El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este viernes la 22° Expo Provincial de la Leche y la 13° Expo Jersey Entrerriana, que se desarrollan en la Sociedad Rural de Nogoyá, en la ciudad de Nogoyá. En ese marco, reafirmó el compromiso de su gestión con el crecimiento del sector privado como motor del desarrollo provincial.

Durante la recorrida por el predio, donde dialogó con productores y visitó los más de 120 stands que integran la muestra —con la participación de alrededor de 400 actores de la cadena láctea—, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente Bernardo Schneider; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y los secretarios Raúl Boc Ho, Mariano Camoirano y Jorge Satto, además del senador Rafael Cavagna, entre otras autoridades.

“Estamos acá en la Capital Provincial de la Lechería, en una exposición que crece año a año con el acompañamiento de todo el sector”, señaló Frigerio, al destacar la consolidación del evento como uno de los principales encuentros productivos de la región.

El gobernador remarcó la importancia estratégica de la actividad lechera para Entre Ríos, no solo por su aporte económico, sino también por su impacto social: “Es un sector clave, tanto por la mano de obra que genera como por el arraigo. El productor lechero contribuye a que nuestras comunidades crezcan y se sostengan en el territorio”.

En ese sentido, valoró la implementación del programa de Buenas Prácticas Lecheras, que ya alcanzó a 50 tambos entrerrianos y prevé ampliarse a otros 50 establecimientos. “Estas prácticas permiten mejorar la calidad y obtener mejores precios para la producción”, explicó.

Asimismo, destacó herramientas de financiamiento como los créditos a valor producto, impulsados junto al Consejo Federal de Inversiones y el Banco de la Nación Argentina, y subrayó la importancia de las obras de infraestructura vial para el sector: “Estamos avanzando, después de décadas de abandono, en caminos fundamentales para la producción”.

“Creemos profundamente en nuestros productores y en que la riqueza y el empleo se generan en el sector privado. Desde el Estado trabajamos para que ese crecimiento sea posible y, de esa manera, crezca toda la provincia”, enfatizó.

Por su parte, la vicegobernadora Aluani resaltó el crecimiento sostenido de la exposición: “Este espacio es una vidriera para mostrar a todo el país cómo se fortalece el núcleo lechero entrerriano, y debemos seguir acompañando con políticas públicas que impulsen esta producción”.

En tanto, el intendente Schneider definió a la expo como “parte de la identidad y el ADN de los entrerrianos”, al tiempo que destacó el espíritu emprendedor del sector y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial: “Estamos todos en la misma sintonía de trabajar para sacar la provincia adelante”.

La Expo Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana se consolidan así como un punto de encuentro clave para el sector, donde convergen innovación, producción y políticas públicas orientadas al desarrollo económico de Entre Ríos.

El senador Martín Oliva expresó su preocupación por el impacto económico y social que la reforma previsional tal como la ha presentado hasta ahora el gobierno provincial, y puso el foco en el rol central que cumplen los ingresos de docentes, policías y trabajadores de la salud en la vida cotidiana y en la economía entrerriana.

En este contexto, la discusión previsional no puede ser reducida a una cuestión contable. “Si el gobierno provincial realmente busca una reforma sostenible, debe empezar por defender la sostenibilidad de Entre Ríos frente al Gobierno Nacional”, sostuvo.

“No se puede hablar de equilibrio interno mientras se resignan recursos provinciales, no se da la discusión que corresponde por los fondos, o se acepta que el ajuste venga impuesto desde afuera y se descargue hacia adentro”, resaltó.

En ese sentido, cuestionó la intención de instalar una falsa división entre trabajadores del sector público y del sector privado. “Se busca construir la idea de que el empleado público es un privilegio que el privado debe sostener”, señaló.

“Pero esa mirada no solo es injusta: es profundamente equivocada y peligrosa. Porque en Entre Ríos los docentes no educan sólo a hijos de empleados públicos; los policías no cuidan sólo a trabajadores estatales, garantizan seguridad para todos; los trabajadores de la salud no atienden solo al sector público, atienden a cada entrerriano que lo necesita. El Estado no es un sector aislado: es una red que sostiene a toda la comunidad”, expresó el senador.

Oliva remarcó además el impacto directo en la economía provincial: “Los ingresos de docentes, policías, médicos y enfermeros no se fugan del sistema, no se dolarizan ni se van al exterior. Se vuelcan al consumo local, sostienen comercios, dinamizan pymes y mantienen en funcionamiento la economía de nuestras ciudades y pueblos”.

“Por eso, pensar estos ingresos como una variable de ajuste no solo es injusto desde lo social, sino también equivocado desde lo económico. Reducirlos implica enfriar el consumo, afectar la actividad y debilitar el entramado productivo de Entre Ríos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el esfuerzo exigido a estos sectores viene desde hace tiempo: “Este ajuste no empieza ahora, sino que se profundiza. Los trabajadores ya vienen haciendo un esfuerzo importante con salarios que en muchos casos son insuficientes, con pérdida de poder adquisitivo y con el incremento de aportes que se les exigió recientemente”.

“Primero se les pidió más esfuerzo para sostener el sistema, y ahora se pretende además recortar sus futuras jubilaciones. Esto rompe un principio básico de equidad: no se puede exigir cada vez más a los mismos sectores sin ofrecer una respuesta justa”, agregó.

Finalmente, Oliva planteó la necesidad de dar una discusión más amplia: “La reforma previsional no puede analizarse solamente desde una lógica contable. Si realmente se busca sostenibilidad, hay que defender los recursos de la provincia y evitar que el ajuste se descargue siempre sobre los mismos”.

“En definitiva, no es sólo una discusión previsional. Es una discusión sobre qué modelo de provincia queremos. Uno que le pide cada vez más esfuerzo a docentes, policías, enfermeros y médicos, paga salarios insuficientes, aumenta aportes y recorta jubilaciones; o uno que entienda que salarios y jubilaciones son parte del motor económico, reconozca el valor de estas personas, y defienda a Entre Ríos con firmeza frente a la Nación. Porque no hay sostenibilidad posible que se construya sobre el ajuste y la división”, puntualizó.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que crea una comisión destinada a investigar la evolución de la deuda pública provincial, en el marco de una sesión marcada por el consenso entre el oficialismo y el bloque justicialista (PJ), tras la incorporación de modificaciones impulsadas por la primera minoría.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo avanzar en un análisis profundo, sistemático y transparente del endeudamiento de la provincia a lo largo de las últimas décadas. Uno de los cambios más relevantes introducidos durante el tratamiento legislativo fue la ampliación del período de estudio: a propuesta del PJ, se estableció que la investigación abarque desde 1991 hasta la actualidad, en lugar de 1995 como contemplaba el proyecto original.

Cabe recordar que el expediente había sido devuelto a comisión en la sesión anterior, instancia en la que se reabrió el debate para incorporar aportes de distintos bloques. Como resultado de ese trabajo, se elaboró un nuevo dictamen que incluyó modificaciones sustanciales.

Entre ellas, se destaca el carácter permanente de la comisión investigadora, así como la obligación de emitir informes anuales sobre los procesos de endeudamiento. Además, se dispuso la participación de instituciones externas al ámbito político, con el fin de aportar miradas técnicas y académicas.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, subrayó la “amplitud” del oficialismo para aceptar propuestas que “contribuyen a una mejor norma” y remarcó la importancia de garantizar un espacio plural que permita abordar el tema desde distintas perspectivas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión estará integrada por tres representantes del Poder Legislativo —dos diputados y dos senadores, uno por la mayoría y otro por la primera minoría—, además de representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objetivo de fortalecer el análisis con aportes independientes.

Desde la bancada justicialista, la diputada Andrea Zoff consideró que el nuevo dictamen es “claramente superior” al proyecto original y valoró la apertura al diálogo por parte del oficialismo. No obstante, expresó su desacuerdo por la exclusión de herramientas que faciliten la comprensión pública de la deuda, como indicadores específicos y recursos visuales.

En tanto, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Damasco (La Libertad Ríos) acompañaron la iniciativa en general, aunque no respaldaron el artículo referido a la conformación de la comisión, al considerar que deja fuera a la segunda minoría de la Cámara.

Por su parte, otros bloques libertarios votaron en contra del proyecto, al plantear cuestionamientos sobre la integración del organismo y poner en duda su independencia.

Con la aprobación de esta ley, la provincia de Entre Ríos avanza en la creación de una herramienta institucional orientada a esclarecer el proceso de endeudamiento y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.

Victoria.- El debate sobre los salarios del sector público suele atravesar distintas áreas del Estado, pero hay un colectivo que prácticamente no participa de esas discusiones: la Policía. Sobre ese punto puso el foco el comisario general retirado Faustino Pereyra, quien plantea que los uniformados enfrenten una situación de desventaja estructural que, a su entender, debería revisarse.

“La desventaja que tiene el policía en actividad es que no puede protestar, no puede agremiarse y no puede hacer huelga. Esa es la diferencia grave que tenemos con el resto de los trabajadores”, señaló. Según explicó a Paralelo32, mientras otros sectores negocian en paritarias o recurren a medidas de fuerza, en el caso de la fuerza de seguridad las decisiones salariales llegan sin una medida instancia real de discusión.

Pereyra sostiene que esa situación repercute directamente en los ingresos. "Ni siquiera nos llaman a paritarias. Va el jefe de Policía a lo mejor, lo informan de cuánto es el aumento, y se termina ahí la cuestión. Nosotros no tenemos derecho a nada", afirmó.

El exjefe policial vincula el problema actual con la estructura normativa que rige a la institución. Según explicó, el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, aprobado en 1975, tomó como modelo el esquema militar.

“Fue prácticamente una copia del reglamento militar. Ese sistema militarizado en el mundo se dejó de usar hace más de un siglo. La policía no es un ejército dentro de la ciudadanía", sostuvo.

A su entender, esa lógica todavía se refleja en la organización interna, la cantidad de jerarquías y la formación del personal. “Tenemos demasiados rangos. Es como una tribu con muchos caciques y pocos indios”, graficó.

En ese sentido, propone reducir escalafones y concentrar la formación en contenidos específicamente policiales. "Hay tres años de carrera para oficiales donde una parte importante se pasa desfilando o haciendo instrucción militar. Eso no tiene sentido para una policía moderna", sentenció.

Uno de los puntos en los que Pereyra hace más hincapié es en el reconocimiento profesional del policía. “El policía es un trabajador en seguridad. Vive de eso. Somos profesionales, pero no nos tienen como profesionales”, afirmó.

También cuestionó que, en algunos casos, profesionales externos a la institución ocupan grados equivalentes dentro de la estructura policial. Para él, eso termina generando desigualdades dentro de la carrera.  “Un sacerdote o un médico pueden llegar a comisario general, mientras el que está todos los días en la calle muchas veces no llega a esa jerarquía”, ejemplificó.

En cuanto a los ingresos, Pereyra indicó que los sueldos actuales siguen siendo bajos en comparación con otras jurisdicciones.

Según detalló, un agente que recién se inicia ronda entre un millón y un millón doscientos mil pesos, mientras que un oficial puede percibir alrededor de 1,8 millones a 2 millones.

En su caso, como comisario general retirado, explicó que su haber ronda los 2,5 millones de pesos, en bruto. "En provincias como Córdoba un general activo está cerca de los seis millones. La diferencia con otras fuerzas es muy grande", puntualizó.

También mencionó que, en su opinión, la pérdida de poder adquisitivo se agrava por la falta de actualización periódica. “Hace doce meses que no actualizan el sueldo y las cosas siguen subiendo”.

Pereyra reconoce que sus planteos son personales y no representan institucionalmente al Círculo de Retirados policiales del que forma parte. Sin embargo, se considera necesario abrir el debate público. “Yo hablo por mí, porque sufro el problema todos los meses cuando voy a cobrar el sueldo”, explicó.

También aseguró haber conversado sobre estos temas con algunos dirigentes políticos, aunque con resultados limitados. “Muchos me han sido sinceros y me dicen: 'Faustino, yo no entiendo nada de esto'. Ese es el problema”, sostuvo.

Por eso cree que el cambio debería impulsarse desde la sociedad. “La gente tiene que saber cómo funciona el sistema. Si no, nada va a cambiar”, concluyó.

Nogoyá.- El senador provincial Rafael Cavagna se refirió a la situación del sistema previsional y los lineamientos de una futura reforma. "Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características" dijo; y agregó: "Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos". 

Tras el encuentro, el legislador destacó la importancia del diálogo institucional y valoró la decisión del gobierno provincial de abordar un problema estructural que atraviesa la provincia desde hace años.

 "Quiero destacar el gesto del gobernador de convocar a los legisladores de ambas cámaras para conversar con franqueza sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. Estamos hablando de un problema complejo, estructural y de largo plazo, que requiere responsabilidad política y una mirada que trascienda las coyunturas", afirmó Cavagna.

El senador remarcó además que la actual gestión decidió poner el tema sobre la mesa, aún sabiendo que los beneficios de una reforma de fondo no serán inmediatos.

"Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo", señaló.

Cavagna también destacó la participación de legisladores de los distintos bloques políticos en el encuentro y el compromiso expresado para trabajar sobre la propuesta que presentará el Ejecutivo.

"Fue una reunión muy importante porque participaron legisladores de todos los espacios políticos. Hubo un clima de respeto y la voluntad de analizar con seriedad una problemática que afecta a toda la provincia. Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos", sostuvo.

En ese sentido, el senador adelantó que el gobernador se comprometió a remitir el borrador del proyecto en los próximos días.

Esto permitirá que "los legisladores podamos analizarlo en profundidad. A partir de allí se abrirá un proceso de discusión legislativa donde seguramente se podrán hacer aportes, mejoras y escuchar a todos los sectores involucrados", indicó.

Finalmente, Cavagna señaló que el objetivo central debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin perder de vista la protección de los trabajadores y jubilados.

“Tenemos que encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema en el tiempo. Si no se toman decisiones hoy, la Caja seguirá acumulando un déficit cada vez mayor que termina comprometiendo recursos de todos los entrerrianos", concluyó.

A modo de anticipo, el director de la Caja de Jubilaciones Gastón Bagnat contó en medios provinciales que la normativa vigente tiene más de tres décadas y que el sistema arrastra problemas estructurales derivados del paso del tiempo y de distintas decisiones tomadas en esos años.

Uno de los puntos vitales del borrador es la modificación del mecanismo de movilidad jubilatoria, el que no tendrá carácter retroactivo, es decir que no afectará a los actuales jubilados provinciales.

Se analiza avanzar gradualmente hacia un esquema que otorgue la jubilación a los 65 años en los varones y a los 60 las mujeres. Tampoco habrá modificaciones en el sistema jubilatorio de docentes, personal de salud y de seguridad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presidió este 2 de abril las actividades oficiales en conmemoración del 44º aniversario de la Guerra de Malvinas en la localidad de General Galarza. Acompañado por el intendente Fabián Menescardi, ministros y legisladores, el mandatario provincial rindió homenaje a los héroes que defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Debido a las inclemencias climáticas, el acto central debió trasladarse al salón de la Iglesia Luterana “San Pablo”, luego de una ceremonia de ofrenda floral realizada en el monumento a los caídos ubicado en la Plaza San Martín. Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega de placas de reconocimiento a los veteranos presentes.

En su discurso, Frigerio destacó el valor y la entrega de quienes participaron del conflicto bélico. “Nuestros veteranos de Malvinas son el testimonio vivo del coraje argentino. En la figura de todos ustedes, quiero recordar también a nuestros héroes caídos, cuya entrega sigue iluminando el camino de nuestra nación”, expresó. Además, subrayó que aquellos jóvenes fueron “verdaderos hombres” que combatieron en condiciones extremas por amor a la patria.

El gobernador también hizo un llamado a la unidad nacional, al señalar que la causa Malvinas trasciende las diferencias. “La causa Malvinas nos convoca a estar unidos más allá de cualquier diferencia. Nos exige defender la democracia y las instituciones con la misma firmeza con la que nuestros combatientes defendieron la integridad territorial de la nación”, afirmó, y agregó que la soberanía también se construye a través del trabajo cotidiano por el desarrollo del país.

Por su parte, el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, valoró la presencia de las autoridades provinciales y de los seis veteranos que residen en la comunidad. “Malvinas es una de las pocas causas que nos une a todos por igual. Ojalá haya muchas causas más que nos tengan unidos, que nos encuentren en familia, porque eso somos”, manifestó.

En tanto, el excombatiente Sergio Wilhem brindó un emotivo testimonio en el que remarcó la importancia de mantener viva la memoria durante todo el año. “Nosotros los veteranos mantenemos esa llama encendida que se llama Malvinas. Sepan todos que Malvinas no es solamente el 2 de abril, Malvinas es todo el año. Hablemos de Malvinas en las aulas y convoquemos a los veteranos”, expresó.

La jornada incluyó además un recorrido por las obras que se desarrollan en la comisaría local. Participaron del acto el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Economía, Fabián Boleas; y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto a legisladores nacionales y provinciales.

La ciudad de Concordia será escenario este fin de semana de una nueva edición de “Expo Pascuas 2026”, una propuesta impulsada por la Municipalidad local, a través de la Dirección de Eventos, que busca ofrecer un espacio de encuentro con actividades culturales, gastronómicas y recreativas para toda la comunidad.

El evento se desarrollará el sábado 4 de abril, de 15:00 a 00:00 horas, y el domingo 5 de abril, de 15:00 a 22:00 horas, en el predio Viñedo Moulins, ubicado en el sector conocido como ex Estación Norte.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer una amplia feria de artesanos y emprendedores, además de disfrutar de food trucks, espectáculos en vivo y diversas propuestas de entretenimiento pensadas para todas las edades. La iniciativa apunta a fomentar el desarrollo local y generar un espacio de esparcimiento en el marco de las celebraciones de Pascuas.

La programación artística será uno de los principales atractivos del evento, con la participación de academias de danza y artistas locales.

Sábado 4 de abril:

Domingo 5 de abril:

Con entrada libre y gratuita, “Expo Pascuas 2026” se presenta como una alternativa ideal para disfrutar del fin de semana largo en familia.

Lo que se observa en las rutas de Entre Ríos bajo el pretexto de cuidar o mejorar la seguridad vial, está muy lejos de aquel propósito. Impera el criterio de no invertir en señalización y en cambio instalar radares para el control de velocidad, con fines recaudatorios abusivos. Ese lenguaje icónico que representa la cartelería vial, para ordenar el tránsito, tartamudea en algunas partes y en otras directamente ha enmudecido. Se salvan los que indican destinos, distancias o ingresos a ciudades y algunos carteles solitarios con límites de velocidad.

Se supone que esa carencia, parcial, total o deficiente según por donde transitemos, probablemente tiene una responsabilidad jurídica a la inversa. Es decir, cuando una norma o un riesgo está señalizado, el conductor queda formalmente advertido, y si las indicaciones, la responsabilidad del hecho recae en quien no respetó la señal. A la inversa es cuando no se ha señalizado con suficiente claridad y cantidad, y es cuando debería recaer la responsabilidad civil sobre el Estado, en caso de infracción grave o accidente.

Además, qué clase de seguridad ofrecen unos radares que obligan a bajar la velocidad en el kilómetro equis, si una vez atravesado ese sensor se vuelve a acelerar sin límites. Y quién controla al controlador, generalmente un concesionario ávido de facturar porque se lleva el 45%.

Es típico del subdesarrollo plantar radares de velocidad en rutas donde ni siquiera se le indica al conductor con suficiente eficacia las velocidades que debe respetar. Es un buen negocio, pero requiere de las inversiones necesarias y mayor equidad, porque no se puede punir con el mismo monto al que -quizás por descuido- se excedió en un diez por ciento de un máximo de 60 km/h, que a aquel que duplicó irresponsablemente esa velocidad, o más que eso. Equidad es, además, que la misma norma se aplique al que viaja con patente de bronce como a patentes de aluminio. Jueces y funcionarios saben a qué me refiero.

Además; ¿no es acaso un derecho del multado, que en la notificación se consigne el número de certificado del organismo que calibró y homologó el cinemómetro, si esa obligación está cumplida, para darle posibilidad de verificarlo?

A comienzos de 2015 las multas por exceso de velocidad en la ruta 26 (Nogoyá-Victoria), deteriorada, deformada y ahuellada por el tránsito internacional fuera de control, y deficiente en señalética, eran de $ 527.310. Probablemente un récord nacional. En ruta 11 también exceden largamente los cuatrocientos mil pesos, y en todas se pena con la misma severidad a quien se excede en 7 km/h como al que se excede en 100 km/h.

En Entre Ríos hace falta invertir en rutas inteligentes. Se las puede ver en países con menos recursos, como Uruguay, nuestro vecino, con zonas muy bien cuidadas en el Este, fuera de las autovías, con pórticos de señalamiento electrónico en sectores críticos, con visores led que indican la velocidad del automóvil que se acerca y se le advierte el máximo. Incluso en partes se gestiona el tráfico con IA. A contrapelo de aquello, tenemos de este lado del Uruguay el caso de Crespo -para citar solo uno y cercano-, ciudad atravesada por la ruta 12, y Gral. Ramírez en igual situación.

Desde la circunvalación (rutas 131 y 32) hasta el parque industrial Crespo, la zona se ha poblado de empresas de todo tipo, sin calles colectoras, con circulación de personas y vehículos que acceden a la ruta 12 o frenan para bajar. Afluyen dos bulevares de ingreso e ingreso a la ciudad, un acceso a parque industrial, y dos caminos de acceso desde las aldeas cercanas. Es nacional, aquí zafa la provincia y tiene jurisdicción la Municipalidad. En un tramo tan complejo como este, se pretende resolver con dos radares (por ahora solo testimoniales) para castigar al que se excedió levemente, mientras juegan su juego los conocedores de la ruta, cuidándose en los puntos de medición y acelerando sin límites antes o después de ellos.

Libertador San Martín (ruta 131) es otra historia, donde la Municipalidad administra las multas y también los semáforos. Hubo épocas en que fue vergonzoso su funcionamiento, cuando parecían preparados para recaudar.

En tramos cortos muy poblados a la vera de la ruta y con creciente inversión comercial e industrial, si la idea es evitar accidentes, se debería instalar señalamientos electrónicos indicando en toda su extensión los mínimos y máximos y exhibiendo al conductor su velocidad. Hay unos pocos de estos dispositivos en la provincia; son antiguos cuando los comparamos con los uruguayos y están en el interior del túnel subfluvial.

El valor de las multas en Entre Ríos llega a cuadruplicar el de otras provincias, aunque casi todas coinciden en coaccionar al castigado, que si paga calladito y sin protesta le costará solo la mitad, y si resuelve no pagar el mínimo y quejarse, debe “presentar pruebas” de su inocencia, algo objetiva o materialmente imposible. Mientras esto pasa, la estadística de accidentes no decae, crece, el año recién empieza y van 40 muertos. Permítasenos, por todo esto, sospechar que no hay voluntad de corregir sino de recaudar.

A lo que ya teníamos para debatir en Entre Ríos, se suman los tres radares sobre la ruta 174 (unión Victoria-Rosario), con señalizaciones confusas y una carpeta que, si bien está siendo reparada, presenta largos tramos de alto peligro para el tránsito. La ruta es nacional y el sistema funciona en acuerdo entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Policía de Entre Ríos. También aquí es crítica la lista de deficiencias en cuanto a señalización. Aún falta mucho después de un abandono de años, ni siquiera se le ha devuelto la luz al puente, que sigue en oscuridad. Ni hablar de las señalizaciones mal colocadas que obligan a bajar intempestivamente la velocidad y generó días pasados un choque en cadena. Lo que no falta allí son los cinemómetros para multar; esos si, funcionan bien.

Hay que ponerle límites a la velocidad y castigar a quien no la respeta, eso no está en dudas; pero lo que se ve en muchas rutas, es como arbitrar en el campito, donde la cancha no está marcada.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una reunión con representantes de los principales gremios estatales con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto de reforma previsional de la provincia. El encuentro marcó el inicio de una instancia formal de diálogo para abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y explorar posibles consensos en torno a modificaciones del sistema.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Tras el encuentro, la secretaria adjunta de Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, valoró la apertura del espacio de diálogo y destacó que “se escucharon varias opiniones” en una mesa que consideró necesaria para el tratamiento de un tema de alta sensibilidad. En ese sentido, remarcó que todos los sectores deben formar parte del debate y advirtió que cualquier eventual ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores estatales.

Domínguez también señaló que los ejes planteados por el Gobierno —como la edad jubilatoria y los años de aporte— constituyen variables técnicas esperables dentro del análisis, aunque aclaró que ello no implica acuerdo por parte de los gremios. Además, anticipó que se avanzará en reuniones sectoriales para profundizar cada uno de los puntos y que se presentaron propuestas alternativas vinculadas al financiamiento del sistema previsional.

La dirigente sindical subrayó que la continuidad de los gremios en la mesa refleja una oportunidad para discutir la reforma más allá de la existencia de un proyecto legislativo. Según indicó, el objetivo es evitar conflictos y perjuicios sectoriales, al tiempo que se busca avanzar hacia un sistema sostenible y equitativo tanto para trabajadores activos como para jubilados.

Por su parte, el representante del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, calificó el encuentro como positivo y destacó la expectativa de los trabajadores por participar del proceso. “Se abre una etapa de trabajo sostenido, con seguimiento y aportes sectoriales, en defensa de los derechos adquiridos”, afirmó.

En esa línea, García sostuvo que el debate debe contemplar soluciones estructurales frente a una problemática de fondo. “Estamos avanzando y vamos a aportar porque creemos que el gobernador ha planteado que existe una problemática muy profunda. Es un camino a futuro que nos toca resolver o al que debemos aportar desde nuestro lugar”, expresó.

Del encuentro participaron representantes de diversos gremios, entre ellos Asociación Trabajadores del Estado, Asociación del Magisterio de Entre Ríos, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Unión de Docentes Argentinos, Asociación del Personal Legislativo, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Judicial de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales y el propio Suoyem.

El Gobierno provincial apuesta a sostener el diálogo con los distintos sectores en busca de consensos que permitan avanzar en una reforma previsional que atienda el déficit del sistema sin afectar de manera desproporcionada a los trabajadores. Mientras tanto, los gremios se mantienen en estado de análisis y participación activa en una discusión que consideran clave para el futuro del régimen jubilatorio entrerriano.

El Consejo Federal de Intendentes (Cofein) se reunió este martes en la Sala Mayo de Paraná y emitió un duro documento en el que alertó sobre la “grave situación” que atraviesan los gobiernos locales en todo el país. Bajo la consigna “los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona”, los jefes comunales denunciaron un escenario de creciente demanda social con menos recursos y cuestionaron el rol del Gobierno Nacional.

En el texto difundido tras el encuentro, los intendentes señalaron que atraviesan una situación de “asfixia financiera crítica”, en un contexto de crisis económica que impacta en familias, trabajadores y pequeñas y medianas empresas. A la par, rechazaron discursos que responsabilizan al interior del país por la situación general y remarcaron que son los municipios quienes sostienen servicios esenciales como la salud, la asistencia social y el transporte.

Los mandatarios detallaron que, ante el retiro de políticas nacionales, los municipios debieron asumir funciones clave, como la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas —incluyendo diabetes y patologías oncológicas—, la continuidad de programas afectados como Remediar y Sumar+, y la asistencia a jubilados con cobertura insuficiente del PAMI.

A esto se suma el sostenimiento del transporte público sin subsidios nacionales, pese a que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles continúan beneficiando en mayor medida al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En términos fiscales, el documento expuso una fuerte desigualdad: mientras los municipios participan apenas con el 3% de la recaudación, la Nación concentra el 75%. En ese marco, denunciaron que durante 2025 el Estado Nacional retuvo 120.000 millones de pesos correspondientes al interior y dejó sin distribuir más de 740.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Ante este panorama, el Cofein reclamó avanzar en un rediseño del esquema impositivo y de coparticipación que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado.

Entre los pedidos concretos, exigieron modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Actualmente, los municipios reciben apenas el 10,4% de lo recaudado, pese a hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura vial. Por ello, respaldaron la propuesta de los gobernadores para elevar ese porcentaje al 57% y hacerlo coparticipable.

Asimismo, reclamaron que los ATN dejen de distribuirse de manera discrecional y lleguen directamente a los municipios, que son los primeros en responder a las demandas de la población.

El documento también reflejó indicadores preocupantes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y se incrementaron la informalidad laboral y las suspensiones.

En paralelo, los intendentes advirtieron sobre una caída generalizada de la recaudación —propia, provincial y nacional—, sumada a una disminución de más del 10% en términos reales de la coparticipación federal durante los primeros meses de 2026. “Bajan los ingresos mientras suben las necesidades”, resumieron.

Pese a este contexto, los jefes comunales ratificaron su compromiso de sostener la salud, la educación y la asistencia social, aunque advirtieron que “el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios”. El documento concluye con una frase contundente: “Así, la Argentina no funciona”.

El encuentro contó con la presencia de intendentes de distintas ciudades del país, entre ellos Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Julio Alak (La Plata) y Ariel Sujarchuk (Escobar), entre otros.

También participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien destacó la importancia del intercambio entre gestiones locales y reconoció la complejidad del contexto actual. “Las responsabilidades son cada vez mayores y los recursos más limitados, lo que nos obliga a ser eficientes”, señaló.

Asimismo, el mandatario remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado y promover una mirada constructiva. “Debemos trabajar para que a la Argentina y a sus ciudadanos les vaya bien, más allá de las diferencias políticas”, afirmó.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Crespo y contó con la participación de empresarios, productores y dirigentes, entre ellos Héctor Motta, Luis Jacobi, Felipe Berruhet, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Alcides Balla, Elvio Guía y Héctor Fratoni; junto a Matías Ruíz y Daniel Rodríguez —actualmente en uso de licencia—, y Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), como invitado.

Durante la jornada, se valoró el espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre el futuro de la provincia, con coincidencias en la necesidad de aunar esfuerzos entre el sector público y privado.

En su exposición, Frigerio abordó la situación presupuestaria provincial en un contexto de caída de fondos nacionales, así como las políticas en materia energética, impositiva y las reformas previstas en la obra social y el sistema previsional.

También destacó el avance del plan de obras de infraestructura con recursos propios y los proyectos que podrían concretarse mediante financiamiento internacional. En ese marco, subrayó las gestiones para incluir a Entre Ríos en la Hidrovía y consideró que uno de los principales desafíos es impulsar un cambio cultural que fomente la inversión privada y la generación de empleo.

Por su parte, los integrantes de “Entre Ríos 2050” manifestaron su apoyo a la reforma previsional que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. En ese sentido, remarcaron la necesidad de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, al considerar que su sostenimiento impacta directamente en la presión fiscal sobre las empresas.

Sin embargo, también plantearon preocupaciones vinculadas a las dificultades para agilizar trámites en distintas áreas del Estado. En esa línea, propusieron avanzar en una reforma constitucional que permita modernizar y desburocratizar la administración pública, con el objetivo de facilitar la ejecución de proyectos estratégicos.

El grupo puso énfasis en la importancia de sostener una visión de mediano y largo plazo para revertir el atraso relativo de Entre Ríos en la Región Centro. Como parte de esa estrategia, destacaron el potencial de las denominadas “vacas vivas”, como las cadenas cárnicas, el turismo y la foresto industria, como motores de generación de riqueza, empleo y divisas.

Asimismo, insistieron en la necesidad de mejorar la infraestructura vial mediante el mantenimiento de rutas y caminos, e incluso analizar la implementación de sistemas de peaje en tramos estratégicos para financiar nuevas obras que optimicen la conectividad.

En cuanto al desarrollo logístico, señalaron la importancia de fortalecer los puertos y el sistema ferroviario para potenciar las exportaciones. También consultaron sobre el proyecto del puente Paraná-Santa Fe, ante lo cual el gobernador indicó que su concreción dependerá del financiamiento privado que pueda obtenerse a nivel internacional.

Finalmente, desde el espacio empresario advirtieron sobre el impacto creciente de las tasas municipales en la estructura de costos de las empresas y las cadenas productivas. En ese sentido, instaron a intendentes y autoridades locales a revisar la carga tributaria con el objetivo de no afectar la competitividad de los sectores que generan empleo.

El sector puesto en funcionamiento se extiende desde el kilómetro 106, en cercanías del puente sobre el arroyo Tigrecito, hasta el kilómetro 135, en la intersección con la Ruta Provincial 6. Este tramo forma parte de un corredor estratégico que busca mejorar la circulación y reducir los riesgos en una de las vías más transitadas de la región.

A través de sus redes sociales, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de la habilitación y la vinculó al trabajo conjunto con el gobierno nacional. “Desde el primer día venimos trabajando para avanzar en la recuperación de las rutas nacionales”, expresó.

El mandatario también subrayó que esta intervención se suma a otras obras en infraestructura vial, como los trabajos en la Ruta Nacional 12 y la concesión de la Ruta Nacional 14, remarcando que la transformación de la ruta 18 es un proyecto iniciado hace más de 15 años y que se encuentra próximo a su finalización.

“Como resultado de estas gestiones, se habilitó un nuevo tramo, un avance concreto en una obra clave para la conectividad y el desarrollo de Entre Ríos”, sostuvo Frigerio.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad indicaron que la habilitación se enmarca en un proceso de obra más amplio, orientado a mejorar la seguridad vial y optimizar la conectividad en la provincia. En ese sentido, solicitaron a los conductores respetar la señalización vigente y los sentidos de circulación, teniendo en cuenta la nueva configuración de la calzada.

La puesta en servicio de este tramo representa un paso más en la consolidación de la autovía de la ruta 18, considerada fundamental para la integración regional y el desarrollo productivo entrerriano.

Un reciente informe del Consejo Empresario de Entre Ríos, elaborado a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, analizó la evolución y distribución de la coparticipación provincial hacia municipios y comunas, a partir de datos oficiales de la Contaduría General de Entre Ríos. El estudio revela un escenario dispar: mientras los municipios experimentaron una leve caída en términos reales durante 2025, las comunas registraron un crecimiento significativo en los últimos años.

El sistema de coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales. Se trata de transferencias automáticas establecidas por la Constitución de Entre Ríos, que garantiza pisos mínimos: al menos el 16% de los recursos nacionales y el 18% de los provinciales para municipios, y un 1% en ambos casos para comunas.

En términos generales, el esquema presenta una fuerte dependencia de fondos nacionales: aproximadamente dos tercios de los recursos coparticipables provienen de la Nación, mientras que el tercio restante tiene origen provincial.

Durante 2025, los municipios entrerrianos recibieron alrededor de $572 mil millones (a valores constantes de diciembre de ese año), lo que implicó una caída real del 1,1% respecto de 2024. Este dato marca una desaceleración en el crecimiento que se venía observando en años anteriores.

En la distribución territorial, Paraná se posiciona como el distrito con mayor volumen de recursos, seguida por Concordia y Gualeguaychú.

A pesar de la caída en el último año, el balance del período 2020–2025 muestra que todos los municipios registraron incrementos reales en sus ingresos por coparticipación, aunque con diferencias en su intensidad. Concordia y Gualeguaychú lideraron las subas relativas, con aumentos del 5%, mientras que Villaguay evidenció un crecimiento más moderado del 3%. Por su parte, Concepción del Uruguay y Paraná mostraron variaciones más acotadas, del 1% y 2% respectivamente.

En contraste con la dinámica municipal, las comunas mostraron un desempeño notablemente más dinámico. En 2025 recibieron cerca de $35 mil millones, consolidando un crecimiento real del 106% en el período 2020–2025.

Este fuerte incremento se explica principalmente por su incorporación al régimen de coparticipación a partir de 2020, lo que generó una expansión inicial significativa en los recursos asignados.

Entre las comunas con mayores niveles promedio de ingresos se destacan Las Cuevas, General Roca, Colonia Ensayo, San Marcial y Aldea Protestante.

El informe señala que todas las comunas evidenciaron aumentos en los montos coparticipados a lo largo del período analizado. Las tasas de crecimiento fueron especialmente elevadas en los primeros años, con subas de entre el 20% y el 30% en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 se registró una caída cercana al 20% en términos reales, seguida por una recuperación sostenida hasta 2025, aunque con un ritmo de expansión más moderado.

El análisis concluye que la coparticipación en Entre Ríos atraviesa una etapa de transición, marcada por la consolidación del financiamiento de las comunas y una evolución más estable —aunque con señales de estancamiento reciente— en los municipios.

En este contexto, el comportamiento de los recursos coparticipables seguirá siendo un factor clave para la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales, en un escenario económico que continúa presentando desafíos tanto a nivel provincial como nacional.

El gobierno de Entre Ríos continúa fortaleciendo su política energética a través de dos herramientas clave: el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (Pepar) y el Programa para la Ampliación de Redes de Gas Natural (Pafar). Ambas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de la población y potenciar el desarrollo productivo en distintas regiones del territorio.

En el caso del Pepar, el objetivo es facilitar el acceso al servicio eléctrico en zonas rurales, una infraestructura esencial tanto para el bienestar de las familias como para el crecimiento de las actividades productivas. El programa contempla asistencia económica para afrontar los costos de las obras necesarias para acceder al suministro.

Según el esquema vigente, el Estado provincial, a través de la Secretaría de Energía, bonifica el 40 por ciento del costo total de la obra, mientras que el 60 por ciento restante es asumido por los usuarios. Este monto puede abonarse al contado o financiarse —total o parcialmente— hasta en 10 cuotas semestrales mediante el sistema francés.

El beneficio está destinado a personas que requieran acceso a la electricidad en áreas rurales, ya sea de manera individual o colectiva. Además, para pobladores de escasos recursos se prevé una modalidad especial de financiación de hasta 120 cuotas mensuales, cuyo valor se calcula en base a 80 kWh de la Tarifa Media Rural y se incorpora como adicional en la factura del servicio.

Las obras son gestionadas por la Secretaría de Energía y ejecutadas por la empresa Enersa junto a las 19 cooperativas eléctricas de la provincia, consolidando así un esquema de trabajo conjunto que permite ampliar la cobertura en zonas alejadas.

En este sentido, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, destacó el impacto del programa: “Este programa nos permite acompañar al sector productivo rural con un recurso esencial como es la energía eléctrica. La electrificación rural no solo impulsa la producción, sino que también mejora la calidad de vida de las familias y fortalece el arraigo en el territorio”.

Por otro lado, el Pafar se orienta a la ampliación de las redes de gas natural en distintas localidades entrerrianas. A través de este programa, la provincia financia el 100 por ciento de las obras, mientras que los municipios reintegran el 70 por ciento una vez finalizados los trabajos, lo que permite agilizar la ejecución de los proyectos.

Este mecanismo posibilita que los usuarios accedan al servicio abonando aproximadamente un 30 por ciento menos que el costo de mercado, facilitando así la conexión domiciliaria y ampliando el alcance del gas natural.

Asimismo, en aquellos casos donde las inversiones requeridas son de mayor envergadura, el gobierno provincial puede asumir la totalidad del costo, garantizando la concreción de obras estratégicas para el desarrollo local.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entregó el decreto mediante el cual el Gobierno provincial formaliza la transferencia, a título de donación, del inmueble donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas, a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La actividad se desarrolló en el marco de una visita del mandatario a la casa de estudios, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el decano Sebastián Pérez, autoridades académicas, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca.

Durante la jornada, Frigerio destacó el alcance de la medida y la vinculó con una política más amplia de regularización dominial impulsada desde el inicio de su gestión. “Tiene que ver con un proceso que empezamos desde el arranque, que es la titularización de propiedades para un montón de vecinos que hace décadas son dueños de su lugar, pero no tienen un papel que así lo determine”, expresó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo institucional: “Las inversiones que se siguen haciendo en esta facultad se realizan con mucha más seguridad y convicción cuando se cuenta con la titularidad legal del predio”.

La medida garantiza la regularización dominial del edificio y fortalece el desarrollo institucional de la universidad pública, al brindar mayor previsibilidad para el crecimiento de sus actividades académicas y de investigación científica.

Por su parte, el ministro Manuel Troncoso valoró el trabajo articulado entre el gobierno provincial y la institución educativa. Destacó que el vínculo con la facultad es “muy simbiótico” y remarcó la existencia de “mucha sinergia” en términos de gestión. Asimismo, ponderó la capacidad del equipo universitario para impulsar una agenda creativa y con una visión estratégica en relación a la educación y la inserción laboral.

El funcionario también señaló que, si bien los procesos administrativos suelen ser extensos, los resultados se alcanzan cuando las iniciativas son llevadas adelante con responsabilidad, seriedad y compromiso.

A su turno, el decano Sebastián Pérez calificó la instancia como “un momento histórico” para la institución. “Estamos muy agradecidos. Obtener definitivamente la propiedad del inmueble para la universidad, la facultad y toda la comunidad es muy importante”, afirmó.

Pérez remarcó que este avance es fruto de una gestión conjunta que permitió destrabar trámites pendientes de años anteriores y destacó que la titularidad del edificio aporta previsibilidad para continuar con las inversiones en la facultad, la más grande de la provincia, que ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en su oferta académica como en su matrícula.

Finalmente, se puso en valor la importancia de continuar fortaleciendo el sistema universitario público mediante políticas que acompañen su desarrollo. La transferencia del inmueble responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y se enmarca en la normativa provincial vigente, consolidando la infraestructura universitaria en Entre Ríos.

“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó el mandatario este lunes, en el marco de una reunión de trabajo realizada en Colón.

El encuentro fue encabezado por Frigerio junto al intendente local, José Luis Walser, y contó con la participación de legisladores nacionales y provinciales, además de representantes de distintos sectores. El objetivo fue actualizar información y analizar las gestiones realizadas frente a un proyecto que genera creciente preocupación en la sociedad entrerriana.

Durante la reunión, el gobernador detalló las gestiones diplomáticas llevadas adelante ante autoridades del vecino país. Según precisó, mantuvo cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con ministros vinculados al área, tres de ellas en territorio uruguayo y una en Argentina. En dos oportunidades, agregó, estuvo acompañado por autoridades de la Cancillería argentina, con quienes se expuso la postura provincial.

Frigerio subrayó que el tema excede la órbita provincial. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó. En ese sentido, recordó que ya había planteado la problemática durante la apertura de sesiones de la Legislatura entrerriana, donde insistió en la necesidad de relocalizar la planta proyectada.

El mandatario también señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en elaboración y destacó que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, se incorporó a Colón dentro del área de análisis. “Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos”, sostuvo, acompañado por las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna.

Por su parte, el intendente Walser valoró la presencia del gobernador y su involucramiento en el tema. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.

El jefe comunal advirtió sobre los posibles impactos del proyecto y sostuvo que existe un objetivo compartido de impedir su instalación en esa ubicación. “Defendemos no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”, afirmó.

En ese contexto, Walser reclamó la pronta concreción de la Mesa de Cancilleres entre ambos países y pidió mayor firmeza por parte del gobierno argentino. También cuestionó el accionar de Uruguay, al sostener que avanza con el proyecto sin consulta previa. “Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina”, señaló.

Finalmente, el intendente recordó antecedentes de conflictos ambientales bilaterales, como el caso de la instalación de la planta de celulosa de Botnia, y advirtió sobre la necesidad de evitar que se repita una situación similar en el río compartido.

La provincia de Entre Ríos experimentó uno de los mayores incrementos en sus exportaciones a nivel nacional durante 2025, ubicándose en el segundo lugar del ranking de crecimiento provincial, solo por detrás de Corrientes. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas externas entrerrianas aumentaron un 30,8 por ciento interanual, alcanzando un total de 2.115 millones de dólares.

De acuerdo con el informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) elaborado por el organismo estadístico, este desempeño posiciona a Entre Ríos entre las provincias con mayor dinamismo exportador del país durante el último año.

Al referirse a estos datos, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el trabajo del sector productivo entrerriano y sostuvo que el crecimiento de las exportaciones refleja “el enorme potencial que tiene la provincia cuando se generan condiciones para producir, invertir y exportar”.

El mandatario remarcó que este resultado se vincula con el acompañamiento de políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, la producción y el empleo privado, en una provincia con un marcado perfil agroindustrial y con creciente presencia en los mercados internacionales.

“Nuestro objetivo es que cada vez haya más producción entrerriana llegando al mundo y más trabajo en el sector privado”, afirmó Frigerio al analizar el informe.

En ese marco, el gobernador subrayó que el desarrollo productivo y la generación de empleo privado constituyen uno de los ejes centrales de la gestión provincial. Para ello, se impulsan iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de la economía entrerriana y acompañar al sector productivo.

Entre las herramientas mencionadas se encuentra el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), un programa promovido por el gobierno provincial que busca estimular la radicación de nuevos proyectos productivos y la ampliación de inversiones existentes dentro del territorio entrerriano.

Según el informe del Indec, Entre Ríos representó el 2,4 por ciento de las exportaciones nacionales y el 3,4 por ciento de las exportaciones de la región pampeana, destacándose además por el significativo crecimiento registrado durante el último año.

El desempeño exportador estuvo impulsado principalmente por los productos primarios, que concentraron la mayor parte de las ventas externas de la provincia. Dentro de ese grupo se destacan los cereales, que representaron cerca del 39 por ciento del total exportado, junto con otros productos agroindustriales que forman parte de la matriz productiva entrerriana.

En cuanto a los principales destinos de exportación, durante 2025 sobresalieron China, los países del Mercosur y otros mercados de América Latina, lo que evidencia la creciente inserción internacional de la producción entrerriana.

El gobierno de Entre Ríos expresó su satisfacción por la participación de la provincia en Expoagro edición YPF Agro, una de las principales muestras del sector agroindustrial del país, que se desarrolla en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios provinciales acompañaron a empresas y productores entrerrianos durante la exposición y destacaron el potencial productivo y tecnológico de la provincia.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que 30 empresas entrerrianas participaron de la muestra y subrayó el avance tecnológico que se observa en el sector. El funcionario recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en regular el uso de drones en la actividad agrícola, y mencionó iniciativas presentadas durante la exposición, como un laboratorio para estudiar la chicharrita del maíz, una plaga que afecta a la producción.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó la relevancia del sector agropecuario para la economía provincial y afirmó que se trata del principal motor productivo de Entre Ríos.

“Uno llega acá y se vuelve absolutamente entusiasmado al ver el potencial del sector y la decisión tomada por el gobernador Rogelio Frigerio y por el gobierno provincial desde diciembre de 2023, que es acompañar al sector privado para que crezca”, sostuvo.

El funcionario también recordó que ese acompañamiento se viene impulsando a través de políticas de ordenamiento fiscal y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, entre las que mencionó la disminución de la presión tributaria aplicada por la actual gestión para favorecer el desarrollo de la actividad productiva.

Boleas destacó además la importancia de la articulación entre el sector público y el privado como estrategia para fortalecer el crecimiento. En ese sentido, señaló como ejemplo el proyecto MiradorTec, donde ya se han instalado empresas vinculadas a la tecnología aplicada a la producción. “Ese va a seguir siendo nuestro camino”, aseguró.

En tanto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, advirtió sobre la posibilidad de que la Unión Europea impulse barreras paraarancelarias que dificulten la exportación de biocombustibles argentinos, lo que podría impactar negativamente en las cadenas productivas de la Región Centro.

Frente a este escenario, Benedetti valoró el trabajo conjunto entre representantes políticos, entidades del sector y cámaras empresarias para visibilizar la problemática y defender la competitividad del sector. También destacó el potencial agroindustrial de Entre Ríos y las medidas impulsadas por el gobierno provincial para mejorar la competitividad, entre ellas el ordenamiento de los costos energéticos y herramientas de incentivo a la inversión.

Por último, la directora de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, remarcó que el gobierno provincial trabaja para acompañar a las pymes mediante capacitaciones y herramientas de financiamiento.

En ese marco, valoró la firma de un acuerdo mediante el cual la provincia bonificará tres puntos de tasa para créditos otorgados por el Banco Nación a productores entrerrianos, con el objetivo de fortalecer la inversión y el desarrollo productivo en el sector agroindustrial.

El Gobierno de Entre Ríos presentó ante legisladores provinciales y representantes gremiales los principales lineamientos de un proyecto de reforma del sistema previsional, con el objetivo de iniciar un proceso de análisis y debate orientado a garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia a largo plazo.

La propuesta fue elaborada a partir de estudios técnicos realizados por el Ejecutivo provincial y busca preservar el sistema previsional entrerriano, procurando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos por los beneficiarios actuales.

En ese sentido, el documento establece expresamente que las disposiciones de la reforma no modificarán la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.

Entre los puntos centrales del proyecto se destaca el mantenimiento del 82 por ciento móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial de jubilación, tomando como base la historia laboral real de los trabajadores.

Además, se plantea el respeto de los regímenes especiales vigentes, con la continuidad de su aplicación para actividades que presentan características particulares, como el caso de docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.

El proyecto también contempla la implementación de un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad, de modo que las jubilaciones puedan acompañar las variaciones sectoriales.

Otro de los aspectos incluidos es la armonización de las pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros vigentes en sistemas previsionales nacionales y provinciales.

A su vez, el borrador incorpora herramientas de financiamiento del sistema, que podrían incluir aportes solidarios de carácter temporal en caso de registrarse desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del régimen previsional.

Entre las medidas analizadas se encuentra una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzaría a aplicarse cinco años después de la eventual sanción de la ley, con el objetivo de permitir una transición ordenada dentro del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la intención de esta instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura.

El borrador del proyecto continuará siendo analizado durante las próximas semanas, con la expectativa de incorporar aportes y construir consensos que permitan avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional de Entre Ríos en el largo plazo.

Nogoyá.- El gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad dio a conocer las fechas para llevar adelante las consultas públicas para obras viales correspondientes a varias localidades entrerrianas entre las que se encuentra la ciudad de Nogoyá con dos proyectos que se ejecutarían mediante una financiación del Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Desde el organismo vial, explicaron que las consultas públicas servirán para conocer los detalles de los proyectos de las obras con el objetivo de que la ciudadanía se ponga al tanto y pueda manifestar sus consultas al respecto de los trabajos.Sobre ese tema el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, dijo que “es una gran apuesta y decisión política del gobernador, para poner en valor obras necesarias para estos departamentos y continuar con esta firme agenda de priorizar la obra pública para brindar una mejor conectividad a productores y vecinos, establecimientos educativos, centro de salud, destacamentos policiales y todos los actores sociales".A su vez agregó que las consultas públicas son muy importantes donde la ciudadanía se puede interiorizar de cada proyecto de obra y sacar todas sus dudas y consultas al respecto de los trabajos a llevar adelante.

Para el departamento Nogoyá la fecha estipulada será el 17 del marzo a las 16:00 horas en la Asociación Cultural, tal como fue anticipado por Paralelo32 en la edición anterior. Allí las autoridades viales darán a conocer el proyecto de dos obras muy importantes para la región como es el nuevo puente sobre arroyo Sauce en la Ruta 43 camino a Crucesitas Tercera y el ambicioso proyecto de circunvalación que culminaría con la problemática del tránsito pesado en medio de la ciudad.

Paralelo32 tuvo acceso al informe preliminar de la circunvalación, que si bien ya ha sido detallado en varias oportunidades, ahora se supo que además de la nueva ruta de 11 kilómetros y la construcción de tres rotondas en las zonas de acceso y empalme entre las Rutas 12 y 26; el proyecto contempla un terraplén de importante envergadura que funcionará de defensa costera pasando por detrás de la laguna de decantación cloacal y conectando con el frente del volcadero municipal. El terraplén a su vez generará un reservorio de atenuación de caudales con la instalación de estaciones de bombeos que regularán el flujo de agua de lluvias, tanto desde el arroyo hacia la ciudad o viceversa.

Otra de las novedades del proyecto, de acuerdo con el estudio hidráulico, se identificó la necesidad de incluir un puente de 87 metros de largo con tres luces de 25 m sobre el arroyo Chañar.

Aun persisten las tres alternativas de trazado de la circunvalación, pero el proyecto pone en relevancia una de las opciones presentadas por el municipio de Nogoyá.

Todas inician en la intersección con la Ruta Nacional N°12, entre el acceso al Paseo Los Puentes y el primer puente sobre el arroyo, es decir en la calle que da acceso a las lagunas cloacales, allí se construirá un terraplén de 3,50 m de altura.

La primera alternativa si bien es la más corta (10 km.), queda muy cercana al casco urbana, utilizando calle Vuelta de Obligado, frente a la Sociedad Rural y afectando a viviendas familiares. “Presenta la desventaja de limitar significativamente la expansión urbana futura y quedar eventualmente atrapada por el crecimiento de la ciudad” señala el documento publicado por Vialidad Provincial.

La segunda alternativa de 11 kilómetros, tras separarse de la traza 1, pasa frente a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y el límite de la Planta de Biodiesel. “Su diseño es el más equilibrado, ya que contempla una zona de camino predominante de 140 metros de ancho con variaciones puntuales en secciones específicas. Urbanísticamente, ofrece una superficie de expansión acorde a las proyecciones poblacionales previstas” fundamentan.

En tanto la tercera opción proyectada, es más extensa y alejada del centro urbano. Comparte el inicio y el final con la Alternativa 2, pero se ubica 800 m más alejada de la ciudad en su tramo paralelo a Vuelta de Obligado. “En su trayecto pasa frente a una hormigonera y un corralón de materiales, y requiere un desvío específico para evitar la afectación del edificio de un establecimiento agropecuario. Aunque es la que menos parcelas afecta y la que tiene menor superficie construida involucrada, su costo de inversión es el más elevado ($35.486 millones) y se considera que sobredimensiona el área de expansión urbana necesaria”.