La medida quedó oficializada mediante el Decreto Nº 1793, suscripto también por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial.

La decisión se conoció luego de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos solicitara formalmente al Ejecutivo provincial el traslado de la jornada no laborable.

En una nota enviada al gobernador, el sindicato argumentó que, al coincidir este año la fecha con un sábado, muchos trabajadores no podrían disfrutar efectivamente del beneficio establecido por ley.

“Consideramos que sería un gesto disponer el traslado de la jornada no laborable al viernes 26 o al lunes 29 de junio, permitiendo así que la conmemoración adquiera el carácter reivindicativo con el que fue concebida”, señalaron desde la organización gremial.

Asimismo, recordaron que decisiones similares fueron adoptadas en años anteriores mediante decretos provinciales que adelantaron la fecha cuando coincidía con jornadas no laborables para gran parte de los agentes estatales.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial sostiene que el adelantamiento constituye un reconocimiento a la labor que desarrollan diariamente los trabajadores de la administración pública.

La norma establece de manera excepcional que la jornada correspondiente al Día del Trabajador Estatal será observada el 26 de junio, permitiendo que los agentes provinciales puedan acceder al beneficio en una fecha hábil.

Desde UPCN valoraron la decisión y habían expresado previamente que una medida de estas características sería considerada positivamente por los trabajadores del sector.

El feriado alcanzará a todo el personal de la Administración Pública Provincial. Sin embargo, el decreto aclara que aquellos agentes que deban cumplir funciones por integrar servicios esenciales deberán prestar tareas normalmente.

En esos casos, se prevé el otorgamiento de un franco compensatorio para quienes deban cumplir guardias o garantizar la continuidad de prestaciones consideradas indispensables para la comunidad.

De esta manera, los trabajadores estatales entrerrianos tendrán este año su jornada conmemorativa el viernes 26 de junio, en reemplazo de la fecha original prevista para el sábado 27.

El gobernador de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.210 mediante el Decreto Nº 1315/2026, una medida que marca un hito en la gestión del patrimonio público provincial. La puesta en marcha de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) centralizará el control de los inmuebles estatales bajo una estructura unificada.

La nueva agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales la Administración Pública provincial posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, el control, la regularización y el aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Con la reglamentación aprobada, la Provincia busca avanzar hacia una gestión más eficiente y coordinada de su patrimonio territorial, estableciendo mecanismos que permitan mejorar el control de las tierras fiscales, optimizar el uso de los inmuebles públicos y fortalecer la planificación de las políticas vinculadas al suelo estatal.

Uno de los aspectos centrales del decreto es el traslado integral de recursos desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado hacia la nueva agencia.

La decisión implica que la AABIPER asumirá plenamente las funciones, competencias y responsabilidades que hasta ahora desarrollaban esos organismos.

El decreto fija como fecha límite para esta etapa transitoria el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual se prevé completar la organización interna necesaria para que la agencia opere con autonomía administrativa.

La reglamentación también aborda la distribución de los recursos que genere la actividad inmobiliaria de la agencia, un aspecto previsto por la ley que dispuso su creación.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una reforma institucional orientada a concentrar la administración del patrimonio inmobiliario estatal en un único organismo especializado. La medida pretende mejorar el control de las tierras fiscales, ordenar la información sobre los inmuebles públicos y dotar al Estado de una herramienta específica para planificar, administrar y aprovechar de manera más eficiente sus bienes territoriales.

El departamento Victoria alberga aproximadamente 128 mil hectáreas pertenecientes al Estado provincial sobre un total de 432.500 hectáreas que conforman el humedal, según datos actualizados de Catastro.

Históricamente, la Dirección de Tierras Fiscales administró estos campos aptos para la ganadería, una actividad que atraviesa un período favorable en términos de rentabilidad. A ello se suma la apicultura que, con las recientes disposiciones que permiten exportar con tasa cero, aparece como una alternativa productiva de creciente interés.

En distintas épocas estuvo vigente un sistema de arrendamiento denominado “tenencia precaria”, mediante el cual los ocupantes debían abonar un canon anual, además de los tributos provinciales correspondientes.

La extensión de estas islas, ubicadas en un territorio prácticamente despoblado, también dio origen a numerosos litigios que aún se tramitan o fueron resueltos en la Justicia. Sobre este punto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo oportunamente que estas tierras se encuentran “fuera del comercio”, condición que implica dos características fundamentales: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. En otras palabras, no pueden venderse ni transferirse a particulares.

Muchos de los reclamos se promovieron bajo la figura de la usucapión o posesión veinteañal por parte de ocupantes que alegaban haber permanecido durante más de veinte años en esos terrenos. Según datos que hemos recabado, las acciones judiciales no prosperaron y las tierras continuaron bajo dominio provincial.

A partir de ahora, estas hectáreas quedarán bajo la administración de la nueva agencia, lo que abre interrogantes sobre las políticas que se aplicarán en un territorio de importante potencial productivo. En el futuro, mediante sistemas de concesión o arrendamiento, podría impulsarse el crecimiento de la actividad ganadera, ya que la agricultura intensiva se encuentra prohibida en estas áreas.

Se trata de extensiones que actualmente carecen de inversiones significativas por su condición de bienes estatales, pero que podrían convertirse en una herramienta de desarrollo si se implementan mecanismos adecuados de aprovechamiento y control.

Nogoyá.– Una grave denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las arcas públicas ha sacudido la tranquilidad de la comuna de XX de Septiembre. La Unidad Fiscal local, procedió a la apertura formal de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tiene como principal imputada a la presidenta comunal de dicha localidad, Adriana Hernández. Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de sospechas fundadas sobre la supuesta comisión de los delitos de peculado, apropiación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados de manera directa con las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad.

Más allá del impacto político que genera el inicio de una causa de estas características contra una autoridad electa, advierten que la gravedad del escenario radica en el denso contenido de las pruebas y las sospechas que sustentan el expediente. Ante este panorama, desde la fiscalía interviniente se han dispuesto medidas procesales concretas de alto impacto administrativo para intentar esclarecer si existió un desvío de los recursos estatales o una administración infiel del patrimonio comunitario.

En este sentido, el fiscal Martínez libró una serie de órdenes destinadas a requerir informes técnicos y detallados al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas provincial y a la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno. El objetivo central de estos requerimientos es reconstruir de manera minuciosa e histórica el recorrido completo y la trazabilidad de cada uno de los fondos y partidas que fueron enviados a la administración de Veinte de Septiembre desde el año 2012 hasta la fecha actual para el desarrollo de la mencionada obra edilicia.

La investigación judicial apunta a poner bajo la lupa un extenso archivo de documentos públicos que incluye transferencias bancarias, subsidios otorgados, expedientes de obra, balances contables, decretos comunales y la totalidad de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales. Asimismo, los peritos judiciales pretenden determinar si existieron intimaciones previas u observaciones por parte de los organismos de control ante la posible falta de presentación de información pública y rendiciones de cuentas por parte de la comuna, en una causa que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales de nuestra ciudad a medida que ingresen las respuestas a los oficios emitidos.

En el marco de una reunión virtual organizada por el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, brindó detalles sobre la situación financiera del organismo y los principales aspectos de la reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.

Durante el encuentro, el funcionario explicó que el sistema previsional provincial enfrenta un importante déficit estructural, producto de diversos factores que se han profundizado con el paso de los años. Entre ellos mencionó la disminución de aportantes activos en relación con la cantidad de beneficiarios y el crecimiento de jubilaciones otorgadas bajo regímenes especiales.

Bagnat aclaró que los trabajadores estatales no son responsables de la situación actual de la Caja, sino que forman parte de un esquema que durante décadas permitió sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los aspectos señalados fue el desequilibrio existente entre los sectores público y privado. Según indicó, actualmente la cantidad de empleados públicos supera ampliamente a la de trabajadores privados que realizan aportes al sistema, una situación que impacta directamente en la sustentabilidad del régimen previsional entrerriano.

En relación con la reforma propuesta, sostuvo que el objetivo central es garantizar la viabilidad de la Caja a largo plazo. En ese marco, se plantea que quienes accedan a determinados regímenes jubilatorios especiales puedan continuar desempeñando tareas laborales y realizando aportes si optan por permanecer en actividad, contribuyendo así al fortalecimiento financiero del sistema.

Respecto de la edad jubilatoria, el titular de la Caja señaló que cualquier modificación se aplicaría de manera gradual, a través de un proceso de transición que podría extenderse entre cinco y veinte años. Asimismo, aseguró que las personas próximas a acceder al beneficio no sufrirán cambios en las condiciones vigentes.

También remarcó que los jubilados actuales mantendrán sus haberes y los derechos ya adquiridos, descartando modificaciones que afecten prestaciones en curso.

Otro de los temas abordados fue la movilidad jubilatoria. Según explicó, la propuesta oficial no contempla reducciones en los ingresos de los beneficiarios, aunque prevé una nueva fórmula de actualización que acompañe de manera más equilibrada las variaciones salariales de los trabajadores activos.

Durante la exposición se informó además que algunos sectores continuarán contando con regímenes especiales. Entre ellos se encuentran el personal policial, los artistas alcanzados por la Ley Provincial Nº 7.849 y determinados docentes que acrediten años de servicio frente al aula y cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, Bagnat se refirió a la creación de una paritaria única para algunos sectores específicos, mecanismo que permitiría vincular la evolución de las jubilaciones a acuerdos salariales propios de cada actividad y no exclusivamente a las actualizaciones del escalafón general de la administración pública.

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos destacaron la importancia del encuentro y valoraron el intercambio de información sobre una temática considerada clave para el futuro de miles de trabajadores activos y jubilados de la provincia.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La reciente presentación de proyectos en el marco del Régimen de Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI) dejó un dato que genera preocupación a nivel local: Victoria no figura entre las ciudades desde las cuales se solicitó ese beneficio para nuevas inversiones de las que generan empleo privado.

En total, 125 empresas impulsan iniciativas que representan una inversión cercana a los 208 millones de dólares, distribuidas en distintas localidades de Entre Ríos como Paraná (varias), Gualeguaychú, Colón, Federación, Diamante y La Paz. Sin embargo, la nuestra ciudad quedó al margen de este proceso.

Consultado sobre esta situación, el contador Daniel Zavala (*), con amplia trayectoria en el ámbito empresarial y económico, explicó que el principal problema radica en la falta de condiciones estructurales para atraer inversiones.

Según detalló, si bien en la ciudad existe un área destinada a la radicación industrial, la misma no cuenta con la infraestructura necesaria para resultar competitiva frente a otros polos. Entre las principales falencias mencionó la falta de accesos adecuados, servicios esenciales como gas y energía en condiciones óptimas, y la ausencia de pavimentación hasta los predios productivos.

Entrevistado por Paralelo32 también remarcó que, ante este escenario, los inversores optan por instalarse en ciudades donde estas condiciones ya están garantizadas, lo que reduce significativamente las posibilidades de que Victoria sea considerada.

Asimismo, señaló que muchas de las inversiones registradas en otras localidades provienen de capitales locales que buscan agregar valor a la producción regional, algo que en nuestro caso ocurre en menor medida.

Finalmente, sostuvo que el camino para revertir esta situación requiere una fuerte intervención del Estado en infraestructura, acompañada de políticas de incentivo, como beneficios impositivos (tasas), que permitan posicionar a la ciudad como una alternativa viable para futuras inversiones.

El desafío, según coinciden otros empresarios consultados, no es menor, se debe generar las condiciones básicas, para que Victoria deje de quedar al margen de oportunidades de desarrollo económico a gran escala, y en el futuro tampoco rechace inversiones como tantas oportunidades que se presentaron y fueron resistidas por sectores de la sociedad, vinculadas por lo general con la infraestructura turística.

(*) Daniel Zabala es contador, fue Convencional Constituyente, Concejal, Integrante de la CAME, ex Presidente del Centro Comercial y ex integrante de la Federación Económica de ER.

El gobierno de Entre Ríos puso en marcha la Ventanilla Única para Pymes, una herramienta destinada a facilitar el acceso al financiamiento y acompañar a pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de líneas de crédito y programas acordes a sus necesidades productivas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y ejecutada a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, busca brindar asesoramiento integral a las empresas entrerrianas, tanto para capital de trabajo como para proyectos de inversión productiva.

Desde el organismo provincial explicaron que el nuevo sistema permitirá a las Pymes acceder de manera más simple y ordenada a la información sobre alternativas de financiamiento disponibles, además de recibir acompañamiento técnico durante todo el proceso de postulación.

La secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, destacó que “la Ventanilla Única permite, además, acompañar a las empresas durante todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la presentación y seguimiento de las solicitudes, facilitando su vinculación con entidades financieras y organismos de financiamiento”.

Otro de los ejes de la propuesta es la promoción de la educación financiera. En ese sentido, el programa brindará herramientas para mejorar la comprensión del sistema crediticio y ampliar las posibilidades de acceso a financiamiento en mejores condiciones.

La funcionaria remarcó además que esta política “reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo de Entre Ríos, acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo, y fortaleciendo un entramado productivo más competitivo e integrado”.

La información completa sobre la Ventanilla Única y las líneas de asistencia disponibles puede consultarse en Ventanilla Única para Pymes de Entre Ríos

De acuerdo a estadísticas nacionales, se estima que más de 4.000 personas sufren intoxicaciones y alrededor de 200 fallecen anualmente por inhalación de monóxido de carbono en Argentina, en episodios que son completamente prevenibles.

En la provincia, los casos registrados muestran una tendencia creciente en los últimos años. Según datos del Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, se notificaron 23 intoxicaciones en 2022, 38 en 2023, 67 durante 2024 y 86 en 2025. En tanto, hasta la primera semana de mayo de este año ya se contabilizan 19 casos.

La referente del área, Analía Corujo, remarcó la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante los meses más fríos del año.

Entre las principales recomendaciones, se destaca evitar el uso de artefactos no diseñados para calefaccionar ambientes, como hornallas y hornos. Asimismo, se aconseja controlar periódicamente la correcta instalación de calefones, calefactores y tirajes, además de realizar revisiones por parte de gasistas matriculados.

Desde Salud recordaron además que una señal importante para detectar posibles fallas es observar el color de la llama, que siempre debe ser azul.

El monóxido de carbono representa un riesgo mayor para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas —como afecciones cardíacas, respiratorias o anemia— y también para las mascotas.

Asimismo, se advirtió sobre el peligro particular para las mujeres embarazadas, debido a las posibles secuelas neurológicas graves que puede ocasionar la intoxicación.

Uno de los principales problemas de este tipo de intoxicación es que sus síntomas suelen confundirse con cuadros gripales o intoxicaciones alimentarias, especialmente cuando afectan a varias personas dentro de un ambiente cerrado.

Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad muscular, somnolencia y, en casos graves, pérdida de conciencia.

En ese sentido, Corujo explicó que una de las características más frecuentes de la intoxicación por monóxido es la claudicación muscular, es decir, una marcada sensación de debilidad física.

El monóxido de carbono es un gas venenoso sin color, olor ni sabor, no irritante y menos denso que el aire, lo que dificulta su detección.

Por eso, desde el Ministerio insistieron en la necesidad de mantener siempre una ventilación mínima en los ambientes donde existan artefactos que consuman oxígeno, dejando alguna abertura de al menos cinco centímetros para permitir la circulación de aire.

Además, en caso de utilizar braseros o estufas a kerosén, recomendaron encenderlos y apagarlos únicamente en espacios exteriores y retirarlos del ambiente antes de dormir.

"La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial”, afirmó el ex gobernador Gustavo Bordet al presentar  en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia financiera para las familias argentinas.

La iniciativa establece la suspensión transitoria de ejecuciones de deudas y medidas cautelares.

“Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado”, expresó el diputado nacional entrerriano.

“La intención no es desconocer derechos de acreedores, sino establecer un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social”, sostuvo el ex gobernador entrerriano al fundamentar la iniciativa.

El proyecto busca brindar alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo del crédito y la profundización de la recesión económica.

La iniciativa contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes, evitando que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

La propuesta alcanza a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y también a monotributistas hasta la categoría G.En ese sentido, el ex gobernador remarcó que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”. Y agregó: “El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”.El proyecto excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, garantizando así la protección de derechos esenciales.

Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no constituye una solución eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de subas. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4% en comparación con abril del año pasado.

El dato representa la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025, cuando el costo de vida había registrado un aumento del 1,5%. Desde entonces, la inflación mantuvo una tendencia ascendente que llegó a superar el 3% mensual en los últimos meses.

Según supo la Noticias Argentinas, la baja de abril estuvo impulsada principalmente por una moderación en la inflación núcleo, es decir, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales. Este indicador pasó del 3,2% en marzo al 2,3% en abril, convirtiéndose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado.

Desde la consultora C&T Asesores Económicos señalaron que “la inflación núcleo explicó gran parte de la baja mensual”, destacando especialmente la desaceleración en algunos rubros vinculados al consumo cotidiano.

No obstante, algunos sectores continuaron mostrando fuertes incrementos. Entre las categorías analizadas por el INDEC, los precios regulados encabezaron las subas con un aumento del 4,7%, impulsados principalmente por el incremento en tarifas de transporte y electricidad.

En ese contexto, la división Transporte fue la que registró la mayor variación mensual, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo directamente relacionado con los ajustes en combustibles. Durante abril, YPF aplicó una suba del 1% en los precios de los combustibles y extendió por 45 días adicionales el esquema de congelamiento parcial de precios.

El rubro Educación también mostró una variación significativa, alcanzando el 4,2%, en un mes atravesado todavía por ajustes vinculados al inicio del ciclo lectivo y actualización de cuotas en distintos niveles educativos.

En contraste, las divisiones que reflejaron menores aumentos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 1,5%, y Recreación y cultura, que registró apenas un 1%.

En el caso de los alimentos, la desaceleración respondió principalmente a una baja en los precios de frutas y a una moderación general en productos de consumo masivo. También incidió una caída en los valores vinculados al turismo, que compensó parcialmente las subas estacionales en indumentaria por el cambio de temporada.

Las consultoras privadas coincidieron en que el dato de abril consolida una tendencia descendente gradual de la inflación, aunque remarcan que todavía persisten desafíos importantes para alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales es que el Ejecutivo había proyectado en el Presupuesto nacional una inflación anual del 10,1% para 2026, una meta que actualmente aparece fuera de alcance debido al comportamiento de los precios durante el primer cuatrimestre del año.

A pesar de ello, las expectativas para los próximos meses continúan siendo moderadamente optimistas. Distintas consultoras prevén que el IPC se mantendrá cerca del 2% mensual en el corto plazo.

La consultora EcoGo estimó para la primera semana de mayo una inflación del 2,2%, en línea con las proyecciones de C&T.

Según explicó el economista Camilo Tiscornia, “el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante”, al igual que la moderación en alimentos y bebidas, el impacto del Hot Sale y los ajustes limitados en combustibles.

“Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco prevé una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. Las proyecciones privadas indican que el costo de vida rondaría el 2,3% en mayo, el 2,1% en junio y el 2% en julio.

Estas estimaciones descartan, al menos por ahora, la posibilidad de que la inflación llegue a cero hacia agosto, como había anticipado en distintos momentos el presidente Javier Milei.

Desde la sociedad de bolsa PUENTE consideraron que el dato estuvo “en línea con lo esperado por el mercado”, por lo que no anticipan correcciones significativas en las previsiones económicas de corto plazo.

Además, remarcaron que, aunque la inflación continuará desacelerándose gradualmente, las tasas reales seguirían siendo negativas durante los próximos meses, un aspecto que todavía genera preocupación entre analistas y ahorristas.

Con este nuevo dato, el Gobierno logra mostrar una señal de alivio después de varios meses de aceleración inflacionaria, aunque el escenario económico todavía presenta tensiones y desafíos estructurales. La evolución de los precios en los próximos meses será clave para determinar si la desaceleración observada en abril logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa temporal dentro de un proceso inflacionario aún persistente.

En medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de adicionales dentro de la División 911 de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmaron un decreto que introduce cambios en el régimen de Policía Adicional con el objetivo de “optimizar la seguridad pública” y reforzar los controles sobre las tareas extraordinarias realizadas por el personal policial.

La nueva normativa fue rubricada el pasado viernes 8 de mayo y establece una modificación sustancial respecto del sistema vigente hasta ahora. Entre los principales cambios, se prohíbe de manera estricta que efectivos policiales realicen servicios adicionales para entidades públicas o privadas mientras se encuentran cumpliendo funciones ordinarias en sus dependencias.

De esta manera, los agentes solo podrán desempeñar tareas extras durante sus períodos de franco de servicio, eliminando así la posibilidad de combinar horarios de guardia regular con actividades adicionales remuneradas.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo decreto es la derogación del sistema conocido como “80/20”, implementado a partir de un decreto provincial del año 2019 y reglamentado posteriormente mediante una resolución administrativa.

Ese esquema habilitaba a que policías realizaran adicionales incluso durante horarios de servicio. Bajo esa modalidad, los efectivos percibían apenas el 20 por ciento del valor correspondiente a la hora adicional, mientras que el 80 por ciento restante era destinado a la denominada “caja policial”.

Con la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial, ese mecanismo queda sin efecto. Según establece la nueva normativa, el 95 por ciento del pago generado por los servicios adicionales será destinado directamente al funcionario policial que realice la tarea, mientras que el 5 por ciento restante será utilizado para mantenimiento de recursos logísticos y móviles policiales.

Desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo principal de la medida es garantizar que los agentes estén plenamente abocados a sus funciones durante los turnos regulares y evitar situaciones de agotamiento o disminución de la capacidad operativa de las comisarías y dependencias policiales.

La nueva reglamentación señala que la intención es priorizar la seguridad pública y asegurar que el personal policial mantenga una dedicación exclusiva durante los horarios de servicio.

Además, se remarca que las tareas adicionales continuarán siendo voluntarias y requerirán inscripción previa dentro de un registro administrativo, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre este tipo de prestaciones.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la reforma permitirá ordenar el sistema de adicionales, mejorar la administración de recursos y evitar posibles irregularidades vinculadas al manejo de horas extras dentro de la fuerza.

La decisión del Gobierno provincial se conoció en paralelo a la investigación que se desarrolla por una denuncia presentada por ocho efectivos policiales vinculada al presunto desvío de fondos provenientes de adicionales en la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

La causa se encuentra actualmente bajo análisis de la Fiscalía, que continúa evaluando la documentación secuestrada durante los procedimientos realizados la semana pasada en dependencias del 911.

Hasta este miércoles, aún no se habían definido imputaciones concretas en el expediente judicial.

En ese contexto, el comisario Juan Zunino continúa al frente de la División 911, mientras avanza la investigación sobre las presuntas maniobras denunciadas por los uniformados.

Por otra parte, el pasado viernes el juez de Garantías Julián Vergara dictó una medida cautelar que prohíbe que los ocho policías denunciantes sean sometidos a sumarios administrativos mientras se desarrolla el proceso judicial.

La resolución judicial buscó preservar a los efectivos involucrados en la denuncia y garantizar que no existan posibles represalias internas dentro de la fuerza mientras avanza la investigación.

La reforma del régimen de Policía Adicional representa uno de los cambios más importantes en la organización de las tareas extraordinarias dentro de la Policía de Entre Ríos en los últimos años.

El nuevo esquema modifica no solo la distribución económica de los adicionales, sino también la lógica operativa bajo la cual podían realizarse estas tareas, limitando estrictamente su ejecución a períodos de descanso del personal policial.

En el Gobierno entienden que la medida permitirá reforzar controles internos y transparentar el sistema, mientras que la investigación judicial en torno al 911 mantiene bajo observación el funcionamiento administrativo de los adicionales dentro de la fuerza provincial.

El gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente un Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos destinado inicialmente a trabajadores estatales activos y jubilados provinciales, con el objetivo de refinanciar deudas personales a tasas más bajas y aliviar el peso financiero sobre miles de familias entrerrianas. La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Banco de Entre Ríos, también proyecta extenderse al sector privado.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, quien explicó que la medida apunta a modificar el perfil financiero de los asalariados en un contexto marcado por el descenso de las tasas de interés y el fuerte endeudamiento de numerosos hogares.

“El objetivo es modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados, así como también los jubilados provinciales”, expresó el funcionario durante la conferencia de prensa.

El programa permitirá reemplazar múltiples deudas tomadas en bancos, financieras, mutuales, cooperativas y tarjetas de crédito por un único préstamo con condiciones más favorables. Según detalló el gobierno provincial, la propuesta contempla una tasa fija del 60 por ciento TNA, plazos de financiación de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.

La operatoria se realizará mediante código de descuento directo sobre los haberes, mecanismo que busca simplificar el trámite y reducir riesgos de incumplimiento.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa no tendrá costo fiscal para el Estado y remarcaron que el propósito es ordenar las finanzas personales de los trabajadores y disminuir significativamente la carga mensual derivada de créditos de alto costo.

Boleas explicó que muchas de las deudas actuales fueron contraídas en períodos de tasas más elevadas y que la refinanciación permitirá mejorar las condiciones de pago.

“Cuando se trata de créditos personales, si yo lo tomé el año pasado fue a una determinada tasa. Esta gestión que llevamos adelante frente al agente financiero va a permitir, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, sostuvo.

El ministro aclaró además que el programa alcanzará exclusivamente a deudas originadas en créditos personales y consumos financieros, incluyendo tarjetas de crédito.

Desde el gobierno provincial señalaron que uno de los objetivos centrales del plan es recuperar capacidad de consumo en los hogares entrerrianos y generar un efecto dinamizador sobre la economía local.

“Claramente esto genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y, por supuesto, ese dinero que se libera vuelve al consumo, revitalizando o mejorando la performance de la economía local”, indicó Boleas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajadores podrían liberar en promedio cerca del 20 por ciento de sus ingresos mensuales, mejorando así su capacidad adquisitiva y sus posibilidades de afrontar gastos cotidianos.

En ese marco, el ministro insistió en que la intención del Ejecutivo es ampliar posteriormente el alcance de la medida hacia trabajadores del sector privado.

“Estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el programa no surge como respuesta a un escenario de morosidad generalizada, sino como una medida preventiva ante el contexto económico actual.

“No hemos detectado niveles de morosidad alarmantes, pero creemos que toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico”, señaló.

La inscripción al programa se realizará de manera completamente digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos. Allí los interesados deberán registrar sus datos y las deudas a refinanciar para que el banco analice cada situación.

Posteriormente se aplicará un criterio técnico basado en la relación cuota-ingreso. Según se informó, la nueva cuota no podrá superar el 30 por ciento del ingreso neto del solicitante.

Quienes cumplan con las condiciones recibirán un turno en la sucursal más cercana para completar la operatoria y presentar la documentación correspondiente de sus deudas vigentes.

Desde el gobierno adelantaron que en los próximos días se brindarán mayores precisiones sobre la implementación y los requisitos específicos del programa.

Tras el anuncio, el docente y dirigente Víctor Hutt difundió un extenso documento en el que cuestionó duramente la iniciativa del gobierno provincial y sostuvo que el endeudamiento de los trabajadores tiene origen en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Según planteó, el problema de fondo radica en los recortes salariales acumulados en los últimos años y en la diferencia entre los ingresos y el costo de vida.

“Desde hace mucho tiempo venimos denunciando que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos de Entre Ríos ha generado un endeudamiento que ya es insoportable e imparable para las familias trabajadoras”, expresó.

Hutt aseguró que el deterioro salarial obligó a miles de trabajadores a recurrir al crédito para sostener gastos básicos y advirtió sobre un círculo de endeudamiento creciente.

“El crecimiento del endeudamiento produjo que se vaya pasando de deudas en la tarjeta a deudas con los bancos, y luego a aplicaciones y financieras con intereses cada vez más elevados”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que una refinanciación no resolverá estructuralmente el problema mientras los salarios continúen perdiendo frente a la inflación.

“La única medida que puede romper este círculo vicioso es recuperar el poder adquisitivo del salario al menos a los niveles de 2023”, indicó.

En su análisis, Hutt también cuestionó la tasa del 60 por ciento anunciada para el programa y consideró que continúa siendo elevada en relación con la inflación proyectada.

“El proyecto consiste en la participación del Banco de Entre Ríos, que cambiaría las deudas actuales por deudas a una tasa especial del 60 por ciento. Una rebaja que para nada cambia la categoría de tasa usuraria”, expresó.

Asimismo, afirmó que el esquema representará beneficios financieros para el banco y para entidades crediticias privadas, ya que permitirá garantizar el cobro de préstamos mediante descuentos automáticos sobre los salarios.

“No hay salida posible del endeudamiento si el gobierno provincial no nos devuelve el salario que nos quitó”, concluyó el docente.

El anuncio del Programa de Desendeudamiento abrió un nuevo debate en Entre Ríos acerca de la situación económica de los trabajadores públicos, el impacto de la inflación sobre los salarios y el creciente peso del financiamiento personal en la economía familiar.

Mientras el gobierno provincial sostiene que la iniciativa permitirá aliviar las finanzas de miles de familias y recuperar capacidad de consumo, sectores sindicales y docentes insisten en que el problema estructural continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos frente al aumento sostenido del costo de vida.

En ese escenario, el programa aparece como una de las principales medidas económicas impulsadas por la administración provincial para intentar contener el impacto del endeudamiento sobre los asalariados entrerrianos en un contexto nacional de fuerte ajuste y retracción del consumo.

El cierre de 868 empresas y la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados en Entre Ríos durante los últimos dos años encendieron señales de alerta en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) advirtieron que la situación está directamente vinculada a la caída del poder adquisitivo y al deterioro del mercado interno.

El presidente de la entidad, Rafael Vicentín, señaló a la agencia AIM que los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

“La información que manejamos sobre cierre de empresas en Entre Ríos tiene como fuente al Cepa. En números gruesos, se perdieron alrededor de 900 empresas y los puestos de trabajo formales que cayeron rondan los 6.500”, indicó Vicentín a AIM.

Según el relevamiento, el número de empresas con personal registrado en la provincia descendió de 17.405 a 16.537, con fuerte impacto en sectores clave de la economía provincial.

El comercio fue el rubro más afectado, con 231 empleadores menos en dos años. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 105 empresas, y el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 101 empleadores.

En materia laboral, el informe destaca la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados, con especial incidencia en la construcción, actividad que sufrió una retracción del 38,2 por ciento.

El estudio también advierte sobre una creciente concentración económica. De acuerdo al análisis del Cepa, el 98,2 por ciento de los empleos perdidos correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 6.301 puestos. En contraste, las firmas de mayor tamaño concentraron apenas el 1,8 por ciento restante de la caída, con 115 empleos menos.

Para Vicentín, la situación responde principalmente al deterioro del consumo interno. “Esto es producto de la caída del poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los sectores trabajadores, jubilados y pensionados; a su vez, ha habido un aumento que no tiene relación con el de los salarios en todos los precios de bienes y servicios”, sostuvo.

Desde Apyme también cuestionaron la falta de respuestas legislativas y ejecutivas frente a la crisis del sector. A finales de 2025, el expresidente de la entidad, Luis Lozar, junto a la diputada Andrea Zoff, impulsaron un proyecto de ley de Emergencia Pyme en la Legislatura entrerriana.

Sin embargo, Vicentín afirmó que la iniciativa no avanzó. “Se presentó y ahí quedó, no ha sido incluido en las sesiones, suponemos que duerme en algún cajón”, expresó.

El dirigente agregó además que “no ha trascendido ningún interés por parte del Ejecutivo provincial, que en definitiva es el que fija agenda temática para el poder Legislativo, en atender este tema”.

En ese sentido, consideró que las políticas económicas actuales priorizan sectores concentrados de la economía. “Los beneficiarios de este modelo económico que se impulsa desde Nación y Provincia son sectores muy acotados vinculados a actividades extractivas, agropecuarias, petróleo, minería y finanzas. Las empresas que se promueven bajo este modelo no son mano de obra intensiva, incorporan muy poco personal”, cuestionó.

Finalmente, Vicentín remarcó que el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas depende directamente de la recuperación del consumo y del poder adquisitivo de la población.

“La vida de las pequeñas y medianas empresas está íntimamente ligada a la suerte de los sectores trabajadores y jubilados, a lo que hace que un mercado interno tenga dinamismo en la medida que estos sectores sociales mayoritarios tengan poder adquisitivo”, concluyó.

El Ejecutivo provincial detalló las auditorías realizadas, los fondos recuperados ante Nación y las acciones impulsadas para revertir años de falta de controles y reclamos sobre el sistema previsional entrerriano.

El Gobierno de Entre Ríos respondió formalmente el pedido de informes presentado por senadores del bloque Justicialista vinculado al financiamiento y la situación previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La respuesta fue elaborada aún antes de que el requerimiento adquiera estado parlamentario, luego de que el pedido fuera difundido públicamente.

En ese marco, el Ejecutivo provincial brindó precisiones sobre las gestiones realizadas ante ANSES y el Estado Nacional, el estado de las auditorías previsionales, los acuerdos de financiamiento suscriptos y las acciones judiciales impulsadas por la Provincia para recuperar recursos adeudados.

Entre los principales puntos informados, se destacó que durante los años 2024 y 2025 la Provincia percibió aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional por parte del Estado Nacional, en el marco de convenios celebrados con ANSES.

Asimismo, se informó que los ejercicios correspondientes al período 2017–2020 ya fueron auditados y que el ejercicio 2021 se encuentra actualmente en proceso de auditoría técnica.

En la respuesta remitida al Senado, el Gobierno provincial sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, situación que, según se indicó, “significaba un obstáculo para efectuar cualquier reclamo o acción” vinculada al recupero de fondos previsionales adeudados por Nación.

El informe también afirma que “durante años la provincia no contó con la información, las auditorías ni la decisión política necesarias para defender sus recursos previsionales”, y señala que fue la actual gestión la que impulsó “por primera vez un proceso integral de auditoría, reclamo administrativo, recupero de fondos y litigio judicial”.

También se confirmó que la Provincia mantiene en trámite una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES por el recupero de fondos previsionales adeudados, acción iniciada en abril de 2024.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, señala la respuesta oficial.

Además, el Gobierno provincial precisó que el monto estimado del reclamo asciende actualmente a aproximadamente 154.606 millones de pesos, sujeto a la determinación definitiva resultante de las auditorías en curso.

En otro tramo del informe, el Ejecutivo sostuvo que “durante años los montos permanecieron congelados, sin reclamo”, y destacó que la actual gestión logró “no sólo reactivar los pagos, sino incrementarlos significativamente”.

Por otra parte, la respuesta aclara que los acuerdos de financiamiento celebrados con Nación “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”, y ratifica que “la Provincia no resigna sus derechos” en el marco de las negociaciones técnicas y judiciales en desarrollo.

Finalmente, el informe sostiene que la actual gestión logró revertir un escenario de “desconexión institucional” con los organismos nacionales y avanzar en una estrategia activa de defensa del sistema previsional entrerriano.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye la respuesta remitida a la Cámara de Senadores.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

Senadores del bloque del Partido Justicialista de Entre Ríos presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde detalles sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y los acuerdos suscriptos con el Estado Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La iniciativa busca aportar claridad sobre el financiamiento del déficit previsional y el alcance de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones con Nación, en un contexto que requiere información precisa y previsibilidad.

Entre los principales puntos, los legisladores solicitaron conocer los montos efectivamente transferidos, el estado de ejecución de los convenios firmados y el detalle de la deuda que, según los cálculos provinciales, mantiene el Estado Nacional con Entre Ríos.

Asimismo, el pedido pone el foco en el convenio suscripto en octubre de 2025 con ANSES, requiriendo información sobre sus condiciones, su implementación y su posible impacto sobre el reclamo judicial que la provincia sostiene por el cobro de fondos previsionales.

Otro de los aspectos relevantes es la consulta sobre eventuales condicionamientos en el envío de recursos nacionales, particularmente en relación con posibles modificaciones del sistema previsional provincial. En ese sentido, se solicita precisar si existen exigencias vinculadas a cambios en la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo de haberes o el esquema de aportes.

Los senadores también requirieron detalles sobre el avance de las auditorías que deben determinar el monto definitivo del déficit y la deuda, así como la proyección financiera de la Caja de Jubilaciones a mediano y largo plazo.

Finalmente, el pedido incluye información sobre las gestiones y reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, con el objetivo de garantizar transparencia institucional en un tema clave para la provincia.

La provincia de Entre Ríos se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en implementar un régimen que obliga a detallar el impacto de los impuestos provinciales en los precios finales. A través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el gobierno reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, con el objetivo de brindar mayor claridad a los ciudadanos sobre la carga impositiva que incide en bienes y servicios.

La medida quedó formalizada tras la publicación del Decreto 1121/26 y la Resolución 128, que establecen la obligación de discriminar en facturas, tickets y comprobantes fiscales la incidencia estimada de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Esta información se sumará a la ya existente sobre el IVA y otros tributos nacionales indirectos en las operaciones destinadas a consumidores finales.

Desde el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, destacaron que la iniciativa forma parte de una política integral de transparencia fiscal. El objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a conocer qué proporción del precio que pagan corresponde a impuestos, sin que ello implique cambios en la carga tributaria. En ese sentido, se aclaró que la medida tiene un carácter estrictamente informativo y no recaudatorio, permitiendo incluso el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas.

El titular de ATER, Jesús Korell, subrayó la relevancia de la normativa y el rol pionero de la provincia. “La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida”, afirmó. Además, remarcó la importancia de contar con un régimen provincial propio que complemente las disposiciones nacionales.

Alcances y aplicación gradual

La normativa establece que deberán cumplir con la obligación todos los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —tanto en el Régimen Directo como en el Convenio Multilateral— y en el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales. Estos deberán consignar en los comprobantes las alícuotas correspondientes y los importes estimados de los tributos.

Quedan excluidos del régimen los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado. En cuanto a la presentación de la información, deberá ubicarse luego de la descripción de la operación y del IVA, bajo la leyenda “Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesiones Liberales”, en el sector inferior izquierdo del comprobante.

La implementación será progresiva. Los denominados “grandes contribuyentes” deberán adecuarse en un plazo de 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que el resto contará con un plazo de 180 días.

La iniciativa es llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos y la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, que recientemente realizaron la apertura de sobres de tres licitaciones públicas. En total, participaron 14 empresas oferentes, lo que fue destacado por las autoridades como una señal de confianza en la gestión.

La inversión, financiada íntegramente con fondos provinciales, permitirá incorporar tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. A su vez, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, además de insumos destinados al señalamiento vial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que esta compra representa un hecho significativo, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde 2011, acumulando más de 15 años sin inversiones de este tipo.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas acciones se enmarcan en una política pública orientada a recuperar la red vial tras años de desinversión. “Se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales. Tenemos una planificación impulsada por el gobernador, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública”, afirmó.

En la misma línea, el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, subrayó el esfuerzo económico que realiza la provincia en esta área. “Casi la totalidad de las obras se ejecutan con fondos propios. Este mes se certificaron más de 12.000 millones de pesos en obras”, precisó.

Donda también adelantó que esta licitación es la primera de una serie de procesos que se llevarán adelante para seguir equipando la repartición. Entre las próximas adquisiciones previstas se encuentran 18 motoniveladoras, una retroexcavadora, una cargadora, camiones volcadores, carretones y batanes destinados a distintas zonales.

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la red vial es clave tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, en un proceso que definieron como sostenido y de largo plazo.

Del acto participaron además el escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, junto a funcionarios del área y representantes de las empresas oferentes.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPyRP) publicó este lunes en el Boletín Oficial Nº 28.326 la Resolución General Nº 005/26, mediante la cual se introducen modificaciones en el régimen de presentaciones para asociaciones civiles y fundaciones en la provincia de Entre Ríos.

La nueva normativa tiene como objetivo unificar los criterios de validación dentro de la plataforma digital Mi Entre Ríos y establece que toda la documentación cargada tendrá carácter de declaración jurada.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los estados contables deberán cumplir con mayores requisitos formales. Según lo dispuesto, deberán estar certificados por contador público matriculado y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente, incorporando además la obligatoriedad de la firma digital.

La norma también señala que la carga de documentación implica una manifestación expresa de que los documentos han sido suscriptos por las autoridades estatutarias de la entidad, quienes conservan la plena responsabilidad legal, administrativa y patrimonial sobre su contenido, veracidad y autenticidad.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la definición de responsabilidades en los trámites realizados por terceros. En este sentido, cuando un contador efectúe presentaciones por delegación, su actuación en el sistema será considerada, a todos los efectos administrativos y registrales, como realizada por la autoridad estatutaria correspondiente.

De este modo, la documentación se tendrá por presentada y firmada por el presidente de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad profesional del contador interviniente y de las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades de la organización.

El nuevo marco normativo refuerza los mecanismos de fiscalización. La DGIPyRP podrá requerir en cualquier momento la exhibición de la documentación original presentada de forma digital.

Asimismo, el organismo queda facultado para adoptar medidas ante inconsistencias, omisiones o falsedades, conforme a lo establecido en la Ley Nº 11.100. La resolución también consolida el uso de la firma electrónica en las presentaciones digitales, otorgándole plena validez jurídica en línea con la Ley Nº 25.506.

Con estos cambios, el organismo busca modernizar los procesos administrativos, fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en la gestión de asociaciones civiles y fundaciones en la provincia.