La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio que elimina la pensión vitalicia para quienes ocupen los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia.

De esta manera, Entre Ríos deja sin efecto la Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, que establecía un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación.

La iniciativa había sido enviada por Frigerio en enero de 2024 y, luego de ser tratada por ambas cámaras y modificada durante su paso por el Senado, obtuvo la sanción definitiva en Diputados.

A partir de la nueva ley, quienes ejerzan estos cargos en adelante no podrán acceder a la pensión vitalicia una vez finalizados sus mandatos.

La derogación también alcanza a las actuales autoridades provinciales. Por eso, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder al beneficio establecido por la legislación que acaba de ser derogada.

Tras la sanción, Frigerio destacó que se trata de una medida que había planteado desde el comienzo de su gestión y que forma parte de su política para eliminar beneficios especiales asociados al ejercicio de cargos públicos.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión”, afirmó.

El mandatario agregó que la medida forma parte de un proceso más amplio de transformación de la administración provincial.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo.

La Ley Nº 4.506 había establecido un régimen previsional especial para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos.

Según la legislación ahora derogada, la prestación equivalía al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

El régimen permaneció vigente durante más de seis décadas, hasta la sanción de la nueva norma promovida por el Poder Ejecutivo provincial.

La eliminación de la pensión se inscribe, según planteó el Gobierno provincial, dentro de una agenda vinculada con la austeridad, la transparencia y la ética pública.

El objetivo declarado es revisar regímenes especiales y eliminar beneficios que la actual gestión considera incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Frigerio cerró su mensaje con una definición que vinculó directamente la reforma con quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado:

“Si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

El gobierno de Entre Ríos oficializó la puesta en marcha de un paquete de medidas de alivio fiscal, energético y financiero destinado al sector turístico provincial. La iniciativa busca contener la pérdida de rentabilidad que afecta a los prestadores por el contexto macroeconómico, reducir costos de funcionamiento durante la temporada baja y fomentar el turismo interno en todo el territorio entrerriano.

En conferencia de prensa, el día jueves el secretario general de la gobernación, Mauricio Colello, junto al presidente y la vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto y Marcela Santamaría, precisó los alcances del programa anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Colello remarcó que, pese a las dificultades económicas y climáticas, la provincia cuenta con los recursos necesarios para superar la coyuntura. "El turismo se ha constituido a nivel mundial como uno de los principales generadores de empleo. Desde el gobierno acompañamos este difícil momento para poner a Entre Ríos nuevamente entre los destinos más elegidos del país", sostuvo.

Por su parte, Satto destacó que estas herramientas son fruto de un trabajo coordinado para atender la brecha entre las tarifas generales y las de alojamiento, mientras que Santamaría recordó que es requisito indispensable que los emprendimientos estén homologados en el Emturer para acceder a los programas.

Respecto del mecanismo de acceso, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, detalló que las solicitudes se canalizan de manera remota a través de la web oficial (www.entrerios.gov.ar/beneficiosturismo) o mediante el portal Mi Entre Ríos. Los interesados deben ingresar con sus credenciales de ARCA o Mi Argentina, cargar la documentación requerida y realizar el seguimiento en línea.

En materia impositiva, el director de ATER, Jesús Korell, confirmó que entre septiembre y diciembre regirá un descuento del 20% en el impuesto a los Ingresos Brutos para hoteles, agencias de viajes, guías, complejos termales, turismo aventura y parques temáticos. Además, las plazas hoteleras mantendrán exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano según la cantidad de empleados registrados, acumulando beneficios por pago anticipado y buen cumplimiento fiscal que permiten alcanzar reducciones de entre el 30% y el 75%.

Para estimular el consumo interno, desde el 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre estará vigente una promoción con la tarjeta Sidecreer. Según explicó la gerenta general de la entidad, Gabriela Vergara, el programa financiará hasta el 50% de la estadía —con un tope de $500.000 por usuario— permitiendo abonar hasta $250.000 en 12 cuotas sin interés, mientras que el prestador cobrará la totalidad del servicio a los 35 días.

En el plano energético, Germán Rojas, coordinador de Tarifas de la Secretaría de Energía, indicó que se aplicará un subsidio directo en las facturas de consumo de alojamientos y termas de entre el 4% y el 15%, según la categoría tarifaria (TG1, T-22 y T-33). Se estima una inversión provincial de 232 millones de pesos para alcanzar a unos 650 establecimientos.

Finalmente, Guillermo Gorskin, representante técnico ante el CFI, anunció una línea de 'Financiamiento Verde' de hasta 500 millones de pesos por emprendimiento. La operatoria cuenta con un plazo de devolución de hasta 60 meses, un año de gracia, una tasa fija del 21% durante los primeros dos años y el respaldo del Fondo de Garantía de Entre Ríos (Fogaer).

El Ejecutivo Provincial dispuso una reducción impositiva destinada a aliviar la carga tributaria sobre la cadena de valor turística. Según lo dictaminado en el Boletín Oficial Nº 28.407, las empresas y emprendimientos del sector contarán con un descuento del 20% en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos que se devenguen durante los últimos cuatro meses del año.

La medida toma como marco de referencia la Ley Provincial Nº 9946 de Turismo y el Artículo 196° del Código Fiscal. En sus fundamentos, la normativa destaca el valor estratégico de la actividad para la economía entrerriana al señalar que "constituye un sector estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de la Provincia de Entre Ríos, en razón de su capacidad para movilizar recursos, generar actividad económica, promover inversiones y empleo".

En cuanto a las prestaciones alcanzadas, la norma abarca una amplia diversidad de rubros esenciales para la oferta turística provincial. Según especifica el cuerpo del decreto, la medida beneficia a:

Respecto a las pautas y condiciones fijadas en el articulado formal, la norma establece "con carácter general y transitorio, una reducción del veinte por ciento (20%) de las alícuotas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades enumeradas en el Anexo".

Por su parte, precisa los plazos al disponer que "las disposiciones del presente Decreto tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, comprendiendo exclusivamente los ingresos atribuibles a las actividades alcanzadas que se devenguen durante dicho período".

En tanto, aclara los casos de oferta mixta al señalar que "cuando un mismo contribuyente desarrolle conjuntamente actividades comprendidas y no comprendidas en el beneficio establecido por el presente Decreto, la reducción resultará aplicable exclusivamente respecto de los ingresos provenientes de las actividades alcanzadas".

Finalmente, el Poder Ejecutivo encomendó a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el dictado de las normas reglamentarias y los mecanismos de control necesarios para la implementación del régimen, estableciendo además que el beneficio no resultará acumulable con otras reducciones impositivas vigentes para la misma actividad.

El Gobierno de Entre Ríos declaró el Estado de Emergencia Hídrica en toda la provincia durante 180 días, ante el escenario hidrometeorológico previsto para los próximos meses y el riesgo asociado al fenómeno de El Niño.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 2026-2660-E-GER-GOB, firmado el 27 de agosto por el gobernador Rogelio Frigerio, a partir del Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

El objetivo, según establece la norma, es anticiparse a posibles situaciones críticas, completar obras, agilizar contrataciones y disponer de recursos para prevenir, mitigar y reducir eventuales daños sobre la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

La declaración tendrá una vigencia de 180 días corridos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto establece que la emergencia permitirá facilitar la planificación, coordinación y ejecución de acciones preventivas y de respuesta frente al riesgo hídrico identificado.

Entre las tareas contempladas se encuentran:

De esta manera, la provincia busca contar con capacidad operativa antes de que puedan presentarse las situaciones de mayor impacto.

Uno de los puntos centrales del decreto está relacionado con los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar las tareas.

La norma faculta a los ministerios y organismos de la Administración Pública Provincial, dentro de sus respectivas competencias, a adoptar las medidas administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los objetivos de la emergencia.

Cuando corresponda, también podrán tramitarse contrataciones directas por vía de excepción, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley N.º 5.140 y sus modificatorias y en la Ley de Obras Públicas N.º 6.351.

Sin embargo, el decreto establece que cada contratación deberá estar debidamente fundamentada.

Los trámites deberán especificar las razones que justifican su realización, explicar la relación directa entre el bien, servicio u obra requerida y la situación de emergencia, y contar con la autorización de la autoridad correspondiente.

El decreto contempla además la posibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos derivados de las acciones previstas dentro de la emergencia.

Estas modificaciones deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones presupuestarias y financieras vigentes.

El objetivo es que los organismos provinciales puedan disponer de los recursos necesarios para ejecutar obras y medidas preventivas sin esperar a que se produzca una situación de emergencia concreta.

La declaración de emergencia alcanza a todo Entre Ríos, pero el decreto también plantea la necesidad de coordinar las acciones con los gobiernos locales.

Por eso, la Provincia invitó a municipios y comunas a adoptar, dentro de sus respectivas competencias, medidas destinadas a prevenir, mitigar y reducir los posibles efectos del escenario hidrometeorológico.

La coordinación deberá contemplar especialmente la protección de la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

La decisión del Gobierno entrerriano se fundamenta en el Informe Técnico de Riesgo Hídrico y en las condiciones hidrometeorológicas previstas para los próximos meses.

En este contexto, la emergencia no se limita a responder ante una eventual inundación: busca anticipar las obras, contrataciones y recursos necesarios para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Así, durante los próximos seis meses, la Provincia contará con un marco específico para avanzar en trabajos de infraestructura hídrica, mantenimiento de defensas y drenajes y preparación de los equipos que deberán intervenir ante eventuales contingencias.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió el Puerto de Diamante y destacó el proceso de recuperación de la actividad portuaria en la provincia, con inversiones públicas y una creciente participación del sector privado.

Durante la visita, el mandatario sostuvo que el desarrollo de los puertos y de la logística puede convertirse en una fuente de nuevas inversiones, actividad económica y empleo.

“Más puertos y más actividad portuaria es más trabajo para los entrerrianos, más riqueza y más generación de empleo”, afirmó Frigerio.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, autoridades provinciales y representantes del municipio y del sector portuario.

Frigerio destacó la ubicación geográfica de Entre Ríos y la disponibilidad de vías navegables como factores centrales para potenciar el transporte fluvial.

“Entre Ríos tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la logística, por nuestra ubicación geográfica y por los ríos con los que contamos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la provincia concentra cerca del 90% del cabotaje fluvial de granos de la Argentina, una participación que, según sostuvo, evidencia un potencial que durante años permaneció subutilizado.

“Eso habla del potencial enorme que tenemos y que lamentablemente estaba adormecido”, afirmó.

Para el gobernador, los puertos y los ríos deben ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo económico de Entre Ríos.

“Nuestros ríos y nuestros puertos son parte fundamental de nuestro desarrollo futuro”, sostuvo.

Durante la recorrida, Frigerio puso el foco en la articulación entre el Estado y las empresas privadas para incrementar el movimiento portuario.

“Estamos haciendo inversiones que no se habían hecho antes, estamos trabajando con el sector privado, formamos parte por primera vez en la historia de la hidrovía y eso también va a ser el puntapié inicial de muchísimas inversiones del sector privado”, explicó.

El mandatario reconoció que se trata de un proceso que demandará tiempo, pero consideró que la provincia ya comenzó a avanzar sobre uno de sus principales desafíos logísticos.

“Esto genera riqueza para la provincia. No es un proceso de un día para el otro, pero había que empezarlo”, afirmó.

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó el regreso de empresas vinculadas al sector agropecuario a las operaciones portuarias.

Mencionó particularmente a Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Agrícola Regional, que actualmente cargan cereal en la terminal diamantina.

Para el jefe comunal, este movimiento representa una señal de mayor confianza del sector privado en las condiciones para operar en el puerto.

“Eso es ver tranquilidad, seguridad jurídica a la hora de operar y saber que tienen hoy un Estado que es proproducción”, sostuvo Gieco.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, también destacó el papel que puede jugar el transporte fluvial en la economía provincial.

“El aprovechamiento de los ríos es fundamental para hacer competitiva a la provincia. Eso es algo que realmente nos ocupa: ser competitivos y generar inversiones”, señaló.

En ese marco, mencionó la incorporación de un convoy de barcazas con capacidad para transportar unas 28.000 toneladas de soja.

Además, destacó el objetivo de reactivar puertos que actualmente se encuentran subutilizados e incorporar a Ibicuy a la hidrovía como puerto de salida de la producción entrerriana.

El presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinali, destacó las mejoras realizadas en la terminal y explicó el funcionamiento de la rada portuaria, constituida hace poco más de un año.

Según detalló, se trata de una infraestructura natural que no requiere inversiones provinciales en dragado, aunque sí demanda trabajos destinados a garantizar condiciones seguras para las operaciones.

El objetivo es que las embarcaciones puedan llegar al muelle provincial N.º 7 para abastecerse de combustible, agua potable y otros servicios, generando además actividad para el taller de reparación de embarcaciones.

La recuperación de la actividad tuvo uno de sus principales hitos en julio de 2026, cuando el Puerto de Diamante recibió por primera vez un convoy completo de barcazas portacontenedoras, con dos escalas sucesivas.

El movimiento fue presentado como un nuevo paso en la recuperación de la terminal y en su posicionamiento dentro del esquema de transporte fluvial entrerriano.

Además, la ampliación de la rada portuaria permitió incrementar su capacidad de operación de dos a tres convoyes, mejorando las condiciones para recibir embarcaciones y ampliar la escala de las operaciones.

Por su ubicación sobre el río Paraná, el puerto diamantina busca consolidarse así como un nodo estratégico para el transporte fluvial, la logística y el comercio regional.

La recorrida de Frigerio volvió a poner en agenda uno de los desafíos económicos de Entre Ríos: aprovechar su posición geográfica y su extensa red de vías navegables para reducir costos logísticos, atraer inversiones y darle mayor salida a la producción.

Para el Gobierno provincial, la recuperación de los puertos no se limita al movimiento de cargas. La apuesta es que una mayor actividad portuaria genere más empleo, inversiones y oportunidades para las ciudades vinculadas al río.

Durante años, la provincia destinó recursos a la alimentación escolar sin contar con las herramientas necesarias para conocer con precisión qué recibía cada alumno, bajo qué estándares nutricionales y con qué trazabilidad sobre los recursos invertidos.

Esa dificultad no es menor. Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, la responsabilidad del Estado no termina en asignar recursos. También implica garantizar la calidad de la prestación, establecer criterios comunes y poder controlar sus resultados.

Por eso iniciamos un proceso de transformación del sistema alimentario escolar. La reciente decisión de la Justicia permite continuar ese proceso y establece condiciones que vamos a respetar y cumplir.

El fallo no cuestiona la facultad del Gobierno provincial para transformar el sistema alimentario escolar ni impide avanzar con un esquema centralizado para desayunos y meriendas. Por el contrario, reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el programa, establecer los mecanismos de adquisición, definir los productos y los menúes, seleccionar proveedores dentro del marco legal y disponer los controles necesarios. También reconoce la documentación técnica presentada por la Provincia y el diagnóstico que dio origen a la centralización de las compras para mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación.

Al mismo tiempo, ratifica que los productos alcanzados por el etiquetado frontal no pueden formar parte de la prestación.

Una cosa es revisar o reemplazar un producto y otra muy distinta es frenar una transformación de todo el sistema. Eso es importante porque permite separar dos discusiones que no deberían confundirse.

Nosotros no tenemos ningún problema en controlar y eventualmente corregir un producto determinado. Al contrario: si un producto debe cambiarse, se cambia. Si tiene que reformularse, se reformula. Si la Justicia dispone que no debe utilizarse, se cumple.

No estamos acá para defender una galletita, una marca o una empresa. Estamos para defender a nuestros chicos y una política pública que creemos que puede mejorar sustancialmente la alimentación escolar en Entre Ríos.

Porque la discusión de fondo no puede ser solamente dónde se compra. Lo verdaderamente importante es qué desayunan nuestros alumnos, qué calidad nutricional tiene lo que reciben y si podemos garantizarles a todos el mismo estándar, vivan donde vivan.

Cuando asumimos el gobierno encontramos un sistema que durante años había funcionado de manera fuertemente descentralizada. La provincia transfería recursos y cada establecimiento resolvía qué comprar, dónde hacerlo y cómo administrar esos fondos.

Ese modelo tenía ventajas. Una de ellas era la posibilidad de comprar en comercios cercanos a las escuelas. Pero también tenía problemas estructurales.

El Estado podía saber cuánto dinero transfería para alimentación escolar, pero tenía muchas más dificultades para responder preguntas elementales: qué estaba comiendo efectivamente cada chico, qué producto se había comprado con cada peso, cuánto se había pagado y si existía un estándar nutricional común para todos los alumnos de Entre Ríos.

También era un sistema que dejaba un amplio margen de discrecionalidad y presentaba enormes dificultades para garantizar una trazabilidad completa de los recursos.

No corresponde prejuzgar responsabilidades. Para eso están los organismos de control y la Justicia. Pero sí tenemos la responsabilidad política de preguntarnos si el sistema que encontramos ofrece las herramientas suficientes para prevenir esas situaciones.

Nuestra conclusión fue que había que cambiarlo.

Y no fue una decisión improvisada ni tomada como consecuencia de una polémica reciente.

Prácticamente desde el comienzo de nuestra gestión empezamos a analizar las debilidades del sistema y a diseñar una alternativa que nos permitiera garantizar mejores estándares nutricionales, mayor igualdad y, sobre todo, mucha más transparencia y capacidad de control.

De ese proceso surgió una licitación pública y abierta, realizada bajo las reglas y procedimientos correspondientes, de la cual resultó adjudicataria una empresa. Es precisamente el mecanismo que corresponde utilizar para garantizar transparencia en la utilización de los recursos del Estado.

La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones establecidas, como cualquier proveedor del Estado. Entre ellas, la combinación de alimentos debe aportar aproximadamente el 50% de los requerimientos diarios de micronutrientes de los alumnos en edad escolar. Y el Gobierno deberá controlarla.

Nuestro compromiso no es con una empresa. Nuestro compromiso es con el funcionamiento del sistema.

El cambio parte de una definición muy sencilla: no alcanza con saber cuánto dinero invertimos; tenemos que poder saber qué recibe cada alumno a cambio de esa inversión.

Por eso diseñamos un sistema mixto.

Los desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, que permitirá establecer estándares nutricionales comunes y garantizar trazabilidad sobre todo el proceso: qué se compra, cuánto se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y quién lo recibe.

La centralización de estas compras es un modelo que, con distintas modalidades, ya utilizan casi la mitad de las jurisdicciones del país.

Además, permitirá algo que hasta ahora no podíamos garantizar: que todos los alumnos tengan acceso al mismo desayuno y a los mismos nutrientes, sobre la base de una política nutricional común para toda la provincia.

Los almuerzos, en cambio, seguirán siendo administrados por las escuelas.

Los establecimientos continuarán comprando los alimentos necesarios para preparar las comidas y esas compras seguirán generando actividad en almacenes, supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías y otros proveedores de cada localidad.

Esto es importante: no estamos centralizando toda la alimentación escolar.

Estamos construyendo un sistema mixto que busca aprovechar las ventajas de ambos mecanismos.

En los almuerzos, la cercanía permite incorporar productos frescos, trabajar con proveedores locales y adaptar las compras a las necesidades de cada establecimiento. La provisión de frutas, que actualmente se realiza como parte de los almuerzos, se mantendrá sin modificaciones. La centralización de desayunos y meriendas no altera esa prestación ni implica dejar de ofrecer alimentos frescos a los alumnos. La fruta nunca formó parte del desayuno y esta transformación no la elimina de la alimentación de los chicos. En desayunos y meriendas, la escala provincial permite establecer estándares comunes, mejorar los controles y conocer exactamente qué reciben los alumnos.

Centralizamos aquello que necesita escala, estándares y trazabilidad. Mantenemos descentralizado aquello donde la proximidad y la compra local agregan valor.

Y centralizar una parte de la prestación tampoco significa darle la espalda a la producción y al trabajo entrerrianos. El nuevo sistema genera 60 puestos de trabajo directos, la logística será realizada por empresas entrerrianas y productos como la leche y la harina serán adquiridos a empresas de nuestra provincia.

Y existe una razón todavía más profunda para hacerlo: la igualdad.

El código postal de un alumno no puede determinar la calidad de la alimentación que recibe.

No puede haber un desayuno distinto según la escuela a la que le tocó ir a un alumno o el lugar de la provincia en el que nació. Si hablamos de una política alimentaria provincial, tenemos que ser capaces de garantizar un piso común para todos.

Eso significa transformar la alimentación escolar en una verdadera política provincial.

Sabemos que cualquier transformación de esta magnitud genera discusiones, intereses afectados y resistencias. También sabemos que podemos equivocarnos y que siempre habrá cosas que corregir.

Lo ocurrido con la intervención de la Justicia demuestra precisamente por qué una política pública debe estar abierta al control.

No queremos un sistema que no pueda ser cuestionado. Queremos un sistema que pueda ser controlado, evaluado y mejorado.

La transparencia tampoco consiste solamente en publicar cuánto dinero gastó el Estado. Significa poder reconstruir el recorrido de cada peso: qué compramos, cuánto pagamos, quién lo entregó, dónde llegó y quién lo recibió.

Durante demasiado tiempo discutimos la alimentación escolar fundamentalmente en términos de cuánto dinero transfería el Estado. Queremos empezar a discutir algo más importante: qué reciben nuestros chicos por ese dinero.

Ese es el cambio de fondo. Pasar de financiar compras a garantizar alimentación. De cientos de decisiones aisladas a estándares comunes. De controles fragmentados a trazabilidad. De saber cuánto gastamos a poder explicar qué recibe cada chico por cada peso que invierten los entrerrianos.

La decisión de la Justicia será respetada y cumplida. Y todas las observaciones que permitan mejorar el sistema serán incorporadas.

Pero también vamos a sostener la decisión de transformar aquello que creemos que debe cambiar.

Nos eligieron, entre otras cosas, para cambiar lo que durante años funcionó mal, aunque hacerlo genere discusiones y resistencias.

Y si hay un tema donde no podemos resignarnos a que las cosas sigan funcionando de manera deficiente, es en la alimentación de nuestros alumnos. Ahí tenemos la obligación de exigir más, controlar mejor y cambiar todo lo que sea necesario para garantizarles lo que corresponde.

El Gobierno de Entre Ríos presentó este viernes el programa piloto de seguro multirriesgo para maíz, una herramienta que apunta a reducir el impacto de las contingencias climáticas sobre los productores y aportar mayor previsibilidad a una actividad clave para la economía provincial.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio en las instalaciones de Mirador Tec, en Paraná. La iniciativa será implementada a través de Iapser Seguros, junto con siete compañías aseguradoras que representan, según informó la Provincia, alrededor del 90% del mercado del sector.

La propuesta contempla una inversión estatal de US$ 1 millón y, durante esta primera etapa, no tendrá costo adicional para los productores que adhieran.

El programa, denominado “Escudo Maíz”, estará asociado inicialmente al seguro tradicional contra granizo.

La cobertura multirriesgo se activará cuando el productor contrate la póliza contra granizo, siempre que reúna las condiciones establecidas para el programa.

En esta etapa podrán acceder pequeños productores con explotaciones de hasta 200 hectáreas, ubicados en departamentos seleccionados de acuerdo con el análisis de riesgo.

Según explicó la presidenta de Iapser Seguros, Myriam Clerici, el mecanismo busca que la activación sea inmediata y transparente.

“Se gatilla con un seguro tradicional de granizo y en ese momento, de manera transparente, empieza a funcionar el seguro multirriesgo”, explicó.

La funcionaria destacó que el objetivo es evitar que una campaña afectada por fenómenos climáticos termine comprometiendo la continuidad económica de los productores.

Uno de los ejes centrales del programa es atender especialmente a los productores de menor escala, considerados por la Provincia como los más vulnerables frente a eventos climáticos extremos.

La cobertura busca proteger el capital invertido y evitar que una pérdida importante obligue al productor a endeudarse o abandonar la actividad.

“Empezamos por los pequeños productores porque son los más castigados y los que a veces desaparecen cuando sufren estas inclemencias climáticas”, señaló Clerici.

La intención, agregó, es que los recursos lleguen directamente al productor para sostener la continuidad de la explotación y permitir que pueda afrontar la siguiente etapa productiva.

La elección del maíz como primer cultivo para este esquema no es casual. La Provincia lo considera un insumo estratégico para distintas cadenas productivas entrerrianas, particularmente la avicultura y la producción porcina.

El cereal constituye además un componente fundamental para la generación de proteína animal en Entre Ríos.

Durante la presentación, Frigerio planteó que la iniciativa busca generar un cambio en la forma de abordar el riesgo climático dentro de la producción agropecuaria.

“Darle tranquilidad y previsibilidad a los productores agropecuarios de nuestra provincia, que son los que generan trabajo y riqueza todos los días, tiene que ver con la tarea del Estado”, sostuvo el gobernador.

El seguro para maíz representa, de acuerdo con el Gobierno entrerriano, una primera experiencia piloto.

La intención es evaluar su funcionamiento y posteriormente ampliar la herramienta hacia otros cultivos de importancia para la provincia.

“Es el primer paso. Elegimos el producto quizás más determinante para nuestra economía, pero la idea es, a partir de esta prueba piloto, seguir creciendo y abarcar a la mayor cantidad de productores de la provincia y del país”, afirmó Frigerio.

Entre los cultivos que podrían incorporarse en futuras etapas aparecen trigo, soja y sorgo.

Además de Iapser Seguros, el programa cuenta con la participación de Nación Seguros, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, La Segunda, El Norte, Mercantil Andina y Cooperación Seguros.

La propuesta también recibió el respaldo institucional de organizaciones vinculadas al sector agropecuario, entre ellas la Federación Entrerriana de Cooperativas, las Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Federación Agraria Argentina.

La Provincia considera que esta articulación público-privada permitirá poner a prueba una nueva herramienta para administrar el riesgo climático y, eventualmente, ampliar su alcance.

Más allá de la cobertura ante una eventual pérdida, el programa apunta a evitar que un evento climático pueda generar un efecto dominó sobre el resto de la economía productiva.

En el caso del maíz, una menor producción no solo afecta directamente al agricultor, sino también a actividades que utilizan el cereal como insumo, especialmente las cadenas avícola y porcina.

Con “Escudo Maíz”, Entre Ríos busca avanzar hacia un esquema en el que el riesgo climático tenga una herramienta adicional de cobertura y en el que los productores puedan contar con mayor previsibilidad para tomar decisiones de inversión y continuar produciendo.

Para Frigerio, el desafío será ahora evaluar los resultados de esta primera experiencia y convertir el piloto en una herramienta de mayor alcance para el sector agropecuario entrerriano.

Los antecedentes disponibles nos revelan que, durante décadas, una parte considerable de las tierras fiscales de Entre Ríos permaneció sometida a una administración fragmentada, con ocupaciones que no siempre estaban formalizadas y con información patrimonial dispersa entre distintos organismos. En consecuencia, la actual gestión provincial decidió avanzar sobre ese terreno y asegura haber regularizado unas 110.000 hectáreas, aproximadamente el 60 por ciento de las tierras fiscales entrerrianas.

La mayor concentración de esas superficies está en el Delta, particularmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.

El mecanismo utilizado fue, principalmente, la formalización de las ocupaciones mediante permisos onerosos de uso del suelo. Las tierras que estaban siendo utilizadas sin un vínculo contractual regular, mediante la determinación del gobernador Frigerio pasaron a generar una relación formal con el Estado y, consecuentemente, ingresos para las arcas provinciales.

El resultado económico puede medirse con una cifra concreta. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Dirección de Administración de Tierras Fiscales recaudó $507.147.000, que fueron transferidos al Tesoro provincial. El dato surge de documentación presupuestaria oficial y corresponde al Fondo de Colonización previsto por la legislación provincial.

La dimensión del problema ayuda a entender por qué la Provincia decidió modificar su estructura administrativa.

La regularización de las 110.000 hectáreas no nació con la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER), creada en 2025 y presidida por Eduardo Asueta. El trabajo comenzó en organismos que ya existían, especialmente la Dirección de Administración de Tierras Fiscales. La nueva Agencia, creada posteriormente, absorbió esa estructura junto con la Unidad de Control de Inmuebles que dependía de la Fiscalía de Estado y

En agosto de 2025, la Legislatura sancionó la Ley 11.210, que creó la AABIPER como organismo descentralizado con autarquía económica y financiera. La norma le asignó el carácter de órgano rector y centralizador de las actividades vinculadas con los inmuebles del Estado provincial.

La creación de la Agencia apunta a resolver una cuestión que va bastante más allá de las tierras del Delta: la Provincia no contaba con un inventario patrimonial único y actualizado de todos sus inmuebles.

La nueva ley creó precisamente un Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial. Deberá contener, entre otros datos, la inscripción dominial y catastral, antecedentes de adquisición, ubicación georreferenciada, situación de uso u ocupación y responsables de su administración o custodia.

Es decir que la tarea consiste, en buena medida, en construir el mapa patrimonial del Estado entrerriano.

El proceso de ordenamiento tuvo además un capítulo judicial.

En julio de 2025, la Provincia recuperó 5.245 hectáreas en las islas Lechiguanas, luego de que la Justicia declarara nulas operaciones de venta realizadas entre 1979 (Gral. Carlos E. Aguirre) y 1997 (Dr. Jorge Busti). Se trataba de tierras fiscales que habían salido del patrimonio provincial durante la última dictadura militar y parte del gobierno democrático, cuya recuperación requirió una extensa disputa judicial.

Ese caso es diferente de la regularización de las ocupaciones actuales, pero muestra que el problema patrimonial provincial no se limita a determinar quién ocupa una tierra fiscal. También existen situaciones en las que el Estado debe reconstruir la historia dominial de un inmueble y defender judicialmente su propiedad.

Un dato a remarcar es que la AABIPER, que tendrá bajo su órbita los inmuebles provinciales que no posean una afectación específica o cuyo uso resulte ocioso o inconveniente para los intereses del Estado, si bien podrá intervenir en la venta de inmuebles del dominio privado provincial, antes de una operación de esa naturaleza deberá intervenir un Veedor de Gestión y Transparencia, y las ventas deben ser puestas a consideración de la Legislatura. La ley también obliga a destinar ese dinero a inversiones específicas en estructura sanitaria, educativa y administrativa.

Tampoco es que salió la ley y el problema patrimonial está resuelto, queda mucho inventario por hacer, además de determinar la situación jurídica y física de cada inmueble. Regularizar 110.000 hectáreas constituye un avance considerable, pero no significa que el problema patrimonial esté resuelto. Además, si un particular obtiene el uso de una propiedad pública, el Estado debe poder determinar por qué se le concede, durante cuánto tiempo, cuánto paga y bajo qué condiciones. Y esa información debería estar a disposición de cualquier ciudadano.

Es bien conocido en algunos ámbitos -fuera de muchas adjudicaciones formales y correctas o posesiones discutibles porque llevan décadas o un siglo-, los negocios que se vienen haciendo a lo largo del tiempo, al amparo de prebendas, acomodos, usurpaciones y sobornos que, aún siendo evidentes, siempre debemos cuidarnos de catalogarlos como presuntos, aunque sean evidentes. Y en esto el Estado ha sido el único responsable.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que realizó un balance de las principales transformaciones impulsadas durante su gestión y fijó prioridades para la próxima etapa.

Durante el encuentro, el mandatario pidió a los integrantes de su equipo no naturalizar los avances alcanzados y asumir un rol más activo en la defensa y comunicación de las políticas implementadas.

“No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad”, sostuvo Frigerio.

Entre los resultados que destacó mencionó el pago en término de salarios y jubilaciones, aun en un escenario de reducción de los ingresos públicos, y las reformas encaradas en distintas áreas del Estado.

Frigerio puso el foco en algunas de las transformaciones consideradas estratégicas por su administración.

Entre ellas mencionó el ordenamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la reforma del sistema previsional para avanzar hacia la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos y los cambios implementados en el sistema de comedores escolares.

También destacó los resultados obtenidos por Entre Ríos en las evaluaciones educativas Aprender y la incorporación de la provincia a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El gobernador reconoció que varias de estas medidas generaron cuestionamientos y resistencia de sectores políticos y corporativos.

“Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra”, afirmó, y sostuvo que algunas de las medidas implican “poner luz donde había oscuridad”.

En ese sentido, anticipó que las críticas continuarán, especialmente de quienes, según su interpretación, se beneficiaban del funcionamiento anterior del Estado.

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la relación entre Entre Ríos y el Gobierno nacional.

Frigerio ratificó su postura de mantener una relación de cooperación institucional, independientemente de las diferencias políticas, con el objetivo de defender los intereses de la provincia.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, expresó.

Como ejemplos de los resultados de esa relación mencionó el acuerdo por $120.000 millones para financiar la Caja de Jubilaciones y los avances vinculados con las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

La situación climática también ocupó un lugar central en la reunión de gabinete.

Frigerio explicó que la provincia trabaja en un esquema de prevención ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, con una estrategia articulada en tres áreas: salud pública, infraestructura y protección de la población.

Para esa tarea se prevé la participación coordinada de las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas.

“No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, señaló.

De cara a la continuidad de la gestión, el gobernador planteó como objetivos principales mejorar la calidad de la salud y la educación y avanzar en infraestructura para fortalecer la competitividad de Entre Ríos.

En materia vial, uno de los objetivos anunciados es intervenir el 100% de las rutas provinciales y avanzar en la renovación del equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.

La infraestructura fue presentada como una herramienta clave para mejorar las condiciones de producción, circulación e inversión en el territorio entrerriano.

Uno de los momentos centrales de la reunión estuvo vinculado con la comunicación de las políticas de gobierno.

Frigerio pidió que la defensa de las medidas implementadas no quede limitada a algunos funcionarios y reclamó una participación activa de todo el equipo en medios de comunicación y redes sociales.

“La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, afirmó.

Con una expresión vinculada al lenguaje deportivo, el gobernador cerró su planteo convocando a los integrantes de su gabinete a “ponerse la camiseta y salir a la cancha”.

La vicegobernadora Alicia Aluani coincidió con el planteo de Frigerio y destacó las dificultades que implica modificar estructuras y prácticas instaladas.

“Cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que los funcionarios deben salir de la zona de confort y asumir el desafío de mejorar el funcionamiento del Estado y acompañar las transformaciones impulsadas por la gestión provincial.

La reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada en Entre Ríos comenzó a generar nuevas instancias de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales. En ese marco, la Comisión Directiva y delegados de UPCN mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

El encuentro se desarrolló en la sede del sindicato y estuvo encabezado por el secretario general de UPCN, José Ángel Allende, junto a integrantes de la conducción, delegados y representantes de distintos puntos de la provincia.

Se trató, según Bagnat, de la primera reunión de trabajo con un gremio después de la aprobación de la reforma previsional.

Durante el encuentro se intercambió información sobre los avances en la elaboración de la reglamentación de la nueva normativa.

Allende señaló que el gremio planteó reparos sobre algunos aspectos que todavía deben ser definidos con mayor precisión.

“Durante la reunión insistimos en que no estamos de acuerdo con algunos puntos, que no compartimos y que creemos necesario se aclaren y estén bien definidos en la reglamentación”, sostuvo el dirigente sindical.

El secretario general de UPCN anticipó además que la organización continuará analizando el proceso junto con su equipo de profesionales.

“Vamos a seguir este tema para que la reglamentación sea acorde a lo que entendemos tiene que ser justo para los trabajadores, y no que sea un avance más sobre nuestros derechos”, afirmó.

La posición del gremio apunta a participar de la discusión de los aspectos reglamentarios antes de que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse plenamente.

Por su parte, Gastón Bagnat destacó el encuentro como el comienzo de una agenda de diálogo con las organizaciones sindicales.

“Hoy iniciamos con UPCN una agenda que continuará con todos los gremios, para trabajar en la reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada”, explicó.

El titular de la Caja de Jubilaciones consideró que el intercambio con los representantes de los trabajadores permitirá incorporar diferentes miradas durante el proceso de implementación.

En ese sentido, señaló que estas reuniones sirven para recibir devoluciones, ajustar aspectos de la reglamentación y preparar al personal encargado de aplicar las nuevas medidas.

Bagnat confirmó que la reunión con UPCN forma parte de una serie de encuentros que se desarrollarán con distintas organizaciones sindicales de la provincia.

El objetivo será recoger observaciones y sugerencias antes de avanzar en la reglamentación definitiva de la reforma previsional.

“Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación”, destacó el funcionario.

El encuentro dejó planteado así un nuevo escenario de discusión en torno a la reforma previsional entrerriana, con los gremios buscando incidir en la reglamentación y el organismo previsional abriendo una agenda de diálogo para definir los mecanismos de implementación.

El ensayista y filósofo Santiago Kovadloff oficializó la donación de una obra artística de su colección personal dedicada al poeta entrerriano Juan L. Ortiz, que pasará a integrar el patrimonio de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La entrega se concretó durante un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, quien recibió la pieza y agradeció el gesto del reconocido intelectual argentino, destacando el valor cultural y simbólico que tendrá para la representación oficial de la provincia.

La obra incorpora una fotografía de Juan L. Ortiz, considerado una de las figuras más relevantes de la literatura argentina y uno de los máximos referentes de la poesía entrerriana.

Tras recibir la donación, Frigerio expresó su agradecimiento y aseguró que la pieza será preservada como parte del patrimonio cultural provincial.

"Le prometí que acá la íbamos a cuidar bien. Es una fotografía maravillosa y de un gran nivel artístico", afirmó el mandatario, quien además definió a Kovadloff como "uno de los pensadores más lúcidos de la Argentina".

Durante el acto, Kovadloff explicó que la donación posee un profundo significado personal, ya que sus padres eran oriundos de Entre Ríos y la figura de Juan L. Ortiz representa un vínculo con esa historia familiar.

"Regalar algo de verdad es entregar algo que uno estima profundamente. Este cuadro me remite a la tierra de mis padres y deseo que permanezca para siempre en esta institución", expresó el escritor, de 83 años.

En su mensaje, el actual vicepresidente de la Academia Argentina de Letras invitó a valorar el legado cultural de la provincia y reivindicó el lugar que ocupa Juan L. Ortiz en la literatura nacional.

"Tienen un poeta excepcional. Sepan amar la poesía. La poesía no es solamente un género literario; es una actitud frente a la vida. Vivir poéticamente es comprender la dimensión profunda de la realidad", sostuvo.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de esta obra fortalecerá el perfil de la Casa de Entre Ríos como un espacio de difusión de la identidad, la memoria y la producción cultural entrerriana en la capital del país.

Del encuentro también participó el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, quien acompañó las gestiones iniciadas a comienzos de este año para concretar la incorporación de la pieza al patrimonio institucional.

La donación se suma a las acciones impulsadas para promover la figura de Juan L. Ortiz y difundir el legado literario de uno de los autores más trascendentes nacidos en la provincia.

La Escuela de Educación Técnica Nº 35 "General José de San Martín" de Crespo será objeto de una reparación integral que demandará una inversión provincial de 29 millones de pesos. La obra apunta a resolver problemas estructurales y de mantenimiento que afectan el normal funcionamiento del establecimiento al que asisten más de 600 estudiantes.

Los trabajos serán ejecutados por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, con un plazo previsto de 60 días corridos, y estarán a cargo de la empresa Schurlein Federico.

El edificio escolar, de más de 3.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga a estudiantes del nivel secundario y de Formación Profesional.

Tras un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura de Paraná Campaña, se definieron las intervenciones prioritarias para mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el desarrollo de las actividades educativas.

Entre las tareas previstas se encuentran la reparación del revestimiento exterior, el recambio de tanques y colectores de agua, la impermeabilización de cubiertas con filtraciones, la puesta en condiciones de las instalaciones sanitarias, la adecuación de los desagües pluviales del Salón de Usos Múltiples (SUM) y una revisión integral de la instalación eléctrica.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que las obras buscan resolver problemas edilicios que requieren una intervención inmediata.

"Estas reparaciones responden a necesidades concretas que afectan el funcionamiento cotidiano de la escuela. Cada obra en infraestructura educativa significa mejores condiciones para enseñar y aprender y forma parte de una planificación destinada a contar con establecimientos más seguros y adecuados para la formación de los estudiantes", expresó el funcionario.

La Escuela Técnica Nº 35 es uno de los principales establecimientos de educación técnica de la ciudad y recibe cada año a cientos de jóvenes que cursan distintas especialidades y trayectos de formación profesional.

Con esta inversión, el Gobierno provincial busca solucionar patologías edilicias generadas por el paso del tiempo y mejorar la infraestructura de un edificio clave para la formación técnica en Crespo, garantizando espacios más seguros y funcionales para estudiantes, docentes y personal de la institución.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este martes un acuerdo alcanzado con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante el cual la Nación reconocerá 120.000 millones de pesos en concepto de compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

El entendimiento representa el mayor reconocimiento de fondos obtenido por la provincia en el marco de los reclamos por el financiamiento del sistema previsional y, según destacó el mandatario, constituye el resultado de una estrategia sostenida para recuperar recursos que pertenecen a los entrerrianos.

Durante una conferencia de prensa, Frigerio calificó el convenio como "un hecho histórico" y explicó que los recursos corresponden a la compensación del déficit de la Caja previsional provincial.

"Queríamos comunicar el acuerdo con el Gobierno nacional, en particular con ANSES, que firmamos el lunes por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones del Estado provincial", expresó.

El gobernador sostuvo que el acuerdo es la culminación de un proceso iniciado hace más de dos años y medio, orientado a defender los recursos provinciales frente al Estado nacional.

Frigerio recordó que la actual gestión fue la primera en la historia de Entre Ríos en presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los fondos correspondientes al sistema previsional.

Paralelamente, indicó que se avanzó en un proceso de normalización administrativa de la Caja de Jubilaciones, especialmente en la actualización de las auditorías que ANSES exigía y que permanecían pendientes desde 2017.

Ese trabajo técnico permitió primero obtener anticipos durante 2024 y 2025 y, finalmente, arribar al acuerdo anunciado.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó que el monto acordado será abonado en 10 cuotas.

Además, precisó que el convenio prevé la posibilidad de incorporar esos fondos al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre la Nación y la provincia.

"Los 120.000 millones están pautados en diez cuotas, pero el mismo convenio establece que podrán ser incorporados al régimen de extinción de obligaciones recíprocas", señaló.

El funcionario aclaró que esos recursos constituyen un anticipo sobre la deuda previsional y que tanto el déficit reconocido como los pagos efectuados serán actualizados mediante el índice SIPA para determinar el saldo definitivo.

Frigerio sostuvo que la recuperación de estos recursos fortalece la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y acompaña el proceso de reforma previsional impulsado por la Provincia.

"Esto tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra Caja. Acompaña el esfuerzo que hicimos con la reforma del sistema previsional. Reduce el déficit y disminuye la necesidad de recursos del Estado", afirmó.

En ese sentido, ratificó la decisión de continuar avanzando con reformas estructurales durante el resto de su gestión.

"Vamos a seguir haciendo las reformas que necesita la provincia hasta el último día de nuestro mandato. Estamos mostrando resultados", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, aclaró que la reforma previsional y el acuerdo con ANSES son procesos independientes.

Explicó que la recuperación de fondos nacionales no elimina la necesidad de fortalecer el sistema previsional provincial para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Además, llevó tranquilidad a los beneficiarios al confirmar que los haberes correspondientes a julio no sufrirán modificaciones como consecuencia de la reforma.

También indicó que quienes perciban sus jubilaciones en septiembre cobrarán con la movilidad correspondiente al mes de agosto y confirmó que todos los trámites y turnos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva ley continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

El anuncio fue realizado por Frigerio junto al ministro de Economía, Fabián Boleas, y al presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el convenio representa un paso clave en la recuperación de recursos para Entre Ríos y un antecedente importante en la defensa del financiamiento del sistema previsional provincial frente al Estado nacional.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a autoridades de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), en el inicio de una nueva edición de AHK on Tour, un programa institucional que por primera vez se desarrolla en Entre Ríos con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, promover inversiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector productivo.

La misión empresarial reúne a representantes de compañías alemanas y argentinas vinculadas a sectores estratégicos como la agroindustria, la bioeconomía, las energías renovables, la logística y la innovación tecnológica.

El encuentro entre las autoridades provinciales y la delegación de la AHK marcó el inicio de una agenda que contempla visitas a distintos puntos de la provincia, entre ellos Crespo y el MiradorTec, donde se desarrollarán reuniones con empresarios, instituciones y referentes del ecosistema de innovación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es fortalecer las relaciones bilaterales entre Entre Ríos y Alemania, favoreciendo la llegada de inversiones y ampliando las posibilidades de exportación para las empresas entrerrianas.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que la realización del encuentro responde a una decisión del gobernador de profundizar la apertura de la provincia hacia nuevos mercados.

"El gobernador tenía mucho interés en que se concretara este evento en la provincia. Cualquier reunión para hacer crecer el comercio y la inversión es central porque es la única forma de generar empleo y crecer económicamente", sostuvo.

El director ejecutivo de AHK Argentina, Aleksandar Medjedovic, afirmó que Entre Ríos reúne condiciones muy favorables para profundizar los vínculos comerciales con Alemania.

Durante su primera visita oficial a una provincia argentina, destacó la diversidad productiva entrerriana y el potencial de sectores como la agroindustria, la bioeconomía y las energías renovables.

"Entre Ríos es un centro económico muy importante de Argentina. Vamos a trabajar juntos para incrementar las exportaciones hacia Alemania y fortalecer las relaciones comerciales", expresó.

La directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la Cámara, Annika Klump, explicó que el programa AHK on Tour busca acercar a las empresas asociadas con los ecosistemas productivos regionales.

En ese marco, adelantó que una de las principales actividades será la visita al MiradorTec, donde se desarrollará un encuentro con empresas e instituciones vinculadas a la innovación y la tecnología.

"Este formato permite facilitar el diálogo entre nuestras empresas y el ecosistema productivo provincial. Queremos acompañar y fortalecer el vínculo histórico que Entre Ríos mantiene con Alemania", señaló.

La delegación que participa de AHK on Tour 2026 Entre Ríos está integrada por representantes de empresas vinculadas a diferentes actividades económicas, entre ellas:

También forman parte de la misión representantes de la Embajada de la República Federal de Alemania.

Con esta iniciativa, la provincia busca consolidar su estrategia de inserción internacional, promoviendo el intercambio con uno de los principales socios comerciales de Europa y generando nuevas oportunidades para sectores como la agroindustria, la industria, la energía y la economía del conocimiento.

La realización de AHK on Tour en territorio entrerriano representa un nuevo paso en esa política de apertura, aprovechando la experiencia de una institución con más de un siglo de trayectoria en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Argentina y Alemania.

El gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Defensa Civil y en coordinación con distintas áreas del gabinete, avanza en la ejecución de un plan integral de prevención y mitigación ante la inminente llegada del fenómeno climático de El Niño. Las tareas de monitoreo y articulación con los municipios se intensificaron en los últimos días tras registrarse un marcado incremento en el caudal del río Iguazú, el principal regulador del comportamiento del río Paraná.

El titular de Defensa Civil de la provincia, Oscar Diaz Bertozzi, explicó que la preparación no es una respuesta improvisada, sino el resultado de una estrategia que se inició en el mes de abril. En ese momento se constituyó una mesa de trabajo conjunta que integran las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y Buenos Aires, compartiendo información técnica y proyecciones meteorológicas.

"Las señales de la presencia de El Niño son cada vez más fuertes, pero es necesario desdramatizar un poco y quitarle el tono apocalíptico que a veces se ve en algunos medios", señaló el funcionario. El funcionario aclaró que aún es imposible determinar con exactitud científica cuál será la intensidad definitiva del fenómeno, dado que los estudios y predicciones climáticas avanzan de forma trimestral. Sin embargo, remarcó que el objetivo central del Estado es "estar preparados para la peor contingencia".

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Federal de Emergencia, los análisis preliminares indican que el fenómeno meteorológico podría llegar a afectar hasta un millón de hectáreas dentro del territorio entrerriano (sobre un total de 7,8 millones de hectáreas. N de la R). Ante este panorama, el funcionario advirtió que la mayor preocupación para la provincia se concentra en las contingencias fluviales (crecidas de los ríos) más que en las pluviales (lluvias locales).

Diaz Bertozzi enfatizó que no existe un área única al mando, sino una labor mancomunada para garantizar la atención primaria de la ciudadanía si la situación lo requiere. Se estableció una estrategia con la participación de todos los ministerios que pueden dar respuestas.

Como ejemplo de esto, mencionó que las intensas precipitaciones registradas recientemente en la provincia de Misiones representan una alerta directa para Entre Ríos, ya que toda esa masa de agua se traslada gradualmente hacia el sur por la cuenca del Paraná. Después de un año el Iguazú, que estuvo por debajo de los 10 metros esta semana, creció a 18 metros.

El cronograma de actividades contempla una fuerte presencia en el territorio. Tras mantener reuniones iniciales con los intendentes de las localidades ubicadas en las costas más susceptibles de los ríos Paraná y Uruguay, Defensa Civil comenzó a focalizar sus esfuerzos en un nuevo escenario que incluye a la denominada región centro, integrada por los departamentos de Tala, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Para optimizar el seguimiento, el Instituto Nacional del Agua (INA) facilitó una plataforma tecnológica coordinada por la Agencia Federal de Emergencia. Esta herramienta digital permite a las autoridades provinciales monitorear en tiempo real la evolución de los niveles superiores de los ríos internos y los arroyos, anticipando el progreso del agua hacia las zonas bajas.

Entrevistado por Paralelo32 explicó "muchos municipios ya han tomado conciencia de la situación y están trabajando muy seriamente", afirmó el director de Defensa Civil. Las recomendaciones principales para las comunas se centran en tareas básicas pero esenciales de mantenimiento urbano, tales como la limpieza profunda de los desagües pluviales, la poda responsable de árboles dañosos o con raíces debilitadas para evitar caídas por vientos fuertes, y el control estricto para que los restos de ramas no terminen obstruyendo los conductos de evacuación de agua.

El funcionario adelantó que durante la próxima semana el personal técnico de la provincia saldrá a realizar inspecciones de campo para verificar el estado de las defensas y el funcionamiento de los sistemas de bombeo en la región centro, visita que incluirá a la ciudad de Victoria. Posteriormente, el recorrido continuará por las localidades del sur entrerriano, como Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy.

Al evaluar las particularidades geográficas de la provincia, Diaz Bertozzi diferenció el comportamiento que muestran los dos grandes ríos que circundan a Entre Ríos frente a estos fenómenos climáticos.

Según detalló, el río Paraná se caracteriza por ser "menos reactivo", lo que significa que sus procesos de crecida son más lentos y paulatinos, otorgando a los organismos de emergencia un mayor margen de tiempo para planificar las acciones y alertar a los pobladores ribereños. Por el contrario, definió al río Uruguay como un curso de agua mucho más plano y sumamente rápido en sus reacciones ante las contingencias climáticas, presentando ascensos y descensos bruscos en sus niveles que exigen una respuesta operativa inmediata.

El Consorcio AFIDEER llevó adelante este viernes su sexto plenario del año en la Universidad Adventista del Plata (UAP), donde avanzó en la organización de la Semana del Emprendimiento e Innovación 2026, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre en Villa Libertador San Martín y Paraná, y comenzó a delinear un proyecto de ley destinado a fortalecer el ecosistema emprendedor del país.

Durante el encuentro, encabezado por el presidente de AFIDEER, Héctor Motta; y por el rector de la UAP, Horacio Rizzo, se repasaron los avances de la nueva edición del Desafío de Innovación Entre Ríos, que actualmente reúne a más de 100 estudiantes de las cinco universidades que integran el Consorcio, organizados en 23 equipos interdisciplinarios que trabajan junto a mentores y organizaciones desafiantes.

Asimismo, se anticipó que durante la próxima semana se dará a conocer el programa completo de la Semana del Emprendimiento e Innovación, junto con la apertura de inscripciones para el público, el cronograma de actividades, los expositores nacionales e internacionales, jurados, evaluadores y demás detalles de la agenda.

Uno de los ejes centrales del plenario fue el inicio del trabajo conjunto para la elaboración de un Proyecto de Ley de Promoción del Emprendedorismo que diputados y senadores nacionales entrerrianos puedan presentar en el Congreso de la Nación.

Con este objetivo, AFIDEER conformó un equipo interinstitucional integrado por representantes de las universidades y organizaciones que conforman el Consorcio, con la finalidad de avanzar en una propuesta normativa que impulse el desarrollo emprendedor mediante herramientas de promoción y un tratamiento tributario diferencial que favorezca la creación y consolidación de nuevos emprendimientos.

La iniciativa busca generar un marco institucional que acompañe a quienes deciden emprender, fortaleciendo el vínculo entre el sector académico, el sector privado y el Estado.

Durante la reunión también se dialogó sobre una investigación conjunta entre las cinco universidades integrantes de AFIDEER, destinada a relevar y sistematizar las políticas, programas y normativas vinculadas al emprendedorismo y la innovación que actualmente desarrolla cada institución.

El estudio permitirá conocer de manera integral cómo las universidades reconocen académicamente la participación de los estudiantes en actividades de innovación y emprendimiento, además de identificar fortalezas, oportunidades de articulación y posibles mejoras para potenciar iniciativas como el Desafío de Innovación Entre Ríos, el Rally Latinoamericano de Innovación y otros programas vinculados al ecosistema emprendedor.

Los resultados servirán como insumo para diseñar nuevas estrategias de trabajo conjunto entre las instituciones y ampliar el impacto de estas propuestas en la formación universitaria.

Del encuentro participaron además Luciano Filippuzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Sede Paraná; Carlos Marín, vicerrector Académico de UAP; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Juan Pablo Filipuzzi, decano de la Facultad de Ciencia y Técnica de Uader; Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader; Eduardo Zamboni, secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Paraná; Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología y Vinculación Tecnológica de UTN Paraná; Darío Spector, presidente del Polo Tecnológico del Paraná; Gisela Muller, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de UAP; Nicolás Quaranta, secretario Académico de UAP; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Facultad de Ingeniería de UNER; María Isabel Chemez, coordinadora de Posgrados de UCA Paraná; Gustavo Tarragona, director de las Carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná; y Evelyn Molina, coordinadora de Afideer.

Victoria.- La derogación de la ley que otorgaba pensiones vitalicias a exgobernadores y exvicegobernadores de Entre Ríos representa, según el senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, el cierre de un régimen que “la sociedad interpreta como un beneficio de privilegio” y que ya no tendrá vigencia para quienes ejerzan esos cargos en el futuro.

En diálogo con Paralelo32, el legislador y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos recordó que la norma fue sancionada en 1965, durante la gestión del gobernador Carlos Contín, con el objetivo de garantizar un ingreso a quienes hubieran ocupado la máxima magistratura provincial o la vicegobernación y no contaran con otro beneficio previsional.

“La ley establecía una pensión equivalente al 75% del sueldo del gobernador, sin contemplar los gastos de representación, y con actualización automática según la remuneración del mandatario en funciones”, explicó.

Cavagna sostuvo que el impacto económico de la derogación es reducido, ya que actualmente el régimen alcanza a solo diez personas. “Son pocos los beneficiarios porque la propia ley impedía acceder a esta pensión cuando el exgobernador o exvicegobernador ya contaba con otro beneficio jubilatorio”.

Según precisó, el haber promedio ronda actualmente los 2 (dos) millones de pesos mensuales, por lo que el ahorro fiscal inmediato será limitado. No obstante, remarcó que la derogación impedirá que futuros gobernadores y vicegobernadores accedan a ese beneficio especial.

“Para el futuro va a representar un ahorro, porque ningún gobernador ni vicegobernador podrá obtener este derecho que establecía la ley”, afirmó.

El entrevistado amplió, además, que la derogación no afectará a quienes actualmente perciben la pensión, ya que se trata de derechos adquiridos protegidos por la legislación previsional.

“No se puede legislar con retroactividad en esta materia. Quienes hoy cobran el beneficio lo seguirán haciendo porque fue otorgado bajo una ley vigente”, explicó.

Entre los actuales beneficiarios mencionó a Marta Jordán, viuda del exgobernador Sergio Montiel, quien continuará percibiendo la pensión en los términos establecidos por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, lo mismo ex vicegobernadores como Héctor Alanís.

Consultado sobre la decisión del Senado de eliminar el artículo que preveía la pérdida del beneficio para personas condenadas por delitos de corrupción, Cavagna señaló que la modificación respondió a cuestiones jurídicas.

Indicó que esas situaciones ya están contempladas por la legislación penal y previsional vigente, por lo que entendieron que no correspondía incorporar una regulación específica dentro de esta ley.

Respecto de la posibilidad de revisar otros beneficios de características similares, el legislador señaló que actualmente permanecen vigentes únicamente dos regímenes especiales: las pensiones destinadas a excombatientes de Malvinas y las pensiones honoríficas vinculadas a los Premios Fray Mocho.

Aclaró que estos casos responden a fundamentos distintos y que, por el momento, no existe un análisis legislativo para modificarlos.

Para Cavagna, la aprobación del proyecto por parte de todos los bloques políticos refleja una interpretación compartida sobre el reclamo social.

“La decisión del Ejecutivo interpretó lo que quiere la sociedad y por eso todos los legisladores acompañaron la iniciativa. Me parece que este tipo de medidas son las que la ciudadanía espera de la dirigencia política”, sostuvo.

Finalmente, consideró que la derogación marca el fin de una herramienta creada en un contexto histórico diferente. “En su momento tenía una finalidad determinada, que era proteger a quien hubiera llegado a ser gobernador o vicegobernador y no tuviera otra cobertura previsional. Con el tiempo ese sentido se fue desvirtuando y hoy la sociedad entiende que se trata de un privilegio que ya no corresponde mantener”, concluyó.

Autoridades del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron distintas iniciativas orientadas a mejorar la atención de situaciones complejas en el ámbito judicial y promover acciones vinculadas al bienestar laboral.

El encuentro fue encabezado por el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, quien recibió a representantes de la entidad profesional para analizar posibles líneas de articulación entre ambas instituciones.

Uno de los principales temas abordados estuvo relacionado con los conflictos familiares que llegan a los tribunales, especialmente aquellos vinculados a la responsabilidad parental, los regímenes de comunicación entre padres e hijos y las cuestiones de cuidado personal.

Según se indicó, en muchos de estos casos las soluciones judiciales encuentran limitaciones para resolver conflictos de alta complejidad, por lo que se analizó la posibilidad de incorporar nuevas herramientas de intervención.

Entre las alternativas evaluadas surgió la figura del coordinador parental, un recurso utilizado en algunos sistemas judiciales para facilitar el cumplimiento de acuerdos y reducir los niveles de conflictividad entre los adultos involucrados.

Tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Colegio de Psicólogos coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis de esta propuesta y avanzar en la elaboración de un proyecto conjunto.

Otro de los ejes de la reunión estuvo centrado en la salud laboral de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Desde el organismo manifestaron interés en desarrollar estrategias de acompañamiento y prevención destinadas a fortalecer el bienestar psicosocial de trabajadores y trabajadoras, en un contexto donde las demandas laborales vinculadas al sistema judicial suelen presentar altos niveles de exigencia.

En ese marco, las autoridades del Colegio de Profesionales de la Psicología se comprometieron a evaluar posibles instancias de capacitación, reflexión y acompañamiento orientadas al cuidado integral de los equipos de trabajo.

Durante el encuentro también se intercambiaron opiniones sobre otros proyectos impulsados por la entidad profesional que actualmente se encuentran en proceso de análisis.

Participaron de la reunión la secretaria del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí; las defensoras civiles Carolina Suárez Schumacher y Alejandra Ramírez; el presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi; y Sabrina Aiello, integrante de la Comisión de Psicología Jurídico Forense y del equipo técnico del MPD.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) concretó este martes su primera reunión formal con la participación completa de los representantes del sector público, privado, académico y profesional que integran el organismo creado por la Ley N° 11.183.

El encuentro marcó el inicio institucional de un espacio destinado a coordinar políticas y estrategias para el desarrollo turístico provincial mediante la articulación entre el Estado y los distintos actores vinculados a la actividad.

La reunión contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó la puesta en funcionamiento del organismo como una herramienta para fortalecer la participación del sector privado en la toma de decisiones.

“Hoy contamos con un espacio donde el sector privado y el Estado se sientan a definir estrategias y tomar decisiones”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la intención del Gobierno provincial de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la cooperación y el acompañamiento a quienes generan empleo y actividad económica.

La conducción del Ente está integrada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente; Marcela Santa María como vicepresidenta en representación del sector privado; y Sebastián Bel como secretario ejecutivo.

Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados al funcionamiento interno del organismo, la elaboración de su reglamento, la planificación estratégica y las acciones de promoción turística previstas para los próximos meses.

Satto calificó la jornada como “el día cero” del Emturer y aseguró que la creación de este ámbito representa “un antes y un después para el turismo entrerriano”.

Por su parte, Bel presentó los principales ejes de trabajo que impulsará el organismo, entre ellos la planificación participativa junto a las diez microrregiones turísticas de la provincia, la construcción de una marca turística entrerriana, la promoción de inversiones privadas y la puesta en marcha de un Observatorio Económico Turístico.

También se abordaron iniciativas relacionadas con la digitalización de procesos, la capacitación de recursos humanos y la incorporación de criterios de sustentabilidad en el desarrollo de la actividad.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el vinculado a los recursos económicos con los que contará el organismo para llevar adelante sus políticas y programas.

Según se informó, el análisis sobre el esquema de financiamiento previsto en la ley de creación del Ente continuará en futuras reuniones del Directorio, debido a su importancia para la ejecución de las acciones proyectadas.

El Emturer reúne a representantes del Gobierno provincial, legisladores, cámaras empresarias, trabajadores del sector turístico, universidades y entidades profesionales, con el objetivo de construir políticas consensuadas para uno de los sectores productivos estratégicos de Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar una serie de mejoras en la Escuela Secundaria N° 174 Presidente Arturo Illia de Villa Gobernador Luis F. Etchevehere, en el departamento Paraná. La inversión oficial supera los 46 millones de pesos y las obras tendrán un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La apertura de sobres se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, y contó con la presentación de propuestas por parte de tres empresas oferentes.

Los trabajos previstos apuntan a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y circulación dentro del establecimiento educativo, beneficiando a estudiantes, docentes y personal de la institución.

Del acto participaron la presidenta comunal de Gobernador Etchevehere, Rosana Alvarado, y la directora de la escuela, Jacqueline Jacobi.

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de un baño accesible, destinado a garantizar el uso seguro y autónomo por parte de personas con movilidad reducida.

Además, se proyecta la construcción de una galería cubierta que permitirá conectar distintos sectores del edificio escolar, mejorando la circulación interna y brindando resguardo durante los días de lluvia.

El plan de obras también incluye la puesta en valor de la estructura perimetral existente y la reconstrucción del cerco del establecimiento, con el objetivo de reforzar la seguridad del predio y optimizar el control de accesos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de continuar desarrollando obras en establecimientos educativos de la provincia.

“Esta es una intervención muy esperada por la comunidad educativa. Permitirá que los estudiantes cuenten con instalaciones más seguras, accesibles y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares”, expresó.

Asimismo, remarcó que las inversiones en infraestructura escolar forman parte de una planificación sostenida destinada a mejorar los espacios de aprendizaje en distintas localidades entrerrianas.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este jueves un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para compensar y regularizar deudas entre la Nación y las provincias.

La rúbrica se llevó a cabo en Casa de Gobierno, durante la visita que el titular de la cartera económica nacional realizó a Entre Ríos para desarrollar una agenda de actividades institucionales junto a autoridades provinciales.

Uno de los puntos centrales del convenio establece la transferencia a favor de la provincia de distintos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Los bienes serán incorporados al patrimonio provincial tomando como referencia el valor determinado por las tasaciones correspondientes.

Además, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de acreencias a favor de Entre Ríos vinculadas a la actualización del Consenso Fiscal, así como también de un saldo pendiente derivado de convenios firmados con anterioridad entre ambas jurisdicciones.

Desde el gobierno entrerriano destacaron que la firma del entendimiento representa un paso importante para avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras entre Nación y provincia, permitiendo además generar nuevas herramientas para el desarrollo de políticas públicas.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de los inmuebles provenientes del ex Procrear podría contribuir a fortalecer iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y al acceso a la vivienda, dos áreas que continúan siendo prioritarias para la gestión provincial.

El acuerdo se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para regularizar las relaciones financieras con las provincias, mediante la compensación de créditos y deudas existentes entre las distintas jurisdicciones.