El Congreso Extraordinario de AGMER, reunido este jueves en la ciudad de La Paz, resolvió profundizar el plan de lucha docente y facultó a la Comisión Directiva Central (CDC) a definir y ejecutar las medidas de acción gremial que considere necesarias para reclamar una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.

La decisión se adoptó luego de que el Gobierno de Entre Ríos dispusiera por decreto el pago de la última propuesta salarial, rechazada previamente por los sindicatos, lo que, según el gremio, interrumpió el proceso de negociación paritaria.

Entre las principales resoluciones aprobadas, el Congreso exigió una convocatoria urgente a la paritaria salarial y ratificó los planteos realizados en la primera sesión del cuerpo, desarrollada el 23 de febrero de este año.

Asimismo, los congresales resolvieron profundizar el plan de lucha en defensa de la recuperación del salario docente, las condiciones laborales, edilicias y de salud, además de reclamar un mayor financiamiento educativo y un sistema de comedores escolares acorde con la situación social que atraviesa la provincia.

Otro de los puntos centrales fue el rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, al considerar que representa un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

En ese marco, el Congreso ratificó su respaldo al proyecto de fondo fiduciario elaborado por la Multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJyPER), al entender que constituye una herramienta redistributiva para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.

Dentro del pliego de reivindicaciones, AGMER solicitó la suspensión inmediata del Decreto 852/26, mediante el cual el Ejecutivo adjudicó a la empresa Teknofood la provisión de alimentos para los comedores escolares.

El gremio expresó su rechazo a la incorporación de alimentos ultraprocesados en el sistema alimentario escolar y reclamó un modelo que garantice una alimentación saludable para los estudiantes.

Durante la sesión también se repudió lo que el sindicato calificó como un "discurso falaz" del gobernador al sostener que los salarios iniciales docentes se encuentran por encima de la inflación.

Además, el Congreso aprobó una resolución de repudio a la represión ocurrida frente al Congreso de la Nación durante una manifestación vinculada a la defensa de la soberanía y de la Ley de Tierras.

Con estas definiciones, AGMER dejó abierta la posibilidad de avanzar con nuevas medidas gremiales en las próximas semanas, mientras insiste en la necesidad de que el Gobierno provincial retome el diálogo paritario para discutir salarios y las principales demandas del sector educativo.

La negociación salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales volvió a fracasar. En una nueva audiencia paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 7% en dos tramos, propuesta que fue rechazada tanto por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial resolvió avanzar por decreto con la liquidación del primer tramo del aumento, correspondiente al 3% para los haberes de julio, mientras que aseguró que la negociación permanecerá abierta para continuar el diálogo con las organizaciones sindicales.

La oferta presentada contemplaba un incremento del 3% para los salarios de julio y otro 4% para septiembre, tomando como base de cálculo el sueldo del mes inmediatamente anterior en cada caso.

El integrante de la comisión paritaria por el Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la decisión de liquidar por decreto el aumento de julio busca que el incremento "impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, sostuvo que la administración provincial "está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una gestión responsable de los recursos", al tiempo que remarcó que el Ejecutivo mantiene la voluntad de continuar negociando.

"Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", afirmó el funcionario al término de la reunión.

Desde ATE la respuesta fue contundente. El sindicato rechazó la propuesta en todos sus términos al considerar que resulta insuficiente para recomponer el deterioro salarial acumulado durante los últimos meses.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes, sostuvo que el incremento ofrecido no responde al reclamo de recuperación del poder adquisitivo y aseguró que los trabajadores estatales atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

"Los trabajadores del Estado no alcanzamos a llegar a fin de mes, tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado", expresó el dirigente, quien estimó que la pérdida salarial supera el 41% desde diciembre de 2023.

Según ATE, la oferta presentada apenas representa un punto porcentual más que la realizada en la reunión anterior y no contempla una recomposición real de los ingresos.

En ese contexto, el sindicato ratificó el paro total de actividades convocado para este miércoles, acompañado por una movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que también es rechazada por el gremio.

Muntes adelantó que los manifestantes intentarán hacer llegar su postura a los legisladores y cuestionó tanto las políticas de ajuste del Gobierno provincial como las negociaciones políticas que rodean el debate parlamentario.

Pese al nuevo desacuerdo, desde el Gobierno insistieron en que la paritaria no quedó cerrada y que continuarán las reuniones con los representantes sindicales para intentar alcanzar un entendimiento en las próximas semanas.

Mientras tanto, el incremento del 3% correspondiente a julio será abonado por decreto, en un escenario donde la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales vuelve a profundizarse, con reclamos salariales que se suman al rechazo de la reforma previsional impulsada por la administración provincial.

El conflicto entre el Gobierno de Entre Ríos y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) suma un nuevo capítulo. El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del sindicato advirtió este lunes que "está en peligro el normal reinicio de clases" tras el receso invernal, al denunciar la falta de avances en la negociación salarial y cuestionar la política previsional impulsada por la gestión provincial.

La reunión se desarrolló de manera virtual y concluyó con un duro pronunciamiento en el que el gremio acusó al Ejecutivo entrerriano de haber hecho "fracasar arbitrariamente, por tercera vez, el ámbito paritario", situación que, aseguran, impide avanzar en una recomposición salarial para el sector docente.

Desde Agmer sostuvieron que los trabajadores de la educación atraviesan un escenario de creciente deterioro económico y reclamaron una oferta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

"Las y los docentes exigimos salarios dignos para garantizar una educación pública de calidad y terminar con el empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación", señalaron desde la organización gremial.

El sindicato también cuestionó el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y manifestó su rechazo a una eventual aprobación legislativa.

En ese marco, Agmer denunció que la iniciativa sería tratada "a espaldas del pueblo entrerriano" y ratificó su oposición a cualquier modificación del régimen previsional provincial.

Además, el gremio expresó su preocupación por el rumbo de la política educativa nacional y criticó el proyecto denominado "Libertad Educativa", impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que representa un avance sobre el sistema de educación pública.

Entre los principales planteos aprobados por el Plenario figuran:

Agmer también volvió a señalar problemas vinculados con la infraestructura escolar, la falta de inversiones en el sistema educativo y la situación de la obra social de los trabajadores estatales, aspectos que consideran necesarios para asegurar el funcionamiento de las escuelas.

Como parte del plan de acción, el sindicato confirmó su adhesión al paro convocado por la Multisectorial para este miércoles 15 de julio, jornada en la que realizará una movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná.

La paritaria docente en la provincia ingresó en una fase litigiosa que presagia una pulseada política a futuro. Este miércoles, en el marco de una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo bajo el amparo de la Ley Nº 9.624, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una propuesta salarial reformulada que calificó de "definitiva y superadora". Sin embargo, la respuesta de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), el gremio mayoritario que representa al sector, fue un rechazo inmediato en el mismo recinto, lo que derivó en la declaración formal de un escenario de conflicto y la inminente apertura de una instancia de conciliación obligatoria. También trascendió que ante la falta de acuerdo no se descarta que el gobierno dé por terminada la instancia paritaria y ejecute las mejoras por decreto como ocurrió en una instancia anterior.

Desde la óptica oficial, la nueva oferta representa el máximo límite de las posibilidades financieras de las arcas públicas. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta señalando que se atendieron varios de los planteos gremiales formulados el lunes pasado. La oferta gubernamental consiste en un aumento del 3% para los haberes de julio y un 4% para septiembre, con la modificación clave de que la base de cálculo ya no es febrero, sino el mes inmediato anterior.

Asimismo, el esquema oficial eleva el salario mínimo docente para el cargo testigo a 850.000 pesos, de bolsillo, a partir de julio (un 14% de incremento respecto al mínimo previo) y contempla subas de entre el 20% y el 28% en los conceptos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Cuenca lamentó la premura del rechazo sindical, "lo llamativo es que fue rechazada de manera inmediata, sin llevarla a Congreso ni debatirla". El funcionario insistió en que la pauta otorga previsibilidad al superar los índices inflacionarios proyectados y ratificó la voluntad de diálogo, aunque aclaró que los números presentados constituyen el techo de la negociación.

En la vereda opuesta, la representación de los sindicatos docentes justificó el rechazo rotundo al sostener que las modificaciones presentadas respecto al lunes son "ínfimas", en referencia a una reunión previa que pasó a cuarto intermedio para el miércoles, en la que el Ejecutivo ofreció un 6 % en dos tramos. Para el gremio mayoritario, la oferta dista notablemente de compensar el proceso inflacionario acumulado y el encarecimiento del costo de vida, factores que, denuncian, empujan a la docencia a situaciones de pobreza, pluriempleo y sobrecarga laboral.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la naturaleza de los fondos. Mientras Cuenca recordó que la provincia debió hacerse cargo con recursos propios del Fopid y la Conectividad tras la quita del Fonid nacional —alcanzando hoy los 240.000 pesos en jornada completa—, desde AGMER fustigaron que el incremento en estos códigos "profundiza los montos en negro". La conducción sindical había exigido formalmente que estas sumas se blanquearan como remunerativas y bonificables, además de demandar un porcentaje de recomposición específico para el mes de agosto, requerimiento que no fue incluido en la propuesta oficial.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas, el sindicato declaró el estado de conflicto y solicitó formalmente la fijación de una última audiencia bajo el paraguas de la conciliación administrativa. De acuerdo a los plazos legales, la Secretaría de Trabajo deberá convocar a las partes en un lapso no mayor a los próximos cinco días hábiles. El titular del CGE expresó su expectativa de que la disputa "no repercuta en las clases" ni afecte el derecho de los alumnos, mientras el arco gremial presiona por una contrapropuesta que modifique de raíz la estructura salarial ofrecida.

Este planteo del gremio se muestra incierto, porque el gobierno definitivamente señaló que la propuesta representa "un esfuerzo importante" de la Provincia y confirmó que el Ejecutivo la considera "la propuesta definitiva".

El Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios estatales en el marco de la paritaria 2026. La oferta contempla un incremento del 6% en dos tramos, aunque tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una mejora antes de avanzar hacia un acuerdo.

La reunión concluyó con el pase a un cuarto intermedio, cuya fecha será definida en los próximos días.

La propuesta del Poder Ejecutivo establece un aumento remunerativo del 3% con los haberes de julio y otro 3% con los salarios de septiembre. Además, plantea mantener la suma fija acordada durante la negociación paritaria de mayo.

Durante el encuentro, los representantes sindicales consideraron insuficiente la oferta y solicitaron al Gobierno revisar el porcentaje propuesto.

Ante ese planteo, las partes acordaron suspender momentáneamente la negociación para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de presentar una propuesta superadora.

Tras la reunión, el secretario de Gobiernos Locales y miembro paritario, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos.

“Presentamos una primera propuesta y ambos gremios solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora”, señaló.

El funcionario explicó que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta la situación económica de la provincia y las posibilidades financieras del Estado.

“Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre”, precisó.

Además de la cuestión salarial, durante la reunión también se abordaron distintos planteos vinculados a las condiciones laborales en áreas de la administración pública provincial.

Vales confirmó que el pedido formulado por UPCN y ATE será analizado junto al Ministerio de Hacienda antes del próximo encuentro.

Desde el Gobierno señalaron que existe voluntad de ambas partes para continuar con las conversaciones y buscar un entendimiento.

La intención del Ejecutivo es volver a convocar a la mesa paritaria entre el miércoles y el inicio de la próxima semana, oportunidad en la que se dará una respuesta al planteo realizado por las organizaciones sindicales.

La negociación salarial se desarrolla en un contexto de desaceleración de la inflación, aunque los gremios sostienen la necesidad de que las actualizaciones permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo miércoles 1° de julio, jornada que estará acompañada por una movilización a la ciudad de Paraná.

La medida se enmarca en el conflicto que el gremio mantiene con el Gobierno provincial por la política salarial y por el proyecto de ley de reforma previsional que actualmente se encuentra en debate en la Legislatura.

A través de un comunicado, la conducción sindical convocó a docentes de los 17 departamentos entrerrianos a concentrarse en la capital provincial para reclamar una nueva convocatoria a paritarias y expresar su rechazo a las modificaciones propuestas para el sistema jubilatorio.

Desde Agmer sostuvieron que la protesta busca exigir "condiciones salariales dignas" y reiterar su rechazo al proyecto de reforma previsional, al que consideran perjudicial para los trabajadores activos y jubilados.

El paro anunciado se suma a otras medidas impulsadas por el sindicato durante las últimas semanas.

La semana pasada, Agmer también llevó adelante una jornada de huelga con actividades de protesta en distintos puntos de la provincia. En aquella oportunidad se realizaron concentraciones y volanteadas organizadas junto a centros de jubilados y organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

El gremio considera que el Ejecutivo debe reabrir la negociación salarial para actualizar los ingresos del sector docente frente al contexto inflacionario y, al mismo tiempo, reclama que el proyecto previsional no avance sin un mayor debate con los trabajadores y sus representantes.

La conducción sindical convocó a las seccionales departamentales a organizar la participación de los docentes en la movilización prevista para el miércoles en Paraná, con el objetivo de reforzar el reclamo frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con un momento clave del tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional, que continúa siendo analizado por las comisiones del Senado, donde especialistas, exfuncionarios y representantes de distintos sectores vienen exponiendo sus posiciones.

De este modo, el conflicto entre el Gobierno provincial y el principal gremio docente de Entre Ríos suma un nuevo capítulo, mientras los reclamos salariales y el debate sobre el futuro del sistema previsional siguen ocupando un lugar central en la agenda política y sindical de la provincia.

Un joven aficionado a la comunicación digital, con aparente interés en recibir consejos para el oficio, se sentó en cierta oportunidad junto a un veterano periodista durante un agasajo del 7 de junio. El volumen de la música parecía decidido a abolir toda conversación, pero la espera de los canapés invitaba al diálogo.

--Decime -arrancó el veterano-: ¿vos querés competir con otros y ganarles en likes, comentarios y compartidos de lo que publiques? Supongo que ese es el gran objetivo de la mayoría.

-¡Por supuesto! Es lo que todos queremos.

--Sé irresponsable.

-¡¿Cómo?!

--Actuá con irresponsabilidad. Salteate la ética y los principios básicos del periodismo clásico, empezando por uno central: ser veraz. Eso podés reemplazarlo por ser verosímil. ¿Entendés la diferencia? Lo verdadero es un hecho; lo verosímil es una construcción que parece real, aunque no lo sea. La gente quiere creer en ciertas cosas y espera que alguien se las confirme. Si se las confirmás, te aplaudirán. Y quizás consigas las miles de interacciones que buscás. No lo recomiendo.

-Me deja re descolocado… pero siga, siga.

--Por ejemplo, ahora mismo me estás empujando a decir cosas como estas, tan útiles para el escándalo. Mañana podrías publicar que este veterano te aconsejó construir información verosímil para quienes creen en algo falso. Sería una falta de veracidad de tu parte, pero bastaría con entrecomillarme y omitir que te dije que no lo recomiendo. ¿Te das cuenta?

-Usted podría desmentirlo.

--¿Y cuántos me creerían si digo que me recortaste y sacaste de contexto? Además, en el ecosistema actual, los que te leen a vos no necesariamente me leen a mí. Tu comunidad se quedará con tu versión. Para ellos seguirás siendo una fuente que les agrada; para mí, serías deshonesto, un vendehumo.

-Yo no haría eso. Sí podría equivocarme por creerle a otro, eso puede pasar.

--Eso se reduce si trabajás con responsabilidad y fuentes confiables. Todos nos equivocamos. Pero quien corre detrás de la primicia o del escándalo tropieza más seguido. El periodista y el que juega a serlo, amanecen esperando una noticia de impacto; como no siempre aparece, se tientan de inflar lo irrelevante.

-Y… algo de ruido hay que meter. También se compite.

--Por eso sobran ejemplos de lo que no debe hacerse. Trescientos mil vistos para un video de un vecino enojado, martillo en mano, amenazando a tres sujetos en la hora de la siesta. Va a Facebook en crudo, sin contexto. El éxito se mide por cuántos se suman al linchamiento del vecino. Falta contextualizar que esos sujetos pasaron media hora tirándole piedras a la ventana donde descansa su esposa enferma, ni que el “irascible” intentó antes persuadirlos. La inmediatez muestra la consecuencia; casi nunca corrige después. Para ser alguien en redes hay que juntar likes, y para eso hay que provocar: hacer reír, indignar, entristecer. Aunque sea a costa de convertir a alguien en villano. ¿Me seguís?

-Te sigo. Me sirve lo que decís.

--Si detrás de tu chapa de comunicador tenés un negocio propio que defender, o acuerdos político partidarios, no finjas lo contrario ante la evidencia.

-Buenísimo.

--Entonces, ahora que podemos tutearnos -cerró el veterano-, hay que elegir de qué lado quedar: el de los likes fáciles y las reacciones previsibles, o el de la noticia responsable. En este oficio hay dos caminos: uno es rápido, luminoso y ruidoso; el otro, más lento y a veces solitario. El primero te vuelve visible. El segundo te vuelve confiable.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones ante la consulta de los medios de comunicación. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron los cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar de la discusión y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.

Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.

Más adelante, la dirigente valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, explicó. No obstante, anticipó que seguirán insistiendo para que quede como está actualmente y advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.

Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.

Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó.

Más adelante, Domínguez dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.

“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.

“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.

“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El dirigente destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.

“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó

“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.

García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.

Por último, el dirigente se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.

Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.

“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.

“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Por parte de los trabajadores estuvieron presentes representantes de distintos sindicatos, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Tras la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que se trató de “una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas”, convocada por iniciativa del gobernador con el objetivo de reunir a “todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial”.

Según detalló, durante el encuentro se compartieron las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los cuales debería estructurarse la reforma. Además, se abrió un espacio para escuchar aportes y propuestas de cada uno de los sectores.

En ese sentido, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales, coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. “Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro”, afirmó.

Por su parte, Bagnat destacó el clima de respeto y diálogo que caracterizó al encuentro y señaló que los principales ejes de la reforma giran en torno a las edades jubilatorias, la progresividad del sistema, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

El funcionario indicó que el objetivo es “trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil”, al tiempo que se busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional frente al desafío que representan los 120.000 trabajadores activos que en el futuro accederán al beneficio jubilatorio.

El secretario general de UPCN, José Allende, calificó la reunión como “muy positiva” y señaló que la situación de la Caja de Jubilaciones “es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad”.

El dirigente explicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. “Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible”, sostuvo.

Allende indicó además que existe coincidencia en el objetivo de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Caja preservando el 82 por ciento móvil. “Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad, pero sí podemos discutir cómo achicar ese déficit sin afectar derechos”, remarcó.

En ese marco, explicó que se abrirá una etapa de intercambio de información entre el presidente de la Caja y los distintos sectores del Estado, con el compromiso de que cada uno acerque propuestas concretas. “Van a ser días de ida y vuelta, de análisis y discusión”, agregó.

También planteó la necesidad de analizar el déficit de manera integral y con una mirada sectorial. Entre los puntos mencionó el impacto de decisiones políticas del pasado, como el retiro de las cajas municipales del sistema provincial, y el debate en torno a los regímenes especiales.

“Si hablamos de una Caja solidaria, no es justo que alguien se jubile con 20 años de aportes mientras otros lo hacen con 30. Hay que analizar cómo compatibilizar derechos y aportes”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, destacó la madurez institucional con la que se está abordando el debate y remarcó la importancia de discutir el futuro del sistema previsional entrerriano.

Advirtió que actualmente la Caja registra un déficit anual cercano a los 400 mil millones de pesos, una situación que consideró insostenible si no se adoptan medidas estructurales. “Si no se toman decisiones, ese déficit se va a ir agravando”, señaló.

Domínguez aclaró que por el momento no existe un proyecto formal, sino definiciones generales que servirán como punto de partida para el debate.

Asimismo, remarcó que desde UPCN buscarán llevar información clara a los trabajadores y generar instancias de discusión internas. “Queremos que cada trabajador comprenda el escenario y participe del debate”, afirmó.

Finalmente, destacó el valor del sistema previsional entrerriano y la necesidad de preservarlo. “Nuestra Caja tiene beneficios que no existen en otras provincias ni en otros lugares del mundo. Por eso hay que protegerla”, concluyó.

Tras el congreso realizado este lunes por la mañana, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), confirmó su adhesión al paro nacional docente y resolvió llevar adelante acciones locales y departamentales en el marco de la medida de fuerza.

La decisión se enmarca en la convocatoria a un paro de 24 horas dispuesto por Ctera para el lunes 2 de marzo, en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente nacional, mayor financiamiento educativo y en rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional.

Por la tarde, Agmer participó de la primera reunión paritaria del año junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta salarial que no logró el aval de los gremios.

La oferta consistió en:

Tras analizar la propuesta, los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente y se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor a cinco días.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina resolvió el paro en un congreso extraordinario realizado el viernes pasado. La entidad, conducida por Sonia Alesso, definió un plan de acción que incluye no sólo el reclamo salarial sino también la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el encuentro, se reiteró además el rechazo a “toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, así como la exigencia de condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, recursos pedagógicos adecuados, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

En relación con el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el presidente Javier Milei, la central sindical anunció que durante todo el mes de marzo impulsará acciones para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, los sindicatos docentes enrolados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”, y remarcaron la “grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sellaron este viernes al anochecer el acuerdo paritario correspondiente al presente período, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar la propuesta y llevará la moción a un congreso el próximo lunes. Los aumentos acordados tendrán vigencia a partir de febrero de 2026.

Dado que UPCN cuenta con mayor representatividad sindical, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría. De este modo, se garantiza llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que comenzarán a percibirse en la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron mantener instancias de diálogo permanente para abordar temas puntuales.

La recomposición salarial alcanzará tanto a trabajadores activos como pasivos.

Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para los trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas.

Se estableció un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos. En el caso del Escalafón General de Enfermería, el mínimo será de 160.000 pesos. Además, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Para el sector pasivo se acordó una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza la suma que se venía abonando hasta el momento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el resultado del encuentro: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.

Al explicar la modalidad de la propuesta oficial, el funcionario sostuvo que si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable “el aumento habría sido considerablemente menor”. En ese sentido, agregó: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.

Finalmente, Troncoso subrayó la importancia del vínculo permanente con los gremios: “Más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas; los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente entrerriano. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el debate en torno a las políticas educativas nacionales y a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el trabajo organizativo en el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente.

Durante la primera parte de la jornada, los y las participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa, intercambiando miradas y evaluando sus posibles implicancias en el sistema educativo. El objetivo fue avanzar en la elaboración de un posicionamiento institucional frente a la propuesta, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector docente.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo, abordando situaciones administrativas y pedagógicas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Entre los temas tratados se incluyeron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otras cuestiones relevantes para la carrera profesional.

Desde el gremio destacaron que la reunión permitió reforzar la articulación entre las seccionales departamentales y la conducción provincial, consolidando espacios de intercambio y planificación conjunta.

El encuentro se inscribe en un escenario de debate sobre el rumbo de las políticas educativas a nivel nacional y provincial, y reafirma el compromiso de la organización sindical de sostener una participación activa en la discusión pública, al tiempo que se prepara para acompañar a la docencia entrerriana en el inicio de un nuevo año escolar.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció la oficialización del Día Nacional del Helado Artesanal, que quedará establecido cada 31 de agosto en la Argentina. La fecha busca rendir homenaje al auténtico Helado Artesanal y a quienes lo elaboran día a día en todo el país.

La elección del día se vincula con el 31 de agosto de 1972, cuando se firmó el acta fundacional de AFADHYA, entidad que hoy representa a miles de heladerías artesanales a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Desde hace años, AFADHYA viene impulsando esta celebración y nos da mucho orgullo que nuestros socios y los fanáticos del Helado Artesanal Argentino tengan por fin una fecha para homenajearlo. Esta nueva efeméride es un sueño colectivo que se hace realidad y que marca un antes y un después para la gastronomía local”, expresó el presidente de la asociación, Maximiliano Maccarrone.

El titular de AFADHYA también destacó el valor cultural de la producción heladera nacional: “El Día Nacional del Helado Artesanal es una oportunidad para reivindicar lo nuestro; como el tan preciado dulce de leche, ícono del país, el limón tucumano, el pistacho sanjuanino o los frutos patagónicos. Cada sabor es un puente con nuestras raíces y refleja la identidad argentina”.

AFADHYA nació en 1972, cuando un grupo de fabricantes decidió organizarse para defender los intereses del sector y promover la calidad de la producción artesanal. Desde entonces, la asociación ha crecido hasta convertirse en un referente nacional e internacional, impulsando capacitación, innovación y eventos masivos como la Semana del Auténtico Helado Artesanal y La Noche de las Heladerías.

En 2025, además, inaugurará la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio de formación pensado para profesionales del rubro en toda la región.

Según un estudio de AFADHYA y la consultora D’Alessio Irol, 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal durante todo el año. El 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, comparable con el asado y el vino.

El consumo anual promedio alcanza los 7,3 kilos per cápita, con picos de hasta 10 kilos en temporada alta. Entre los sabores más elegidos figuran chocolate con almendras, dulce de leche granizado, sambayón, frutos rojos, frutilla a la crema y limón.

Con esta nueva efeméride, el helado artesanal se consolida como parte de la identidad cultural y gastronómica de los argentinos, celebrando una tradición que combina historia, innovación y el sabor de lo auténtico.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lleva adelante este martes una jornada nacional de protestas, con cortes de rutas y manifestaciones en distintos puntos del país, en reclamo de paritarias justas y en rechazo a la oferta salarial presentada por el sector empleador agropecuario, a la que calificaron como “miserable” y “provocadora”.

Las medidas de fuerza se dan en un contexto de fuerte tensión gremial, tras el fracaso de la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), celebrada el pasado viernes 18 de julio, donde no se logró ningún acuerdo entre las partes.

En un duro comunicado, la conducción nacional del sindicato encabezada por José Voytenco acusó a las entidades agropecuarias que integran la CNTA —CRA, CAME, CONINAGRO y FAA— de haber saboteado el diálogo con una actitud “intransigente, provocadora y ofensiva”.

“Las entidades se niegan sistemáticamente a reconocer el brutal deterioro del poder adquisitivo de nuestros compañeros. Pretenden imponer aumentos que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica. Quieren institucionalizar el salario de hambre y consolidar la pobreza del trabajador rural”, denunciaron desde UATRE.

La organización fue contundente: “No vamos a convalidar paritarias de miseria ni a firmar ningún acuerdo que legitime la explotación y el empobrecimiento del peón rural. La dignidad de nuestros trabajadores no se negocia”.

La jornada de lucha se despliega en diversas provincias y en puntos estratégicos de circulación, afectando parcialmente el tránsito en rutas nacionales y provinciales.

En Entre Ríos, la delegación gremial realizará un corte sobre la ruta principal de acceso a la provincia, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

En Villa María (Córdoba), las protestas se concentrarán en un punto clave de intersección entre la Ruta Nacional 9, la Ruta Provincial 5 y la Ruta 158 del Mercosur, afectando el tránsito regional y nacional.

Las delegaciones de Salta y Jujuy se movilizarán en conjunto a Salta Capital, con una concentración frente a la sede local de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a partir de las 10:30 horas.

La paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el martes 22, pero desde el gremio advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no hay una respuesta concreta del sector empresarial.

El reclamo central de UATRE se basa en la necesidad urgente de actualizar los salarios del sector rural, uno de los más golpeados por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses. El sindicato sostiene que las ofertas actuales “condenan a los trabajadores a la pobreza estructural” y que los empleadores se niegan a reconocer la crisis social del campo argentino.

La jornada nacional marca un punto de inflexión en la disputa paritaria, y desde el gremio ya anticipan que no firmarán ningún acuerdo que no contemple una mejora real y sostenida para los trabajadores.

“Esto no es solo una pelea salarial. Es una defensa de la dignidad del trabajo rural, que no puede seguir siendo la variable de ajuste del sector agropecuario”, concluyeron desde la conducción sindical.

En medio de un complejo escenario económico, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con el Gobierno provincial. La negociación culminó con la mejora de la suma fija no remunerativa y no bonificable, que pasó de los 35 mil pesos inicialmente ofrecidos por el Ejecutivo a 50 mil pesos, a pagarse en los salarios de julio, agosto y septiembre. Además, se resolvió que los jubilados estatales perciban una suma de 25 mil pesos.

“UPCN mostró firmeza y, a pesar de las limitaciones, el gobierno entendió nuestros argumentos y consideró que en un momento de crisis se debe acompañar a los salarios más bajos”, expresó la Secretaria Adjunta del gremio, Carina Domínguez, al término de la audiencia.

Domínguez calificó al acuerdo como “el mejor posible dentro de las expectativas que podíamos tener”, destacando que la suma fija representa una respuesta concreta a la necesidad de un aumento salarial, aunque subrayó que se trata de una medida transitoria: “Este acuerdo es por tres meses y después volvemos a hablar”.

Según indicó la dirigenta, el concepto central defendido por el gremio fue que el aumento impacte directamente en los bolsillos de quienes perciben los salarios más bajos dentro del escalafón estatal. “Se cumplió el principio de que el refuerzo vaya donde más se necesita”, afirmó.

Otro punto que consideró clave fue la inclusión de los jubilados en el beneficio. “Que estén contenidos fue decisivo”, señaló.

Domínguez recordó que durante la mañana el gobierno había ofrecido una suma fija de 35 mil pesos, monto que fue rechazado por insuficiente. Tras una jornada de discusión con la comisión directiva del sindicato, se planteó una contraoferta de 55 mil pesos y la inclusión de los pasivos, lo que derivó finalmente en la propuesta aceptada: 50 mil pesos para activos y 25 mil para jubilados.

“Sabemos que hay temas sectoriales pendientes y nos comprometemos a buscar el ámbito para resolverlos”, manifestó la dirigente, quien también valoró que, en contraste con otras provincias, en Entre Ríos se sostenga la institucionalidad de las paritarias. “Mientras en otras jurisdicciones ni siquiera hay mesas de negociación, acá se dan respuestas”, remarcó.

Domínguez también se refirió al contexto nacional y la complejidad del panorama económico: “Ojalá que el gobierno nacional entienda la situación de las provincias y que el escenario mejore. Aunque con Milei no tenemos muchas expectativas”, expresó con franqueza.

La dirigente gremial remarcó que este acuerdo no representa un cierre definitivo en materia salarial: “La cuestión no termina este trimestre. Sabemos que debemos seguir avanzando antes de que termine el año”. Y recordó la semana de acciones que UPCN llevó adelante frente a Casa de Gobierno para exigir la convocatoria a la paritaria.

“Pese a que el panorama es desalentador, seguimos dando la pelea por el salario. No resignamos nuestros derechos en ningún momento. La suma fija no es el ideal, pero es una herramienta de contención que garantiza el cobro de sueldos y el sostenimiento del diálogo”, sostuvo.

Finalmente, Domínguez reafirmó el compromiso del sindicato con el empleo público: “Tenemos que seguir luchando por un mejor empleo estatal. Este fue un acuerdo responsable, que prioriza a los sectores más vulnerables y que nos permite seguir adelante sin perder lo esencial: el trabajo y la dignidad de los trabajadores”.