A poco más de un año de haber asumido al frente del Ministerio de Economía de Entre Ríos, el contador Fabián Boleas realizó un balance de la gestión económica provincial y aseguró que uno de los principales objetivos planteados por el gobernador Rogelio Frigerio fue avanzar en un estricto ordenamiento de las cuentas públicas.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el funcionario sostuvo que la administración provincial logró modificar prácticas históricas vinculadas al manejo financiero del Estado, priorizando una política de gasto basada en la disponibilidad real de recursos.

“Se toman compromisos únicamente cuando existen ingresos para respaldarlos”, resumió el ministro al referirse a la estrategia aplicada desde el inicio de la actual gestión.

Uno de los aspectos que destacó fue el retorno de Entre Ríos a los mercados de financiamiento internacional. En ese sentido, señaló que la reciente asignación de cupos para acceder a créditos de organismos multilaterales por 322 millones de dólares representa una señal de confianza hacia la provincia.

Según explicó, se trata de líneas de financiamiento con condiciones favorables y plazos de devolución cercanos a los diez años, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a obras de infraestructura. Entre las prioridades figura la recuperación y mejora de la red vial provincial.

Al analizar la evolución de los ingresos, Boleas reconoció que durante los primeros cinco meses de 2026 la coparticipación nacional registró una caída real cercana al 3 por ciento. No obstante, destacó el comportamiento de los recursos provinciales.

De acuerdo con los datos expuestos, la recaudación proveniente de los impuestos Inmobiliario y Automotor mostró incrementos reales de entre el 2 y el 4 por ciento, resultado que atribuyó al cumplimiento tributario de los contribuyentes entrerrianos.

El ministro consideró que ese desempeño permitió sostener programas y políticas que anteriormente contaban con financiamiento nacional y que actualmente son afrontados por la provincia.

Uno de los temas sobre los que hizo mayor énfasis fue la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Boleas definió al sistema previsional como el principal desafío financiero que enfrenta la provincia y sostuvo que su déficit limita la posibilidad de destinar mayores recursos a otras áreas de gestión.

En ese marco, defendió el proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y remarcó la necesidad de discutir alternativas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Según expresó, la iniciativa busca abrir un debate que durante años fue postergado y generar herramientas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin comprometer el futuro de la Caja.

Por último, el titular de la cartera económica confirmó que el pago de haberes y del medio aguinaldo seguirá el esquema habitual. En primer término se abonarán los salarios correspondientes a junio durante los primeros días de julio y posteriormente se hará efectivo el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó la continuidad del cronograma de pagos y destacó que el ordenamiento financiero permite afrontar los compromisos salariales previstos para el segundo semestre del año.

Fue durante una conferencia de prensa en la que presentó los avances y el plan integral de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, destacando que en poco más de dos años de gestión se logró pasar de una situación crítica a una etapa de transformación estructural.

El mandatario hizo notar que al asumir su gestión encontró un panorama crítico, con "rutas en estado deplorable, abandonadas"; y una Dirección Provincial de Vialidad con "falta de transparencia en procesos y contrataciones". Ante esto, se propuso un objetivo concreto: "Recuperar Vialidad y recuperar las rutas para nuestra provincia", a pesar de las dificultades financieras heredadas.

Para lograrlo, se sanearon deudas recibidas de gestiones anteriores de más de 30.000 millones de pesos que mantenían las obras paralizadas. "Hoy la administración está al día" y bajo una directiva estricta: "Obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma", dijo. Además, se fomentó la transparencia triplicando la cantidad de oferentes en licitaciones, lo que permitió hacer "muchas más obras, muchos más kilómetros, con muchos menos recursos".

Un avance clave es la "compra histórica de maquinaria para Vialidad que será la más importante en varias décadas". Con más de 70 unidades de equipamiento vial, el gobierno busca revertir la situación de un organismo que fue encontrado "desguazado, sin ningún tipo de herramientas para dar respuesta a los reclamos de los vecinos". Además, destacó el reordenamiento del personal en la repartición, señalando que "la gente tiene que estar en territorio, en los campamentos", por lo que se busca corregir la excesiva concentración de empleados en algunas dependencias.

En cuanto a la infraestructura, el plan estratégico contempla intervenir el 100 por ciento de la red vial en estos cuatro años. Según el gobernador, "estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes", incluyendo un plan para los 25.000 kilómetros de caminos rurales.

Para las rutas que requieren una reconstrucción integral, se gestionó financiamiento externo tras obtener el aval soberano nacional, "y Entre Ríos fue la primera provincia". En ese marco, se lograron créditos por más de 320 millones de dólares del BID, el BCIE y el FIDA, recursos a "larguísimo plazo, a tasas bajísimas, para poder hacer rutas de nuevo, desde cero", subrayó el mandatario.

Asimismo, el gobierno implementó medidas como el decreto para eliminar Ingresos Brutos e impuesto a los Sellos para la obra pública; y el envío de un proyecto de Compre Provincial para priorizar a las empresas locales. Asimismo, se tomó la decisión política de que "el 100 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural se destine a los caminos de la producción", entre otras acciones.

Al finalizar, el gobernador subrayó que este cambio de paradigma es posible gracias a "reglas claras, transparencia y competencia". Concluyó que, además de saldar una deuda histórica con los entrerrianos, esta inversión "genera empleo" y demuestra que se puede gestionar con "compromiso, decisión y coraje".

También participaron de la actividad el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y el director administrador de la Dirección provincial de Vialidad, Exequiel Donda.

Desde este martes 26 y hasta el viernes 29 se retomarán las jornadas de la audiencia de remisión a juicio en la causa conocida como Contratos Truchos, una de las investigaciones judiciales más resonantes de la provincia de Entre Ríos, vinculada al presunto accionar de una organización ilegal que habría operado entre 2008 y 2018 mediante la simulación de contratos de obra en las cámaras de Senadores y Diputados.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el esquema consistía en la celebración de contratos con ciudadanos que solo prestaban su nombre, sin prestar servicios reales, a cambio de recibir un porcentaje mínimo del dinero asignado. El resto de los fondos, de acuerdo con la acusación, habría sido desviado de las arcas del Estado provincial.

La investigación comprende contratos celebrados durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri y parte del mandato del ex gobernador Gustavo Bordet. Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para el Estado entrerriano, a valores actualizados, ascendería a aproximadamente 53 millones de dólares.

Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se notificó a las partes la continuidad formal del proceso, luego de la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Casación Penal el 23 de diciembre de 2025, que rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por distintas defensas contra una sentencia dictada el 27 de noviembre de ese mismo año.

Con esa definición judicial, quedó establecido que la audiencia continuará en jornadas de martes a viernes desde el 26 de mayo hasta el 10 de julio. El cronograma prevé audiencias los martes y viernes de 9 a 13, mientras que los miércoles y jueves se desarrollarán en doble turno: de 9 a 13 y de 16 a 19.

La decisión permitió reactivar un expediente de alta complejidad procesal que involucra una extensa cantidad de pruebas documentales, pericias, planteos técnicos y un número importante de imputados.

La referencia a la resolución de Casación se vincula con la revisión de lo resuelto previamente por la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien en septiembre de 2025 había hecho lugar parcialmente a distintos planteos presentados por las defensas.

Entre esos pedidos figuraban exclusiones probatorias sobre informes y pericias, solicitudes de sobreseimiento, nulidades del requerimiento de remisión a juicio, cuestionamientos a la acusación fiscal y pedidos de subsanación de defectos procesales.

Uno de los ejes también estuvo relacionado con la intervención de Fiscalía de Estado, organismo que impulsa el recupero de las millonarias sumas presuntamente sustraídas al patrimonio provincial.

Tras aquella resolución, el expediente volvió a manos de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien tiene a su cargo la continuidad del proceso de remisión a juicio oral y público.

Actualmente, la causa avanza con alrededor de 17 imputados de los 32 que inicialmente fueron investigados. El resto quedó desvinculado por distintas vías judiciales, entre ellas acuerdos de reconocimiento de participación en los hechos atribuidos o la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las primeras jornadas podrían estar orientadas a ordenar aspectos metodológicos y procesales para retomar una audiencia que, desde su inicio, estuvo atravesada por una marcada complejidad técnica y operativa.

Asimismo, se estima que Barbagelata deberá resolver planteos defensivos pendientes que fueron presentados en etapas previas y aquellos habilitados por instancias judiciales superiores que no quedaron comprendidos en el rechazo de la Cámara de Casación.

La reanudación del proceso también quedó atravesada por cuestiones vinculadas a la disponibilidad de partes intervinientes. En la notificación oficial se informó que la fiscal Patricia Yedro tomó licencia compensatoria de feria.

A esto se sumó la agenda judicial de algunos defensores que también intervienen en otra causa de alto perfil: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

En ese expediente actúan los abogados Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, quienes además representan a varios imputados dentro de la causa Contratos Truchos, situación que complejizó la coordinación de audiencias y calendarios procesales.

Luego de semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional, el Gobierno de Entre Ríos avanzará con el envío del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, una iniciativa que comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, en un contexto que definieron como “crítico” en materia financiera y demográfica.

Al mismo tiempo, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos.

Uno de los puntos principales de la iniciativa es que se mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, una de las bases históricas del régimen previsional entrerriano.

Además, tanto los jubilados actuales como quienes accedan en el futuro al sistema conservarán la movilidad vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores estatales, un aspecto incorporado tras el intercambio con los gremios.

Desde el gobierno destacaron que esta decisión busca dar previsibilidad y sostener la actualización de haberes en función de la evolución salarial de la administración pública provincial.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la modificación progresiva de la edad jubilatoria.

Para los actuales empleados estatales, la propuesta prevé una adecuación gradual que elevará la edad de retiro hasta los 65 años, en línea con criterios de sostenibilidad del sistema y con el aumento de la expectativa de vida.

El Ejecutivo recordó que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no se modifica desde 1993.

La transición no será inmediata.

El proyecto contempla plazos de adaptación de entre cinco y veinte años, con el objetivo de que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas de manera abrupta sus condiciones previsionales.

En tanto, para quienes ingresen al Estado a partir de la sanción de la nueva ley, la edad jubilatoria se fijará en 68 años.

Desde el Gobierno provincial argumentaron que la reforma responde a una situación estructural que afecta desde hace años a la Caja de Jubilaciones.

Actualmente, el sistema presenta una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, un nivel considerado insuficiente para garantizar equilibrio financiero.

A esto se suma una tendencia demográfica que profundiza la presión sobre el sistema:

Según el Ejecutivo, estos datos reflejan un desfasaje que obliga a revisar mecanismos de sostenibilidad.

Otro de los puntos aclarados por el Gobierno es que la reforma no elimina regímenes especiales ni jubilaciones anticipadas.

Tras el diálogo con sectores gremiales, el proyecto establece que, una vez alcanzada la edad correspondiente a cada régimen especial, el trabajador podrá optar entre:

En ambos casos, deberá seguir realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta disposición ya estaba contemplada en la normativa vigente, aunque ahora pasará a aplicarse de forma obligatoria.

“No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron.

La propuesta también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio, destinado a los salarios más altos del sector público.

La medida fue discutida con representantes sindicales y tendrá alcance limitado.

Quedarán exceptuados quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales, por lo que el aporte adicional alcanzará sólo al 4 por ciento de los trabajadores.

El Gobierno presentó esta herramienta como una medida de emergencia orientada a reforzar el equilibrio financiero del sistema.

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del mecanismo para calcular el haber jubilatorio inicial.

La propuesta plantea ampliar la base de cálculo a 240 meses de aportes, con el objetivo de reflejar de manera más equitativa la trayectoria laboral completa del trabajador.

Según explicaron, esto apunta a evitar distorsiones vinculadas a ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación.

Aun con este cambio, el proyecto ratifica como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto.

Mientras avanza con esta reforma, el Gobierno de Entre Ríos continúa reclamando ante la Corte Suprema de Justicia los fondos adeudados por la ANSES, una discusión que también impacta en la situación financiera de la Caja.

Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, comenzará ahora una nueva etapa: el debate parlamentario en ambas cámaras.

Allí se discutirá una reforma que busca equilibrar sostenibilidad financiera, derechos previsionales y adecuación del sistema a nuevas realidades demográficas.

Y que, por su impacto, promete convertirse en uno de los debates centrales de la agenda política entrerriana.

Estudiantes de 5° y 6° grado de distintas escuelas entrerrianas participan semanalmente de experiencias educativas innovadoras que integran contenidos escolares, tecnología e inteligencia artificial. La propuesta, que ya alcanzó a más de 1.200 chicos en lo que va del año, se desarrolla en MiradorTec y apunta a transformar las formas de aprendizaje mediante herramientas digitales e interactivas.

Durante cada jornada, los alumnos trabajan contenidos de historia, lengua y matemática a través de actividades inmersivas y dinámicas participativas que incorporan nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Además, exploran el uso de inteligencia artificial y desarrollan habilidades vinculadas al pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana y que tendrán un rol central en el futuro laboral, promoviendo al mismo tiempo nuevas metodologías de enseñanza.

El programa es impulsado por el gobierno de Entre Ríos junto al Consejo General de Educación (CGE), el Instituto Becario y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), como parte de una estrategia orientada a ampliar oportunidades de formación e innovación educativa en toda la provincia.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de acercar estas herramientas a las nuevas generaciones. “Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, innovar y prepararse para el mundo en el que viven, incorporando tecnología de manera inteligente y acompañando a los docentes en ese proceso”, expresó.

En la misma línea, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, señaló: “Donde antes se pensaba un edificio para oficinas públicas, hoy tenemos un espacio para que las nuevas generaciones aprendan y se vinculen con la tecnología”.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, remarcó el carácter innovador de la propuesta. “Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que está llevando adelante este tipo de experiencias, incorporando inteligencia artificial para transformar la manera de aprender y preparar a los chicos para los desafíos del futuro”, afirmó.

Desde el gobierno provincial sostienen que estas experiencias representan un paso importante hacia una educación más vinculada con la innovación, la inclusión digital y las competencias que demandan los nuevos escenarios tecnológicos.

Racedo- El presidente de la Comuna, Julio César Demartin, analizó el complejo momento que viven en la comunidad y explicó a Paralelo32 que “Cada vez se hacen más esfuerzos para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Las últimas decisiones del Gobierno Provincial nos afectaron en los números que manejamos. Hoy Racedo tiene una reducción de $15.000.000 mensual, lo que dificulta nuestro trabajo en el día a día, el mantenimiento de nuestra localidad, el apoyo que damos a una gran cantidad de instituciones en seguridad, salud, deporte, educación, área social, todo se ve afectado”.

Planteó que “Estamos afinando cada vez más los números y los gastos para ver dónde podemos reducir y ajustar para llegar a fin de mes. Es lo que le planteamos al Gobernador en la última reunión, que si seguimos así la Comuna en un par de meses podría cerrar sus puertas, porque los fondos no dan, la estructura de costos fijos que tenemos es alta. Racedo tiene alrededor de 60 hectáreas para mantener, más de 300 luminarias LED en nuestro ejido urbano, son cien cuadras para atender, 30% de asfalto, 40% que se mejoraron con piedra de ripio, 20% de broza y 10% de tierra, que era la idea mejorarlas este año, pero estamos con dificultades para poder llevarlo a cabo”.

Demartin sumó que “Hoy la estructura que tenemos es para hacer el mantenimiento diario, nada más. Racedo tiene servicio de recolección de residuos tres veces a la semana, limpieza de cordones, desmalezado, mantenimiento de espacios públicos, de luminarias públicas, siendo 350 luminarias. El combustible sube constantemente", planteó.

“En la Comuna los costos se van incrementando, es todo preocupante. Estamos trabajando con asesores contables, legales y de la parte de Sistemas para implementar en el corto plazo la Tasa General Inmobiliaria. Nos vemos forzados a tomar esta decisión para poder sostener los servicios y el mantenimiento diario que la comunidad demanda. No será elevada, lo informaremos en detalle próximamente en relación al bimestre en que comenzaremos, con el objetivo de seguir manteniendo los servicios. Hoy cuesta mantenerlos y más difícil aún es mejorarlos. Hay que explicarles a los vecinos lo que está pasando, los recortes que se nos han hecho desde la Provincia”, agregó.

Demartin explicó a este medio que “estamos en contacto con otros presidentes comunales para analizar el famoso coeficiente para las comunas del que tanto se habla y ver la forma de acceder a más ingresos. Hoy los números están al límite en relación a los costos fijos de nuestra Comuna, que tiene que proyectar, pero hoy no puede hacerlo, solo estamos cumpliendo con cuestiones básicas. El año pasado lo cerramos con obras de cordón cuneta y siempre la idea es seguir sumando, pero hoy apenas llegamos a sostener lo que tenemos, sin posibilidades de proyección”.

“Es preocupante, la Ley Comunal va a llevar su tiempo, se lo dijimos al Gobernador, porque ese cambio recién se verá reflejado el año que viene. Faltan muchos meses y mientras tanto la situación es compleja en el corto plazo”, sumó.

“Creo que el Gobierno debería analizar la situación de cada Comuna en particular, Racedo es organizada, es una ‘pequeña ciudad’. Frigerio plantea que ‘el dinero va adonde tiene que ir’ y creo que Racedo, sin desmerecer a nadie, genera muchos aportes a la Provincia. Merecemos alguna devolución, más aún si pensamos en lo que significa una empresa como Grupo Motta, que da trabajo a personas de 18 localidades de la zona. Es un movimiento económico muy grande. Debería analizarse, porque somos de las comunas que mayor movimiento económico genera”, indicó Demartin.

“Solíamos hacer eventos, ferias de emprendedores como la ‘Racedo Emprende’, era una forma de que las instituciones trabajaran y generaran fondos, hoy con los números tan al límite no nos animamos por todos los costos fijos que de arranque ya tenés, con sonido, escenario, baños químicos, SADAIC, artistas. Es mucho el riesgo, muchos gastos esperando que después se giren fondos de Vicegobernación, Cultura o CFI, que nunca sabés de cuánto serán y cuándo llegarán. Estamos sin margen de error. Lo lamentamos por instituciones y emprendedores que sumaban un ingreso extra y podían mostrar lo que hacían. Hoy no podemos hacerlo”, cerró.

El Ejecutivo provincial detalló las auditorías realizadas, los fondos recuperados ante Nación y las acciones impulsadas para revertir años de falta de controles y reclamos sobre el sistema previsional entrerriano.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.

En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.

Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.

Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.

En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.

El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.

Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.

En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.

Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios provinciales y dirigentes de las principales entidades agropecuarias de Entre Ríos, quienes destacaron el diálogo abierto y el trabajo conjunto con la administración provincial.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que uno de los principales puntos abordados fue la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuyo incremento se ubicará por debajo de la inflación.

“El eje del encuentro fue presentarle al gobernador el acuerdo que se había alcanzado. Y se repasó otra agenda en común que es la de los caminos rurales. Este es un proceso sobre el que trabajamos mucho y esperamos tener mejores resultados. El gobernador planteó mantener abiertas las alternativas para seguir conversando y mejorar mecanismos de ejecución”, señaló el funcionario.

Bernaudo indicó además que durante la reunión se analizó la situación del sector arrocero, afectado por la caída de la superficie sembrada y por el contexto económico nacional.

En relación al impuesto inmobiliario rural, el ministro recomendó a aquellos productores que hayan recibido incrementos superiores al 30 por ciento —tope fijado para la actualización— que realicen consultas ante Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o a través de las entidades que integran la Mesa de Enlace, ya que algunos aumentos podrían deberse a descuentos aplicados el año anterior que actualmente dejaron de regir.

“Fue una reunión muy productiva”, resumió el titular de Desarrollo Económico.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, valoró el espacio de diálogo con el Ejecutivo provincial.

“Es una buena oportunidad conversar con el gobernador y con todo su gabinete que siempre está predispuesto a encontrar estos espacios de diálogo que son los que realmente llevan a la construcción de las políticas públicas que necesitamos a largo y mediano plazo”, expresó.

Además, sostuvo que desde el sector agropecuario existe predisposición para acompañar a los gobiernos provinciales “en momentos muy críticos y en situaciones que nos afectan a todos”.

En tanto, el presidente de Federación de Cooperativas Federadas (Fedeco), Ronald Garnier, calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la continuidad del trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Garnier remarcó especialmente la necesidad de avanzar en soluciones para los caminos rurales, una problemática histórica en Entre Ríos. “La producción agropecuaria va en aumento y necesitamos estructuras de camino y puertos diferentes para seguir trabajando y poder sacar nuestra producción”, afirmó.

Finalmente, aseguró que las entidades rurales continuarán colaborando con el Ejecutivo provincial para buscar soluciones conjuntas a las demandas del sector.

Del encuentro participaron además el presidente de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Diego Etchevehere; el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol; el referente de la regional Entre Ríos de la FAA, Matías Martiarena; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el director de ATER, Jesús Rafael Korell.

La actividad se desarrolló en la sede partidaria de la capital entrerriana y reunió a más de un centenar de participantes provenientes de distintos departamentos de Entre Ríos. Del encuentro formaron parte referentes políticos, sindicales y territoriales, además de una importante presencia de militantes, en una convocatoria que buscó reflejar la diversidad interna del peronismo entrerriano.

Según se informó, el eje central de la jornada fue la conformación de equipos de trabajo orientados a analizar y debatir los principales desafíos que atraviesa la provincia, con el objetivo de diseñar propuestas concretas vinculadas al desarrollo, la inclusión y la justicia social.

Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio abierto, donde distintos participantes expusieron diagnósticos y preocupaciones sobre la situación actual de Entre Ríos, al tiempo que compartieron iniciativas y miradas de cara a la construcción de una alternativa política para la provincia.

Los equipos técnicos quedaron organizados en distintas comisiones temáticas vinculadas a áreas estratégicas como desarrollo humano, economía, planeamiento, sustentabilidad, institucionalidad, justicia y seguridad. Desde esos espacios se avanzará en la elaboración de propuestas basadas en las realidades territoriales y las demandas de cada sector.

Desde el PJ entrerriano destacaron la participación y señalaron que este primer encuentro representa el inicio de un proceso de trabajo colectivo que continuará ampliándose con la incorporación de distintos actores sociales y políticos.

Asimismo, remarcaron que el objetivo es construir una agenda de gobierno enfocada en mejorar la calidad de vida de las y los entrerrianos, a partir de políticas públicas pensadas desde el territorio y con una mirada de desarrollo provincial.

Nogoyá.– La Agencia de Extensión Rural (AER) Nogoyá del INTA llevó adelante una charla informativa orientada a la transición generacional en empresas agropecuarias familiares. El encuentro, desarrollado en la sucursal de Lucas González de la Cooperativa Agropecuaria El Progreso, puso el foco en un tema crítico para el sector tambero regional: cómo organizar el traspaso del mando y el patrimonio entre padres e hijos sin poner en riesgo la viabilidad económica del establecimiento. La jornada contó con la organización de la jefa de la agencia, Silvina Butarelli, junto al economista de INTA Paraná, Matías Martínez, y el médico veterinario Nahuel Dubs.

Durante la capacitación, que reunió a más de cincuenta productores, se evidenció que la gran mayoría de las empresas familiares de la zona no cuentan con una estructura jurídica definida que facilite la sucesión. Matías Martínez advirtió que la falta de previsión suele derivar en procesos que fragmentan el capital productivo. Según explicó el economista, cuando no existen herramientas organizativas previas, la división de bienes puede provocar una pérdida de escala tal que comprometa la subsistencia de la unidad productiva, impactando no solo en la economía familiar sino también en el desarrollo territorial de la cuenca lechera.

Frente a este escenario, la jornada se propuso como una instancia para conocer alternativas que permitan ordenar la empresa y reducir costos legales a futuro. Entre las herramientas concretas mencionadas, Martínez destacó figuras como los fideicomisos agropecuarios, la conformación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y la donación en vida con usufructo. Estas opciones permiten planificar el traspaso de manera eficiente, siempre partiendo de una definición clara de los objetivos que cada familia tiene para su negocio, permitiendo diseñar contratos y figuras societarias a medida.

Desde el INTA señalaron que esta problemática es una de las demandas más frecuentes detectadas en el territorio, por lo que la charla funcionó como un primer paso de sensibilización para los productores vinculados a la cooperativa anfitriona. En este sentido, se anunció que próximamente la AER Nogoyá lanzará un curso específico para profundizar en estos aspectos técnicos y legales, brindando un acompañamiento más cercano a quienes decidan iniciar el proceso de ordenamiento institucional en sus campos para asegurar el futuro de las próximas generaciones.

Un título que conecte a Argentina con los nazis vende. Genera polémica y clics. Por eso no sorprende el título de la crónica publicada este fin de semana en la revista Lugares de La Nación: "La huella nazi en una de las obras de ingeniería más emblemáticas del país". Aunque el texto es mayormente correcto y aporta información poco conocida en Argentina, el título sugiere que hubo nazis involucrados en la construcción del túnel subfluvial. El propio texto no respalda esa afirmación

Como a veces sólo leemos el título, vale hacer algunas aclaraciones.

La crónica recorre el pasado de la empresa alemana HOCHTIEF, que construyó nada menos que el búnker de Adolf Hitler. HOCHTIEF construyó también el túnel subfluvial, como parte de un consorcio internacional junto a la italiana VIANINI y la argentina SAILAV. Esa es la supuesta "huella nazi" mencionada en La Nación.

El vínculo de HOCHTIEF con el régimen nazi no es un secreto. La propia empresa publicó en el año 2000 un libro con su historia oficial donde reconoce que empleó trabajo forzado a partir de 1939 y que su entonces director ejecutivo, Eugen Vögler, era miembro del partido nazi. Es información que nunca había sido discutida ampliamente en Argentina, y que nosotros, como miembros de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga, desconocíamos.

Pero la referencia a una "huella nazi" sugiere algo distinto: que hubo una participación personal de nazis en el proyecto. Y eso la propia crónica no lo respalda.

Entre la caída del nazismo y la licitación que ganó HOCHTIEF pasaron más de 16 años, durante los cuales la empresa atravesó cambios en su conducción. No está claro si alguno de los directivos o ingenieros que habían trabajado en proyectos del Tercer Reich participó también en la construcción del túnel. La crónica de La Nación no lo aborda, y consideramos que vale la pena investigarlo.

Lo que sí hace el artículo es inferir una conexión técnica entre la construcción del búnker de Hitler y el túnel subfluvial cuando dice: "Nadie preguntó dónde había aprendido HOCHTIEF a trabajar con esa precisión bajo tierra". No lo cuestionamos como recurso literario, pero resulta improbable que los desafíos técnicos para construir un refugio antiaéreo hayan sido los mismos que para hundir tubos de hormigón armado bajo un río caudaloso como el Paraná.

El texto tampoco da a entender que simpatizantes nazis argentinos hayan participado del proyecto, ni que los principales impulsores hayan tenido vínculos con el Partido Nazi alemán. No existe evidencia histórica que sostenga algo así, a pesar de que sí hubo nazis en Entre Ríos. Como destaca un artículo oportuno publicado este fin de semana por Daniel Enz, hubo treinta y ocho locales del partido nazi en la provincia entre 1936 y 1942.

Otra aclaración necesaria es que sólo hubo un oferente en la licitación pública del túnel en 1961. Algo que podría entenderse por la complejidad técnica de la obra y los riesgos financieros implicados por su escala. Había pocas empresas capaces de hacer el túnel.

HOCHTIEF construyó obras por todo el mundo después de la guerra. Y el túnel no fue el único proyecto en Entre Ríos. Como parte de un consorcio de empresas, también participó en la construcción del puente Rosario-Victoria.

La empresa nunca fue marginada del mercado internacional por su pasado. Hoy es parte del Grupo ACS, una de las corporaciones de construcción más grandes del mundo, presidida por Florentino Pérez, conocido también por ser el presidente del Real Madrid.

HOCHTIEF no es una anomalía entre las empresas alemanas que operaron bajo el Tercer Reich. Casi todas las grandes industrias del país usaron trabajo forzado y prosperaron con contratos del régimen: desde Siemens hasta Volkswagen, pasando por BMW, Daimler-Benz, Bayer y BASF, entre otras.

HOCHTIEF reconoce públicamente su pasado nazi y aportó al fondo alemán de compensación a ex trabajadores forzados, creado en el año 2000 tras demandas colectivas en tribunales estadounidenses. Que la empresa haya cumplido con un fondo creado bajo presión judicial no agota el debate sobre la responsabilidad de las firmas que prosperaron con el régimen que ejecutó el mayor genocidio de la historia, y que siguen prosperando hoy.

La crónica de La Nación plantea que en el momento de la licitación del túnel no hubo cuestionamientos a la empresa por parte de nadie: ni políticos, ni la comunidad judía, ni periodistas. Quizás sea el planteo más interesante del texto y merece rescatarlo.

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano tiene entre sus objetivos investigar el período de gobierno de Raúl Uranga, y nos interesa abrir un debate riguroso sobre cómo fue la licitación del túnel. Nos comprometemos a revisar el material de archivo disponible en Entre Ríos y otras fuentes que puedan arrojar luz sobre preguntas concretas, como qué se sabía entonces sobre los antecedentes de HOCHTIEF, qué consideraciones se tuvieron en cuenta y quiénes eran los ejecutivos de la empresa que llevaron adelante el proyecto.

El túnel subfluvial fue una obra de voluntad federal que rompió décadas de aislamiento de la Mesopotamia. Dos provincias decidieron llevar adelante un proyecto sin precedentes por su cuenta ante la negativa del gobierno nacional, en medio de un momento político frágil. Hubo dos golpes de estado entre el inicio y el final de las obras, que fueron inauguradas por una dictadura militar en 1969.

Nada de esto impide revisar y debatir lo que sea necesario. Y nada de esto le quita al túnel su lugar como hito del federalismo argentino: una obra que no tiene una huella nazi, pero que sí tiene la marca de los miles de entrerrianos que cruzamos de una costa a la otra por ese túnel que nos permitió construir una vida a través del río.

(*) Nélida Durana es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Raúl Lucio Uranga. Francisco Uranga es vicepresidente de la fundación.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la necesidad de recuperar la infraestructura vial entrerriana. En ese sentido, Balla remarcó que el estado de las rutas constituye un factor clave para el crecimiento productivo. “Es un vector de desarrollo fundamental”, afirmó, al tiempo que valoró la predisposición del gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, para avanzar en sistemas de peajes y concesiones que permitan la participación del sector privado.

Según explicó, este esquema posibilitaría que empresas inviertan en obras y recuperen el capital a través de la demanda, una alternativa necesaria frente a las limitaciones presupuestarias del Estado para financiar infraestructura.

Balla también hizo hincapié en la importancia del acceso al crédito internacional para concretar proyectos de gran envergadura. Entre ellos, mencionó la posibilidad de desarrollar una nueva autovía con trazas más rectas que reduzcan significativamente los tiempos de viaje entre Paraná y Buenos Aires, lo que permitiría disminuir los costos logísticos en torno a un 30%.

No obstante, advirtió que este tipo de iniciativas requiere de condiciones macroeconómicas estables: equilibrio fiscal, bajo riesgo país y reglas claras que faciliten el financiamiento externo. En ese marco, insistió en que la infraestructura debe convertirse en una política de Estado para evitar demoras históricas como las registradas en la Ruta Nacional 18.

Desde el espacio Entre Ríos 2050, el empresario destacó además el trabajo en el ámbito educativo, orientado a vincular la formación académica con las necesidades productivas de cada región.

El objetivo, explicó, es que escuelas técnicas y universidades formen perfiles acordes a la demanda laboral real. Como ejemplo, mencionó experiencias en la zona de Conscripto Bernardi, donde la capacitación vinculada al sector avícola ha mostrado resultados positivos.

En relación a la coyuntura actual, Balla describió un contexto de enfriamiento económico que impacta en el consumo y en la actividad de las pequeñas y medianas empresas. “Hoy vemos una economía en ‘K’”, señaló, al explicar que mientras sectores como la energía, la minería y el agro muestran crecimiento, otros como la industria, el comercio y los servicios atraviesan una caída.

Particularmente en ciudades como Paraná, donde estos sectores concentran gran parte del empleo, el impacto resulta significativo. A pesar de ello, destacó el esfuerzo de las pymes por sostener los puestos de trabajo, muchas veces impulsadas por el vínculo directo con sus empleados.

Finalmente, Balla comparó el proceso económico argentino con experiencias de países como Brasil y Perú, señalando que la estabilización macroeconómica suele ser un camino prolongado que exige constancia.

Su análisis dejó un mensaje claro: el desarrollo de Entre Ríos dependerá de una combinación de inversión en infraestructura, articulación entre educación y producción, y un marco económico estable que permita planificar a futuro.

"Entre Ríos 2050" expresó su beneplácito con la aprobación de la Ley del Régimen General de Concesiones, cuya sanción definitiva se dio este martes por la noche en la Cámara de Senadores. El grupo empresario consideró que se trata de "un hito para la modernización de la provincia", que permitirá mantener y potenciar la red vial, revertir años de atraso y dotarla de competitividad para el desarrollo regional. El grupo empresario propicia estas prácticas para el recupero de las rutas entrerrianas, donde no llega la inversión pública.

La normativa aprobada en la Legislatura habilita las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia. Se trata de una herramienta legal que habilitará la implementación del sistema de peajes a las empresas que lleven adelante trabajos de construcción, mantenimiento, conservación de rutas, puentes y otras obras complementarias, una de las banderas que desde el sector privado reclama para aquellos lugares donde el Estado no llega con recursos propios.

Desde "Entre Ríos 2050" valoraron la iniciativa y recordaron que se trata de una de las herramientas que promovió y sostuvo el grupo desde su fundación como eje central para la modernización de la provincia, en sintonía con los modelos de provincias y países vecinos. Resaltaron que resulta vital su implementación para la optimización de la circulación vial del territorio, fundamental para el desarrollo provincial.

En esa línea, plantearon la necesidad urgente de poner en valor la trama vial de Entre Ríos, en especial aquellas rutas y caminos que resultan indispensables para las comunidades y sectores productivos que agregan valor tierras adentro. Desde esa perspectiva, instan a mantener la Ruta Nacional 12, en especial el tramo Paraná - Crespo y el resto de los caminos secundarios de la zona.

El grupo integrado por empresarios, productores y comerciantes de la provincia, también insistió sobre uno de los vectores de desarrollo que sostienen desde sus inicios, hace siete años, y refiere a la importancia de impulsar nuevas trazas viales, con sistema de autovías, que acorten distancias entre la provincia y Buenos Aires. La iniciativa propone unir Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria y Urdinarrain con concesiones y sistema de peajes que garantice la circulación y seguridad de vehículos particulares y camiones que transportan diversos insumos y productos terminados. Forman parte del grupo Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Elvio Guía, Alcides Balla, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Luis Jacobi y Daniel Rodríguez, además de Matías Ruiz -en licencia- y con la invitación especial de Luciano Filipuzzi y Horacio Rizzo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó que la Ruta Provincial 45, en Ibicuy, será la primera en ser concesionada bajo un esquema de inversión privada, con el objetivo de encarar una solución definitiva al grave deterioro de la traza. Los pobladores de la región, que quedarán exentos del pago de este peaje, ven pasar por esa ruta desde hace más de una década, camiones que se llevan el recurso mineral entrerriano con destino a Vaca Muerta, generando el consabido deterioro de esa ruta hoy casi intransitable. El camino necesita ser reconstruido y hacerlo costará entre 40 y 50 millones de dólares. Es evidente que el gobernador Frigerio pretende que lo paguen quienes le dan un uso intensivo transportando cargas, y no el tránsito vecinal.

La ruta 45 ha sido destruida por el paso de 400 camiones diarios en la última década, para embarcar arena entrerriana en el puerto de Ibicuy con destino a Vaca Muerta.

La obra esperaba su implementación una vez que la Legislatura aprobara la Ley de Concesiones, hecho que se concretó anoche (martes 21). Según detalló el mandatario, requerirá una inversión estimada entre 40 y 50 millones de dólares, destinada a la repavimentación integral del corredor.

Durante la reunión, los funcionarios analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con especial énfasis en aquellas obras que se encuentran en ejecución y en las que se prevé finalizar en el corto plazo. En ese marco, destacaron el avance de la Ruta Nacional 18, considerada estratégica para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Otro de los ejes del encuentro fue la situación financiera de la provincia. En este sentido, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, así como también la opción de acceder a anticipos de coparticipación tanto para la administración provincial como para aquellos municipios que lo requieran.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo integral entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos. La iniciativa apunta a generar un esquema más equilibrado que favorezca la actividad económica y promueva el desarrollo regional.

El encuentro forma parte de una serie de gestiones que el gobierno entrerriano viene impulsando ante autoridades nacionales con el objetivo de fortalecer la infraestructura, ordenar las cuentas públicas y mejorar la competitividad de la provincia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este viernes la 22° Expo Provincial de la Leche y la 13° Expo Jersey Entrerriana, que se desarrollan en la Sociedad Rural de Nogoyá, en la ciudad de Nogoyá. En ese marco, reafirmó el compromiso de su gestión con el crecimiento del sector privado como motor del desarrollo provincial.

Durante la recorrida por el predio, donde dialogó con productores y visitó los más de 120 stands que integran la muestra —con la participación de alrededor de 400 actores de la cadena láctea—, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente Bernardo Schneider; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y los secretarios Raúl Boc Ho, Mariano Camoirano y Jorge Satto, además del senador Rafael Cavagna, entre otras autoridades.

“Estamos acá en la Capital Provincial de la Lechería, en una exposición que crece año a año con el acompañamiento de todo el sector”, señaló Frigerio, al destacar la consolidación del evento como uno de los principales encuentros productivos de la región.

El gobernador remarcó la importancia estratégica de la actividad lechera para Entre Ríos, no solo por su aporte económico, sino también por su impacto social: “Es un sector clave, tanto por la mano de obra que genera como por el arraigo. El productor lechero contribuye a que nuestras comunidades crezcan y se sostengan en el territorio”.

En ese sentido, valoró la implementación del programa de Buenas Prácticas Lecheras, que ya alcanzó a 50 tambos entrerrianos y prevé ampliarse a otros 50 establecimientos. “Estas prácticas permiten mejorar la calidad y obtener mejores precios para la producción”, explicó.

Asimismo, destacó herramientas de financiamiento como los créditos a valor producto, impulsados junto al Consejo Federal de Inversiones y el Banco de la Nación Argentina, y subrayó la importancia de las obras de infraestructura vial para el sector: “Estamos avanzando, después de décadas de abandono, en caminos fundamentales para la producción”.

“Creemos profundamente en nuestros productores y en que la riqueza y el empleo se generan en el sector privado. Desde el Estado trabajamos para que ese crecimiento sea posible y, de esa manera, crezca toda la provincia”, enfatizó.

Por su parte, la vicegobernadora Aluani resaltó el crecimiento sostenido de la exposición: “Este espacio es una vidriera para mostrar a todo el país cómo se fortalece el núcleo lechero entrerriano, y debemos seguir acompañando con políticas públicas que impulsen esta producción”.

En tanto, el intendente Schneider definió a la expo como “parte de la identidad y el ADN de los entrerrianos”, al tiempo que destacó el espíritu emprendedor del sector y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial: “Estamos todos en la misma sintonía de trabajar para sacar la provincia adelante”.

La Expo Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana se consolidan así como un punto de encuentro clave para el sector, donde convergen innovación, producción y políticas públicas orientadas al desarrollo económico de Entre Ríos.

El senador Martín Oliva expresó su preocupación por el impacto económico y social que la reforma previsional tal como la ha presentado hasta ahora el gobierno provincial, y puso el foco en el rol central que cumplen los ingresos de docentes, policías y trabajadores de la salud en la vida cotidiana y en la economía entrerriana.

En este contexto, la discusión previsional no puede ser reducida a una cuestión contable. “Si el gobierno provincial realmente busca una reforma sostenible, debe empezar por defender la sostenibilidad de Entre Ríos frente al Gobierno Nacional”, sostuvo.

“No se puede hablar de equilibrio interno mientras se resignan recursos provinciales, no se da la discusión que corresponde por los fondos, o se acepta que el ajuste venga impuesto desde afuera y se descargue hacia adentro”, resaltó.

En ese sentido, cuestionó la intención de instalar una falsa división entre trabajadores del sector público y del sector privado. “Se busca construir la idea de que el empleado público es un privilegio que el privado debe sostener”, señaló.

“Pero esa mirada no solo es injusta: es profundamente equivocada y peligrosa. Porque en Entre Ríos los docentes no educan sólo a hijos de empleados públicos; los policías no cuidan sólo a trabajadores estatales, garantizan seguridad para todos; los trabajadores de la salud no atienden solo al sector público, atienden a cada entrerriano que lo necesita. El Estado no es un sector aislado: es una red que sostiene a toda la comunidad”, expresó el senador.

Oliva remarcó además el impacto directo en la economía provincial: “Los ingresos de docentes, policías, médicos y enfermeros no se fugan del sistema, no se dolarizan ni se van al exterior. Se vuelcan al consumo local, sostienen comercios, dinamizan pymes y mantienen en funcionamiento la economía de nuestras ciudades y pueblos”.

“Por eso, pensar estos ingresos como una variable de ajuste no solo es injusto desde lo social, sino también equivocado desde lo económico. Reducirlos implica enfriar el consumo, afectar la actividad y debilitar el entramado productivo de Entre Ríos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el esfuerzo exigido a estos sectores viene desde hace tiempo: “Este ajuste no empieza ahora, sino que se profundiza. Los trabajadores ya vienen haciendo un esfuerzo importante con salarios que en muchos casos son insuficientes, con pérdida de poder adquisitivo y con el incremento de aportes que se les exigió recientemente”.

“Primero se les pidió más esfuerzo para sostener el sistema, y ahora se pretende además recortar sus futuras jubilaciones. Esto rompe un principio básico de equidad: no se puede exigir cada vez más a los mismos sectores sin ofrecer una respuesta justa”, agregó.

Finalmente, Oliva planteó la necesidad de dar una discusión más amplia: “La reforma previsional no puede analizarse solamente desde una lógica contable. Si realmente se busca sostenibilidad, hay que defender los recursos de la provincia y evitar que el ajuste se descargue siempre sobre los mismos”.

“En definitiva, no es sólo una discusión previsional. Es una discusión sobre qué modelo de provincia queremos. Uno que le pide cada vez más esfuerzo a docentes, policías, enfermeros y médicos, paga salarios insuficientes, aumenta aportes y recorta jubilaciones; o uno que entienda que salarios y jubilaciones son parte del motor económico, reconozca el valor de estas personas, y defienda a Entre Ríos con firmeza frente a la Nación. Porque no hay sostenibilidad posible que se construya sobre el ajuste y la división”, puntualizó.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que crea una comisión destinada a investigar la evolución de la deuda pública provincial, en el marco de una sesión marcada por el consenso entre el oficialismo y el bloque justicialista (PJ), tras la incorporación de modificaciones impulsadas por la primera minoría.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo avanzar en un análisis profundo, sistemático y transparente del endeudamiento de la provincia a lo largo de las últimas décadas. Uno de los cambios más relevantes introducidos durante el tratamiento legislativo fue la ampliación del período de estudio: a propuesta del PJ, se estableció que la investigación abarque desde 1991 hasta la actualidad, en lugar de 1995 como contemplaba el proyecto original.

Cabe recordar que el expediente había sido devuelto a comisión en la sesión anterior, instancia en la que se reabrió el debate para incorporar aportes de distintos bloques. Como resultado de ese trabajo, se elaboró un nuevo dictamen que incluyó modificaciones sustanciales.

Entre ellas, se destaca el carácter permanente de la comisión investigadora, así como la obligación de emitir informes anuales sobre los procesos de endeudamiento. Además, se dispuso la participación de instituciones externas al ámbito político, con el fin de aportar miradas técnicas y académicas.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, subrayó la “amplitud” del oficialismo para aceptar propuestas que “contribuyen a una mejor norma” y remarcó la importancia de garantizar un espacio plural que permita abordar el tema desde distintas perspectivas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión estará integrada por tres representantes del Poder Legislativo —dos diputados y dos senadores, uno por la mayoría y otro por la primera minoría—, además de representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objetivo de fortalecer el análisis con aportes independientes.

Desde la bancada justicialista, la diputada Andrea Zoff consideró que el nuevo dictamen es “claramente superior” al proyecto original y valoró la apertura al diálogo por parte del oficialismo. No obstante, expresó su desacuerdo por la exclusión de herramientas que faciliten la comprensión pública de la deuda, como indicadores específicos y recursos visuales.

En tanto, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Damasco (La Libertad Ríos) acompañaron la iniciativa en general, aunque no respaldaron el artículo referido a la conformación de la comisión, al considerar que deja fuera a la segunda minoría de la Cámara.

Por su parte, otros bloques libertarios votaron en contra del proyecto, al plantear cuestionamientos sobre la integración del organismo y poner en duda su independencia.

Con la aprobación de esta ley, la provincia de Entre Ríos avanza en la creación de una herramienta institucional orientada a esclarecer el proceso de endeudamiento y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.

Victoria.- El debate sobre los salarios del sector público suele atravesar distintas áreas del Estado, pero hay un colectivo que prácticamente no participa de esas discusiones: la Policía. Sobre ese punto puso el foco el comisario general retirado Faustino Pereyra, quien plantea que los uniformados enfrenten una situación de desventaja estructural que, a su entender, debería revisarse.

“La desventaja que tiene el policía en actividad es que no puede protestar, no puede agremiarse y no puede hacer huelga. Esa es la diferencia grave que tenemos con el resto de los trabajadores”, señaló. Según explicó a Paralelo32, mientras otros sectores negocian en paritarias o recurren a medidas de fuerza, en el caso de la fuerza de seguridad las decisiones salariales llegan sin una medida instancia real de discusión.

Pereyra sostiene que esa situación repercute directamente en los ingresos. "Ni siquiera nos llaman a paritarias. Va el jefe de Policía a lo mejor, lo informan de cuánto es el aumento, y se termina ahí la cuestión. Nosotros no tenemos derecho a nada", afirmó.

El exjefe policial vincula el problema actual con la estructura normativa que rige a la institución. Según explicó, el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, aprobado en 1975, tomó como modelo el esquema militar.

“Fue prácticamente una copia del reglamento militar. Ese sistema militarizado en el mundo se dejó de usar hace más de un siglo. La policía no es un ejército dentro de la ciudadanía", sostuvo.

A su entender, esa lógica todavía se refleja en la organización interna, la cantidad de jerarquías y la formación del personal. “Tenemos demasiados rangos. Es como una tribu con muchos caciques y pocos indios”, graficó.

En ese sentido, propone reducir escalafones y concentrar la formación en contenidos específicamente policiales. "Hay tres años de carrera para oficiales donde una parte importante se pasa desfilando o haciendo instrucción militar. Eso no tiene sentido para una policía moderna", sentenció.

Uno de los puntos en los que Pereyra hace más hincapié es en el reconocimiento profesional del policía. “El policía es un trabajador en seguridad. Vive de eso. Somos profesionales, pero no nos tienen como profesionales”, afirmó.

También cuestionó que, en algunos casos, profesionales externos a la institución ocupan grados equivalentes dentro de la estructura policial. Para él, eso termina generando desigualdades dentro de la carrera.  “Un sacerdote o un médico pueden llegar a comisario general, mientras el que está todos los días en la calle muchas veces no llega a esa jerarquía”, ejemplificó.

En cuanto a los ingresos, Pereyra indicó que los sueldos actuales siguen siendo bajos en comparación con otras jurisdicciones.

Según detalló, un agente que recién se inicia ronda entre un millón y un millón doscientos mil pesos, mientras que un oficial puede percibir alrededor de 1,8 millones a 2 millones.

En su caso, como comisario general retirado, explicó que su haber ronda los 2,5 millones de pesos, en bruto. "En provincias como Córdoba un general activo está cerca de los seis millones. La diferencia con otras fuerzas es muy grande", puntualizó.

También mencionó que, en su opinión, la pérdida de poder adquisitivo se agrava por la falta de actualización periódica. “Hace doce meses que no actualizan el sueldo y las cosas siguen subiendo”.

Pereyra reconoce que sus planteos son personales y no representan institucionalmente al Círculo de Retirados policiales del que forma parte. Sin embargo, se considera necesario abrir el debate público. “Yo hablo por mí, porque sufro el problema todos los meses cuando voy a cobrar el sueldo”, explicó.

También aseguró haber conversado sobre estos temas con algunos dirigentes políticos, aunque con resultados limitados. “Muchos me han sido sinceros y me dicen: 'Faustino, yo no entiendo nada de esto'. Ese es el problema”, sostuvo.

Por eso cree que el cambio debería impulsarse desde la sociedad. “La gente tiene que saber cómo funciona el sistema. Si no, nada va a cambiar”, concluyó.

Nogoyá.- El senador provincial Rafael Cavagna se refirió a la situación del sistema previsional y los lineamientos de una futura reforma. "Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características" dijo; y agregó: "Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos". 

Tras el encuentro, el legislador destacó la importancia del diálogo institucional y valoró la decisión del gobierno provincial de abordar un problema estructural que atraviesa la provincia desde hace años.

 "Quiero destacar el gesto del gobernador de convocar a los legisladores de ambas cámaras para conversar con franqueza sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. Estamos hablando de un problema complejo, estructural y de largo plazo, que requiere responsabilidad política y una mirada que trascienda las coyunturas", afirmó Cavagna.

El senador remarcó además que la actual gestión decidió poner el tema sobre la mesa, aún sabiendo que los beneficios de una reforma de fondo no serán inmediatos.

"Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo", señaló.

Cavagna también destacó la participación de legisladores de los distintos bloques políticos en el encuentro y el compromiso expresado para trabajar sobre la propuesta que presentará el Ejecutivo.

"Fue una reunión muy importante porque participaron legisladores de todos los espacios políticos. Hubo un clima de respeto y la voluntad de analizar con seriedad una problemática que afecta a toda la provincia. Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos", sostuvo.

En ese sentido, el senador adelantó que el gobernador se comprometió a remitir el borrador del proyecto en los próximos días.

Esto permitirá que "los legisladores podamos analizarlo en profundidad. A partir de allí se abrirá un proceso de discusión legislativa donde seguramente se podrán hacer aportes, mejoras y escuchar a todos los sectores involucrados", indicó.

Finalmente, Cavagna señaló que el objetivo central debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin perder de vista la protección de los trabajadores y jubilados.

“Tenemos que encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema en el tiempo. Si no se toman decisiones hoy, la Caja seguirá acumulando un déficit cada vez mayor que termina comprometiendo recursos de todos los entrerrianos", concluyó.

A modo de anticipo, el director de la Caja de Jubilaciones Gastón Bagnat contó en medios provinciales que la normativa vigente tiene más de tres décadas y que el sistema arrastra problemas estructurales derivados del paso del tiempo y de distintas decisiones tomadas en esos años.

Uno de los puntos vitales del borrador es la modificación del mecanismo de movilidad jubilatoria, el que no tendrá carácter retroactivo, es decir que no afectará a los actuales jubilados provinciales.

Se analiza avanzar gradualmente hacia un esquema que otorgue la jubilación a los 65 años en los varones y a los 60 las mujeres. Tampoco habrá modificaciones en el sistema jubilatorio de docentes, personal de salud y de seguridad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presidió este 2 de abril las actividades oficiales en conmemoración del 44º aniversario de la Guerra de Malvinas en la localidad de General Galarza. Acompañado por el intendente Fabián Menescardi, ministros y legisladores, el mandatario provincial rindió homenaje a los héroes que defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Debido a las inclemencias climáticas, el acto central debió trasladarse al salón de la Iglesia Luterana “San Pablo”, luego de una ceremonia de ofrenda floral realizada en el monumento a los caídos ubicado en la Plaza San Martín. Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega de placas de reconocimiento a los veteranos presentes.

En su discurso, Frigerio destacó el valor y la entrega de quienes participaron del conflicto bélico. “Nuestros veteranos de Malvinas son el testimonio vivo del coraje argentino. En la figura de todos ustedes, quiero recordar también a nuestros héroes caídos, cuya entrega sigue iluminando el camino de nuestra nación”, expresó. Además, subrayó que aquellos jóvenes fueron “verdaderos hombres” que combatieron en condiciones extremas por amor a la patria.

El gobernador también hizo un llamado a la unidad nacional, al señalar que la causa Malvinas trasciende las diferencias. “La causa Malvinas nos convoca a estar unidos más allá de cualquier diferencia. Nos exige defender la democracia y las instituciones con la misma firmeza con la que nuestros combatientes defendieron la integridad territorial de la nación”, afirmó, y agregó que la soberanía también se construye a través del trabajo cotidiano por el desarrollo del país.

Por su parte, el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, valoró la presencia de las autoridades provinciales y de los seis veteranos que residen en la comunidad. “Malvinas es una de las pocas causas que nos une a todos por igual. Ojalá haya muchas causas más que nos tengan unidos, que nos encuentren en familia, porque eso somos”, manifestó.

En tanto, el excombatiente Sergio Wilhem brindó un emotivo testimonio en el que remarcó la importancia de mantener viva la memoria durante todo el año. “Nosotros los veteranos mantenemos esa llama encendida que se llama Malvinas. Sepan todos que Malvinas no es solamente el 2 de abril, Malvinas es todo el año. Hablemos de Malvinas en las aulas y convoquemos a los veteranos”, expresó.

La jornada incluyó además un recorrido por las obras que se desarrollan en la comisaría local. Participaron del acto el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Economía, Fabián Boleas; y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto a legisladores nacionales y provinciales.