Autoridades del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron distintas iniciativas orientadas a mejorar la atención de situaciones complejas en el ámbito judicial y promover acciones vinculadas al bienestar laboral.

El encuentro fue encabezado por el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, quien recibió a representantes de la entidad profesional para analizar posibles líneas de articulación entre ambas instituciones.

Uno de los principales temas abordados estuvo relacionado con los conflictos familiares que llegan a los tribunales, especialmente aquellos vinculados a la responsabilidad parental, los regímenes de comunicación entre padres e hijos y las cuestiones de cuidado personal.

Según se indicó, en muchos de estos casos las soluciones judiciales encuentran limitaciones para resolver conflictos de alta complejidad, por lo que se analizó la posibilidad de incorporar nuevas herramientas de intervención.

Entre las alternativas evaluadas surgió la figura del coordinador parental, un recurso utilizado en algunos sistemas judiciales para facilitar el cumplimiento de acuerdos y reducir los niveles de conflictividad entre los adultos involucrados.

Tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Colegio de Psicólogos coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis de esta propuesta y avanzar en la elaboración de un proyecto conjunto.

Otro de los ejes de la reunión estuvo centrado en la salud laboral de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Desde el organismo manifestaron interés en desarrollar estrategias de acompañamiento y prevención destinadas a fortalecer el bienestar psicosocial de trabajadores y trabajadoras, en un contexto donde las demandas laborales vinculadas al sistema judicial suelen presentar altos niveles de exigencia.

En ese marco, las autoridades del Colegio de Profesionales de la Psicología se comprometieron a evaluar posibles instancias de capacitación, reflexión y acompañamiento orientadas al cuidado integral de los equipos de trabajo.

Durante el encuentro también se intercambiaron opiniones sobre otros proyectos impulsados por la entidad profesional que actualmente se encuentran en proceso de análisis.

Participaron de la reunión la secretaria del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí; las defensoras civiles Carolina Suárez Schumacher y Alejandra Ramírez; el presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi; y Sabrina Aiello, integrante de la Comisión de Psicología Jurídico Forense y del equipo técnico del MPD.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) concretó este martes su primera reunión formal con la participación completa de los representantes del sector público, privado, académico y profesional que integran el organismo creado por la Ley N° 11.183.

El encuentro marcó el inicio institucional de un espacio destinado a coordinar políticas y estrategias para el desarrollo turístico provincial mediante la articulación entre el Estado y los distintos actores vinculados a la actividad.

La reunión contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó la puesta en funcionamiento del organismo como una herramienta para fortalecer la participación del sector privado en la toma de decisiones.

“Hoy contamos con un espacio donde el sector privado y el Estado se sientan a definir estrategias y tomar decisiones”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la intención del Gobierno provincial de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la cooperación y el acompañamiento a quienes generan empleo y actividad económica.

La conducción del Ente está integrada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente; Marcela Santa María como vicepresidenta en representación del sector privado; y Sebastián Bel como secretario ejecutivo.

Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados al funcionamiento interno del organismo, la elaboración de su reglamento, la planificación estratégica y las acciones de promoción turística previstas para los próximos meses.

Satto calificó la jornada como “el día cero” del Emturer y aseguró que la creación de este ámbito representa “un antes y un después para el turismo entrerriano”.

Por su parte, Bel presentó los principales ejes de trabajo que impulsará el organismo, entre ellos la planificación participativa junto a las diez microrregiones turísticas de la provincia, la construcción de una marca turística entrerriana, la promoción de inversiones privadas y la puesta en marcha de un Observatorio Económico Turístico.

También se abordaron iniciativas relacionadas con la digitalización de procesos, la capacitación de recursos humanos y la incorporación de criterios de sustentabilidad en el desarrollo de la actividad.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el vinculado a los recursos económicos con los que contará el organismo para llevar adelante sus políticas y programas.

Según se informó, el análisis sobre el esquema de financiamiento previsto en la ley de creación del Ente continuará en futuras reuniones del Directorio, debido a su importancia para la ejecución de las acciones proyectadas.

El Emturer reúne a representantes del Gobierno provincial, legisladores, cámaras empresarias, trabajadores del sector turístico, universidades y entidades profesionales, con el objetivo de construir políticas consensuadas para uno de los sectores productivos estratégicos de Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar una serie de mejoras en la Escuela Secundaria N° 174 Presidente Arturo Illia de Villa Gobernador Luis F. Etchevehere, en el departamento Paraná. La inversión oficial supera los 46 millones de pesos y las obras tendrán un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La apertura de sobres se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, y contó con la presentación de propuestas por parte de tres empresas oferentes.

Los trabajos previstos apuntan a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y circulación dentro del establecimiento educativo, beneficiando a estudiantes, docentes y personal de la institución.

Del acto participaron la presidenta comunal de Gobernador Etchevehere, Rosana Alvarado, y la directora de la escuela, Jacqueline Jacobi.

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de un baño accesible, destinado a garantizar el uso seguro y autónomo por parte de personas con movilidad reducida.

Además, se proyecta la construcción de una galería cubierta que permitirá conectar distintos sectores del edificio escolar, mejorando la circulación interna y brindando resguardo durante los días de lluvia.

El plan de obras también incluye la puesta en valor de la estructura perimetral existente y la reconstrucción del cerco del establecimiento, con el objetivo de reforzar la seguridad del predio y optimizar el control de accesos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de continuar desarrollando obras en establecimientos educativos de la provincia.

“Esta es una intervención muy esperada por la comunidad educativa. Permitirá que los estudiantes cuenten con instalaciones más seguras, accesibles y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares”, expresó.

Asimismo, remarcó que las inversiones en infraestructura escolar forman parte de una planificación sostenida destinada a mejorar los espacios de aprendizaje en distintas localidades entrerrianas.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este jueves un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para compensar y regularizar deudas entre la Nación y las provincias.

La rúbrica se llevó a cabo en Casa de Gobierno, durante la visita que el titular de la cartera económica nacional realizó a Entre Ríos para desarrollar una agenda de actividades institucionales junto a autoridades provinciales.

Uno de los puntos centrales del convenio establece la transferencia a favor de la provincia de distintos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Los bienes serán incorporados al patrimonio provincial tomando como referencia el valor determinado por las tasaciones correspondientes.

Además, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de acreencias a favor de Entre Ríos vinculadas a la actualización del Consenso Fiscal, así como también de un saldo pendiente derivado de convenios firmados con anterioridad entre ambas jurisdicciones.

Desde el gobierno entrerriano destacaron que la firma del entendimiento representa un paso importante para avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras entre Nación y provincia, permitiendo además generar nuevas herramientas para el desarrollo de políticas públicas.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de los inmuebles provenientes del ex Procrear podría contribuir a fortalecer iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y al acceso a la vivienda, dos áreas que continúan siendo prioritarias para la gestión provincial.

El acuerdo se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para regularizar las relaciones financieras con las provincias, mediante la compensación de créditos y deudas existentes entre las distintas jurisdicciones.

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, participó de la firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca para la Urbanización y Desarrollo de Gobiernos Locales, una iniciativa que forma parte del Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas y que busca fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, organismos provinciales e instituciones académicas.

El acuerdo tiene como objetivo promover herramientas de planificación territorial, impulsar el desarrollo urbano sostenible y generar ámbitos de cooperación e intercambio de experiencias entre las distintas localidades de la provincia.

Desde el municipio destacaron que la participación en este tipo de programas permite acceder a instancias de capacitación, asistencia técnica y articulación institucional para abordar desafíos vinculados al crecimiento de las ciudades y comunas entrerrianas.

La iniciativa reúne a diferentes actores del ámbito público y académico con la finalidad de construir estrategias comunes que favorezcan un desarrollo ordenado de los centros urbanos, atendiendo las necesidades actuales y futuras de cada comunidad.

En ese marco, Hernández se incorpora a un esquema de trabajo colaborativo orientado a fortalecer las capacidades de gestión local y a generar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas apunta a consolidar una red de gobiernos locales que compartan experiencias, intercambien conocimientos y desarrollen políticas públicas vinculadas al ordenamiento territorial, la infraestructura y el crecimiento sostenible de las localidades de la provincia.

La actividad se realizó en la Bolsa de Cereales y reunió a funcionarios, dirigentes empresariales y referentes de la integración regional. El informe fue elaborado por un equipo de nueve especialistas y busca aportar datos al debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Entre las principales conclusiones del trabajo, se señala que las provincias de la Región Centro —Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba— aportan más recursos de los que reciben a través de la coparticipación federal y otros mecanismos de distribución.

Según los datos presentados, por cada 100 pesos que la actividad económica de la región genera para el Estado nacional, regresan aproximadamente 70 pesos a las provincias.

Durante la presentación, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó la participación del sector privado en la elaboración de estudios vinculados al funcionamiento del Estado y la política fiscal.

El funcionario consideró que este tipo de trabajos contribuyen a comprender mejor los mecanismos de financiamiento estatal y permiten enriquecer el debate sobre la distribución de los recursos públicos.

Además, sostuvo que las provincias que integran la Región Centro tienen un papel clave dentro de la economía nacional debido a su fuerte perfil productivo y planteó la necesidad de avanzar en una discusión más amplia sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Del encuentro también participaron el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; y la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone.

Benedetti destacó el carácter técnico del informe y señaló que disponer de información precisa resulta fundamental para impulsar propuestas orientadas a mejorar el sistema tributario y fortalecer el desarrollo regional.

Por su parte, Olivares consideró que el estudio aporta datos objetivos y una metodología de análisis que puede contribuir al debate sobre el federalismo fiscal más allá de las coyunturas políticas.

En tanto, Giaccone resaltó el trabajo conjunto realizado entre las provincias de la Región Centro y valoró los consensos alcanzados para concretar una investigación de estas características.

Los responsables del trabajo indicaron que los resultados estarán disponibles para consulta pública y buscan aportar evidencia concreta a una discusión que desde hace años forma parte de la agenda política y económica del país.

El informe pone el foco en la relación entre producción, recaudación y distribución de recursos, y procura ofrecer herramientas para analizar el impacto que tiene el actual esquema de financiamiento sobre las provincias con fuerte perfil productivo.

La presentación se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por organismos públicos y entidades empresarias de la Región Centro orientadas a fortalecer la integración regional y promover políticas de desarrollo sustentadas en información técnica y estadística.

A través de un documento conjunto, las organizaciones que integran el foro sostuvieron que la situación financiera del sistema previsional representa uno de los principales desafíos para las cuentas públicas provinciales y advirtieron sobre sus efectos en el desarrollo económico y productivo.

Según manifestaron, el creciente déficit de la Caja absorbe recursos que podrían destinarse a áreas como infraestructura, educación, salud, seguridad, promoción de inversiones y generación de empleo.

Las entidades remarcaron que el debate sobre el sistema previsional excede el ámbito de los trabajadores estatales y jubilados, al considerar que el desequilibrio financiero tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía provincial.

En ese sentido, valoraron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reconozca la magnitud del problema y proponga una transición gradual orientada a recuperar la sustentabilidad del sistema, preservando los derechos adquiridos de jubilados y pensionados.

Desde el sector empresario señalaron además que corregir los desequilibrios previsionales resulta una condición necesaria para fortalecer las finanzas públicas y generar un contexto más favorable para la inversión privada y la creación de empleo.

En el documento, el foro también solicitó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se lleve adelante con “seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo”, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar demoras que profundicen el problema financiero.

Las entidades sostuvieron que una postergación de las reformas podría incrementar el desfinanciamiento del sistema y afectar la capacidad de la provincia para afrontar otras políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y social.

Asimismo, afirmaron que la continuidad de los desequilibrios estructurales podría derivar en menores niveles de inversión, pérdida de competitividad y una reducción de las oportunidades de crecimiento para Entre Ríos.

El pronunciamiento fue suscripto por las organizaciones que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos:

De esta manera, el sector empresario se sumó al debate abierto en torno a la reforma previsional, una iniciativa que genera posiciones encontradas y que deberá ser analizada por la Legislatura provincial en las próximas semanas.

A poco más de un año de haber asumido al frente del Ministerio de Economía de Entre Ríos, el contador Fabián Boleas realizó un balance de la gestión económica provincial y aseguró que uno de los principales objetivos planteados por el gobernador Rogelio Frigerio fue avanzar en un estricto ordenamiento de las cuentas públicas.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el funcionario sostuvo que la administración provincial logró modificar prácticas históricas vinculadas al manejo financiero del Estado, priorizando una política de gasto basada en la disponibilidad real de recursos.

“Se toman compromisos únicamente cuando existen ingresos para respaldarlos”, resumió el ministro al referirse a la estrategia aplicada desde el inicio de la actual gestión.

Uno de los aspectos que destacó fue el retorno de Entre Ríos a los mercados de financiamiento internacional. En ese sentido, señaló que la reciente asignación de cupos para acceder a créditos de organismos multilaterales por 322 millones de dólares representa una señal de confianza hacia la provincia.

Según explicó, se trata de líneas de financiamiento con condiciones favorables y plazos de devolución cercanos a los diez años, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a obras de infraestructura. Entre las prioridades figura la recuperación y mejora de la red vial provincial.

Al analizar la evolución de los ingresos, Boleas reconoció que durante los primeros cinco meses de 2026 la coparticipación nacional registró una caída real cercana al 3 por ciento. No obstante, destacó el comportamiento de los recursos provinciales.

De acuerdo con los datos expuestos, la recaudación proveniente de los impuestos Inmobiliario y Automotor mostró incrementos reales de entre el 2 y el 4 por ciento, resultado que atribuyó al cumplimiento tributario de los contribuyentes entrerrianos.

El ministro consideró que ese desempeño permitió sostener programas y políticas que anteriormente contaban con financiamiento nacional y que actualmente son afrontados por la provincia.

Uno de los temas sobre los que hizo mayor énfasis fue la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Boleas definió al sistema previsional como el principal desafío financiero que enfrenta la provincia y sostuvo que su déficit limita la posibilidad de destinar mayores recursos a otras áreas de gestión.

En ese marco, defendió el proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y remarcó la necesidad de discutir alternativas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Según expresó, la iniciativa busca abrir un debate que durante años fue postergado y generar herramientas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin comprometer el futuro de la Caja.

Por último, el titular de la cartera económica confirmó que el pago de haberes y del medio aguinaldo seguirá el esquema habitual. En primer término se abonarán los salarios correspondientes a junio durante los primeros días de julio y posteriormente se hará efectivo el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó la continuidad del cronograma de pagos y destacó que el ordenamiento financiero permite afrontar los compromisos salariales previstos para el segundo semestre del año.

Fue durante una conferencia de prensa en la que presentó los avances y el plan integral de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, destacando que en poco más de dos años de gestión se logró pasar de una situación crítica a una etapa de transformación estructural.

El mandatario hizo notar que al asumir su gestión encontró un panorama crítico, con "rutas en estado deplorable, abandonadas"; y una Dirección Provincial de Vialidad con "falta de transparencia en procesos y contrataciones". Ante esto, se propuso un objetivo concreto: "Recuperar Vialidad y recuperar las rutas para nuestra provincia", a pesar de las dificultades financieras heredadas.

Para lograrlo, se sanearon deudas recibidas de gestiones anteriores de más de 30.000 millones de pesos que mantenían las obras paralizadas. "Hoy la administración está al día" y bajo una directiva estricta: "Obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma", dijo. Además, se fomentó la transparencia triplicando la cantidad de oferentes en licitaciones, lo que permitió hacer "muchas más obras, muchos más kilómetros, con muchos menos recursos".

Un avance clave es la "compra histórica de maquinaria para Vialidad que será la más importante en varias décadas". Con más de 70 unidades de equipamiento vial, el gobierno busca revertir la situación de un organismo que fue encontrado "desguazado, sin ningún tipo de herramientas para dar respuesta a los reclamos de los vecinos". Además, destacó el reordenamiento del personal en la repartición, señalando que "la gente tiene que estar en territorio, en los campamentos", por lo que se busca corregir la excesiva concentración de empleados en algunas dependencias.

En cuanto a la infraestructura, el plan estratégico contempla intervenir el 100 por ciento de la red vial en estos cuatro años. Según el gobernador, "estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes", incluyendo un plan para los 25.000 kilómetros de caminos rurales.

Para las rutas que requieren una reconstrucción integral, se gestionó financiamiento externo tras obtener el aval soberano nacional, "y Entre Ríos fue la primera provincia". En ese marco, se lograron créditos por más de 320 millones de dólares del BID, el BCIE y el FIDA, recursos a "larguísimo plazo, a tasas bajísimas, para poder hacer rutas de nuevo, desde cero", subrayó el mandatario.

Asimismo, el gobierno implementó medidas como el decreto para eliminar Ingresos Brutos e impuesto a los Sellos para la obra pública; y el envío de un proyecto de Compre Provincial para priorizar a las empresas locales. Asimismo, se tomó la decisión política de que "el 100 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural se destine a los caminos de la producción", entre otras acciones.

Al finalizar, el gobernador subrayó que este cambio de paradigma es posible gracias a "reglas claras, transparencia y competencia". Concluyó que, además de saldar una deuda histórica con los entrerrianos, esta inversión "genera empleo" y demuestra que se puede gestionar con "compromiso, decisión y coraje".

También participaron de la actividad el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y el director administrador de la Dirección provincial de Vialidad, Exequiel Donda.

Desde este martes 26 y hasta el viernes 29 se retomarán las jornadas de la audiencia de remisión a juicio en la causa conocida como Contratos Truchos, una de las investigaciones judiciales más resonantes de la provincia de Entre Ríos, vinculada al presunto accionar de una organización ilegal que habría operado entre 2008 y 2018 mediante la simulación de contratos de obra en las cámaras de Senadores y Diputados.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el esquema consistía en la celebración de contratos con ciudadanos que solo prestaban su nombre, sin prestar servicios reales, a cambio de recibir un porcentaje mínimo del dinero asignado. El resto de los fondos, de acuerdo con la acusación, habría sido desviado de las arcas del Estado provincial.

La investigación comprende contratos celebrados durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri y parte del mandato del ex gobernador Gustavo Bordet. Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para el Estado entrerriano, a valores actualizados, ascendería a aproximadamente 53 millones de dólares.

Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se notificó a las partes la continuidad formal del proceso, luego de la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Casación Penal el 23 de diciembre de 2025, que rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por distintas defensas contra una sentencia dictada el 27 de noviembre de ese mismo año.

Con esa definición judicial, quedó establecido que la audiencia continuará en jornadas de martes a viernes desde el 26 de mayo hasta el 10 de julio. El cronograma prevé audiencias los martes y viernes de 9 a 13, mientras que los miércoles y jueves se desarrollarán en doble turno: de 9 a 13 y de 16 a 19.

La decisión permitió reactivar un expediente de alta complejidad procesal que involucra una extensa cantidad de pruebas documentales, pericias, planteos técnicos y un número importante de imputados.

La referencia a la resolución de Casación se vincula con la revisión de lo resuelto previamente por la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien en septiembre de 2025 había hecho lugar parcialmente a distintos planteos presentados por las defensas.

Entre esos pedidos figuraban exclusiones probatorias sobre informes y pericias, solicitudes de sobreseimiento, nulidades del requerimiento de remisión a juicio, cuestionamientos a la acusación fiscal y pedidos de subsanación de defectos procesales.

Uno de los ejes también estuvo relacionado con la intervención de Fiscalía de Estado, organismo que impulsa el recupero de las millonarias sumas presuntamente sustraídas al patrimonio provincial.

Tras aquella resolución, el expediente volvió a manos de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien tiene a su cargo la continuidad del proceso de remisión a juicio oral y público.

Actualmente, la causa avanza con alrededor de 17 imputados de los 32 que inicialmente fueron investigados. El resto quedó desvinculado por distintas vías judiciales, entre ellas acuerdos de reconocimiento de participación en los hechos atribuidos o la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las primeras jornadas podrían estar orientadas a ordenar aspectos metodológicos y procesales para retomar una audiencia que, desde su inicio, estuvo atravesada por una marcada complejidad técnica y operativa.

Asimismo, se estima que Barbagelata deberá resolver planteos defensivos pendientes que fueron presentados en etapas previas y aquellos habilitados por instancias judiciales superiores que no quedaron comprendidos en el rechazo de la Cámara de Casación.

La reanudación del proceso también quedó atravesada por cuestiones vinculadas a la disponibilidad de partes intervinientes. En la notificación oficial se informó que la fiscal Patricia Yedro tomó licencia compensatoria de feria.

A esto se sumó la agenda judicial de algunos defensores que también intervienen en otra causa de alto perfil: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

En ese expediente actúan los abogados Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, quienes además representan a varios imputados dentro de la causa Contratos Truchos, situación que complejizó la coordinación de audiencias y calendarios procesales.

Luego de semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional, el Gobierno de Entre Ríos avanzará con el envío del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, una iniciativa que comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, en un contexto que definieron como “crítico” en materia financiera y demográfica.

Al mismo tiempo, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos.

Uno de los puntos principales de la iniciativa es que se mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, una de las bases históricas del régimen previsional entrerriano.

Además, tanto los jubilados actuales como quienes accedan en el futuro al sistema conservarán la movilidad vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores estatales, un aspecto incorporado tras el intercambio con los gremios.

Desde el gobierno destacaron que esta decisión busca dar previsibilidad y sostener la actualización de haberes en función de la evolución salarial de la administración pública provincial.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la modificación progresiva de la edad jubilatoria.

Para los actuales empleados estatales, la propuesta prevé una adecuación gradual que elevará la edad de retiro hasta los 65 años, en línea con criterios de sostenibilidad del sistema y con el aumento de la expectativa de vida.

El Ejecutivo recordó que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no se modifica desde 1993.

La transición no será inmediata.

El proyecto contempla plazos de adaptación de entre cinco y veinte años, con el objetivo de que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas de manera abrupta sus condiciones previsionales.

En tanto, para quienes ingresen al Estado a partir de la sanción de la nueva ley, la edad jubilatoria se fijará en 68 años.

Desde el Gobierno provincial argumentaron que la reforma responde a una situación estructural que afecta desde hace años a la Caja de Jubilaciones.

Actualmente, el sistema presenta una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, un nivel considerado insuficiente para garantizar equilibrio financiero.

A esto se suma una tendencia demográfica que profundiza la presión sobre el sistema:

Según el Ejecutivo, estos datos reflejan un desfasaje que obliga a revisar mecanismos de sostenibilidad.

Otro de los puntos aclarados por el Gobierno es que la reforma no elimina regímenes especiales ni jubilaciones anticipadas.

Tras el diálogo con sectores gremiales, el proyecto establece que, una vez alcanzada la edad correspondiente a cada régimen especial, el trabajador podrá optar entre:

En ambos casos, deberá seguir realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta disposición ya estaba contemplada en la normativa vigente, aunque ahora pasará a aplicarse de forma obligatoria.

“No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron.

La propuesta también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio, destinado a los salarios más altos del sector público.

La medida fue discutida con representantes sindicales y tendrá alcance limitado.

Quedarán exceptuados quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales, por lo que el aporte adicional alcanzará sólo al 4 por ciento de los trabajadores.

El Gobierno presentó esta herramienta como una medida de emergencia orientada a reforzar el equilibrio financiero del sistema.

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del mecanismo para calcular el haber jubilatorio inicial.

La propuesta plantea ampliar la base de cálculo a 240 meses de aportes, con el objetivo de reflejar de manera más equitativa la trayectoria laboral completa del trabajador.

Según explicaron, esto apunta a evitar distorsiones vinculadas a ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación.

Aun con este cambio, el proyecto ratifica como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto.

Mientras avanza con esta reforma, el Gobierno de Entre Ríos continúa reclamando ante la Corte Suprema de Justicia los fondos adeudados por la ANSES, una discusión que también impacta en la situación financiera de la Caja.

Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, comenzará ahora una nueva etapa: el debate parlamentario en ambas cámaras.

Allí se discutirá una reforma que busca equilibrar sostenibilidad financiera, derechos previsionales y adecuación del sistema a nuevas realidades demográficas.

Y que, por su impacto, promete convertirse en uno de los debates centrales de la agenda política entrerriana.

Estudiantes de 5° y 6° grado de distintas escuelas entrerrianas participan semanalmente de experiencias educativas innovadoras que integran contenidos escolares, tecnología e inteligencia artificial. La propuesta, que ya alcanzó a más de 1.200 chicos en lo que va del año, se desarrolla en MiradorTec y apunta a transformar las formas de aprendizaje mediante herramientas digitales e interactivas.

Durante cada jornada, los alumnos trabajan contenidos de historia, lengua y matemática a través de actividades inmersivas y dinámicas participativas que incorporan nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Además, exploran el uso de inteligencia artificial y desarrollan habilidades vinculadas al pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana y que tendrán un rol central en el futuro laboral, promoviendo al mismo tiempo nuevas metodologías de enseñanza.

El programa es impulsado por el gobierno de Entre Ríos junto al Consejo General de Educación (CGE), el Instituto Becario y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), como parte de una estrategia orientada a ampliar oportunidades de formación e innovación educativa en toda la provincia.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de acercar estas herramientas a las nuevas generaciones. “Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, innovar y prepararse para el mundo en el que viven, incorporando tecnología de manera inteligente y acompañando a los docentes en ese proceso”, expresó.

En la misma línea, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, señaló: “Donde antes se pensaba un edificio para oficinas públicas, hoy tenemos un espacio para que las nuevas generaciones aprendan y se vinculen con la tecnología”.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, remarcó el carácter innovador de la propuesta. “Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que está llevando adelante este tipo de experiencias, incorporando inteligencia artificial para transformar la manera de aprender y preparar a los chicos para los desafíos del futuro”, afirmó.

Desde el gobierno provincial sostienen que estas experiencias representan un paso importante hacia una educación más vinculada con la innovación, la inclusión digital y las competencias que demandan los nuevos escenarios tecnológicos.

Racedo- El presidente de la Comuna, Julio César Demartin, analizó el complejo momento que viven en la comunidad y explicó a Paralelo32 que “Cada vez se hacen más esfuerzos para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Las últimas decisiones del Gobierno Provincial nos afectaron en los números que manejamos. Hoy Racedo tiene una reducción de $15.000.000 mensual, lo que dificulta nuestro trabajo en el día a día, el mantenimiento de nuestra localidad, el apoyo que damos a una gran cantidad de instituciones en seguridad, salud, deporte, educación, área social, todo se ve afectado”.

Planteó que “Estamos afinando cada vez más los números y los gastos para ver dónde podemos reducir y ajustar para llegar a fin de mes. Es lo que le planteamos al Gobernador en la última reunión, que si seguimos así la Comuna en un par de meses podría cerrar sus puertas, porque los fondos no dan, la estructura de costos fijos que tenemos es alta. Racedo tiene alrededor de 60 hectáreas para mantener, más de 300 luminarias LED en nuestro ejido urbano, son cien cuadras para atender, 30% de asfalto, 40% que se mejoraron con piedra de ripio, 20% de broza y 10% de tierra, que era la idea mejorarlas este año, pero estamos con dificultades para poder llevarlo a cabo”.

Demartin sumó que “Hoy la estructura que tenemos es para hacer el mantenimiento diario, nada más. Racedo tiene servicio de recolección de residuos tres veces a la semana, limpieza de cordones, desmalezado, mantenimiento de espacios públicos, de luminarias públicas, siendo 350 luminarias. El combustible sube constantemente", planteó.

“En la Comuna los costos se van incrementando, es todo preocupante. Estamos trabajando con asesores contables, legales y de la parte de Sistemas para implementar en el corto plazo la Tasa General Inmobiliaria. Nos vemos forzados a tomar esta decisión para poder sostener los servicios y el mantenimiento diario que la comunidad demanda. No será elevada, lo informaremos en detalle próximamente en relación al bimestre en que comenzaremos, con el objetivo de seguir manteniendo los servicios. Hoy cuesta mantenerlos y más difícil aún es mejorarlos. Hay que explicarles a los vecinos lo que está pasando, los recortes que se nos han hecho desde la Provincia”, agregó.

Demartin explicó a este medio que “estamos en contacto con otros presidentes comunales para analizar el famoso coeficiente para las comunas del que tanto se habla y ver la forma de acceder a más ingresos. Hoy los números están al límite en relación a los costos fijos de nuestra Comuna, que tiene que proyectar, pero hoy no puede hacerlo, solo estamos cumpliendo con cuestiones básicas. El año pasado lo cerramos con obras de cordón cuneta y siempre la idea es seguir sumando, pero hoy apenas llegamos a sostener lo que tenemos, sin posibilidades de proyección”.

“Es preocupante, la Ley Comunal va a llevar su tiempo, se lo dijimos al Gobernador, porque ese cambio recién se verá reflejado el año que viene. Faltan muchos meses y mientras tanto la situación es compleja en el corto plazo”, sumó.

“Creo que el Gobierno debería analizar la situación de cada Comuna en particular, Racedo es organizada, es una ‘pequeña ciudad’. Frigerio plantea que ‘el dinero va adonde tiene que ir’ y creo que Racedo, sin desmerecer a nadie, genera muchos aportes a la Provincia. Merecemos alguna devolución, más aún si pensamos en lo que significa una empresa como Grupo Motta, que da trabajo a personas de 18 localidades de la zona. Es un movimiento económico muy grande. Debería analizarse, porque somos de las comunas que mayor movimiento económico genera”, indicó Demartin.

“Solíamos hacer eventos, ferias de emprendedores como la ‘Racedo Emprende’, era una forma de que las instituciones trabajaran y generaran fondos, hoy con los números tan al límite no nos animamos por todos los costos fijos que de arranque ya tenés, con sonido, escenario, baños químicos, SADAIC, artistas. Es mucho el riesgo, muchos gastos esperando que después se giren fondos de Vicegobernación, Cultura o CFI, que nunca sabés de cuánto serán y cuándo llegarán. Estamos sin margen de error. Lo lamentamos por instituciones y emprendedores que sumaban un ingreso extra y podían mostrar lo que hacían. Hoy no podemos hacerlo”, cerró.

El Ejecutivo provincial detalló las auditorías realizadas, los fondos recuperados ante Nación y las acciones impulsadas para revertir años de falta de controles y reclamos sobre el sistema previsional entrerriano.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.

En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.

Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.

Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.

En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.

El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.

Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.

En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.

Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios provinciales y dirigentes de las principales entidades agropecuarias de Entre Ríos, quienes destacaron el diálogo abierto y el trabajo conjunto con la administración provincial.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que uno de los principales puntos abordados fue la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuyo incremento se ubicará por debajo de la inflación.

“El eje del encuentro fue presentarle al gobernador el acuerdo que se había alcanzado. Y se repasó otra agenda en común que es la de los caminos rurales. Este es un proceso sobre el que trabajamos mucho y esperamos tener mejores resultados. El gobernador planteó mantener abiertas las alternativas para seguir conversando y mejorar mecanismos de ejecución”, señaló el funcionario.

Bernaudo indicó además que durante la reunión se analizó la situación del sector arrocero, afectado por la caída de la superficie sembrada y por el contexto económico nacional.

En relación al impuesto inmobiliario rural, el ministro recomendó a aquellos productores que hayan recibido incrementos superiores al 30 por ciento —tope fijado para la actualización— que realicen consultas ante Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o a través de las entidades que integran la Mesa de Enlace, ya que algunos aumentos podrían deberse a descuentos aplicados el año anterior que actualmente dejaron de regir.

“Fue una reunión muy productiva”, resumió el titular de Desarrollo Económico.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, valoró el espacio de diálogo con el Ejecutivo provincial.

“Es una buena oportunidad conversar con el gobernador y con todo su gabinete que siempre está predispuesto a encontrar estos espacios de diálogo que son los que realmente llevan a la construcción de las políticas públicas que necesitamos a largo y mediano plazo”, expresó.

Además, sostuvo que desde el sector agropecuario existe predisposición para acompañar a los gobiernos provinciales “en momentos muy críticos y en situaciones que nos afectan a todos”.

En tanto, el presidente de Federación de Cooperativas Federadas (Fedeco), Ronald Garnier, calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la continuidad del trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Garnier remarcó especialmente la necesidad de avanzar en soluciones para los caminos rurales, una problemática histórica en Entre Ríos. “La producción agropecuaria va en aumento y necesitamos estructuras de camino y puertos diferentes para seguir trabajando y poder sacar nuestra producción”, afirmó.

Finalmente, aseguró que las entidades rurales continuarán colaborando con el Ejecutivo provincial para buscar soluciones conjuntas a las demandas del sector.

Del encuentro participaron además el presidente de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Diego Etchevehere; el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol; el referente de la regional Entre Ríos de la FAA, Matías Martiarena; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el director de ATER, Jesús Rafael Korell.

La actividad se desarrolló en la sede partidaria de la capital entrerriana y reunió a más de un centenar de participantes provenientes de distintos departamentos de Entre Ríos. Del encuentro formaron parte referentes políticos, sindicales y territoriales, además de una importante presencia de militantes, en una convocatoria que buscó reflejar la diversidad interna del peronismo entrerriano.

Según se informó, el eje central de la jornada fue la conformación de equipos de trabajo orientados a analizar y debatir los principales desafíos que atraviesa la provincia, con el objetivo de diseñar propuestas concretas vinculadas al desarrollo, la inclusión y la justicia social.

Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio abierto, donde distintos participantes expusieron diagnósticos y preocupaciones sobre la situación actual de Entre Ríos, al tiempo que compartieron iniciativas y miradas de cara a la construcción de una alternativa política para la provincia.

Los equipos técnicos quedaron organizados en distintas comisiones temáticas vinculadas a áreas estratégicas como desarrollo humano, economía, planeamiento, sustentabilidad, institucionalidad, justicia y seguridad. Desde esos espacios se avanzará en la elaboración de propuestas basadas en las realidades territoriales y las demandas de cada sector.

Desde el PJ entrerriano destacaron la participación y señalaron que este primer encuentro representa el inicio de un proceso de trabajo colectivo que continuará ampliándose con la incorporación de distintos actores sociales y políticos.

Asimismo, remarcaron que el objetivo es construir una agenda de gobierno enfocada en mejorar la calidad de vida de las y los entrerrianos, a partir de políticas públicas pensadas desde el territorio y con una mirada de desarrollo provincial.

Nogoyá.– La Agencia de Extensión Rural (AER) Nogoyá del INTA llevó adelante una charla informativa orientada a la transición generacional en empresas agropecuarias familiares. El encuentro, desarrollado en la sucursal de Lucas González de la Cooperativa Agropecuaria El Progreso, puso el foco en un tema crítico para el sector tambero regional: cómo organizar el traspaso del mando y el patrimonio entre padres e hijos sin poner en riesgo la viabilidad económica del establecimiento. La jornada contó con la organización de la jefa de la agencia, Silvina Butarelli, junto al economista de INTA Paraná, Matías Martínez, y el médico veterinario Nahuel Dubs.

Durante la capacitación, que reunió a más de cincuenta productores, se evidenció que la gran mayoría de las empresas familiares de la zona no cuentan con una estructura jurídica definida que facilite la sucesión. Matías Martínez advirtió que la falta de previsión suele derivar en procesos que fragmentan el capital productivo. Según explicó el economista, cuando no existen herramientas organizativas previas, la división de bienes puede provocar una pérdida de escala tal que comprometa la subsistencia de la unidad productiva, impactando no solo en la economía familiar sino también en el desarrollo territorial de la cuenca lechera.

Frente a este escenario, la jornada se propuso como una instancia para conocer alternativas que permitan ordenar la empresa y reducir costos legales a futuro. Entre las herramientas concretas mencionadas, Martínez destacó figuras como los fideicomisos agropecuarios, la conformación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y la donación en vida con usufructo. Estas opciones permiten planificar el traspaso de manera eficiente, siempre partiendo de una definición clara de los objetivos que cada familia tiene para su negocio, permitiendo diseñar contratos y figuras societarias a medida.

Desde el INTA señalaron que esta problemática es una de las demandas más frecuentes detectadas en el territorio, por lo que la charla funcionó como un primer paso de sensibilización para los productores vinculados a la cooperativa anfitriona. En este sentido, se anunció que próximamente la AER Nogoyá lanzará un curso específico para profundizar en estos aspectos técnicos y legales, brindando un acompañamiento más cercano a quienes decidan iniciar el proceso de ordenamiento institucional en sus campos para asegurar el futuro de las próximas generaciones.

Un título que conecte a Argentina con los nazis vende. Genera polémica y clics. Por eso no sorprende el título de la crónica publicada este fin de semana en la revista Lugares de La Nación: "La huella nazi en una de las obras de ingeniería más emblemáticas del país". Aunque el texto es mayormente correcto y aporta información poco conocida en Argentina, el título sugiere que hubo nazis involucrados en la construcción del túnel subfluvial. El propio texto no respalda esa afirmación

Como a veces sólo leemos el título, vale hacer algunas aclaraciones.

La crónica recorre el pasado de la empresa alemana HOCHTIEF, que construyó nada menos que el búnker de Adolf Hitler. HOCHTIEF construyó también el túnel subfluvial, como parte de un consorcio internacional junto a la italiana VIANINI y la argentina SAILAV. Esa es la supuesta "huella nazi" mencionada en La Nación.

El vínculo de HOCHTIEF con el régimen nazi no es un secreto. La propia empresa publicó en el año 2000 un libro con su historia oficial donde reconoce que empleó trabajo forzado a partir de 1939 y que su entonces director ejecutivo, Eugen Vögler, era miembro del partido nazi. Es información que nunca había sido discutida ampliamente en Argentina, y que nosotros, como miembros de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga, desconocíamos.

Pero la referencia a una "huella nazi" sugiere algo distinto: que hubo una participación personal de nazis en el proyecto. Y eso la propia crónica no lo respalda.

Entre la caída del nazismo y la licitación que ganó HOCHTIEF pasaron más de 16 años, durante los cuales la empresa atravesó cambios en su conducción. No está claro si alguno de los directivos o ingenieros que habían trabajado en proyectos del Tercer Reich participó también en la construcción del túnel. La crónica de La Nación no lo aborda, y consideramos que vale la pena investigarlo.

Lo que sí hace el artículo es inferir una conexión técnica entre la construcción del búnker de Hitler y el túnel subfluvial cuando dice: "Nadie preguntó dónde había aprendido HOCHTIEF a trabajar con esa precisión bajo tierra". No lo cuestionamos como recurso literario, pero resulta improbable que los desafíos técnicos para construir un refugio antiaéreo hayan sido los mismos que para hundir tubos de hormigón armado bajo un río caudaloso como el Paraná.

El texto tampoco da a entender que simpatizantes nazis argentinos hayan participado del proyecto, ni que los principales impulsores hayan tenido vínculos con el Partido Nazi alemán. No existe evidencia histórica que sostenga algo así, a pesar de que sí hubo nazis en Entre Ríos. Como destaca un artículo oportuno publicado este fin de semana por Daniel Enz, hubo treinta y ocho locales del partido nazi en la provincia entre 1936 y 1942.

Otra aclaración necesaria es que sólo hubo un oferente en la licitación pública del túnel en 1961. Algo que podría entenderse por la complejidad técnica de la obra y los riesgos financieros implicados por su escala. Había pocas empresas capaces de hacer el túnel.

HOCHTIEF construyó obras por todo el mundo después de la guerra. Y el túnel no fue el único proyecto en Entre Ríos. Como parte de un consorcio de empresas, también participó en la construcción del puente Rosario-Victoria.

La empresa nunca fue marginada del mercado internacional por su pasado. Hoy es parte del Grupo ACS, una de las corporaciones de construcción más grandes del mundo, presidida por Florentino Pérez, conocido también por ser el presidente del Real Madrid.

HOCHTIEF no es una anomalía entre las empresas alemanas que operaron bajo el Tercer Reich. Casi todas las grandes industrias del país usaron trabajo forzado y prosperaron con contratos del régimen: desde Siemens hasta Volkswagen, pasando por BMW, Daimler-Benz, Bayer y BASF, entre otras.

HOCHTIEF reconoce públicamente su pasado nazi y aportó al fondo alemán de compensación a ex trabajadores forzados, creado en el año 2000 tras demandas colectivas en tribunales estadounidenses. Que la empresa haya cumplido con un fondo creado bajo presión judicial no agota el debate sobre la responsabilidad de las firmas que prosperaron con el régimen que ejecutó el mayor genocidio de la historia, y que siguen prosperando hoy.

La crónica de La Nación plantea que en el momento de la licitación del túnel no hubo cuestionamientos a la empresa por parte de nadie: ni políticos, ni la comunidad judía, ni periodistas. Quizás sea el planteo más interesante del texto y merece rescatarlo.

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano tiene entre sus objetivos investigar el período de gobierno de Raúl Uranga, y nos interesa abrir un debate riguroso sobre cómo fue la licitación del túnel. Nos comprometemos a revisar el material de archivo disponible en Entre Ríos y otras fuentes que puedan arrojar luz sobre preguntas concretas, como qué se sabía entonces sobre los antecedentes de HOCHTIEF, qué consideraciones se tuvieron en cuenta y quiénes eran los ejecutivos de la empresa que llevaron adelante el proyecto.

El túnel subfluvial fue una obra de voluntad federal que rompió décadas de aislamiento de la Mesopotamia. Dos provincias decidieron llevar adelante un proyecto sin precedentes por su cuenta ante la negativa del gobierno nacional, en medio de un momento político frágil. Hubo dos golpes de estado entre el inicio y el final de las obras, que fueron inauguradas por una dictadura militar en 1969.

Nada de esto impide revisar y debatir lo que sea necesario. Y nada de esto le quita al túnel su lugar como hito del federalismo argentino: una obra que no tiene una huella nazi, pero que sí tiene la marca de los miles de entrerrianos que cruzamos de una costa a la otra por ese túnel que nos permitió construir una vida a través del río.

(*) Nélida Durana es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Raúl Lucio Uranga. Francisco Uranga es vicepresidente de la fundación.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la necesidad de recuperar la infraestructura vial entrerriana. En ese sentido, Balla remarcó que el estado de las rutas constituye un factor clave para el crecimiento productivo. “Es un vector de desarrollo fundamental”, afirmó, al tiempo que valoró la predisposición del gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, para avanzar en sistemas de peajes y concesiones que permitan la participación del sector privado.

Según explicó, este esquema posibilitaría que empresas inviertan en obras y recuperen el capital a través de la demanda, una alternativa necesaria frente a las limitaciones presupuestarias del Estado para financiar infraestructura.

Balla también hizo hincapié en la importancia del acceso al crédito internacional para concretar proyectos de gran envergadura. Entre ellos, mencionó la posibilidad de desarrollar una nueva autovía con trazas más rectas que reduzcan significativamente los tiempos de viaje entre Paraná y Buenos Aires, lo que permitiría disminuir los costos logísticos en torno a un 30%.

No obstante, advirtió que este tipo de iniciativas requiere de condiciones macroeconómicas estables: equilibrio fiscal, bajo riesgo país y reglas claras que faciliten el financiamiento externo. En ese marco, insistió en que la infraestructura debe convertirse en una política de Estado para evitar demoras históricas como las registradas en la Ruta Nacional 18.

Desde el espacio Entre Ríos 2050, el empresario destacó además el trabajo en el ámbito educativo, orientado a vincular la formación académica con las necesidades productivas de cada región.

El objetivo, explicó, es que escuelas técnicas y universidades formen perfiles acordes a la demanda laboral real. Como ejemplo, mencionó experiencias en la zona de Conscripto Bernardi, donde la capacitación vinculada al sector avícola ha mostrado resultados positivos.

En relación a la coyuntura actual, Balla describió un contexto de enfriamiento económico que impacta en el consumo y en la actividad de las pequeñas y medianas empresas. “Hoy vemos una economía en ‘K’”, señaló, al explicar que mientras sectores como la energía, la minería y el agro muestran crecimiento, otros como la industria, el comercio y los servicios atraviesan una caída.

Particularmente en ciudades como Paraná, donde estos sectores concentran gran parte del empleo, el impacto resulta significativo. A pesar de ello, destacó el esfuerzo de las pymes por sostener los puestos de trabajo, muchas veces impulsadas por el vínculo directo con sus empleados.

Finalmente, Balla comparó el proceso económico argentino con experiencias de países como Brasil y Perú, señalando que la estabilización macroeconómica suele ser un camino prolongado que exige constancia.

Su análisis dejó un mensaje claro: el desarrollo de Entre Ríos dependerá de una combinación de inversión en infraestructura, articulación entre educación y producción, y un marco económico estable que permita planificar a futuro.

"Entre Ríos 2050" expresó su beneplácito con la aprobación de la Ley del Régimen General de Concesiones, cuya sanción definitiva se dio este martes por la noche en la Cámara de Senadores. El grupo empresario consideró que se trata de "un hito para la modernización de la provincia", que permitirá mantener y potenciar la red vial, revertir años de atraso y dotarla de competitividad para el desarrollo regional. El grupo empresario propicia estas prácticas para el recupero de las rutas entrerrianas, donde no llega la inversión pública.

La normativa aprobada en la Legislatura habilita las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia. Se trata de una herramienta legal que habilitará la implementación del sistema de peajes a las empresas que lleven adelante trabajos de construcción, mantenimiento, conservación de rutas, puentes y otras obras complementarias, una de las banderas que desde el sector privado reclama para aquellos lugares donde el Estado no llega con recursos propios.

Desde "Entre Ríos 2050" valoraron la iniciativa y recordaron que se trata de una de las herramientas que promovió y sostuvo el grupo desde su fundación como eje central para la modernización de la provincia, en sintonía con los modelos de provincias y países vecinos. Resaltaron que resulta vital su implementación para la optimización de la circulación vial del territorio, fundamental para el desarrollo provincial.

En esa línea, plantearon la necesidad urgente de poner en valor la trama vial de Entre Ríos, en especial aquellas rutas y caminos que resultan indispensables para las comunidades y sectores productivos que agregan valor tierras adentro. Desde esa perspectiva, instan a mantener la Ruta Nacional 12, en especial el tramo Paraná - Crespo y el resto de los caminos secundarios de la zona.

El grupo integrado por empresarios, productores y comerciantes de la provincia, también insistió sobre uno de los vectores de desarrollo que sostienen desde sus inicios, hace siete años, y refiere a la importancia de impulsar nuevas trazas viales, con sistema de autovías, que acorten distancias entre la provincia y Buenos Aires. La iniciativa propone unir Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria y Urdinarrain con concesiones y sistema de peajes que garantice la circulación y seguridad de vehículos particulares y camiones que transportan diversos insumos y productos terminados. Forman parte del grupo Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Elvio Guía, Alcides Balla, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Luis Jacobi y Daniel Rodríguez, además de Matías Ruiz -en licencia- y con la invitación especial de Luciano Filipuzzi y Horacio Rizzo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó que la Ruta Provincial 45, en Ibicuy, será la primera en ser concesionada bajo un esquema de inversión privada, con el objetivo de encarar una solución definitiva al grave deterioro de la traza. Los pobladores de la región, que quedarán exentos del pago de este peaje, ven pasar por esa ruta desde hace más de una década, camiones que se llevan el recurso mineral entrerriano con destino a Vaca Muerta, generando el consabido deterioro de esa ruta hoy casi intransitable. El camino necesita ser reconstruido y hacerlo costará entre 40 y 50 millones de dólares. Es evidente que el gobernador Frigerio pretende que lo paguen quienes le dan un uso intensivo transportando cargas, y no el tránsito vecinal.

La ruta 45 ha sido destruida por el paso de 400 camiones diarios en la última década, para embarcar arena entrerriana en el puerto de Ibicuy con destino a Vaca Muerta.

La obra esperaba su implementación una vez que la Legislatura aprobara la Ley de Concesiones, hecho que se concretó anoche (martes 21). Según detalló el mandatario, requerirá una inversión estimada entre 40 y 50 millones de dólares, destinada a la repavimentación integral del corredor.