Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintos partidos y distritos pidió que las provincias que todavía utilizan el sistema tradicional de boletas partidarias avancen durante 2026 hacia la implementación de la Boleta Única, con el objetivo de utilizarla en las elecciones de 2027.

El planteo fue realizado por integrantes de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que reúne a dirigentes de distintos espacios políticos. Entre los firmantes aparecen referentes de Entre Ríos como el gobernador Rogelio Frigerio, la dirigente peronista Mayda Cresto y el dirigente del PRO Esteban Vitor.

El documento, fechado en septiembre de 2026, convoca a las 15 provincias que todavía mantienen el sistema de boleta partidaria a utilizar este año no electoral para impulsar modificaciones legislativas.

La propuesta toma como referencia la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales de 2025. En ese sistema, todas las agrupaciones que participan de una categoría electoral aparecen en una misma papeleta y el elector marca su opción en el casillero correspondiente.

En las elecciones nacionales de 2025, la BUP fue utilizada por primera vez en todo el país para los cargos nacionales.

La RAP sostiene que la Boleta Única permitiría reducir situaciones vinculadas con la falta de boletas en los lugares de votación y facilitaría que todas las opciones electorales estén disponibles para cada votante.

También plantea que el sistema puede generar condiciones más uniformes para las distintas agrupaciones políticas, al concentrar toda la oferta electoral en una única papeleta.

El documento menciona además como posibles efectos la reducción de prácticas como el robo o faltante de boletas y el denominado “voto cadena”, además de una menor utilización de papel y otros insumos destinados a la impresión y distribución de boletas partidarias.

La Boleta Única no es una herramienta nueva en el sistema electoral argentino. La documentación oficial señala que Córdoba utiliza Boleta Única de Papel y Santa Fe cuenta con un sistema de boleta única por categorías, mientras que otras jurisdicciones implementaron variantes electrónicas.

En el caso de la BUP nacional, la papeleta reúne las distintas agrupaciones y categorías electorales. El elector recibe la boleta de la autoridad de mesa, ingresa a la cabina y marca su opción para cada categoría antes de introducirla en la urna.

Entre Ríos utilizó la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de 2025, pero el instrumento de votación nacional no implica automáticamente un cambio en el sistema electoral provincial.

La convocatoria de RAP apunta precisamente a que las provincias modifiquen sus propias legislaciones para adoptar la Boleta Única también en sus elecciones locales.

En el documento, los firmantes sostienen que 2026, al no ser un año electoral nacional, representa una oportunidad para discutir y aprobar esos cambios con anticipación a los comicios de 2027.

El texto también sostiene que existiría un amplio respaldo social al sistema. Para fundamentarlo, menciona encuestas realizadas en Santa Fe y a nivel nacional, además de un relevamiento en la provincia de Buenos Aires realizado después de elecciones en las que se utilizaron ambos mecanismos.

Según el documento de RAP, esos estudios registraron porcentajes superiores al 70% de valoración de la Boleta Única en algunas mediciones.

Esos datos corresponden a encuestas citadas por los propios firmantes y el comunicado no detalla allí las fichas técnicas de cada uno de esos relevamientos.

La iniciativa plantea que la eventual adopción de la Boleta Única requeriría acuerdos políticos entre distintos espacios y modificaciones de las legislaciones electorales provinciales.

Para los 189 dirigentes que suscribieron el documento, avanzar con el cambio durante un año sin elecciones permitiría discutir el sistema con anticipación y preparar su implementación para 2027.

La propuesta abre así una discusión sobre cómo se votará en las próximas elecciones provinciales en las jurisdicciones que todavía conservan el sistema de boleta partidaria. En el caso de Entre Ríos, el debate se suma a las discusiones ya existentes sobre las reglas electorales de cara a los próximos comicios.

El desarrollo de Vaca Muerta está modificando el escenario energético argentino y abre una oportunidad concreta para que el país aumente su producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y avance sobre nuevos mercados internacionales.

Ese fue uno de los ejes centrales del Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que reunió a representantes de la industria, organismos públicos y especialistas del mercado energético.

El encuentro puso sobre la mesa las posibilidades de expansión de las exportaciones argentinas, pero también los desafíos que aparecen por delante: infraestructura, almacenamiento, logística, financiamiento, estabilidad regulatoria y acceso a mercados de mayor escala.

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, destacó el momento que atraviesa el sector energético y consideró que Argentina cuenta con recursos y capacidad productiva para aumentar su oferta de GLP.

“La energía es un sector que tiene una oportunidad enorme por delante. Argentina tiene los recursos, la capacidad productiva y, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, puede aumentar su oferta de GLP y proyectarse a nuevos mercados”.

Rodríguez planteó, además, que el crecimiento energético debe ser acompañado por una estrategia de largo plazo.

“El sector energético es un dinamizador de la economía, crea inversión, crea trabajo, conocimiento y nuevas oportunidades para el país, pero nos obliga a pensar qué hacemos con ese crecimiento y cómo lo hacemos”.

En esa discusión incluyó la sustentabilidad, la transparencia y el impacto social del desarrollo energético, con una mirada puesta en las comunidades que pueden beneficiarse de la expansión de la actividad.

Para Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el desarrollo de Vaca Muerta genera una oportunidad que excede el abastecimiento del mercado interno.

“Con el crecimiento de Vaca Muerta hay mayor disponibilidad de gas, petróleo y líquidos. El desafío no es solo garantizar el abastecimiento interno, sino agregar valor y construir una plataforma exportadora eficiente”.

El especialista consideró que para alcanzar ese objetivo será necesario desarrollar una logística adecuada, atraer inversiones y sostener una estrategia de largo plazo.

También señaló que el GLP argentino ya tiene presencia en América Latina, pero que el próximo paso será avanzar hacia mercados de mayor escala.

“Acceder competitivamente requiere volumen, infraestructura y relaciones comerciales sostenidas”.

El director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), Fabricio Duarte, puso el foco en la situación regional.

Según explicó, América Latina consume actualmente más GLP del que produce, por lo que las importaciones tienen un papel relevante para garantizar el abastecimiento.

En ese contexto, consideró que Vaca Muerta puede modificar el mapa regional.

“Argentina puede convertirse en una fuente regional de suministro; no para reemplazar a un proveedor por otro, sino para diversificar las fuentes de abastecimiento”.

Duarte remarcó que la oportunidad requiere inversiones en almacenamiento, infraestructura y logística, además de previsibilidad jurídica y regulatoria.

También destacó el papel del GLP en hogares que no cuentan con redes de gas natural y planteó la necesidad de que la transición energética sea gradual y acompañe las necesidades de abastecimiento.

Según su proyección, Argentina podría generar 2,3 millones de toneladas de GLP hacia 2030, un volumen que abriría nuevas posibilidades para la exportación regional.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de la Nación, Federico Veller, consideró que el seminario se realiza en un momento especialmente relevante para el mercado.

“El nombre de este seminario, ‘De Argentina hacia el mundo’, no es una metáfora: describe con precisión lo que está ocurriendo”.

Veller señaló que el GLP argentino abastece a millones de hogares que no tienen acceso al gas natural y que, al mismo tiempo, ya representa un producto de exportación para distintos mercados.

Según los datos expuestos durante el encuentro, en 2025 Argentina produjo 3 millones de toneladas de GLP, el mayor nivel de las últimas dos décadas, y exportó 1,6 millones de toneladas por unos US$700 millones.

El principal destino continúa siendo la región, con Brasil como uno de los compradores destacados, aunque también comienzan a ganar espacio mercados de Asia e India.

Veller también destacó cambios en el funcionamiento del mercado argentino de GLP.

Mencionó una reducción de la burocracia, mayor previsibilidad y libertad operativa y comercial, junto con una focalización de los subsidios destinados a los hogares vulnerables a través del programa Hogar.

A esto sumó el RIGI, al que atribuyó estabilidad por 30 años y vinculó con 23 proyectos aprobados.

La visión planteada desde el Gobierno es que una mayor previsibilidad para las empresas pueda traducirse en más inversiones y crecimiento de la producción.

El potencial exportador argentino también fue analizado desde la perspectiva del mercado internacional.

Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de ARGUS, señaló que el 60% de la demanda mundial de GLP se concentra en Asia Pacífico, principalmente en China e India.

“Es el imán del mundo: cualquier molécula de GLP nueva va a terminar siendo consumida por esta región”.

En ese escenario, consideró que el contexto internacional aumenta la relevancia de la producción de Estados Unidos y América del Sur.

Faldin proyectó que Argentina, con los proyectos actualmente en marcha, podría alcanzar una producción de 8 millones de toneladas anuales hacia 2040 y pasar de una posición cercana al puesto 20 a ubicarse entre los cinco principales exportadores mundiales.

Para lograrlo, señaló que será necesario mejorar la estructura logística y avanzar hacia precios de referencia que permitan mayor transparencia en el mercado.

El consultor principal de World Energy Consultants, LLC, Craig Whitley, aportó una mirada sobre las transformaciones que atraviesa el comercio mundial de GLP.

Recordó que Estados Unidos pasó de ser importador neto en 2010 a convertirse en uno de los principales proveedores internacionales.

En ese escenario, destacó la posición que Argentina ya ocupa en el mercado global y los cambios que podrían producirse a partir de las tensiones geopolíticas.

Whitley señaló que el Golfo Pérsico representa alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de GLP y analizó el impacto que, según su exposición, tuvo el conflicto con Irán sobre los mercados asiáticos.

De acuerdo con su presentación, la reducción de las exportaciones iraníes generó una mayor competencia por cargas y buques disponibles, con impacto sobre los precios y los flujos comerciales.

El especialista sostuvo que las consecuencias de esta disrupción podrían extenderse más allá de 2026 y modificar la dinámica del mercado internacional durante los próximos años.

Las distintas exposiciones coincidieron en un punto: el potencial productivo de Vaca Muerta necesita estar acompañado por infraestructura y capacidad comercial.

Para la Argentina, el crecimiento del GLP puede significar una nueva fuente de exportaciones, ingreso de divisas, inversiones y generación de empleo. Pero para aprovechar esa oportunidad será necesario resolver cuestiones que van desde el procesamiento y almacenamiento hasta el transporte, los puertos y el acceso a mercados internacionales.

El desafío, en definitiva, ya no pasa solamente por extraer más hidrocarburos, sino por construir la cadena necesaria para que esa producción pueda transformarse en valor y llegar de manera competitiva al mundo.

A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, una encuesta nacional muestra que la discusión sobre el rumbo económico podría convertirse en uno de los principales ejes de la campaña de 2027.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado en agosto, el 38,7% de los argentinos quiere que continúe el actual modelo económico, mientras que el 59,8% considera que debe cambiar el rumbo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la composición social del electorado. En la clase alta, seis de cada diez consultados respaldan la continuidad, mientras que en la clase baja esa proporción cae a aproximadamente uno de cada cuatro. En el extremo opuesto, la demanda de cambio supera el 70% entre los sectores de menores ingresos.

El relevamiento plantea así una diferencia marcada por posición socioeconómica más que por edad. Entre jóvenes, adultos y mayores, el respaldo a la continuidad se mantiene en niveles similares, entre el 37,7% y el 39,4%.

El respaldo al modelo económico convive con una creciente impaciencia respecto de sus resultados.

El 53,2% de los encuestados afirma que ya se le terminó la paciencia para esperar una mejora económica, mientras que apenas el 22,9% considera que ya está viendo resultados.

La percepción se mantiene prácticamente sin diferencias entre los distintos grupos etarios. El dato marca uno de los principales desafíos para el oficialismo: existe un sector que continúa respaldando el rumbo económico, pero que al mismo tiempo reclama resultados en el corto plazo.

La imagen y la aprobación de Javier Milei registraron una leve recuperación durante agosto.

La aprobación de su gestión pasó del 31,4% en julio al 32,2% en agosto, mientras que la desaprobación se ubicó en 54,1%.

En cuanto a su imagen personal, la valoración positiva avanzó del 30,9% al 32,7%.

Sin embargo, el crecimiento no modificó sustancialmente la estructura del electorado. La gestión mantiene sus mejores registros entre los sectores de mayores ingresos y sus niveles más bajos entre los sectores populares.

La aprobación llega a casi 60% en la clase alta, mientras que cae al 22,4% en la clase baja.

La segmentación de la imagen presidencial también muestra diferencias importantes.

Milei obtiene mejores registros entre varones, jóvenes y personas de clase alta, mientras que el rechazo alcanza su punto más elevado entre las mujeres, con 65,8% de valoración negativa, y en la clase baja, donde llega al 69,3%.

De esta manera, la mejora registrada en agosto parece consolidar al núcleo de apoyo existente, pero todavía no se traduce en una ampliación significativa hacia sectores donde el Gobierno tiene mayores dificultades.

El escenario también plantea interrogantes hacia el interior del espacio que sostiene al Gobierno.

Victoria Villarruel registra una imagen positiva del 18,9%, frente a un 55,3% de negativa. Además, el 62,8% afirma que nunca la votaría.

Su mejor desempeño aparece, al igual que el de Milei, entre los sectores de mayores ingresos: allí alcanza un 28,6% de imagen positiva y un 34,2% declara que podría votarla.

El dato permite interpretar a Villarruel como una eventual competidora por parte del mismo electorado que actualmente respalda la continuidad del modelo económico.

En un escenario donde ese espacio reúne alrededor del 39% del electorado, una eventual candidatura podría generar una disputa interna por ese voto en lugar de ampliar necesariamente la base oficialista.

El caso de Patricia Bullrich presenta algunas diferencias.

La exministra registra un 37,2% de imagen positiva y 49,8% de negativa. Su valoración también mejora entre sectores medios y altos y entre los varones, mientras que entre los sectores de menores ingresos la positiva baja al 25,6% y la negativa llega al 62,4%.

En materia electoral, Bullrich registra 19,3% de voto seguro, pero suma un 27,7% de personas que aseguran que podrían votarla.

Ese potencial la convierte, según los datos del relevamiento, en una de las figuras del oficialismo con mayor margen teórico para ampliar su electorado.

Del lado opositor, Axel Kicillof presenta una estructura prácticamente inversa a la de Milei.

La imagen positiva del gobernador bonaerense alcanza el 24,7% entre los sectores altos, mientras que sube al 48,9% en la clase baja. También obtiene mejores registros entre mujeres y personas mayores.

Sin embargo, el nivel de rechazo continúa siendo elevado y la mitad del electorado afirma que nunca lo votaría.

Por su parte, Myriam Bregman registra un 41,3% de imagen positiva frente al 44,2% de negativa, el diferencial menos desfavorable entre las figuras relevadas.

Su mejor desempeño aparece entre las mujeres, con 50,4% de imagen positiva, y entre los sectores de menores ingresos, donde alcanza el 53,5%.

Pero esa valoración no se traduce directamente en intención de voto: Bregman tiene apenas 11,9% de voto seguro, mientras que 51,7% asegura que nunca la votaría.

El relevamiento de agosto deja un escenario sin grandes desplazamientos. Ninguno de los principales dirigentes supera el 30% de voto seguro y todos enfrentan niveles de rechazo superiores al 50%.

Milei aparece con 26,5% de voto seguro, apenas por encima de Kicillof, que alcanza el 25,9%.

Los números describen un escenario electoral todavía abierto, pero con una característica definida: los principales dirigentes tienen dificultades para ampliar sus respectivas bases.

El oficialismo conserva un núcleo de respaldo cercano al 39% cuando se consulta por la continuidad del modelo económico, aunque enfrenta una demanda creciente de resultados. La oposición, por su parte, todavía no consigue capitalizar plenamente el descontento.

De cara a 2027, el desafío podría estar tanto en ampliar el electorado como en evitar una fragmentación interna. Con niveles de rechazo elevados y un electorado fuertemente condicionado por la situación económica, la capacidad de conservar unido el voto propio podría ser tan determinante como la posibilidad de sumar nuevos votantes.

El deporte entrerriano contará con una nueva herramienta para acceder a recursos. La Ley de Mecenazgo Deportivo, recientemente sancionada, permitirá que empresas y personas realicen aportes destinados a clubes, instituciones y deportistas, con beneficios fiscales para quienes participen del régimen.

La norma también crea un Fondo Solidario del Deporte, que busca evitar que el acceso al financiamiento quede concentrado únicamente en los proyectos que logren conseguir patrocinadores privados.

La iniciativa fue destacada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes como una nueva herramienta dentro de la política deportiva provincial.

El régimen permitirá que personas físicas y jurídicas y empresas realicen aportes para financiar proyectos vinculados con clubes, instituciones y deportistas entrerrianos.

Quienes efectúen esos aportes podrán deducirlos de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un límite general establecido en el 12%.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la creación del Fondo Solidario del Deporte, que recibirá el 20% de los aportes realizados mediante el régimen de mecenazgo.

El objetivo es ampliar las oportunidades para aquellos proyectos que no consigan un patrocinio directo y favorecer una distribución más equilibrada de los recursos deportivos en el territorio provincial.

Durante una conferencia de prensa, Colello sostuvo que la nueva legislación forma parte de una política destinada a acompañar el desarrollo de los deportistas y las instituciones.

“En Entre Ríos verdaderamente hay mucho potencial en materia deportiva y lo que necesita ese potencial es un Estado que acompañe y que les brinde las herramientas para poder explotarse”, afirmó.

El funcionario también destacó el rol del Fondo Solidario y consideró que permitirá avanzar hacia un crecimiento más equilibrado del deporte entrerriano.

“A través de este fondo solidario, esta Ley de Mecenazgo va a consolidar un crecimiento equitativo y justo a lo largo y lo ancho de toda la provincia”, señaló.

La Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación de la nueva normativa. Entre sus funciones estará la evaluación y aprobación de los proyectos que busquen acceder al régimen.

Ahora resta avanzar con la reglamentación de la ley, etapa en la que deberán definirse los mecanismos concretos para su implementación.

Según se informó, se trabaja en una propuesta que será presentada al Consejo Provincial del Deporte (Coprode). La intención es establecer un procedimiento ágil y reducir al mínimo posible la carga burocrática.

La instrumentación se realizará a través de Mi Entre Ríos.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la importancia de la normativa para clubes y deportistas de la provincia.

“Es la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano. Resume mucho más que una ley: viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”, afirmó.

El Mecenazgo Deportivo se suma a otras políticas que lleva adelante la provincia, entre ellas el seguro deportivo gratuito, los subsidios a la tarifa eléctrica para clubes, programas de becas y desarrollo deportivo y la reducción de costos de seguridad para eventos.

También se encuentra Ganá con tu Club, iniciativa mediante la cual el club elegido por quien compra una rifa recibe el 60% de los ingresos correspondientes.

La estrategia provincial también incluye obras de infraestructura y el impulso de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

Entre las acciones mencionadas se encuentran las mejoras en la iluminación de canchas de fútbol y la renovación integral a sistema LED del estadio Nafaldo Cargnel de Paraná.

A esto se suma la realización y proyección de grandes eventos deportivos en territorio entrerriano, como el Ironman en Gualeguaychú, el regreso del Turismo Carretera a Paraná, los Juegos ODESUR y el Mundial de Canotaje previsto para Gualeguaychú.

La apuesta oficial combina así financiamiento, infraestructura y grandes competencias, con el objetivo de fortalecer el sistema deportivo entrerriano y aprovechar además el movimiento económico y turístico que generan este tipo de acontecimientos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le toca "defender los intereses" de los argentinos, por sobre los personales y criticó los bienes que produce la industria nacional, en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria.

"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó Caputo que también calificó -sin nombrarlo- como poco "decorosa" la declaración de Moretti. 

No obstante, el funcionario, recién llegado a la Argentina tras su reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, agregó: "Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos".

En otro tramo, Caputo defendió la "economía en dos velocidades": "El crecimiento va a venir por las exportaciones". Argumentó que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. "Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió.

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme". En esa línea, Caputo dijo que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que "está mal que se le dé una connotación negativa".

Sobre el final de su disertación, Caputo anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos. 

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio que elimina la pensión vitalicia para quienes ocupen los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia.

De esta manera, Entre Ríos deja sin efecto la Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, que establecía un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación.

La iniciativa había sido enviada por Frigerio en enero de 2024 y, luego de ser tratada por ambas cámaras y modificada durante su paso por el Senado, obtuvo la sanción definitiva en Diputados.

A partir de la nueva ley, quienes ejerzan estos cargos en adelante no podrán acceder a la pensión vitalicia una vez finalizados sus mandatos.

La derogación también alcanza a las actuales autoridades provinciales. Por eso, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder al beneficio establecido por la legislación que acaba de ser derogada.

Tras la sanción, Frigerio destacó que se trata de una medida que había planteado desde el comienzo de su gestión y que forma parte de su política para eliminar beneficios especiales asociados al ejercicio de cargos públicos.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión”, afirmó.

El mandatario agregó que la medida forma parte de un proceso más amplio de transformación de la administración provincial.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo.

La Ley Nº 4.506 había establecido un régimen previsional especial para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos.

Según la legislación ahora derogada, la prestación equivalía al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

El régimen permaneció vigente durante más de seis décadas, hasta la sanción de la nueva norma promovida por el Poder Ejecutivo provincial.

La eliminación de la pensión se inscribe, según planteó el Gobierno provincial, dentro de una agenda vinculada con la austeridad, la transparencia y la ética pública.

El objetivo declarado es revisar regímenes especiales y eliminar beneficios que la actual gestión considera incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Frigerio cerró su mensaje con una definición que vinculó directamente la reforma con quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado:

“Si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

El gobierno de Entre Ríos oficializó la puesta en marcha de un paquete de medidas de alivio fiscal, energético y financiero destinado al sector turístico provincial. La iniciativa busca contener la pérdida de rentabilidad que afecta a los prestadores por el contexto macroeconómico, reducir costos de funcionamiento durante la temporada baja y fomentar el turismo interno en todo el territorio entrerriano.

En conferencia de prensa, el día jueves el secretario general de la gobernación, Mauricio Colello, junto al presidente y la vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto y Marcela Santamaría, precisó los alcances del programa anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Colello remarcó que, pese a las dificultades económicas y climáticas, la provincia cuenta con los recursos necesarios para superar la coyuntura. "El turismo se ha constituido a nivel mundial como uno de los principales generadores de empleo. Desde el gobierno acompañamos este difícil momento para poner a Entre Ríos nuevamente entre los destinos más elegidos del país", sostuvo.

Por su parte, Satto destacó que estas herramientas son fruto de un trabajo coordinado para atender la brecha entre las tarifas generales y las de alojamiento, mientras que Santamaría recordó que es requisito indispensable que los emprendimientos estén homologados en el Emturer para acceder a los programas.

Respecto del mecanismo de acceso, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, detalló que las solicitudes se canalizan de manera remota a través de la web oficial (www.entrerios.gov.ar/beneficiosturismo) o mediante el portal Mi Entre Ríos. Los interesados deben ingresar con sus credenciales de ARCA o Mi Argentina, cargar la documentación requerida y realizar el seguimiento en línea.

En materia impositiva, el director de ATER, Jesús Korell, confirmó que entre septiembre y diciembre regirá un descuento del 20% en el impuesto a los Ingresos Brutos para hoteles, agencias de viajes, guías, complejos termales, turismo aventura y parques temáticos. Además, las plazas hoteleras mantendrán exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano según la cantidad de empleados registrados, acumulando beneficios por pago anticipado y buen cumplimiento fiscal que permiten alcanzar reducciones de entre el 30% y el 75%.

Para estimular el consumo interno, desde el 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre estará vigente una promoción con la tarjeta Sidecreer. Según explicó la gerenta general de la entidad, Gabriela Vergara, el programa financiará hasta el 50% de la estadía —con un tope de $500.000 por usuario— permitiendo abonar hasta $250.000 en 12 cuotas sin interés, mientras que el prestador cobrará la totalidad del servicio a los 35 días.

En el plano energético, Germán Rojas, coordinador de Tarifas de la Secretaría de Energía, indicó que se aplicará un subsidio directo en las facturas de consumo de alojamientos y termas de entre el 4% y el 15%, según la categoría tarifaria (TG1, T-22 y T-33). Se estima una inversión provincial de 232 millones de pesos para alcanzar a unos 650 establecimientos.

Finalmente, Guillermo Gorskin, representante técnico ante el CFI, anunció una línea de 'Financiamiento Verde' de hasta 500 millones de pesos por emprendimiento. La operatoria cuenta con un plazo de devolución de hasta 60 meses, un año de gracia, una tasa fija del 21% durante los primeros dos años y el respaldo del Fondo de Garantía de Entre Ríos (Fogaer).

El Ejecutivo Provincial dispuso una reducción impositiva destinada a aliviar la carga tributaria sobre la cadena de valor turística. Según lo dictaminado en el Boletín Oficial Nº 28.407, las empresas y emprendimientos del sector contarán con un descuento del 20% en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos que se devenguen durante los últimos cuatro meses del año.

La medida toma como marco de referencia la Ley Provincial Nº 9946 de Turismo y el Artículo 196° del Código Fiscal. En sus fundamentos, la normativa destaca el valor estratégico de la actividad para la economía entrerriana al señalar que "constituye un sector estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de la Provincia de Entre Ríos, en razón de su capacidad para movilizar recursos, generar actividad económica, promover inversiones y empleo".

En cuanto a las prestaciones alcanzadas, la norma abarca una amplia diversidad de rubros esenciales para la oferta turística provincial. Según especifica el cuerpo del decreto, la medida beneficia a:

Respecto a las pautas y condiciones fijadas en el articulado formal, la norma establece "con carácter general y transitorio, una reducción del veinte por ciento (20%) de las alícuotas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades enumeradas en el Anexo".

Por su parte, precisa los plazos al disponer que "las disposiciones del presente Decreto tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, comprendiendo exclusivamente los ingresos atribuibles a las actividades alcanzadas que se devenguen durante dicho período".

En tanto, aclara los casos de oferta mixta al señalar que "cuando un mismo contribuyente desarrolle conjuntamente actividades comprendidas y no comprendidas en el beneficio establecido por el presente Decreto, la reducción resultará aplicable exclusivamente respecto de los ingresos provenientes de las actividades alcanzadas".

Finalmente, el Poder Ejecutivo encomendó a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el dictado de las normas reglamentarias y los mecanismos de control necesarios para la implementación del régimen, estableciendo además que el beneficio no resultará acumulable con otras reducciones impositivas vigentes para la misma actividad.

Durante años, la provincia destinó recursos a la alimentación escolar sin contar con las herramientas necesarias para conocer con precisión qué recibía cada alumno, bajo qué estándares nutricionales y con qué trazabilidad sobre los recursos invertidos.

Esa dificultad no es menor. Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, la responsabilidad del Estado no termina en asignar recursos. También implica garantizar la calidad de la prestación, establecer criterios comunes y poder controlar sus resultados.

Por eso iniciamos un proceso de transformación del sistema alimentario escolar. La reciente decisión de la Justicia permite continuar ese proceso y establece condiciones que vamos a respetar y cumplir.

El fallo no cuestiona la facultad del Gobierno provincial para transformar el sistema alimentario escolar ni impide avanzar con un esquema centralizado para desayunos y meriendas. Por el contrario, reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el programa, establecer los mecanismos de adquisición, definir los productos y los menúes, seleccionar proveedores dentro del marco legal y disponer los controles necesarios. También reconoce la documentación técnica presentada por la Provincia y el diagnóstico que dio origen a la centralización de las compras para mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación.

Al mismo tiempo, ratifica que los productos alcanzados por el etiquetado frontal no pueden formar parte de la prestación.

Una cosa es revisar o reemplazar un producto y otra muy distinta es frenar una transformación de todo el sistema. Eso es importante porque permite separar dos discusiones que no deberían confundirse.

Nosotros no tenemos ningún problema en controlar y eventualmente corregir un producto determinado. Al contrario: si un producto debe cambiarse, se cambia. Si tiene que reformularse, se reformula. Si la Justicia dispone que no debe utilizarse, se cumple.

No estamos acá para defender una galletita, una marca o una empresa. Estamos para defender a nuestros chicos y una política pública que creemos que puede mejorar sustancialmente la alimentación escolar en Entre Ríos.

Porque la discusión de fondo no puede ser solamente dónde se compra. Lo verdaderamente importante es qué desayunan nuestros alumnos, qué calidad nutricional tiene lo que reciben y si podemos garantizarles a todos el mismo estándar, vivan donde vivan.

Cuando asumimos el gobierno encontramos un sistema que durante años había funcionado de manera fuertemente descentralizada. La provincia transfería recursos y cada establecimiento resolvía qué comprar, dónde hacerlo y cómo administrar esos fondos.

Ese modelo tenía ventajas. Una de ellas era la posibilidad de comprar en comercios cercanos a las escuelas. Pero también tenía problemas estructurales.

El Estado podía saber cuánto dinero transfería para alimentación escolar, pero tenía muchas más dificultades para responder preguntas elementales: qué estaba comiendo efectivamente cada chico, qué producto se había comprado con cada peso, cuánto se había pagado y si existía un estándar nutricional común para todos los alumnos de Entre Ríos.

También era un sistema que dejaba un amplio margen de discrecionalidad y presentaba enormes dificultades para garantizar una trazabilidad completa de los recursos.

No corresponde prejuzgar responsabilidades. Para eso están los organismos de control y la Justicia. Pero sí tenemos la responsabilidad política de preguntarnos si el sistema que encontramos ofrece las herramientas suficientes para prevenir esas situaciones.

Nuestra conclusión fue que había que cambiarlo.

Y no fue una decisión improvisada ni tomada como consecuencia de una polémica reciente.

Prácticamente desde el comienzo de nuestra gestión empezamos a analizar las debilidades del sistema y a diseñar una alternativa que nos permitiera garantizar mejores estándares nutricionales, mayor igualdad y, sobre todo, mucha más transparencia y capacidad de control.

De ese proceso surgió una licitación pública y abierta, realizada bajo las reglas y procedimientos correspondientes, de la cual resultó adjudicataria una empresa. Es precisamente el mecanismo que corresponde utilizar para garantizar transparencia en la utilización de los recursos del Estado.

La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones establecidas, como cualquier proveedor del Estado. Entre ellas, la combinación de alimentos debe aportar aproximadamente el 50% de los requerimientos diarios de micronutrientes de los alumnos en edad escolar. Y el Gobierno deberá controlarla.

Nuestro compromiso no es con una empresa. Nuestro compromiso es con el funcionamiento del sistema.

El cambio parte de una definición muy sencilla: no alcanza con saber cuánto dinero invertimos; tenemos que poder saber qué recibe cada alumno a cambio de esa inversión.

Por eso diseñamos un sistema mixto.

Los desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, que permitirá establecer estándares nutricionales comunes y garantizar trazabilidad sobre todo el proceso: qué se compra, cuánto se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y quién lo recibe.

La centralización de estas compras es un modelo que, con distintas modalidades, ya utilizan casi la mitad de las jurisdicciones del país.

Además, permitirá algo que hasta ahora no podíamos garantizar: que todos los alumnos tengan acceso al mismo desayuno y a los mismos nutrientes, sobre la base de una política nutricional común para toda la provincia.

Los almuerzos, en cambio, seguirán siendo administrados por las escuelas.

Los establecimientos continuarán comprando los alimentos necesarios para preparar las comidas y esas compras seguirán generando actividad en almacenes, supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías y otros proveedores de cada localidad.

Esto es importante: no estamos centralizando toda la alimentación escolar.

Estamos construyendo un sistema mixto que busca aprovechar las ventajas de ambos mecanismos.

En los almuerzos, la cercanía permite incorporar productos frescos, trabajar con proveedores locales y adaptar las compras a las necesidades de cada establecimiento. La provisión de frutas, que actualmente se realiza como parte de los almuerzos, se mantendrá sin modificaciones. La centralización de desayunos y meriendas no altera esa prestación ni implica dejar de ofrecer alimentos frescos a los alumnos. La fruta nunca formó parte del desayuno y esta transformación no la elimina de la alimentación de los chicos. En desayunos y meriendas, la escala provincial permite establecer estándares comunes, mejorar los controles y conocer exactamente qué reciben los alumnos.

Centralizamos aquello que necesita escala, estándares y trazabilidad. Mantenemos descentralizado aquello donde la proximidad y la compra local agregan valor.

Y centralizar una parte de la prestación tampoco significa darle la espalda a la producción y al trabajo entrerrianos. El nuevo sistema genera 60 puestos de trabajo directos, la logística será realizada por empresas entrerrianas y productos como la leche y la harina serán adquiridos a empresas de nuestra provincia.

Y existe una razón todavía más profunda para hacerlo: la igualdad.

El código postal de un alumno no puede determinar la calidad de la alimentación que recibe.

No puede haber un desayuno distinto según la escuela a la que le tocó ir a un alumno o el lugar de la provincia en el que nació. Si hablamos de una política alimentaria provincial, tenemos que ser capaces de garantizar un piso común para todos.

Eso significa transformar la alimentación escolar en una verdadera política provincial.

Sabemos que cualquier transformación de esta magnitud genera discusiones, intereses afectados y resistencias. También sabemos que podemos equivocarnos y que siempre habrá cosas que corregir.

Lo ocurrido con la intervención de la Justicia demuestra precisamente por qué una política pública debe estar abierta al control.

No queremos un sistema que no pueda ser cuestionado. Queremos un sistema que pueda ser controlado, evaluado y mejorado.

La transparencia tampoco consiste solamente en publicar cuánto dinero gastó el Estado. Significa poder reconstruir el recorrido de cada peso: qué compramos, cuánto pagamos, quién lo entregó, dónde llegó y quién lo recibió.

Durante demasiado tiempo discutimos la alimentación escolar fundamentalmente en términos de cuánto dinero transfería el Estado. Queremos empezar a discutir algo más importante: qué reciben nuestros chicos por ese dinero.

Ese es el cambio de fondo. Pasar de financiar compras a garantizar alimentación. De cientos de decisiones aisladas a estándares comunes. De controles fragmentados a trazabilidad. De saber cuánto gastamos a poder explicar qué recibe cada chico por cada peso que invierten los entrerrianos.

La decisión de la Justicia será respetada y cumplida. Y todas las observaciones que permitan mejorar el sistema serán incorporadas.

Pero también vamos a sostener la decisión de transformar aquello que creemos que debe cambiar.

Nos eligieron, entre otras cosas, para cambiar lo que durante años funcionó mal, aunque hacerlo genere discusiones y resistencias.

Y si hay un tema donde no podemos resignarnos a que las cosas sigan funcionando de manera deficiente, es en la alimentación de nuestros alumnos. Ahí tenemos la obligación de exigir más, controlar mejor y cambiar todo lo que sea necesario para garantizarles lo que corresponde.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó la cesantía de un chofer de ambulancia del Hospital San Francisco de Asís de Crespo, luego de rechazar el recurso de revocatoria presentado contra la sanción.

Se trata de G. Brumatti, quien fue separado de la administración pública provincial después de que, en marzo de 2023, protagonizara un siniestro vial mientras conducía un vehículo particular y registrara 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre en un control de alcoholemia.

La decisión quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos del viernes 14 de agosto de 2026. El Ejecutivo provincial consideró que la conducta del agente produjo un quiebre de la confianza necesaria para el desempeño de sus funciones, particularmente por tratarse de un trabajador que se desempeñaba como chofer de ambulancia y estaba afectado a una guardia pasiva.

El episodio que dio origen al sumario administrativo ocurrió el 17 de marzo de 2023, alrededor de las 16:20, en la intersección de Avenida Humberto Seri y Estrada, en Crespo.

Brumatti circulaba a bordo de un Renault 19 cuando protagonizó un siniestro vial. Al intervenir personal de tránsito municipal, se le practicó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,52 gramos de alcohol en sangre.

A raíz del resultado, los inspectores labraron las actas correspondientes y procedieron a la retención preventiva del vehículo.

En ese momento, Brumatti se desempeñaba como personal extraordinario con estabilidad dentro del escalafón general del Hospital San Francisco de Asís y estaba asignado formalmente a una guardia pasiva como chofer de ambulancia.

La entonces directora del hospital, Sandra Scarso, intervino en el procedimiento y dispuso su desafectación inmediata de la guardia por razones de seguridad.

Al recurrir la sanción, Brumatti cuestionó distintos aspectos del procedimiento administrativo.

Entre sus argumentos, planteó dudas sobre la validez de la prueba de alcoholemia, cuestionó la ausencia de una segunda contraprueba y sostuvo que al momento del hecho no se encontraba prestando funciones directas en el hospital.

También solicitó que la cesantía fuera reemplazada por una sanción menor, concretamente una suspensión de 20 días sin goce de haberes, tomando en consideración que no registraba antecedentes disciplinarios, su antigüedad y su desempeño laboral.

El trabajador también cuestionó la fundamentación del decreto que había dispuesto originalmente su cesantía.

Al analizar el recurso, la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado consideraron que no existían elementos suficientes para modificar la sanción.

El decreto señala que las actas labradas por la autoridad municipal constituyen prueba suficiente de la infracción y que cumplen con los requisitos reglamentarios para su validez.

El Ejecutivo también sostuvo que cualquier cuestionamiento relacionado con la legalidad del procedimiento de alcoholemia debía ser planteado ante las autoridades correspondientes en el ámbito de las infracciones de tránsito, y no dentro del sumario administrativo laboral.

En ese sentido, consideró acreditado que Brumatti conducía durante la tarde con un nivel de alcohol en sangre que calificó como elevado.

Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno provincial para mantener la cesantía fue la función que cumplía Brumatti dentro del hospital.

El decreto sostiene que su comportamiento generó una pérdida de confianza por parte del Estado empleador, especialmente porque el agente se desempeñaba como chofer de ambulancia y se encontraba afectado a una guardia pasiva.

Para el Ejecutivo, esa circunstancia comprometía los deberes de diligencia y cuidado exigidos para el puesto.

La resolución encuadró la conducta en los deberes establecidos por el artículo 61 de la Ley Nº 9755, que regula el empleo público en Entre Ríos. En particular, se consideró incumplido el deber de prestar el servicio con eficiencia y eficacia, observar las normas legales y reglamentarias y respetar el ordenamiento jurídico vigente.

Otro de los puntos analizados fue la recomendación de la Comisión Asesora de Disciplina, que había sugerido una sanción de 20 días de suspensión sin goce de haberes.

El Ejecutivo provincial decidió apartarse de esa recomendación.

Según el decreto, los dictámenes de los organismos disciplinarios tienen carácter de consejo, opinión o sugerencia y no resultan vinculantes para la autoridad que debe tomar la decisión final.

La Fiscalía de Estado sostuvo que el Poder Ejecutivo podía apartarse de ese criterio siempre que existieran razones fundadas, algo que, según la resolución, ocurrió en este caso.

El decreto también rechazó el argumento de que la sanción aplicada resultara excesiva.

Para el Ejecutivo, la cesantía guarda relación con la conducta atribuida al agente y con las características particulares de su función.

La resolución remarca que no se trató solamente de una infracción de tránsito, sino de una conducta ocurrida mientras Brumatti estaba vinculado a una guardia pasiva como chofer de ambulancia de un establecimiento sanitario público.

En consecuencia, consideró que el episodio afectó de manera sustancial la confianza necesaria para mantener el vínculo laboral con el Estado.

Luego de analizar los planteos, la Provincia concluyó que el Decreto Nº 570/26 GOB, mediante el cual se había dispuesto la cesantía, no presentaba vicios de arbitrariedad o ilegitimidad.

Con el Dictamen Nº 0362/26 de la Fiscalía de Estado, el gobernador resolvió finalmente rechazar el recurso de revocatoria presentado por G. D. Brumatti.

De esta manera, quedó firme la sanción de cesantía y la separación del agente de los cuadros de la administración pública provincial.

La decisión fue refrendada por el ministro de Salud y publicada en el Boletín Oficial de Entre Ríos, cerrando el trámite administrativo iniciado a partir del episodio ocurrido en Crespo en marzo de 2023.

Los antecedentes disponibles nos revelan que, durante décadas, una parte considerable de las tierras fiscales de Entre Ríos permaneció sometida a una administración fragmentada, con ocupaciones que no siempre estaban formalizadas y con información patrimonial dispersa entre distintos organismos. En consecuencia, la actual gestión provincial decidió avanzar sobre ese terreno y asegura haber regularizado unas 110.000 hectáreas, aproximadamente el 60 por ciento de las tierras fiscales entrerrianas.

La mayor concentración de esas superficies está en el Delta, particularmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.

El mecanismo utilizado fue, principalmente, la formalización de las ocupaciones mediante permisos onerosos de uso del suelo. Las tierras que estaban siendo utilizadas sin un vínculo contractual regular, mediante la determinación del gobernador Frigerio pasaron a generar una relación formal con el Estado y, consecuentemente, ingresos para las arcas provinciales.

El resultado económico puede medirse con una cifra concreta. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Dirección de Administración de Tierras Fiscales recaudó $507.147.000, que fueron transferidos al Tesoro provincial. El dato surge de documentación presupuestaria oficial y corresponde al Fondo de Colonización previsto por la legislación provincial.

La dimensión del problema ayuda a entender por qué la Provincia decidió modificar su estructura administrativa.

La regularización de las 110.000 hectáreas no nació con la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER), creada en 2025 y presidida por Eduardo Asueta. El trabajo comenzó en organismos que ya existían, especialmente la Dirección de Administración de Tierras Fiscales. La nueva Agencia, creada posteriormente, absorbió esa estructura junto con la Unidad de Control de Inmuebles que dependía de la Fiscalía de Estado y

En agosto de 2025, la Legislatura sancionó la Ley 11.210, que creó la AABIPER como organismo descentralizado con autarquía económica y financiera. La norma le asignó el carácter de órgano rector y centralizador de las actividades vinculadas con los inmuebles del Estado provincial.

La creación de la Agencia apunta a resolver una cuestión que va bastante más allá de las tierras del Delta: la Provincia no contaba con un inventario patrimonial único y actualizado de todos sus inmuebles.

La nueva ley creó precisamente un Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial. Deberá contener, entre otros datos, la inscripción dominial y catastral, antecedentes de adquisición, ubicación georreferenciada, situación de uso u ocupación y responsables de su administración o custodia.

Es decir que la tarea consiste, en buena medida, en construir el mapa patrimonial del Estado entrerriano.

El proceso de ordenamiento tuvo además un capítulo judicial.

En julio de 2025, la Provincia recuperó 5.245 hectáreas en las islas Lechiguanas, luego de que la Justicia declarara nulas operaciones de venta realizadas entre 1979 (Gral. Carlos E. Aguirre) y 1997 (Dr. Jorge Busti). Se trataba de tierras fiscales que habían salido del patrimonio provincial durante la última dictadura militar y parte del gobierno democrático, cuya recuperación requirió una extensa disputa judicial.

Ese caso es diferente de la regularización de las ocupaciones actuales, pero muestra que el problema patrimonial provincial no se limita a determinar quién ocupa una tierra fiscal. También existen situaciones en las que el Estado debe reconstruir la historia dominial de un inmueble y defender judicialmente su propiedad.

Un dato a remarcar es que la AABIPER, que tendrá bajo su órbita los inmuebles provinciales que no posean una afectación específica o cuyo uso resulte ocioso o inconveniente para los intereses del Estado, si bien podrá intervenir en la venta de inmuebles del dominio privado provincial, antes de una operación de esa naturaleza deberá intervenir un Veedor de Gestión y Transparencia, y las ventas deben ser puestas a consideración de la Legislatura. La ley también obliga a destinar ese dinero a inversiones específicas en estructura sanitaria, educativa y administrativa.

Tampoco es que salió la ley y el problema patrimonial está resuelto, queda mucho inventario por hacer, además de determinar la situación jurídica y física de cada inmueble. Regularizar 110.000 hectáreas constituye un avance considerable, pero no significa que el problema patrimonial esté resuelto. Además, si un particular obtiene el uso de una propiedad pública, el Estado debe poder determinar por qué se le concede, durante cuánto tiempo, cuánto paga y bajo qué condiciones. Y esa información debería estar a disposición de cualquier ciudadano.

Es bien conocido en algunos ámbitos -fuera de muchas adjudicaciones formales y correctas o posesiones discutibles porque llevan décadas o un siglo-, los negocios que se vienen haciendo a lo largo del tiempo, al amparo de prebendas, acomodos, usurpaciones y sobornos que, aún siendo evidentes, siempre debemos cuidarnos de catalogarlos como presuntos, aunque sean evidentes. Y en esto el Estado ha sido el único responsable.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Juan Cosso, defendió el dictamen elaborado por el bloque de senadores justicialistas sobre la reforma previsional y aseguró que la propuesta "demuestra que es posible fortalecer la Caja de Jubilaciones sin avanzar sobre derechos adquiridos ni trasladar el costo de la reforma a los trabajadores y jubilados".

El legislador explicó que la iniciativa del PJ es el resultado del trabajo realizado durante el tratamiento legislativo del proyecto, incorporando aportes de especialistas, representantes de distintos sectores y organizaciones vinculadas al sistema previsional.

"Desde el primer día dijimos que no nos íbamos a limitar a rechazar el proyecto del Gobierno. Elaboramos una propuesta seria, técnicamente fundada y con una mirada de largo plazo. Nuestro objetivo fue demostrar que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin seguir ajustando sobre quienes sostienen la Caja con su trabajo o ya cumplieron toda una vida de aportes", expresó Cosso.

El senador destacó que, a diferencia del proyecto oficial, el dictamen del PJ no declara la emergencia previsional y plantea reformas estructurales permanentes, incorporando mecanismos de transparencia y planificación como la creación del Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional (FESP), una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad para fortalecer la administración del sistema.

Uno de los puntos que Cosso consideró centrales es el tratamiento de los regímenes especiales, particularmente el docente.

"Quiero llevar tranquilidad a miles de docentes entrerrianos porque nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está ejerciendo verá modificadas las condiciones con las que planificó su jubilación", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto del PJ ofrece mayores garantías que la iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Nuestro dictamen elimina uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial: no obliga a los docentes ni a los demás beneficiarios de regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados. El proyecto del Gobierno sí establece un aporte solidario durante la pasividad hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, lo que significa una reducción adicional de haberes para personas que ya se retiraron después de cumplir toda su carrera laboral", explicó.

"Nosotros creemos que la sustentabilidad del sistema no puede construirse castigando a quienes ya se jubilaron. Por eso proponemos un esquema que protege a los trabajadores actuales, brinda previsibilidad a los nuevos ingresantes y evita seguir afectando los ingresos de los jubilados", agregó.

Cosso también remarcó que el dictamen del PJ mantiene los 30 años de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio, mientras que el proyecto oficial eleva ese requisito a 35 años.

Además, explicó que la propuesta justicialista establece que el haber jubilatorio se calcule sobre los últimos 120 meses de servicios computables, mientras que la iniciativa del Ejecutivo extiende ese período a 180 meses, una modificación que, según indicó, termina reduciendo el monto de las futuras jubilaciones.

Otro aspecto destacado es que el dictamen no incorpora nuevos aportes extraordinarios para los trabajadores activos.

"En lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes trabajan, proponemos un aporte institucional extraordinario para los cargos políticos de mayores ingresos y creamos el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, con recursos específicos provenientes de distintas fuentes. Creemos que primero hay que generar nuevos mecanismos de financiamiento antes que seguir pidiendo esfuerzos a los trabajadores", señaló.

Asimismo, resaltó que la iniciativa garantiza una fórmula de movilidad que combina en partes iguales la evolución de la inflación y las paritarias, estableciendo un piso de actualización equivalente al Índice de Precios al Consumidor para preservar el poder adquisitivo de los haberes.

Finalmente, Cosso sostuvo que el dictamen elaborado por el bloque justicialista "representa una alternativa responsable y equilibrada".

"El desafío no es elegir entre sostener la Caja o proteger derechos. Nuestro dictamen demuestra que ambas cosas son posibles. La verdadera sustentabilidad se construye con planificación, transparencia, nuevas fuentes de financiamiento y respeto por quienes aportaron durante toda su vida. Ese es el camino que proponemos desde el bloque justicialista", concluyó

La medida quedó oficializada mediante el Decreto Nº 1793, suscripto también por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial.

La decisión se conoció luego de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos solicitara formalmente al Ejecutivo provincial el traslado de la jornada no laborable.

En una nota enviada al gobernador, el sindicato argumentó que, al coincidir este año la fecha con un sábado, muchos trabajadores no podrían disfrutar efectivamente del beneficio establecido por ley.

“Consideramos que sería un gesto disponer el traslado de la jornada no laborable al viernes 26 o al lunes 29 de junio, permitiendo así que la conmemoración adquiera el carácter reivindicativo con el que fue concebida”, señalaron desde la organización gremial.

Asimismo, recordaron que decisiones similares fueron adoptadas en años anteriores mediante decretos provinciales que adelantaron la fecha cuando coincidía con jornadas no laborables para gran parte de los agentes estatales.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial sostiene que el adelantamiento constituye un reconocimiento a la labor que desarrollan diariamente los trabajadores de la administración pública.

La norma establece de manera excepcional que la jornada correspondiente al Día del Trabajador Estatal será observada el 26 de junio, permitiendo que los agentes provinciales puedan acceder al beneficio en una fecha hábil.

Desde UPCN valoraron la decisión y habían expresado previamente que una medida de estas características sería considerada positivamente por los trabajadores del sector.

El feriado alcanzará a todo el personal de la Administración Pública Provincial. Sin embargo, el decreto aclara que aquellos agentes que deban cumplir funciones por integrar servicios esenciales deberán prestar tareas normalmente.

En esos casos, se prevé el otorgamiento de un franco compensatorio para quienes deban cumplir guardias o garantizar la continuidad de prestaciones consideradas indispensables para la comunidad.

De esta manera, los trabajadores estatales entrerrianos tendrán este año su jornada conmemorativa el viernes 26 de junio, en reemplazo de la fecha original prevista para el sábado 27.

El gobernador de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.210 mediante el Decreto Nº 1315/2026, una medida que marca un hito en la gestión del patrimonio público provincial. La puesta en marcha de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) centralizará el control de los inmuebles estatales bajo una estructura unificada.

La nueva agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales la Administración Pública provincial posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, el control, la regularización y el aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Con la reglamentación aprobada, la Provincia busca avanzar hacia una gestión más eficiente y coordinada de su patrimonio territorial, estableciendo mecanismos que permitan mejorar el control de las tierras fiscales, optimizar el uso de los inmuebles públicos y fortalecer la planificación de las políticas vinculadas al suelo estatal.

Uno de los aspectos centrales del decreto es el traslado integral de recursos desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado hacia la nueva agencia.

La decisión implica que la AABIPER asumirá plenamente las funciones, competencias y responsabilidades que hasta ahora desarrollaban esos organismos.

El decreto fija como fecha límite para esta etapa transitoria el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual se prevé completar la organización interna necesaria para que la agencia opere con autonomía administrativa.

La reglamentación también aborda la distribución de los recursos que genere la actividad inmobiliaria de la agencia, un aspecto previsto por la ley que dispuso su creación.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una reforma institucional orientada a concentrar la administración del patrimonio inmobiliario estatal en un único organismo especializado. La medida pretende mejorar el control de las tierras fiscales, ordenar la información sobre los inmuebles públicos y dotar al Estado de una herramienta específica para planificar, administrar y aprovechar de manera más eficiente sus bienes territoriales.

El departamento Victoria alberga aproximadamente 128 mil hectáreas pertenecientes al Estado provincial sobre un total de 432.500 hectáreas que conforman el humedal, según datos actualizados de Catastro.

Históricamente, la Dirección de Tierras Fiscales administró estos campos aptos para la ganadería, una actividad que atraviesa un período favorable en términos de rentabilidad. A ello se suma la apicultura que, con las recientes disposiciones que permiten exportar con tasa cero, aparece como una alternativa productiva de creciente interés.

En distintas épocas estuvo vigente un sistema de arrendamiento denominado “tenencia precaria”, mediante el cual los ocupantes debían abonar un canon anual, además de los tributos provinciales correspondientes.

La extensión de estas islas, ubicadas en un territorio prácticamente despoblado, también dio origen a numerosos litigios que aún se tramitan o fueron resueltos en la Justicia. Sobre este punto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo oportunamente que estas tierras se encuentran “fuera del comercio”, condición que implica dos características fundamentales: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En otras palabras, no pueden venderse ni transferirse a particulares.

Muchos de los reclamos se promovieron bajo la figura de la usucapión o posesión veinteañal por parte de ocupantes que alegaban haber permanecido durante más de veinte años en esos terrenos. Según datos que hemos recabado, las acciones judiciales no prosperaron y las tierras continuaron bajo dominio provincial.

A partir de ahora, estas hectáreas quedarán bajo la administración de la nueva agencia, lo que abre interrogantes sobre las políticas que se aplicarán en un territorio de importante potencial productivo. En el futuro, mediante sistemas de concesión o arrendamiento, podría impulsarse el crecimiento de la actividad ganadera, ya que la agricultura intensiva se encuentra prohibida en estas áreas.

Se trata de extensiones que actualmente carecen de inversiones significativas por su condición de bienes estatales, pero que podrían convertirse en una herramienta de desarrollo si se implementan mecanismos adecuados de aprovechamiento y control.

Nogoyá.– Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas públicas ha sacudido la tranquilidad de la comuna de XX de Septiembre. La Unidad Fiscal local, procedió a la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tiene como principal imputada a la presidenta comunal de dicha localidad, Adriana Hernández. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de sospechas fundadas sobre la supuesta comisión de los delitos de peculado, apropiación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados de manera directa con las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad.

Más allá del impacto político que genera el inicio de una causa de estas características contra una autoridad electa, advierten que la gravedad del escenario radica en el denso contenido de las pruebas y las sospechas que sustentan el expediente. Ante este panorama, desde la fiscalía interviniente se han dispuesto medidas procesales concretas de alto impacto administrativo para intentar esclarecer si existió un desvío de los recursos estatales o una administración infiel del patrimonio comunitario.

En este sentido, el fiscal Martínez libró una serie de órdenes destinadas a requerir informes técnicos y detallados al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas provincial y a la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno. El objetivo central de estos requerimientos es reconstruir de manera minuciosa e histórica el recorrido completo y la trazabilidad de cada uno de los fondos y partidas que fueron enviados a la administración de Veinte de Septiembre desde el año 2012 hasta la fecha actual para el desarrollo de la mencionada obra edilicia.

La investigación judicial apunta a poner bajo la lupa un extenso archivo de documentos públicos que incluye transferencias bancarias, subsidios otorgados, expedientes de obra, balances contables, decretos comunales y la totalidad de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales. Asimismo, los peritos judiciales pretenden determinar si existieron intimaciones previas u observaciones por parte de los organismos de control ante la posible falta de presentación de información pública y rendiciones de cuentas por parte de la comuna, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales de nuestra ciudad a medida que ingresen las respuestas a los oficios emitidos.

En el marco de una reunión virtual organizada por el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, brindó detalles sobre la situación financiera del organismo y los principales aspectos de la reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.

Durante el encuentro, el funcionario explicó que el sistema previsional provincial enfrenta un importante déficit estructural, producto de diversos factores que se han profundizado con el paso de los años. Entre ellos mencionó la disminución de aportantes activos en relación con la cantidad de beneficiarios y el crecimiento de jubilaciones otorgadas bajo regímenes especiales.

Bagnat aclaró que los trabajadores estatales no son responsables de la situación actual de la Caja, sino que forman parte de un esquema que durante décadas permitió sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los aspectos señalados fue el desequilibrio existente entre los sectores público y privado. Según indicó, actualmente la cantidad de empleados públicos supera ampliamente a la de trabajadores privados que realizan aportes al sistema, una situación que impacta directamente en la sustentabilidad del régimen previsional entrerriano.

En relación con la reforma propuesta, sostuvo que el objetivo central es garantizar la viabilidad de la Caja a largo plazo. En ese marco, se plantea que quienes accedan a determinados regímenes jubilatorios especiales puedan continuar desempeñando tareas laborales y realizando aportes si optan por permanecer en actividad, contribuyendo así al fortalecimiento financiero del sistema.

Respecto de la edad jubilatoria, el titular de la Caja señaló que cualquier modificación se aplicaría de manera gradual, a través de un proceso de transición que podría extenderse entre cinco y veinte años. Asimismo, aseguró que las personas próximas a acceder al beneficio no sufrirán cambios en las condiciones vigentes.

También remarcó que los jubilados actuales mantendrán sus haberes y los derechos ya adquiridos, descartando modificaciones que afecten prestaciones en curso.

Otro de los temas abordados fue la movilidad jubilatoria. Según explicó, la propuesta oficial no contempla reducciones en los ingresos de los beneficiarios, aunque prevé una nueva fórmula de actualización que acompañe de manera más equilibrada las variaciones salariales de los trabajadores activos.

Durante la exposición se informó además que algunos sectores continuarán contando con regímenes especiales. Entre ellos se encuentran el personal policial, los artistas alcanzados por la Ley Provincial Nº 7.849 y determinados docentes que acrediten años de servicio frente al aula y cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, Bagnat se refirió a la creación de una paritaria única para algunos sectores específicos, mecanismo que permitiría vincular la evolución de las jubilaciones a acuerdos salariales propios de cada actividad y no exclusivamente a las actualizaciones del escalafón general de la administración pública.

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos destacaron la importancia del encuentro y valoraron el intercambio de información sobre una temática considerada clave para el futuro de miles de trabajadores activos y jubilados de la provincia.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La reciente presentación de proyectos en el marco del Régimen de Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI) dejó un dato que genera preocupación a nivel local: Victoria no figura entre las ciudades desde las cuales se solicitó ese beneficio para nuevas inversiones de las que generan empleo privado.

En total, 125 empresas impulsan iniciativas que representan una inversión cercana a los 208 millones de dólares, distribuidas en distintas localidades de Entre Ríos como Paraná (varias), Gualeguaychú, Colón, Federación, Diamante y La Paz. Sin embargo, la nuestra ciudad quedó al margen de este proceso.

Consultado sobre esta situación, el contador Daniel Zavala (*), con amplia trayectoria en el ámbito empresarial y económico, explicó que el principal problema radica en la falta de condiciones estructurales para atraer inversiones.

Según detalló, si bien en la ciudad existe un área destinada a la radicación industrial, la misma no cuenta con la infraestructura necesaria para resultar competitiva frente a otros polos. Entre las principales falencias mencionó la falta de accesos adecuados, servicios esenciales como gas y energía en condiciones óptimas, y la ausencia de pavimentación hasta los predios productivos.

Entrevistado por Paralelo32 también remarcó que, ante este escenario, los inversores optan por instalarse en ciudades donde estas condiciones ya están garantizadas, lo que reduce significativamente las posibilidades de que Victoria sea considerada.

Asimismo, señaló que muchas de las inversiones registradas en otras localidades provienen de capitales locales que buscan agregar valor a la producción regional, algo que en nuestro caso ocurre en menor medida.

Finalmente, sostuvo que el camino para revertir esta situación requiere una fuerte intervención del Estado en infraestructura, acompañada de políticas de incentivo, como beneficios impositivos (tasas), que permitan posicionar a la ciudad como una alternativa viable para futuras inversiones.

El desafío, según coinciden otros empresarios consultados, no es menor, se debe generar las condiciones básicas, para que Victoria deje de quedar al margen de oportunidades de desarrollo económico a gran escala, y en el futuro tampoco rechace inversiones como tantas oportunidades que se presentaron y fueron resistidas por sectores de la sociedad, vinculadas por lo general con la infraestructura turística.

(*) Daniel Zabala es contador, fue Convencional Constituyente, Concejal, Integrante de la CAME, ex Presidente del Centro Comercial y ex integrante de la Federación Económica de ER.

El gobierno de Entre Ríos puso en marcha la Ventanilla Única para Pymes, una herramienta destinada a facilitar el acceso al financiamiento y acompañar a pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de líneas de crédito y programas acordes a sus necesidades productivas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y ejecutada a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, busca brindar asesoramiento integral a las empresas entrerrianas, tanto para capital de trabajo como para proyectos de inversión productiva.

Desde el organismo provincial explicaron que el nuevo sistema permitirá a las Pymes acceder de manera más simple y ordenada a la información sobre alternativas de financiamiento disponibles, además de recibir acompañamiento técnico durante todo el proceso de postulación.

La secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, destacó que “la Ventanilla Única permite, además, acompañar a las empresas durante todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la presentación y seguimiento de las solicitudes, facilitando su vinculación con entidades financieras y organismos de financiamiento”.

Otro de los ejes de la propuesta es la promoción de la educación financiera. En ese sentido, el programa brindará herramientas para mejorar la comprensión del sistema crediticio y ampliar las posibilidades de acceso a financiamiento en mejores condiciones.

La funcionaria remarcó además que esta política “reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo de Entre Ríos, acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo, y fortaleciendo un entramado productivo más competitivo e integrado”.

La información completa sobre la Ventanilla Única y las líneas de asistencia disponibles puede consultarse en Ventanilla Única para Pymes de Entre Ríos

De acuerdo a estadísticas nacionales, se estima que más de 4.000 personas sufren intoxicaciones y alrededor de 200 fallecen anualmente por inhalación de monóxido de carbono en Argentina, en episodios que son completamente prevenibles.

En la provincia, los casos registrados muestran una tendencia creciente en los últimos años. Según datos del Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, se notificaron 23 intoxicaciones en 2022, 38 en 2023, 67 durante 2024 y 86 en 2025. En tanto, hasta la primera semana de mayo de este año ya se contabilizan 19 casos.

La referente del área, Analía Corujo, remarcó la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante los meses más fríos del año.

Entre las principales recomendaciones, se destaca evitar el uso de artefactos no diseñados para calefaccionar ambientes, como hornallas y hornos. Asimismo, se aconseja controlar periódicamente la correcta instalación de calefones, calefactores y tirajes, además de realizar revisiones por parte de gasistas matriculados.

Desde Salud recordaron además que una señal importante para detectar posibles fallas es observar el color de la llama, que siempre debe ser azul.

El monóxido de carbono representa un riesgo mayor para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas —como afecciones cardíacas, respiratorias o anemia— y también para las mascotas.

Asimismo, se advirtió sobre el peligro particular para las mujeres embarazadas, debido a las posibles secuelas neurológicas graves que puede ocasionar la intoxicación.

Uno de los principales problemas de este tipo de intoxicación es que sus síntomas suelen confundirse con cuadros gripales o intoxicaciones alimentarias, especialmente cuando afectan a varias personas dentro de un ambiente cerrado.

Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad muscular, somnolencia y, en casos graves, pérdida de conciencia.

En ese sentido, Corujo explicó que una de las características más frecuentes de la intoxicación por monóxido es la claudicación muscular, es decir, una marcada sensación de debilidad física.

El monóxido de carbono es un gas venenoso sin color, olor ni sabor, no irritante y menos denso que el aire, lo que dificulta su detección.

Por eso, desde el Ministerio insistieron en la necesidad de mantener siempre una ventilación mínima en los ambientes donde existan artefactos que consuman oxígeno, dejando alguna abertura de al menos cinco centímetros para permitir la circulación de aire.

Además, en caso de utilizar braseros o estufas a kerosén, recomendaron encenderlos y apagarlos únicamente en espacios exteriores y retirarlos del ambiente antes de dormir.