La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que durante mayo operan distintos vencimientos correspondientes a impuestos provinciales y otras obligaciones fiscales, entre ellos el Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural y el Impuesto a los Automotores.

Desde el organismo recordaron además que no es necesario contar con la boleta impresa para efectuar los pagos y recomendaron consultar la agenda actualizada de vencimientos disponible en el sitio oficial ATER.

Entre los principales vencimientos del mes se encuentra el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Según se detalló, las fechas se establecieron de acuerdo al dígito verificador de la partida inmobiliaria.

De este modo, los contribuyentes con partidas terminadas entre 0 y 4 deberán abonar el jueves 14 de mayo, mientras que aquellos cuyos dígitos verificadores finalicen entre 5 y 9 tendrán vencimiento el viernes 15 de mayo.

ATER indicó además que quienes hayan optado por el pago en cuotas continuarán con el cronograma 2026 en los meses de julio, octubre y diciembre, conforme al calendario oficial vigente.

Por otra parte, también se producirá durante mayo el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto a los Automotores. En este caso, el cronograma se organiza según el último número del dominio del vehículo: el viernes 15 de mayo vencerán los dominios terminados entre 0 y 4, mientras que el lunes 18 de mayo lo harán aquellos finalizados entre 5 y 9.

Asimismo, el organismo tributario provincial recordó que durante el mes operan vencimientos de otras obligaciones fiscales administradas por ATER, entre ellas Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, SIRCAR, SIRTAC, Impuesto de Sellos, Derecho de Extracción de Minerales e Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales.

Para conocer el detalle completo de fechas, tributos y períodos alcanzados, los contribuyentes pueden consultar la agenda de vencimientos actualizada en el portal oficial del organismo.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 074/26 del organismo recaudador provincial, que actualmente conduce Jesús Rafael Korell.

Según se detalla en los considerandos de la resolución, la decisión de modificar el calendario impositivo responde a “razones de índole técnico operativas y de organización”, que hicieron necesario postergar las fechas originalmente previstas.

En el cronograma inicial, los vencimientos estaban establecidos para los días 16 y 17 de marzo, pero ahora se trasladan hacia la segunda semana de abril.

Con la prórroga dispuesta por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, el calendario para el Pago Único y la Cuota 1º del Impuesto Automotor 2026 quedó definido según el dígito verificador del dominio del vehículo:

De esta manera, los contribuyentes entrerrianos contarán con un plazo adicional para cumplir con sus obligaciones fiscales vinculadas al tributo automotor.

La resolución establece que la prórroga se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Código Fiscal de la provincia y la Ley Nº 10.091, y cuenta además con el aval de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador.

Con esta modificación, el organismo provincial busca garantizar la correcta implementación del calendario tributario y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes en el inicio del período fiscal 2026.

El gobierno de Entre Ríos oficializó una actualización en las valuaciones del parque automotor provincial, paso administrativo que habilita la liquidación y el cobro del Impuesto a los Automotores correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La medida fue formalizada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) mediante su publicación en el Boletín Oficial Nº 28.290, donde se difundieron las nuevas tablas de valores de aforo que servirán como base para el cálculo del tributo.

La normativa lleva la firma del director ejecutivo del organismo recaudador, Jesús Rafael Korell, y toma como referencia principal las valuaciones establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Sin embargo, el texto aclara que fue necesario establecer criterios adicionales para vehículos que no cuentan con valuación oficial en las tablas nacionales, con el objetivo de completar la base de datos utilizada para la liquidación del impuesto.

Uno de los puntos centrales de la resolución establece un tope de incremento del 30% para determinados vehículos que no figuran en las tablas nacionales de valuación.

En esos casos, ATER dispuso que el valor fiscal se determine aplicando un aumento de hasta el 30% respecto de la valuación utilizada durante el año fiscal 2025.

La medida alcanza principalmente a:

Según el organismo, esta limitación busca dar previsibilidad al tributo en sectores donde la falta de referencias nacionales claras suele generar incertidumbre al momento de calcular el impuesto.

La actualización de los valores de aforo no solo impacta en el impuesto anual que pagan los propietarios de vehículos, sino también en los trámites de compra y venta.

La resolución establece que, para el Impuesto de Sellos en transferencias, el monto a abonar será:

aplicándose el monto que resulte mayor.

Además, el texto precisa que los nuevos valores comenzaron a regir desde el 4 de marzo, fecha en la que se firmó la normativa.

Con la aprobación de estas tablas de valuación, el organismo provincial dejó establecidos los valores oficiales que se utilizarán durante todo el año para la liquidación del impuesto automotor.

La resolución ratifica que estos aforos son los únicos aplicables para la determinación y cobro del tributo correspondiente al período fiscal 2026, lo que permite avanzar con la emisión de las boletas y la definición del calendario impositivo en la provincia.

De esta manera, ATER formalizó el esquema que servirá como base para el cálculo del impuesto automotor durante el presente ejercicio, en un contexto de actualización de valores que impactará en miles de contribuyentes entrerrianos.

Mientras las naciones desarrolladas regulan el ingreso de productos importados con barreras arancelarias y/o paraarancelarias con el objetivo de proteger su industria, sus trabajadores y, en definitiva, la economía global de sus países, en la Argentina el discurso oficial, apalancado por el multitudinario elenco de periodistas oficialistas, plantea que es beneficioso para los intereses de nuestro país que se consigan un poco más baratos calzoncillos extranjeros, autos o cualquier otro producto que cueste unos pesos menos.

Es preocupante que esta estrategia haya penetrado en la opinión pública, que la repite y defiende sin siquiera conocer qué hacen al respecto los países desarrollados a los que supuestamente nos vamos a parecer en unos años con este tipo de políticas.

Hace poco, desde el gobierno hasta se estableció el tiempo que íbamos a tardar en llegar a ser como esos países modelo: 5/7 años España, 15 años Alemania, 25/30 años EE. UU. y que en 40 años podemos ser el país más rico del mundo (Perfil, 17 de octubre de 2025).

Se podrían escribir cientos de páginas sobre los aranceles y barreras paraarancelarias que aplican los países desarrollados para proteger su economía, pero para muestra basta un botón, o dos:

1) La Unión Europea se protege utilizando el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, clasificadas mediante el código TARIC; además, aplican IVA a la importación y otras regulaciones específicas de cada país. (Web Oficial de la Unión Europea).

2) Mientras nosotros permitimos que una empresa de la India, abastecida por China, relegue a la siderurgia nacional a la hora de hacer el gasoducto Vaca Muerta/Puerto de San Antonio Oeste, Estados Unidos impuso un gravamen del 50% sobre el acero extranjero. (Bloomberg, 13 de febrero de 2026).

Por estos días estamos viendo un debate en los medios motivado por la abrupta caída de nuestra industria textil: industria nacional vs. bajos precios de productos importados. Ese debate sería fácil de saldar mirando a los países a los cuales queremos parecernos, y la realidad es que los países europeos que tienen desarrollo de su industria textil: España por ejemplo, la protegen de la importación de países asiáticos (particularmente China) con altos aranceles.

El caso de Brasil y Argentina con la llegada de la automotriz china BYD es el ejemplo más contundente de los dos modelos de país a los que me refiero: Argentina se limitó a flexibilizar al extremo el ingreso de autos chinos sin ningún tipo de beneficios para nuestro país, mientras tanto Brasil exigió inversiones y, para ello, el presidente Lula se reunió con la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, y se decidió establecer, en el Polo Industrial de Camaçari, en el Estado de Bahía, la planta más grande y avanzada de BYD fuera de China, para abastecer al mercado latinoamericano. En ese marco, ya se presentó el primer BYD Dolphin Mini fabricado en Brasil.

En la Argentina de hoy, la realidad de estas tres actividades que menciono es la siguiente:

Industria Textil: cayó 24% en un año y desde diciembre de 2023. Sin contar los empleos informales que puedan haber caído, el sector perdió más de 16.000 empleos formales en todo el país, mientras que su capacidad instalada bajó a un 32,5% (Infobae, 27 de enero de 2026).

Industria metalúrgica: durante diciembre, el sector registró un retroceso de 7,1% en la producción, sumando ocho meses consecutivos en baja. Se perdieron alrededor de 12.000 puestos de trabajo en 2025, entre despidos y retiros voluntarios, y la capacidad instalada se ubicó en 44%, siendo uno de sus niveles más bajos en términos históricos. (Infobae, 20 de enero de 2026).

Industria automotriz: se derrumbó un 30,1% en comparación con el mismo mes del año pasado (Ámbito, 4 de febrero de 2026). Se perdieron 3.000 empleos en un año (Comercio y Justicia, 22 de enero de 2026) y la capacidad instalada cayó al 31,2% (Perfil, 12 de febrero de 2026).

En definitiva, absolutamente todos los países desarrollados defienden su trabajo y su industria con aranceles y todo tipo de medidas que protejan su entramado productivo. Eso es algo que cae por su propio peso, es famoso “sentido común”, como dirían algunos.

No se trata de ahorrar unos pesos, se trata de proteger nuestra industria, promover su crecimiento, la generación de puestos de trabajo y evitar el déficit de la balanza comercial de una economía ávida de dólares para que no colapse.

No se trata de cerrarse al mundo y al comercio, se trata de abordar las relaciones internacionales teniendo en claro que los intereses que se deben defender son los de nuestro país. Se trata de aplicar medidas sensatas en el marco fiscal y arancelario para que el comercio internacional se dirima con reglas de juego equivalentes.

Por supuesto que debemos mejorar la competitividad de nuestra producción, garantizar el acceso de los consumidores argentinos a productos de calidad a un precio justo, pero eso no se hace a los sablazos, destruyendo hasta los cimientos de la industria argentina; se hace con políticas de Estado racionales, paulatinas y consensuadas para lograr la sintonía fina que permita bajar la carga impositiva sin desfinanciar al sector público, abaratar el costo del financiamiento para la inversión y mejorar los procesos productivos con investigación y tecnología lo que solo se logra con el financiamiento de la educación y la ciencia.

¿En el pasado reciente se hizo? Considero que por lo menos se intentó, de algunas maneras a veces particulares, pero veo claro que antes, en este punto específico, había una mirada tuitiva de la industria y los intereses del país. ¿Sirve mirar hacia atrás? Creo que no, más bien siento que los argentinos agarraron un palo y rompieron los dos espejos retrovisores para no ver algo a lo que no quieren volver.

En ese marco me parece que quienes compartimos una mirada distinta de la economía debemos incorporarnos al debate público planteando un proyecto de cara al futuro que tome como punto de partida el equilibrio fiscal y la lucha frontal contra la inflación, teniendo como objetivo final e irrenunciable el bienestar y la inclusión de las grandes mayorías, el incentivo del consumo popular como herramienta para mejorar su calidad de vida, el financiamiento suficiente de la educación, la ciencia y la tecnología y la protección férrea de nuestros recursos naturales.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en vigencia un nuevo sistema para la Declaración Jurada (DDJJ) de mejoras inmobiliarias, que permite a los contribuyentes realizar el trámite de manera digital, gratuita y con un circuito más simple, eliminando gestiones presenciales innecesarias.

La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización que impulsa el gobierno provincial y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, mejorar la calidad de la información catastral y optimizar los procesos administrativos.

La medida fue instrumentada mediante la Resolución N° 17/25 de la Dirección de Catastro, que actualiza formularios, instructivos y especificaciones técnicas para la carga y el tratamiento de la información declarada. A partir de esta normativa, la DDJJ de mejoras puede realizarse por primera vez de forma 100% digital.

El nuevo esquema incorpora definiciones técnicas unificadas para reducir diferencias en la carga de datos y mejorar la consistencia de la información. Entre los avances se destaca la aprobación de un listado único de materiales constructivos y la incorporación de lineamientos específicos para situaciones particulares, como los inmuebles alcanzados por el régimen de Propiedad Horizontal.

La declaración se efectúa a través de los servicios de ATER dentro del portal de ARCA, utilizando CUIT y Clave Fiscal. Para completar el procedimiento, el contribuyente debe:

Una vez finalizada la presentación, la mejora quedará registrada para su procesamiento y se reflejará en la próxima boleta del Impuesto Inmobiliario, en el apartado correspondiente a metros construidos.

El sistema digital está habilitado para la incorporación de nuevas mejoras en terrenos registrados como baldíos y para la declaración de nuevas edificaciones en lotes que ya cuentan con construcciones previas. Es decir, permite actualizar la situación del inmueble cuando se agrega una mejora o edificación nueva.

En cambio, cuando se trata de modificar información ya existente, como ampliaciones que implican cambios sobre un polígono previamente registrado, el trámite debe realizarse de manera presencial, ya que requiere una validación técnica específica.

Toda la información sobre el procedimiento se encuentra disponible en la web oficial de ATER.

Desde ATER recordaron que la declaración de mejoras u obras es obligatoria en toda la provincia. Cumplir con esta presentación permite mantener actualizados los datos del inmueble y evita contingencias futuras, como sanciones o ajustes derivados de mejoras no declaradas detectadas en controles posteriores.

Asimismo, se aclaró que, aunque una obra haya sido informada ante un municipio, la declaración ante ATER sigue siendo necesaria para la actualización catastral y la correcta determinación del Impuesto Inmobiliario a nivel provincial.

En este contexto, el organismo informó que en las próximas semanas avanzará con procesos de incorporación de metros cuadrados de oficio, a partir de construcciones detectadas mediante tecnología satelital. Estas acciones podrán derivar en intimaciones cuando se detecten inconsistencias entre lo declarado y lo relevado.

Si la obra está correctamente identificada, los nuevos metros se reflejarán directamente en la boleta. En caso de desacuerdo, el contribuyente podrá presentar el formulario correspondiente en la Representación Territorial de su jurisdicción, donde también recibirá asistencia para completar la documentación.

Con este esquema, ATER busca ofrecer una vía ágil para la regularización voluntaria y, al mismo tiempo, un procedimiento claro y ordenado para las actualizaciones surgidas de instancias de control.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay inauguró el pasado jueves 25 de septiembre el Polo Tecnológico “La Nube”, ubicado en Posadas 1150. El nuevo espacio, concebido como un punto de encuentro para el ecosistema de innovación local, fue presentado con una jornada que combinó charlas, capacitaciones y actividades orientadas al desarrollo tecnológico, la transformación digital y la generación de ideas con impacto territorial.

El acto oficial incluyó el tradicional corte de cinta, la firma del acta fundacional y la presentación a cargo de la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, junto al intendente José Eduardo Lauritto, el presidente de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay (CISCU), José Luis Betancourt, y el senador provincial Martín Oliva.

También participaron los intendentes Fernando Viganoni (San Justo), Ricardo Sandoval (Pronunciamiento), Ramón Barrera (Colonia Elía), Hernán Niz (Villa Mantero), Susana Lambert (Villa Elisa) y Sergio Martínez (Urdinarrain), además de la viceintendenta de San José, Mirta Pérez. Las universidades locales —UCU, UTN, UADER y UNER— se sumaron al acto junto a empresarios, emprendedores y funcionarios provinciales y municipales.

Durante la ceremonia, Sosa Zitto remarcó que “Concepción del Uruguay se debía este espacio. El Polo Tecnológico no es más ni menos que un espacio de encuentro donde estarán la Cámara del Software, las universidades, las escuelas técnicas, las secundarias, el ciudadano común y el municipio como gran articulador”. Además, explicó que el logo simboliza la articulación de tres actores clave: el Estado, las universidades y el sector empresarial.

Por su parte, Betancourt destacó los años de trabajo que hicieron posible el proyecto: “El Polo atravesó diferentes gestiones y desafíos, tanto públicos como privados. Lo mejor que podemos hacer como comunidad es potenciar nuestras características humanas: que este sea un espacio abierto donde las ideas circulen y se transformen en proyectos”.

El senador Martín Oliva, uno de los impulsores de “La Nube”, subrayó la importancia de la sinergia entre universidades, empresas y gobierno: “Ese vínculo potencia el desarrollo de cualquier ciudad. No solo somos historia: también somos presente y futuro”.

Finalmente, el intendente Lauritto puso el acento en el valor estratégico de la economía del conocimiento: “Estamos frente a una industria de demanda infinita, que crece a un ritmo mayor que el promedio mundial. Este Polo fue soñado con la decisión firme de que Concepción del Uruguay se convierta en un referente de la innovación tecnológica y educativa en Argentina”.

Las actividades comenzaron a las 9:15 con las charlas “Impacto territorial de la Economía del Conocimiento”, que reunieron a especialistas como Victoria Penacca (Club ArgenTec, Angercon), Andrés Mucilli, Gabriel Ortiz Escobar y Gabriela Sparza (Red de Innovación Local).

El cierre estuvo previsto para las 19 con la presentación del libro “Cómo hackear el sistema”, del autor Santiago Aranguren, en un evento abierto a la comunidad con música en vivo y un brindis.

El viernes 26, en tanto, la agenda continuará con la propuesta “Concepción del Uruguay, Mi Ciudad Ideal. Impulsando la Innovación Estudiantil”, destinada a jóvenes de escuelas y universidades.

Con la apertura del Polo Tecnológico “La Nube”, Concepción del Uruguay se proyecta como un nodo regional de innovación y conocimiento, consolidando la articulación entre Estado, universidades, empresas y ciudadanía en pos de un futuro más competitivo, inclusivo y creativo.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los propietarios de inmuebles que es obligatorio declarar las obras y mejoras constructivas realizadas en sus propiedades, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

Según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Valuaciones, los dueños o poseedores de inmuebles deben informar cualquier modificación o ampliación de metros cuadrados dentro de un plazo de 60 días desde que las obras estén en condiciones de habitabilidad. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas.

Desde la Dirección de Catastro de ATER advirtieron que en algunos casos los contribuyentes solo cumplen con la declaración de obras en el ámbito municipal, pero omiten la presentación ante el organismo tributario provincial.Las autoridades aclararon que la declaración en el municipio no sustituye a la provincial, y que ambas instancias deben cumplirse para estar en regla.

El director de Catastro de ATER, Mauro Bangert, explicó que se intensificaron los controles para regularizar estas situaciones:

"Es importante cumplir las normas, principalmente para evitar multas. Si el contribuyente aporta por un terreno baldío y tiene una propiedad edificada, está infringiendo las normas".

En la misma línea, destacó que los trámites son accesibles y ágiles, y subrayó que la presentación voluntaria siempre es preferible a enfrentar una sanción:

"Estamos para asesorar y agilizar los procesos, porque siempre es mejor que el contribuyente se presente voluntariamente a tener que hacerlo cuando ya recibió una sanción".

Para quienes necesiten orientación, ATER ofrece asistencia personalizada a través de su Servicio de Atención al Contribuyente (SAC), disponible por teléfono o correo electrónico.

Además, los interesados pueden consultar información detallada y acceder a formularios en el sitio web oficial de ATER, o acercarse a la representación territorial más cercana a su domicilio.

Asunción, 30 de julio de 2025.- Esta mañana, el juez de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, resolvió enviar a juicio oral y público al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. La decisión fue adoptada tras concretarse la audiencia preliminar, celebrada entre las 9:00 y las 11:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.

Kueider y Guinsel arribaron al juzgado bajo custodia de la Policía Nacional paraguaya, dado que actualmente cumplen arresto domiciliario. La medida forma parte tanto del proceso por contrabando como del pedido de extradición impulsado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desde la República Argentina.

Durante la audiencia, la defensa de la pareja —a cargo de los abogados Carlos Arévalo y Marcelo Bogado— solicitó la nulidad de la acusación y la exclusión de las grabaciones obtenidas por las cámaras de Aduanas en el Puente de la Amistad, que registraron el intento de ingreso de más de USD 200.000 sin declarar el pasado 4 de diciembre. Ambos pedidos fueron rechazados por el magistrado Otazú, quien justificó la celeridad de la audiencia al señalar que se presentaron "pocas incidencias" procesales.

“El hecho punible que se les atribuye es tentativa de contrabando. Así se inició el proceso y así lo ratificó hoy también el Ministerio Público”, explicó Otazú en declaraciones a El Observador de Paraguay. Aclaró además que la defensa sostiene una “interpretación jurídica distinta” respecto a lo que debe considerarse bien o mercancía, un punto que será debatido durante el juicio.

La pareja continúa detenida preventivamente, aunque han ofrecido como fianza un inmueble valuado en 500 millones de guaraníes (unos 4 mil dólares cada uno), que fue aceptado por la Justicia paraguaya. Ese monto fue requerido también en el marco del proceso de extradición iniciado por Argentina.

Este último punto cobra especial relevancia, ya que la continuidad del proceso judicial paraguayo incidirá directamente en el tratamiento del pedido de extradición. Según confirmó el juez Rolando Duarte, Kueider y Guinsel rechazaron la “fórmula simple” —que implicaría aceptar el traslado sin juicio—, lo que obliga ahora a realizar un proceso completo de extradición. El juzgado argentino cuenta con un plazo de 45 días para remitir la documentación necesaria.

En Argentina, ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de lavado de activos. No obstante, el pedido de extradición aún no incluye otras figuras penales, aunque la causa continúa abierta.

Con la causa elevada a juicio oral en Paraguay, se espera que en las próximas semanas se defina el tribunal competente y la fecha del debate. El proceso podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países en casos de criminalidad económica transnacional.

Durante gran parte del siglo XX, Concordia fue protagonista de una verdadera revolución agroindustrial de la mano de Pindapoy, una empresa citrícola que no solo transformó la economía regional, sino que dejó una huella profunda en la historia productiva del país. Su impulso inicial estuvo a cargo de los hermanos Próspero y Carmelo Bovino, quienes conformaron una dupla emprendedora y visionaria.

Mientras Carmelo se encargaba de la comercialización y las relaciones empresariales desde Buenos Aires, Próspero lideraba el proceso productivo y la plantación de cítricos en la región de Concordia. Juntos implementaron un innovador sistema de ventas: las frutas se subastaban incluso antes de llegar a destino y sin estar a la vista del comprador, en una muestra de confianza y eficiencia logística pocas veces vista para la época.

La empresa fue formalmente constituida en 1956 bajo el nombre de Pindapoy Sociedad Anónima Agropecuaria, Industrial y Comercial, manteniendo un directorio de carácter familiar, con Carmelo en la presidencia y Próspero como vicepresidente.

Uno de los pilares del éxito de Pindapoy fue su modelo de integración vertical y horizontal, que les permitió abarcar todas las etapas de la producción. Fundaron Fertimaq S.A., dedicada a fabricar fertilizantes y maquinaria propia, disminuyendo la dependencia de proveedores externos. También contaban con fábricas de cajones, pallets, bolsas en red, aserraderos y una amplia superficie de hectáreas plantadas con cítricos.

Durante los años 60, la empresa importó tecnología de punta para montar en Concordia una de las fábricas de jugos y aceites esenciales más grandes y modernas del mundo. De esta manera, no solo exportaban fruta fresca, sino que también industrializaban el producto con presentaciones enlatadas, concentradas y congeladas, optimizando el uso de la materia prima y diversificando los destinos comerciales.

Hacia 1989, Pindapoy contaba con 7 plantas de empaque, 2 fábricas de jugos, 2 fábricas de pallets, una planta de insumos para empaque, 2 aserraderos, una fábrica de bolsas en red, además de Fertimaq. Llegó a emplear a unos 4.000 trabajadores, constituyéndose en una de las industrias más relevantes de Entre Ríos y del país.

Sin embargo, el deterioro del escenario económico nacional e internacional hacia fines de los años 80, sumado al retiro de sus fundadores, marcó el inicio del declive. Endeudada y sin el liderazgo que la caracterizó en sus mejores años, Pindapoy fue vendida a fines de 1991, cerrando así un ciclo de innovación, trabajo y orgullo local.

Más allá de su desaparición como empresa, Pindapoy sigue siendo un emblema para Concordia, ejemplo de lo que puede lograrse con visión, esfuerzo familiar e inversión en tecnología. Su historia permanece viva en la memoria colectiva de la ciudad y en el legado de una industria que supo mirar al mundo desde el corazón del litoral argentino.

Representantes del Consejo de Administración de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) mantuvieron este martes una importante reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, en la que abordaron la necesidad de consolidar y fortalecer las estrategias sanitarias destinadas a preservar la salud del rodeo entrerriano.

Durante el encuentro, se trataron los planes de lucha contra la fiebre aftosa, la garrapata y la brucelosis, tres ejes centrales en la agenda sanitaria agropecuaria de la provincia.

Desde la entidad –gestionada por representantes de las tres principales organizaciones gremiales del sector agropecuario entrerriano: la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer)– se destacó la importancia de mantener y consolidar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, que ha permitido a la provincia sostener su estatus sanitario en los últimos años.

Además, se subrayó la urgencia de redoblar esfuerzos conjuntos entre el Estado y el sector privado en la lucha contra la garrapata, un flagelo que impacta no solo en la sanidad bovina, sino también en la economía de los productores.

“Las enfermedades como la brucelosis, la aftosa o la garrapata no solo comprometen la salud del ganado, sino también el acceso a mercados y la competitividad de nuestro sistema productivo”, señalaron desde Fucofa tras el encuentro.

El gobernador Frigerio, por su parte, expresó su compromiso con la sanidad animal y el trabajo articulado con las entidades rurales, reconociendo el rol estratégico que cumple la Fundación en la ejecución de campañas de vacunación y prevención en todo el territorio entrerriano.

A partir del domingo 1 de junio, los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de YPF sufrirán un aumento promedio del 1%, según anticiparon fuentes de la compañía a Infobae. La medida responde a la decisión del Gobierno nacional de aplicar una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

Desde la petrolera estatal destacaron que esta suba se enmarca en el compromiso de “mantener un acuerdo honesto con los consumidores”, basado en un monitoreo continuo de las variables que afectan los precios de sus productos, como el valor internacional del petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva. Se espera que las demás empresas del sector, como Shell, Axion y Puma Energy, acompañen con incrementos similares en los próximos días.

La actualización impositiva dispuesta por el Ejecutivo implica una suba parcial, con impacto limitado al 1%, que según estimaciones de la consultora Economía y Energía representa un costo fiscal mensual superior a los USD 200 millones. En marzo pasado, ya se había aplicado un ajuste correspondiente al último trimestre de 2023, aunque todavía permanecen pendientes los aumentos de todo 2024 y el primer trimestre de 2025.

Cabe recordar que, a principios de mayo, YPF había implementado una baja del 4% en los precios de sus combustibles debido a la caída de los precios internacionales del crudo. Sin embargo, a mediados de ese mes, aplicó un leve incremento de entre 0,2% y 0,46% en respuesta al aumento en el valor de los biocombustibles.

A pesar de las fluctuaciones en los precios, la demanda de combustibles mostró señales de recuperación. En abril de 2025, la venta total de naftas y gasoil en todo el país alcanzó los 1.323.216 metros cúbicos, lo que representa un incremento del 2,1% interanual, según un informe de Politikon Chaco basado en datos oficiales. Es el segundo mes consecutivo con suba, luego de quince meses de caídas, aunque en comparación con marzo se registró una baja del 6%.

Del total comercializado, el 57% correspondió a naftas y el 43% a gasoil. La nafta premium fue la de mayor crecimiento interanual con un 19,8%, mientras que la nafta súper tuvo una suba del 0,7%, revirtiendo cinco meses consecutivos de retracción. En contraste, el gasoil común cayó 8,1%, aunque el premium creció un 11,3%, lo que dejó al segmento con una baja total del 1,6%.

En cuanto a la participación de mercado, YPF se mantuvo al frente con un 55,4% y un crecimiento interanual del 3,4%. Le siguieron Shell (24,4%, +7,7%), Axion (12,5%, +5,5%) y Puma Energy (6,1%, +13,1%). Por el contrario, Gulf Combustibles tuvo una participación del 1,6% y una caída del 1,2%.

El repunte en las ventas no fue homogéneo. Trece de las 24 jurisdicciones registraron subas interanuales en abril. Los mayores incrementos se dieron en Formosa (15%), Tierra del Fuego (11,1%) y Santiago del Estero (10,6%). En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-10,4%) y Tucumán (-11,2%) lideraron las caídas.

La nafta fue el combustible más vendido en 21 provincias, especialmente en CABA, donde representó el 78,1% del total comercializado. El gasoil predominó en Córdoba, Mendoza y La Pampa.

En la categoría naftas, 17 provincias registraron subas interanuales, con Buenos Aires (+11,3%) y Formosa (+10,1%) entre las más destacadas. La nafta premium creció en todas las jurisdicciones, destacándose Tierra del Fuego con un alza del 47,1%.

En cuanto al gasoil, aumentó en 11 provincias, con Formosa (24,1%), Tierra del Fuego (20,6%) y Santiago del Estero (19,6%) a la cabeza. El gasoil premium creció en 21 distritos, mientras que el común solo lo hizo en cuatro.

El informe presentado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos, indica que el cierre del año 2024 presenta un panorama financiero complejo para la provincia de Entre Ríos. Según los datos oficiales, el resultado primario acumulado del Estado Provincial fue superavitario en $27 mil millones. Sin embargo, al incluir el pago de intereses de la deuda, que asciende a $72 mil millones, el resultado financiero se torna deficitario en casi $45 mil millones.

Tomando en cuenta la inflación acumulada y ajustando los valores a precios de diciembre de 2024, se observa que tanto los ingresos totales como los gastos primarios crecieron por debajo de la inflación, registrando caídas reales del -23% y -26%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los recursos tributarios nacionales, principal fuente de financiamiento provincial, mostraron una reducción real del -9%. En la misma línea, los impuestos provinciales cayeron un -10% real. A esto se suma la drástica disminución de las transferencias discrecionales enviadas por el Gobierno Nacional, que se desplomaron un -67% en términos reales.

Dentro del apartado de otros recursos no tributarios, las ventas de bienes y servicios descendieron un -72% y las rentas generadas por inversiones financieras se redujeron en un -77%.

En lo que respecta a la composición de los tributos provinciales, los Ingresos Brutos continúan siendo la principal fuente de recaudación, representando el 71% del total. De este porcentaje, el 37% proviene del convenio multilateral y el 34% de la recaudación directa. En menor medida, el impuesto a los Sellos y el Automotor representan un 7% cada uno, mientras que los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural contribuyen con un 4% cada uno.

El total acumulado de la recaudación de tributos provinciales sigue una tendencia descendente, con una variación real negativa del -10% respecto al mismo período de 2023. En detalle, los impuestos a los Ingresos Brutos disminuyeron un -7%, al igual que el tributo a los Sellos, mientras que el Inmobiliario Urbano cayó un -32%, el Automotor un -21% y otros tributos un -96%. El único impuesto que se mantuvo relativamente estable en términos reales fue el Inmobiliario Rural, con un leve aumento del 1%.

El gasto primario total se redujo en un -26% en términos reales, como consecuencia de una caída del -22% en los gastos corrientes y una del -72% en los gastos de capital.

Dentro de los gastos corrientes, el gasto en empleo público y en seguridad social representan el 46% y el 25% del total, respectivamente. Ambos rubros cayeron en términos reales, con un descenso del -20% en el gasto de personal y del -15% en seguridad social. En cuanto a la coparticipación a municipios, esta experimentó una reducción del -8% real.

En contraste, los intereses de la deuda crecieron un 32% interanual, superando la inflación anual.

Al cierre de diciembre de 2024, la deuda provincial alcanzó los $751 mil millones, representando el 19% del total de los recursos públicos provinciales acumulados al mes de diciembre. Si bien la deuda aumentó nominalmente un 29% respecto a diciembre de 2023, al descontar la inflación interanual del 117,8%, la disminución en términos reales fue del -41%.

Del total adeudado, el 52% corresponde a títulos públicos ($390 mil millones), el 33% a deudas con el Estado Nacional ($251 mil millones) y el 15% a compromisos con bancos privados ($110 mil millones).

Cabe destacar que la deuda con el Estado Nacional disminuyó un -7% nominalmente (equivalente a una caída real del -57%), mientras que el monto de los bonos públicos se incrementó en un 2% nominal (-53% en términos reales). En particular, la deuda con entidades financieras privadas experimentó un fuerte incremento, pasando de apenas $260 mil a $110 mil millones en un año.

En junio de 2024, el Gobierno Provincial autorizó la toma de un "préstamo sindicado" con el Nuevo Banco de Entre Ríos por $70 mil millones. Este financiamiento fue destinado a cubrir el pago del Bono ER2025 en agosto de 2024, que equivalía a U$S 65 millones. Dicho préstamo fue posible tras la cancelación de un crédito previo de $40 mil millones (más $14 mil millones en intereses), mejorando el perfil crediticio de la provincia.

Los intereses acumulados a diciembre de 2024 ascienden a $72 mil millones, de los cuales el 44% corresponden a los pagos efectuados por el Bono ER2025, es decir, U$S 37 millones.

Para 2025, el perfil de vencimiento de la deuda provincial contempla pagos por U$S 122 millones en dos cuotas del Bono ER2025: la primera en febrero y la segunda en agosto, ambas por U$S 61 millones.

El análisis de la ejecución presupuestaria de Entre Ríos al cierre de 2024 deja en evidencia una situación fiscal desafiante, con ingresos que no logran superar la inflación y una marcada caída en las transferencias nacionales. A esto se suma la persistencia de un déficit financiero significativo y el aumento en los intereses de la deuda. La gestión del financiamiento público y la planificación de los próximos vencimientos serán clave para garantizar la estabilidad económica de la provincia en el próximo año.

El pasado jueves se promulgó la Reforma Tributaria 2025 (Ley N° 11193), una iniciativa impulsada por el gobierno de Entre Ríos que moderniza el sistema impositivo provincial, reconoce el buen cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomenta la inversión y el empleo. La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) trabajó en el diseño e implementación de estas modificaciones, buscando consolidar un esquema tributario más previsible y adaptable a las necesidades de los contribuyentes, promoviendo el equilibrio fiscal y el desarrollo económico.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó que “en línea con los objetivos trazados por el gobernador Rogelio Frigerio, la actualización del Código Fiscal representa un paso adelante para mejorar la competitividad de Entre Ríos, eliminando distorsiones y simplificando el cumplimiento tributario para ciudadanos y empresas”. Además, agregó: “Con estas medidas brindamos alivio fiscal a sectores productivos, priorizando a los pequeños y medianos contribuyentes, e incentivamos la inversión y el crecimiento sostenido”.

La reforma incorpora diversas herramientas para optimizar la administración fiscal y beneficiar a los contribuyentes. Entre las principales se destacan:

Compensación de tributos: Se permite la compensación de créditos fiscales con saldos deudores dentro del mismo contribuyente, así como la transferencia de créditos fiscales a terceros con autorización de ATER. Esto mejorará la administración financiera.

Incentivos por cumplimiento: Se establecen descuentos de hasta el 50% en los impuestos Inmobiliario y Automotor para quienes paguen en término, adhieran a la boleta digital o realicen pagos anticipados, fomentando una cultura de responsabilidad fiscal.

Estas medidas buscan fortalecer la relación entre el Estado y los contribuyentes, optimizando recursos y reduciendo costos administrativos innecesarios.

La reforma impulsa una reducción significativa de alícuotas en sectores estratégicos de la economía provincial, favoreciendo especialmente a los contribuyentes con menores ingresos:

Agricultura, ganadería y pesca: Exención total para contribuyentes con facturación anual inferior a 800 millones de pesos y una alícuota reducida del 0,75% para quienes superen ese umbral.

Industria manufacturera: Exención para industrias con ingresos anuales menores a 1.100 millones de pesos, alícuota general del 1%, y una tasa especial del 1,5% para industrias con ingresos superiores a 4.000 millones de pesos.

Comercio mayorista y minorista: Alícuota general del 4%, que desciende al 3,5% para contribuyentes con ingresos menores a 800 millones de pesos, y se incrementa al 5% para ingresos superiores a 4.000 millones de pesos.

Transporte de carga y pasajeros: Nueva alícuota del 0,5% en el Impuesto a los Sellos para la inscripción de vehículos 0 km destinados a transporte, reduciendo casi un 80% dicho impuesto. Además, una alícuota diferencial del 1,5% en Ingresos Brutos para empresas cuyos vehículos estén radicados en la provincia.

Vehículos 0 km de uso particular: Nueva alícuota del 1,25% en Impuesto a los Sellos, reduciendo en un 60% la carga tributaria.

Construcción y obra pública: Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos para proyectos financiados por el Estado provincial, promoviendo la inversión en infraestructura y obra pública.

Korell subrayó que “queremos que las empresas entrerrianas compitan en mejores condiciones, reduciendo costos y facilitando la generación de empleo genuino. Es fundamental consolidar un modelo de provincia competitiva, que ofrezca un entorno previsible y amigable que incentive las inversiones y el desarrollo de nuevos negocios”.

Además de aliviar la carga tributaria sobre los sectores productivos, la iniciativa fortalece la recaudación mediante un sistema más eficiente y equitativo. Sus principales beneficios incluyen:

Mayor equidad fiscal: Redistribución de esfuerzos tributarios, beneficiando a contribuyentes con menores ingresos y sectores clave de la economía entrerriana.

Fomento a la inversión privada: La reducción de la carga impositiva fortalece a las empresas locales y atrae nuevas inversiones.

Impulso a la obra pública: Los recursos generados por los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor se destinarán a infraestructura educativa y conservación vial, impactando positivamente en el desarrollo provincial.

“Esta reforma no solo ordena y moderniza nuestro sistema tributario, sino que también consolida una política fiscal orientada a impulsar el crecimiento económico, generando estabilidad, previsibilidad y transparencia”, concluyó Korell.

Para más información, los contribuyentes pueden consultar el sitio web de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o acercarse a sus oficinas en cada localidad de la provincia.

La Liga de Intendentes del PJ de Entre Ríos elaboró un documento en el que se analiza la estructura de financiamiento de los gobiernos locales y los desafíos que enfrentan ante el actual contexto económico y político. En él, se destaca la creciente descentralización de funciones hacia los municipios y comunas sin una transferencia proporcional de recursos, lo que genera una presión cada vez mayor sobre las administraciones locales.

El documento detalla que las principales fuentes de ingresos de los municipios entrerrianos provienen de tres rubros:

a) Recursos del Régimen de Coparticipación; b) Recursos propios; c) Transferencias del Gobierno Nacional.

Históricamente, el tercer punto ha sido clave para el desarrollo de obras de infraestructura y diversos programas municipales. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno nacional ha recortado casi la totalidad de estas transferencias, afectando incluso obras que ya se encontraban en ejecución.

Ante esta situación, los municipios deben afrontar sus crecientes obligaciones con los recursos de la coparticipación provincial y la tributación local. Esta última se sostiene principalmente mediante tasas y contribuciones, dado que las potestades tributarias municipales están limitadas por normativas que impiden aplicar tributos análogos a los impuestos coparticipados.

Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de la incidencia de las tasas municipales dentro del esquema impositivo general. Según los datos presentados:

El 83% de la presión fiscal es ejercida por impuestos nacionales.

El 17% corresponde a impuestos provinciales y tasas municipales.

A pesar de la predominancia de la recaudación nacional, los municipios se ven obligados a asumir cada vez más funciones, brindando apoyo a la policía, escuelas, hospitales y otras áreas sin contar con los recursos adecuados. Al mismo tiempo, las tarifas de servicios como la energía eléctrica y el gas natural, reguladas a nivel nacional, sufren aumentos que generan indignación en la población, mientras que los gobiernos locales son señalados injustamente como responsables de estos costos.

El documento concluye con tres puntos clave:

La tributación local es una herramienta fundamental para sostener las demandas de las comunidades.

La falta de financiamiento nacional agrava la situación de los municipios y afecta la prestación de servicios esenciales.

Los municipios entrerrianos, en su mayoría, no han creado nuevos tributos, y los ajustes en tasas responden al costo de los servicios prestados.

Finalmente, los intendentes advierten que la mayor carga tributaria recae en el gobierno nacional, y que la falta de recursos enviados a las provincias y municipios limita gravemente su capacidad de gestión. En este contexto, consideran inaceptable cualquier intento de trasladar el costo político de la caída de la recaudación nacional a los gobiernos locales, lo que solo contribuiría a profundizar la confrontación política y social en el país.

Un reciente informe elaborado por la consultora Eco Go, especializada en economía, finanzas y política, posiciona a Entre Ríos como una de las jurisdicciones con menor presión fiscal en el impuesto a los ingresos brutos. El estudio, que analiza datos correspondientes al tercer trimestre de 2024 y al período de los 12 meses anteriores, ubica a la provincia en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, entre las regiones con menor carga impositiva en este rubro.

Según el informe, la participación del impuesto sobre los ingresos brutos en Entre Ríos se sitúa por debajo del promedio nacional. Para el tercer trimestre de 2024, el porcentaje a nivel país alcanza el 82,5%, mientras que en la provincia es de 73,6%, lo que la coloca en el tercer puesto, solo por detrás de San Juan y Tierra del Fuego. En tanto, en el período de 12 meses previos a septiembre de 2024, Entre Ríos promedia un 76,4%, ubicándose en el cuarto lugar, después de Tierra del Fuego, Chaco y San Juan, y también por debajo de la media nacional, que fue del 83,2%.

Estos datos reflejan que Entre Ríos mantiene una presión fiscal relativamente baja en comparación con otras provincias argentinas, lo que podría ser un factor atractivo para inversiones y emprendimientos en la región. La menor carga impositiva en el impuesto a los ingresos brutos podría beneficiar a las empresas locales, permitiéndoles destinar más recursos a su crecimiento y desarrollo.

Eco Go, la consultora responsable del informe, es reconocida por su análisis exhaustivo de datos económicos, financieros y políticos. Su trabajo se enfoca en brindar herramientas que permitan comprender la coyuntura del mercado y maximizar la eficacia en la proyección de flujos para proyectos de inversión y toma de decisiones. En este sentido, el informe no solo aporta información valiosa para el sector público, sino también para el privado, ofreciendo una visión clara de las dinámicas fiscales en el país.

Este posicionamiento de Entre Ríos como una de las provincias con menor presión fiscal en el impuesto a los ingresos brutos podría impulsar debates sobre la competitividad de las regiones y la necesidad de políticas que fomenten el desarrollo económico local. Asimismo, abre la puerta a reflexionar sobre cómo las diferencias fiscales entre provincias impactan en la distribución de inversiones y en el crecimiento equilibrado del país.

En un contexto económico complejo, donde la carga impositiva es un tema recurrente en la agenda pública, el informe de Eco Go aporta datos concretos que permiten analizar las disparidades regionales y su incidencia en el desarrollo económico. Entre Ríos, con su baja presión fiscal en este impuesto, se perfila como una jurisdicción con potencial para atraer inversiones y fortalecer su economía en los próximos años.

El miércoles 12 en una sesión especial de la Honorable Cámara de Senadores, el cuerpo aprobó por mayoría el dictamen de minoría. La iniciativa del Poder Ejecutivo será devuelta con modificaciones a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. La sesión estuvo presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, el senador Rafael Cavagna.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este miércoles la tercera sesión especial correspondiente al 145º Período Ordinario, presidida por el senador y vicepresidente primero de la Cámara, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), en reemplazo de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo.

Los senadores trataron en esta ocasión el expediente Nº 27.856, proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (Texto Ordenado 2022). Se aprobó el dictamen de minoría propuesto por el Bloque de Más para Entre Ríos con 9 votos a favor. El mismo fue remitido a la Cámara de Diputados para una nueva revisión, por uno de los artículos sobre el cual no hubo acuerdo, en torno a un adicional que se cobró sobre patentes durante 2024 sin respaldo legal, por la caducidad, en 2023, de la ley debió ser prorrogada y ese requisito fundamental fue omitido por el Ejecutivo.

En uso de la palabra, el senador Ruben Dal Molín (Federación) tras destacar la colaboración de todos los organismos intervinientes y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, argumentó que “el espíritu de la ley que enviara el Ejecutivo apunta a bajar impuestos”, como “otorgar beneficios a los contribuyentes de impuestos inmobiliarios automotores; también desde ingresos brutos e impuestos de sellos; favorecer el transporte; la maquinaria agrícola o el patentamiento de cero kilómetros”, y afirmó que: “la norma busca morigerar el impacto. Tiene rebajas significativas en alícuotas”.

En la misma línea, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) explicó que este proyecto “fue objeto de mucho debate. Esta ley llegó el año pasado, lamentablemente no pudimos resolver la diferencia respecto del adicional que estaba rigiendo, que bien señaló el senador Dal Molín, debe regir para el año 25”. 

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) explicó durante la sesión la diferencia entre ambos dictámenes, e indicó que “lo que ha generado más debate es que este proyecto de ley pretendió que el Senado ratificara el cobro de un impuesto que sucedió durante el año anterior sin que mediara la autorización legal correspondiente. Me refiero puntualmente al artículo 27 del proyecto de ley que hemos considerado que proponía la ratificación de los artículos 139, 140 y 269 del código fiscal para los periodos 2024 y 2025”.

Y argumentó que “estos artículos refieren a los adicionales del impuesto inmobiliario y del impuesto a los automotores, que fueron establecidos en el año 2013 por la ley 10.270, y a los cuales el Poder Ejecutivo les atribuyó el carácter de impuestos transitorios”. En esa línea, mencionó que con “la ley 10.754, publicada en el Boletín Oficial el 17 de diciembre de 2019, dispuso la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023. Luego de esa fecha, y acá viene la cuestión, no hubo ninguna ley que fijara nueva prórroga para estos adicionales. A partir del 1 de enero de 2024, esos adicionales dejaron de estar vigentes. Los cobros se siguieron realizando sin el sustento legal y hubo contribuyentes que se presentaron y solicitaron que el impuesto fuera liquidado sin los adicionales, porque concretamente no existía norma alguna que le permita el sustento”.

Finalmente, el legislador Sanzberro indicó que “ambos dictámenes coinciden en crear los adicionales con la misma base de cálculo estrictamente para el año 2025. En lo que difiere es que el dictamen de mayoría pretende derogar los artículos 139, 140 y 269 del Código Fiscal (Texto Ordenado 2022), y nosotros entendemos, y no tenemos margen de que esos artículos no están vigentes, de manera tal que no podemos derogar lo que no está vigente”.

El senador Dal Molin declaró que la norma “mejorará significativamente situaciones de nuestros contribuyentes”, y que si bien volvió a diputados para resolver un punto en discordia, “es una buena noticia porque los profesionales y contribuyentes sabrán con qué reglas manejarse”

Indicó que la reforma al Código Fiscal contempla descuentos de hasta un 50% para contribuciones inmobiliarios y automotor. También hay mermas en la presión nominal de Ingresos Brutos”, recalcando que “hay un solo punto en el que no hemos logrado ponernos de acuerdo, que tiene que ver con el cobro adicional del impuesto inmobiliario y automotor,  que la Ley 10270 previó en el año 2013 y que a nuestro juicio se cobró sin ley durante el año 2024”.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ha reforzado sus operativos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Impuesto Automotor. Estas acciones incluyen la solicitud de información a empresas aseguradoras, inspecciones en playas de estacionamiento de Paraná y un relevamiento sistemático de vehículos estacionados en espacios públicos, con el objetivo de identificar posibles morosidades y promover la regularización voluntaria de deudas tributarias.

Uno de los pilares de esta estrategia es el relevamiento de los dominios de los vehículos estacionados en playas de estacionamiento y otros espacios de acceso público. A través del sistema informático de ATER, se verifica el estado tributario de cada automotor. En caso de detectar deudas, los agentes dejan una notificación informativa al contribuyente, instándolo a regularizar su situación fiscal.

"Estos operativos tienen un enfoque preventivo y de concientización, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales", explicó Daniela Alonso, directora de Fiscalización Tributaria de ATER. Además, aclaró que "en ningún caso se retienen ni secuestran vehículos por cuestiones impositivas", subrayando que el objetivo es brindar asesoramiento y herramientas para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus pagos.

Como parte del operativo, ATER también supervisa que las playas de estacionamiento cumplan con las normas impositivas correspondientes. Además, se ha puesto especial atención en detectar vehículos cuyos titulares residen en Paraná pero tienen sus autos patentados en otras jurisdicciones, una práctica que puede estar asociada a maniobras evasivas. Para ello, se ha solicitado información a las empresas aseguradoras que operan en la zona, lo que permite cruzar datos y garantizar la equidad tributaria.

"El objetivo que definió el director de ATER, Jesús Korell, para estos operativos es brindarle asesoramiento y herramientas a los contribuyentes para que puedan regularizar voluntariamente su situación fiscal cuando detectamos condiciones de morosidad", agregó Alonso.

Desde ATER destacaron la efectividad de estas acciones, que no solo permiten identificar contribuyentes morosos, sino también ofrecer información clara sobre los medios de pago disponibles y los beneficios de regularizar la situación fiscal. Estas medidas buscan consolidar la cultura del cumplimiento voluntario y la responsabilidad fiscal, contribuyendo a optimizar los niveles de recaudación y fortalecer el equilibrio de las cuentas públicas.

El impuesto a los Ingresos Brutos se ha convertido en el centro de una disputa entre el gobierno nacional y las provincias, con críticas cruzadas, reclamos sectoriales y tensiones que escalan rápidamente. La polémica se intensificó esta semana luego de que el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, respondiera con dureza a las críticas de Mercado Libre respecto a la ley tributaria 2025, que modificó las alícuotas del impuesto para ciertas operaciones financieras y digitales. Mientras tanto, el Grupo de los Seis, que reúne a las principales entidades empresariales del país, presiona por una reducción de los tributos locales, en línea con la agenda de competitividad impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El lunes, Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín, emitió un comunicado en el que cuestionó la ley tributaria 2025 de Santa Fe, que aumentó la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para las fintech del 5% al 9%. La compañía argumentó que esta medida "golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local". Además, señaló que la suba afecta principalmente a las billeteras virtuales y a los servicios financieros digitales.

Al día siguiente, el ministro Pablo Olivares respondió en redes sociales con un mensaje contundente. Aseguró que no hubo un aumento generalizado de Ingresos Brutos para las ventas de bienes o servicios a través de plataformas digitales, sino que la medida apuntó a igualar el tratamiento tributario entre las fintech y los bancos. Olivares explicó que el incremento se aplica solo a los intereses que cobran las billeteras virtuales por financiamiento y a los réditos obtenidos por el diferimiento entre el débito al comprador y el crédito al comercio, lo que denominó "bicicleta financiera".

El ministro también reveló que, en diciembre, se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en la plataforma de Mercado Libre, lo que, según él, perjudica al comercio formal santafesino. "Estamos cuidando el trabajo y la producción santafesina cuando se la afecta desde la actividad en negro", afirmó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó a su ministro y salió al cruce de las críticas de Mercado Libre. En un acto público, Pullaro aseguró que no hubo una suba general de impuestos, sino que se buscó combatir la evasión y la competencia desleal. "No queremos que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera", afirmó, en una clara alusión a Marcos Galperín.

Pullaro también defendió la política tributaria de su gobierno, destacando que lo recaudado se destina a obras públicas. "Santa Fe es la única provincia que está llevando adelante obra pública", afirmó, y recordó que el año pasado se invirtieron 500 millones de dólares, con planes de aumentar esa cifra a 1.500 millones en 2025.

La empresa no se quedó callada. En un comunicado, Mercado Libre negó las acusaciones de operar en negro y calificó las declaraciones de Olivares y Pullaro como "difamaciones". La compañía aseguró que cumple con todas las obligaciones tributarias y rechazó cualquier asociación entre las fintech y actividades ilícitas como el lavado de activos. "Es falso y dañino asociar a las fintech con el crimen", afirmó.

Además, Mercado Libre reiteró su reclamo por un régimen tributario más equitativo y pidió que otras provincias revisen sus políticas impositivas para no afectar la competitividad del sector digital.

En paralelo, el Grupo de los Seis (G6), que integran la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Bancos Argentinos, emitió un comunicado en el que instó a las provincias y municipios a reducir la carga tributaria local.

El G6 destacó que "resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el gobierno nacional". Además, señaló que el peso de los tributos locales es especialmente alto en el comercio y los servicios, lo que afecta la competitividad de las empresas.

La disputa por los Ingresos Brutos también refleja la tensión entre el gobierno nacional y las provincias. El ministro de Economía, Luis Caputo, relanzó la ofensiva contra este impuesto luego de que los gobernadores de la Región Centro reclamaran la reducción de las retenciones a las exportaciones de granos. Caputo respondió con una rebaja temporal de los derechos de exportación, pero pidió a los empresarios que dirijan sus reclamos a los mandatarios provinciales, apuntando directamente a los Ingresos Brutos.

Mientras tanto, las provincias defienden su autonomía fiscal y argumentan que la presión tributaria nacional es mucho mayor que la local. En este contexto, el debate sobre los Ingresos Brutos parece lejos de resolverse, con actores clave como Mercado Libre, el G6 y los gobiernos provinciales y nacional en posiciones enfrentadas.

En un giro que moderniza la experiencia de carga de combustible, el gobierno nacional anunció una medida que permitirá a los automovilistas despachar su propio combustible en las estaciones de servicio. A través del Decreto 46/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se habilita esta modalidad, que ya funciona en países como Estados Unidos y varias naciones europeas desde hace décadas. Aunque la figura del playero no desaparecerá, los conductores ahora tendrán la opción de cargar combustible de manera autónoma, guiados por un sistema electrónico.

La Ciudad de Buenos Aires y Mendoza son las primeras jurisdicciones en implementar esta novedad, mientras que Buenos Aires, La Pampa y Jujuy mantienen la prohibición de la medida. El autodespacho representa un cambio cultural en Argentina, donde tradicionalmente el playero ha sido el encargado de atender a los vehículos. Sin embargo, esta transformación busca alinearse con prácticas internacionales y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.

Los dueños de las estaciones de servicio planean adoptar un modelo híbrido, similar al que funciona en países como Chile, Brasil y Colombia. Esto significa que, aunque los conductores podrán cargar combustible por su cuenta, también tendrán la opción de solicitar asistencia de un playero si lo prefieren. La idea es combinar la eficiencia del autoservicio con la comodidad del servicio personalizado, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

El proceso de autodespacho está diseñado para ser intuitivo y seguro. Al llegar a la estación de servicio, el conductor encontrará surtidores señalizados con un tótem electrónico que guiará cada paso. Las opciones disponibles incluyen:

Cargar el tanque completo.

Cargar una cantidad específica de litros.

Cargar un monto de dinero predeterminado.

Una vez seleccionada la opción, el conductor deberá elegir el tipo de combustible: nafta (súper o premium) o gasoil. Tras confirmar la elección, el surtidor se habilitará para comenzar la carga. El sistema está diseñado para garantizar seguridad y precisión en cada transacción.

El pago también se adapta a las nuevas tecnologías. Si el cliente elige abonar con tarjeta de crédito o débito, podrá completar la transacción sin interactuar con ninguna persona. Sin embargo, si prefiere pagar en efectivo o mediante un código QR, deberá acudir a un playero para finalizar la compra. Esta flexibilidad en los métodos de pago busca agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera en las estaciones.

El autodespacho de combustible marca un hito en la industria de las estaciones de servicio en Argentina. Aunque para muchos conductores representa un cambio significativo, la medida apunta a modernizar el sector y ofrecer una experiencia más eficiente y acorde con las tendencias globales. Con el tiempo, se espera que más provincias se sumen a esta modalidad, siempre respetando las normativas locales y las preferencias de los usuarios.

Mientras el país se adapta a esta nueva forma de cargar combustible, queda claro que la figura del playero no desaparecerá, pero su rol evolucionará hacia un servicio más especializado y complementario.