El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue comunicada este martes luego de una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

El esquema contempla además jornadas con alcance limitado a las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades del Pontífice. El martes 10 será feriado en Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires por las actividades previstas en Luján.

Para Entre Ríos, la jornada de feriado será el lunes 9 de noviembre, al tratarse de un feriado nacional.

El martes 10 y el miércoles 11 no tendrán carácter de feriado nacional en la provincia, ya que las medidas específicas están vinculadas con las jurisdicciones donde se desarrollará el recorrido del Papa.

León XIV llegará al país el 8 de noviembre. Durante su visita estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9, ya como feriado nacional, el Pontífice tendrá entre sus actividades principales una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y el episcopado argentino.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica. Ese mismo día finalizará su visita a la Argentina y partirá hacia Perú.

La reunión en la que se definió el esquema de feriados contó también con la participación del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Por parte de la Iglesia estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Monteoliva confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que las jornadas posteriores quedarán sujetas a decisiones dentro de las jurisdicciones involucradas en la visita.

Tras el encuentro, Karina Milei destacó la importancia de la llegada de León XIV y afirmó que “el Papa es para todos los argentinos”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional también presenta diferencias sobre distintas cuestiones.

García Cuerva sostuvo que existen “muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias” con la gestión de Javier Milei. En ese marco, planteó que “poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error”.

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días y tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país

Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintos partidos y distritos pidió que las provincias que todavía utilizan el sistema tradicional de boletas partidarias avancen durante 2026 hacia la implementación de la Boleta Única, con el objetivo de utilizarla en las elecciones de 2027.

El planteo fue realizado por integrantes de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que reúne a dirigentes de distintos espacios políticos. Entre los firmantes aparecen referentes de Entre Ríos como el gobernador Rogelio Frigerio, la dirigente peronista Mayda Cresto y el dirigente del PRO Esteban Vitor.

El documento, fechado en septiembre de 2026, convoca a las 15 provincias que todavía mantienen el sistema de boleta partidaria a utilizar este año no electoral para impulsar modificaciones legislativas.

La propuesta toma como referencia la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales de 2025. En ese sistema, todas las agrupaciones que participan de una categoría electoral aparecen en una misma papeleta y el elector marca su opción en el casillero correspondiente.

En las elecciones nacionales de 2025, la BUP fue utilizada por primera vez en todo el país para los cargos nacionales.

La RAP sostiene que la Boleta Única permitiría reducir situaciones vinculadas con la falta de boletas en los lugares de votación y facilitaría que todas las opciones electorales estén disponibles para cada votante.

También plantea que el sistema puede generar condiciones más uniformes para las distintas agrupaciones políticas, al concentrar toda la oferta electoral en una única papeleta.

El documento menciona además como posibles efectos la reducción de prácticas como el robo o faltante de boletas y el denominado “voto cadena”, además de una menor utilización de papel y otros insumos destinados a la impresión y distribución de boletas partidarias.

La Boleta Única no es una herramienta nueva en el sistema electoral argentino. La documentación oficial señala que Córdoba utiliza Boleta Única de Papel y Santa Fe cuenta con un sistema de boleta única por categorías, mientras que otras jurisdicciones implementaron variantes electrónicas.

En el caso de la BUP nacional, la papeleta reúne las distintas agrupaciones y categorías electorales. El elector recibe la boleta de la autoridad de mesa, ingresa a la cabina y marca su opción para cada categoría antes de introducirla en la urna.

Entre Ríos utilizó la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de 2025, pero el instrumento de votación nacional no implica automáticamente un cambio en el sistema electoral provincial.

La convocatoria de RAP apunta precisamente a que las provincias modifiquen sus propias legislaciones para adoptar la Boleta Única también en sus elecciones locales.

En el documento, los firmantes sostienen que 2026, al no ser un año electoral nacional, representa una oportunidad para discutir y aprobar esos cambios con anticipación a los comicios de 2027.

El texto también sostiene que existiría un amplio respaldo social al sistema. Para fundamentarlo, menciona encuestas realizadas en Santa Fe y a nivel nacional, además de un relevamiento en la provincia de Buenos Aires realizado después de elecciones en las que se utilizaron ambos mecanismos.

Según el documento de RAP, esos estudios registraron porcentajes superiores al 70% de valoración de la Boleta Única en algunas mediciones.

Esos datos corresponden a encuestas citadas por los propios firmantes y el comunicado no detalla allí las fichas técnicas de cada uno de esos relevamientos.

La iniciativa plantea que la eventual adopción de la Boleta Única requeriría acuerdos políticos entre distintos espacios y modificaciones de las legislaciones electorales provinciales.

Para los 189 dirigentes que suscribieron el documento, avanzar con el cambio durante un año sin elecciones permitiría discutir el sistema con anticipación y preparar su implementación para 2027.

La propuesta abre así una discusión sobre cómo se votará en las próximas elecciones provinciales en las jurisdicciones que todavía conservan el sistema de boleta partidaria. En el caso de Entre Ríos, el debate se suma a las discusiones ya existentes sobre las reglas electorales de cara a los próximos comicios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le toca "defender los intereses" de los argentinos, por sobre los personales y criticó los bienes que produce la industria nacional, en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria.

"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó Caputo que también calificó -sin nombrarlo- como poco "decorosa" la declaración de Moretti. 

No obstante, el funcionario, recién llegado a la Argentina tras su reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, agregó: "Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos".

En otro tramo, Caputo defendió la "economía en dos velocidades": "El crecimiento va a venir por las exportaciones". Argumentó que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. "Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió.

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme". En esa línea, Caputo dijo que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que "está mal que se le dé una connotación negativa".

Sobre el final de su disertación, Caputo anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos. 

La economía argentina atraviesa, según el análisis del economista y docente universitario Roberto Schunk, un escenario marcado por la caída del consumo, una baja inversión y fuertes diferencias entre los sectores que logran crecer y aquellos que enfrentan una profunda retracción.

En diálogo con Debate Abierto Radio Streaming, Schunk sostuvo que el actual esquema de “dos velocidades” genera una economía en la que algunas actividades, como el agro, la energía y la minería, presentan mejores resultados, mientras que el comercio, la industria, la construcción y distintas economías regionales continúan atravesando dificultades.

Para el economista, la recuperación sostenible depende de volver a colocar en el centro de la discusión a la producción y el trabajo.

“No hay una forma de salir adelante en la Argentina y en Entre Ríos sino es con producción y trabajo”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de su diagnóstico está relacionado con el nivel de consumo e inversión de la economía argentina.

Schunk ubicó la inversión en torno al 14% o 15% del PBI, un nivel que, según su análisis, resulta insuficiente incluso para garantizar la reposición de bienes que se desgastan con el paso del tiempo.

En este escenario, consideró que el crecimiento de determinados sectores productivos no alcanza para generar una recuperación generalizada de la economía.

La situación se refleja, de acuerdo con su lectura, en una fuerte pérdida de capacidad de compra de los hogares y en dificultades para sostener el nivel de actividad de sectores que dependen directamente del mercado interno.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el reciente relanzamiento de los créditos hipotecarios, particularmente las líneas ajustadas por UVA más una tasa de interés.

Schunk cuestionó las condiciones de estos préstamos y planteó que pueden representar un riesgo para trabajadores cuyos ingresos no evolucionen al mismo ritmo que la inflación.

El economista señaló que el crédito hipotecario representa actualmente alrededor del 0,65% del PBI argentino, frente a porcentajes considerablemente superiores en otros países de la región.

También puso el foco en el déficit habitacional: según los números que presentó, 5,8 millones de hogares tendrían algún tipo de déficit sobre un universo de 15,9 millones.

Para fundamentar su posición, Schunk explicó que realizó simulaciones sobre créditos bajo el esquema UVA + 7%, tomando distintos escenarios de evolución de salarios e inflación.

Según sus cálculos, si los salarios permanecieran congelados mientras la inflación alcanzara el 35% anual, la cuota podría superar el ingreso mensual del tomador alrededor del mes 61 del préstamo.

En un escenario más favorable, con salarios creciendo 20% anual frente a una inflación del 35%, estimó que la cuota igualmente podría absorber una proporción muy elevada del ingreso antes de alcanzar los diez años de un crédito pactado a 20 años.

El planteo de Schunk es que la evolución de los ingresos resulta determinante para evaluar la sostenibilidad de un crédito UVA, más allá de que la cuota inicial pueda parecer accesible.

El economista también cuestionó las expectativas oficiales sobre el ingreso futuro de dólares a partir del crecimiento de las exportaciones de gas, petróleo y minería.

Para Schunk, el volumen actual de divisas generado por estos sectores todavía está lejos del que registran otros países con una fuerte actividad extractiva.

Según los datos expuestos durante la entrevista, Argentina genera actualmente unos 950 dólares per cápita por estas exportaciones, mientras que Australia alcanza los 17.000 dólares, Canadá 10.000, Chile 4.500 y Brasil 3.000.

En su escenario, aun con una evolución favorable, Argentina podría llegar a unos 2.000 dólares per cápita hacia 2030.

Schunk también planteó interrogantes sobre el destino de esas divisas y las reglas establecidas para las grandes inversiones. En particular, cuestionó que determinados marcos regulatorios permitan que las empresas puedan disponer posteriormente de las divisas generadas por sus proyectos.

La pregunta que dejó planteada fue cómo se garantizará la disponibilidad de dólares para afrontar los compromisos externos del país si una parte importante de las divisas generadas no ingresa al circuito local.

Más allá del diagnóstico sobre la economía nacional, Schunk puso especial énfasis en Entre Ríos.

El economista propone abandonar las respuestas de corto plazo y avanzar hacia un plan estratégico provincial con una proyección de entre 15 y 20 años.

La propuesta está desarrollada en su libro El futuro de Entre Ríos no se espera, se construye, donde plantea la necesidad de definir objetivos concretos en áreas como:

Para Schunk, la discusión no debería limitarse a quién conduce la provincia, sino fundamentalmente a qué modelo de desarrollo se pretende construir y cómo se alcanzarán esos objetivos.

“Los políticos dicen vótenme que los salvo, pero nunca dicen el cómo”, cuestionó.

El economista se mostró, al mismo tiempo, optimista respecto de las posibilidades de Entre Ríos.

Consideró que la provincia cuenta con una diversidad productiva significativa, con capacidad para generar alimentos, incorporar valor agregado y desarrollar productos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

En ese sentido, planteó que el problema central no está en la falta de recursos, sino en la ausencia de una estrategia que permita articularlos.

“En Entre Ríos no faltan recursos; lo que falta es organización”, concluyó Schunk.

El planteo del economista abre una discusión que excede los números de la economía actual: cómo transformar las ventajas productivas de Entre Ríos en un proyecto de desarrollo sostenido.

Para Schunk, eso requiere planificación, inversión y una estrategia que trascienda los períodos electorales. La clave, sostiene, es definir un rumbo de largo plazo que permita aprovechar la diversidad productiva de la provincia y convertirla en más producción, empleo y oportunidades.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Juan Cosso, defendió el dictamen elaborado por el bloque de senadores justicialistas sobre la reforma previsional y aseguró que la propuesta "demuestra que es posible fortalecer la Caja de Jubilaciones sin avanzar sobre derechos adquiridos ni trasladar el costo de la reforma a los trabajadores y jubilados".

El legislador explicó que la iniciativa del PJ es el resultado del trabajo realizado durante el tratamiento legislativo del proyecto, incorporando aportes de especialistas, representantes de distintos sectores y organizaciones vinculadas al sistema previsional.

"Desde el primer día dijimos que no nos íbamos a limitar a rechazar el proyecto del Gobierno. Elaboramos una propuesta seria, técnicamente fundada y con una mirada de largo plazo. Nuestro objetivo fue demostrar que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin seguir ajustando sobre quienes sostienen la Caja con su trabajo o ya cumplieron toda una vida de aportes", expresó Cosso.

El senador destacó que, a diferencia del proyecto oficial, el dictamen del PJ no declara la emergencia previsional y plantea reformas estructurales permanentes, incorporando mecanismos de transparencia y planificación como la creación del Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional (FESP), una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad para fortalecer la administración del sistema.

Uno de los puntos que Cosso consideró centrales es el tratamiento de los regímenes especiales, particularmente el docente.

"Quiero llevar tranquilidad a miles de docentes entrerrianos porque nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está ejerciendo verá modificadas las condiciones con las que planificó su jubilación", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto del PJ ofrece mayores garantías que la iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Nuestro dictamen elimina uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial: no obliga a los docentes ni a los demás beneficiarios de regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados. El proyecto del Gobierno sí establece un aporte solidario durante la pasividad hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, lo que significa una reducción adicional de haberes para personas que ya se retiraron después de cumplir toda su carrera laboral", explicó.

"Nosotros creemos que la sustentabilidad del sistema no puede construirse castigando a quienes ya se jubilaron. Por eso proponemos un esquema que protege a los trabajadores actuales, brinda previsibilidad a los nuevos ingresantes y evita seguir afectando los ingresos de los jubilados", agregó.

Cosso también remarcó que el dictamen del PJ mantiene los 30 años de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio, mientras que el proyecto oficial eleva ese requisito a 35 años.

Además, explicó que la propuesta justicialista establece que el haber jubilatorio se calcule sobre los últimos 120 meses de servicios computables, mientras que la iniciativa del Ejecutivo extiende ese período a 180 meses, una modificación que, según indicó, termina reduciendo el monto de las futuras jubilaciones.

Otro aspecto destacado es que el dictamen no incorpora nuevos aportes extraordinarios para los trabajadores activos.

"En lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes trabajan, proponemos un aporte institucional extraordinario para los cargos políticos de mayores ingresos y creamos el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, con recursos específicos provenientes de distintas fuentes. Creemos que primero hay que generar nuevos mecanismos de financiamiento antes que seguir pidiendo esfuerzos a los trabajadores", señaló.

Asimismo, resaltó que la iniciativa garantiza una fórmula de movilidad que combina en partes iguales la evolución de la inflación y las paritarias, estableciendo un piso de actualización equivalente al Índice de Precios al Consumidor para preservar el poder adquisitivo de los haberes.

Finalmente, Cosso sostuvo que el dictamen elaborado por el bloque justicialista "representa una alternativa responsable y equilibrada".

"El desafío no es elegir entre sostener la Caja o proteger derechos. Nuestro dictamen demuestra que ambas cosas son posibles. La verdadera sustentabilidad se construye con planificación, transparencia, nuevas fuentes de financiamiento y respeto por quienes aportaron durante toda su vida. Ese es el camino que proponemos desde el bloque justicialista", concluyó

Los retos virales se convirtieron en una práctica habitual para una parte importante de los adolescentes argentinos. Sin embargo, detrás de estos desafíos que circulan por plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y WhatsApp, especialistas advierten que pueden esconderse riesgos para la salud física, mental y emocional, especialmente cuando están impulsados por la necesidad de aceptación social.

Así lo revela una investigación publicada en la revista científica internacional Youth & Society, realizada sobre una muestra de 848 adolescentes argentinos de entre 11 y 17 años. El trabajo detectó una asociación entre la participación en retos virales y mayores niveles de adicción digital, particularmente vinculados al uso problemático de Instagram e internet.

Los resultados muestran que el fenómeno tiene una presencia significativa entre los jóvenes. El 14% de los encuestados afirmó haber realizado uno o dos retos virales durante el último año, mientras que un 5% participó en tres o cuatro desafíos y un 6% aseguró haber realizado cinco o más. En total, uno de cada cuatro adolescentes reconoció haber participado al menos una vez en este tipo de contenidos durante los últimos doce meses.

Los investigadores aclaran que no todos los retos virales son perjudiciales. Muchos consisten en desafíos recreativos o solidarios. Sin embargo, algunos implican conductas de alto riesgo, como privación del sueño, autolesiones o prácticas de autosofocación que, en distintos países, incluso provocaron la muerte de niños y adolescentes.

"Más que prohibir las nuevas tecnologías o dar sermones moralizantes, es necesario enseñar a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones", sostuvo Santiago Resett, investigador independiente del CONICET-Universidad Austral y docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). En ese sentido, propone que familias y educadores promuevan preguntas que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico sobre el contenido que los adolescentes publican y consumen.

El estudio también identificó que la búsqueda de aceptación y pertenencia desempeña un papel central en este fenómeno. Un 11% de los adolescentes manifestó que disfruta que otras personas imiten los desafíos que comparte, mientras que un 6% afirmó que le gusta participar en retos junto a otros para sentirse parte de un grupo.

Desde el punto de vista estadístico, la investigación encontró una correlación positiva entre la motivación social para participar en retos virales y el uso problemático de internet (r=0,376). Además, detectó otra asociación entre la satisfacción obtenida al realizar estos desafíos y la adicción a Instagram (r=0,365). Si bien estos datos no prueban una relación de causa y efecto, sí muestran que ambas conductas tienden a presentarse conjuntamente.

Los autores identificaron dos factores principales que impulsan la participación en los retos virales: la satisfacción personal que generan y la presión o influencia del grupo de pares. En la adolescencia, etapa donde la construcción de la identidad y el reconocimiento social adquieren un fuerte protagonismo, las redes sociales potencian estos mecanismos mediante la búsqueda constante de visualizaciones, "me gusta" y comentarios.

El trabajo también recuerda el alto nivel de penetración que tienen las plataformas digitales entre los jóvenes argentinos. Según los datos citados, YouTube alcanza al 95% de los adolescentes y jóvenes, mientras que TikTok registra una presencia del 67% e Instagram del 62%. De acuerdo con Resett, diversas investigaciones señalan que estas dos últimas aplicaciones presentan un mayor potencial adictivo en comparación con otras redes sociales.

Como conclusión, los investigadores sostienen que la mejor estrategia de prevención pasa por fortalecer la educación digital tanto en las familias como en las escuelas. El objetivo, afirman, no es demonizar la tecnología, sino acompañar a los adolescentes para que desarrollen un uso más consciente, responsable y crítico de las redes sociales y puedan identificar cuándo un reto viral deja de ser un juego para convertirse en una conducta de riesgo.

La propuesta ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que justifican su eliminación.

De avanzar en el Congreso, la derogación implicaría la eliminación total del sistema actual de rotulado frontal, incluyendo los octógonos negros de advertencia que figuran en los envases de alimentos y bebidas. También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en los empaques y las regulaciones en entornos escolares.

Entre los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que el modelo actual aplica criterios uniformes sobre alimentos de características muy distintas, sin contemplar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.

Según argumenta la Casa Rosada, esta metodología puede generar situaciones en las que alimentos tradicionales o considerados saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, provocando interpretaciones simplificadas o confusión entre los consumidores.

Otro de los puntos señalados es la estructura “binaria” del sistema, ya que el etiquetado actual sólo determina si un producto lleva o no advertencias, sin contemplar mejoras parciales o progresivas en la formulación nutricional realizadas por la industria.

El proyecto también expone diferencias regulatorias dentro del Mercosur. El Ejecutivo advierte que la falta de un criterio armonizado en materia de rotulado frontal obliga a las empresas a fabricar envases diferenciados, generando mayores costos operativos.

En ese marco, sostienen que las principales afectadas serían las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos de adaptación más elevados en proporción a su escala de producción, situación que —según el mensaje oficial— podría favorecer una mayor concentración del mercado.

Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a la rigidez de la ley vigente. Desde el Gobierno consideran que varios aspectos técnicos y metodológicos quedaron fijados dentro del propio texto legal, lo que dificulta adaptar el sistema con rapidez a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la eventual derogación no eliminaría la obligación de brindar información nutricional en los envases. La declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguiría vigente a través del Código Alimentario Argentino y del sistema armonizado del Mercosur, además de las normativas vinculadas a defensa del consumidor y lealtad comercial.

Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que definió como “más consistente, uniforme y adaptable”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de subas. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4% en comparación con abril del año pasado.

El dato representa la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025, cuando el costo de vida había registrado un aumento del 1,5%. Desde entonces, la inflación mantuvo una tendencia ascendente que llegó a superar el 3% mensual en los últimos meses.

Según supo la Noticias Argentinas, la baja de abril estuvo impulsada principalmente por una moderación en la inflación núcleo, es decir, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales. Este indicador pasó del 3,2% en marzo al 2,3% en abril, convirtiéndose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado.

Desde la consultora C&T Asesores Económicos señalaron que “la inflación núcleo explicó gran parte de la baja mensual”, destacando especialmente la desaceleración en algunos rubros vinculados al consumo cotidiano.

No obstante, algunos sectores continuaron mostrando fuertes incrementos. Entre las categorías analizadas por el INDEC, los precios regulados encabezaron las subas con un aumento del 4,7%, impulsados principalmente por el incremento en tarifas de transporte y electricidad.

En ese contexto, la división Transporte fue la que registró la mayor variación mensual, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo directamente relacionado con los ajustes en combustibles. Durante abril, YPF aplicó una suba del 1% en los precios de los combustibles y extendió por 45 días adicionales el esquema de congelamiento parcial de precios.

El rubro Educación también mostró una variación significativa, alcanzando el 4,2%, en un mes atravesado todavía por ajustes vinculados al inicio del ciclo lectivo y actualización de cuotas en distintos niveles educativos.

En contraste, las divisiones que reflejaron menores aumentos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 1,5%, y Recreación y cultura, que registró apenas un 1%.

En el caso de los alimentos, la desaceleración respondió principalmente a una baja en los precios de frutas y a una moderación general en productos de consumo masivo. También incidió una caída en los valores vinculados al turismo, que compensó parcialmente las subas estacionales en indumentaria por el cambio de temporada.

Las consultoras privadas coincidieron en que el dato de abril consolida una tendencia descendente gradual de la inflación, aunque remarcan que todavía persisten desafíos importantes para alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales es que el Ejecutivo había proyectado en el Presupuesto nacional una inflación anual del 10,1% para 2026, una meta que actualmente aparece fuera de alcance debido al comportamiento de los precios durante el primer cuatrimestre del año.

A pesar de ello, las expectativas para los próximos meses continúan siendo moderadamente optimistas. Distintas consultoras prevén que el IPC se mantendrá cerca del 2% mensual en el corto plazo.

La consultora EcoGo estimó para la primera semana de mayo una inflación del 2,2%, en línea con las proyecciones de C&T.

Según explicó el economista Camilo Tiscornia, “el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante”, al igual que la moderación en alimentos y bebidas, el impacto del Hot Sale y los ajustes limitados en combustibles.

“Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco prevé una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. Las proyecciones privadas indican que el costo de vida rondaría el 2,3% en mayo, el 2,1% en junio y el 2% en julio.

Estas estimaciones descartan, al menos por ahora, la posibilidad de que la inflación llegue a cero hacia agosto, como había anticipado en distintos momentos el presidente Javier Milei.

Desde la sociedad de bolsa PUENTE consideraron que el dato estuvo “en línea con lo esperado por el mercado”, por lo que no anticipan correcciones significativas en las previsiones económicas de corto plazo.

Además, remarcaron que, aunque la inflación continuará desacelerándose gradualmente, las tasas reales seguirían siendo negativas durante los próximos meses, un aspecto que todavía genera preocupación entre analistas y ahorristas.

Con este nuevo dato, el Gobierno logra mostrar una señal de alivio después de varios meses de aceleración inflacionaria, aunque el escenario económico todavía presenta tensiones y desafíos estructurales. La evolución de los precios en los próximos meses será clave para determinar si la desaceleración observada en abril logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa temporal dentro de un proceso inflacionario aún persistente.

Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

La resolución fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 6694, correspondiente al 12 de mayo de 1916, marcando así un hecho histórico para la comunidad entrerriana que desde entonces adoptó el nombre de Strobel.

La localidad había surgido originalmente en 1891 bajo la denominación de Barrio “18 de Agosto”, tras el loteo de dos fracciones de chacras ubicadas en el Ejido Norte de Diamante. Ese nombre se mantuvo hasta 1910, cuando comenzaron los trabajos de instalación del ferrocarril y se estableció la denominada Estación Kilómetro 4.

La elección del nombre “Strobel” estuvo estrechamente vinculada a la influencia ejercida por distintos profesionales ligados al desarrollo ferroviario en la región. Entre ellos se destacaban el ingeniero Calcena, responsable de la dirección de obras en la zona portuaria, y el ingeniero Schlater, director técnico del denominado “Ferrocarril Entrerriano del Este”.

También formaban parte de ese equipo técnico los ingenieros Husebis, Allan, Puchulo y Balbi, quienes habrían impulsado la propuesta en reconocimiento a la figura del profesor doctor Pellegrino Strobel.

Strobel fue un destacado académico y exdocente de la Universidad de Buenos Aires, reconocido especialmente por sus aportes en Ciencias Naturales y Geología, disciplinas en las que alcanzó gran prestigio científico durante fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Según el informe, entre 2015 y 2025 solo cinco provincias explicaron el 88% del incremento de las exportaciones del país: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut.

El trabajo señala que, aunque las ventas externas argentinas crecieron de manera significativa durante ese período, el proceso se dio de forma desigual, con regiones que lograron capitalizar inversiones estratégicas y otras que perdieron peso relativo en el comercio exterior.

El caso más sobresaliente es el de Neuquén, provincia que multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas diez años gracias al desarrollo de Vaca Muerta. El informe destaca que esta transformación convirtió a la provincia en uno de los principales polos exportadores del país, dejando atrás su histórico rol marginal en términos de comercio exterior.

En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron un fuerte crecimiento impulsado por la actividad minera, especialmente vinculada a la extracción y exportación de litio.

El estudio sostiene que Argentina atraviesa una reconfiguración de su estructura exportadora. Aunque la región Pampeana continúa liderando las exportaciones nacionales, su participación cayó del 78% al 73% en la última década.

En contraste, la región patagónica incrementó su peso del 8% al 15%, mientras que las provincias del norte asociadas al desarrollo minero también ampliaron su participación.

Este cambio refleja un creciente protagonismo de la energía y los recursos naturales frente al modelo agroindustrial tradicional que históricamente dominó las exportaciones argentinas.

De acuerdo con el informe, en 2025 las exportaciones argentinas superaron los 87 mil millones de dólares y el país logró recuperar el superávit comercial. Sin embargo, los investigadores remarcan que ese crecimiento no se distribuye de manera homogénea.

El desempeño exportador reciente se sostiene principalmente en territorios y sectores específicos capaces de atraer inversiones y aprovechar ventajas productivas y recursos naturales estratégicos.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, afirmó Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del trabajo.

El documento concluye que la inserción internacional del país ya no puede analizarse como un fenómeno uniforme. Las diferencias regionales, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan —según plantea el estudio— a pensar estrategias de desarrollo con una lógica subnacional.

En ese marco, el informe propone repensar las políticas públicas en función de las capacidades productivas de cada territorio, promoviendo una diversificación que permita ampliar la generación de divisas y reducir las asimetrías regionales.

El trabajo completo analiza en profundidad la evolución del comercio exterior argentino, los complejos productivos y la distribución territorial de las exportaciones, ofreciendo una nueva mirada sobre cómo y dónde se generan hoy las divisas en Argentina.

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó sobre los avances alcanzados en el marco del proyecto de la Bibliografía Nacional Argentina, una iniciativa impulsada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno orientada a la identificación, normalización y control de autoridades de autores entrerrianos.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, participó activamente del proceso a partir del aporte de la Bibliografía Entrerriana (2001), elaborada por Nadia Alina Ursini de Leiva. Este material, junto a otros repertorios de referencia, resultó clave para el relevamiento, la verificación y la validación de datos.

Como resultado del trabajo conjunto, se abordó un universo de 1106 autores vinculados a la provincia de Entre Ríos. En ese marco, se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron otros 101 ya existentes, lo que permitió fortalecer los procesos de normalización y optimizar la recuperación de información en los catálogos bibliográficos.

Desde la Biblioteca Provincial destacaron que estos avances representan un paso significativo para mejorar la visibilidad de la producción intelectual entrerriana y facilitar el acceso a fuentes confiables para investigadores, docentes y público en general.

En línea con este objetivo, el organismo puso a disposición de los usuarios la versión digitalizada de la Bibliografía Entrerriana (2001), así como los registros de autoridad incorporados al catálogo de la Biblioteca Nacional. Estos datos también se proyectan en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades, una plataforma de consulta abierta que permite vincular información de autores a nivel global.

Las herramientas ya se encuentran disponibles para consulta pública y constituyen un recurso clave para el estudio, la investigación y la difusión del patrimonio bibliográfico de Entre Ríos, consolidando el trabajo articulado entre organismos culturales en pos de preservar y jerarquizar la identidad literaria de la provincia.

Bibliografía Entrerriana para descargar: Bibliografía Entrerriana

Acceso a los Autores Entrerrianos (Biblioteca Nacional): Autores Entrerrianos

Según publica la periodista Ayelén Berdiñas en la edición de este martes del diario Pagina12, Nazarena Menem, de 26 años, obtuvo en agosto de 2025 un crédito hipotecario por 236,9 millones de pesos, bajo condiciones consideradas preferenciales. El caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien accedió a un préstamo de 357 millones. En conjunto, ambos concentraron casi 600 millones de pesos en financiamiento en un lapso de seis meses.

Nazarena Menem cuenta con experiencia laboral únicamente en la Auditoría General de la Nación, donde trabaja desde hace menos de cuatro años y posee planta permanente. Según su categoría administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales.

En tanto, Sharif Menem se desempeña en la Cámara de Diputados con un ingreso similar. La magnitud de los créditos otorgados generó cuestionamientos sobre la relación entre ingresos y capacidad de pago, así como sobre las condiciones de acceso.

Ante el escándalo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios habituales de evaluación crediticia.

Sin embargo, distintas denuncias judiciales apuntan a determinar si existió una operatoria discrecional o incluso una “ventanilla VIP” para funcionarios. La diputada Mónica Frade amplió una presentación judicial que incluye estos casos y otros vinculados al equipo económico.

De acuerdo con datos que circulan en el ámbito legislativo, de unos 27 mil créditos otorgados en los últimos dos años, alrededor de 11.200 habrían sido destinados a funcionarios o personas vinculadas al oficialismo, en su mayoría de La Libertad Avanza.

El economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, advirtió sobre posibles conflictos de interés. “La Ley de Ética Pública establece límites claros: quienes gobiernan no deberían beneficiarse de créditos otorgados por entidades bajo su órbita”, sostuvo.

La causa judicial también incluye a funcionarios del área económica, como Federico Furiase, quien habría recibido 367 millones de pesos y es investigado por la posible compra de una tercera propiedad, lo que contradiría los objetivos de la línea hipotecaria.

En la lista aparecen además Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, con créditos de 510 y 373 millones respectivamente, así como otros funcionarios del Ministerio de Economía que acumulan financiamiento por cientos de millones.

El diputado Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública al Banco Nación y al Banco Central para conocer en detalle las condiciones de los créditos y evaluar si hubo discrecionalidad en su otorgamiento.

Mientras tanto, la causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar las presentaciones y determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés.

A medida que se conocen nuevos casos, crece la controversia en torno al uso de líneas de crédito destinadas originalmente a facilitar el acceso a la vivienda. Desde el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que no tienen “nada que temer” ante la revisión de los expedientes.

Sin embargo, las denuncias y los cuestionamientos políticos mantienen el tema en el centro de la agenda pública, mientras avanza la investigación judicial y se aguardan definiciones sobre uno de los episodios más sensibles en materia de transparencia y gestión de recursos públicos.

El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.

La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.

De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.

El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.

Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.

En un contexto en el que la economía argentina necesita consolidar la generación genuina de divisas y sostener un crecimiento económico estable, un nuevo informe académico plantea que el sector agroindustrial podría transformarse en el principal motor del desarrollo del país durante la próxima década.

El estudio, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, sostiene que el agro podría expandirse un 90% en los próximos diez años si se eliminan los derechos de exportación y se resuelven los principales cuellos de botella estructurales que hoy limitan la inversión y la productividad.

La investigación fue realizada bajo el modelo económico Agmemod y proyecta que, bajo un escenario de reformas, la producción agroindustrial argentina podría alcanzar las 251 millones de toneladas en una década, impulsando una expansión significativa del Producto Bruto Interno y de las exportaciones.

Actualmente, el complejo agroindustrial representa el 23% del PBI argentino y explica el 60% de las exportaciones totales del país. Dentro de ese universo, los complejos oleaginosos y cerealeros generan por sí solos el 45% de las divisas que ingresan a la economía nacional.

“Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento”, afirmó Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School.

Las proyecciones del informe también analizan la campaña agrícola 2025/26. En ese período se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas, con ingresos superiores a 4.500 millones de dólares.

A su vez, la cosecha gruesa alcanzaría las 154 millones de toneladas, generando entre 32.000 y 37.000 millones de dólares en ingresos para la economía.

El documento destaca que, pese a las dificultades estructurales, el agro argentino ha mostrado una notable capacidad de crecimiento. En las últimas tres décadas, la producción se triplicó mientras que el área sembrada sólo se duplicó, impulsada por la incorporación de biotecnología, agricultura de precisión, digitalización y mejoras logísticas.

Uno de los principales factores que limita el crecimiento del sector es, según el informe, la presión fiscal.

El estudio calcula que la carga sobre la renta agrícola alcanza el 55,5%, y llegó al 63,6% en junio de 2025 al considerar cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol.

La situación contrasta con la de otros países. Mientras los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China el respaldo alcanza el 13% y en Estados Unidos el 7%. En Brasil, el apoyo promedio al sector equivale aproximadamente al 0,5% del PBI.

Entre 1997 y 2023, además, Argentina extrajo del sector agroindustrial recursos equivalentes a -1,6% del PBI anual.

“La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”, explicó Daniel Mamone, investigador del IAE Business School.

El informe también identifica importantes déficits en infraestructura logística.

Actualmente, el 90% del transporte de granos se realiza por camión, mientras que solo el 10% se mueve por tren, lo que encarece los costos logísticos.

La red vial argentina presenta además limitaciones estructurales. De los 640.000 kilómetros de caminos, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% son rutas nacionales y solo 3.200 kilómetros son autopistas o autovías.

En 2023, el sector agroindustrial aportó 28.686 millones de dólares en tributos. Según el estudio, mantener en condiciones adecuadas la red vial del país demandaría entre 3.200 y 6.500 millones de dólares anuales, equivalente a apenas el 17% del aporte tributario del propio sector.

“Si se corrigen los déficits de infraestructura y se incentiva la inversión tecnológica, el agro puede convertirse en un vector central de crecimiento para toda la economía”, señaló Ernesto Ruete Güemes, investigador del IAE Business School.

El parque de maquinaria agrícola también evidencia señales de atraso. El informe señala que el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de antigüedad.

En paralelo, la productividad total de factores en Argentina cayó 6% en los últimos 20 años, mientras que en Brasil creció un 45% en el mismo período.

Sin embargo, los productores muestran disposición a invertir si cambian las condiciones económicas. Según la última encuesta AgBarometer Austral, el 80% de los productores estaría dispuesto a modernizar su maquinaria si mejoran la rentabilidad y el acceso al financiamiento.

El estudio sostiene que la modernización tecnológica no es una consecuencia del crecimiento, sino una condición previa para impulsarlo.

Bajo un escenario que combine eliminación de retenciones, mejoras en infraestructura, adopción tecnológica y expansión de 6,5 millones de hectáreas adicionales, el informe proyecta que el sector agroindustrial podría crecer un 90% en diez años.

En ese contexto, la producción alcanzaría 251 millones de toneladas, aumentando su participación en el PBI, acelerando la generación de divisas y permitiendo financiar la reconstrucción integral de la red vial del país en apenas tres años.

“La clave no es sólo sectorial sino macroeconómica. Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”, concluyó Bernardo Piazzardi, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El encuentro se desarrolló en el salón del Centro Cultural local y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial, además de funcionarios municipales y provinciales.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto para mejorar la gestión y fortalecer el vínculo entre la provincia y los gobiernos locales.

“Este tipo de reuniones ya se han vuelto habituales en estos primeros años de gestión. Cada 15 días nos reunimos en un municipio de la provincia. La idea es que durante los cuatro años de gobierno podamos visitar la mayoría de las comunas y municipios”, señaló Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de optimizar la gestión frente al contexto económico actual. “En una época de vacas flacas como esta, donde hay escasez de recursos, tenemos que compensarlo con mejor calidad de gestión. El trabajo en equipo es el camino”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia del vínculo humano en la gestión pública. “Más allá de las políticas, la política la hacen personas que tienen que conocerse, romper barreras y generar confianza. Cuando eso pasa, las cosas fluyen de una manera mucho mejor”, sostuvo.

Frigerio explicó que uno de los objetivos centrales de estos encuentros es que los equipos provinciales puedan conocer de primera mano las necesidades de cada localidad. “Queremos que mi equipo escuche directamente cuáles son las necesidades del municipio, porque esas tienen que ser inmediatamente nuestras prioridades. Los intendentes conocen con mayor cercanía la realidad de sus vecinos”, indicó.

En ese sentido, destacó que estas instancias permiten mejorar la articulación institucional y agilizar la gestión administrativa. “La idea es que a partir de este encuentro la relación sea aún mejor y que podamos agilizar trámites. Muchas veces no depende de estructuras, sino de compromiso con los expedientes y de trabajar en conjunto”, agregó.

Por su parte, la intendenta Miraglio valoró la visita del gabinete provincial y la posibilidad de generar un espacio de diálogo directo con los funcionarios. “Me siento más que orgullosa y honrada de recibirlos. Es la primera vez que se realiza en nuestra localidad una reunión de estas características, donde podemos hablar, escuchar y aprender para trabajar juntos y encontrar soluciones para todos”, expresó.

La presidenta municipal también destacó el acompañamiento del gobierno provincial desde el inicio de la gestión y señaló que, pese al complejo contexto económico, el trabajo conjunto permite avanzar en respuestas para la comunidad.

“Conocemos la realidad de la provincia y del país, pero creemos que trabajando en conjunto se pueden llevar adelante muchas cosas”, concluyó.

El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

“Lo que hace el PJ es comparar montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y muchas devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, afirmó.

Dal Molín señaló que ese tipo de comparaciones omiten deliberadamente el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

“Para evitar justamente esa distorsión, la comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, agregó.

El senador también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento en la gestión kirchnerista que gobernó por más de dos décadas nuestra provincia. Por más que hayan incrementado una deuda casi inexistente y la hayan llevado a valores muy altos, este porcentaje sólo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, señaló.

Dal Molín remarcó además que, cuando se analiza correctamente la capacidad de pago de la provincia, el panorama es claro. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó.

El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “no hubo anuncios de importancia” ni definiciones claras sobre el rumbo de la economía.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet afirmó que la exposición presidencial fue “perfectamente planificada, guionada y actuada”, y negó que los exabruptos hayan sido espontáneos. “Fue algo pensado para ir a un discurso confrontativo, que desvíe los grandes ejes que uno esperaba escuchar en una apertura de sesiones”, señaló.

El legislador entrerriano consideró que desde el inicio hubo “una actitud de provocación permanente” que desnaturalizó lo que tradicionalmente constituye un mensaje institucional ante la Asamblea Legislativa.

“La verdad que es una pena, porque me hubiese interesado escuchar cuál va a ser el rumbo de la economía y de eso no se habló. No hubo anuncios importantes tampoco”, remarcó.

Bordet cuestionó además que, más allá de los cruces y las expresiones polémicas, “los problemas en la Argentina siguen”. En ese sentido, advirtió que el costo de vida continúa en aumento y sostuvo que la inflación, que el Gobierno presenta como un logro, “desde mayo viene subiendo sostenidamente”.

“Hoy estamos en los mismos valores que hace varios años atrás, con la gran diferencia de que ahora hay inflación y estancamiento, lo que se conoce como estanflación, y esto perjudica notoriamente a las familias argentinas”, expresó. Y agregó: “Me hubiese gustado saber qué es lo que iban a proponer en materia económica. Fue más un show de prime time que un discurso de apertura de sesiones”.

El exgobernador de Entre Ríos también lamentó lo que definió como “un gran deterioro de las instituciones” y cuestionó las formas del mandatario. “La falta de respeto y ciertas guarangadas no le hacen bien a nadie”, afirmó.

Según describió, el tono confrontativo fue deliberado. “Cuando hacía el acting dirigiéndose hacia la oposición, era algo que estaba pensado. No es algo espontáneo. Y si uno analiza lo que decía, eran frases repetitivas, prácticamente las mismas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las provocaciones partieron del Presidente y que, si bien el bloque opositor se mantuvo en calma en un primer momento, algunos legisladores reaccionaron ante los agravios.

Bordet también señaló que el discurso apuntó contra la oposición política y determinados sectores empresariales, a los que —según dijo— el Presidente ha tomado como adversarios. En ese marco, citó el concepto desarrollado por Umberto Eco sobre la “construcción del enemigo” como herramienta discursiva.

“Se construye un enemigo para polemizar y denigrar, pero lo que se está ocultando es que hay una situación económica cada vez más penosa, con mayores dificultades y una especulación financiera creciente”, advirtió.

Finalmente, criticó la extensión del mensaje presidencial —que superó las dos horas— y reiteró que no hubo anuncios concretos. “Se habló de reformas y de enviar proyectos al Congreso, se mencionó por arriba una posible modificación del Código Penal, pero no hubo nada específico. Para ser una apertura de sesiones, estuvo muy fuera de lo que debió haber sido”, concluyó.

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La medida quedó establecida a través de la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se adoptó pocos días después de que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunciara el lanzamiento de la Etapa II-B del mismo proyecto, que prevé transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

La nueva convocatoria abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

En esta fase se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. En el caso de Entre Ríos, el llamado comprende 276 kilómetros, entre ellos la concesión de la Ruta Nacional 18 —con tres cabinas de peaje entre Paraná y Concordia— y la denominada ruta 12 de Crespo a Paraná.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual. El esquema se enmarca en el “Proyecto Red Federal de Concesiones”, diseñado para reemplazar el modelo vigente por uno sin subsidios estatales.

La resolución aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato, los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones.

La documentación puede consultarse y descargarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. El plazo límite para la presentación de ofertas será el 18 de mayo a las 12:00, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 13:00 mediante acto público electrónico.

El llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”.

Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas.

La convocatoria forma parte del procedimiento de privatización total de Corredores Viales SA autorizado por el Decreto 97/2025, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.

Según los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía —con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”— es la autoridad encargada de llevar adelante el proceso. Previamente, la Dirección Nacional de Vialidad convocó y realizó audiencias públicas informativas sobre la Etapa III y presentó la tasación exigida por la Ley 23.696.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá eliminar el déficit del sistema actual, promover mayor transparencia y competencia, y equilibrar las cuentas públicas mediante la transferencia al sector privado de la operación y mantenimiento de los corredores.

La semana pasada, el Gobierno había lanzado la licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En esa oportunidad, el ministro Caputo precisó que la convocatoria incluía cuatro corredores estratégicos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

Las obras previstas en esa fase comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones avanza en distintas etapas con el objetivo oficial de modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y redefinir el esquema de gestión de los principales corredores nacionales.