El cierre de 868 empresas y la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados en Entre Ríos durante los últimos dos años encendieron señales de alerta en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) advirtieron que la situación está directamente vinculada a la caída del poder adquisitivo y al deterioro del mercado interno.

El presidente de la entidad, Rafael Vicentín, señaló a la agencia AIM que los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

“La información que manejamos sobre cierre de empresas en Entre Ríos tiene como fuente al Cepa. En números gruesos, se perdieron alrededor de 900 empresas y los puestos de trabajo formales que cayeron rondan los 6.500”, indicó Vicentín a AIM.

Según el relevamiento, el número de empresas con personal registrado en la provincia descendió de 17.405 a 16.537, con fuerte impacto en sectores clave de la economía provincial.

El comercio fue el rubro más afectado, con 231 empleadores menos en dos años. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 105 empresas, y el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 101 empleadores.

En materia laboral, el informe destaca la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados, con especial incidencia en la construcción, actividad que sufrió una retracción del 38,2 por ciento.

El estudio también advierte sobre una creciente concentración económica. De acuerdo al análisis del Cepa, el 98,2 por ciento de los empleos perdidos correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 6.301 puestos. En contraste, las firmas de mayor tamaño concentraron apenas el 1,8 por ciento restante de la caída, con 115 empleos menos.

Para Vicentín, la situación responde principalmente al deterioro del consumo interno. “Esto es producto de la caída del poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los sectores trabajadores, jubilados y pensionados; a su vez, ha habido un aumento que no tiene relación con el de los salarios en todos los precios de bienes y servicios”, sostuvo.

Desde Apyme también cuestionaron la falta de respuestas legislativas y ejecutivas frente a la crisis del sector. A finales de 2025, el expresidente de la entidad, Luis Lozar, junto a la diputada Andrea Zoff, impulsaron un proyecto de ley de Emergencia Pyme en la Legislatura entrerriana.

Sin embargo, Vicentín afirmó que la iniciativa no avanzó. “Se presentó y ahí quedó, no ha sido incluido en las sesiones, suponemos que duerme en algún cajón”, expresó.

El dirigente agregó además que “no ha trascendido ningún interés por parte del Ejecutivo provincial, que en definitiva es el que fija agenda temática para el poder Legislativo, en atender este tema”.

En ese sentido, consideró que las políticas económicas actuales priorizan sectores concentrados de la economía. “Los beneficiarios de este modelo económico que se impulsa desde Nación y Provincia son sectores muy acotados vinculados a actividades extractivas, agropecuarias, petróleo, minería y finanzas. Las empresas que se promueven bajo este modelo no son mano de obra intensiva, incorporan muy poco personal”, cuestionó.

Finalmente, Vicentín remarcó que el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas depende directamente de la recuperación del consumo y del poder adquisitivo de la población.

“La vida de las pequeñas y medianas empresas está íntimamente ligada a la suerte de los sectores trabajadores y jubilados, a lo que hace que un mercado interno tenga dinamismo en la medida que estos sectores sociales mayoritarios tengan poder adquisitivo”, concluyó.

El Ejecutivo provincial detalló las auditorías realizadas, los fondos recuperados ante Nación y las acciones impulsadas para revertir años de falta de controles y reclamos sobre el sistema previsional entrerriano.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.

En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.

Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.

Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.

En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.

El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.

Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.

En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.

Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

Senadores del bloque del Partido Justicialista de Entre Ríos presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde detalles sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y los acuerdos suscriptos con el Estado Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La iniciativa busca aportar claridad sobre el financiamiento del déficit previsional y el alcance de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones con Nación, en un contexto que requiere información precisa y previsibilidad.

Entre los principales puntos, los legisladores solicitaron conocer los montos efectivamente transferidos, el estado de ejecución de los convenios firmados y el detalle de la deuda que, según los cálculos provinciales, mantiene el Estado Nacional con Entre Ríos.

Asimismo, el pedido pone el foco en el convenio suscripto en octubre de 2025 con ANSES, requiriendo información sobre sus condiciones, su implementación y su posible impacto sobre el reclamo judicial que la provincia sostiene por el cobro de fondos previsionales.

Otro de los aspectos relevantes es la consulta sobre eventuales condicionamientos en el envío de recursos nacionales, particularmente en relación con posibles modificaciones del sistema previsional provincial. En ese sentido, se solicita precisar si existen exigencias vinculadas a cambios en la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo de haberes o el esquema de aportes.

Los senadores también requirieron detalles sobre el avance de las auditorías que deben determinar el monto definitivo del déficit y la deuda, así como la proyección financiera de la Caja de Jubilaciones a mediano y largo plazo.

Finalmente, el pedido incluye información sobre las gestiones y reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, con el objetivo de garantizar transparencia institucional en un tema clave para la provincia.

La provincia de Entre Ríos se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en implementar un régimen que obliga a detallar el impacto de los impuestos provinciales en los precios finales. A través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el gobierno reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, con el objetivo de brindar mayor claridad a los ciudadanos sobre la carga impositiva que incide en bienes y servicios.

La medida quedó formalizada tras la publicación del Decreto 1121/26 y la Resolución 128, que establecen la obligación de discriminar en facturas, tickets y comprobantes fiscales la incidencia estimada de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Esta información se sumará a la ya existente sobre el IVA y otros tributos nacionales indirectos en las operaciones destinadas a consumidores finales.

Desde el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, destacaron que la iniciativa forma parte de una política integral de transparencia fiscal. El objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a conocer qué proporción del precio que pagan corresponde a impuestos, sin que ello implique cambios en la carga tributaria. En ese sentido, se aclaró que la medida tiene un carácter estrictamente informativo y no recaudatorio, permitiendo incluso el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas.

El titular de ATER, Jesús Korell, subrayó la relevancia de la normativa y el rol pionero de la provincia. “La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida”, afirmó. Además, remarcó la importancia de contar con un régimen provincial propio que complemente las disposiciones nacionales.

Alcances y aplicación gradual

La normativa establece que deberán cumplir con la obligación todos los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —tanto en el Régimen Directo como en el Convenio Multilateral— y en el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Estos deberán consignar en los comprobantes las alícuotas correspondientes y los importes estimados de los tributos.

Quedan excluidos del régimen los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado. En cuanto a la presentación de la información, deberá ubicarse luego de la descripción de la operación y del IVA, bajo la leyenda “Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesiones Liberales”, en el sector inferior izquierdo del comprobante.

La implementación será progresiva. Los denominados “grandes contribuyentes” deberán adecuarse en un plazo de 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que el resto contará con un plazo de 180 días.

La iniciativa es llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos y la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, que recientemente realizaron la apertura de sobres de tres licitaciones públicas. En total, participaron 14 empresas oferentes, lo que fue destacado por las autoridades como una señal de confianza en la gestión.

La inversión, financiada íntegramente con fondos provinciales, permitirá incorporar tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. A su vez, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, además de insumos destinados al señalamiento vial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esta compra representa un hecho significativo, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde 2011, acumulando más de 15 años sin inversiones de este tipo.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas acciones se enmarcan en una política pública orientada a recuperar la red vial tras años de desinversión. “Se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales. Tenemos una planificación impulsada por el gobernador, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública”, afirmó.

En la misma línea, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, subrayó el esfuerzo económico que realiza la provincia en esta área. “Casi la totalidad de las obras se ejecutan con fondos propios. Este mes se certificaron más de 12.000 millones de pesos en obras”, precisó.

Donda también adelantó que esta licitación es la primera de una serie de procesos que se llevarán adelante para seguir equipando la repartición. Entre las próximas adquisiciones previstas se encuentran 18 motoniveladoras, una retroexcavadora, una cargadora, camiones volcadores, carretones y batanes destinados a distintas zonales.

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la red vial es clave tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, en un proceso que definieron como sostenido y de largo plazo.

Del acto participaron además el escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, junto a funcionarios del área y representantes de las empresas oferentes.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPyRP) publicó este lunes en el Boletín Oficial Nº 28.326 la Resolución General Nº 005/26, mediante la cual se introducen modificaciones en el régimen de presentaciones para asociaciones civiles y fundaciones en la provincia de Entre Ríos.

La nueva normativa tiene como objetivo unificar los criterios de validación dentro de la plataforma digital Mi Entre Ríos y establece que toda la documentación cargada tendrá carácter de declaración jurada.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los estados contables deberán cumplir con mayores requisitos formales. Según lo dispuesto, deberán estar certificados por contador público matriculado y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente, incorporando además la obligatoriedad de la firma digital.

La norma también señala que la carga de documentación implica una manifestación expresa de que los documentos han sido suscriptos por las autoridades estatutarias de la entidad, quienes conservan la plena responsabilidad legal, administrativa y patrimonial sobre su contenido, veracidad y autenticidad.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la definición de responsabilidades en los trámites realizados por terceros. En este sentido, cuando un contador efectúe presentaciones por delegación, su actuación en el sistema será considerada, a todos los efectos administrativos y registrales, como realizada por la autoridad estatutaria correspondiente.

De este modo, la documentación se tendrá por presentada y firmada por el presidente de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad profesional del contador interviniente y de las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades de la organización.

El nuevo marco normativo refuerza los mecanismos de fiscalización. La DGIPyRP podrá requerir en cualquier momento la exhibición de la documentación original presentada de forma digital.

Asimismo, el organismo queda facultado para adoptar medidas ante inconsistencias, omisiones o falsedades, conforme a lo establecido en la Ley Nº 11.100. La resolución también consolida el uso de la firma electrónica en las presentaciones digitales, otorgándole plena validez jurídica en línea con la Ley Nº 25.506.

Con estos cambios, el organismo busca modernizar los procesos administrativos, fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en la gestión de asociaciones civiles y fundaciones en la provincia.

En un contexto donde el financiamiento resulta clave para el desarrollo productivo, el gobierno de Entre Ríos impulsó una nueva instancia de articulación entre el sector público y privado para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa se concretó en Paraná con una nueva edición de “El Día Pyme”, un encuentro orientado a acercar alternativas de financiamiento y programas de asistencia adaptados a la realidad local.

La jornada se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones y formó parte de una agenda federal promovida por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía. El objetivo central fue ampliar el acceso al crédito mediante la vinculación con entidades del sistema financiero y el mercado de capitales.

En representación del Ejecutivo provincial participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, quienes destacaron la importancia de generar herramientas concretas que acompañen el crecimiento del entramado productivo entrerriano.

Durante el encuentro se presentaron diversas líneas de financiamiento y programas de asistencia orientados a PyMEs, con propuestas diseñadas para atender las particularidades del sector en la provincia. En ese marco, el Consejo Federal de Inversiones tuvo una participación destacada, acercando instrumentos destinados a potenciar proyectos productivos y fortalecer la competitividad empresarial.

Los paneles abordaron temas clave como el rol de las sociedades de garantía, las oportunidades que ofrece el mercado de capitales y la oferta vigente de crédito. Participaron organismos públicos, entidades bancarias y representantes del sector privado, en un esquema que buscó integrar miradas y generar soluciones conjuntas.

Además de las exposiciones, la jornada incluyó un espacio de intercambio donde empresas que ya accedieron a herramientas de financiamiento compartieron sus experiencias, destacando el impacto positivo en su desarrollo y consolidación.

El evento también promovió instancias de vinculación directa entre PyMEs, entidades financieras y actores del sistema productivo. Este contacto permitió generar redes, explorar oportunidades y avanzar en posibles acuerdos, consolidando un ecosistema más dinámico y accesible para el crecimiento empresarial.

Con este tipo de iniciativas, la provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector PyME, promoviendo el acceso a recursos financieros como un factor clave para impulsar la inversión, la producción y el empleo en Entre Ríos.

"Entre Ríos 2050" expresó su beneplácito con la aprobación de la Ley del Régimen General de Concesiones, cuya sanción definitiva se dio este martes por la noche en la Cámara de Senadores. El grupo empresario consideró que se trata de "un hito para la modernización de la provincia", que permitirá mantener y potenciar la red vial, revertir años de atraso y dotarla de competitividad para el desarrollo regional. El grupo empresario propicia estas prácticas para el recupero de las rutas entrerrianas, donde no llega la inversión pública.

La normativa aprobada en la Legislatura habilita las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia. Se trata de una herramienta legal que habilitará la implementación del sistema de peajes a las empresas que lleven adelante trabajos de construcción, mantenimiento, conservación de rutas, puentes y otras obras complementarias, una de las banderas que desde el sector privado reclama para aquellos lugares donde el Estado no llega con recursos propios.

Desde "Entre Ríos 2050" valoraron la iniciativa y recordaron que se trata de una de las herramientas que promovió y sostuvo el grupo desde su fundación como eje central para la modernización de la provincia, en sintonía con los modelos de provincias y países vecinos. Resaltaron que resulta vital su implementación para la optimización de la circulación vial del territorio, fundamental para el desarrollo provincial.

En esa línea, plantearon la necesidad urgente de poner en valor la trama vial de Entre Ríos, en especial aquellas rutas y caminos que resultan indispensables para las comunidades y sectores productivos que agregan valor tierras adentro. Desde esa perspectiva, instan a mantener la Ruta Nacional 12, en especial el tramo Paraná - Crespo y el resto de los caminos secundarios de la zona.

El grupo integrado por empresarios, productores y comerciantes de la provincia, también insistió sobre uno de los vectores de desarrollo que sostienen desde sus inicios, hace siete años, y refiere a la importancia de impulsar nuevas trazas viales, con sistema de autovías, que acorten distancias entre la provincia y Buenos Aires. La iniciativa propone unir Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria y Urdinarrain con concesiones y sistema de peajes que garantice la circulación y seguridad de vehículos particulares y camiones que transportan diversos insumos y productos terminados. Forman parte del grupo Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Elvio Guía, Alcides Balla, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Luis Jacobi y Daniel Rodríguez, además de Matías Ruiz -en licencia- y con la invitación especial de Luciano Filipuzzi y Horacio Rizzo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó que la Ruta Provincial 45, en Ibicuy, será la primera en ser concesionada bajo un esquema de inversión privada, con el objetivo de encarar una solución definitiva al grave deterioro de la traza. Los pobladores de la región, que quedarán exentos del pago de este peaje, ven pasar por esa ruta desde hace más de una década, camiones que se llevan el recurso mineral entrerriano con destino a Vaca Muerta, generando el consabido deterioro de esa ruta hoy casi intransitable. El camino necesita ser reconstruido y hacerlo costará entre 40 y 50 millones de dólares. Es evidente que el gobernador Frigerio pretende que lo paguen quienes le dan un uso intensivo transportando cargas, y no el tránsito vecinal.

La ruta 45 ha sido destruida por el paso de 400 camiones diarios en la última década, para embarcar arena entrerriana en el puerto de Ibicuy con destino a Vaca Muerta.

La obra esperaba su implementación una vez que la Legislatura aprobara la Ley de Concesiones, hecho que se concretó anoche (martes 21). Según detalló el mandatario, requerirá una inversión estimada entre 40 y 50 millones de dólares, destinada a la repavimentación integral del corredor.

En una jornada centrada en el fortalecimiento del entramado productivo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, desarrollaron este martes una agenda de actividades en la ciudad de Viale. La visita estuvo orientada al seguimiento de proyectos financiados por el organismo nacional y al impulso de nuevas inversiones.

La comitiva fue recibida por el intendente local, Carlos Weiss, y desde allí iniciaron una recorrida por distintas empresas que forman parte de programas de financiamiento productivo. El primer destino fue la firma Metalúrgica Fontana SRL, beneficiaria de la Línea Mujeres del CFI, que otorgó un crédito de 182 millones de pesos destinado a la adquisición de paneles solares y maquinaria. En ese marco, también se entregó el decreto de adhesión al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

Posteriormente, las autoridades visitaron la empresa avícola Don Eduardo Stertz e Hijos SRL, donde se interiorizaron sobre un proyecto financiado mediante la línea de Abordaje Integral del CFI, dentro del Programa de Acciones Sustentables. La inversión, que asciende a 300 millones de pesos, se orienta a la incorporación de paneles fotovoltaicos para optimizar la eficiencia energética del establecimiento.

Al cierre de la agenda, Frigerio destacó el rol del Estado en el acompañamiento al sector privado. “Estamos brindando créditos del CFI, pero también garantías a través del Fondo de Garantías Recíprocas y herramientas como el RINI. Esto tiene que ver con estar siempre al lado del que produce, del que genera riqueza y, fundamentalmente, empleo en el sector privado”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario remarcó que la generación de empleo es el principal objetivo de su gestión: “Aún en momentos complejos, no aflojamos, como tampoco lo hace el sector productivo, que sigue apostando al enorme potencial de la provincia”.

Por su parte, Lamothe valoró el dinamismo empresarial en Entre Ríos y la articulación con el Estado. “Hay muchos empresarios pensando en expandirse, abrir mercados internacionales, incorporar nuevas líneas de producción e invertir. Eso requiere un Estado que acompañe inteligentemente con crédito, infraestructura y herramientas adecuadas. Entre Ríos está haciendo bien esa tarea”, sostuvo.

El intendente Weiss también subrayó la importancia de la visita y el impacto del financiamiento en la economía local. “Las empresas son las que generan empleo privado y dinamizan la economía. La presencia del CFI demuestra que existen oportunidades crediticias para seguir creciendo”, señaló.

Desde el sector empresarial, los representantes de las firmas visitadas coincidieron en destacar el valor de estas políticas. El fundador de Metalúrgica Fontana, Luis Fontana, aseguró que el financiamiento “es fundamental para seguir creciendo, incorporar tecnología y generar empleo”. En la misma línea, Antonella Fontana remarcó el compromiso institucional reflejado en la visita de las autoridades.

En tanto, Cristian Stertz, titular de la empresa avícola, agradeció la presencia de los funcionarios y destacó el intercambio generado durante el encuentro, en el que se abordaron aspectos clave para el desarrollo de la firma.

La jornada contó además con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Industria, Catriel Tonutti, y de Energía, Jorge Tarchini; el titular de Enersa, Uriel Brupbacher; el responsable de ATER, Jesús Korell; el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; y el coordinador provincial del CFI, Marcelo Wechsler.

La iniciativa está destinada a chicas de entre 12 y 18 años que deseen dar sus primeros pasos en programación y desarrollo de proyectos digitales. El curso tendrá una duración de tres meses, comenzando el miércoles 22 de abril y finalizando el 1 de julio.

Las clases se dictarán los días miércoles de 18 a 20 horas bajo modalidad virtual asincrónica, lo que permitirá a las participantes organizar sus tiempos de estudio. No obstante, quienes lo prefieran podrán asistir de manera presencial en la sede del Polo Tecnológico, ubicada en la intersección de Posadas y Maipú.

Durante el trayecto formativo se abordarán contenidos vinculados a la introducción al mundo IT, programación inicial, uso de herramientas como Scratch y App Inventor, desarrollo web con HTML, diseño con CSS, además de una introducción a Python y su aplicación en lógica de juegos. También se brindará orientación sobre carreras tecnológicas.

Como requisitos, las interesadas deberán tener entre 12 y 18 años, contar con una computadora o notebook y acceso a internet. Además, la inscripción deberá completarse mediante un formulario online que incluye la autorización de madre, padre o tutor.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación inclusivos que promuevan el acceso de jóvenes al ámbito tecnológico, y alentaron a las chicas a aprovechar esta oportunidad de adquirir herramientas clave para su futuro.

“El Polo Tecnológico La Nube las espera”, señalaron, invitando a sumarse a esta propuesta que busca acercar a más adolescentes al universo digital. Formulario de Inscripción

La iniciativa busca fomentar la participación de los vecinos en la construcción de un emblema que refleje los valores, la historia y la cultura de la comunidad. “Queremos llevar a cabo un concurso para la creación de nuestra bandera local, que es algo que no hemos logrado tener todavía”, expresó la licenciada Priscila Bernhardt, coordinadora del área, en diálogo con el medio local PARALELO 32.

El certamen está dirigido a personas con al menos cinco años de residencia en la ciudad, quienes deberán inscribirse previamente y cumplir con un requisito indispensable: asistir a una capacitación sobre vexilología, disciplina que estudia el simbolismo y diseño de las banderas. La charla se realizará el próximo 14 de mayo, de 18:00 a 21:00 horas, en el SUM de la Terminal de Ómnibus, y estará a cargo de la Dra. Maia Rodríguez, directora general de Museos y Patrimonio Cultural de Entre Ríos.

Desde la organización destacaron que, si bien la capacitación es obligatoria para quienes deseen participar del concurso, también estará abierta a todo público interesado en la temática. Durante la instancia formativa, los asistentes recibirán lineamientos clave para el diseño de una bandera que sea representativa y original.

En cuanto a la presentación de los trabajos, los diseños podrán realizarse tanto en formato digital como en cartulina tamaño A4. Cada participante deberá entregar dos sobres: uno con el diseño firmado con seudónimo y otro con la documentación personal requerida, incluyendo fotocopia del DNI y el certificado de asistencia a la capacitación. El plazo límite de entrega será el viernes 19 de junio.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de un jurado que deliberará el domingo 28 de junio. Ese mismo día, se llevará a cabo una exposición abierta al público con todos los diseños presentados, permitiendo a los vecinos conocer las distintas propuestas antes de la selección final. Posteriormente, el jurado elegirá los tres mejores modelos.

Según adelantó Bernhardt, el objetivo es que la bandera ganadora pueda ser confeccionada y presentada oficialmente durante los actos del aniversario de la ciudad.

Los interesados pueden inscribirse de manera online o acercándose a la municipalidad. Además, las bases y condiciones del concurso se encuentran disponibles en el sitio web oficial.

“Sería hermoso tener muchos modelos de banderas, así que invitamos a la gente a participar”, concluyó la funcionaria.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit, donde sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.

“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En ese sentido, detalló que el esquema debería contemplar la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

El AmCham Summit reúne a referentes del sector privado, la política y la economía para debatir el rumbo económico del país, donde la cuestión tributaria se consolida como uno de los ejes centrales.

Durante la reunión se expuso un diagnóstico contundente: una fuerte caída en los niveles de coparticipación, acompañada por una creciente transferencia de responsabilidades hacia municipios y comunas, que deben sostener cada vez más servicios con menos recursos.

En ese marco, los representantes de las comunas detallaron problemáticas que impactan directamente en la gestión cotidiana, entre ellas una caída de hasta el 30% en las partidas, dificultades para afrontar el pago de salarios y sostener servicios básicos, desigualdades en la distribución de recursos y la falta de financiamiento adecuado para nuevas comunas.

A pesar de este escenario, los gobiernos locales continúan haciéndose cargo de funciones esenciales como la atención de la salud, el mantenimiento de caminos, la seguridad y la asistencia social, muchas veces sin el acompañamiento necesario.

Asimismo, la Liga de Comunas Justicialistas presentó una propuesta de modificación del esquema de coparticipación vigente, que apunta a garantizar la sustentabilidad de las pequeñas localidades y corregir los desequilibrios generados en los últimos meses.

Entre los principales ejes, se plantea elevar progresivamente la participación de las comunas en la masa coparticipable del 1% al 2%, así como revisar los criterios de distribución para hacerlos más equitativos, incorporando variables como la población, la existencia de centros urbanos, los niveles de pobreza y la estructura territorial de cada jurisdicción.

También se advirtió que la reciente incorporación de nuevas comunas, sin un esquema de financiamiento adecuado, generó una caída abrupta en los recursos de las ya existentes, afectando su capacidad de planificación y funcionamiento.

Desde el bloque de senadores justicialistas señalaron que “no se trata de una discusión partidaria, sino de defender a nuestras comunidades”, y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas de impacto inmediato que recompongan la participación de las comunas en la distribución de recursos.

“Una verdadera reforma debe dar respuestas ahora. De lo contrario, se consolida una brecha entre el reconocimiento del problema y la voluntad real de resolverlo”, afirmaron.

En ese sentido, reafirmaron su compromiso de impulsar una distribución más justa y federal de los recursos, el fin de la discrecionalidad en la asignación de fondos y respuestas urgentes que permitan garantizar el funcionamiento de municipios y comunas.

“Sin recursos no hay gestión. Y sin gestión, quienes sufren son nuestros vecinos”, concluyeron.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la necesidad de avanzar en reformas estructurales y fortalecer la articulación con los municipios en un contexto de fuerte caída de la recaudación. Lo hizo tras una serie de reuniones con intendentes de distintos signos políticos, en las que se abordaron tanto la situación financiera como los desafíos de gestión.

“El estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de primera mano cuáles son las demandas es parte de una agenda permanente del gobernador”, señaló el funcionario, al referirse a los encuentros mantenidos durante la semana.

En ese sentido, remarcó que la baja de ingresos “afecta a todos los niveles del Estado” y obliga a “agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”.

Uno de los ejes centrales planteados por Colello fue la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cuyo déficit consideró “estructural” y de gran impacto sobre las finanzas públicas. “Hoy la Caja genera un déficit cercano a los 400.000 millones de pesos, una cifra equivalente a todo el consumo anual de energía de los entrerrianos. Es un problema que no puede explicarse solo por lo que envía o no la Nación, sino también por cómo administramos nuestros propios recursos”, afirmó.

Subrayó además que la discusión debe darse tanto en el plano nacional —en relación a los fondos que corresponden a la provincia— como hacia adentro del propio Estado entrerriano. “Tenemos que preguntarnos qué cambios podemos hacer para que los impuestos que pagan los entrerrianos no se destinen a sostener déficits, sino a mejorar servicios y potenciar el desarrollo”, indicó.

Colello también se refirió al contexto económico general, al señalar que la caída de la recaudación es una de las más importantes de los últimos años, incluso por debajo de niveles registrados durante la pandemia o la crisis de 2001. “Esto abre una discusión de fondo sobre el sistema tributario y las competencias de cada nivel del Estado”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de la carga impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. “Hay quienes creen que la salida es aumentar impuestos, pero nosotros entendemos que el camino es discutir una estructura más equilibrada, eliminando tributos distorsivos y revisando tasas que no tienen una contraprestación directa”, expresó.

Respecto a la relación con los municipios, Colello remarcó que el gobierno provincial sostiene una política de acompañamiento sin distinción partidaria. “Una vez que terminan las elecciones no hay signos políticos. Queremos que a los municipios les vaya bien, porque son la primera línea de contacto con los vecinos”, afirmó. Además, destacó que se han continuado obras en localidades de distinto signo político y que el trabajo conjunto es clave para afrontar la coyuntura. “La articulación entre municipios, provincia y Nación no es solo una necesidad, sino una forma de gestión”, aseguró.

Finalmente, el secretario general enfatizó en que el gobierno provincial avanza en un proceso de modernización del Estado con el objetivo de reducir gastos improductivos y mejorar la eficiencia. “Estamos buscando permanentemente liberar recursos para destinarlos a prioridades como educación, salud y seguridad. Ese es el camino para transformar la realidad de los entrerrianos”, concluyó.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

Durante la reunión, el mandatario expuso el escenario actual y señaló que "los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios", y remarcó que se trata de "un dato objetivo que refleja la realidad".

En ese marco, subrayó que la situación de los gobiernos locales es heterogénea y que "no existe una única realidad", ya que conviven municipios con distintos niveles de endeudamiento y capacidades financieras. "Hay jurisdicciones con recursos disponibles y otras con fuertes limitaciones, en un contexto que es, sin dudas, muy complejo", explicó.

En relación a la discusión sobre los recursos, Frigerio sostuvo que "si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme", y reafirmó su disposición al diálogo para encontrar alternativas que contemplen las distintas realidades.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los intendentes y afirmó: "Sé que muchos están haciendo un gran esfuerzo para sostener sus municipios en este contexto, y eso es algo que valoro".

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y señaló que "quienes tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que implica cumplir todos los meses con obligaciones como el pago de salarios".

"Voy a estar siempre del lado de quienes hacen el esfuerzo de gestionar en un contexto de recursos cada vez más escasos. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios que mejoren la vida de la gente", concluyó.

Por su parte, el secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, remarcó la importancia de estos espacios de conversación sobre todo "por el difícil momento que nos toca atravesar a quienes gestionamos fondos públicos, vinculado a la caída de la recaudación, afrontando cada vez más responsabilidades y competencias que tenemos tanto la provincia como los municipios".

Dijo que se recepcionaron las propuestas que acercaron hoy los intendentes del justicialismo y expresó el compromiso de "continuar con estas reuniones y poder trabajar articuladamente, optimizando los recursos para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos".  

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció la respuesta inmediata por parte de las autoridades provinciales ante el pedido de la Liga de reunirse y la presencia de todo el equipo de gestión. "Vinimos a proponer ideas para que el gobernador las analice con sus funcionarios. Entendemos la situación que se está afrontando, sabemos cuál es la situación económica del país y cómo eso impacta en los recursos que llegan a la provincia y los municipios", expresó Fuertes y agregó la importancia de trabajar "hombro con hombro para defender los intereses de los entrerrianos".

También valoró la posibilidad de que todos los intendentes expresen su situación particular. "Hacemos un buen balance" del encuentro y le solicitaron al gobernador "reunirnos más seguido" para trabajar y "que nos vaya bien a todos".

Del encuentro participaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Salud, Daniel Blanzaco; de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; y el gerente general de Enersa, Jorge Tarchini.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Crespo y contó con la participación de empresarios, productores y dirigentes, entre ellos Héctor Motta, Luis Jacobi, Felipe Berruhet, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Alcides Balla, Elvio Guía y Héctor Fratoni; junto a Matías Ruíz y Daniel Rodríguez —actualmente en uso de licencia—, y Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), como invitado.

Durante la jornada, se valoró el espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre el futuro de la provincia, con coincidencias en la necesidad de aunar esfuerzos entre el sector público y privado.

En su exposición, Frigerio abordó la situación presupuestaria provincial en un contexto de caída de fondos nacionales, así como las políticas en materia energética, impositiva y las reformas previstas en la obra social y el sistema previsional.

También destacó el avance del plan de obras de infraestructura con recursos propios y los proyectos que podrían concretarse mediante financiamiento internacional. En ese marco, subrayó las gestiones para incluir a Entre Ríos en la Hidrovía y consideró que uno de los principales desafíos es impulsar un cambio cultural que fomente la inversión privada y la generación de empleo.

Por su parte, los integrantes de “Entre Ríos 2050” manifestaron su apoyo a la reforma previsional que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. En ese sentido, remarcaron la necesidad de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, al considerar que su sostenimiento impacta directamente en la presión fiscal sobre las empresas.

Sin embargo, también plantearon preocupaciones vinculadas a las dificultades para agilizar trámites en distintas áreas del Estado. En esa línea, propusieron avanzar en una reforma constitucional que permita modernizar y desburocratizar la administración pública, con el objetivo de facilitar la ejecución de proyectos estratégicos.

El grupo puso énfasis en la importancia de sostener una visión de mediano y largo plazo para revertir el atraso relativo de Entre Ríos en la Región Centro. Como parte de esa estrategia, destacaron el potencial de las denominadas “vacas vivas”, como las cadenas cárnicas, el turismo y la foresto industria, como motores de generación de riqueza, empleo y divisas.

Asimismo, insistieron en la necesidad de mejorar la infraestructura vial mediante el mantenimiento de rutas y caminos, e incluso analizar la implementación de sistemas de peaje en tramos estratégicos para financiar nuevas obras que optimicen la conectividad.

En cuanto al desarrollo logístico, señalaron la importancia de fortalecer los puertos y el sistema ferroviario para potenciar las exportaciones. También consultaron sobre el proyecto del puente Paraná-Santa Fe, ante lo cual el gobernador indicó que su concreción dependerá del financiamiento privado que pueda obtenerse a nivel internacional.

Finalmente, desde el espacio empresario advirtieron sobre el impacto creciente de las tasas municipales en la estructura de costos de las empresas y las cadenas productivas. En ese sentido, instaron a intendentes y autoridades locales a revisar la carga tributaria con el objetivo de no afectar la competitividad de los sectores que generan empleo.

La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó, junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, un pedido formal de acceso a información pública ambiental ante el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay. La solicitud está vinculada al proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en el departamento de Paysandú.

El requerimiento surge ante la preocupación por los posibles impactos ambientales que la iniciativa industrial podría generar en la cuenca compartida del río Uruguay. Las organizaciones firmantes remarcaron la necesidad de contar con información precisa y completa para evaluar los efectos potenciales del emprendimiento, especialmente en comunidades de ambos países.

En ese marco, el pedido incluye el acceso a documentación clave relacionada con el proyecto, entre ella el expediente administrativo completo, estudios de prefactibilidad, evaluaciones de impacto ambiental, informes técnicos de organismos públicos y resoluciones o autorizaciones otorgadas. También se solicita información específica sobre el uso de recursos hídricos, emisiones, efluentes, residuos y evaluaciones de impacto ambiental, social y sanitario.

Asimismo, las organizaciones requirieron datos sobre posibles impactos transfronterizos, instancias de participación pública realizadas o previstas, convenios entre el Estado uruguayo y la empresa, y comunicaciones con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Otro de los puntos destacados del pedido refiere a la localización del proyecto en relación con el área natural protegida Islas del Queguay, incorporada al sistema de áreas protegidas de Uruguay en 2025, lo que añade una dimensión adicional de sensibilidad ambiental.

Desde la Fundación CAUCE subrayaron que el acceso a esta información resulta esencial para garantizar el control democrático y la participación ciudadana informada, derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo establece estándares para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Finalmente, la solicitud recuerda que el acceso a la información pública constituye un derecho humano reconocido por la jurisprudencia del sistema interamericano, y enfatiza la obligación de los Estados de prevenir daños ambientales que puedan afectar a otros países, particularmente en contextos de ecosistemas compartidos.