La propuesta ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que justifican su eliminación.

De avanzar en el Congreso, la derogación implicaría la eliminación total del sistema actual de rotulado frontal, incluyendo los octógonos negros de advertencia que figuran en los envases de alimentos y bebidas. También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en los empaques y las regulaciones en entornos escolares.

Entre los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que el modelo actual aplica criterios uniformes sobre alimentos de características muy distintas, sin contemplar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.

Según argumenta la Casa Rosada, esta metodología puede generar situaciones en las que alimentos tradicionales o considerados saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, provocando interpretaciones simplificadas o confusión entre los consumidores.

Otro de los puntos señalados es la estructura “binaria” del sistema, ya que el etiquetado actual sólo determina si un producto lleva o no advertencias, sin contemplar mejoras parciales o progresivas en la formulación nutricional realizadas por la industria.

El proyecto también expone diferencias regulatorias dentro del Mercosur. El Ejecutivo advierte que la falta de un criterio armonizado en materia de rotulado frontal obliga a las empresas a fabricar envases diferenciados, generando mayores costos operativos.

En ese marco, sostienen que las principales afectadas serían las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos de adaptación más elevados en proporción a su escala de producción, situación que —según el mensaje oficial— podría favorecer una mayor concentración del mercado.

Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a la rigidez de la ley vigente. Desde el Gobierno consideran que varios aspectos técnicos y metodológicos quedaron fijados dentro del propio texto legal, lo que dificulta adaptar el sistema con rapidez a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la eventual derogación no eliminaría la obligación de brindar información nutricional en los envases. La declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguiría vigente a través del Código Alimentario Argentino y del sistema armonizado del Mercosur, además de las normativas vinculadas a defensa del consumidor y lealtad comercial.

Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que definió como “más consistente, uniforme y adaptable”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de subas. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4% en comparación con abril del año pasado.

El dato representa la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025, cuando el costo de vida había registrado un aumento del 1,5%. Desde entonces, la inflación mantuvo una tendencia ascendente que llegó a superar el 3% mensual en los últimos meses.

Según supo la Noticias Argentinas, la baja de abril estuvo impulsada principalmente por una moderación en la inflación núcleo, es decir, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales. Este indicador pasó del 3,2% en marzo al 2,3% en abril, convirtiéndose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado.

Desde la consultora C&T Asesores Económicos señalaron que “la inflación núcleo explicó gran parte de la baja mensual”, destacando especialmente la desaceleración en algunos rubros vinculados al consumo cotidiano.

No obstante, algunos sectores continuaron mostrando fuertes incrementos. Entre las categorías analizadas por el INDEC, los precios regulados encabezaron las subas con un aumento del 4,7%, impulsados principalmente por el incremento en tarifas de transporte y electricidad.

En ese contexto, la división Transporte fue la que registró la mayor variación mensual, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo directamente relacionado con los ajustes en combustibles. Durante abril, YPF aplicó una suba del 1% en los precios de los combustibles y extendió por 45 días adicionales el esquema de congelamiento parcial de precios.

El rubro Educación también mostró una variación significativa, alcanzando el 4,2%, en un mes atravesado todavía por ajustes vinculados al inicio del ciclo lectivo y actualización de cuotas en distintos niveles educativos.

En contraste, las divisiones que reflejaron menores aumentos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 1,5%, y Recreación y cultura, que registró apenas un 1%.

En el caso de los alimentos, la desaceleración respondió principalmente a una baja en los precios de frutas y a una moderación general en productos de consumo masivo. También incidió una caída en los valores vinculados al turismo, que compensó parcialmente las subas estacionales en indumentaria por el cambio de temporada.

Las consultoras privadas coincidieron en que el dato de abril consolida una tendencia descendente gradual de la inflación, aunque remarcan que todavía persisten desafíos importantes para alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales es que el Ejecutivo había proyectado en el Presupuesto nacional una inflación anual del 10,1% para 2026, una meta que actualmente aparece fuera de alcance debido al comportamiento de los precios durante el primer cuatrimestre del año.

A pesar de ello, las expectativas para los próximos meses continúan siendo moderadamente optimistas. Distintas consultoras prevén que el IPC se mantendrá cerca del 2% mensual en el corto plazo.

La consultora EcoGo estimó para la primera semana de mayo una inflación del 2,2%, en línea con las proyecciones de C&T.

Según explicó el economista Camilo Tiscornia, “el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante”, al igual que la moderación en alimentos y bebidas, el impacto del Hot Sale y los ajustes limitados en combustibles.

“Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco prevé una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. Las proyecciones privadas indican que el costo de vida rondaría el 2,3% en mayo, el 2,1% en junio y el 2% en julio.

Estas estimaciones descartan, al menos por ahora, la posibilidad de que la inflación llegue a cero hacia agosto, como había anticipado en distintos momentos el presidente Javier Milei.

Desde la sociedad de bolsa PUENTE consideraron que el dato estuvo “en línea con lo esperado por el mercado”, por lo que no anticipan correcciones significativas en las previsiones económicas de corto plazo.

Además, remarcaron que, aunque la inflación continuará desacelerándose gradualmente, las tasas reales seguirían siendo negativas durante los próximos meses, un aspecto que todavía genera preocupación entre analistas y ahorristas.

Con este nuevo dato, el Gobierno logra mostrar una señal de alivio después de varios meses de aceleración inflacionaria, aunque el escenario económico todavía presenta tensiones y desafíos estructurales. La evolución de los precios en los próximos meses será clave para determinar si la desaceleración observada en abril logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa temporal dentro de un proceso inflacionario aún persistente.

Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

La resolución fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 6694, correspondiente al 12 de mayo de 1916, marcando así un hecho histórico para la comunidad entrerriana que desde entonces adoptó el nombre de Strobel.

La localidad había surgido originalmente en 1891 bajo la denominación de Barrio “18 de Agosto”, tras el loteo de dos fracciones de chacras ubicadas en el Ejido Norte de Diamante. Ese nombre se mantuvo hasta 1910, cuando comenzaron los trabajos de instalación del ferrocarril y se estableció la denominada Estación Kilómetro 4.

La elección del nombre “Strobel” estuvo estrechamente vinculada a la influencia ejercida por distintos profesionales ligados al desarrollo ferroviario en la región. Entre ellos se destacaban el ingeniero Calcena, responsable de la dirección de obras en la zona portuaria, y el ingeniero Schlater, director técnico del denominado “Ferrocarril Entrerriano del Este”.

También formaban parte de ese equipo técnico los ingenieros Husebis, Allan, Puchulo y Balbi, quienes habrían impulsado la propuesta en reconocimiento a la figura del profesor doctor Pellegrino Strobel.

Strobel fue un destacado académico y exdocente de la Universidad de Buenos Aires, reconocido especialmente por sus aportes en Ciencias Naturales y Geología, disciplinas en las que alcanzó gran prestigio científico durante fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Según el informe, entre 2015 y 2025 solo cinco provincias explicaron el 88% del incremento de las exportaciones del país: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut.

El trabajo señala que, aunque las ventas externas argentinas crecieron de manera significativa durante ese período, el proceso se dio de forma desigual, con regiones que lograron capitalizar inversiones estratégicas y otras que perdieron peso relativo en el comercio exterior.

El caso más sobresaliente es el de Neuquén, provincia que multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas diez años gracias al desarrollo de Vaca Muerta. El informe destaca que esta transformación convirtió a la provincia en uno de los principales polos exportadores del país, dejando atrás su histórico rol marginal en términos de comercio exterior.

En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron un fuerte crecimiento impulsado por la actividad minera, especialmente vinculada a la extracción y exportación de litio.

El estudio sostiene que Argentina atraviesa una reconfiguración de su estructura exportadora. Aunque la región Pampeana continúa liderando las exportaciones nacionales, su participación cayó del 78% al 73% en la última década.

En contraste, la región patagónica incrementó su peso del 8% al 15%, mientras que las provincias del norte asociadas al desarrollo minero también ampliaron su participación.

Este cambio refleja un creciente protagonismo de la energía y los recursos naturales frente al modelo agroindustrial tradicional que históricamente dominó las exportaciones argentinas.

De acuerdo con el informe, en 2025 las exportaciones argentinas superaron los 87 mil millones de dólares y el país logró recuperar el superávit comercial. Sin embargo, los investigadores remarcan que ese crecimiento no se distribuye de manera homogénea.

El desempeño exportador reciente se sostiene principalmente en territorios y sectores específicos capaces de atraer inversiones y aprovechar ventajas productivas y recursos naturales estratégicos.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, afirmó Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del trabajo.

El documento concluye que la inserción internacional del país ya no puede analizarse como un fenómeno uniforme. Las diferencias regionales, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan —según plantea el estudio— a pensar estrategias de desarrollo con una lógica subnacional.

En ese marco, el informe propone repensar las políticas públicas en función de las capacidades productivas de cada territorio, promoviendo una diversificación que permita ampliar la generación de divisas y reducir las asimetrías regionales.

El trabajo completo analiza en profundidad la evolución del comercio exterior argentino, los complejos productivos y la distribución territorial de las exportaciones, ofreciendo una nueva mirada sobre cómo y dónde se generan hoy las divisas en Argentina.

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó sobre los avances alcanzados en el marco del proyecto de la Bibliografía Nacional Argentina, una iniciativa impulsada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno orientada a la identificación, normalización y control de autoridades de autores entrerrianos.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, participó activamente del proceso a partir del aporte de la Bibliografía Entrerriana (2001), elaborada por Nadia Alina Ursini de Leiva. Este material, junto a otros repertorios de referencia, resultó clave para el relevamiento, la verificación y la validación de datos.

Como resultado del trabajo conjunto, se abordó un universo de 1106 autores vinculados a la provincia de Entre Ríos. En ese marco, se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron otros 101 ya existentes, lo que permitió fortalecer los procesos de normalización y optimizar la recuperación de información en los catálogos bibliográficos.

Desde la Biblioteca Provincial destacaron que estos avances representan un paso significativo para mejorar la visibilidad de la producción intelectual entrerriana y facilitar el acceso a fuentes confiables para investigadores, docentes y público en general.

En línea con este objetivo, el organismo puso a disposición de los usuarios la versión digitalizada de la Bibliografía Entrerriana (2001), así como los registros de autoridad incorporados al catálogo de la Biblioteca Nacional. Estos datos también se proyectan en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades, una plataforma de consulta abierta que permite vincular información de autores a nivel global.

Las herramientas ya se encuentran disponibles para consulta pública y constituyen un recurso clave para el estudio, la investigación y la difusión del patrimonio bibliográfico de Entre Ríos, consolidando el trabajo articulado entre organismos culturales en pos de preservar y jerarquizar la identidad literaria de la provincia.

Bibliografía Entrerriana para descargar: Bibliografía Entrerriana

Acceso a los Autores Entrerrianos (Biblioteca Nacional): Autores Entrerrianos

Según publica la periodista Ayelén Berdiñas en la edición de este martes del diario Pagina12, Nazarena Menem, de 26 años, obtuvo en agosto de 2025 un crédito hipotecario por 236,9 millones de pesos, bajo condiciones consideradas preferenciales. El caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien accedió a un préstamo de 357 millones. En conjunto, ambos concentraron casi 600 millones de pesos en financiamiento en un lapso de seis meses.

Nazarena Menem cuenta con experiencia laboral únicamente en la Auditoría General de la Nación, donde trabaja desde hace menos de cuatro años y posee planta permanente. Según su categoría administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales.

En tanto, Sharif Menem se desempeña en la Cámara de Diputados con un ingreso similar. La magnitud de los créditos otorgados generó cuestionamientos sobre la relación entre ingresos y capacidad de pago, así como sobre las condiciones de acceso.

Ante el escándalo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios habituales de evaluación crediticia.

Sin embargo, distintas denuncias judiciales apuntan a determinar si existió una operatoria discrecional o incluso una “ventanilla VIP” para funcionarios. La diputada Mónica Frade amplió una presentación judicial que incluye estos casos y otros vinculados al equipo económico.

De acuerdo con datos que circulan en el ámbito legislativo, de unos 27 mil créditos otorgados en los últimos dos años, alrededor de 11.200 habrían sido destinados a funcionarios o personas vinculadas al oficialismo, en su mayoría de La Libertad Avanza.

El economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, advirtió sobre posibles conflictos de interés. “La Ley de Ética Pública establece límites claros: quienes gobiernan no deberían beneficiarse de créditos otorgados por entidades bajo su órbita”, sostuvo.

La causa judicial también incluye a funcionarios del área económica, como Federico Furiase, quien habría recibido 367 millones de pesos y es investigado por la posible compra de una tercera propiedad, lo que contradiría los objetivos de la línea hipotecaria.

En la lista aparecen además Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, con créditos de 510 y 373 millones respectivamente, así como otros funcionarios del Ministerio de Economía que acumulan financiamiento por cientos de millones.

El diputado Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública al Banco Nación y al Banco Central para conocer en detalle las condiciones de los créditos y evaluar si hubo discrecionalidad en su otorgamiento.

Mientras tanto, la causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar las presentaciones y determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés.

A medida que se conocen nuevos casos, crece la controversia en torno al uso de líneas de crédito destinadas originalmente a facilitar el acceso a la vivienda. Desde el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que no tienen “nada que temer” ante la revisión de los expedientes.

Sin embargo, las denuncias y los cuestionamientos políticos mantienen el tema en el centro de la agenda pública, mientras avanza la investigación judicial y se aguardan definiciones sobre uno de los episodios más sensibles en materia de transparencia y gestión de recursos públicos.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

En un contexto en el que la economía argentina necesita consolidar la generación genuina de divisas y sostener un crecimiento económico estable, un nuevo informe académico plantea que el sector agroindustrial podría transformarse en el principal motor del desarrollo del país durante la próxima década.

El estudio, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, sostiene que el agro podría expandirse un 90% en los próximos diez años si se eliminan los derechos de exportación y se resuelven los principales cuellos de botella estructurales que hoy limitan la inversión y la productividad.

La investigación fue realizada bajo el modelo económico Agmemod y proyecta que, bajo un escenario de reformas, la producción agroindustrial argentina podría alcanzar las 251 millones de toneladas en una década, impulsando una expansión significativa del Producto Bruto Interno y de las exportaciones.

Actualmente, el complejo agroindustrial representa el 23% del PBI argentino y explica el 60% de las exportaciones totales del país. Dentro de ese universo, los complejos oleaginosos y cerealeros generan por sí solos el 45% de las divisas que ingresan a la economía nacional.

“Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento”, afirmó Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School.

Las proyecciones del informe también analizan la campaña agrícola 2025/26. En ese período se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas, con ingresos superiores a 4.500 millones de dólares.

A su vez, la cosecha gruesa alcanzaría las 154 millones de toneladas, generando entre 32.000 y 37.000 millones de dólares en ingresos para la economía.

El documento destaca que, pese a las dificultades estructurales, el agro argentino ha mostrado una notable capacidad de crecimiento. En las últimas tres décadas, la producción se triplicó mientras que el área sembrada sólo se duplicó, impulsada por la incorporación de biotecnología, agricultura de precisión, digitalización y mejoras logísticas.

Uno de los principales factores que limita el crecimiento del sector es, según el informe, la presión fiscal.

El estudio calcula que la carga sobre la renta agrícola alcanza el 55,5%, y llegó al 63,6% en junio de 2025 al considerar cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol.

La situación contrasta con la de otros países. Mientras los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China el respaldo alcanza el 13% y en Estados Unidos el 7%. En Brasil, el apoyo promedio al sector equivale aproximadamente al 0,5% del PBI.

Entre 1997 y 2023, además, Argentina extrajo del sector agroindustrial recursos equivalentes a -1,6% del PBI anual.

“La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”, explicó Daniel Mamone, investigador del IAE Business School.

El informe también identifica importantes déficits en infraestructura logística.

Actualmente, el 90% del transporte de granos se realiza por camión, mientras que solo el 10% se mueve por tren, lo que encarece los costos logísticos.

La red vial argentina presenta además limitaciones estructurales. De los 640.000 kilómetros de caminos, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% son rutas nacionales y solo 3.200 kilómetros son autopistas o autovías.

En 2023, el sector agroindustrial aportó 28.686 millones de dólares en tributos. Según el estudio, mantener en condiciones adecuadas la red vial del país demandaría entre 3.200 y 6.500 millones de dólares anuales, equivalente a apenas el 17% del aporte tributario del propio sector.

“Si se corrigen los déficits de infraestructura y se incentiva la inversión tecnológica, el agro puede convertirse en un vector central de crecimiento para toda la economía”, señaló Ernesto Ruete Güemes, investigador del IAE Business School.

El parque de maquinaria agrícola también evidencia señales de atraso. El informe señala que el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de antigüedad.

En paralelo, la productividad total de factores en Argentina cayó 6% en los últimos 20 años, mientras que en Brasil creció un 45% en el mismo período.

Sin embargo, los productores muestran disposición a invertir si cambian las condiciones económicas. Según la última encuesta AgBarometer Austral, el 80% de los productores estaría dispuesto a modernizar su maquinaria si mejoran la rentabilidad y el acceso al financiamiento.

El estudio sostiene que la modernización tecnológica no es una consecuencia del crecimiento, sino una condición previa para impulsarlo.

Bajo un escenario que combine eliminación de retenciones, mejoras en infraestructura, adopción tecnológica y expansión de 6,5 millones de hectáreas adicionales, el informe proyecta que el sector agroindustrial podría crecer un 90% en diez años.

En ese contexto, la producción alcanzaría 251 millones de toneladas, aumentando su participación en el PBI, acelerando la generación de divisas y permitiendo financiar la reconstrucción integral de la red vial del país en apenas tres años.

“La clave no es sólo sectorial sino macroeconómica. Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”, concluyó Bernardo Piazzardi, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El encuentro se desarrolló en el salón del Centro Cultural local y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial, además de funcionarios municipales y provinciales.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto para mejorar la gestión y fortalecer el vínculo entre la provincia y los gobiernos locales.

“Este tipo de reuniones ya se han vuelto habituales en estos primeros años de gestión. Cada 15 días nos reunimos en un municipio de la provincia. La idea es que durante los cuatro años de gobierno podamos visitar la mayoría de las comunas y municipios”, señaló Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de optimizar la gestión frente al contexto económico actual. “En una época de vacas flacas como esta, donde hay escasez de recursos, tenemos que compensarlo con mejor calidad de gestión. El trabajo en equipo es el camino”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia del vínculo humano en la gestión pública. “Más allá de las políticas, la política la hacen personas que tienen que conocerse, romper barreras y generar confianza. Cuando eso pasa, las cosas fluyen de una manera mucho mejor”, sostuvo.

Frigerio explicó que uno de los objetivos centrales de estos encuentros es que los equipos provinciales puedan conocer de primera mano las necesidades de cada localidad. “Queremos que mi equipo escuche directamente cuáles son las necesidades del municipio, porque esas tienen que ser inmediatamente nuestras prioridades. Los intendentes conocen con mayor cercanía la realidad de sus vecinos”, indicó.

En ese sentido, destacó que estas instancias permiten mejorar la articulación institucional y agilizar la gestión administrativa. “La idea es que a partir de este encuentro la relación sea aún mejor y que podamos agilizar trámites. Muchas veces no depende de estructuras, sino de compromiso con los expedientes y de trabajar en conjunto”, agregó.

Por su parte, la intendenta Miraglio valoró la visita del gabinete provincial y la posibilidad de generar un espacio de diálogo directo con los funcionarios. “Me siento más que orgullosa y honrada de recibirlos. Es la primera vez que se realiza en nuestra localidad una reunión de estas características, donde podemos hablar, escuchar y aprender para trabajar juntos y encontrar soluciones para todos”, expresó.

La presidenta municipal también destacó el acompañamiento del gobierno provincial desde el inicio de la gestión y señaló que, pese al complejo contexto económico, el trabajo conjunto permite avanzar en respuestas para la comunidad.

“Conocemos la realidad de la provincia y del país, pero creemos que trabajando en conjunto se pueden llevar adelante muchas cosas”, concluyó.

El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

“Lo que hace el PJ es comparar montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y muchas devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, afirmó.

Dal Molín señaló que ese tipo de comparaciones omiten deliberadamente el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

“Para evitar justamente esa distorsión, la comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, agregó.

El senador también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento en la gestión kirchnerista que gobernó por más de dos décadas nuestra provincia. Por más que hayan incrementado una deuda casi inexistente y la hayan llevado a valores muy altos, este porcentaje sólo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, señaló.

Dal Molín remarcó además que, cuando se analiza correctamente la capacidad de pago de la provincia, el panorama es claro. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó.

El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “no hubo anuncios de importancia” ni definiciones claras sobre el rumbo de la economía.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet afirmó que la exposición presidencial fue “perfectamente planificada, guionada y actuada”, y negó que los exabruptos hayan sido espontáneos. “Fue algo pensado para ir a un discurso confrontativo, que desvíe los grandes ejes que uno esperaba escuchar en una apertura de sesiones”, señaló.

El legislador entrerriano consideró que desde el inicio hubo “una actitud de provocación permanente” que desnaturalizó lo que tradicionalmente constituye un mensaje institucional ante la Asamblea Legislativa.

“La verdad que es una pena, porque me hubiese interesado escuchar cuál va a ser el rumbo de la economía y de eso no se habló. No hubo anuncios importantes tampoco”, remarcó.

Bordet cuestionó además que, más allá de los cruces y las expresiones polémicas, “los problemas en la Argentina siguen”. En ese sentido, advirtió que el costo de vida continúa en aumento y sostuvo que la inflación, que el Gobierno presenta como un logro, “desde mayo viene subiendo sostenidamente”.

“Hoy estamos en los mismos valores que hace varios años atrás, con la gran diferencia de que ahora hay inflación y estancamiento, lo que se conoce como estanflación, y esto perjudica notoriamente a las familias argentinas”, expresó. Y agregó: “Me hubiese gustado saber qué es lo que iban a proponer en materia económica. Fue más un show de prime time que un discurso de apertura de sesiones”.

El exgobernador de Entre Ríos también lamentó lo que definió como “un gran deterioro de las instituciones” y cuestionó las formas del mandatario. “La falta de respeto y ciertas guarangadas no le hacen bien a nadie”, afirmó.

Según describió, el tono confrontativo fue deliberado. “Cuando hacía el acting dirigiéndose hacia la oposición, era algo que estaba pensado. No es algo espontáneo. Y si uno analiza lo que decía, eran frases repetitivas, prácticamente las mismas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las provocaciones partieron del Presidente y que, si bien el bloque opositor se mantuvo en calma en un primer momento, algunos legisladores reaccionaron ante los agravios.

Bordet también señaló que el discurso apuntó contra la oposición política y determinados sectores empresariales, a los que —según dijo— el Presidente ha tomado como adversarios. En ese marco, citó el concepto desarrollado por Umberto Eco sobre la “construcción del enemigo” como herramienta discursiva.

“Se construye un enemigo para polemizar y denigrar, pero lo que se está ocultando es que hay una situación económica cada vez más penosa, con mayores dificultades y una especulación financiera creciente”, advirtió.

Finalmente, criticó la extensión del mensaje presidencial —que superó las dos horas— y reiteró que no hubo anuncios concretos. “Se habló de reformas y de enviar proyectos al Congreso, se mencionó por arriba una posible modificación del Código Penal, pero no hubo nada específico. Para ser una apertura de sesiones, estuvo muy fuera de lo que debió haber sido”, concluyó.

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La medida quedó establecida a través de la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se adoptó pocos días después de que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunciara el lanzamiento de la Etapa II-B del mismo proyecto, que prevé transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

La nueva convocatoria abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

En esta fase se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. En el caso de Entre Ríos, el llamado comprende 276 kilómetros, entre ellos la concesión de la Ruta Nacional 18 —con tres cabinas de peaje entre Paraná y Concordia— y la denominada ruta 12 de Crespo a Paraná.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual. El esquema se enmarca en el “Proyecto Red Federal de Concesiones”, diseñado para reemplazar el modelo vigente por uno sin subsidios estatales.

La resolución aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato, los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones.

La documentación puede consultarse y descargarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. El plazo límite para la presentación de ofertas será el 18 de mayo a las 12:00, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 13:00 mediante acto público electrónico.

El llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”.

Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas.

La convocatoria forma parte del procedimiento de privatización total de Corredores Viales SA autorizado por el Decreto 97/2025, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.

Según los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía —con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”— es la autoridad encargada de llevar adelante el proceso. Previamente, la Dirección Nacional de Vialidad convocó y realizó audiencias públicas informativas sobre la Etapa III y presentó la tasación exigida por la Ley 23.696.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá eliminar el déficit del sistema actual, promover mayor transparencia y competencia, y equilibrar las cuentas públicas mediante la transferencia al sector privado de la operación y mantenimiento de los corredores.

La semana pasada, el Gobierno había lanzado la licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En esa oportunidad, el ministro Caputo precisó que la convocatoria incluía cuatro corredores estratégicos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

Las obras previstas en esa fase comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones avanza en distintas etapas con el objetivo oficial de modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y redefinir el esquema de gestión de los principales corredores nacionales.

Parece inminente que se apruebe una reforma laboral que desarma la protección normativa de los derechos de los trabajadores y nos vuelve en el tiempo unos 100 años por lo menos. Despidos más flexibles, jornadas interminables y negociación uno a uno con el empleador, representan un grado de desventajas absolutas para quien debe llevar el pan a su mesa todos los días. Pero aunque el panorama sea desalentador solo está todo perdido para los que tengan intimidado el corazón y esos no somos nosotros.

La época que se viene no es para tibios, no es para cómodos y definitivamente no será fácil, pero basta conocer un poco la historia para saber que a los trabajadores nunca nos regalaron nada y así como conquistamos los derechos una vez, vamos a volver a hacerlo y con más fuerza.

Porque la esperanza está encendida y no depositada en los que se venden como salvadores en los medios o las redes cuando no representan a nadie, sino en las compañeras y compañeros que sin prensa todos los días sostienen a otros en la necesidad. Con esas compañeras, algunas entradas en años ya, que se levantan los domingos temprano a hacer un arroz con leche para que los chicos de su barrio tengan algo en el estómago, con esas que pelean con la burocracia y el tiempo cuando los compañeros necesitan atención médica, con esos compañeros que te abren las puerta de su casa para compartir, con los que no hay feriado ni domingo para encontrar formas de hacer que los demás estén un poquito mejor, con esos que cuando la vida aprieta (y sí, porque a nosotros también nos pasan cosas) tenes un abrazo fuerte, un hombro y fundamentalmente con quien contar, con esas que no duermen por semanas estudiando formas de que meter un peso más en el bolsillo del trabajador cuando hay una paritaria, con esos que hace mil kilómetros para que ningún gurí se quede sin sus útiles para estudiar, con esas y esos cuyos gestos de generosidad dan para escribir mil libros no es opción bajar lo brazos.

Mientras haya una llama prendida seguiremos luchando porque no posamos para las cámaras, vivimos así, nos duele la injusticia y el dolor ajeno como propio y esa es nuestra mayor fortaleza. Los burócratas de saco y zapatitos brillosos que se dediquen a lo suyo, nosotros vamos a estar al lado del pueblo, codo a codo como siempre.

La nueva legislación destierra la palabra solidaridad de la letra de la norma pero nada ni nadie la va a sacar de nuestros corazones y nuestras prácticas, con eso como bandera nos vamos a organizar para cuidarnos. Con esta reforma abusiva nos quieren hacer sentir que no valemos nada, pero nosotros nos vamos a formar cada día y juntos vamos a defender nuestra dignidad.

A la desprotección que dejará, le vamos a responder con unidad entre compañeros y con una lucha incansable por la recuperación. Y de yapa vamos por la actualización que sí necesitan los trabajadores: vamos por el cuidado de la salud mental y los ambientes libres de violencia, vamos por el reconocimiento de cientos de miles de trabajadores que están en la informalidad, vamos a trabajar en la integración del avance tecnológico para mejora de las condiciones laborales y por devolverles a los chicos la esperanza de un buen futuro.

Desde la juventud queremos decirle a los que buscan poner al pueblo de rodillas que solo se perderá la batalla el día que no quede ni un solo sindicalista de pie, mientras tanto acá desde el llano y con el corazón encendido daremos batalla por nuestro hermoso país, por nuestros hermanos y hermanas, en honor a la memoria de los que lo hicieron antes que nosotros y para los que vendrán después. “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir”, no es solo el final del himno, es también nuestro estilo de vida. La historia nos pone a prueba y le vamos a responder.

En la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el artículo 118 de la reforma laboral, que dispone la derogación del Estatuto del Periodista. La votación se produjo tras el aval en general del proyecto y marcó el cierre de una extensa sesión en la que los legisladores avanzaron con el tratamiento en particular de cada artículo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, incluyó la supresión de la Ley 12.908, norma que regula el trabajo periodístico en el país desde 1944. El punto fue uno de los más debatidos en el recinto y concentró la mayor cantidad de intervenciones, con planteos de distintos bloques para retirarlo del texto. Sin embargo, el oficialismo mantuvo la redacción y la sometió a votación.

El recuento final arrojó 126 votos afirmativos, 119 en contra y 4 abstenciones, resultado que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo en el marco del debate de la reforma laboral.

El respaldo a la derogación del Estatuto provino principalmente de La Libertad Avanza, espacio que reunió la mayor cantidad de votos positivos. También acompañaron legisladores del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y Provincias Unidas, entre otros bloques y monobloques provinciales como Independencia, Producción y Trabajo, País Federal y Por Santa Cruz.

En contraposición, votó en bloque en contra Unión por la Patria, que volvió a consolidarse como la principal bancada opositora. Al rechazo se sumaron los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, la Coalición Cívica ARI, sectores de Provincias Unidas e Innovación Federal, además de representantes de Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba, Primero San Luis, La Neuquinidad y Coherencia.

La eliminación del régimen específico para la actividad de prensa fue uno de los ejes más sensibles del debate. Legisladores opositores argumentaron que la derogación deja sin un marco diferencial a la actividad periodística, mientras que desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a unificar criterios laborales y reducir regímenes especiales.

Con la aprobación del artículo 118, el proyecto de reforma laboral continúa su curso legislativo. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá volver al Senado de la Nación Argentina para su revisión final. El oficialismo aspira a convertir la iniciativa en ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

El 3 de febrero de 1852 no fue solamente una batalla. Fue, sobre todo, un punto de inflexión. En los campos de Caseros se terminó un ciclo político largo, áspero y personalista, y comenzó otro que, con tropiezos y resistencias, buscó ordenar el país bajo leyes comunes. Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y jefe del Ejército Grande, derrotó a Juan Manuel de Rosas y abrió una puerta que llevaba décadas cerrada: la de la organización nacional.

Rosas había gobernado Buenos Aires con poder casi absoluto durante más de veinte años, acumulando facultades extraordinarias, disciplinando aliados y enemigos, y administrando una Confederación que existía más en el discurso que en la práctica. El país no tenía Constitución, ni instituciones nacionales estables, ni reglas claras para convivir entre provincias. Caseros fue el final de ese orden sostenido por la fuerza y el miedo, pero también por consensos silenciosos que habían preferido la obediencia al caos.

Urquiza no se presentó como un caudillo vengador. Se presentó como un organizador. Su proclama previa, el célebre Pronunciamiento de 1851, no hablaba de revancha sino de leyes, comercio libre, relaciones exteriores normales y Constitución. Era un programa ambicioso para un país acostumbrado a obedecer personas más que normas.

Quince meses después de Caseros, el 1º de mayo de 1853, ese programa empezó a tomar forma concreta: se juró por primera vez la Constitución Nacional en Santa Fe. No fue un acto automático ni pacífico. Buenos Aires, derrotada militarmente pero todavía poderosa, rechazó el texto y se mantuvo separada de la Confederación durante años. Aun así, la Constitución nació y, con ella, un marco institucional que todavía nos rige, con reformas y cicatrices, pero en pie.

Urquiza fue el primer presidente constitucional de la Argentina. No el primero en mandar, sino el primero en hacerlo con límites escritos. Ese detalle, que hoy parece obvio, era entonces casi revolucionario. Gobernar aceptando que el poder tiene bordes no era una costumbre arraigada en el Río de la Plata.

Uno de los datos menos recordados de ese tiempo es que Urquiza, ya presidente, tomó una decisión que revela mucho más de su concepción política que muchos discursos: dispuso que el Estado argentino proveyera recursos económicos a Juan Manuel de Rosas, exiliado en Inglaterra, para que pudiera vivir dignamente hasta su muerte. El hombre al que había derrotado en el campo de batalla no fue humillado ni abandonado a su suerte. El Estado naciente se hacía cargo incluso de su antiguo adversario.

No era un gesto menor. En un país habituado a la eliminación simbólica o real del enemigo, Urquiza actuó con una lógica distinta: la del Estado por encima de las personas. Rosas ya no era el Restaurador ni el tirano para sus detractores; era un ciudadano argentino en el exilio, y el Estado debía responder por él. Ese acto silencioso dice tanto sobre el proyecto institucional como la propia Constitución.

Hay otro dato poco difundido que ayuda a entender la complejidad de Caseros. El Ejército Grande que derrotó a Rosas no fue exclusivamente entrerriano. Estaba compuesto por tropas de varias provincias, por exiliados argentinos que habían combatido a Rosas desde Montevideo, y también por contingentes brasileños y uruguayos. Caseros no fue una guerra “nacional” en el sentido romántico del término, sino una coalición diversa con intereses a veces contradictorios. Urquiza supo conducir ese mosaico sin que el triunfo se deshilachara en disputas inmediatas.

Tras la batalla, Buenos Aires no fue saqueada ni sometida a represalias masivas. De hecho, Urquiza evitó entrar triunfalmente en la ciudad como conquistador. Prefirió negociar, aun sabiendo que esas negociaciones serían largas y frustrantes. Pagó un precio político alto por esa moderación, pero sostuvo la idea de que la organización nacional no podía nacer de una venganza.

Caseros también marcó el inicio de una discusión que todavía nos acompaña: la tensión entre Buenos Aires y el interior. La Constitución de 1853 buscó equilibrar ese vínculo, garantizar autonomías provinciales y, al mismo tiempo, crear un Estado nacional fuerte. No lo logró del todo, pero sentó las bases del debate. Muchas de nuestras discusiones actuales, con otros nombres y otras urgencias, nacen ahí.

Urquiza no fue un héroe de bronce ni un demócrata moderno en el sentido actual. Fue un caudillo de su tiempo, con poder territorial, estancias, ejércitos propios y decisiones autoritarias cuando lo creyó necesario. Pero entendió algo esencial: que la Argentina no podía seguir dependiendo del carácter de un hombre, por más fuerte o carismático que fuera. Necesitaba reglas, instituciones y límites.

Caseros, entonces, no es solo una fecha militar. Es el momento en que el país empezó a pensarse como algo más que una suma de voluntades armadas. Es el instante en que la idea de Constitución dejó de ser una promesa y se convirtió en un texto jurado.

El bonus track de esta historia no está en los cañones ni en los uniformes, sino en ese gesto casi olvidado de sostener al enemigo vencido. Allí, en esa decisión administrativa y silenciosa, aparece una idea de Nación que todavía nos cuesta ejercer: la de un Estado que no castiga por odio ni gobierna por rencor, sino que intenta, aun con errores, ponerse por encima de las pasiones del momento.

Tal vez por eso Caseros sigue siendo incómoda y necesaria. Porque no celebra una unanimidad, sino el comienzo de una convivencia difícil. Y porque nos recuerda que la Argentina, cuando decidió organizarse, lo hizo aceptando que nadie, ni siquiera los vencedores, estaba por encima de la ley.

Los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay anunciaron un paro de operatividad que comenzará este domingo, en rechazo a la negativa de las empresas a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) como la única organización gremial con representación legal en el sector. La medida abre un nuevo foco de conflicto laboral en la provincia de Entre Ríos, en un contexto de creciente tensión sindical.

Según informaron desde el gremio, la empresa Urcel Argentina SA se negó a reconocer al SUPA, pese a que cuenta con autoridades electas democráticamente, comisión directiva integrada por trabajadores del propio puerto y certificado de autoridades vigente. Desde el sindicato consideran que esta postura empresarial carece de justificación legal y vulnera derechos básicos de representación sindical.

A la par del reclamo, los estibadores denunciaron que la firma marginó a trabajadores locales al incorporar personal proveniente de Zárate, presuntamente sin experiencia en la actividad, con el objetivo de precarizar las condiciones laborales y quebrar el convenio colectivo vigente en el puerto uruguayense.

El conflicto se produce en un escenario provincial sensible, luego de que en las últimas horas se destrabara el conflicto en los frigoríficos avícolas mediante un acuerdo que, según los gremios, implicó una baja en las condiciones salariales de los trabajadores. En contraste, la operatoria portuaria no comenzará este domingo debido a la negativa empresarial de aceptar la representación gremial que corresponde por derecho.

Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresaron un fuerte respaldo al paro. Su secretario general, Marcelo Osores, denunció un trasfondo de precarización y connivencia empresarial. “El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, está denunciando la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos”, sostuvo.

Osores afirmó que “lo que pasa en los puertos es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos”, y agregó que la negativa a reconocer al sindicato no es un hecho aislado, sino parte de un modelo sostenido de ajuste y pérdida de derechos laborales.

“Si fueron corruptos para las obras, para todo, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?”, cuestionó el dirigente gremial, remarcando que el SUPA Concepción del Uruguay es el único sindicato con representación legal en el puerto.

El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su secretario general Martín Soto, cuenta con inscripción gremial otorgada por la Resolución N° 812, bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los estibadores del puerto.

El conflicto interpela de manera directa al Gobierno de Entre Ríos, al que los trabajadores le exigen que garantice el respeto a la legalidad y a la organización sindical. Desde el sector advierten que situaciones similares se replican en otras actividades estratégicas de la provincia.

“No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en la producción más grande que tiene Entre Ríos, como los frigoríficos de pollo, demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos”, concluyó Osores.

Desde la FEPA ratificaron que acompañarán la medida de fuerza hasta que se respete la voluntad de los estibadores y se reconozca formalmente al sindicato como representante legítimo de los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay.

Desde hace años, quienes transitan esta arteria nacional vienen señalando el grave deterioro de la calzada. Sin embargo, el sector comprendido entre ambas localidades se convirtió en un verdadero punto rojo en materia de seguridad vial, con roturas profundas, placas levantadas y sectores prácticamente intransitables, lo que lo transformó en una “trampa mortal”, especialmente para conductores que no conocen la zona.

La preocupación se intensifica durante la temporada estival, cuando miles de turistas eligen Brasil como destino y utilizan esta vía como corredor principal. A ello se suma que, al ingresar en jurisdicción correntina, tras cruzar el puesto caminero de San Jaime hacia el noroeste, las condiciones de la ruta continúan siendo similares.

Los intendentes de las localidades atravesadas por la Ruta Nacional N° 127, junto a legisladores del departamento Federación, elevaron en numerosas oportunidades su reclamo a las autoridades nacionales, exigiendo una intervención urgente. Si bien la reparación de la traza no es competencia provincial, desde los municipios insistieron al menos en la necesidad de una adecuada señalización preventiva para evitar siniestros viales.

Finalmente, con el inicio del año 2026, maquinarias y personal de Vialidad Nacional comenzaron a trabajar en el sector más afectado. Según informó el medio digital Chajarí al Día, la carpeta asfáltica presenta tramos extremadamente peligrosos, con daños estructurales que impedían una circulación segura.

En una primera etapa, se había anticipado la colocación de cartelería de advertencia en un tramo estimado de un kilómetro, considerado el más crítico. Posteriormente, se dio inicio a las tareas de reparación que actualmente se están ejecutando. Las máquinas realizan el levantamiento de las placas dañadas y, si bien no se colocará una nueva capa asfáltica, se intervendrá el sector más comprometido para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.

El inicio de estas obras representa una respuesta largamente esperada por las comunidades de la región y por los miles de conductores que circulan a diario por esta ruta estratégica. No obstante, persiste el pedido de una solución integral y definitiva que permita recuperar completamente la seguridad y funcionalidad de la Ruta Nacional N° 127.