió trabajando. Murió expuesta a la violencia y a la precariedad que enfrentan tantas compañeras trans”, expresaron en un comunicado. También reclamaron que, en caso de comprobarse un móvil vinculado al odio por identidad de género, el hecho sea calificado como travesticidio o transfemicidio.

La organización subrayó además la necesidad de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas para la población trans, señalando que muchas personas continúan expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por el momento, la Fiscalía no ha definido una calificación legal definitiva, aunque se confirmó que la investigación sigue abierta bajo múltiples hipótesis. Las pericias, testimonios y resultados forenses serán claves para determinar las responsabilidades y el encuadre judicial del caso.

Mientras tanto, familiares de la víctima —dos hermanos residentes en Buenos Aires— trasladaron sus restos para su sepultura.

El gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de medidas para enfrentar la creciente cantidad de amenazas en establecimientos educativos. En ese marco, se analiza que los padres o tutores de menores identificados como responsables deban asumir los costos de los operativos policiales, a través de acciones de reparación civil por daños y perjuicios.

La iniciativa fue abordada en una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía provincial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios.

Durante la reunión se definieron acciones legales y económicas orientadas a recuperar los gastos que generan este tipo de amenazas, muchas veces vinculadas a falsas alarmas de bomba o tiroteos. Según explicaron, cada activación de protocolos implica un importante despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos.

“Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron las autoridades, al remarcar el impacto que estos operativos tienen sobre los recursos públicos.

La propuesta se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que en sus artículos 1753 y 1755 fija la responsabilidad civil de los progenitores o responsables legales por los hechos cometidos por menores de edad. Bajo este encuadre, la provincia buscará que las familias de los estudiantes ya identificados en causas judiciales afronten los costos derivados de los operativos.

Desde el gobierno provincial destacaron que, si bien las sanciones penales pueden verse limitadas por la edad de los menores, la vía civil permite avanzar en el recupero de los gastos ocasionados.

De acuerdo con estimaciones presentadas en el encuentro, el costo total de los operativos realizados ante amenazas supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas —como explosivos—, personal y horas de trabajo que se detraen de tareas preventivas.

Además, se informó que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se logró identificar a la mayoría de los autores de amenazas registradas en distintas localidades.

Desde la mesa de seguimiento, de la cual también forma parte el Copnaf, se hizo un llamado a las familias para reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes.

“No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían destinarse a la prevención del delito real”, concluyeron las autoridades.

La medida, aún en evaluación, busca no solo sancionar económicamente estas conductas, sino también generar conciencia social sobre la gravedad de este tipo de acciones.

La provincia de Entre Ríos se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en implementar un régimen que obliga a detallar el impacto de los impuestos provinciales en los precios finales. A través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el gobierno reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, con el objetivo de brindar mayor claridad a los ciudadanos sobre la carga impositiva que incide en bienes y servicios.

La medida quedó formalizada tras la publicación del Decreto 1121/26 y la Resolución 128, que establecen la obligación de discriminar en facturas, tickets y comprobantes fiscales la incidencia estimada de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Esta información se sumará a la ya existente sobre el IVA y otros tributos nacionales indirectos en las operaciones destinadas a consumidores finales.

Desde el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, destacaron que la iniciativa forma parte de una política integral de transparencia fiscal. El objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a conocer qué proporción del precio que pagan corresponde a impuestos, sin que ello implique cambios en la carga tributaria. En ese sentido, se aclaró que la medida tiene un carácter estrictamente informativo y no recaudatorio, permitiendo incluso el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas.

El titular de ATER, Jesús Korell, subrayó la relevancia de la normativa y el rol pionero de la provincia. “La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida”, afirmó. Además, remarcó la importancia de contar con un régimen provincial propio que complemente las disposiciones nacionales.

Alcances y aplicación gradual

La normativa establece que deberán cumplir con la obligación todos los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —tanto en el Régimen Directo como en el Convenio Multilateral— y en el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Estos deberán consignar en los comprobantes las alícuotas correspondientes y los importes estimados de los tributos.

Quedan excluidos del régimen los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado. En cuanto a la presentación de la información, deberá ubicarse luego de la descripción de la operación y del IVA, bajo la leyenda “Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesiones Liberales”, en el sector inferior izquierdo del comprobante.

La implementación será progresiva. Los denominados “grandes contribuyentes” deberán adecuarse en un plazo de 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que el resto contará con un plazo de 180 días.

La iniciativa es llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos y la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, que recientemente realizaron la apertura de sobres de tres licitaciones públicas. En total, participaron 14 empresas oferentes, lo que fue destacado por las autoridades como una señal de confianza en la gestión.

La inversión, financiada íntegramente con fondos provinciales, permitirá incorporar tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. A su vez, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, además de insumos destinados al señalamiento vial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esta compra representa un hecho significativo, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde 2011, acumulando más de 15 años sin inversiones de este tipo.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas acciones se enmarcan en una política pública orientada a recuperar la red vial tras años de desinversión. “Se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales. Tenemos una planificación impulsada por el gobernador, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública”, afirmó.

En la misma línea, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, subrayó el esfuerzo económico que realiza la provincia en esta área. “Casi la totalidad de las obras se ejecutan con fondos propios. Este mes se certificaron más de 12.000 millones de pesos en obras”, precisó.

Donda también adelantó que esta licitación es la primera de una serie de procesos que se llevarán adelante para seguir equipando la repartición. Entre las próximas adquisiciones previstas se encuentran 18 motoniveladoras, una retroexcavadora, una cargadora, camiones volcadores, carretones y batanes destinados a distintas zonales.

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la red vial es clave tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, en un proceso que definieron como sostenido y de largo plazo.

Del acto participaron además el escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, junto a funcionarios del área y representantes de las empresas oferentes.