Un joven aficionado a la comunicación digital, con aparente interés en recibir consejos para el oficio, se sentó en cierta oportunidad junto a un veterano periodista durante un agasajo del 7 de junio. El volumen de la música parecía decidido a abolir toda conversación, pero la espera de los canapés invitaba al diálogo.

--Decime -arrancó el veterano-: ¿vos querés competir con otros y ganarles en likes, comentarios y compartidos de lo que publiques? Supongo que ese es el gran objetivo de la mayoría.

-¡Por supuesto! Es lo que todos queremos.

--Sé irresponsable.

-¡¿Cómo?!

--Actuá con irresponsabilidad. Salteate la ética y los principios básicos del periodismo clásico, empezando por uno central: ser veraz. Eso podés reemplazarlo por ser verosímil. ¿Entendés la diferencia? Lo verdadero es un hecho; lo verosímil es una construcción que parece real, aunque no lo sea. La gente quiere creer en ciertas cosas y espera que alguien se las confirme. Si se las confirmás, te aplaudirán. Y quizás consigas las miles de interacciones que buscás. No lo recomiendo.

-Me deja re descolocado… pero siga, siga.

--Por ejemplo, ahora mismo me estás empujando a decir cosas como estas, tan útiles para el escándalo. Mañana podrías publicar que este veterano te aconsejó construir información verosímil para quienes creen en algo falso. Sería una falta de veracidad de tu parte, pero bastaría con entrecomillarme y omitir que te dije que no lo recomiendo. ¿Te das cuenta?

-Usted podría desmentirlo.

--¿Y cuántos me creerían si digo que me recortaste y sacaste de contexto? Además, en el ecosistema actual, los que te leen a vos no necesariamente me leen a mí. Tu comunidad se quedará con tu versión. Para ellos seguirás siendo una fuente que les agrada; para mí, serías deshonesto, un vendehumo.

-Yo no haría eso. Sí podría equivocarme por creerle a otro, eso puede pasar.

--Eso se reduce si trabajás con responsabilidad y fuentes confiables. Todos nos equivocamos. Pero quien corre detrás de la primicia o del escándalo tropieza más seguido. El periodista y el que juega a serlo, amanecen esperando una noticia de impacto; como no siempre aparece, se tientan de inflar lo irrelevante.

-Y… algo de ruido hay que meter. También se compite.

--Por eso sobran ejemplos de lo que no debe hacerse. Trescientos mil vistos para un video de un vecino enojado, martillo en mano, amenazando a tres sujetos en la hora de la siesta. Va a Facebook en crudo, sin contexto. El éxito se mide por cuántos se suman al linchamiento del vecino. Falta contextualizar que esos sujetos pasaron media hora tirándole piedras a la ventana donde descansa su esposa enferma, ni que el “irascible” intentó antes persuadirlos. La inmediatez muestra la consecuencia; casi nunca corrige después. Para ser alguien en redes hay que juntar likes, y para eso hay que provocar: hacer reír, indignar, entristecer. Aunque sea a costa de convertir a alguien en villano. ¿Me seguís?

-Te sigo. Me sirve lo que decís.

--Si detrás de tu chapa de comunicador tenés un negocio propio que defender, o acuerdos político partidarios, no finjas lo contrario ante la evidencia.

-Buenísimo.

--Entonces, ahora que podemos tutearnos -cerró el veterano-, hay que elegir de qué lado quedar: el de los likes fáciles y las reacciones previsibles, o el de la noticia responsable. En este oficio hay dos caminos: uno es rápido, luminoso y ruidoso; el otro, más lento y a veces solitario. El primero te vuelve visible. El segundo te vuelve confiable.

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.

Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.

Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.

En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.

“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.

La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.

El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.

Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

Dirigentes de gremios de estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones ante la consulta de los medios de comunicación. Coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron los cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional y preservar el 82 por ciento móvil.Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar de la discusión y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.

Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.

Más adelante, la dirigente valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, explicó. No obstante, anticipó que seguirán insistiendo para que quede como está actualmente y advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.

Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.

Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó.

Más adelante, Domínguez dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.

“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.

“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.

“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El dirigente destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.

“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó

“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.

García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.

Por último, el dirigente se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.

Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.

“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.

“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo provincial y contó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y solicitaron una oferta “superadora”. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta una fecha a confirmar, no más allá del próximo 12 de mayo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido en la última negociación paritaria.

“El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, señaló.

En relación con la oferta salarial, el funcionario remarcó que se trata de un esfuerzo financiero realizado en un contexto económico complejo. “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”, afirmó.

Cuenca también sostuvo que la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal. “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”, expresó.

Desde el sector sindical, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que los gremios resolvieron rechazar la propuesta y solicitar una mejora antes de la próxima audiencia.

“Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con UDA, Sadop y AMET, definimos que no estaba en condiciones para aceptarse”, sostuvo.

El dirigente también reiteró el reclamo de los gremios respecto del Decreto 500, al considerar que establece aumentos “en negro”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo paritario firmado en 2025.

“Todavía se adeuda la actualización correspondiente al mes de diciembre”, afirmó.

Desde Sadop manifestaron además preocupación por el deterioro económico que atraviesa el sector docente y advirtieron sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación privada.

“Traemos la voz de los docentes privados y la preocupación por compañeros que la están pasando mal, con aumentos en combustible, alquileres y servicios”, expresaron representantes del gremio.

Durante la conferencia posterior a la reunión, Antivero citó datos del Centro de Investigación Sociales y Política de Entre Ríos (Cisper), según los cuales el salario docente pasó de representar el 70 por ciento de la canasta básica en julio de 2023 al 43 por ciento en marzo de 2026.

“Eso habla a las claras del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o incluso abandonen la docencia”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente insistió en que el incremento del 3,5 por ciento “no alcanza para llevarlo a las bases” y aseguró que el reclamo gremial apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre, estimada en torno al 12 por ciento.

Mientras tanto, el conflicto salarial continúa abierto y los gremios esperan que el Gobierno provincial presente una nueva propuesta en los próximos días para destrabar la negociación.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Por parte de los trabajadores estuvieron presentes representantes de distintos sindicatos, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Tras la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que se trató de “una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas”, convocada por iniciativa del gobernador con el objetivo de reunir a “todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial”.

Según detalló, durante el encuentro se compartieron las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los cuales debería estructurarse la reforma. Además, se abrió un espacio para escuchar aportes y propuestas de cada uno de los sectores.

En ese sentido, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales, coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. “Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro”, afirmó.

Por su parte, Bagnat destacó el clima de respeto y diálogo que caracterizó al encuentro y señaló que los principales ejes de la reforma giran en torno a las edades jubilatorias, la progresividad del sistema, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

El funcionario indicó que el objetivo es “trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil”, al tiempo que se busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional frente al desafío que representan los 120.000 trabajadores activos que en el futuro accederán al beneficio jubilatorio.

El secretario general de UPCN, José Allende, calificó la reunión como “muy positiva” y señaló que la situación de la Caja de Jubilaciones “es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad”.

El dirigente explicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. “Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible”, sostuvo.

Allende indicó además que existe coincidencia en el objetivo de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Caja preservando el 82 por ciento móvil. “Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad, pero sí podemos discutir cómo achicar ese déficit sin afectar derechos”, remarcó.

En ese marco, explicó que se abrirá una etapa de intercambio de información entre el presidente de la Caja y los distintos sectores del Estado, con el compromiso de que cada uno acerque propuestas concretas. “Van a ser días de ida y vuelta, de análisis y discusión”, agregó.

También planteó la necesidad de analizar el déficit de manera integral y con una mirada sectorial. Entre los puntos mencionó el impacto de decisiones políticas del pasado, como el retiro de las cajas municipales del sistema provincial, y el debate en torno a los regímenes especiales.

“Si hablamos de una Caja solidaria, no es justo que alguien se jubile con 20 años de aportes mientras otros lo hacen con 30. Hay que analizar cómo compatibilizar derechos y aportes”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, destacó la madurez institucional con la que se está abordando el debate y remarcó la importancia de discutir el futuro del sistema previsional entrerriano.

Advirtió que actualmente la Caja registra un déficit anual cercano a los 400 mil millones de pesos, una situación que consideró insostenible si no se adoptan medidas estructurales. “Si no se toman decisiones, ese déficit se va a ir agravando”, señaló.

Domínguez aclaró que por el momento no existe un proyecto formal, sino definiciones generales que servirán como punto de partida para el debate.

Asimismo, remarcó que desde UPCN buscarán llevar información clara a los trabajadores y generar instancias de discusión internas. “Queremos que cada trabajador comprenda el escenario y participe del debate”, afirmó.

Finalmente, destacó el valor del sistema previsional entrerriano y la necesidad de preservarlo. “Nuestra Caja tiene beneficios que no existen en otras provincias ni en otros lugares del mundo. Por eso hay que protegerla”, concluyó.

Tras el congreso realizado este lunes por la mañana, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), confirmó su adhesión al paro nacional docente y resolvió llevar adelante acciones locales y departamentales en el marco de la medida de fuerza.

La decisión se enmarca en la convocatoria a un paro de 24 horas dispuesto por Ctera para el lunes 2 de marzo, en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente nacional, mayor financiamiento educativo y en rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional.

Por la tarde, Agmer participó de la primera reunión paritaria del año junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta salarial que no logró el aval de los gremios.

La oferta consistió en:

Tras analizar la propuesta, los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente y se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor a cinco días.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina resolvió el paro en un congreso extraordinario realizado el viernes pasado. La entidad, conducida por Sonia Alesso, definió un plan de acción que incluye no sólo el reclamo salarial sino también la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el encuentro, se reiteró además el rechazo a “toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, así como la exigencia de condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, recursos pedagógicos adecuados, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

En relación con el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el presidente Javier Milei, la central sindical anunció que durante todo el mes de marzo impulsará acciones para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, los sindicatos docentes enrolados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”, y remarcaron la “grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sellaron este viernes al anochecer el acuerdo paritario correspondiente al presente período, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar la propuesta y llevará la moción a un congreso el próximo lunes. Los aumentos acordados tendrán vigencia a partir de febrero de 2026.

Dado que UPCN cuenta con mayor representatividad sindical, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría. De este modo, se garantiza llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que comenzarán a percibirse en la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron mantener instancias de diálogo permanente para abordar temas puntuales.

La recomposición salarial alcanzará tanto a trabajadores activos como pasivos.

Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para los trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas.

Se estableció un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos. En el caso del Escalafón General de Enfermería, el mínimo será de 160.000 pesos. Además, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Para el sector pasivo se acordó una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza la suma que se venía abonando hasta el momento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el resultado del encuentro: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.

Al explicar la modalidad de la propuesta oficial, el funcionario sostuvo que si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable “el aumento habría sido considerablemente menor”. En ese sentido, agregó: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.

Finalmente, Troncoso subrayó la importancia del vínculo permanente con los gremios: “Más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas; los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente entrerriano. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el debate en torno a las políticas educativas nacionales y a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el trabajo organizativo en el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente.

Durante la primera parte de la jornada, los y las participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa, intercambiando miradas y evaluando sus posibles implicancias en el sistema educativo. El objetivo fue avanzar en la elaboración de un posicionamiento institucional frente a la propuesta, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector docente.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina.

El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo, abordando situaciones administrativas y pedagógicas que suelen intensificarse en esta etapa del año.

Entre los temas tratados se incluyeron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otras cuestiones relevantes para la carrera profesional.

Desde el gremio destacaron que la reunión permitió reforzar la articulación entre las seccionales departamentales y la conducción provincial, consolidando espacios de intercambio y planificación conjunta.

El encuentro se inscribe en un escenario de debate sobre el rumbo de las políticas educativas a nivel nacional y provincial, y reafirma el compromiso de la organización sindical de sostener una participación activa en la discusión pública, al tiempo que se prepara para acompañar a la docencia entrerriana en el inicio de un nuevo año escolar.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció la oficialización del Día Nacional del Helado Artesanal, que quedará establecido cada 31 de agosto en la Argentina. La fecha busca rendir homenaje al auténtico Helado Artesanal y a quienes lo elaboran día a día en todo el país.

La elección del día se vincula con el 31 de agosto de 1972, cuando se firmó el acta fundacional de AFADHYA, entidad que hoy representa a miles de heladerías artesanales a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Desde hace años, AFADHYA viene impulsando esta celebración y nos da mucho orgullo que nuestros socios y los fanáticos del Helado Artesanal Argentino tengan por fin una fecha para homenajearlo. Esta nueva efeméride es un sueño colectivo que se hace realidad y que marca un antes y un después para la gastronomía local”, expresó el presidente de la asociación, Maximiliano Maccarrone.

El titular de AFADHYA también destacó el valor cultural de la producción heladera nacional: “El Día Nacional del Helado Artesanal es una oportunidad para reivindicar lo nuestro; como el tan preciado dulce de leche, ícono del país, el limón tucumano, el pistacho sanjuanino o los frutos patagónicos. Cada sabor es un puente con nuestras raíces y refleja la identidad argentina”.

AFADHYA nació en 1972, cuando un grupo de fabricantes decidió organizarse para defender los intereses del sector y promover la calidad de la producción artesanal. Desde entonces, la asociación ha crecido hasta convertirse en un referente nacional e internacional, impulsando capacitación, innovación y eventos masivos como la Semana del Auténtico Helado Artesanal y La Noche de las Heladerías.

En 2025, además, inaugurará la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio de formación pensado para profesionales del rubro en toda la región.

Según un estudio de AFADHYA y la consultora D’Alessio Irol, 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal durante todo el año. El 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, comparable con el asado y el vino.

El consumo anual promedio alcanza los 7,3 kilos per cápita, con picos de hasta 10 kilos en temporada alta. Entre los sabores más elegidos figuran chocolate con almendras, dulce de leche granizado, sambayón, frutos rojos, frutilla a la crema y limón.

Con esta nueva efeméride, el helado artesanal se consolida como parte de la identidad cultural y gastronómica de los argentinos, celebrando una tradición que combina historia, innovación y el sabor de lo auténtico.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lleva adelante este martes una jornada nacional de protestas, con cortes de rutas y manifestaciones en distintos puntos del país, en reclamo de paritarias justas y en rechazo a la oferta salarial presentada por el sector empleador agropecuario, a la que calificaron como “miserable” y “provocadora”.

Las medidas de fuerza se dan en un contexto de fuerte tensión gremial, tras el fracaso de la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), celebrada el pasado viernes 18 de julio, donde no se logró ningún acuerdo entre las partes.

En un duro comunicado, la conducción nacional del sindicato encabezada por José Voytenco acusó a las entidades agropecuarias que integran la CNTA —CRA, CAME, CONINAGRO y FAA— de haber saboteado el diálogo con una actitud “intransigente, provocadora y ofensiva”.

“Las entidades se niegan sistemáticamente a reconocer el brutal deterioro del poder adquisitivo de nuestros compañeros. Pretenden imponer aumentos que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica. Quieren institucionalizar el salario de hambre y consolidar la pobreza del trabajador rural”, denunciaron desde UATRE.

La organización fue contundente: “No vamos a convalidar paritarias de miseria ni a firmar ningún acuerdo que legitime la explotación y el empobrecimiento del peón rural. La dignidad de nuestros trabajadores no se negocia”.

La jornada de lucha se despliega en diversas provincias y en puntos estratégicos de circulación, afectando parcialmente el tránsito en rutas nacionales y provinciales.

En Entre Ríos, la delegación gremial realizará un corte sobre la ruta principal de acceso a la provincia, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

En Villa María (Córdoba), las protestas se concentrarán en un punto clave de intersección entre la Ruta Nacional 9, la Ruta Provincial 5 y la Ruta 158 del Mercosur, afectando el tránsito regional y nacional.

Las delegaciones de Salta y Jujuy se movilizarán en conjunto a Salta Capital, con una concentración frente a la sede local de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a partir de las 10:30 horas.

La paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el martes 22, pero desde el gremio advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no hay una respuesta concreta del sector empresarial.

El reclamo central de UATRE se basa en la necesidad urgente de actualizar los salarios del sector rural, uno de los más golpeados por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses. El sindicato sostiene que las ofertas actuales “condenan a los trabajadores a la pobreza estructural” y que los empleadores se niegan a reconocer la crisis social del campo argentino.

La jornada nacional marca un punto de inflexión en la disputa paritaria, y desde el gremio ya anticipan que no firmarán ningún acuerdo que no contemple una mejora real y sostenida para los trabajadores.

“Esto no es solo una pelea salarial. Es una defensa de la dignidad del trabajo rural, que no puede seguir siendo la variable de ajuste del sector agropecuario”, concluyeron desde la conducción sindical.

En medio de un complejo escenario económico, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con el Gobierno provincial. La negociación culminó con la mejora de la suma fija no remunerativa y no bonificable, que pasó de los 35 mil pesos inicialmente ofrecidos por el Ejecutivo a 50 mil pesos, a pagarse en los salarios de julio, agosto y septiembre. Además, se resolvió que los jubilados estatales perciban una suma de 25 mil pesos.

“UPCN mostró firmeza y, a pesar de las limitaciones, el gobierno entendió nuestros argumentos y consideró que en un momento de crisis se debe acompañar a los salarios más bajos”, expresó la Secretaria Adjunta del gremio, Carina Domínguez, al término de la audiencia.

Domínguez calificó al acuerdo como “el mejor posible dentro de las expectativas que podíamos tener”, destacando que la suma fija representa una respuesta concreta a la necesidad de un aumento salarial, aunque subrayó que se trata de una medida transitoria: “Este acuerdo es por tres meses y después volvemos a hablar”.

Según indicó la dirigenta, el concepto central defendido por el gremio fue que el aumento impacte directamente en los bolsillos de quienes perciben los salarios más bajos dentro del escalafón estatal. “Se cumplió el principio de que el refuerzo vaya donde más se necesita”, afirmó.

Otro punto que consideró clave fue la inclusión de los jubilados en el beneficio. “Que estén contenidos fue decisivo”, señaló.

Domínguez recordó que durante la mañana el gobierno había ofrecido una suma fija de 35 mil pesos, monto que fue rechazado por insuficiente. Tras una jornada de discusión con la comisión directiva del sindicato, se planteó una contraoferta de 55 mil pesos y la inclusión de los pasivos, lo que derivó finalmente en la propuesta aceptada: 50 mil pesos para activos y 25 mil para jubilados.

“Sabemos que hay temas sectoriales pendientes y nos comprometemos a buscar el ámbito para resolverlos”, manifestó la dirigente, quien también valoró que, en contraste con otras provincias, en Entre Ríos se sostenga la institucionalidad de las paritarias. “Mientras en otras jurisdicciones ni siquiera hay mesas de negociación, acá se dan respuestas”, remarcó.

Domínguez también se refirió al contexto nacional y la complejidad del panorama económico: “Ojalá que el gobierno nacional entienda la situación de las provincias y que el escenario mejore. Aunque con Milei no tenemos muchas expectativas”, expresó con franqueza.

La dirigente gremial remarcó que este acuerdo no representa un cierre definitivo en materia salarial: “La cuestión no termina este trimestre. Sabemos que debemos seguir avanzando antes de que termine el año”. Y recordó la semana de acciones que UPCN llevó adelante frente a Casa de Gobierno para exigir la convocatoria a la paritaria.

“Pese a que el panorama es desalentador, seguimos dando la pelea por el salario. No resignamos nuestros derechos en ningún momento. La suma fija no es el ideal, pero es una herramienta de contención que garantiza el cobro de sueldos y el sostenimiento del diálogo”, sostuvo.

Finalmente, Domínguez reafirmó el compromiso del sindicato con el empleo público: “Tenemos que seguir luchando por un mejor empleo estatal. Este fue un acuerdo responsable, que prioriza a los sectores más vulnerables y que nos permite seguir adelante sin perder lo esencial: el trabajo y la dignidad de los trabajadores”.

En una nueva instancia de diálogo con los gremios estatales, el gobierno provincial presentó y acordó este lunes una propuesta salarial que incluye el pago de una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales para los trabajadores activos y 25.000 pesos para los pasivos, por un período de tres meses.

La medida fue aceptada por los gremios UPCN y ATE, luego de que el Ejecutivo mejorara la oferta inicial presentada en horas de la mañana. El pago de estas sumas se realizará con los haberes de julio, agosto y septiembre, y apunta a aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos del sector público.

Según explicaron desde el Gobierno, la asignación representa un incremento aproximado del 6% en el salario de bolsillo para quienes se encuentran en los tramos más bajos de la escala salarial estatal. “Es una medida que impacta de inmediato y de forma más significativa en los sectores con menores ingresos”, subrayó Fanny Maidana, representante paritaria del Ejecutivo.

Asimismo, Maidana destacó que la propuesta fue elaborada “luego de un proceso de escucha activa” de los planteos de los gremios: “Hemos considerado con atención la preocupación legítima de los trabajadores ante la coyuntura actual. La propuesta es responsable, tanto con los trabajadores como con las finanzas públicas”.

Desde los gremios UPCN y ATE, que venían reclamando medidas urgentes frente a la pérdida del poder adquisitivo, se valoró que la oferta oficial haya sido mejorada y que el Ejecutivo haya mostrado predisposición al diálogo. La propuesta fue aceptada en el marco de la mesa de negociación, aunque las organizaciones adelantaron que seguirán evaluando la evolución de la inflación y el costo de vida.

Ambas partes acordaron una nueva instancia de revisión salarial para fines de septiembre, donde se retomará el análisis de la situación económica y la evolución de los ingresos de los trabajadores estatales.

El acuerdo alcanzado este lunes se enmarca en un contexto de fuerte presión inflacionaria y búsqueda de medidas que mitiguen su impacto, especialmente entre quienes perciben los salarios más bajos. Con esta decisión, el Gobierno provincial apunta a garantizar una recomposición parcial inmediata mientras se prepara un nuevo esquema de actualización para el último trimestre del año.

Este viernes, el gobierno provincial mantuvo un nuevo encuentro con los gremios estatales UPCN y ATE en el marco de las negociaciones paritarias. Durante la reunión, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 21 de julio a las 10 de la mañana, para continuar con el análisis y la discusión de las demandas salariales y laborales planteadas.

Desde el Ejecutivo destacaron la relevancia de esta "instancia de diálogo" y señalaron que tomaron nota de los planteos presentados por los representantes gremiales, con el objetivo de evaluar las propuestas y avanzar hacia una solución consensuada.

Fanny Maidana, miembro paritaria del Ejecutivo, subrayó "la importancia de sostener un diálogo permanente, aún en contextos difíciles, como herramienta para construir consensos y responder con responsabilidad a las demandas de los trabajadores".

Por su parte, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Luciano Rotman, reafirmó el compromiso del gobierno provincial con el diálogo institucional: “En un contexto fiscal marcado por una caída real de los recursos sin precedentes, continuamos dialogando con los gremios, con responsabilidad y vocación de escucha”.

El próximo encuentro se desarrollará el lunes 21 de julio, en el mismo ámbito de negociación, con la expectativa de acercar posiciones y avanzar en acuerdos que contemplen la situación económica actual y las necesidades de los trabajadores del Estado.

Durante el Congreso Extraordinario que sesionó este jueves en Villaguay, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió declararse en estado de alerta y movilización, ante la falta de respuesta del gobierno provincial a los múltiples reclamos del sector docente.

El gremio exige la inmediata convocatoria a paritarias para abordar condiciones laborales e infraestructura educativa, y rechaza la reciente Resolución Nº 1431/25 del Consejo General de Educación (CGE), que limita la realización de asambleas durante la jornada laboral.

Entre los temas urgentes que Agmer solicita debatir en mesa paritaria se incluyen: el mantenimiento edilicio, la adecuación tecnológica, la provisión de insumos y materiales didácticos, la titularización y estabilidad en suplencias, la carga horaria, las políticas de formación docente y acciones ante temperaturas extremas para resguardar la salud laboral.

Por otra parte, el Congreso rechazó enfáticamente la creación de la nueva obra social provincial (OSER), entendiendo que esta iniciativa “despoja a los trabajadores del control sobre su sistema de salud”. En ese sentido, el sindicato responsabilizó al gobierno entrerriano y a la Legislatura por las consecuencias que la medida pueda generar en miles de familias.

Asimismo, Agmer repudió el cierre de centros educativos, por considerar que se vulnera el derecho a la educación y se afectan las condiciones laborales, y exigió el pago inmediato a los equipos de Orientación Pedagógica del Plan de Alfabetización, junto con la regularización del envío de partidas para comedores escolares y el servicio de transporte estudiantil.

Finalmente, el Congreso denunció el incumplimiento del acuerdo paritario firmado el pasado 6 de marzo, en lo que respecta al Boleto Docente y la conformación de la Comisión de Nomenclador.

Desde la conducción gremial señalaron que continuarán en estado de alerta y movilización, “en defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación, y de una escuela pública digna para todos”.

Tras conocerse la resolución del Juzgado Federal que dispuso el procesamiento del dirigente sindical José Ángel Allende, junto a integrantes de su familia y entorno cercano, la defensa técnica del exlegislador emitió un comunicado en el que reafirma su inocencia y denuncia la utilización política de la causa.

La medida judicial fue dictada el lunes 30 de junio y, según informó la defensa, no está firme y será apelada ante una instancia superior. "El auto de procesamiento no constituye una sentencia condenatoria ni implica culpabilidad alguna", se sostiene en el documento, que remarca que se trata de una resolución preliminar.

Uno de los principales argumentos de la defensa radica en los resultados de la pericia contable oficial realizada durante la instrucción, la cual —según aseguran— no acreditó la existencia de un incremento patrimonial ilícito ni desproporciones injustificadas entre ingresos y egresos.

“La pericia reconoce ingresos no contemplados originalmente en la acusación y aporta coherencia contable a la evolución patrimonial de Allende”, señala el escrito. En esa línea, cuestionan que el juez haya optado por desconocer el valor técnico de la pericia y adoptado “sin más” la versión del Ministerio Público Fiscal, lo que —afirman— “viola el principio de imparcialidad”.

Desde el equipo defensor se advierte sobre la construcción de una “narrativa penal sin sustento fáctico ni respaldo técnico sólido” y se afirma que podría tratarse de “el primer caso en la historia judicial argentina” en que se procesa a imputados con una pericia oficial favorable.

También indican que han presentado documentación respaldatoria, como informes económicos, declaraciones impositivas y movimientos bancarios, que, junto con la pericia, “descartan la existencia de delito”.

Allende: Comunicado de prensa por auto de procesamiento by Paralelo 32

El comunicado apunta además a una presunta explotación mediática y judicial con fines políticos, que —según sostienen— busca afectar la imagen pública del dirigente, históricamente vinculado al sindicalismo estatal en Entre Ríos. “A lo largo de su trayectoria, Allende ha enfrentado poderosos intereses corporativos”, remarcan.

La defensa también repudió la imputación de familiares del dirigente, quienes —señalan— no han ejercido funciones públicas ni están involucrados en maniobras delictivas. Atribuyen su inclusión a una estrategia “estigmatizante” y “punitivista”, que también será impugnada judicialmente.

Finalmente, el documento subraya que Allende ha estado siempre a disposición de la Justicia, entregando la totalidad de su información patrimonial, bancaria y fiscal, sin obstaculizar el proceso. “Confía en el Poder Judicial imparcial y en el valor de la prueba objetiva”, concluye el texto difundido públicamente.

En un multitudinario Congreso partidario realizado este sábado en Villaguay, la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos renovó su conducción legislativa interna y eligió, por amplio consenso, a Gustavo Cusinato como nuevo presidente del Congreso Provincial del partido.

Cusinato, exdiputado nacional y actual Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), estará acompañado por la diputada provincial Gabriela Lena como vicepresidenta primera, y Pablo Alasino, Director General de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, como vicepresidente segundo.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la ampliación de la Mesa de Conducción de 7 a 13 miembros, con el objetivo de garantizar una mayor representación interna, incluyendo por primera vez a la Juventud Radical dentro del órgano de decisión.

Durante la apertura, la presidenta del Comité Provincial e intendenta de Federal, Alicia Oviedo, destacó la masiva convocatoria y el clima de participación democrática. “Hoy la UCR provincial tiene una presencia activa y protagónica en el gobierno que encabeza Rogelio Frigerio, impulsando transformaciones profundas que estaban pendientes desde hace décadas”, afirmó.

Oviedo remarcó también que “la participación de tantos radicales en este Congreso es una muestra clara del compromiso con el fortalecimiento institucional del partido”.

Uno de los puntos más esperados y debatidos del Congreso fue la definición sobre la política de alianzas del radicalismo entrerriano, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas.

La línea interna UCR Activa propuso tratar el tema durante esta misma jornada, mientras que sectores como Illia, Construir, Evolución y otros mocionaron su postergación para un Congreso específico. Finalmente, la votación fue contundente: 178 congresales votaron por diferir el debate y 77 lo hicieron a favor de tratarlo en el momento.

Tras asumir formalmente la presidencia, Cusinato agradeció el respaldo recibido y subrayó el carácter plural y representativo de la nueva Mesa:

“Hemos logrado conformar una conducción con diversidad interna, que renueva el compromiso con la institucionalidad del partido. Hoy dimos un paso importante, con madurez política, y nos preparamos para debatir con responsabilidad los próximos desafíos que tenemos por delante”.

La jornada en Villaguay dejó así un mensaje de unidad interna dentro de la UCR, con un Congreso activo que apuesta al debate político pero también a la construcción de consensos para fortalecer su rol dentro de la coalición gobernante y el escenario provincial.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) culminó una intensa semana de acciones gremiales con una multitudinaria asamblea realizada este viernes frente a Casa de Gobierno, en Plaza Mansilla. El sindicato instaló una carpa como símbolo de su reclamo y reunió a trabajadores estatales de diferentes áreas y localidades de Entre Ríos, en un cierre cargado de consignas, unidad y definiciones políticas y gremiales.

Durante cinco días consecutivos, el gremio llevó adelante actividades para visibilizar los conflictos que atraviesan distintos sectores de la administración pública provincial. Cada jornada tuvo un eje temático: el lunes se abrió con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Orquesta Sinfónica como protesta simbólica; el martes, la discusión giró en torno a la nueva obra social (OSER); el miércoles, los protagonistas fueron los trabajadores del Consejo General de Educación (CGE); y el jueves, los del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

La jornada de este viernes fue el broche de oro con una asamblea general que dejó fuertes mensajes. La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, fue una de las voces principales: “Como trabajadores del Estado tenemos una responsabilidad, que es cuidar el Estado. Y lo hacemos estando unidos, organizados y luchando por lo que nos corresponde”.

Por su parte, la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo, advirtió: “Nos esperan meses más difíciles. La situación en la provincia no es buena y tenemos un desquiciado que nos gobierna en la nación. Pero lo único que nos va a salvar es la unidad y la organización”.

Durante la asamblea se sucedieron diversas intervenciones de dirigentes y referentes sectoriales:

Luis Aguilar, delegado de Gualeguaychú, instó a no bajar los brazos: “Si nos dividimos, en vez de trabajadores vamos a ser esclavos”.

Desireé Scaglione, referente de Juventud, destacó el rol del gremio en la defensa del proyecto de OSER, donde “logramos que se mantenga la solidaridad y las prestaciones”.

Adriana Satler, Secretaria de Capacitación, subrayó que “la formación no es un lujo sino una herramienta de lucha”.

Ignacio Lozano, de la rama profesional, señaló que “UPCN es el único gremio que pelea por el convenio colectivo de trabajo”.

Noelia Bertín, Secretaria de Organización, mencionó nuevos conflictos que podrían sumarse en los próximos días.

Mariana Godoy, delegada del Copnaf, denunció que el recorte de horas extras perjudica gravemente al salario de los trabajadores que sostienen las políticas de niñez.

Mimí Zamboni, Secretaria de Educación, reclamó por la recategorización de auxiliares de escuelas privadas: “No vamos a bajar los brazos”.

José Luis Servín, del departamento Federal, sostuvo: “No nos dejemos doblegar. Después de la lucha viene la victoria”.

Además, Eugenia Valle (Iafas), Solange Ochoteco (Registro de la Propiedad Inmueble) y Jorgelina Berta (Hospital San Roque) expusieron situaciones críticas en sus respectivos organismos, reiterando que no aceptarán ser “la variable de ajuste”.

Domínguez cerró la jornada anticipando que la lucha continúa en el plano institucional y paritario: “Las batallas no solo se ganan en la calle. Vamos a la mesa de negociación por todos los trabajadores del Estado. No vamos a permitir que se precarice el empleo ni que se recorten derechos”.

La dirigente también informó que el Secretario General, José Allende, no pudo estar presente porque se encontraba firmando la escritura de un inmueble adquirido por el gremio en Villaguay, donde funcionará una nueva sede sindical y un instituto de formación.

Finalmente, alertó sobre el contexto nacional: “Milei viene por los derechos sindicales y por el ajuste en las provincias. No dejemos que ese pensamiento llegue a Entre Ríos”.

La asamblea se cerró entre aplausos, con un llamado a seguir organizados, en estado de alerta y con el compromiso de sostener la unidad como bandera frente a los tiempos difíciles.