Según publica la periodista Ayelén Berdiñas en la edición de este martes del diario Pagina12, Nazarena Menem, de 26 años, obtuvo en agosto de 2025 un crédito hipotecario por 236,9 millones de pesos, bajo condiciones consideradas preferenciales. El caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien accedió a un préstamo de 357 millones. En conjunto, ambos concentraron casi 600 millones de pesos en financiamiento en un lapso de seis meses.

Nazarena Menem cuenta con experiencia laboral únicamente en la Auditoría General de la Nación, donde trabaja desde hace menos de cuatro años y posee planta permanente. Según su categoría administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales.

En tanto, Sharif Menem se desempeña en la Cámara de Diputados con un ingreso similar. La magnitud de los créditos otorgados generó cuestionamientos sobre la relación entre ingresos y capacidad de pago, así como sobre las condiciones de acceso.

Ante el escándalo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios habituales de evaluación crediticia.

Sin embargo, distintas denuncias judiciales apuntan a determinar si existió una operatoria discrecional o incluso una “ventanilla VIP” para funcionarios. La diputada Mónica Frade amplió una presentación judicial que incluye estos casos y otros vinculados al equipo económico.

De acuerdo con datos que circulan en el ámbito legislativo, de unos 27 mil créditos otorgados en los últimos dos años, alrededor de 11.200 habrían sido destinados a funcionarios o personas vinculadas al oficialismo, en su mayoría de La Libertad Avanza.

El economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, advirtió sobre posibles conflictos de interés. “La Ley de Ética Pública establece límites claros: quienes gobiernan no deberían beneficiarse de créditos otorgados por entidades bajo su órbita”, sostuvo.

La causa judicial también incluye a funcionarios del área económica, como Federico Furiase, quien habría recibido 367 millones de pesos y es investigado por la posible compra de una tercera propiedad, lo que contradiría los objetivos de la línea hipotecaria.

En la lista aparecen además Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, con créditos de 510 y 373 millones respectivamente, así como otros funcionarios del Ministerio de Economía que acumulan financiamiento por cientos de millones.

El diputado Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública al Banco Nación y al Banco Central para conocer en detalle las condiciones de los créditos y evaluar si hubo discrecionalidad en su otorgamiento.

Mientras tanto, la causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar las presentaciones y determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés.

A medida que se conocen nuevos casos, crece la controversia en torno al uso de líneas de crédito destinadas originalmente a facilitar el acceso a la vivienda. Desde el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que no tienen “nada que temer” ante la revisión de los expedientes.

Sin embargo, las denuncias y los cuestionamientos políticos mantienen el tema en el centro de la agenda pública, mientras avanza la investigación judicial y se aguardan definiciones sobre uno de los episodios más sensibles en materia de transparencia y gestión de recursos públicos.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

En un contexto en el que la economía argentina necesita consolidar la generación genuina de divisas y sostener un crecimiento económico estable, un nuevo informe académico plantea que el sector agroindustrial podría transformarse en el principal motor del desarrollo del país durante la próxima década.

El estudio, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, sostiene que el agro podría expandirse un 90% en los próximos diez años si se eliminan los derechos de exportación y se resuelven los principales cuellos de botella estructurales que hoy limitan la inversión y la productividad.

La investigación fue realizada bajo el modelo económico Agmemod y proyecta que, bajo un escenario de reformas, la producción agroindustrial argentina podría alcanzar las 251 millones de toneladas en una década, impulsando una expansión significativa del Producto Bruto Interno y de las exportaciones.

Actualmente, el complejo agroindustrial representa el 23% del PBI argentino y explica el 60% de las exportaciones totales del país. Dentro de ese universo, los complejos oleaginosos y cerealeros generan por sí solos el 45% de las divisas que ingresan a la economía nacional.

“Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento”, afirmó Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School.

Las proyecciones del informe también analizan la campaña agrícola 2025/26. En ese período se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas, con ingresos superiores a 4.500 millones de dólares.

A su vez, la cosecha gruesa alcanzaría las 154 millones de toneladas, generando entre 32.000 y 37.000 millones de dólares en ingresos para la economía.

El documento destaca que, pese a las dificultades estructurales, el agro argentino ha mostrado una notable capacidad de crecimiento. En las últimas tres décadas, la producción se triplicó mientras que el área sembrada sólo se duplicó, impulsada por la incorporación de biotecnología, agricultura de precisión, digitalización y mejoras logísticas.

Uno de los principales factores que limita el crecimiento del sector es, según el informe, la presión fiscal.

El estudio calcula que la carga sobre la renta agrícola alcanza el 55,5%, y llegó al 63,6% en junio de 2025 al considerar cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol.

La situación contrasta con la de otros países. Mientras los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China el respaldo alcanza el 13% y en Estados Unidos el 7%. En Brasil, el apoyo promedio al sector equivale aproximadamente al 0,5% del PBI.

Entre 1997 y 2023, además, Argentina extrajo del sector agroindustrial recursos equivalentes a -1,6% del PBI anual.

“La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”, explicó Daniel Mamone, investigador del IAE Business School.

El informe también identifica importantes déficits en infraestructura logística.

Actualmente, el 90% del transporte de granos se realiza por camión, mientras que solo el 10% se mueve por tren, lo que encarece los costos logísticos.

La red vial argentina presenta además limitaciones estructurales. De los 640.000 kilómetros de caminos, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% son rutas nacionales y solo 3.200 kilómetros son autopistas o autovías.

En 2023, el sector agroindustrial aportó 28.686 millones de dólares en tributos. Según el estudio, mantener en condiciones adecuadas la red vial del país demandaría entre 3.200 y 6.500 millones de dólares anuales, equivalente a apenas el 17% del aporte tributario del propio sector.

“Si se corrigen los déficits de infraestructura y se incentiva la inversión tecnológica, el agro puede convertirse en un vector central de crecimiento para toda la economía”, señaló Ernesto Ruete Güemes, investigador del IAE Business School.

El parque de maquinaria agrícola también evidencia señales de atraso. El informe señala que el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de antigüedad.

En paralelo, la productividad total de factores en Argentina cayó 6% en los últimos 20 años, mientras que en Brasil creció un 45% en el mismo período.

Sin embargo, los productores muestran disposición a invertir si cambian las condiciones económicas. Según la última encuesta AgBarometer Austral, el 80% de los productores estaría dispuesto a modernizar su maquinaria si mejoran la rentabilidad y el acceso al financiamiento.

El estudio sostiene que la modernización tecnológica no es una consecuencia del crecimiento, sino una condición previa para impulsarlo.

Bajo un escenario que combine eliminación de retenciones, mejoras en infraestructura, adopción tecnológica y expansión de 6,5 millones de hectáreas adicionales, el informe proyecta que el sector agroindustrial podría crecer un 90% en diez años.

En ese contexto, la producción alcanzaría 251 millones de toneladas, aumentando su participación en el PBI, acelerando la generación de divisas y permitiendo financiar la reconstrucción integral de la red vial del país en apenas tres años.

“La clave no es sólo sectorial sino macroeconómica. Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”, concluyó Bernardo Piazzardi, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El encuentro se desarrolló en el salón del Centro Cultural local y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial, además de funcionarios municipales y provinciales.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto para mejorar la gestión y fortalecer el vínculo entre la provincia y los gobiernos locales.

“Este tipo de reuniones ya se han vuelto habituales en estos primeros años de gestión. Cada 15 días nos reunimos en un municipio de la provincia. La idea es que durante los cuatro años de gobierno podamos visitar la mayoría de las comunas y municipios”, señaló Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de optimizar la gestión frente al contexto económico actual. “En una época de vacas flacas como esta, donde hay escasez de recursos, tenemos que compensarlo con mejor calidad de gestión. El trabajo en equipo es el camino”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia del vínculo humano en la gestión pública. “Más allá de las políticas, la política la hacen personas que tienen que conocerse, romper barreras y generar confianza. Cuando eso pasa, las cosas fluyen de una manera mucho mejor”, sostuvo.

Frigerio explicó que uno de los objetivos centrales de estos encuentros es que los equipos provinciales puedan conocer de primera mano las necesidades de cada localidad. “Queremos que mi equipo escuche directamente cuáles son las necesidades del municipio, porque esas tienen que ser inmediatamente nuestras prioridades. Los intendentes conocen con mayor cercanía la realidad de sus vecinos”, indicó.

En ese sentido, destacó que estas instancias permiten mejorar la articulación institucional y agilizar la gestión administrativa. “La idea es que a partir de este encuentro la relación sea aún mejor y que podamos agilizar trámites. Muchas veces no depende de estructuras, sino de compromiso con los expedientes y de trabajar en conjunto”, agregó.

Por su parte, la intendenta Miraglio valoró la visita del gabinete provincial y la posibilidad de generar un espacio de diálogo directo con los funcionarios. “Me siento más que orgullosa y honrada de recibirlos. Es la primera vez que se realiza en nuestra localidad una reunión de estas características, donde podemos hablar, escuchar y aprender para trabajar juntos y encontrar soluciones para todos”, expresó.

La presidenta municipal también destacó el acompañamiento del gobierno provincial desde el inicio de la gestión y señaló que, pese al complejo contexto económico, el trabajo conjunto permite avanzar en respuestas para la comunidad.

“Conocemos la realidad de la provincia y del país, pero creemos que trabajando en conjunto se pueden llevar adelante muchas cosas”, concluyó.

El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

“Lo que hace el PJ es comparar montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y muchas devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, afirmó.

Dal Molín señaló que ese tipo de comparaciones omiten deliberadamente el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

“Para evitar justamente esa distorsión, la comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, agregó.

El senador también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento en la gestión kirchnerista que gobernó por más de dos décadas nuestra provincia. Por más que hayan incrementado una deuda casi inexistente y la hayan llevado a valores muy altos, este porcentaje sólo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, señaló.

Dal Molín remarcó además que, cuando se analiza correctamente la capacidad de pago de la provincia, el panorama es claro. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó.

El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “no hubo anuncios de importancia” ni definiciones claras sobre el rumbo de la economía.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet afirmó que la exposición presidencial fue “perfectamente planificada, guionada y actuada”, y negó que los exabruptos hayan sido espontáneos. “Fue algo pensado para ir a un discurso confrontativo, que desvíe los grandes ejes que uno esperaba escuchar en una apertura de sesiones”, señaló.

El legislador entrerriano consideró que desde el inicio hubo “una actitud de provocación permanente” que desnaturalizó lo que tradicionalmente constituye un mensaje institucional ante la Asamblea Legislativa.

“La verdad que es una pena, porque me hubiese interesado escuchar cuál va a ser el rumbo de la economía y de eso no se habló. No hubo anuncios importantes tampoco”, remarcó.

Bordet cuestionó además que, más allá de los cruces y las expresiones polémicas, “los problemas en la Argentina siguen”. En ese sentido, advirtió que el costo de vida continúa en aumento y sostuvo que la inflación, que el Gobierno presenta como un logro, “desde mayo viene subiendo sostenidamente”.

“Hoy estamos en los mismos valores que hace varios años atrás, con la gran diferencia de que ahora hay inflación y estancamiento, lo que se conoce como estanflación, y esto perjudica notoriamente a las familias argentinas”, expresó. Y agregó: “Me hubiese gustado saber qué es lo que iban a proponer en materia económica. Fue más un show de prime time que un discurso de apertura de sesiones”.

El exgobernador de Entre Ríos también lamentó lo que definió como “un gran deterioro de las instituciones” y cuestionó las formas del mandatario. “La falta de respeto y ciertas guarangadas no le hacen bien a nadie”, afirmó.

Según describió, el tono confrontativo fue deliberado. “Cuando hacía el acting dirigiéndose hacia la oposición, era algo que estaba pensado. No es algo espontáneo. Y si uno analiza lo que decía, eran frases repetitivas, prácticamente las mismas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las provocaciones partieron del Presidente y que, si bien el bloque opositor se mantuvo en calma en un primer momento, algunos legisladores reaccionaron ante los agravios.

Bordet también señaló que el discurso apuntó contra la oposición política y determinados sectores empresariales, a los que —según dijo— el Presidente ha tomado como adversarios. En ese marco, citó el concepto desarrollado por Umberto Eco sobre la “construcción del enemigo” como herramienta discursiva.

“Se construye un enemigo para polemizar y denigrar, pero lo que se está ocultando es que hay una situación económica cada vez más penosa, con mayores dificultades y una especulación financiera creciente”, advirtió.

Finalmente, criticó la extensión del mensaje presidencial —que superó las dos horas— y reiteró que no hubo anuncios concretos. “Se habló de reformas y de enviar proyectos al Congreso, se mencionó por arriba una posible modificación del Código Penal, pero no hubo nada específico. Para ser una apertura de sesiones, estuvo muy fuera de lo que debió haber sido”, concluyó.

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La medida quedó establecida a través de la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se adoptó pocos días después de que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunciara el lanzamiento de la Etapa II-B del mismo proyecto, que prevé transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

La nueva convocatoria abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

En esta fase se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. En el caso de Entre Ríos, el llamado comprende 276 kilómetros, entre ellos la concesión de la Ruta Nacional 18 —con tres cabinas de peaje entre Paraná y Concordia— y la denominada ruta 12 de Crespo a Paraná.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual. El esquema se enmarca en el “Proyecto Red Federal de Concesiones”, diseñado para reemplazar el modelo vigente por uno sin subsidios estatales.

La resolución aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato, los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones.

La documentación puede consultarse y descargarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. El plazo límite para la presentación de ofertas será el 18 de mayo a las 12:00, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 13:00 mediante acto público electrónico.

El llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”.

Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas.

La convocatoria forma parte del procedimiento de privatización total de Corredores Viales SA autorizado por el Decreto 97/2025, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.

Según los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía —con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”— es la autoridad encargada de llevar adelante el proceso. Previamente, la Dirección Nacional de Vialidad convocó y realizó audiencias públicas informativas sobre la Etapa III y presentó la tasación exigida por la Ley 23.696.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá eliminar el déficit del sistema actual, promover mayor transparencia y competencia, y equilibrar las cuentas públicas mediante la transferencia al sector privado de la operación y mantenimiento de los corredores.

La semana pasada, el Gobierno había lanzado la licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En esa oportunidad, el ministro Caputo precisó que la convocatoria incluía cuatro corredores estratégicos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

Las obras previstas en esa fase comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones avanza en distintas etapas con el objetivo oficial de modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y redefinir el esquema de gestión de los principales corredores nacionales.

Parece inminente que se apruebe una reforma laboral que desarma la protección normativa de los derechos de los trabajadores y nos vuelve en el tiempo unos 100 años por lo menos. Despidos más flexibles, jornadas interminables y negociación uno a uno con el empleador, representan un grado de desventajas absolutas para quien debe llevar el pan a su mesa todos los días. Pero aunque el panorama sea desalentador solo está todo perdido para los que tengan intimidado el corazón y esos no somos nosotros.

La época que se viene no es para tibios, no es para cómodos y definitivamente no será fácil, pero basta conocer un poco la historia para saber que a los trabajadores nunca nos regalaron nada y así como conquistamos los derechos una vez, vamos a volver a hacerlo y con más fuerza.

Porque la esperanza está encendida y no depositada en los que se venden como salvadores en los medios o las redes cuando no representan a nadie, sino en las compañeras y compañeros que sin prensa todos los días sostienen a otros en la necesidad. Con esas compañeras, algunas entradas en años ya, que se levantan los domingos temprano a hacer un arroz con leche para que los chicos de su barrio tengan algo en el estómago, con esas que pelean con la burocracia y el tiempo cuando los compañeros necesitan atención médica, con esos compañeros que te abren las puerta de su casa para compartir, con los que no hay feriado ni domingo para encontrar formas de hacer que los demás estén un poquito mejor, con esos que cuando la vida aprieta (y sí, porque a nosotros también nos pasan cosas) tenes un abrazo fuerte, un hombro y fundamentalmente con quien contar, con esas que no duermen por semanas estudiando formas de que meter un peso más en el bolsillo del trabajador cuando hay una paritaria, con esos que hace mil kilómetros para que ningún gurí se quede sin sus útiles para estudiar, con esas y esos cuyos gestos de generosidad dan para escribir mil libros no es opción bajar lo brazos.

Mientras haya una llama prendida seguiremos luchando porque no posamos para las cámaras, vivimos así, nos duele la injusticia y el dolor ajeno como propio y esa es nuestra mayor fortaleza. Los burócratas de saco y zapatitos brillosos que se dediquen a lo suyo, nosotros vamos a estar al lado del pueblo, codo a codo como siempre.

La nueva legislación destierra la palabra solidaridad de la letra de la norma pero nada ni nadie la va a sacar de nuestros corazones y nuestras prácticas, con eso como bandera nos vamos a organizar para cuidarnos. Con esta reforma abusiva nos quieren hacer sentir que no valemos nada, pero nosotros nos vamos a formar cada día y juntos vamos a defender nuestra dignidad.

A la desprotección que dejará, le vamos a responder con unidad entre compañeros y con una lucha incansable por la recuperación. Y de yapa vamos por la actualización que sí necesitan los trabajadores: vamos por el cuidado de la salud mental y los ambientes libres de violencia, vamos por el reconocimiento de cientos de miles de trabajadores que están en la informalidad, vamos a trabajar en la integración del avance tecnológico para mejora de las condiciones laborales y por devolverles a los chicos la esperanza de un buen futuro.

Desde la juventud queremos decirle a los que buscan poner al pueblo de rodillas que solo se perderá la batalla el día que no quede ni un solo sindicalista de pie, mientras tanto acá desde el llano y con el corazón encendido daremos batalla por nuestro hermoso país, por nuestros hermanos y hermanas, en honor a la memoria de los que lo hicieron antes que nosotros y para los que vendrán después. “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir”, no es solo el final del himno, es también nuestro estilo de vida. La historia nos pone a prueba y le vamos a responder.

En la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el artículo 118 de la reforma laboral, que dispone la derogación del Estatuto del Periodista. La votación se produjo tras el aval en general del proyecto y marcó el cierre de una extensa sesión en la que los legisladores avanzaron con el tratamiento en particular de cada artículo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, incluyó la supresión de la Ley 12.908, norma que regula el trabajo periodístico en el país desde 1944. El punto fue uno de los más debatidos en el recinto y concentró la mayor cantidad de intervenciones, con planteos de distintos bloques para retirarlo del texto. Sin embargo, el oficialismo mantuvo la redacción y la sometió a votación.

El recuento final arrojó 126 votos afirmativos, 119 en contra y 4 abstenciones, resultado que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo en el marco del debate de la reforma laboral.

El respaldo a la derogación del Estatuto provino principalmente de La Libertad Avanza, espacio que reunió la mayor cantidad de votos positivos. También acompañaron legisladores del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y Provincias Unidas, entre otros bloques y monobloques provinciales como Independencia, Producción y Trabajo, País Federal y Por Santa Cruz.

En contraposición, votó en bloque en contra Unión por la Patria, que volvió a consolidarse como la principal bancada opositora. Al rechazo se sumaron los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, la Coalición Cívica ARI, sectores de Provincias Unidas e Innovación Federal, además de representantes de Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba, Primero San Luis, La Neuquinidad y Coherencia.

La eliminación del régimen específico para la actividad de prensa fue uno de los ejes más sensibles del debate. Legisladores opositores argumentaron que la derogación deja sin un marco diferencial a la actividad periodística, mientras que desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a unificar criterios laborales y reducir regímenes especiales.

Con la aprobación del artículo 118, el proyecto de reforma laboral continúa su curso legislativo. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá volver al Senado de la Nación Argentina para su revisión final. El oficialismo aspira a convertir la iniciativa en ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

El 3 de febrero de 1852 no fue solamente una batalla. Fue, sobre todo, un punto de inflexión. En los campos de Caseros se terminó un ciclo político largo, áspero y personalista, y comenzó otro que, con tropiezos y resistencias, buscó ordenar el país bajo leyes comunes. Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y jefe del Ejército Grande, derrotó a Juan Manuel de Rosas y abrió una puerta que llevaba décadas cerrada: la de la organización nacional.

Rosas había gobernado Buenos Aires con poder casi absoluto durante más de veinte años, acumulando facultades extraordinarias, disciplinando aliados y enemigos, y administrando una Confederación que existía más en el discurso que en la práctica. El país no tenía Constitución, ni instituciones nacionales estables, ni reglas claras para convivir entre provincias. Caseros fue el final de ese orden sostenido por la fuerza y el miedo, pero también por consensos silenciosos que habían preferido la obediencia al caos.

Urquiza no se presentó como un caudillo vengador. Se presentó como un organizador. Su proclama previa, el célebre Pronunciamiento de 1851, no hablaba de revancha sino de leyes, comercio libre, relaciones exteriores normales y Constitución. Era un programa ambicioso para un país acostumbrado a obedecer personas más que normas.

Quince meses después de Caseros, el 1º de mayo de 1853, ese programa empezó a tomar forma concreta: se juró por primera vez la Constitución Nacional en Santa Fe. No fue un acto automático ni pacífico. Buenos Aires, derrotada militarmente pero todavía poderosa, rechazó el texto y se mantuvo separada de la Confederación durante años. Aun así, la Constitución nació y, con ella, un marco institucional que todavía nos rige, con reformas y cicatrices, pero en pie.

Urquiza fue el primer presidente constitucional de la Argentina. No el primero en mandar, sino el primero en hacerlo con límites escritos. Ese detalle, que hoy parece obvio, era entonces casi revolucionario. Gobernar aceptando que el poder tiene bordes no era una costumbre arraigada en el Río de la Plata.

Uno de los datos menos recordados de ese tiempo es que Urquiza, ya presidente, tomó una decisión que revela mucho más de su concepción política que muchos discursos: dispuso que el Estado argentino proveyera recursos económicos a Juan Manuel de Rosas, exiliado en Inglaterra, para que pudiera vivir dignamente hasta su muerte. El hombre al que había derrotado en el campo de batalla no fue humillado ni abandonado a su suerte. El Estado naciente se hacía cargo incluso de su antiguo adversario.

No era un gesto menor. En un país habituado a la eliminación simbólica o real del enemigo, Urquiza actuó con una lógica distinta: la del Estado por encima de las personas. Rosas ya no era el Restaurador ni el tirano para sus detractores; era un ciudadano argentino en el exilio, y el Estado debía responder por él. Ese acto silencioso dice tanto sobre el proyecto institucional como la propia Constitución.

Hay otro dato poco difundido que ayuda a entender la complejidad de Caseros. El Ejército Grande que derrotó a Rosas no fue exclusivamente entrerriano. Estaba compuesto por tropas de varias provincias, por exiliados argentinos que habían combatido a Rosas desde Montevideo, y también por contingentes brasileños y uruguayos. Caseros no fue una guerra “nacional” en el sentido romántico del término, sino una coalición diversa con intereses a veces contradictorios. Urquiza supo conducir ese mosaico sin que el triunfo se deshilachara en disputas inmediatas.

Tras la batalla, Buenos Aires no fue saqueada ni sometida a represalias masivas. De hecho, Urquiza evitó entrar triunfalmente en la ciudad como conquistador. Prefirió negociar, aun sabiendo que esas negociaciones serían largas y frustrantes. Pagó un precio político alto por esa moderación, pero sostuvo la idea de que la organización nacional no podía nacer de una venganza.

Caseros también marcó el inicio de una discusión que todavía nos acompaña: la tensión entre Buenos Aires y el interior. La Constitución de 1853 buscó equilibrar ese vínculo, garantizar autonomías provinciales y, al mismo tiempo, crear un Estado nacional fuerte. No lo logró del todo, pero sentó las bases del debate. Muchas de nuestras discusiones actuales, con otros nombres y otras urgencias, nacen ahí.

Urquiza no fue un héroe de bronce ni un demócrata moderno en el sentido actual. Fue un caudillo de su tiempo, con poder territorial, estancias, ejércitos propios y decisiones autoritarias cuando lo creyó necesario. Pero entendió algo esencial: que la Argentina no podía seguir dependiendo del carácter de un hombre, por más fuerte o carismático que fuera. Necesitaba reglas, instituciones y límites.

Caseros, entonces, no es solo una fecha militar. Es el momento en que el país empezó a pensarse como algo más que una suma de voluntades armadas. Es el instante en que la idea de Constitución dejó de ser una promesa y se convirtió en un texto jurado.

El bonus track de esta historia no está en los cañones ni en los uniformes, sino en ese gesto casi olvidado de sostener al enemigo vencido. Allí, en esa decisión administrativa y silenciosa, aparece una idea de Nación que todavía nos cuesta ejercer: la de un Estado que no castiga por odio ni gobierna por rencor, sino que intenta, aun con errores, ponerse por encima de las pasiones del momento.

Tal vez por eso Caseros sigue siendo incómoda y necesaria. Porque no celebra una unanimidad, sino el comienzo de una convivencia difícil. Y porque nos recuerda que la Argentina, cuando decidió organizarse, lo hizo aceptando que nadie, ni siquiera los vencedores, estaba por encima de la ley.

Los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay anunciaron un paro de operatividad que comenzará este domingo, en rechazo a la negativa de las empresas a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) como la única organización gremial con representación legal en el sector. La medida abre un nuevo foco de conflicto laboral en la provincia de Entre Ríos, en un contexto de creciente tensión sindical.

Según informaron desde el gremio, la empresa Urcel Argentina SA se negó a reconocer al SUPA, pese a que cuenta con autoridades electas democráticamente, comisión directiva integrada por trabajadores del propio puerto y certificado de autoridades vigente. Desde el sindicato consideran que esta postura empresarial carece de justificación legal y vulnera derechos básicos de representación sindical.

A la par del reclamo, los estibadores denunciaron que la firma marginó a trabajadores locales al incorporar personal proveniente de Zárate, presuntamente sin experiencia en la actividad, con el objetivo de precarizar las condiciones laborales y quebrar el convenio colectivo vigente en el puerto uruguayense.

El conflicto se produce en un escenario provincial sensible, luego de que en las últimas horas se destrabara el conflicto en los frigoríficos avícolas mediante un acuerdo que, según los gremios, implicó una baja en las condiciones salariales de los trabajadores. En contraste, la operatoria portuaria no comenzará este domingo debido a la negativa empresarial de aceptar la representación gremial que corresponde por derecho.

Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresaron un fuerte respaldo al paro. Su secretario general, Marcelo Osores, denunció un trasfondo de precarización y connivencia empresarial. “El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, está denunciando la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos”, sostuvo.

Osores afirmó que “lo que pasa en los puertos es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos”, y agregó que la negativa a reconocer al sindicato no es un hecho aislado, sino parte de un modelo sostenido de ajuste y pérdida de derechos laborales.

“Si fueron corruptos para las obras, para todo, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?”, cuestionó el dirigente gremial, remarcando que el SUPA Concepción del Uruguay es el único sindicato con representación legal en el puerto.

El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su secretario general Martín Soto, cuenta con inscripción gremial otorgada por la Resolución N° 812, bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los estibadores del puerto.

El conflicto interpela de manera directa al Gobierno de Entre Ríos, al que los trabajadores le exigen que garantice el respeto a la legalidad y a la organización sindical. Desde el sector advierten que situaciones similares se replican en otras actividades estratégicas de la provincia.

“No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en la producción más grande que tiene Entre Ríos, como los frigoríficos de pollo, demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos”, concluyó Osores.

Desde la FEPA ratificaron que acompañarán la medida de fuerza hasta que se respete la voluntad de los estibadores y se reconozca formalmente al sindicato como representante legítimo de los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay.

Desde hace años, quienes transitan esta arteria nacional vienen señalando el grave deterioro de la calzada. Sin embargo, el sector comprendido entre ambas localidades se convirtió en un verdadero punto rojo en materia de seguridad vial, con roturas profundas, placas levantadas y sectores prácticamente intransitables, lo que lo transformó en una “trampa mortal”, especialmente para conductores que no conocen la zona.

La preocupación se intensifica durante la temporada estival, cuando miles de turistas eligen Brasil como destino y utilizan esta vía como corredor principal. A ello se suma que, al ingresar en jurisdicción correntina, tras cruzar el puesto caminero de San Jaime hacia el noroeste, las condiciones de la ruta continúan siendo similares.

Los intendentes de las localidades atravesadas por la Ruta Nacional N° 127, junto a legisladores del departamento Federación, elevaron en numerosas oportunidades su reclamo a las autoridades nacionales, exigiendo una intervención urgente. Si bien la reparación de la traza no es competencia provincial, desde los municipios insistieron al menos en la necesidad de una adecuada señalización preventiva para evitar siniestros viales.

Finalmente, con el inicio del año 2026, maquinarias y personal de Vialidad Nacional comenzaron a trabajar en el sector más afectado. Según informó el medio digital Chajarí al Día, la carpeta asfáltica presenta tramos extremadamente peligrosos, con daños estructurales que impedían una circulación segura.

En una primera etapa, se había anticipado la colocación de cartelería de advertencia en un tramo estimado de un kilómetro, considerado el más crítico. Posteriormente, se dio inicio a las tareas de reparación que actualmente se están ejecutando. Las máquinas realizan el levantamiento de las placas dañadas y, si bien no se colocará una nueva capa asfáltica, se intervendrá el sector más comprometido para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.

El inicio de estas obras representa una respuesta largamente esperada por las comunidades de la región y por los miles de conductores que circulan a diario por esta ruta estratégica. No obstante, persiste el pedido de una solución integral y definitiva que permita recuperar completamente la seguridad y funcionalidad de la Ruta Nacional N° 127.

La inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este registro, la inflación anual cerró en 31,5%, el valor más bajo desde 2017, cuando el costo de vida había sido del 24,8%.

De este modo, el último mes del año marcó una leve aceleración respecto de noviembre (2,5%) y quedó por encima de las proyecciones de las principales consultoras privadas, que estimaban una suba de entre 2,3% y 2,6%.

Durante diciembre, las divisiones que mostraron los mayores incrementos fueron:

En contraste, los menores aumentos se registraron en:

En cuanto a las categorías, los precios Regulados lideraron el incremento con 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%) y los Estacionales (0,6%).

El mayor nivel de inflación se registró en el Noreste argentino con 3,4%. El detalle regional fue el siguiente:

Desde julio, la inflación mostró una tendencia sostenida al alza:

Los meses con mayor inflación del año fueron marzo (3,7%), abril (2,8%) y diciembre (2,8%).

El INDEC anunció que actualizará la metodología utilizada para calcular el IPC nacional. Hasta ahora, el indicador se basaba en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004/2005, que será reemplazada por la correspondiente al período 2017/2018.

El titular del organismo, Marco Lavagna, explicó que el nuevo índice incorporará 500.000 precios y 24.000 informantes, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de la población.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación anual cerró en el nivel más bajo desde 2017 y calificó el resultado como “un logro extraordinario”, considerando el contexto de reacomodamiento de precios relativos, flotación cambiaria y contracción de la demanda de dinero.

Caputo remarcó que el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el control estricto de la emisión monetaria y la capitalización del Banco Central “seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”.

“Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, concluyó.

Por su parte, el presidente Javier Milei fue escueto en su mensaje en redes sociales: “Toto, el más grande. Fin”, en referencia a su ministro de Economía. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la baja de la inflación “no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Con este cierre de año, el Gobierno nacional busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria, aunque los analistas advierten que el desafío para 2026 será sostener la tendencia sin afectar el nivel de actividad y el poder adquisitivo de los ingresos.

A pesar de las reiteradas prórrogas en la actualización de los gravámenes que impactan sobre los precios en surtidor, el Estado Nacional logró consolidar durante 2025 una recaudación extraordinaria proveniente de los impuestos a los combustibles. Los ingresos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) más que duplicaron los valores nominales del año anterior y alcanzaron niveles récord para la actual gestión.

De acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, la recaudación acumulada entre enero y noviembre de 2025 ascendió a 4.231.130 millones de pesos. La cifra representa un incremento del 104% respecto de los 2.073.816 millones de pesos obtenidos en igual período de 2024, lo que equivale a un ingreso cercano a los 3.000 millones de dólares para las arcas públicas.

Este desempeño se produjo en un contexto en el que el esquema tributario de los combustibles —que prevé una indexación trimestral en función de la evolución de los precios internos— fue intervenido por el Poder Ejecutivo. Con el objetivo de moderar el impacto de los aumentos en el índice de precios al consumidor, el Gobierno decidió postergar de manera sistemática la actualización plena de estos impuestos.

No obstante, el fuerte incremento nominal de la recaudación refleja tanto el efecto de la inflación acumulada como la magnitud del consumo gravado, consolidando a los tributos sobre los combustibles como una de las principales fuentes de ingresos fiscales. El resultado expone la tensión persistente entre la necesidad de sostener la recaudación y la estrategia oficial de contener los precios al público en un rubro clave para la economía.

El Gobierno nacional presentó este miércoles el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una nueva herramienta digital que detalla los tributos que cobran provincias y municipios de todo el país. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de fortalecer la transparencia fiscal y facilitar el acceso a la información sobre los sistemas impositivos locales.

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, señaló el comunicado oficial difundido desde el Palacio de Hacienda. En ese sentido, se destacó que el Mapa Tributario Municipal permite identificar bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, además de realizar comparaciones entre jurisdicciones.

La publicación se da en un contexto de fuerte discusión entre la Nación y las provincias por el nivel de presión impositiva que aplica cada jurisdicción. En ese marco, el informe incluye datos correspondientes a la provincia de Entre Ríos, organizados en cuatro rubros: hipermercados, industrias, entidades financieras y actividades primarias, con foco en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene proyectada para el año 2025.

Entre Rios Actividades Primarias 2025 by Paralelo 32

En el caso de la actividad de hipermercados, los municipios entrerrianos presentan alícuotas que van desde el 1,30% hasta el 2,70% sobre Ingresos Brutos. Gualeguaychú aplica una tasa del 1,50%, La Paz del 1,60%, Villaguay del 1,65%, mientras que Chajarí y Paraná alcanzan el 2,00%. En tanto, Victoria y Concordia establecen rangos mínimos y máximos. En los casos de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguay, la información no estaba disponible al momento del relevamiento.

Entre Rios Entidades Financieras 2025 by Paralelo 32

Para la actividad industrial, las alícuotas informadas también muestran variaciones. Villaguay registra un 0,60%, Gualeguaychú un 1,00% y Paraná un 1,20%, mientras que Chajarí alcanza el 2,00%. Al igual que en otros rubros, Victoria, La Paz y Concordia aplican escalas con mínimos y máximos, y varios municipios no cuentan con datos publicados.

Entre Rios Hipermercados 2025 by Paralelo 32

Respecto de las entidades financieras, el relevamiento detalla no solo alícuotas sino también montos mínimos. Las tasas oscilan entre el 3,00% en Gualeguaychú y el 8,00% en Villaguay, con importantes diferencias en los importes base. Paraná aplica una alícuota del 4,50%, Concordia del 6,50% y Chajarí del 7,00%. Nuevamente, en Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguay no se disponía de información al momento de la elaboración del informe.

Entre Rios Industrias 2025 by Paralelo 32

Finalmente, en el rubro de actividades primarias, Paraná aplica una alícuota del 1,20%, Gualeguaychú del 1,50%, Villaguay del 1,65% y Chajarí del 2,00%, mientras que Victoria, La Paz y Concordia establecen rangos variables. En varios municipios entrerrianos, los datos tampoco estaban disponibles.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que la publicación de este portal busca aportar claridad al debate fiscal, brindar previsibilidad a los contribuyentes y promover una mayor transparencia en la gestión tributaria de los gobiernos locales, en un escenario de revisión del esquema impositivo a nivel nacional y subnacional.

Tras meses de desaceleración inflacionaria, la preocupación central de los argentinos dejó de ser el aumento de precios para concentrarse en el nivel de actividad económica y su correlato directo: el empleo y los ingresos. Así lo explicó el consultor Guillermo Oliveto, quien advirtió que la incertidumbre por la falta de dinamismo productivo crece en un contexto de fuerte destrucción de puestos de trabajo.

Según datos oficiales, solo durante 2025 se están perdiendo cerca de 10.000 empleos privados por mes, lo que eleva a más de 220.000 los puestos destruidos desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El impacto se siente con mayor fuerza en provincias dependientes de pocos sectores económicos, como Santa Cruz, La Rioja y Formosa.

Las cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revelan caídas históricas:

En Santa Cruz, la contracción se explica mayormente por la baja en el petróleo convencional y la reducción de empleo público. El Plan Andes, impulsado por YPF para desprenderse de campos maduros y concentrarse en Vaca Muerta, provocó el traspaso y privatización de operaciones que derivó en la pérdida de 4.000 empleos.

En La Rioja, la crisis combina el parate de la obra pública y la caída industrial. Los sectores textil y del calzado —ambos sensibles a la apertura importadora— redujeron personal y achicaron plantas. En Formosa, en cambio, la caída del empleo se explica casi íntegramente por el freno a la construcción.

La misma lógica se repite en Santiago del Estero (-6,1%) y Chaco (-7,6%), provincias donde la obra pública es uno de los principales motores económicos.

En Tierra del Fuego (-2,2%), la contracción se asocia al retroceso de la industria electrónica, una de las más afectadas por la liberalización comercial.

Las ramas productivas que más empleo perdieron desde el inicio de la actual administración fueron:

“El impacto en la construcción es decisivo. La obra pública es industria de industrias”, explicó Oliveto, coincidiendo con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quien advirtió sobre el efecto multiplicador del sector en toda la economía.

A su vez, la industria opera hoy con una capacidad instalada del 61,1%, según el INDEC, reflejo de la baja demanda y la mayor competencia importada.

Entre Ríos perdió el 2,1% del empleo formal privado, una caída significativa aunque menor comparada con provincias altamente dependientes de un único sector económico. Su estructura productiva diversificada y el peso del agro permitieron amortiguar el impacto de la recesión.

La magnitud poblacional hace que los números absolutos sean particularmente sensibles en distritos como Buenos Aires, Santa Fe o CABA.

El derrumbe bonaerense se explica en gran parte por el retroceso industral. Entre 2023 y mayo de 2025, cerraron 15.564 empresas, de las cuales más de 4.000 eran bonaerenses. Córdoba y CABA también sufrieron fuertes pérdidas de unidades productivas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la caída habría sido mayor sin la resiliencia del sector servicios, que logró un crecimiento de 0,9% entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2025.

En medio de un país en retroceso laboral, solo dos provincias consiguieron crear empleo:

La caída generalizada del empleo evidencia que el freno de la actividad económica se convirtió en la principal preocupación de los argentinos. Con la inflación en descenso, la discusión pública vuelve a centrarse en la capacidad de generar trabajo, sostener ingresos y reactivar los sectores productivos.

Mientras algunas provincias logran sobrevivir o incluso crecer gracias a la especialización en sectores dinámicos, buena parte del país atraviesa el período de destrucción laboral más fuerte de los últimos años. La recuperación del nivel de actividad será clave para revertir esta tendencia y devolver estabilidad a un mercado de trabajo golpeado por la recesión.

El candidato a diputado nacional por la Lista Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei, asegurando que el programa económico oficialista “fracasó” y que el nuevo endeudamiento con organismos internacionales responde a un “préstamo político” para sostener la campaña electoral.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa radial Cuando el Río Suena, de Costa Paraná, donde el dirigente peronista cuestionó el rumbo económico y social del país.

Michel recordó el festejo del Gobierno por el acuerdo con el FMI, pero advirtió que “cinco meses después de eso, el programa económico fracasó. Argentina debe 20 mil millones de dólares más al Fondo Monetario”.Según planteó, los nuevos recursos no serán destinados a obras ni infraestructura: “Esto no es un préstamo para la Argentina, no es un préstamo para escuelas, para hospitales, para rutas, para puertos; es un préstamo para bancar la campaña electoral de Milei”.

Para graficar la magnitud de la deuda, el ex director de Aduanas sostuvo que “Argentina le debe al Fondo más de lo que le debe un país en guerra como Ucrania, que tuvo que ser rescatado tras un conflicto bélico y con su economía destrozada”.

El candidato señaló que el aumento de los gastos fijos está “destruyendo la clase media”, al remarcar que en 2023 representaban el 20% de los ingresos, mientras que actualmente alcanzan el 50%. “Como no hay consumo, la actividad económica se contrae, se recauda menos impuestos y se genera menos trabajo”, explicó.

Michel advirtió además sobre el impacto social de la crisis: “La salud está peor, la educación está peor; aumenta la factura de la luz, no hay trabajo, y eso empuja a muchos jóvenes entrerrianos hacia el delito”.

En el plano político, el candidato justicialista cuestionó la alianza entre el gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza, asegurando que “se cerró porque, de lo contrario, iban a salir terceros en esta elección”, según declaraciones del dirigente Claudio De Angeli. También puso en duda la defensa de los intereses provinciales por parte de legisladores oficialistas: “¿Qué piensa que va a hacer Venegas Lynch? ¿Va a votar lo que le sirva a Entre Ríos o lo que le diga Milei?”.

Por último, criticó la política de apertura comercial del Gobierno nacional, asegurando que pone en riesgo la producción entrerriana. En ese sentido, cuestionó la importación de pollo desde Brasil: “Entre Ríos es la capital nacional avícola, el 52% de la industria frigorífica avícola está acá. Importar pechugas de pollo es destruir la industria y precarizar la economía”.

Michel concluyó que el rumbo económico del oficialismo “apunta a destruir la clase media y la base productiva del país”.