El fallecimiento de Ricardo Dimotta, comunicado el sábado 7 de noviembre, generó pesar en el ámbito de la música litoraleña. A los 59 años, el acordeonista y compositor dejó una trayectoria vinculada con la interpretación, la creación musical y la preservación del repertorio tradicional del chamamé entrerriano.

Integrante de una familia de profunda tradición chamamecera, Ricardo fue nieto de Abelardo Dimotta, uno de los grandes referentes del género nacido en Villaguay, e hijo de Héctor Armando Dimotta, también acordeonista y compositor.

Aunque continuó esa herencia familiar, desarrolló un camino artístico propio. A su formación musical y académica sumó una búsqueda interpretativa que se reflejó en el uso del acordeón, las tonalidades menores y la recuperación de composiciones tradicionales.

La familia Dimotta dejó una marca importante en el chamamé, la chamarrita y el rasguido doble. Abelardo fue autor de obras como Estancia La Isabel, El Mingo y El Carretel, mientras que Héctor Armando compuso, entre otras piezas, Como te extraño Villaguay.

Ricardo creció en ese entorno musical y profundizó sus conocimientos a través del estudio de música y composición con distintos maestros. En una entrevista publicada por El Heraldo en abril de 2021, contó que esa formación le permitió ampliar sus recursos como intérprete sin abandonar las raíces del repertorio tradicional.

Su propuesta combinó obras de su abuelo y su padre con composiciones de otros autores y creaciones propias. En 2012, el portal Corrientes Chamamé lo destacó como parte de una generación de músicos que mantenía vigente la herencia de los grandes acordeonistas del Litoral.

A lo largo de su carrera, Dimotta participó en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes y en el Festival de Chamamé de Federal, dos encuentros de referencia para la música litoraleña.

Entre sus trabajos discográficos se destacó Dimotta por Dimotta, difundido en 2017. El álbum reunió composiciones de Abelardo y Héctor Armando, junto con obras de otros autores. También incluyó Tuve penas de un amor, una creación propia realizada junto a Orlando Ocampo.

Otro de sus proyectos fue Natura, una producción de trece canciones que incorporó acordeones, bandoneones, guitarras, voces, flauta, violín y violonchelo, además de sonidos de la naturaleza. Según informó El Heraldo en 2021, el trabajo fue declarado de interés cultural por el Gobierno de Entre Ríos.

En 2026, Ricardo formó parte del documental Abelardo Dimotta: Brujería y chamamé, dirigido por Mariano Beresiartu y producido por el movimiento cultural De Costa a Costa.

La película fue el resultado de catorce años de investigación sobre la vida y la obra de su abuelo, una figura central en la historia del chamamé entrerriano. Ricardo aportó su testimonio y la mirada de quien recibió de manera directa esa herencia artística.

Su participación permitió recuperar recuerdos y aspectos de la trayectoria de Abelardo, además de reflejar la continuidad de una tradición musical que atravesó distintas generaciones.

Con su muerte, el chamamé entrerriano pierde a uno de los continuadores de una familia fundamental para la identidad musical del Litoral. Su legado permanece en sus grabaciones, composiciones y presentaciones, así como en la tarea de mantener viva la obra de los Dimotta.

Hoy, sábado 7, se celebra el Día del Canillita. De ellos hablamos. Un oficio sacrificado e insustituible. Cuando simplificamos esa tarea, pensamos en alguien que ofrece un periódico en la calle o lo reparte a domicilio entre sus clientes. Sin embargo, muchos de ellos mantienen un pacto tácito con quienes los esperan, aunque a la hora del reparto quizás todavía duerman o ya hayan partido hacia su lugar de trabajo.

El canillita, más acá en el tiempo llamado repartidor, sabe dónde dejar el periódico para que su cliente lo encuentre al regresar a casa. Un lugar donde no lo vuele el viento, no lo alcance la lluvia ni quede a merced del ánimo juguetón del cachorro de la familia. Y volverá en otro momento a cobrar, en horarios que resulten cómodos para el lector.

Otros recorren las calles. Ya no vocean, solo muestran el ejemplar. Pasan oportunamente por donde está quien desea saber qué ocurre: en el bar, en su comercio o simplemente en la calle.

Desde Paralelo32 queremos abrazarlos a todos en este día y hacerles saber que quien es esperado es imprescindible. Cada sábado hay miles de personas aguardándolos para leer el diario en un momento de calma.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes 6 de noviembre, junto al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, la inauguración de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura. La celebración se desarrolla hasta el domingo 8 en el Predio Ferial de la ciudad, con la participación de empresas, productores, industrias, emprendedores e instituciones.

Organizada por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, la muestra reúne propuestas vinculadas con la producción, la tecnología, la gastronomía y los espectáculos musicales.

Durante el acto inaugural, Frigerio destacó la importancia de la actividad para la economía entrerriana y definió a la avicultura como un modelo de desarrollo para la provincia.

“Probablemente sea una de las fiestas nacionales más importantes, más trascendentes, por lo que representa la avicultura en nuestra provincia”, expresó. Luego agregó: “La avicultura representa exactamente el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos”.

El mandatario provincial destacó la participación de Entre Ríos en la producción avícola nacional y su impacto en el empleo.

Según los datos mencionados por Frigerio, más del 62% de las granjas de pollos parrilleros del país están radicadas en la provincia. Además, señaló que en Crespo se produce casi una cuarta parte de los huevos que se consumen en Argentina.

El gobernador también indicó que la cadena avícola genera más de 22.000 puestos de trabajo directos y moviliza a otras actividades vinculadas con la producción.

“Demuestra cómo una actividad puede impulsar el desarrollo de muchas otras”, sostuvo.

En su discurso, Frigerio repasó las medidas implementadas por el Gobierno provincial para acompañar a la actividad avícola.

Entre ellas, mencionó la reducción a la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos para los integradores de pollos, que pasó del 3% al 1,5%, y la incorporación de la avicultura al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

También enumeró el seguro multirriesgo Escudo Maíz, la digitalización de trámites ambientales y las obras previstas en la Ruta Provincial 32, además de las gestiones vinculadas con la Ruta Nacional 12.

Las medidas, según explicó, forman parte de una estrategia para mejorar las condiciones de producción y acompañar el crecimiento de la cadena agroindustrial entrerriana.

El intendente Marcelo Cerutti destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el valor de la Fiesta Nacional de la Avicultura como expresión de la identidad productiva de Crespo.

El jefe comunal señaló que la celebración combina espectáculos artísticos de alcance nacional con el objetivo central de mostrar el potencial económico y social de la ciudad.

“Tampoco queremos perder la esencia de esta fiesta, de lo que es justamente nuestra vidriera, la producción, el trabajo, la innovación; que va de la mano de todo lo que es la avicultura. Es la oportunidad de mostrarnos también con nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro deporte”, manifestó.

Cerutti también hizo referencia al aporte de las empresas y productores para sostener el evento. En ese sentido, afirmó que la fiesta “se autofinancia” y que “el financiamiento viene de los productores y de las empresas del sector”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, puso el acento en la participación de Entre Ríos en la producción avícola nacional y en la incorporación de nuevas tecnologías.

“En estos tres días le vamos a mostrar a la Argentina y al mundo que acá en Entre Ríos se produce más del 50 por ciento de toda la producción nacional en cuanto a la avicultura. Eso nos llena de orgullo y a la vez nos llena de responsabilidades, porque hay que mantener esta tecnología y seguir avanzando”, expresó.

Gallinger señaló que la exposición permite mostrar avances en robótica e inteligencia artificial aplicados a la actividad. También destacó la relación entre el sector productivo y las universidades.

“Esta interacción que tenemos desde la asociación con las universidades es uno de los pilares fundamentales, porque las carreras que hoy las universidades proponen son necesarias para la avicultura”, afirmó.

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura cuenta con un programa que incluye el pabellón avícola, espacios de exposición y cocineros en vivo que elaboran platos a base de pollo.

Una de las propuestas centrales será el Concurso de Pollo al Disco Solidario, previsto para este domingo 8 de noviembre. Participarán 14 equipos representantes de instituciones, que competirán por premios por un total de 20 millones de pesos destinados a proyectos comunitarios.

Del acto inaugural participaron también los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el diputado nacional Darío Schneider y la diputada nacional Alicia Fregonese, entre otras autoridades provinciales y nacionales.

La celebración continuará durante este sábado y domingo en el predio ferial de Crespo, con actividades para el sector productivo y propuestas culturales, gastronómicas y musicales.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de trabajo con representantes de la avicultura entrerriana, con especial participación de productores de huevos. El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

La reunión tuvo como objetivo establecer una agenda conjunta para impulsar el crecimiento de la actividad y consolidar a Entre Ríos como uno de los principales polos de producción y transformación de proteína animal del país.

Al término del encuentro, Bernaudo destacó la importancia de mantener canales directos de diálogo con el sector privado. Señaló que uno de los objetivos planteados por el gobernador es posicionar a Entre Ríos como una provincia capaz de transformar proteína vegetal en proteína animal.

En ese sentido, indicó que durante la reunión se analizaron las necesidades de los productores para desarrollar y ampliar la actividad.

Por su parte, el productor avícola Sergio Roth valoró la convocatoria y la posibilidad de intercambiar propuestas con las autoridades provinciales. “Celebramos desde el sector, quienes hemos podido participar, que se nos tenga en cuenta y se nos invite a dialogar”, expresó.

Roth también señaló que se repasaron las principales dificultades de la actividad y las oportunidades de crecimiento. Además, consideró que existe una orientación definida por parte del Gobierno provincial para fortalecer la producción de proteína animal.

Entre los temas planteados por los representantes del sector se incluyeron la reducción de la alícuota del IVA y la mejora en el acceso a la soja y el maíz producidos en Entre Ríos.

También se analizó la necesidad de incentivar una mayor superficie sembrada con estos cultivos en la provincia, como forma de fortalecer la disponibilidad de materia prima para la cadena avícola.

Otro de los puntos abordados fue la ampliación de la capacidad de almacenamiento y silaje, con el propósito de garantizar el abastecimiento de alimentos balanceados para la producción de proteína animal.

Sobre la respuesta de las autoridades, Roth destacó la receptividad para avanzar en soluciones coordinadas y sostuvo: “Hay una muy buena receptividad y creo que este es el camino, trabajar juntos estos puntos”.

La reunión permitió reunir los principales planteos de los productores de huevos en una agenda que vincula la actividad avícola con la producción agrícola, la infraestructura de acopio y las condiciones tributarias.

Los gastos relacionados con la salud pueden alterar la organización económica de una familia cuando surgen necesidades imprevistas. Una consulta especializada, un tratamiento prolongado o la compra de medicamentos pueden exigir recursos adicionales y obligar a revisar otros compromisos. Ante estas circunstancias, las decisiones no siempre se limitan a reorganizar los ingresos, sino que también pueden implicar utilizar ahorros, modificar la atención médica o recurrir a distintas alternativas de financiamiento.

Esta realidad quedó reflejada en el informe “El derecho a la salud bajo la mirada de los bonaerenses”, elaborado por la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Fundación Participar y la consultora Arqueos. El relevamiento, realizado entre 811 afiliados de IOMA de 53 partidos y localidades bonaerenses, encontró que el 56,6% había modificado algún hábito relacionado con su atención o cuidado sanitario debido al aumento de los costos de medicamentos y prestaciones.

Los efectos sobre la economía familiar también aparecen en los resultados de la investigación. De acuerdo con las respuestas obtenidas, el 30,2% de los afiliados consultados manifestó haberse endeudado por cuestiones de salud. Si bien el estudio no detalla los instrumentos financieros utilizados ni los montos comprometidos, el dato muestra que una parte de los participantes debió asumir obligaciones económicas adicionales para afrontar estas necesidades.

Las modificaciones, sin embargo, no se limitaron a los gastos particulares. El informe abordó los cambios relacionados con las coberturas médicas: el 51,3% de los encuestados afirmó conocer personas que habían dejado de pagar una empresa de medicina prepaga para recurrir a una obra social o al sistema público.

A este panorama se suma otro indicador vinculado con la utilización de los servicios. Según los registros administrativos de IOMA incorporados a la investigación, la demanda de prestaciones médicas y medicamentos aumentó un 10% durante el primer trimestre de 2026. Aunque no es posible atribuir ese incremento exclusivamente a motivos económicos, la cifra permite ampliar la mirada sobre las transformaciones que atraviesa la atención sanitaria.

Detrás de estas decisiones existe una particularidad. Y es que a diferencia de otros consumos, numerosas necesidades médicas no pueden planificarse con anticipación. Una enfermedad, la indicación de estudios complementarios o un tratamiento inesperado pueden surgir cuando los ingresos familiares ya están destinados al alquiler, los servicios, la alimentación y otras obligaciones. En ese contexto, la posibilidad de recibir atención depende tanto de los recursos disponibles como de las prestaciones cubiertas y los tiempos necesarios para acceder a ellas.

Las dificultades para afrontar prestaciones sanitarias no solo afectan el presupuesto familiar, sino también las decisiones relacionadas con el cuidado personal. Postergar consultas, suspender controles o dejar de adquirir medicamentos puede retrasar diagnósticos, interrumpir tratamientos y complicar el seguimiento de enfermedades que requieren supervisión periódica.

Esta problemática se puede observar en los resultados del estudio realizado entre afiliados de IOMA: el 24,1% señaló que había postergado consultas médicas, mientras que el 18,1% manifestó haber dejado de comprar algún medicamento. Ambas cifras muestran que las restricciones económicas pueden traducirse en cambios concretos en el acceso a los servicios.

A este panorama se suman las demoras y las limitaciones en la disponibilidad de prestaciones. El Monitor Servicios de Salud 2026 de Ipsos identificó que, en Argentina, la percepción sobre el sistema combina una valoración positiva de la calidad asistencial con preocupaciones por los tiempos de espera, los costos y las posibilidades de acceder a determinados tratamientos.

En la edición argentina de 2025, por ejemplo, el 82% de los consultados consideraba que muchas personas no podían permitirse una buena atención médica. Asimismo, el 44% calificaba la calidad del servicio como buena, frente al 58% registrado en 2018.

Para quienes necesitan controles frecuentes, las barreras pueden incluir autorizaciones pendientes, dificultades para conseguir turnos o traslados hacia centros asistenciales. Estos trámites requieren tiempo y, en ocasiones, obligan a reorganizar jornadas laborales y responsabilidades familiares, incluso cuando las prestaciones están cubiertas.

Por su parte, el acceso a los medicamentos plantea desafíos relacionados con la cobertura y los derechos de los pacientes. En esa línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó su IX Informe sobre Medicamentos y Derechos Humanos, en el que abordó cuestiones regulatorias y decisiones judiciales vinculadas con la disponibilidad de tratamientos farmacológicos.

Entre los antecedentes analizados figura un fallo de la Corte Suprema sobre la cobertura de un medicamento de alto costo para una persona con enfermedad de Fabry. El caso pone de relieve la importancia de conocer las prestaciones que deben garantizar los agentes del sistema sanitario, especialmente cuando se trata de terapias que representan un desembolso considerable para los pacientes.

No obstante, existen circunstancias en las que determinados servicios, estudios o medicamentos requieren pagos particulares. Cuando estos importes no pueden cubrirse con los ingresos habituales, las familias deben evaluar cómo afrontar la obligación sin desatender otros compromisos económicos.

“Ante un gasto médico imprevisto, es importante conocer primero las opciones de cobertura y evaluar los recursos disponibles. Si resulta necesario recurrir a un préstamo, conviene analizar el costo total y las condiciones de devolución para evitar que una necesidad inmediata genere dificultades económicas posteriores”, señaló Ignacio Martín Trujillano, Chief Operating Officer de Mins.

En este contexto, las alternativas de financiamiento personal aparecen entre las opciones para afrontar desembolsos que no pueden postergarse. Su utilización, a su vez, implica asumir obligaciones que se extienden más allá de la necesidad médica inmediata.

El informe “Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género”, publicado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, reveló que el 56,6% de los hogares solicitó préstamos en los últimos 12 meses. La investigación reunió 1.408 respuestas de 97 partidos bonaerenses y encontró que, entre quienes recurrieron al crédito, el 28,5% lo hizo para afrontar gastos relacionados con la salud.

Asimismo, el estudio muestra que el endeudamiento no responde únicamente a circunstancias extraordinarias. El 56,9% de los hogares que solicitó dinero lo utilizó para comprar alimentos; el 30%, para afrontar gastos de vivienda; y el 29,5%, para pagar servicios básicos. Estos resultados reflejan que una parte de los compromisos financieros está vinculada con necesidades cotidianas.

Las consecuencias se vuelven más complejas cuando las obligaciones se prolongan. En concreto, el 73,5% de los hogares que había solicitado préstamos todavía no había terminado de pagarlos. Además, cuatro de cada diez familias endeudadas destinaban más de la mitad de sus ingresos mensuales a cumplir con esos compromisos. Para el 84,1% de los encuestados afectados por esta carga económica, las dificultades se extendían desde hacía más de seis meses.

Cabe destacar que el impacto alcanza otros aspectos de la vida cotidiana. La Defensoría encontró que el 75% de los hogares endeudados reportó consecuencias negativas, entre ellas estrés, angustia y problemas relacionados con el bienestar emocional. La investigación recoge testimonios de familias que modificaron su alimentación, extendieron sus jornadas laborales o suspendieron tratamientos médicos para disponer de dinero destinado al pago de deudas.

“El riesgo aparece cuando las cuotas dejan de ser una obligación puntual y pasan a ocupar una parte fija del presupuesto durante varios meses. En esas circunstancias, cualquier nuevo gasto imprevisto puede obligar a reorganizar nuevamente las finanzas del hogar”, explicó Trujillano.

Por otra parte, se identificó que el 51,9% de los hogares recurrió a fuentes de crédito no bancarias o informales, de manera exclusiva o combinada. Aunque ambas modalidades aparecen agrupadas, presentan diferencias importantes, ya que existen entidades no bancarias reguladas y prestamistas informales cuyas condiciones pueden resultar menos transparentes.

El crecimiento del crédito digital forma parte de este panorama. Según un informe del Banco Central de la República Argentina, los proveedores no financieros alcanzaron 12,1 millones de personas financiadas en febrero de 2026. Dentro de ese segmento, las empresas fintech superaron los siete millones de clientes. Estas cifras corresponden al mercado crediticio general y no exclusivamente a operaciones vinculadas con tratamientos médicos.

Ante la expansión de estas modalidades, el Banco Central recomienda comparar las condiciones de contratación, especialmente el costo financiero total (CFT), que incluye intereses y otros cargos asociados. Este indicador permite conocer el costo efectivo de una operación y evaluar distintas propuestas más allá del importe mensual de las cuotas.

En definitiva, el aumento de los gastos vinculados con la salud plantea un desafío que va más allá del acceso a consultas, medicamentos y tratamientos. Para los hogares que necesitan recurrir al crédito, también supone afrontar compromisos económicos que pueden extenderse durante meses y condicionar otros aspectos de su vida cotidiana.

Hernández- La Biblioteca Popular “La Vieja Estación” anuncia la realización de uno de los eventos culturales más esperados de la región.

Una verdadera unión entrerriana en torno a la palabra, la poesía y la música nos volverá a encontrar para celebrar nuestras raíces, nuestra identidad y el arte de decir.

Convocamos a recitadores, decidores y declamadores de toda la provincia a ser protagonistas de esta fiesta que ya es un clásico.

La cita es el viernes 27 de noviembre a las 20:30 horas, en el Salón de Cultura José Ángel Zuázaga - Hernández, Entre Ríos, con entrada libre y gratuita

Organiza: Biblioteca Popular “La Vieja Estación”

Auspicia: Municipio de Hernández - Área de Cultura

Acompaña: Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Hernández

Próximamente se lanzará el link de inscripción y las bases completas del concurso.

Tras casi una década de proceso judicial, el exintendente de Seguí y extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Álvaro Treppo, acordó con la Fiscalía una condena por peculado imprudente, en perjuicio de la Administración Pública, por irregularidades en la contratación de 16 cuadras de asfalto financiadas mediante el programa nacional Más Cerca, durante el kirchnerismo.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado este jueves ante la jueza de Garantías Matilde Federik. En un acuerdo previo para evitar el juicio por jurados que podía significar varios años de cárcel, Treppo reconoció expresamente su responsabilidad en los hechos. La pena contempla una multa de $14.163.056,56, que deberá abonar en un único pago dentro de los siete días. La magistrada dará a conocer su resolución en los próximos días.

La investigación determinó que la obra, adjudicada a la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), tuvo un presupuesto oficial de $20.644.036,81, cuando su costo de mercado se estimó entre $12 millones y $15 millones. La diferencia ocasionó un perjuicio aproximado de $5.591.876 a las arcas municipales, a valores de 2016. Este último monto fue establecido mediante una pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023, y actualizado con la tasa activa del Banco Nación para calcular la multa acordada.

Entre las pruebas centrales de la acusación se destacó un archivo Excel encontrado en computadoras de la empresa contratista, con detalles de la obra y su presupuesto, cuya última modificación databa del 4 de febrero de 2015, antes de la convocatoria formal a licitación. Para la Fiscalía, esto evidenció que la firma había preparado la oferta económica que luego formalizó el municipio. También se cuestionaron las certificaciones de avance, emitidas sin controles de calidad ni registros técnicos adecuados.

La causa se inició en 2016, a partir de una denuncia de concejales de Cambiemos. La acusación sostuvo que Treppo, en su condición de intendente, gestionó el financiamiento nacional y luego intervino en la contratación de OICSA, adjudicada en junio de 2015. Los fondos fueron transferidos en distintas etapas hasta completar el pago de la obra.

El acuerdo representa el desenlace judicial para el exfuncionario. En 2025, otros empresarios involucrados en la causa habían obtenido el beneficio de la probation.

Según tablas de cotización disponibles en Paralelo32, en 2016 el comportamiento de la cotización de la moneda norteamericana fue fluctuante y permite tomar un promedio de $ 15 por dólar, por lo que aquel presupuesto significaba, junio de 2016, la suma de U$S 1.376.269. Convertido a pesos de esta semana con el dólar compra Banco Nación a $ 1.520, representa 2.092 millones de pesos ($ 130 millones por cuadra). 

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este jueves remitir a juicio la causa en la que Sergio Urribarri está acusado como presunto autor de enriquecimiento ilícito, mientras que el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros está señalado como partícipe necesario.

La decisión se produjo luego de que el magistrado rechazara los planteos de las defensas, que cuestionaron parte de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y solicitaron la realización de dos nuevas pericias: una informática y otra contable.

La resolución será remitida a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que deberá establecer la fecha para el inicio del debate oral y público.

Las oposiciones fueron presentadas por Miguel Cullen, abogado de Urribarri, y por Ignacio Díaz y José Velázquez, representantes de Cardona Herreros. Los defensores cuestionaron la incorporación de documentos, notas, correos electrónicos, informes y soportes de información ofrecidos como prueba por la Fiscalía, representada por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.

Uno de los pedidos apuntó a realizar una nueva pericia informática. La defensa cuestionó la idoneidad de los profesionales del MPF que intervinieron en la extracción de datos de dispositivos electrónicos.

El segundo planteo estuvo relacionado con una pericia contable, que las defensas pretendían realizar con profesionales independientes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y peritos de parte. El objetivo era revisar diferencias entre los montos incluidos en un informe contable de la investigación y los consignados por la Fiscalía al solicitar la elevación a juicio.

Los abogados sostuvieron que ambas medidas eran relevantes porque, según plantearon, de esos elementos surgen documentos y cifras que sustentan la acusación y los montos que el Ministerio Público considera que no fueron justificados por Urribarri.

Al analizar los pedidos, Budasoff consideró que las medidas solicitadas no demostraban una utilidad concreta para esclarecer los puntos que las defensas pretendían discutir. También señaló que los planteos no precisaban suficientemente qué aspectos buscaban determinar.

En relación con la evidencia informática, el juez rechazó la oposición a incorporar un informe del 5 de diciembre de 2018, elaborado por el Gabinete de Informática Forense del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.

Ese documento contiene información obtenida durante una investigación anterior por los delitos de peculado, defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Budasoff entendió que esos elementos están vinculados con los hechos investigados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, ya que forman parte de la evidencia con la que la Fiscalía sostiene haber reconstruido operaciones patrimoniales y relaciones entre bienes, personas y movimientos económicos.

El magistrado distinguió entre la pertinencia de incorporar una prueba y la valoración que deberá hacerse de ella durante el juicio. En ese sentido, sostuvo que cuestiones como la autenticidad de los registros, su atribución a determinadas personas o las posibles interpretaciones de su contenido deberán discutirse durante el debate.

También rechazó los cuestionamientos sobre los informes de las compañías telefónicas. Según recordó, la validez de su incorporación ya había sido analizada y confirmada por el Tribunal de Juicio y Apelación y por la Cámara de Casación.

Respecto del pedido de una segunda pericia contable, Budasoff consideró que las defensas no demostraron la existencia de una insuficiencia concreta en el estudio realizado durante la investigación que justificara repetir el trabajo.

El juez señaló que una nueva intervención técnica no puede basarse únicamente en la expectativa de obtener conclusiones diferentes ni utilizarse para reiterar una investigación que ya se realizó.

Durante la etapa investigativa se había desarrollado una pericia contable con la participación de la contadora Romina Stepanik-Pouey y del contador Cristian Dumé, este último propuesto por la defensa. De acuerdo con los antecedentes analizados por el magistrado, ambos intervinieron en la definición de los puntos periciales, el examen de la documentación y la elaboración de las conclusiones, a las que arribaron en forma coincidente.

Para Budasoff, esa participación permitió a la defensa controlar técnicamente el trabajo, proponer aspectos para examinar y ejercer sus facultades durante la producción de la prueba.

El juez consideró que las diferencias entre el informe contable y los montos planteados por la Fiscalía, así como las discusiones sobre la atribución de gastos, los ingresos provenientes de la actividad futbolística y la interpretación de los registros económicos, podrán ser abordadas durante el juicio.

En esa instancia, las defensas tendrán la posibilidad de interrogar al contador Dumé y contrainterrogar a la contadora Stepanik-Pouey, cuestionar la metodología utilizada y confrontar las conclusiones con la documentación incorporada.

Durante la audiencia, el pedido de una nueva pericia contable quedó delimitado en cinco aspectos:

Además, la defensa de Urribarri cuestionó la identificación de determinados registros en planillas electrónicas, especialmente las referencias identificadas como “SDU”, la consideración de los ingresos de Bruno Urribarri por su actividad futbolística y la atribución de adquisiciones y gastos realizados por terceros.

La Fiscalía se opuso a la realización de una nueva pericia por considerar que el pedido había sido presentado fuera de término y que resultaba impertinente y sobreabundante. También sostuvo que el informe existente fue elaborado con intervención de un profesional propuesto por la defensa y que sus conclusiones podrán discutirse mediante interrogatorios durante el debate.

Al resolver, Budasoff entendió que no se había identificado una operación técnica concreta que necesitara una nueva revisión ni una controversia entre los profesionales que intervinieron en el estudio anterior.

De esta manera, el magistrado rechazó los pedidos de nuevas pericias y dispuso la apertura del juicio oral y público contra Urribarri y Cardona Herreros. La fecha del debate será definida por la Oficina de Gestión de Audiencias.

El Gobierno nacional dispuso el cierre operativo de 72 registros automotores distribuidos en distintas provincias del país. En Entre Ríos, la medida comprende seis dependencias y fue establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial.

La disposición forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por la Resolución 306/2026, que contempla cambios en la distribución territorial y funcional de las oficinas registrales.

La normativa fija un plazo improrrogable de 60 días hábiles para ejecutar los cierres y organizar la reasignación de los dominios de los vehículos registrados en las dependencias alcanzadas.

Los anexos de la resolución identifican seis dependencias entrerrianas comprendidas en el proceso:

Los registros de Paraná, Basavilbaso y Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain, Nogoyá y Ramírez aparecen en el Anexo I, que establece nuevas supresiones.

En tanto, el Registro Automotor N° 3 de Concepción del Uruguay está incluido en el Anexo II, correspondiente a dependencias cuya supresión había sido dispuesta anteriormente y cuyo cierre operativo debe concretarse.

La Resolución 538/2026 identifica 67 registros seccionales en el Anexo I y otros cinco en el Anexo II. En total, son 72 dependencias alcanzadas por el proceso.

Las oficinas están distribuidas en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de registros incluidos, mientras que Entre Ríos cuenta con seis dependencias alcanzadas.

Desde el Ministerio de Justicia fundamentaron la decisión en la necesidad de reorganizar la estructura registral, concentrar funciones y optimizar los recursos disponibles.

La normativa establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá reasignar los dominios radicados en las oficinas suprimidas a otros registros que permanezcan operativos.

Para concretar el proceso, también deberán adoptarse medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas.

De esta manera, los vehículos que actualmente están registrados en las dependencias alcanzadas pasarán a tener asignado otro registro seccional que continúe funcionando.

La resolución también contempla que las oficinas que permanezcan operativas puedan incorporar nuevas competencias para realizar trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.

Esa ampliación deberá contar con una orden previa de la Dirección Nacional, independientemente de las funciones que originalmente tenga asignadas cada dependencia.

Además, los encargados titulares de los registros que absorban nuevas funciones conservarán su condición y extenderán su nombramiento a la nueva denominación registral.

La Resolución 538/2026 entró en vigencia este jueves 5 de noviembre, con su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el cierre operativo de las 72 dependencias deberá concretarse dentro del plazo establecido de 60 días hábiles.

Se trata de un dispositivo intermedio de atención ambulatoria y comunitaria, destinado a personas mayores de 18 años. La puesta en valor de este espacio fue posible mediante la refuncionalización integral de un edificio que se encontraba en desuso dentro del predio del hospital Colonia. Los trabajos representaron una inversión de más de 30 millones de pesos provenientes del tesoro provincial e incluyeron la renovación de pisos, paredes, sanitarios, instalación de climatización y equipamiento completo, además de la adecuación de tres consultorios para atención individual y grupal.

Durante la ceremonia, que contó también con la presencia del secretario General de Gobernación, Mauricio Colello; el gobernador destacó el compromiso del personal de la institución, expresando que "fueron los que hicieron todo, con una calidad y una categoría increíble". En relación al déficit histórico de infraestructura en la materia, el mandatario afirmó que "hoy todos hablan mucho de salud mental, pero se hizo muy poco", y recordó que "desde el 93 no se hacía ningún centro de día de salud mental".

Ante este escenario, enfatizó que es necesario "hacer más y hablar menos" y ratificó la decisión de seguir ampliando la red provincial. "Ya inauguramos este y vamos a inaugurar una Casa de Medio Camino en Tala, y otro Hospital de Día en Colón", detalló.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, destacó la apertura del hospital de día de Diamante como un hito para la salud mental de la provincia, al tratarse del segundo establecimiento de estas características que se pone en funcionamiento en más de 30 años.

"En salud mental, el compromiso se demuestra con hechos y acciones concretas. La puesta en funcionamiento de este espacio representa un avance en el fortalecimiento de la red de atención, porque permite ofrecer respuestas y acompañamiento en distintos momentos del proceso de atención. Los usuarios contarán con un dispositivo intermedio entre la internación hospitalaria y la vida cotidiana: una alternativa tanto para quienes necesitan atención sin requerir una internación, como para quienes, luego de recibir el alta, todavía necesitan un espacio de contención antes de retomar plenamente su vida en el hogar", señaló el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, resaltó la significación de la obra para el municipio y la provincia, señalando que "es el segundo hospital de este tipo que se inaugura desde el año 93 a la fecha", lo que evidencia "cuán atrasados estamos con respecto a la demanda de ese tipo de solución" en el ámbito de la salud mental.

El nuevo centro brindará atención de lunes a viernes de 8 a 12. Su apertura se enmarca en la declaración de la Urgencia Sanitaria en Salud Mental (Decreto Nº 2130/26) y cumple con los preceptos de la Ley nacional de Salud Mental Nº 26.657.

Acompañaron la jornada el director general de Salud Mental, Esteban Javier Dávila; la directora del hospital Colonia, Silvina Bogado; el diputado provincial Lénico Aranda y el senador departamental José Vergara.

Un choque entre dos automóviles se registró durante las primeras horas de este jueves sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías del acceso a Aldea Protestante. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron con diversas lesiones y debieron ser trasladadas al Hospital San José de Diamante.

El hecho fue advertido por personal de la Comisaría de Valle María, que realizaba operativos preventivos durante la madrugada. Los efectivos fueron alertados sobre el siniestro y, al llegar al lugar, constataron la participación de dos vehículos Fiat: un Palio y un Siena.

En uno de los rodados se trasladaba una mujer de 23 años, quien conducía el vehículo. El otro era conducido por un hombre de 69 años, que viajaba acompañado por una mujer de 66.

Los tres ocupantes recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron derivados al hospital de Diamante para su atención médica.

Tras el siniestro, el tránsito permaneció señalizado y asistido por personal policial mientras se desarrollaban las tareas periciales dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Las actuaciones buscan establecer las causas y circunstancias en las que se produjo la colisión.

El planteo del concejal Juan Martín Garay de Concepción del Uruguay, intenta reducir la gestión de la administración provincial, a una discusión de alianzas electorales. Pero gobernar una provincia exige mucho más que construir discursos o especular sobre los calendarios electorales: exige administrar recursos, tomar decisiones y hacerse cargo de los problemas concretos de los entrerrianos.

Cuando el Gobierno nacional decidió retirar los subsidios al transporte del interior del país, la Provincia no se quedó de brazos cruzados. El gobierno de Rogelio Frigerio asumió responsabilidades que antes tenían financiamiento nacional y tomó decisiones para sostener beneficios que impactan directamente en el bolsillo de las familias.

En octubre de 2024, Entre Ríos decidió financiar beneficios para estudiantes y personas con discapacidad del área metropolitana de Paraná. En febrero de 2025 se implementó el boleto estudiantil gratuito para alumnos primarios y secundarios, mientras que los estudiantes universitarios y terciarios pasaron a pagar solamente el 30% del pasaje, con el 70% restante cubierto por la Provincia.

En julio de 2025 avanzamos, además, con un nuevo esquema de subsidios al transporte urbano, que prioriza a los pasajeros y a quienes necesitan el servicio, en lugar de distribuir los recursos exclusivamente en función de los kilómetros recorridos por las empresas. La Provincia informó que mantenía una inversión superior a los 500 millones de pesos mensuales para el sistema urbano.

También trabajamos con los municipios para ampliar los beneficios, ordenar los servicios, mejorar los controles y hacer más transparente la utilización de los recursos públicos.

Para nosotros el transporte no es solamente una cuestión administrativa: es una herramienta de acceso al trabajo, la educación, la salud y las oportunidades.

En 2026 seguimos avanzando en la modernización del sistema. Incorporamos herramientas digitales para que los usuarios puedan realizar reclamos por incumplimientos de horarios, problemas en los servicios, cobros indebidos y deficiencias de las unidades a través de la app Mi Entre Ríos.

Respecto de la relación con el Gobierno nacional, no tenemos inconvenientes en explicar nuestras coincidencias ni en señalar nuestras diferencias.

Gobernar también significa gestionar ante Nación los recursos que le corresponden a Entre Ríos, acompañar cuando coincidimos y defender los intereses de nuestra provincia cuando existen decisiones que nos perjudican; los hechos son concretos: la administración del gobernador Rogelio Frigerio llevó a la Corte Suprema el reclamo por la deuda previsional y logró un acuerdo con ANSES por $120.000 millones para compensar parte del déficit de la Caja.

También sostiene un reclamo por los recursos de Salto Grande y plantea ante Nación las diferencias en materia de recursos y obligaciones federales.

Por eso no aceptamos: que se confunda una diferencia política con la ausencia de gestión, o que se pretenda instalar que la Provincia no hace nada frente a las dificultades económicas.

Trabajamos para sostener beneficios, ordenar el sistema y administrar responsablemente los recursos disponibles.

En cuanto a las elecciones de 2027, será la ciudadanía la que evaluará las decisiones políticas que se adoptaron; y el debate sobre el calendario electoral no puede reemplazar la discusión sobre cómo generar trabajo, mejorar los servicios, recuperar infraestructura y garantizar mejores condiciones de vida.

Con el liderazgo del gobernador Frigerio, decidimos hablar de gestión y mostrar resultados. Tenemos problemas heredados por resolver, objetivos por cumplir y una provincia que necesita seguir avanzando.

Porque gobernar no es buscar excusas, como se hacía en el pasado: es asumir responsabilidades y trabajar todos los días para dar respuestas a los entrerrianos, para que mañana sea mejor que hoy.

El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos respondió al proyecto presentado por el justicialismo sobre OSER y respaldó las auditorías sobre la facturación de los prestadores. “Quienes defendieron los privilegios del viejo Iosper ahora cuestionan los controles que protegen la plata de los afiliados”, afirmaron.

“Según informó OSER, sobre un listado de 106 internaciones revisadas, la auditoría identificó facturaciones duplicadas en 80 casos. También detectó prestaciones facturadas por profesionales que no integran su registro de prestadores, presentaciones fuera de término y otras inconsistencias administrativas. Frente a esto, ¿qué pretenden los diputados del PJ? ¿Que se pague igual? ¿Que se mire para otro lado?”, plantearon.

Los legisladores remarcaron que esas observaciones deben verificarse y conciliarse entre los equipos técnicos. “OSER tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Ninguna entidad puede exigir que se renuncie a los controles como condición para mantener la atención. Los recursos de la obra social salen del esfuerzo de los trabajadores y deben volver en medicamentos, tratamientos y servicios de salud”, afirmaron.

“El tiempo de la extorsión terminó. No vamos a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados, cortando la atención cada vez que la obra social controla y debita lo que corresponde. Las diferencias de facturación se resuelven entre las instituciones, sin utilizar a los pacientes como instrumento de presión”, sostuvieron.

Desde el bloque también precisaron que, según informó OSER, las internaciones y las cirugías no están suspendidas: la medida dispuesta por FEMER alcanza a las consultas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación. “Los diputados tienen la obligación de informar con precisión. Alimentar la incertidumbre de las familias para sacar una ventaja política es una irresponsabilidad”, expresaron.

Respecto de los cuidadores domiciliarios, señalaron que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, frente a los 60 días habituales del resto de los prestadores. Sobre los débitos por horas cuestionados en el proyecto, indicaron: “También en la atención domiciliaria corresponde cotejar las horas autorizadas, las efectivamente prestadas y las facturadas. Si el PJ sostiene que esos descuentos son injustificados, que lo demuestre con documentación. Cuestionar una auditoría no reemplaza la obligación de explicar una factura”.

Los diputados recordaron que OSER brinda cobertura a 288.891 afiliados: 286.620 residen en los 17 departamentos y en 286 localidades, comunas y parajes de Entre Ríos —el 99,21 por ciento del padrón— y 2.271 en otras provincias. Del total, 9.312 cuentan con Certificado Único de Discapacidad.

En ese marco, destacaron que entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites de discapacidad, frente a 9.009 en el mismo período de 2025: un incremento del 83,57 por ciento. Además, el informe de gestión registra una reducción del tiempo promedio de resolución de 30,55 a 17,89 días.

“En los primeros diez meses del año, las autorizaciones de resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 y las de radioterapia, de 390 a 597, respecto del mismo período de 2025. El PJ omite estos resultados porque contradicen su relato de que todo está peor”, afirmaron.

Desde Juntos por Entre Ríos rechazaron que el justicialismo ubique el origen de los problemas en la creación de OSER. “Necesitan que la historia empiece en junio de 2025 para borrar todo lo anterior. Cuando se intervino el Iosper se denunció una deuda acumulada de más de 42.800 millones de pesos y un sueldo para su presidente que, actualizado a valores de hoy, supera los 26 millones de pesos mensuales. Esa es la obra social que defendieron y sobre la que hoy prefieren guardar silencio”.

“Gobernaron Entre Ríos durante veinte años. Tuvieron tiempo y poder para garantizar transparencia, terminar con los privilegios y defender a los afiliados. No solo no lo hicieron: fueron responsables políticos del sistema que generó esos privilegios y acumuló las deudas que hoy pretenden desconocer. Ahora quieren borrar esa responsabilidad con un proyecto de declaración. Para repartir culpas tienen una velocidad que nunca tuvieron para enfrentar los abusos”, sostuvieron.

“Con Rogelio Frigerio tomamos la decisión de terminar con los privilegios y defender los recursos de los afiliados. Vamos a pagar lo que corresponde y a controlar cada factura. Ni los cortes de prestaciones ni la presión política van a hacernos abandonar esa responsabilidad. El PJ tendrá que explicar por qué denuncia los controles de hoy y guarda silencio sobre los privilegios de ayer”, concluyeron.

La Secretaría de Industria de Entre Ríos convocó a empresas y pymes a participar de una nueva jornada de Alianzas con Valor, el programa provincial que busca conectar a industrias entrerrianas con proveedores locales y generar nuevas oportunidades comerciales.

La actividad se desarrollará el jueves 12 de noviembre, a partir de las 10:00, en el salón auditorio de la Cooperativa de Agua Potable de Seguí, ubicado en Dorrego 709.

Durante el encuentro también se presentarán líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y herramientas del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), destinadas a facilitar el acceso al crédito.

El programa parte de una situación frecuente en el sector productivo: muchas industrias compran fuera de Entre Ríos bienes y servicios que podrían encontrar dentro de la provincia.

Frente a esa realidad, Alianzas con Valor busca dar mayor visibilidad a la oferta productiva entrerriana, reducir las dificultades de información y promover nuevos vínculos comerciales entre empresas.

La iniciativa contempla cuatro etapas: relevamiento de las demandas de las industrias, identificación de proveedores, encuentros de vinculación y seguimiento de los contactos generados. De esta manera, el trabajo continúa después de cada jornada para acompañar las oportunidades que puedan surgir.

Durante la actividad, las empresas proveedoras tendrán ocho minutos para presentar sus productos, servicios y capacidades de abastecimiento ante las industrias participantes.

Luego se abrirá una instancia de intercambio para realizar consultas, ampliar información y conversar sobre las propuestas presentadas.

Una vez finalizado el encuentro, el equipo del programa realizará un seguimiento de los contactos para conocer los avances en cotizaciones, pruebas de productos, ventas y generación de nuevos vínculos comerciales.

La participación es gratuita y las empresas interesadas pueden inscribirse a través del sitio alianzasconvalor.com.ar/postular.

Al completar el formulario deberán indicar qué productos o servicios ofrecen y cuál es su capacidad de abastecimiento.

Para realizar consultas está disponible el teléfono 343 544-2533.

El Gobierno de Entre Ríos declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y anegadizos de seis departamentos de la provincia. La medida se extenderá desde el 1° de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 y responde a las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

La decisión quedó formalizada mediante el decreto 3.692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.

Los departamentos comprendidos son La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. En paralelo, Bernaudo inició las gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para solicitar la declaración de emergencia a nivel nacional.

Entre las medidas previstas, el decreto instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a diferir hasta el 31 de enero de 2028 los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural correspondientes a 2026 y 2027 que operen durante el período de vigencia de la emergencia.

Además, los productores alcanzados podrán acceder a un plan especial y opcional de facilidades de pago. El régimen contempla hasta tres cuotas mensuales consecutivas, sin intereses de financiación, con el primer vencimiento previsto para el 10 de marzo de 2028.

La norma también establece la condonación de las multas e intereses generados por el pago fuera de término durante el período comprendido entre los vencimientos originales y la fecha de vencimiento prorrogada.

En los casos de productores que sean declarados en situación de desastre agropecuario, se contempla la exención del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural con vencimiento dentro del período de emergencia.

El porcentaje de exención será equivalente al nivel de pérdida que figure en el certificado de desastre otorgado a cada productor, de acuerdo con los alcances de la Ley provincial N° 10.836 y su modificatoria, la Ley N° 11.070.

Para quedar comprendidos en la emergencia, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos.

El documento tendrá que estar firmado por un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y certificado por una entidad pública o privada representativa o vinculada con el sector afectado.

A partir de esa presentación, el Ministerio de Desarrollo Económico confeccionará los certificados oficiales necesarios para acceder a los beneficios establecidos en el decreto.

La declaración se tomó luego de evaluar la situación hídrica en el ámbito de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Los informes técnicos determinaron que las inundaciones afectan la capacidad productiva de las actividades ganadera y apícola en las zonas de influencia de los ríos Paraná y Uruguay.

Para elaborar el diagnóstico se tuvieron en cuenta informes de especialistas y organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), las direcciones provinciales de Hidráulica, Obras Sanitarias y Producción Animal, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Prefectura Naval Argentina.

En el caso de la ganadería, se identificaron perjuicios económicos y productivos vinculados con la disminución de la productividad, la caída de los precios obtenidos por ventas forzosas de hacienda y los mayores costos de alimentación, traslado y arrendamiento de campos receptores.

También se señalaron dificultades operativas y sanitarias para retirar y reubicar los animales. Según los informes considerados por el Gobierno provincial, la afectación supera el 50% de la capacidad productiva.

En la actividad apícola, las consecuencias alcanzan a los apiarios ubicados en zonas de humedales, islas y franjas costeras. Se registraron pérdidas directas, dificultades para retirar y reubicar las colmenas y problemas productivos, sanitarios y económicos derivados de las inundaciones.

Otro de los antecedentes considerados fue el decreto 2.660, del 29 de agosto de 2026, mediante el cual se declaró la emergencia hídrica en todo el territorio entrerriano.

Esa disposición tuvo como objetivo implementar acciones de prevención y mitigación de los daños que pudieran afectar a la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas, frente al escenario hidrometeorológico extraordinario asociado al fenómeno de El Niño.

A partir de los daños registrados en las zonas rurales alcanzadas, el Gobierno provincial consideró que la situación tendrá consecuencias significativas sobre el desempeño económico de los productores ganaderos y apícolas, con dificultades para afrontar sus obligaciones fiscales y crediticias.

La nueva declaración de emergencia busca formalizar el reconocimiento de los productores afectados y habilitar las certificaciones oficiales necesarias para acceder a los beneficios previstos.

Fundación CAUCE, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Casa Río Lab y Taller Ecologista, organizó el Encuentro Biocultural sobre Agroecología y Resiliencia Climática, que se desarrolló el 30 y 31 de octubre en Rosario, con el apoyo de Agroecology Fund.

La propuesta reunió a productores, representantes de organizaciones, técnicos y profesionales de distintos territorios para intercambiar experiencias y construir estrategias colectivas en defensa de la agroecología.

El encuentro se realizó en el marco de la iniciativa IPA Global y del proyecto Agroecología para la resiliencia climática en Corredores Bioculturales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Uno de los principales ejes de trabajo fue la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada corredor biocultural. La actividad permitió identificar las dificultades que atraviesan las unidades productivas agroecológicas.

Los resultados se plasmaron en una cartografía colectiva que permitió visibilizar distintas tensiones relacionadas con el acceso y la disponibilidad de agua, el estado del suelo, los eventos climáticos, las presiones extractivas y el ordenamiento territorial.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural Parque de España y el Centro Agroecológico Rosario (CAR), donde también hubo espacios para compartir conocimientos, reconocer experiencias productivas y debatir nuevas estrategias.

El encuentro representó una instancia de consolidación del trabajo conjunto realizado durante los últimos meses, que incluyó visitas territoriales y testimonios de productoras y productores de los cuatro corredores.

La iniciativa comenzó en 2026 y tiene continuidad prevista hasta mediados de 2027.

Desde Fundación CAUCE destacaron la importancia de fortalecer las redes de trabajo y generar herramientas de articulación e incidencia que permitan ampliar el reconocimiento y el acompañamiento a la producción agroecológica.

Entre los objetivos planteados se encuentra avanzar hacia un mayor respaldo institucional, social y normativo para quienes desarrollan alternativas de producción de alimentos y promueven otras formas de relacionarse con los territorios.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Nogoyá detuvo a dos hombres en el marco de una investigación judicial por el supuesto delito de lesiones.

El procedimiento se llevó adelante este martes 3 de noviembre, en cumplimiento de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Oscar E. Rossi, en el marco del legajo caratulado “S/ Lesiones”.

Como resultado de las medidas judiciales, fueron detenidos dos hombres de 34 y 32 años. Posteriormente, ambos fueron trasladados y alojados en la Jefatura Departamental Nogoyá, donde quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.

Según informó la Policía, los detenidos fueron notificados de sus derechos y examinados por el médico policial.

La Jefatura Departamental Nogoyá indicó que continúa trabajando en coordinación con las autoridades judiciales para dar cumplimiento a las medidas dispuestas en el marco de las investigaciones en curso.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó que los débitos aplicados a determinadas facturaciones de honorarios médicos presentadas por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) responden a inconsistencias detectadas durante los controles de auditoría.

A través de un comunicado, la obra social sostuvo que las observaciones no constituyen descuentos arbitrarios y detalló que detectó errores en las presentaciones correspondientes a dos períodos consecutivos.

Entre las irregularidades señaladas mencionó códigos de prácticas que no existen en el nomenclador utilizado, prestaciones sin los registros correspondientes, presentaciones fuera de término y posibles duplicaciones de una misma intervención quirúrgica.

Según OSER, estas observaciones fueron comunicadas oportunamente a Femer para que puedan ser regularizadas.

La institución también reconoció que pueden existir diferencias de interpretación o errores en los procesos de auditoría, y aseguró que son corregidos cuando corresponde. Sin embargo, consideró que no resulta adecuado presentar como injustificados los débitos vinculados con prestaciones incorrectamente facturadas.

En ese sentido, cuestionó que las diferencias administrativas entre ambas instituciones terminen trasladándose a los afiliados.

OSER aclaró que las internaciones y las cirugías de sus afiliados no están suspendidas.

De acuerdo con la obra social, la medida anunciada por Femer alcanza exclusivamente a las consultas médicas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación.

En cambio, los médicos que trabajan de manera individual o integran otras asociaciones continúan prestando servicios con normalidad.

La obra social informó que sus equipos técnicos y los de Femer mantienen un proceso de conciliación para resolver las diferencias durante esta semana.

OSER ratificó su disposición al diálogo, aunque remarcó que tiene la responsabilidad de controlar el uso de los recursos destinados a la atención sanitaria de sus afiliados.

“Auditar no es dejar de pagar. Es verificar qué corresponde pagar, corregir los errores y garantizar que los recursos de la Obra Social se destinen efectivamente a la atención de sus afiliados”, expresó la institución.