El proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano.

"El texto que llega al recinto es mejor que el que ingresó, y eso se debe a los cambios que propuso el Bloque de Senadores del Partido Justicialista"; señaló.

“Los entrerrianos nos piden transparencia en serio, no otro anuncio. Para eso hace falta una ley con controles concretos, que permita conocer cómo evoluciona el patrimonio de quienes gobiernan y que tenga consecuencias cuando las obligaciones no se cumplen”, sostuvo.

El proyecto original exigía la declaración jurada patrimonial solo al asumir y al dejar el cargo. Durante todo el mandato, nadie podía saber cómo cambiaba el patrimonio de un funcionario.

Declaración jurada anual, con plazo hasta el 31 de julio de cada año.Bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos de cualquier origen.

Billeteras virtuales y criptoactivos, incluidos de manera expresa.Publicación en internet de las declaraciones y de la lista de quienes cumplieron y quienes no, con resguardo de los datos sensibles.

Multas de hasta el 50 % del sueldo por no presentar la declaración o presentarla incompleta, que llegan al 100 % si el funcionario reincide.

“Una declaración jurada que no se actualiza y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias es un trámite, no un control. La transparencia requiere información periódica, acceso público y herramientas para exigir que la ley se respete”, remarcó Cosso.

Ficha Limpia eficaz, pero también sólida

El senador puso el foco en los artículos 23 y 24, que impiden ejercer cargos públicos o ser candidato a quienes tengan condenas por corrupción y otros delitos graves.

Exigir que la condena esté confirmada en dos instancias, como mandan la Constitución y los tratados internacionales.

Vincular la duración de la restricción a la condena, en lugar de un plazo fijo igual para todos los casos.

Identificar con precisión los delitos alcanzados, corrigiendo remisiones normativas incorrectas.

Exigir el certificado de antecedentes penales a quienes asuman funciones y a todos los candidatos de cada lista.

“Ficha Limpia no puede ser una consigna para la foto. Tiene que ser una herramienta eficaz y jurídicamente sólida. No alcanza con aprobar una norma que después se caiga en tribunales por errores de redacción o por no respetar las garantías constitucionales. Una ley mal hecha termina beneficiando a quien se quería alcanzar”, advirtió.

Cosso destacó que el bloque justicialista asumió el debate con responsabilidad. “No vinimos a obstaculizar ni a acompañar a libro cerrado. Vinimos a leer el proyecto artículo por artículo y a mejorarlo. Si hoy la ley tiene controles reales, es porque hubo trabajo serio en comisión”, afirmó.

“Una ley de ética pública no puede quedar sólo en una declaración de principios. Tiene que establecer obligaciones claras, controles permanentes y sanciones que se puedan hacer efectivas. Trabajamos con esa responsabilidad: para que la transparencia sea una práctica real y para que la ley se cumpla”, concluyó.

El Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná será sede este martes de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. La actividad convocará a autoridades provinciales, representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la región.

La apertura institucional contará con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También estarán presentes representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y del Foro Empresario Región Centro.

El encuentro marcará la primera actividad en Entre Ríos desde que Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.

Uno de los ejes de la jornada será la relación entre infraestructura, logística e integración regional. El panel reunirá a representantes del sector de la construcción, del sistema portuario y de organismos vinculados con la cooperación y el desarrollo.

El debate apuntará a abordar cuestiones estratégicas para mejorar la conectividad y fortalecer la articulación entre las provincias que integran la Región Centro.

La agenda también incluirá un espacio dedicado a la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con la participación de especialistas de Argentina y Brasil.

Además, se analizará el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y en las transformaciones del mundo del trabajo. Este panel contará con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.

Las jornadas buscarán promover el intercambio entre los gobiernos provinciales, las instituciones y el sector privado, con el objetivo de fortalecer una agenda común de integración, innovación y desarrollo económico.

La convocatoria se enmarca en los desafíos que enfrenta la Región Centro para mejorar su competitividad, impulsar la actividad productiva y consolidar vínculos de cooperación entre las provincias.

Concepción del Uruguay desarrollará una semana de actividades para homenajear a Justo José de Urquiza y recordar tres fechas vinculadas con la historia de la ciudad y de Entre Ríos: el 225° aniversario del nacimiento del general, los 175 años del Pronunciamiento y los 200 años de la elevación al rango de ciudad de la entonces Villa de Nuestra Señora de la Concepción del Uruguay.

La programación, organizada por la Municipalidad, tuvo como uno de sus momentos centrales el acto previsto para este domingo 18 de octubre, a las 9:30, en el monolito que recuerda el lugar de nacimiento de Urquiza, conocido como Talar de Urquiza, ubicado a la altura del kilómetro 141 de la Autovía Artigas.

La ceremonia fue encabezada por el intendente José Lauritto y contó con la participación de representantes de instituciones dedicadas a los estudios históricos, historiadores, integrantes de distintos sectores de la comunidad y público interesado en rendir homenaje al Organizador de la Nación.

El monolito está ubicado junto a la Autovía Artigas, en inmediaciones del arroyo Urquiza. Fue construido con piedras de la zona y lleva una inscripción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay dedicada al capitán general Justo José de Urquiza, con la referencia a su nacimiento en ese lugar el 18 de octubre de 1801.

En el sector conocido como Talar de Urquiza existían antiguamente restos de una casona donde nació el general.

El monumento fue reinaugurado el 18 de octubre de 2019, luego de una puesta en valor acordada entre la Municipalidad y el Batallón de Ingenieros Blindados 2. Los trabajos incluyeron una vereda, dos mástiles, cartelería, iluminación, bancos y un cartel con información sobre la vida y obra de Urquiza.

Para el acto de este domingo se incorporaron otros dos mástiles. Uno de ellos llevará la histórica bandera del Ejército Grande de Urquiza.

Las propuestas comenzarán este sábado 17 de octubre con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil “Río de los Pájaros”, organizada por el Centro Cultural Urquiza y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay. El espectáculo será a las 20:30, en el salón de la institución.

El cronograma continuará con actividades históricas, culturales y artísticas en distintos espacios de la ciudad.

La programación busca reunir a la comunidad en torno a la historia y el patrimonio de Concepción del Uruguay, con propuestas que combinan el homenaje institucional, la divulgación histórica y las expresiones culturales.

El Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realizaron este martes en Concordia una jornada destinada a promover el desarrollo productivo y financiero de mujeres emprendedoras. Durante el encuentro se entregaron certificados de financiamiento a representantes de proyectos productivos de la provincia.

La actividad se desarrolló en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; y la jefa de Gabinete de Asesores, Marcela Garavano.

La jornada se enmarcó en el Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres del CFI, que busca acompañar el crecimiento de emprendimientos y empresas liderados por mujeres mediante herramientas de financiamiento y capacitación.

Según los datos difundidos durante la actividad, Entre Ríos registra más de 50 proyectos gestionados a través de este programa, por un monto superior a los $5.000 millones.

En ese contexto, Frigerio destacó la importancia de acompañar las iniciativas emprendedoras y valoró el trabajo conjunto con el organismo nacional.

“Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de pesos de financiamiento para distintos proyectos, distintas líneas de ayuda que tiene el CFI, que agradecemos profundamente porque nos han servido mucho en estos casi tres años de gestión”, señaló el gobernador.

El mandatario remarcó que la provincia mantiene una relación de trabajo con el Consejo Federal de Inversiones desde el comienzo de su gestión y sostuvo que el financiamiento es una herramienta para impulsar proyectos productivos.

“Desde la provincia apostamos mucho al emprendedurismo”, afirmó Frigerio, quien también destacó la importancia de mejorar las condiciones de competitividad para las empresas y las economías regionales.

En esa línea, sostuvo que el Estado tiene un papel en facilitar el desarrollo de iniciativas que permitan transformar ideas en proyectos concretos, tanto mediante el acceso al crédito como a través de mejores condiciones para producir.

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de la iniciativa dentro de las políticas orientadas a fortalecer la actividad económica y la generación de empleo.

“Es una herramienta muy importante que, junto con la inversión en infraestructura, la desregulación y la baja de la presión impositiva, permite crear condiciones para que haya inversión, desarrollo y generación de empleo”, expresó.

Azcué también señaló que el programa ofrece a las emprendedoras la posibilidad de acceder a capacitaciones y créditos para potenciar sus proyectos y fortalecer sus actividades.

Durante el encuentro se entregaron simbólicamente certificados a mujeres que lideran empresas, participan de instancias de formación y accedieron a financiamiento del CFI.

La agenda incluyó, además, la presentación del programa destinado a mujeres entrerrianas, a cargo de representantes del organismo, y charlas sobre herramientas de financiamiento productivo y soberanía financiera.

El Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres busca facilitar el acceso al financiamiento y a la formación para acompañar el crecimiento de emprendimientos y empresas.

La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades de gestión, ampliar las posibilidades de inversión y contribuir al desarrollo de actividades productivas en distintas regiones del país.

Para Entre Ríos, la gestión de más de 50 proyectos por un monto superior a los $5.000 millones representa una línea de asistencia orientada a impulsar iniciativas encabezadas por mujeres.

El desafío será que estas herramientas se traduzcan en empresas más sólidas, nuevas oportunidades comerciales y mayor capacidad para sostener y generar empleo en la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo en París una reunión con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco de la Argentina Week, para analizar alternativas de financiamiento destinadas a proyectos estratégicos de Entre Ríos.

Durante el encuentro se abordaron posibles herramientas para avanzar en iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos y la transición energética, dos de las áreas que la provincia busca desarrollar con financiamiento de largo plazo.

También se analizó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a mecanismos de garantía que permitan facilitar el acceso a recursos y agilizar los procesos necesarios para avanzar con los proyectos.

“El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”, sostuvo Frigerio durante la actividad. En ese marco, destacó la necesidad de generar condiciones que permitan reducir obstáculos y facilitar el acceso a herramientas financieras para proyectos considerados estratégicos para la provincia.

La reunión formó parte de la agenda que Entre Ríos desarrolla en París para establecer vínculos con organismos internacionales y presentar oportunidades de inversión vinculadas con el perfil productivo de la provincia.

Como parte de la agenda de la Argentina Week, Frigerio también participó del encuentro encabezado por el presidente Javier Milei con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a otros gobernadores y representantes de la delegación argentina.

La reunión con Macron se realizó el jueves 1° de octubre en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, Milei mantuvo un encuentro con los gobernadores que integraron la delegación argentina en París.

La Argentina Week se desarrolla con el objetivo de promover oportunidades de inversión y negocios y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y actores internacionales. En ese marco, Entre Ríos busca presentar proyectos vinculados con sus sectores productivos y ampliar las alternativas de financiamiento para iniciativas provinciales.

“Hay una cuestión que es necesario aclarar: la mayoría en ambas Cámaras la tiene el oficialismo desde junio de 2025. Por eso resulta llamativo que se pretenda explicar la demora de un proyecto por una supuesta falta de mayoría. Con mayoría en Diputados y en el Senado, es una obviedad que la agenda legislativa está conducida por el oficialismo”, sostuvo Berthet.

El senador recordó que el proyecto ingresó al Senado en septiembre de 2024, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, y que desde entonces fue abordado en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

“En noviembre de 2024, desde nuestro bloque planteamos modificaciones y aportes al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que había aprobado Diputados. Fuimos claros en aquel momento: estamos a favor de contar con una herramienta de Ética Pública, pero queríamos mejorarla”, señaló Berthet.

En aquella oportunidad, incluso desde el oficialismo se planteó continuar analizando el articulado y convocar a representantes del Poder Ejecutivo para conocer su posición sobre las modificaciones propuestas.

El proceso continuó en noviembre de 2025, cuando participó de una reunión de comisión el secretario de Justicia de la Provincia, Julián Maneiro. Allí respondió las consultas de los senadores y explicó los principales aspectos del proyecto. Al finalizar, calificó el encuentro como “un fructífero intercambio de opiniones” y sostuvo que la iniciativa era “muy importante y trascendente”. Incluso, adelantó que su sanción podría concretarse en los días siguientes.

“Pasó casi un año desde aquella afirmación y el proyecto siguió sin sancionarse. Entonces la pregunta no es si la oposición tiene mayoría para impedir que avance. La pregunta es qué decisión política tomó el oficialismo para que una iniciativa que considera tan importante llegue finalmente a ser ley”, planteó Berthet.

El senador remarcó finalmente que la posición del bloque Justicialista no cambió: “Queremos una Ley de Ética Pública. Lo dijimos desde el primer momento. Lo que planteamos es que sea una buena ley, que amplíe los estándares de transparencia, que establezca reglas claras y que se aplique de manera efectiva”.

El grupo de empresarios y productores nucleados en “Entre Ríos 2050” se reunió este lunes en la ciudad de Crespo, donde compartieron una visión sobre el complejo escenario macroeconómico a nivel nacional y provincial y, en particular, advirtieron por la falta de obras nuevas que mejoren significativamente la conectividad en la región y promuevan el desarrollo de la provincia con una perspectiva de largo plazo. Al respecto, también señalaron la destrucción de la red vial que se agrava con el paso de los años sin intervenciones significativas.

El encuentro convocó a los miembros fundantes del espacio, Héctor Motta, Alfredo Calabrese, Alcides Balla, Alfredo Bel, Luis Jacobi, Felipe Berruhet, además de Daniel Rodríguez y Matías Ruiz en uso de licencia, y contó con la invitación especial de dos referentes del sistema universitario provincial, Luciano Filipuzzi y Juan Pablo Filipuzzi.

Durante la charla, se cuestionó la ausencia de obras de envergadura en los últimos años que trasciendan las gestiones. En ese marco, se recordaron y analizaron dos proyectos postergados: la propuesta de Autovía del Bicentenario que une Paraná-Crespo y el enlace vial de la Ruta Nacional 12 y la Ruta 11, entre Victoria y Aranguren, que significan 32 kilómetros. Éste último data de 2017 y contempla obras complementarias con el enlace vial Victoria-Rosario, claves para acortar distancias y desarrollar las actividades que agregan valor en Entre Ríos.

Frente a ello, Berruhet, en su rol de coordinador del espacio, reflexionó que, independientemente de las cuestiones partidarias, los dirigentes deben tener en cuenta la importancia de las obras para el desarrollo de las comunidades tierras adentro. En ese sentido, subrayó que ello parte de una definición política de cómo gestionar los presupuestos. “Sin pavimento no hay desarrollo”, sintetizó, y aclaró que se trata de dar prioridad a obras estratégicas nuevas y no de aquellos trabajos de mantenimiento que se están ejecutando por zonas.

A su turno, Balla lamentó la postergación de obras en el contexto actual y reflexionó sobre las dificultades que persisten para que lleguen inversiones de magnitud ante un escenario macro que se ve afectado por la suba del Riesgo País. Explicó que este dato determina el costo del financiamiento para acceder a más líneas de crédito internacionales para darle impulso a proyectos que trasciendan las generaciones presentes.

En esa línea, Calabrese advirtió que en Entre Ríos existe un problema de “falta de capacidad de inversión y de repago” y que, a diferencia con Santa Fe, el Estado se complementa de modo distinto con el sector privado para potenciar las inversiones. Al mismo tiempo, recordó que la Provincia cuenta con un “presupuesto inelástico” que condiciona las inversiones de capital, para lo cual la mesa sugirió establecer un porcentaje fijo que garantice una determinada cantidad de kilómetros nuevos pensando en “un futuro deseado”.

Asimismo, el contador propuso “desgravar impositivamente la inversión en infraestructura pensada para el desarrollo”, que permita achicar costos e impulsar nuevas obras viales estratégicas para las regiones productivas. Calabrese señaló que, según estudios, el costo fiscal total -entre mano de obra y materiales- oscila entre el 45 y 55%, precisamente si se suman los impuestos nacionales, provinciales y municipales incluidos en el precio de los insumos, junto a las cargas sociales del personal. Planteó, además, que mejorar la ecuación entre plazos y flujo de capital es clave para garantizar el recupero posterior mediante un sistema de peajes.

Motta, por otro lado, sumó como preocupante “la negación de la conexión aérea con Entre Ríos y Buenos Aires”, cuyos horarios no son convenientes para las actividades locales, además de la escasez de alternativas de vuelos. También recomendó promover obras de acceso a localidades que redunden en un desarrollo armónico del turismo sobre la costa del Paraná, tal como se ha logrado llevar adelante sobre la costa del Uruguay.

Desde el espacio, finalmente, enumeraron algunos logros de la gestión a nivel provincial. Valoraron especialmente la puesta en marcha del Mirador Tec como una apuesta de la provincia al futuro, la reforma del sistema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, los avances en materia de digitalización y simplificación administrativa del Estado, el ordenamiento y control del presentismo del personal, mejoras en las prestaciones de salud en efectores públicos y en materia de seguridad.

En otro orden, reflexionaron sobre los avances en materia de transformación de la matriz energética a partir de la facilitación de inversiones en energía solar, aunque apuntaron a ciertas definiciones técnicas a revisar que posibiliten un mayor aprovechamiento de la generación. No obstante, así como se valoraron los “esfuerzos en bajar el costo energético”, se advirtió que no se percibe “un impacto real” en los costos que pagan los usuarios empresarios y residenciales.

El martes 22, tuvo lugar el lanzamiento de la 2.ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos en el establecimiento San Miguel, tambo con sistema robotizado de la familia Tossolini, ubicado sobre la Ruta Provincial 35, camino a Don Cristóbal. El evento estuvo organizado por la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos (CaProLER) y reunió a una importante cantidad de productores de la zona, además de autoridades municipales y provinciales.

La jornada sirvió como marco para presentar oficialmente la cita cumbre del sector: la 2.ª Jornada Provincial de la Cadena Láctea, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre de 2026, y permitió a los presentes observar y admirar el tambo robotizado de la familia Tossolini, un modelo de gestión mixto, 70 % robotizado y 30 % convencional, liderado por la nueva generación de la familia.

En ese marco, Paralelo32 entrevistó al productor Sergio Borré, presidente de CaProLER, con quien abordó temas vinculados con la actividad tambera y la relación con el gobierno provincial.

**--Paralelo32-- Por lo que escuché en el discurso, hay una buena simbiosis con el gobierno provincial. Entonces, como entidad gremial, ¿qué reclamo les queda?

--Sergio Borré.-- Si bien los reclamos nuestros, como Cámara Gremial Empresarial que somos, siguen siendo más o menos los mismos de nuestros antecesores, ¿no?, o de nuestros colegas dirigentes. Siempre estamos bregando por el tema del mejoramiento de caminos, la electrificación rural, la parte crediticia, la baja de impuestos. Lo que yo quise decir o expresar en su debido momento, en la apertura, fue la buena simbiosis, el buen diálogo que tenemos y la buena recepción, y vemos que no se va a lograr todo de un día para el otro, pero vemos que sí, que en los caminos rurales anda una máquina, que en realidad anda, aunque por ahí no la vemos como nosotros queremos, que esté constantemente; vemos que la parte crediticia en valor producto, que fue un pedido nuestro, también está. Lo pedimos en su principio y se está casi logrando el tema del laboratorio, que es fundamental para nosotros, donde podamos mandar nuestras muestras particulares de los tambos para que analicen la leche, para cotejar con lo que nos manda la industria.

--El control de grasa butirosa y qué otros aspectos.

--De grasa butirosa, proteína y demás, que es lo que le sirve a la industria, pero a la vez nos sirve a nosotros y le sirve más todavía al nutricionista nuestro para saber cómo alimentar los animales.

--¿El precio de la leche hoy por hoy ya está vinculado también con el valor proteico?

--Eso es lo que se está reclamando, lo que se está dialogando ahora. Casualmente, hace un mes atrás tuvimos una reunión en Villa María, en Córdoba, con las industrias, con varias industrias y con representantes industriales, y con las demás cámaras de Córdoba y Santa Fe, y estuvimos reclamando que el precio por litro de leche sea por sólidos. A la industria le sirve lo sólido de lo que la vaca produce, digamos, y pedimos que los pagos se calculen por sólido. Eso sería una transición entre lo que se venía pagando históricamente y a lo que se está apuntando ahora. Hay muchas cosas por pulir, muchas cosas por hablar, y esta es una de ellas, y mucho para seguir hablando también con la industria y el gobierno. ¿Por qué? Porque desde la institución nuestra tenemos un buen diálogo, una buena recepción y seguimos adelante trabajando. Es un trabajo en conjunto, no es que estamos en desintonía con el gobierno, sino que, digamos..., se puede hablar. Y no quiero que se malinterprete que estamos haciendo bandera política para el gobierno, no, de ninguna forma. Nosotros estamos trabajando en sintonía para la lechería con las personas correspondientes, en el área correspondiente de la provincia

--¿Entusiasma esta reforma de Vialidad con los consorcios?

--Es un tema. Lo de Vialidad, yo llamo al tema de Vialidad un tema prehistórico. No hay mantenimiento, digamos. Ahora hay algo de movimiento de los caminos también por las Juntas de Gobierno, es decir, por las nuevas comunas, pero el tema de los consorcios también va a depender de la predisposición de los productores en asociarse y tirar parejo, y ahí es un tema, porque nosotros pagamos nuestros impuestos, entonces no sé hasta qué punto el productor va a estar predispuesto para desarrollar esos consorcios.

--Ustedes entienden que pagan sus impuestos y los quieren responsabilizar e incluso hacerles dedicar tiempo para que los caminos se pongan en condiciones.

--Claro.

No quita que en otras provincias ha sido un éxito y, bueno, acá en Entre Ríos, excepto que haya alguna reforma tributaria, que digan: bueno, listo, ustedes, los productores, se van a hacer cargo de tal tramo y no se les va a cobrar tal impuesto, cosas así. Hay cosas a pulir, como le venía nombrando recién, hay montones y que se pueden llevar a cabo. Es más, yo particularmente, con otros vecinos, hemos salido a recorrer los caminos, a voltear las chilcas de los laterales, a voltear los árboles laterales del camino para que se airee, para que se seque. Hemos pasado con nuestras herramientas los rastrones, hemos salido a limpiar las calzadas nosotros mismos, los productores. Pero, bueno, eso es un diálogo entre nosotros, ya que por ahí no tenemos respuesta y tenemos que salir con nuestra producción, llueva o truene, y después de que llueve y truene y llueva, tienen que entrar los camiones, tienen que entrar la gente, el personal, tenemos que entrar todos nosotros y salir. Así que, bueno, es un trabajo conjunto que se lleva adelante y, como le dije, falta mucho por conversar.

La Municipalidad de Crespo y el Gobierno de Entre Ríos proyectan ejecutar de manera conjunta una obra de infraestructura cloacal en el sector de la Ruta Nacional 12 y el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

El proyecto contempla la colocación de una cañería de bypass en el tendido troncal de cloacas, con el objetivo de mejorar la capacidad de conducción y aliviar uno de los puntos del sistema.

El intendente Marcelo Cerutti explicó que el presupuesto previsto para la mano de obra asciende a $123.049.492,83. En ese marco, señaló que el Municipio recibió un desembolso de $50 millones por parte del Gobierno provincial.

La intervención está prevista como una obra complementaria de las nuevas lagunas cloacales construidas en la ciudad. Según se informó, su ejecución había quedado pendiente de la gestión provincial anterior.

El proyecto contempla la realización de dos cruces para conectar mediante una nueva cañería una cámara ubicada en la planta urbana de Crespo con otra instalada al otro lado de la Ruta Nacional 12.

Uno de los cruces será subterráneo por debajo de la ruta, mientras que el segundo será aéreo sobre el arroyo.

Antes del inicio de los trabajos, el Municipio tramita ante Vialidad Nacional la autorización correspondiente, debido a que parte de la obra se desarrollará en un sector bajo jurisdicción de ese organismo.

Cerutti explicó que la infraestructura permitirá “mejorar la capacidad de conducción y aliviar uno de los puntos del sistema”.

La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, señaló que el bypass forma parte del Plan Integral de Obras que lleva adelante el Municipio.

La planificación incluye tareas de mantenimiento y saneamiento de los arroyos que atraviesan la planta urbana y acciones destinadas a conservar y mejorar la red cloacal.

Hofer destacó que ya se realizó el recambio de cañerías cloacales en más de 20 cuadras, donde los antiguos conductos de asbesto cemento fueron reemplazados por cañerías de PVC.

“Son obras subterráneas que impactan y generan una importante mejoría en la calidad del servicio y del sistema en nuestra ciudad”, sostuvo.

En paralelo con las obras vinculadas al sistema cloacal, la Municipalidad de Crespo lleva adelante tareas de limpieza y adecuación de canales y alcantarillas, con el objetivo de mejorar la conducción y el escurrimiento del agua de lluvia.

Una de las intervenciones recientes se realizó en la intersección de Misiones y Padre Enrique Becher, donde se colocó una lámina geotextil, gaviones y tejido tipo jaula sobre el lateral del arroyo.

La intervención busca reforzar el talud, prevenir socavones y desmoronamientos y mejorar el funcionamiento del sistema de desagüe pluvial.

Desde el Municipio señalaron que estas tareas también tienen un carácter preventivo, con el objetivo de mantener en condiciones los desagües ante eventuales lluvias de importante intensidad.

El proyecto de bypass cloacal y las tareas sobre los arroyos forman parte de una planificación que apunta a intervenir de manera simultánea sobre dos servicios vinculados al saneamiento urbano: la red cloacal y el sistema de desagües pluviales.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) declaró el estado de alerta en el Registro de la Propiedad y reclamó respuestas ante lo que el sindicato calificó como una situación de precariedad edilicia y laboral en el organismo provincial.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, cuestionó las condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus tareas y advirtió que, si no se producen definiciones durante la próxima semana, el gremio podría realizar una medida de protesta en el acceso al organismo.

“Si no hay definiciones en el transcurso de la semana que viene, vamos a sacar los escritorios a la calle, con las máquinas de escribir, y vamos a atender en la vereda”, afirmó la dirigente.

Domínguez sostuvo que existen problemas vinculados con las instalaciones eléctricas y con el estado general del edificio.

“Está todo el cableado por fuera y cuando llueve el peligro es inminente”, señaló, al plantear que las condiciones actuales representan un riesgo para los trabajadores.

La dirigente también cuestionó el estado de conservación de los archivos del organismo y planteó que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre transformación digital y la situación de documentación que, según indicó, continúa almacenada en formato físico.

“Pretenden hablar de digitalización, mientras los documentos que son realmente delicados en la administración siguen en papel y son guardados sin las condiciones adecuadas”, manifestó.

Uno de los aspectos señalados por UPCN está relacionado con la disponibilidad de espacio para conservar documentación.

Según denunció Domínguez, el Registro de la Propiedad ya no estaría recibiendo los protocolos de los escribanos debido a la falta de espacio. En particular, afirmó que en el archivo notarial hay protocolos almacenados en un baño, situación que, según la dirigente, implicaría un incumplimiento de la normativa vigente.

La secretaria adjunta sostuvo además que se trata de una problemática que no comenzó recientemente y reclamó avances concretos en materia de digitalización de los documentos.

“Es un desastre, está todo el cableado por fuera y cuando llueve el peligro es inminente”, reiteró al describir las condiciones del establecimiento.

El sindicato también incorporó al planteo cuestiones relacionadas con la situación laboral del personal.

Domínguez afirmó que el organismo cuenta actualmente con la mitad de su planta en condición transitoria y consideró que esta situación debería formar parte de la discusión sobre un eventual llamado a concursos.

“Creemos que eso debe ser un motivo de discusión para el llamado a concurso. No queremos encontrarnos con la sorpresa de que desaparecieron las vacantes”, sostuvo.

La dirigente remarcó además la especialización que requiere el trabajo dentro del Registro de la Propiedad y señaló que las condiciones laborales tienen impacto sobre aspectos salariales y otras situaciones que, según el sindicato, permanecen sin resolver.

UPCN planteó que las condiciones edilicias, la conservación de los archivos, la digitalización y la situación de la planta de trabajadores deben ser abordadas de manera integral.

Domínguez cuestionó también que los reclamos por condiciones laborales sean considerados privilegios por tratarse de empleados públicos.

“Que no quiera nadie hacer parecer que la pretensión de condiciones laborales mínimas y dignas es un privilegio”, afirmó.

Con la declaración del estado de alerta, el gremio espera definiciones durante los próximos días. En caso contrario, anticipó que trasladará simbólicamente los escritorios y las máquinas de escribir al exterior del organismo para continuar allí con la atención.

Hasta el momento, el planteo difundido corresponde a la posición de UPCN y se encuentra centrado en reclamos vinculados con las condiciones de trabajo, infraestructura, archivos y organización del personal del Registro de la Propiedad.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio que elimina la pensión vitalicia para quienes ocupen los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia.

De esta manera, Entre Ríos deja sin efecto la Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, que establecía un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación.

La iniciativa había sido enviada por Frigerio en enero de 2024 y, luego de ser tratada por ambas cámaras y modificada durante su paso por el Senado, obtuvo la sanción definitiva en Diputados.

A partir de la nueva ley, quienes ejerzan estos cargos en adelante no podrán acceder a la pensión vitalicia una vez finalizados sus mandatos.

La derogación también alcanza a las actuales autoridades provinciales. Por eso, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder al beneficio establecido por la legislación que acaba de ser derogada.

Tras la sanción, Frigerio destacó que se trata de una medida que había planteado desde el comienzo de su gestión y que forma parte de su política para eliminar beneficios especiales asociados al ejercicio de cargos públicos.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión”, afirmó.

El mandatario agregó que la medida forma parte de un proceso más amplio de transformación de la administración provincial.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo.

La Ley Nº 4.506 había establecido un régimen previsional especial para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos.

Según la legislación ahora derogada, la prestación equivalía al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

El régimen permaneció vigente durante más de seis décadas, hasta la sanción de la nueva norma promovida por el Poder Ejecutivo provincial.

La eliminación de la pensión se inscribe, según planteó el Gobierno provincial, dentro de una agenda vinculada con la austeridad, la transparencia y la ética pública.

El objetivo declarado es revisar regímenes especiales y eliminar beneficios que la actual gestión considera incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Frigerio cerró su mensaje con una definición que vinculó directamente la reforma con quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado:

“Si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

El gobierno de Entre Ríos oficializó la puesta en marcha de un paquete de medidas de alivio fiscal, energético y financiero destinado al sector turístico provincial. La iniciativa busca contener la pérdida de rentabilidad que afecta a los prestadores por el contexto macroeconómico, reducir costos de funcionamiento durante la temporada baja y fomentar el turismo interno en todo el territorio entrerriano.

En conferencia de prensa, el día jueves el secretario general de la gobernación, Mauricio Colello, junto al presidente y la vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto y Marcela Santamaría, precisó los alcances del programa anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Colello remarcó que, pese a las dificultades económicas y climáticas, la provincia cuenta con los recursos necesarios para superar la coyuntura. "El turismo se ha constituido a nivel mundial como uno de los principales generadores de empleo. Desde el gobierno acompañamos este difícil momento para poner a Entre Ríos nuevamente entre los destinos más elegidos del país", sostuvo.

Por su parte, Satto destacó que estas herramientas son fruto de un trabajo coordinado para atender la brecha entre las tarifas generales y las de alojamiento, mientras que Santamaría recordó que es requisito indispensable que los emprendimientos estén homologados en el Emturer para acceder a los programas.

Respecto del mecanismo de acceso, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, detalló que las solicitudes se canalizan de manera remota a través de la web oficial (www.entrerios.gov.ar/beneficiosturismo) o mediante el portal Mi Entre Ríos. Los interesados deben ingresar con sus credenciales de ARCA o Mi Argentina, cargar la documentación requerida y realizar el seguimiento en línea.

En materia impositiva, el director de ATER, Jesús Korell, confirmó que entre septiembre y diciembre regirá un descuento del 20% en el impuesto a los Ingresos Brutos para hoteles, agencias de viajes, guías, complejos termales, turismo aventura y parques temáticos. Además, las plazas hoteleras mantendrán exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano según la cantidad de empleados registrados, acumulando beneficios por pago anticipado y buen cumplimiento fiscal que permiten alcanzar reducciones de entre el 30% y el 75%.

Para estimular el consumo interno, desde el 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre estará vigente una promoción con la tarjeta Sidecreer. Según explicó la gerenta general de la entidad, Gabriela Vergara, el programa financiará hasta el 50% de la estadía —con un tope de $500.000 por usuario— permitiendo abonar hasta $250.000 en 12 cuotas sin interés, mientras que el prestador cobrará la totalidad del servicio a los 35 días.

En el plano energético, Germán Rojas, coordinador de Tarifas de la Secretaría de Energía, indicó que se aplicará un subsidio directo en las facturas de consumo de alojamientos y termas de entre el 4% y el 15%, según la categoría tarifaria (TG1, T-22 y T-33). Se estima una inversión provincial de 232 millones de pesos para alcanzar a unos 650 establecimientos.

Finalmente, Guillermo Gorskin, representante técnico ante el CFI, anunció una línea de 'Financiamiento Verde' de hasta 500 millones de pesos por emprendimiento. La operatoria cuenta con un plazo de devolución de hasta 60 meses, un año de gracia, una tasa fija del 21% durante los primeros dos años y el respaldo del Fondo de Garantía de Entre Ríos (Fogaer).

El Ejecutivo Provincial dispuso una reducción impositiva destinada a aliviar la carga tributaria sobre la cadena de valor turística. Según lo dictaminado en el Boletín Oficial Nº 28.407, las empresas y emprendimientos del sector contarán con un descuento del 20% en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos que se devenguen durante los últimos cuatro meses del año.

La medida toma como marco de referencia la Ley Provincial Nº 9946 de Turismo y el Artículo 196° del Código Fiscal. En sus fundamentos, la normativa destaca el valor estratégico de la actividad para la economía entrerriana al señalar que "constituye un sector estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de la Provincia de Entre Ríos, en razón de su capacidad para movilizar recursos, generar actividad económica, promover inversiones y empleo".

En cuanto a las prestaciones alcanzadas, la norma abarca una amplia diversidad de rubros esenciales para la oferta turística provincial. Según especifica el cuerpo del decreto, la medida beneficia a:

Respecto a las pautas y condiciones fijadas en el articulado formal, la norma establece "con carácter general y transitorio, una reducción del veinte por ciento (20%) de las alícuotas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades enumeradas en el Anexo".

Por su parte, precisa los plazos al disponer que "las disposiciones del presente Decreto tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, comprendiendo exclusivamente los ingresos atribuibles a las actividades alcanzadas que se devenguen durante dicho período".

En tanto, aclara los casos de oferta mixta al señalar que "cuando un mismo contribuyente desarrolle conjuntamente actividades comprendidas y no comprendidas en el beneficio establecido por el presente Decreto, la reducción resultará aplicable exclusivamente respecto de los ingresos provenientes de las actividades alcanzadas".

Finalmente, el Poder Ejecutivo encomendó a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el dictado de las normas reglamentarias y los mecanismos de control necesarios para la implementación del régimen, estableciendo además que el beneficio no resultará acumulable con otras reducciones impositivas vigentes para la misma actividad.

El Gobierno de Entre Ríos declaró el Estado de Emergencia Hídrica en toda la provincia durante 180 días, ante el escenario hidrometeorológico previsto para los próximos meses y el riesgo asociado al fenómeno de El Niño.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 2026-2660-E-GER-GOB, firmado el 27 de agosto por el gobernador Rogelio Frigerio, a partir del Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

El objetivo, según establece la norma, es anticiparse a posibles situaciones críticas, completar obras, agilizar contrataciones y disponer de recursos para prevenir, mitigar y reducir eventuales daños sobre la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

La declaración tendrá una vigencia de 180 días corridos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto establece que la emergencia permitirá facilitar la planificación, coordinación y ejecución de acciones preventivas y de respuesta frente al riesgo hídrico identificado.

Entre las tareas contempladas se encuentran:

De esta manera, la provincia busca contar con capacidad operativa antes de que puedan presentarse las situaciones de mayor impacto.

Uno de los puntos centrales del decreto está relacionado con los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar las tareas.

La norma faculta a los ministerios y organismos de la Administración Pública Provincial, dentro de sus respectivas competencias, a adoptar las medidas administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los objetivos de la emergencia.

Cuando corresponda, también podrán tramitarse contrataciones directas por vía de excepción, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley N.º 5.140 y sus modificatorias y en la Ley de Obras Públicas N.º 6.351.

Sin embargo, el decreto establece que cada contratación deberá estar debidamente fundamentada.

Los trámites deberán especificar las razones que justifican su realización, explicar la relación directa entre el bien, servicio u obra requerida y la situación de emergencia, y contar con la autorización de la autoridad correspondiente.

El decreto contempla además la posibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos derivados de las acciones previstas dentro de la emergencia.

Estas modificaciones deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones presupuestarias y financieras vigentes.

El objetivo es que los organismos provinciales puedan disponer de los recursos necesarios para ejecutar obras y medidas preventivas sin esperar a que se produzca una situación de emergencia concreta.

La declaración de emergencia alcanza a todo Entre Ríos, pero el decreto también plantea la necesidad de coordinar las acciones con los gobiernos locales.

Por eso, la Provincia invitó a municipios y comunas a adoptar, dentro de sus respectivas competencias, medidas destinadas a prevenir, mitigar y reducir los posibles efectos del escenario hidrometeorológico.

La coordinación deberá contemplar especialmente la protección de la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

La decisión del Gobierno entrerriano se fundamenta en el Informe Técnico de Riesgo Hídrico y en las condiciones hidrometeorológicas previstas para los próximos meses.

En este contexto, la emergencia no se limita a responder ante una eventual inundación: busca anticipar las obras, contrataciones y recursos necesarios para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Así, durante los próximos seis meses, la Provincia contará con un marco específico para avanzar en trabajos de infraestructura hídrica, mantenimiento de defensas y drenajes y preparación de los equipos que deberán intervenir ante eventuales contingencias.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió el Puerto de Diamante y destacó el proceso de recuperación de la actividad portuaria en la provincia, con inversiones públicas y una creciente participación del sector privado.

Durante la visita, el mandatario sostuvo que el desarrollo de los puertos y de la logística puede convertirse en una fuente de nuevas inversiones, actividad económica y empleo.

“Más puertos y más actividad portuaria es más trabajo para los entrerrianos, más riqueza y más generación de empleo”, afirmó Frigerio.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, autoridades provinciales y representantes del municipio y del sector portuario.

Frigerio destacó la ubicación geográfica de Entre Ríos y la disponibilidad de vías navegables como factores centrales para potenciar el transporte fluvial.

“Entre Ríos tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la logística, por nuestra ubicación geográfica y por los ríos con los que contamos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la provincia concentra cerca del 90% del cabotaje fluvial de granos de la Argentina, una participación que, según sostuvo, evidencia un potencial que durante años permaneció subutilizado.

“Eso habla del potencial enorme que tenemos y que lamentablemente estaba adormecido”, afirmó.

Para el gobernador, los puertos y los ríos deben ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo económico de Entre Ríos.

“Nuestros ríos y nuestros puertos son parte fundamental de nuestro desarrollo futuro”, sostuvo.

Durante la recorrida, Frigerio puso el foco en la articulación entre el Estado y las empresas privadas para incrementar el movimiento portuario.

“Estamos haciendo inversiones que no se habían hecho antes, estamos trabajando con el sector privado, formamos parte por primera vez en la historia de la hidrovía y eso también va a ser el puntapié inicial de muchísimas inversiones del sector privado”, explicó.

El mandatario reconoció que se trata de un proceso que demandará tiempo, pero consideró que la provincia ya comenzó a avanzar sobre uno de sus principales desafíos logísticos.

“Esto genera riqueza para la provincia. No es un proceso de un día para el otro, pero había que empezarlo”, afirmó.

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó el regreso de empresas vinculadas al sector agropecuario a las operaciones portuarias.

Mencionó particularmente a Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Agrícola Regional, que actualmente cargan cereal en la terminal diamantina.

Para el jefe comunal, este movimiento representa una señal de mayor confianza del sector privado en las condiciones para operar en el puerto.

“Eso es ver tranquilidad, seguridad jurídica a la hora de operar y saber que tienen hoy un Estado que es proproducción”, sostuvo Gieco.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, también destacó el papel que puede jugar el transporte fluvial en la economía provincial.

“El aprovechamiento de los ríos es fundamental para hacer competitiva a la provincia. Eso es algo que realmente nos ocupa: ser competitivos y generar inversiones”, señaló.

En ese marco, mencionó la incorporación de un convoy de barcazas con capacidad para transportar unas 28.000 toneladas de soja.

Además, destacó el objetivo de reactivar puertos que actualmente se encuentran subutilizados e incorporar a Ibicuy a la hidrovía como puerto de salida de la producción entrerriana.

El presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinali, destacó las mejoras realizadas en la terminal y explicó el funcionamiento de la rada portuaria, constituida hace poco más de un año.

Según detalló, se trata de una infraestructura natural que no requiere inversiones provinciales en dragado, aunque sí demanda trabajos destinados a garantizar condiciones seguras para las operaciones.

El objetivo es que las embarcaciones puedan llegar al muelle provincial N.º 7 para abastecerse de combustible, agua potable y otros servicios, generando además actividad para el taller de reparación de embarcaciones.

La recuperación de la actividad tuvo uno de sus principales hitos en julio de 2026, cuando el Puerto de Diamante recibió por primera vez un convoy completo de barcazas portacontenedoras, con dos escalas sucesivas.

El movimiento fue presentado como un nuevo paso en la recuperación de la terminal y en su posicionamiento dentro del esquema de transporte fluvial entrerriano.

Además, la ampliación de la rada portuaria permitió incrementar su capacidad de operación de dos a tres convoyes, mejorando las condiciones para recibir embarcaciones y ampliar la escala de las operaciones.

Por su ubicación sobre el río Paraná, el puerto diamantina busca consolidarse así como un nodo estratégico para el transporte fluvial, la logística y el comercio regional.

La recorrida de Frigerio volvió a poner en agenda uno de los desafíos económicos de Entre Ríos: aprovechar su posición geográfica y su extensa red de vías navegables para reducir costos logísticos, atraer inversiones y darle mayor salida a la producción.

Para el Gobierno provincial, la recuperación de los puertos no se limita al movimiento de cargas. La apuesta es que una mayor actividad portuaria genere más empleo, inversiones y oportunidades para las ciudades vinculadas al río.

Durante años, la provincia destinó recursos a la alimentación escolar sin contar con las herramientas necesarias para conocer con precisión qué recibía cada alumno, bajo qué estándares nutricionales y con qué trazabilidad sobre los recursos invertidos.

Esa dificultad no es menor. Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, la responsabilidad del Estado no termina en asignar recursos. También implica garantizar la calidad de la prestación, establecer criterios comunes y poder controlar sus resultados.

Por eso iniciamos un proceso de transformación del sistema alimentario escolar. La reciente decisión de la Justicia permite continuar ese proceso y establece condiciones que vamos a respetar y cumplir.

El fallo no cuestiona la facultad del Gobierno provincial para transformar el sistema alimentario escolar ni impide avanzar con un esquema centralizado para desayunos y meriendas. Por el contrario, reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el programa, establecer los mecanismos de adquisición, definir los productos y los menúes, seleccionar proveedores dentro del marco legal y disponer los controles necesarios. También reconoce la documentación técnica presentada por la Provincia y el diagnóstico que dio origen a la centralización de las compras para mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación.

Al mismo tiempo, ratifica que los productos alcanzados por el etiquetado frontal no pueden formar parte de la prestación.

Una cosa es revisar o reemplazar un producto y otra muy distinta es frenar una transformación de todo el sistema. Eso es importante porque permite separar dos discusiones que no deberían confundirse.

Nosotros no tenemos ningún problema en controlar y eventualmente corregir un producto determinado. Al contrario: si un producto debe cambiarse, se cambia. Si tiene que reformularse, se reformula. Si la Justicia dispone que no debe utilizarse, se cumple.

No estamos acá para defender una galletita, una marca o una empresa. Estamos para defender a nuestros chicos y una política pública que creemos que puede mejorar sustancialmente la alimentación escolar en Entre Ríos.

Porque la discusión de fondo no puede ser solamente dónde se compra. Lo verdaderamente importante es qué desayunan nuestros alumnos, qué calidad nutricional tiene lo que reciben y si podemos garantizarles a todos el mismo estándar, vivan donde vivan.

Cuando asumimos el gobierno encontramos un sistema que durante años había funcionado de manera fuertemente descentralizada. La provincia transfería recursos y cada establecimiento resolvía qué comprar, dónde hacerlo y cómo administrar esos fondos.

Ese modelo tenía ventajas. Una de ellas era la posibilidad de comprar en comercios cercanos a las escuelas. Pero también tenía problemas estructurales.

El Estado podía saber cuánto dinero transfería para alimentación escolar, pero tenía muchas más dificultades para responder preguntas elementales: qué estaba comiendo efectivamente cada chico, qué producto se había comprado con cada peso, cuánto se había pagado y si existía un estándar nutricional común para todos los alumnos de Entre Ríos.

También era un sistema que dejaba un amplio margen de discrecionalidad y presentaba enormes dificultades para garantizar una trazabilidad completa de los recursos.

No corresponde prejuzgar responsabilidades. Para eso están los organismos de control y la Justicia. Pero sí tenemos la responsabilidad política de preguntarnos si el sistema que encontramos ofrece las herramientas suficientes para prevenir esas situaciones.

Nuestra conclusión fue que había que cambiarlo.

Y no fue una decisión improvisada ni tomada como consecuencia de una polémica reciente.

Prácticamente desde el comienzo de nuestra gestión empezamos a analizar las debilidades del sistema y a diseñar una alternativa que nos permitiera garantizar mejores estándares nutricionales, mayor igualdad y, sobre todo, mucha más transparencia y capacidad de control.

De ese proceso surgió una licitación pública y abierta, realizada bajo las reglas y procedimientos correspondientes, de la cual resultó adjudicataria una empresa. Es precisamente el mecanismo que corresponde utilizar para garantizar transparencia en la utilización de los recursos del Estado.

La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones establecidas, como cualquier proveedor del Estado. Entre ellas, la combinación de alimentos debe aportar aproximadamente el 50% de los requerimientos diarios de micronutrientes de los alumnos en edad escolar. Y el Gobierno deberá controlarla.

Nuestro compromiso no es con una empresa. Nuestro compromiso es con el funcionamiento del sistema.

El cambio parte de una definición muy sencilla: no alcanza con saber cuánto dinero invertimos; tenemos que poder saber qué recibe cada alumno a cambio de esa inversión.

Por eso diseñamos un sistema mixto.

Los desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, que permitirá establecer estándares nutricionales comunes y garantizar trazabilidad sobre todo el proceso: qué se compra, cuánto se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y quién lo recibe.

La centralización de estas compras es un modelo que, con distintas modalidades, ya utilizan casi la mitad de las jurisdicciones del país.

Además, permitirá algo que hasta ahora no podíamos garantizar: que todos los alumnos tengan acceso al mismo desayuno y a los mismos nutrientes, sobre la base de una política nutricional común para toda la provincia.

Los almuerzos, en cambio, seguirán siendo administrados por las escuelas.

Los establecimientos continuarán comprando los alimentos necesarios para preparar las comidas y esas compras seguirán generando actividad en almacenes, supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías y otros proveedores de cada localidad.

Esto es importante: no estamos centralizando toda la alimentación escolar.

Estamos construyendo un sistema mixto que busca aprovechar las ventajas de ambos mecanismos.

En los almuerzos, la cercanía permite incorporar productos frescos, trabajar con proveedores locales y adaptar las compras a las necesidades de cada establecimiento. La provisión de frutas, que actualmente se realiza como parte de los almuerzos, se mantendrá sin modificaciones. La centralización de desayunos y meriendas no altera esa prestación ni implica dejar de ofrecer alimentos frescos a los alumnos. La fruta nunca formó parte del desayuno y esta transformación no la elimina de la alimentación de los chicos. En desayunos y meriendas, la escala provincial permite establecer estándares comunes, mejorar los controles y conocer exactamente qué reciben los alumnos.

Centralizamos aquello que necesita escala, estándares y trazabilidad. Mantenemos descentralizado aquello donde la proximidad y la compra local agregan valor.

Y centralizar una parte de la prestación tampoco significa darle la espalda a la producción y al trabajo entrerrianos. El nuevo sistema genera 60 puestos de trabajo directos, la logística será realizada por empresas entrerrianas y productos como la leche y la harina serán adquiridos a empresas de nuestra provincia.

Y existe una razón todavía más profunda para hacerlo: la igualdad.

El código postal de un alumno no puede determinar la calidad de la alimentación que recibe.

No puede haber un desayuno distinto según la escuela a la que le tocó ir a un alumno o el lugar de la provincia en el que nació. Si hablamos de una política alimentaria provincial, tenemos que ser capaces de garantizar un piso común para todos.

Eso significa transformar la alimentación escolar en una verdadera política provincial.

Sabemos que cualquier transformación de esta magnitud genera discusiones, intereses afectados y resistencias. También sabemos que podemos equivocarnos y que siempre habrá cosas que corregir.

Lo ocurrido con la intervención de la Justicia demuestra precisamente por qué una política pública debe estar abierta al control.

No queremos un sistema que no pueda ser cuestionado. Queremos un sistema que pueda ser controlado, evaluado y mejorado.

La transparencia tampoco consiste solamente en publicar cuánto dinero gastó el Estado. Significa poder reconstruir el recorrido de cada peso: qué compramos, cuánto pagamos, quién lo entregó, dónde llegó y quién lo recibió.

Durante demasiado tiempo discutimos la alimentación escolar fundamentalmente en términos de cuánto dinero transfería el Estado. Queremos empezar a discutir algo más importante: qué reciben nuestros chicos por ese dinero.

Ese es el cambio de fondo. Pasar de financiar compras a garantizar alimentación. De cientos de decisiones aisladas a estándares comunes. De controles fragmentados a trazabilidad. De saber cuánto gastamos a poder explicar qué recibe cada chico por cada peso que invierten los entrerrianos.

La decisión de la Justicia será respetada y cumplida. Y todas las observaciones que permitan mejorar el sistema serán incorporadas.

Pero también vamos a sostener la decisión de transformar aquello que creemos que debe cambiar.

Nos eligieron, entre otras cosas, para cambiar lo que durante años funcionó mal, aunque hacerlo genere discusiones y resistencias.

Y si hay un tema donde no podemos resignarnos a que las cosas sigan funcionando de manera deficiente, es en la alimentación de nuestros alumnos. Ahí tenemos la obligación de exigir más, controlar mejor y cambiar todo lo que sea necesario para garantizarles lo que corresponde.

El Gobierno de Entre Ríos presentó este viernes el programa piloto de seguro multirriesgo para maíz, una herramienta que apunta a reducir el impacto de las contingencias climáticas sobre los productores y aportar mayor previsibilidad a una actividad clave para la economía provincial.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio en las instalaciones de Mirador Tec, en Paraná. La iniciativa será implementada a través de Iapser Seguros, junto con siete compañías aseguradoras que representan, según informó la Provincia, alrededor del 90% del mercado del sector.

La propuesta contempla una inversión estatal de US$ 1 millón y, durante esta primera etapa, no tendrá costo adicional para los productores que adhieran.

El programa, denominado “Escudo Maíz”, estará asociado inicialmente al seguro tradicional contra granizo.

La cobertura multirriesgo se activará cuando el productor contrate la póliza contra granizo, siempre que reúna las condiciones establecidas para el programa.

En esta etapa podrán acceder pequeños productores con explotaciones de hasta 200 hectáreas, ubicados en departamentos seleccionados de acuerdo con el análisis de riesgo.

Según explicó la presidenta de Iapser Seguros, Myriam Clerici, el mecanismo busca que la activación sea inmediata y transparente.

“Se gatilla con un seguro tradicional de granizo y en ese momento, de manera transparente, empieza a funcionar el seguro multirriesgo”, explicó.

La funcionaria destacó que el objetivo es evitar que una campaña afectada por fenómenos climáticos termine comprometiendo la continuidad económica de los productores.

Uno de los ejes centrales del programa es atender especialmente a los productores de menor escala, considerados por la Provincia como los más vulnerables frente a eventos climáticos extremos.

La cobertura busca proteger el capital invertido y evitar que una pérdida importante obligue al productor a endeudarse o abandonar la actividad.

“Empezamos por los pequeños productores porque son los más castigados y los que a veces desaparecen cuando sufren estas inclemencias climáticas”, señaló Clerici.

La intención, agregó, es que los recursos lleguen directamente al productor para sostener la continuidad de la explotación y permitir que pueda afrontar la siguiente etapa productiva.

La elección del maíz como primer cultivo para este esquema no es casual. La Provincia lo considera un insumo estratégico para distintas cadenas productivas entrerrianas, particularmente la avicultura y la producción porcina.

El cereal constituye además un componente fundamental para la generación de proteína animal en Entre Ríos.

Durante la presentación, Frigerio planteó que la iniciativa busca generar un cambio en la forma de abordar el riesgo climático dentro de la producción agropecuaria.

“Darle tranquilidad y previsibilidad a los productores agropecuarios de nuestra provincia, que son los que generan trabajo y riqueza todos los días, tiene que ver con la tarea del Estado”, sostuvo el gobernador.

El seguro para maíz representa, de acuerdo con el Gobierno entrerriano, una primera experiencia piloto.

La intención es evaluar su funcionamiento y posteriormente ampliar la herramienta hacia otros cultivos de importancia para la provincia.

“Es el primer paso. Elegimos el producto quizás más determinante para nuestra economía, pero la idea es, a partir de esta prueba piloto, seguir creciendo y abarcar a la mayor cantidad de productores de la provincia y del país”, afirmó Frigerio.

Entre los cultivos que podrían incorporarse en futuras etapas aparecen trigo, soja y sorgo.

Además de Iapser Seguros, el programa cuenta con la participación de Nación Seguros, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, La Segunda, El Norte, Mercantil Andina y Cooperación Seguros.

La propuesta también recibió el respaldo institucional de organizaciones vinculadas al sector agropecuario, entre ellas la Federación Entrerriana de Cooperativas, las Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Federación Agraria Argentina.

La Provincia considera que esta articulación público-privada permitirá poner a prueba una nueva herramienta para administrar el riesgo climático y, eventualmente, ampliar su alcance.

Más allá de la cobertura ante una eventual pérdida, el programa apunta a evitar que un evento climático pueda generar un efecto dominó sobre el resto de la economía productiva.

En el caso del maíz, una menor producción no solo afecta directamente al agricultor, sino también a actividades que utilizan el cereal como insumo, especialmente las cadenas avícola y porcina.

Con “Escudo Maíz”, Entre Ríos busca avanzar hacia un esquema en el que el riesgo climático tenga una herramienta adicional de cobertura y en el que los productores puedan contar con mayor previsibilidad para tomar decisiones de inversión y continuar produciendo.

Para Frigerio, el desafío será ahora evaluar los resultados de esta primera experiencia y convertir el piloto en una herramienta de mayor alcance para el sector agropecuario entrerriano.

Los antecedentes disponibles nos revelan que, durante décadas, una parte considerable de las tierras fiscales de Entre Ríos permaneció sometida a una administración fragmentada, con ocupaciones que no siempre estaban formalizadas y con información patrimonial dispersa entre distintos organismos. En consecuencia, la actual gestión provincial decidió avanzar sobre ese terreno y asegura haber regularizado unas 110.000 hectáreas, aproximadamente el 60 por ciento de las tierras fiscales entrerrianas.

La mayor concentración de esas superficies está en el Delta, particularmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.

El mecanismo utilizado fue, principalmente, la formalización de las ocupaciones mediante permisos onerosos de uso del suelo. Las tierras que estaban siendo utilizadas sin un vínculo contractual regular, mediante la determinación del gobernador Frigerio pasaron a generar una relación formal con el Estado y, consecuentemente, ingresos para las arcas provinciales.

El resultado económico puede medirse con una cifra concreta. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Dirección de Administración de Tierras Fiscales recaudó $507.147.000, que fueron transferidos al Tesoro provincial. El dato surge de documentación presupuestaria oficial y corresponde al Fondo de Colonización previsto por la legislación provincial.

La dimensión del problema ayuda a entender por qué la Provincia decidió modificar su estructura administrativa.

La regularización de las 110.000 hectáreas no nació con la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER), creada en 2025 y presidida por Eduardo Asueta. El trabajo comenzó en organismos que ya existían, especialmente la Dirección de Administración de Tierras Fiscales. La nueva Agencia, creada posteriormente, absorbió esa estructura junto con la Unidad de Control de Inmuebles que dependía de la Fiscalía de Estado y

En agosto de 2025, la Legislatura sancionó la Ley 11.210, que creó la AABIPER como organismo descentralizado con autarquía económica y financiera. La norma le asignó el carácter de órgano rector y centralizador de las actividades vinculadas con los inmuebles del Estado provincial.

La creación de la Agencia apunta a resolver una cuestión que va bastante más allá de las tierras del Delta: la Provincia no contaba con un inventario patrimonial único y actualizado de todos sus inmuebles.

La nueva ley creó precisamente un Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial. Deberá contener, entre otros datos, la inscripción dominial y catastral, antecedentes de adquisición, ubicación georreferenciada, situación de uso u ocupación y responsables de su administración o custodia.

Es decir que la tarea consiste, en buena medida, en construir el mapa patrimonial del Estado entrerriano.

El proceso de ordenamiento tuvo además un capítulo judicial.

En julio de 2025, la Provincia recuperó 5.245 hectáreas en las islas Lechiguanas, luego de que la Justicia declarara nulas operaciones de venta realizadas entre 1979 (Gral. Carlos E. Aguirre) y 1997 (Dr. Jorge Busti). Se trataba de tierras fiscales que habían salido del patrimonio provincial durante la última dictadura militar y parte del gobierno democrático, cuya recuperación requirió una extensa disputa judicial.

Ese caso es diferente de la regularización de las ocupaciones actuales, pero muestra que el problema patrimonial provincial no se limita a determinar quién ocupa una tierra fiscal. También existen situaciones en las que el Estado debe reconstruir la historia dominial de un inmueble y defender judicialmente su propiedad.

Un dato a remarcar es que la AABIPER, que tendrá bajo su órbita los inmuebles provinciales que no posean una afectación específica o cuyo uso resulte ocioso o inconveniente para los intereses del Estado, si bien podrá intervenir en la venta de inmuebles del dominio privado provincial, antes de una operación de esa naturaleza deberá intervenir un Veedor de Gestión y Transparencia, y las ventas deben ser puestas a consideración de la Legislatura. La ley también obliga a destinar ese dinero a inversiones específicas en estructura sanitaria, educativa y administrativa.

Tampoco es que salió la ley y el problema patrimonial está resuelto, queda mucho inventario por hacer, además de determinar la situación jurídica y física de cada inmueble. Regularizar 110.000 hectáreas constituye un avance considerable, pero no significa que el problema patrimonial esté resuelto. Además, si un particular obtiene el uso de una propiedad pública, el Estado debe poder determinar por qué se le concede, durante cuánto tiempo, cuánto paga y bajo qué condiciones. Y esa información debería estar a disposición de cualquier ciudadano.

Es bien conocido en algunos ámbitos -fuera de muchas adjudicaciones formales y correctas o posesiones discutibles porque llevan décadas o un siglo-, los negocios que se vienen haciendo a lo largo del tiempo, al amparo de prebendas, acomodos, usurpaciones y sobornos que, aún siendo evidentes, siempre debemos cuidarnos de catalogarlos como presuntos, aunque sean evidentes. Y en esto el Estado ha sido el único responsable.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que realizó un balance de las principales transformaciones impulsadas durante su gestión y fijó prioridades para la próxima etapa.

Durante el encuentro, el mandatario pidió a los integrantes de su equipo no naturalizar los avances alcanzados y asumir un rol más activo en la defensa y comunicación de las políticas implementadas.

“No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad”, sostuvo Frigerio.

Entre los resultados que destacó mencionó el pago en término de salarios y jubilaciones, aun en un escenario de reducción de los ingresos públicos, y las reformas encaradas en distintas áreas del Estado.

Frigerio puso el foco en algunas de las transformaciones consideradas estratégicas por su administración.

Entre ellas mencionó el ordenamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la reforma del sistema previsional para avanzar hacia la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos y los cambios implementados en el sistema de comedores escolares.

También destacó los resultados obtenidos por Entre Ríos en las evaluaciones educativas Aprender y la incorporación de la provincia a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El gobernador reconoció que varias de estas medidas generaron cuestionamientos y resistencia de sectores políticos y corporativos.

“Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra”, afirmó, y sostuvo que algunas de las medidas implican “poner luz donde había oscuridad”.

En ese sentido, anticipó que las críticas continuarán, especialmente de quienes, según su interpretación, se beneficiaban del funcionamiento anterior del Estado.

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la relación entre Entre Ríos y el Gobierno nacional.

Frigerio ratificó su postura de mantener una relación de cooperación institucional, independientemente de las diferencias políticas, con el objetivo de defender los intereses de la provincia.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, expresó.

Como ejemplos de los resultados de esa relación mencionó el acuerdo por $120.000 millones para financiar la Caja de Jubilaciones y los avances vinculados con las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

La situación climática también ocupó un lugar central en la reunión de gabinete.

Frigerio explicó que la provincia trabaja en un esquema de prevención ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, con una estrategia articulada en tres áreas: salud pública, infraestructura y protección de la población.

Para esa tarea se prevé la participación coordinada de las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas.

“No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, señaló.

De cara a la continuidad de la gestión, el gobernador planteó como objetivos principales mejorar la calidad de la salud y la educación y avanzar en infraestructura para fortalecer la competitividad de Entre Ríos.

En materia vial, uno de los objetivos anunciados es intervenir el 100% de las rutas provinciales y avanzar en la renovación del equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.

La infraestructura fue presentada como una herramienta clave para mejorar las condiciones de producción, circulación e inversión en el territorio entrerriano.

Uno de los momentos centrales de la reunión estuvo vinculado con la comunicación de las políticas de gobierno.

Frigerio pidió que la defensa de las medidas implementadas no quede limitada a algunos funcionarios y reclamó una participación activa de todo el equipo en medios de comunicación y redes sociales.

“La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, afirmó.

Con una expresión vinculada al lenguaje deportivo, el gobernador cerró su planteo convocando a los integrantes de su gabinete a “ponerse la camiseta y salir a la cancha”.

La vicegobernadora Alicia Aluani coincidió con el planteo de Frigerio y destacó las dificultades que implica modificar estructuras y prácticas instaladas.

“Cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que los funcionarios deben salir de la zona de confort y asumir el desafío de mejorar el funcionamiento del Estado y acompañar las transformaciones impulsadas por la gestión provincial.

La reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada en Entre Ríos comenzó a generar nuevas instancias de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales. En ese marco, la Comisión Directiva y delegados de UPCN mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

El encuentro se desarrolló en la sede del sindicato y estuvo encabezado por el secretario general de UPCN, José Ángel Allende, junto a integrantes de la conducción, delegados y representantes de distintos puntos de la provincia.

Se trató, según Bagnat, de la primera reunión de trabajo con un gremio después de la aprobación de la reforma previsional.

Durante el encuentro se intercambió información sobre los avances en la elaboración de la reglamentación de la nueva normativa.

Allende señaló que el gremio planteó reparos sobre algunos aspectos que todavía deben ser definidos con mayor precisión.

“Durante la reunión insistimos en que no estamos de acuerdo con algunos puntos, que no compartimos y que creemos necesario se aclaren y estén bien definidos en la reglamentación”, sostuvo el dirigente sindical.

El secretario general de UPCN anticipó además que la organización continuará analizando el proceso junto con su equipo de profesionales.

“Vamos a seguir este tema para que la reglamentación sea acorde a lo que entendemos tiene que ser justo para los trabajadores, y no que sea un avance más sobre nuestros derechos”, afirmó.

La posición del gremio apunta a participar de la discusión de los aspectos reglamentarios antes de que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse plenamente.

Por su parte, Gastón Bagnat destacó el encuentro como el comienzo de una agenda de diálogo con las organizaciones sindicales.

“Hoy iniciamos con UPCN una agenda que continuará con todos los gremios, para trabajar en la reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada”, explicó.

El titular de la Caja de Jubilaciones consideró que el intercambio con los representantes de los trabajadores permitirá incorporar diferentes miradas durante el proceso de implementación.

En ese sentido, señaló que estas reuniones sirven para recibir devoluciones, ajustar aspectos de la reglamentación y preparar al personal encargado de aplicar las nuevas medidas.

Bagnat confirmó que la reunión con UPCN forma parte de una serie de encuentros que se desarrollarán con distintas organizaciones sindicales de la provincia.

El objetivo será recoger observaciones y sugerencias antes de avanzar en la reglamentación definitiva de la reforma previsional.

“Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación”, destacó el funcionario.

El encuentro dejó planteado así un nuevo escenario de discusión en torno a la reforma previsional entrerriana, con los gremios buscando incidir en la reglamentación y el organismo previsional abriendo una agenda de diálogo para definir los mecanismos de implementación.

El ensayista y filósofo Santiago Kovadloff oficializó la donación de una obra artística de su colección personal dedicada al poeta entrerriano Juan L. Ortiz, que pasará a integrar el patrimonio de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La entrega se concretó durante un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, quien recibió la pieza y agradeció el gesto del reconocido intelectual argentino, destacando el valor cultural y simbólico que tendrá para la representación oficial de la provincia.

La obra incorpora una fotografía de Juan L. Ortiz, considerado una de las figuras más relevantes de la literatura argentina y uno de los máximos referentes de la poesía entrerriana.

Tras recibir la donación, Frigerio expresó su agradecimiento y aseguró que la pieza será preservada como parte del patrimonio cultural provincial.

"Le prometí que acá la íbamos a cuidar bien. Es una fotografía maravillosa y de un gran nivel artístico", afirmó el mandatario, quien además definió a Kovadloff como "uno de los pensadores más lúcidos de la Argentina".

Durante el acto, Kovadloff explicó que la donación posee un profundo significado personal, ya que sus padres eran oriundos de Entre Ríos y la figura de Juan L. Ortiz representa un vínculo con esa historia familiar.

"Regalar algo de verdad es entregar algo que uno estima profundamente. Este cuadro me remite a la tierra de mis padres y deseo que permanezca para siempre en esta institución", expresó el escritor, de 83 años.

En su mensaje, el actual vicepresidente de la Academia Argentina de Letras invitó a valorar el legado cultural de la provincia y reivindicó el lugar que ocupa Juan L. Ortiz en la literatura nacional.

"Tienen un poeta excepcional. Sepan amar la poesía. La poesía no es solamente un género literario; es una actitud frente a la vida. Vivir poéticamente es comprender la dimensión profunda de la realidad", sostuvo.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de esta obra fortalecerá el perfil de la Casa de Entre Ríos como un espacio de difusión de la identidad, la memoria y la producción cultural entrerriana en la capital del país.

Del encuentro también participó el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, quien acompañó las gestiones iniciadas a comienzos de este año para concretar la incorporación de la pieza al patrimonio institucional.

La donación se suma a las acciones impulsadas para promover la figura de Juan L. Ortiz y difundir el legado literario de uno de los autores más trascendentes nacidos en la provincia.