A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, una encuesta nacional muestra que la discusión sobre el rumbo económico podría convertirse en uno de los principales ejes de la campaña de 2027.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado en agosto, el 38,7% de los argentinos quiere que continúe el actual modelo económico, mientras que el 59,8% considera que debe cambiar el rumbo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la composición social del electorado. En la clase alta, seis de cada diez consultados respaldan la continuidad, mientras que en la clase baja esa proporción cae a aproximadamente uno de cada cuatro. En el extremo opuesto, la demanda de cambio supera el 70% entre los sectores de menores ingresos.

El relevamiento plantea así una diferencia marcada por posición socioeconómica más que por edad. Entre jóvenes, adultos y mayores, el respaldo a la continuidad se mantiene en niveles similares, entre el 37,7% y el 39,4%.

El respaldo al modelo económico convive con una creciente impaciencia respecto de sus resultados.

El 53,2% de los encuestados afirma que ya se le terminó la paciencia para esperar una mejora económica, mientras que apenas el 22,9% considera que ya está viendo resultados.

La percepción se mantiene prácticamente sin diferencias entre los distintos grupos etarios. El dato marca uno de los principales desafíos para el oficialismo: existe un sector que continúa respaldando el rumbo económico, pero que al mismo tiempo reclama resultados en el corto plazo.

La imagen y la aprobación de Javier Milei registraron una leve recuperación durante agosto.

La aprobación de su gestión pasó del 31,4% en julio al 32,2% en agosto, mientras que la desaprobación se ubicó en 54,1%.

En cuanto a su imagen personal, la valoración positiva avanzó del 30,9% al 32,7%.

Sin embargo, el crecimiento no modificó sustancialmente la estructura del electorado. La gestión mantiene sus mejores registros entre los sectores de mayores ingresos y sus niveles más bajos entre los sectores populares.

La aprobación llega a casi 60% en la clase alta, mientras que cae al 22,4% en la clase baja.

La segmentación de la imagen presidencial también muestra diferencias importantes.

Milei obtiene mejores registros entre varones, jóvenes y personas de clase alta, mientras que el rechazo alcanza su punto más elevado entre las mujeres, con 65,8% de valoración negativa, y en la clase baja, donde llega al 69,3%.

De esta manera, la mejora registrada en agosto parece consolidar al núcleo de apoyo existente, pero todavía no se traduce en una ampliación significativa hacia sectores donde el Gobierno tiene mayores dificultades.

El escenario también plantea interrogantes hacia el interior del espacio que sostiene al Gobierno.

Victoria Villarruel registra una imagen positiva del 18,9%, frente a un 55,3% de negativa. Además, el 62,8% afirma que nunca la votaría.

Su mejor desempeño aparece, al igual que el de Milei, entre los sectores de mayores ingresos: allí alcanza un 28,6% de imagen positiva y un 34,2% declara que podría votarla.

El dato permite interpretar a Villarruel como una eventual competidora por parte del mismo electorado que actualmente respalda la continuidad del modelo económico.

En un escenario donde ese espacio reúne alrededor del 39% del electorado, una eventual candidatura podría generar una disputa interna por ese voto en lugar de ampliar necesariamente la base oficialista.

El caso de Patricia Bullrich presenta algunas diferencias.

La exministra registra un 37,2% de imagen positiva y 49,8% de negativa. Su valoración también mejora entre sectores medios y altos y entre los varones, mientras que entre los sectores de menores ingresos la positiva baja al 25,6% y la negativa llega al 62,4%.

En materia electoral, Bullrich registra 19,3% de voto seguro, pero suma un 27,7% de personas que aseguran que podrían votarla.

Ese potencial la convierte, según los datos del relevamiento, en una de las figuras del oficialismo con mayor margen teórico para ampliar su electorado.

Del lado opositor, Axel Kicillof presenta una estructura prácticamente inversa a la de Milei.

La imagen positiva del gobernador bonaerense alcanza el 24,7% entre los sectores altos, mientras que sube al 48,9% en la clase baja. También obtiene mejores registros entre mujeres y personas mayores.

Sin embargo, el nivel de rechazo continúa siendo elevado y la mitad del electorado afirma que nunca lo votaría.

Por su parte, Myriam Bregman registra un 41,3% de imagen positiva frente al 44,2% de negativa, el diferencial menos desfavorable entre las figuras relevadas.

Su mejor desempeño aparece entre las mujeres, con 50,4% de imagen positiva, y entre los sectores de menores ingresos, donde alcanza el 53,5%.

Pero esa valoración no se traduce directamente en intención de voto: Bregman tiene apenas 11,9% de voto seguro, mientras que 51,7% asegura que nunca la votaría.

El relevamiento de agosto deja un escenario sin grandes desplazamientos. Ninguno de los principales dirigentes supera el 30% de voto seguro y todos enfrentan niveles de rechazo superiores al 50%.

Milei aparece con 26,5% de voto seguro, apenas por encima de Kicillof, que alcanza el 25,9%.

Los números describen un escenario electoral todavía abierto, pero con una característica definida: los principales dirigentes tienen dificultades para ampliar sus respectivas bases.

El oficialismo conserva un núcleo de respaldo cercano al 39% cuando se consulta por la continuidad del modelo económico, aunque enfrenta una demanda creciente de resultados. La oposición, por su parte, todavía no consigue capitalizar plenamente el descontento.

De cara a 2027, el desafío podría estar tanto en ampliar el electorado como en evitar una fragmentación interna. Con niveles de rechazo elevados y un electorado fuertemente condicionado por la situación económica, la capacidad de conservar unido el voto propio podría ser tan determinante como la posibilidad de sumar nuevos votantes.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2 por ciento.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había sido del 2,6 por ciento, y consolida una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4 por ciento.

Entre las divisiones que más subieron durante mayo se destacó Comunicación, con un incremento del 3,4 por ciento impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, que registró una variación del 2,9 por ciento.

Por el contrario, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con el 0,3 por ciento, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzaron un 0,8 por ciento.

Al analizar la evolución por categorías, los precios estacionales fueron los que registraron el mayor incremento, con una suba del 3,5 por ciento.

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo vinculado principalmente al aumento de algunas verduras, parcialmente compensado por la baja en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,4 por ciento, mientras que la denominada inflación núcleo se ubicó en el 1,9 por ciento, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2 por ciento.

El resultado informado por el INDEC se ubicó levemente por debajo de las proyecciones que manejaba el mercado. Diversas consultoras privadas estimaban una inflación para mayo de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la tendencia de desaceleración podría continuar durante los próximos meses y la inflación mensual descendería por debajo del 2 por ciento hacia agosto.

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que uno de los factores que contribuyó a moderar la suba de precios fue el limitado impacto que tuvo el ajuste de los combustibles durante mayo, sumado al mantenimiento de la estabilidad cambiaria y fiscal.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habitualmente funciona como un anticipo de la medición nacional, también había mostrado una desaceleración al registrar un incremento del 2,1 por ciento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la convergencia hacia niveles de inflación similares a los internacionales es un proceso que continuará en los próximos meses.

No obstante, algunos analistas advierten que el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la evolución de la actividad económica.

En ese sentido, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el escenario macroeconómico luce más estable que meses atrás, aunque señaló que la recuperación de la economía continúa siendo desigual entre sectores y presenta fluctuaciones que todavía generan incertidumbre.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en materia inflacionaria, mientras la atención se concentra ahora en la capacidad de la economía para consolidar una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de subas. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4% en comparación con abril del año pasado.

El dato representa la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025, cuando el costo de vida había registrado un aumento del 1,5%. Desde entonces, la inflación mantuvo una tendencia ascendente que llegó a superar el 3% mensual en los últimos meses.

Según supo la Noticias Argentinas, la baja de abril estuvo impulsada principalmente por una moderación en la inflación núcleo, es decir, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales. Este indicador pasó del 3,2% en marzo al 2,3% en abril, convirtiéndose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado.

Desde la consultora C&T Asesores Económicos señalaron que “la inflación núcleo explicó gran parte de la baja mensual”, destacando especialmente la desaceleración en algunos rubros vinculados al consumo cotidiano.

No obstante, algunos sectores continuaron mostrando fuertes incrementos. Entre las categorías analizadas por el INDEC, los precios regulados encabezaron las subas con un aumento del 4,7%, impulsados principalmente por el incremento en tarifas de transporte y electricidad.

En ese contexto, la división Transporte fue la que registró la mayor variación mensual, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo directamente relacionado con los ajustes en combustibles. Durante abril, YPF aplicó una suba del 1% en los precios de los combustibles y extendió por 45 días adicionales el esquema de congelamiento parcial de precios.

El rubro Educación también mostró una variación significativa, alcanzando el 4,2%, en un mes atravesado todavía por ajustes vinculados al inicio del ciclo lectivo y actualización de cuotas en distintos niveles educativos.

En contraste, las divisiones que reflejaron menores aumentos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 1,5%, y Recreación y cultura, que registró apenas un 1%.

En el caso de los alimentos, la desaceleración respondió principalmente a una baja en los precios de frutas y a una moderación general en productos de consumo masivo. También incidió una caída en los valores vinculados al turismo, que compensó parcialmente las subas estacionales en indumentaria por el cambio de temporada.

Las consultoras privadas coincidieron en que el dato de abril consolida una tendencia descendente gradual de la inflación, aunque remarcan que todavía persisten desafíos importantes para alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales es que el Ejecutivo había proyectado en el Presupuesto nacional una inflación anual del 10,1% para 2026, una meta que actualmente aparece fuera de alcance debido al comportamiento de los precios durante el primer cuatrimestre del año.

A pesar de ello, las expectativas para los próximos meses continúan siendo moderadamente optimistas. Distintas consultoras prevén que el IPC se mantendrá cerca del 2% mensual en el corto plazo.

La consultora EcoGo estimó para la primera semana de mayo una inflación del 2,2%, en línea con las proyecciones de C&T.

Según explicó el economista Camilo Tiscornia, “el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante”, al igual que la moderación en alimentos y bebidas, el impacto del Hot Sale y los ajustes limitados en combustibles.

“Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco prevé una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. Las proyecciones privadas indican que el costo de vida rondaría el 2,3% en mayo, el 2,1% en junio y el 2% en julio.

Estas estimaciones descartan, al menos por ahora, la posibilidad de que la inflación llegue a cero hacia agosto, como había anticipado en distintos momentos el presidente Javier Milei.

Desde la sociedad de bolsa PUENTE consideraron que el dato estuvo “en línea con lo esperado por el mercado”, por lo que no anticipan correcciones significativas en las previsiones económicas de corto plazo.

Además, remarcaron que, aunque la inflación continuará desacelerándose gradualmente, las tasas reales seguirían siendo negativas durante los próximos meses, un aspecto que todavía genera preocupación entre analistas y ahorristas.

Con este nuevo dato, el Gobierno logra mostrar una señal de alivio después de varios meses de aceleración inflacionaria, aunque el escenario económico todavía presenta tensiones y desafíos estructurales. La evolución de los precios en los próximos meses será clave para determinar si la desaceleración observada en abril logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa temporal dentro de un proceso inflacionario aún persistente.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de febrero fue del 2,9%, lo que llevó el aumento acumulado de precios en el primer bimestre del año al 5,9%. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registra una desaceleración desde hace nueve meses.

En términos interanuales, la variación del IPC alcanzó el 33,1%, según el relevamiento oficial.

El informe del Indec señala que la división con mayor incremento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 6,8%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por ajustes en las tarifas de servicios públicos, como gas, agua y electricidad, así como por modificaciones en los esquemas de subsidios y segmentación tarifaria en distintas provincias.

El segundo rubro con mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3,3%.

Este sector, además, tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, debido principalmente al aumento en carnes y derivados. La excepción fue la región Patagonia, donde el mayor impacto se registró en el rubro vivienda y servicios.

En contraste, las divisiones que registraron los menores movimientos durante febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registraron variación en el mes.

En cuanto a las categorías que agrupan distintos tipos de precios, los Regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que aumentó 3,1%. Por su parte, los precios Estacionales registraron una caída del 1,3%.

La publicación del índice de febrero se produce en medio de un aumento en el precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, los analistas estiman que este fenómeno podría reflejarse recién en los índices de inflación de los próximos meses.

El dato nacional difundido por el Indec se ubicó por encima del indicador publicado recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% de enero.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumulada en los primeros dos meses del año en la ciudad fue de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

Pese a la aceleración registrada en febrero, el presidente Javier Milei ha sostenido en distintos discursos y entrevistas que para agosto de este año la inflación mensual podría acercarse a cero, lo que implicaría niveles mínimos de variación de precios.

El dato también se conoció en medio de cambios institucionales dentro del organismo estadístico. En las últimas semanas se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología de medición de inflación que se venía desarrollando desde 2017.

El nuevo titular del organismo, Pedro Lines, comenzó a analizar alternativas para actualizar el indicador, cuya metodología actual presenta más de dos décadas de antigüedad y ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que recomienda una modernización del sistema de medición.

América Latina, y particularmente la Argentina, se han convertido en un punto estratégico para Mengniu Dairy Company Limited, el complejo lácteo nacido en Hohhot —capital de Mongolia Interior— que en apenas 25 años pasó de ser una firma provincial a transformarse en una de las multinacionales líderes de la industria láctea mundial.

La empresa, que en 2018 sorprendió al mundo al patrocinar a Lionel Messi rumbo al Mundial de Rusia, importa hoy productos desde la región, trabaja con distribuidores locales y adquiere ingredientes específicos para sus distintas líneas de producción.

Para los exportadores latinoamericanos de leche en polvo, proteínas lácteas o sueros, Mengniu representa un potencial comprador… aunque uno particularmente exigente: trazabilidad completa, certificaciones ambientales, calidad constante y regularidad en la entrega son requisitos imprescindibles para iniciar cualquier negociación.

Fundada a fines de la década de 1990, Mengniu es hoy una multinacional privada que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, emplea a más de 38.800 personas y procesa alrededor de 13,95 millones de toneladas de productos lácteos por año. Su presencia industrial abarca 45 plantas en China y fábricas en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y Filipinas, procesando casi 14.000 millones de litros anuales.

Según datos confirmados a Noticias Argentinas, el hólding alcanzó en 2024 una facturación de 88.675 millones de renminbis (RMB) —unos 12.400 millones de dólares—, mientras que en la primera mitad de 2025 sumó 41.567 millones de RMB (5.840 millones de dólares), con un notable margen bruto del 41,7%.

El corazón del negocio está en la leche larga vida, que concentra más de dos tercios de los ingresos. A esto se suman yogures y helados —con Aice como marca líder en Indonesia—, quesos (un segmento en pleno crecimiento en China) y fórmulas infantiles, un mercado altamente regulado y sensible.

Mengniu ha reforzado su estructura con el esquema “One Core – Two Wings”.

Para sus líneas premium e infantiles, la compañía utiliza leche e ingredientes importados desde Australia y Nueva Zelanda, mercados asociados a estándares de calidad elevados.

El crecimiento global de Mengniu está fuertemente marcado por la crisis alimentaria de 2008, cuando la industria láctea china quedó envuelta en un escándalo por leche adulterada con melamina. Aunque Mengniu no fue la autora del fraude, sí resultó afectada por su cadena de proveedores.

El impacto obligó a reestructurar completamente el sector: cierre de tambos inseguros, controles diarios, sistemas de trazabilidad desde la vaca hasta el envase y una inversión sostenida en certificaciones verdes, eficiencia hídrica, reducción de emisiones y compromisos de no deforestación para insumos importados.

Hoy, estos estándares no son solo parte de la reconstrucción reputacional del sector, sino condiciones clave para participar en cadenas globales donde la trazabilidad pesa tanto como la calidad del producto.

La Argentina produce cerca de 30 millones de litros de leche diarios, de los cuales más del 60% es procesado por 15 grandes empresas con plantas multiproducto y tecnología de nivel internacional.

Aunque la canadiense Saputo encabeza el ranking nacional en volumen, Mastellone Hnos. (La Serenísima) sigue siendo la referencia histórica y la marca más reconocida.

El sector atraviesa un proceso de reordenamiento, marcado por recientes quiebras —como La Suipachense y ARSA (fabricante de productos SanCor)— y por la delicada situación de la cooperativa SanCor, que afronta planes de salvataje e intervención judicial mientras inversores internacionales observan de cerca… entre ellos, según trascendió, Mengniu.

Para el gigante chino, Argentina representa un mercado atractivo no solo por su escala productiva, sino por la calidad de sus insumos lácteos y el potencial para integrarse en cadenas globales de valor. La compañía ya opera en la región de Asia-Pacífico con fuerte presencia en Indonesia, y utiliza Australia y Nueva Zelanda como base para sus líneas premium.

La eventual incorporación de proveedores sudamericanos dependerá, como destacan fuentes del sector, del cumplimiento estricto de los estándares que Mengniu exige a nivel global: calidad estable, trazabilidad exhaustiva y sustentabilidad ambiental.

Mientras la industria argentina busca consolidarse tras años turbulentos, la mirada del coloso mongol suma un nuevo capítulo en el reacomodamiento global del mercado lácteo.

El Gobierno nacional avanza con paso firme en su ambiciosa agenda de privatizaciones, buscando capitalizar el impulso político y económico de los últimos meses para concretar el traspaso de activos estratégicos en los sectores de transporte y energía a manos privadas.

Con la mira puesta en las próximas semanas, la administración de Javier Milei tiene previsto dar los primeros pasos concretos del proceso durante noviembre, con la licitación de rutas nacionales y de cuatro represas hidroeléctricas, al tiempo que se definen los detalles del listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.

Según trascendió en despachos oficiales, ese listado —que incluirá compañías de participación estatal total o parcial— se enviará al nuevo Congreso en los próximos meses. Mientras tanto, el Ejecutivo busca enviar una señal clara de que el proceso “no se detendrá”, marcando el inicio de un repliegue sostenido del Estado en la economía.

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas ultiman los detalles para adjudicar la denominada “ruta del Mercosur”, la primera en ser concesionada bajo la gestión Milei. Según informaron fuentes oficiales, siete empresas presentaron ofertas, y la preadjudicación se conocerá en las próximas dos semanas.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, al confirmarse el interés de las firmas oferentes.

Por otro lado, el próximo viernes 7 de noviembre se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, por las que el Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares.

Los actuales operadores —AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul— manifestaron su intención de participar, tanto para conservar la administración de sus respectivas centrales como para competir por nuevas concesiones.

Durante 2025, el Gobierno planea lanzar una segunda etapa de licitaciones para las rutas nacionales que actualmente administra Corredores Viales, que abarcan unos 4.400 kilómetros e incluyen tramos estratégicos como la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Newbery, y las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de los accesos a los puertos del Paraná. Una tercera etapa, que contempla la ruta 9, se licitaría a comienzos de 2026.

En materia energética, el proceso de venta por unidades de Enarsa se iniciará con las represas del Comahue, mientras que el Ejecutivo trabaja en la documentación para ofertar antes de febrero las acciones estatales de Transener, principal transportista de energía eléctrica del país.

También se avanza en la valuación de AYSA, empresa de agua y saneamiento del AMBA, como paso previo a la venta de la mayoría accionaria en la Bolsa. En tanto, el llamado a licitación de Belgrano Cargas se prevé entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

Hacia fin de año, el Gobierno proyecta además licitar la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para las exportaciones agroindustriales, y acelerar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, posiblemente entre diciembre y los primeros meses de 2026.

Si bien la efectiva transferencia de la mayoría de las firmas autorizadas por la Ley Bases quedaría para el primer tramo de 2026, el Ejecutivo ya delineó los pasos para continuar con su política de “retiro del Estado de la economía”, uno de los pilares del programa libertario.

En ese contexto, figuran en carpeta Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías que podrían incorporarse a una segunda ola de privatizaciones.

Un reciente informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos analizó en profundidad la situación energética y tarifaria de la provincia, comparándola con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El estudio abarcó la evolución del consumo, los precios del servicio eléctrico, la estructura de las tarifas y proyecciones a futuro, en un contexto nacional marcado por la quita de subsidios y la suba de precios.

Durante febrero de 2025, Entre Ríos registró una demanda de energía eléctrica de 395.230 megavatios hora (MWh), lo que la posicionó como la provincia con menor consumo dentro de la Región Centro. Esta cifra fue un 60% inferior a la de Córdoba y un 67% menor que la de Santa Fe.

Al observar el consumo per cápita, Entre Ríos alcanzó los 27 MWh por habitante, ubicándose por debajo de Santa Fe (33 MWh) y de Buenos Aires (31 MWh), aunque levemente por encima de Córdoba (26 MWh).

En cuanto a la variación interanual, el consumo cayó un 4% en Entre Ríos y un 5% en Buenos Aires, mientras que en Santa Fe y Córdoba creció un 18% y un 9% respectivamente. La principal caída en Entre Ríos se dio en el sector residencial, seguido por el comercial, mientras que el consumo industrial se mantuvo estable.

En contraposición, Santa Fe evidenció un marcado crecimiento en el consumo tanto del sector comercial como industrial, mientras que Córdoba mostró un fuerte repunte del uso residencial.

El informe detalla que la tarifa eléctrica se compone de tres elementos: el Costo de Adquisición de la energía en el mercado mayorista, el Valor Agregado de Distribución (VAD) –que contempla costos de operación, mantenimiento y comercialización de las redes– y los tributos provinciales y municipales, entre los que en Entre Ríos se destacan una contribución del 8,7% y una tasa municipal del 15%.

En marzo de 2025, los usuarios residenciales de mayores ingresos (N1) de Entre Ríos fueron quienes abonaron la tarifa más elevada dentro de la Región Centro por un consumo de 250 kWh mensuales. Les siguieron los usuarios de Córdoba (EPEC) y Santa Fe (EPE), mientras que las tarifas más bajas se observaron en Buenos Aires (EDENOR y EDESUR).

Para los usuarios de menores ingresos (N2), las mayores facturas se registraron en Córdoba, seguidas de Santa Fe y luego Entre Ríos. En este grupo, Buenos Aires volvió a presentar los valores más bajos. En Entre Ríos, las tarifas fueron un 20% más baratas que en Córdoba y un 8% menos que en Santa Fe, gracias a los subsidios provinciales.

En la categoría de ingresos medios (N3), Córdoba mantuvo el liderazgo en tarifas más altas, seguida de Santa Fe y luego Entre Ríos. En promedio, los entrerrianos pagaron 10% menos que los cordobeses y 2% menos que los santafesinos.

En respuesta al proceso de quita de subsidios impulsado por el gobierno nacional, la provincia de Entre Ríos adoptó distintas medidas regulatorias a través del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Entre ellas:

Resolución N° 175/24: congelamiento del VAD durante septiembre y octubre de 2024.

Resolución N° 181/24: descuentos del 25% para usuarios N2 y del 50% sobre el VAD para pymes y comercios por los primeros 350 kWh mensuales (vigente hasta diciembre 2024).

Resolución N° 254/24: congelamiento general de tarifas entre diciembre de 2024 y abril de 2025.

Resolución N° 40/25: nuevo cuadro tarifario que mantuvo los beneficios para usuarios N2 y N3, con subsidios del 25% y 15% respectivamente.

Según el informe, sin subsidios, un usuario N2 que consume 250 kWh al mes pagaría $40.226, pero gracias a la política provincial, termina abonando alrededor de $35.156. En el caso de un usuario N3, el monto real sería de $47.022, pero con subsidio se reduce a $44.022.

Los usuarios comerciales con consumos de 1.000 kWh mensuales enfrentaron las facturas más altas en Entre Ríos, superando a Córdoba y Santa Fe.

En cuanto a los grandes usuarios industriales en media y alta tensión, Córdoba lideró el ranking de tarifas más elevadas, seguida de Santa Fe, con Entre Ríos en tercer lugar, aunque con valores muy cercanos.

Entre febrero de 2024 y febrero de 2025, el Precio Monómico (valor promedio de la energía) aumentó un 37% en pesos y un 9% en dólares. Por su parte, el Precio Estacional se disparó un 97% en pesos (19% real) y un 56% en dólares, reflejando el impacto de la quita de subsidios.

El estudio advierte que los usuarios de mayores ingresos (N1) ya cubren el 100% del costo real de la energía, mientras que los usuarios N2 solo pagan el 29% y los N3 alrededor del 45%, lo que da cuenta del alto grado de subsidios aún vigente en estos grupos.

Según el Staff Report del Fondo Monetario Internacional, la Argentina se comprometió a reducir los subsidios a la energía del 1,1% del PBI al 0,5%, lo que implicaría eliminar el actual esquema de segmentación y avanzar hacia tarifas basadas en costos reales, con subsidios focalizados únicamente en los sectores más vulnerables.

De concretarse esta política, los usuarios N3 –que hoy se benefician con una cobertura estatal del 45% al 50% del costo real– serían los más afectados, junto con los usuarios comerciales e industriales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en marzo un aumento del 3,7%, marcando una fuerte aceleración frente al 2,4% de febrero y confirmando las presiones inflacionarias que persisten en la economía argentina. Los datos oficiales del INDEC reflejan un recalentamiento de los precios, con sectores clave como Educación y Alimentos liderando las subas.

En el primer trimestre del año, la inflación acumulada alcanzó el 8,6%, mientras que en los últimos doce meses el costo de vida escaló un 55,9%. Aunque el Ministerio de Economía destacó que se trata de la menor variación interanual desde marzo de 2022 y la cifra más baja para un mes de marzo desde 2020, el rebote mensual reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas antiinflacionarias.

El mayor incremento en marzo se dio en Educación (21,6%), impulsado por el inicio del ciclo lectivo y ajustes en cuotas escolares y universitarias. En segundo lugar, Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%) tuvieron un impacto significativo, con aumentos en verduras, legumbres (25,8% en CABA) y carnes (5,7%). Este rubro fue, de hecho, el de mayor incidencia en todas las regiones del país.

En contraste, las divisiones con menores ajustes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Recreación y cultura (0,2%), reflejando un consumo más estable en esos segmentos.

A nivel de categorías, los precios Estacionales (8,4%) lideraron la suba, seguidos por los Regulados (3,2%) y el IPC Núcleo (3,2%), que excluye componentes volátiles. Desde el Palacio de Hacienda insistieron en que la tendencia interanual sigue a la baja, destacando que marzo marcó el undécimo mes consecutivo de desaceleración en la comparación interanual.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación sigue una "trayectoria descendente", economistas advierten que factores como la puja salarial, la escasez estacional de productos y los ajustes tarifarios podrían mantener la presión en los próximos meses. Con un acumulado del 55,9% en el año, la pregunta es si la desaceleración interanual podrá sostenerse o si marzo fue el inicio de un repunte no deseado.

Las ventas minoristas pymes experimentaron un crecimiento del 24% interanual en febrero, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, a pesar de esta mejora a precios constantes, la variación mensual desestacionalizada reflejó una baja del 2,9%, lo que evidencia la inestabilidad del sector.

Este repunte no logra compensar las fuertes caídas del año pasado, cuando las ventas minoristas retrocedieron un 25,5% en febrero de 2024, acumulando un descenso del 27% en los dos primeros meses de aquel año.

El impacto positivo de estrategias comerciales, como promociones y descuentos, contribuyó a mejorar la situación en varios rubros. Librerías e indumentaria escolar se beneficiaron por la demanda previa al inicio del ciclo lectivo, mientras que el comercio online y las facilidades de pago ayudaron a sostener las ventas en distintos segmentos.

No obstante, el sector enfrenta incertidumbre a futuro. La evolución del poder adquisitivo será un factor clave, ya que muchos consumidores priorizan el gasto en bienes esenciales. Además, la competencia informal y el comercio transfronterizo continúan impactando negativamente en los negocios locales.

El aumento en los costos operativos también es un aspecto determinante en la rentabilidad del sector. Mientras algunos comercios optaron por mantener precios para incentivar el consumo, otros reportaron dificultades debido a la inflación y los incrementos en los insumos. La adaptabilidad será esencial para mitigar posibles caídas en la demanda.

En febrero, los siete rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. Los sectores con mayores incrementos fueron Perfumería (+33,1%), Alimentos y Bebidas (+33%) y Farmacia (+31,9%). En el acumulado del bimestre, lideró Alimentos y Bebidas con un aumento del 32,8%.

En la comparación intermensual desestacionalizada, todos los rubros presentaron variaciones negativas, con Calzado y Marroquinería como el sector más afectado (-5,4%), seguido por Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-4,3%).

Alimentos y bebidas: Crecimiento interanual del 33%, aunque con una baja mensual del 2,1%. La recuperación contrasta con las caídas de febrero de 2024, cuando el rubro retrocedió un 33,3%. Las promociones bancarias y descuentos ayudaron a sostener la demanda en un contexto de consumo ajustado.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: Incremento del 24% interanual y del 28,9% en el primer bimestre, con una caída del 1,3% mensual. La financiación en cuotas resultó clave para sostener las ventas, aunque preocupa la reducción de opciones de pago a plazos.

Calzado y marroquinería: Aumento del 23% interanual, pero con una caída mensual del 5,4%. La demanda de productos escolares impulsó las ventas, aunque la competencia con el comercio informal y las compras en países vecinos siguen afectando la rentabilidad.

Farmacia: Crecimiento del 31,9% interanual, con un acumulado del 25,9% en el primer bimestre. Sin embargo, el sector registró una baja mensual del 2,3%. La suba en costos de insumos y dificultades en la cobertura de PAMI siguen afectando la rentabilidad.

Perfumería: Incremento del 33,1% interanual y del 21,6% en el bimestre, aunque con una caída del 1,9% mensual. Las promociones y descuentos ayudaron a mejorar el desempeño del sector, pero el consumo selectivo y el aumento en los costos siguen siendo desafíos.

Ferretería, materiales eléctricos y construcción: Ascenso del 28,3% interanual y del 21,7% en el bimestre, con una baja mensual del 4,3%. La comparación con febrero de 2024, cuando las ventas cayeron un 28,2%, muestra una clara recuperación.

A pesar del crecimiento interanual en febrero, los comerciantes continúan enfrentando desafíos en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo. La evolución del consumo y las políticas económicas serán determinantes para sostener la recuperación en los próximos meses. La implementación de estrategias de ventas, promociones y financiación será clave para mantener la estabilidad del sector y afrontar los desafíos venideros.

La reunión, realizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, contó con la presencia de todo el gabinete provincial y tuvo como eje la cooperación entre el gobierno y los municipios.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto a los intendentes de Federal, Alicia Oviedo; de Colón, José Luis Walser; y de Villaguay, Adrián Fuertes, brindaron detalles sobre los principales temas tratados.

Manuel Troncoso destacó la importancia de la reunión como instancia clave para coordinar políticas y reconocer el rol de los intendentes en la gestión local. "Creemos que es fundamental aportar sentido común a la política pública y estar en contacto con todos los sectores. No hay mejores conocedores de los territorios que los presidentes municipales, quienes tienen contacto directo con los vecinos", afirmó.

El funcionario se refirió a la problemática del mantenimiento escolar y anunció un nuevo programa para abordar esta cuestión de manera estructural. "Los intendentes hacen un enorme esfuerzo para garantizar el funcionamiento de las escuelas, a pesar de que es una responsabilidad provincial. Para aliviar esta carga, vamos a abrir licitaciones y descentralizar el mantenimiento escolar, permitiendo que las empresas se ocupen de estas tareas", explicó.

Asimismo, el gobernador propuso un cambio en la metodología de trabajo de Vialidad Provincial, a través de la firma de convenios con municipios para transferir fondos destinados al mantenimiento de caminos. "Se establecerá un monto por kilómetro y los fondos se girarán en función del mantenimiento que cada municipio realice", detalló Troncoso.

La intendenta de Federal, Alicia Oviedo, resaltó la importancia del diálogo entre los distintos niveles de gobierno. "Tuvimos la oportunidad de plantear situaciones y aportar nuestra mirada. Es fundamental que el gobierno provincial nos convoque para diagramar estrategias conjuntas", señaló.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, celebró la apertura al diálogo y el trabajo colaborativo. "Este espacio multipartidario nos permite compartir problemáticas y buscar soluciones junto al gobierno provincial", destacó.

El intendente de Colón, José Luis Walser, hizo hincapié en la necesidad de coordinación en el actual contexto económico. "Hoy, con la ausencia del Estado Nacional, los municipios han asumido muchas responsabilidades adicionales. Contar con un gobernador dispuesto a trabajar codo a codo con los municipios es clave para enfrentar esta situación", sostuvo.

En un informe elaborado por el Consejo Empresario de Entre Ríos, se indica que durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, los préstamos en pesos al sector privado mostraron un crecimiento interanual del 15%. En contraste, los depósitos privados en pesos cayeron un 14%, lo que refleja la cautela de los ahorristas y la preferencia por activos en moneda extranjera o inversiones alternativas.

En cuanto a los depósitos públicos en pesos, se registró un incremento del 16%, mientras que los préstamos al sector público no tuvieron variaciones significativas. Este comportamiento sugiere una mayor liquidez en el sector público, probablemente impulsada por el financiamiento a través de otros instrumentos, como bonos y letras del Tesoro.

Dentro de la Región Centro, Entre Ríos representa el 7% de los préstamos públicos y el 2% de los depósitos públicos del total nacional. En lo que respecta a los préstamos y depósitos privados, su incidencia es menor: 1,6% y 1%, respectivamente.

Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, los préstamos al sector público en Entre Ríos se incrementaron en más del 1000%, mientras que los depósitos cayeron un 5%. Por otro lado, los préstamos al sector privado disminuyeron un 1%, y los depósitos privados cayeron un 31%, reflejando una tendencia preocupante en la captación de ahorro dentro del sistema financiero provincial.

A nivel regional, Entre Ríos presenta la menor participación en depósitos y préstamos, con una caída del 25% en los depósitos, la más pronunciada dentro de la Región Centro.

En el sector público no financiero, los depósitos en dólares disminuyeron un 7% desde diciembre de 2023, mientras que los préstamos públicos en dólares cayeron un 14%. Por el contrario, en el sector privado no financiero, los depósitos en dólares crecieron un 112%, y los préstamos aumentaron un 162% interanual, lo que sugiere un mayor acceso a créditos en moneda extranjera para empresas y particulares.

En Entre Ríos, los depósitos públicos en dólares cayeron un 29%, mientras que los depósitos privados en dólares aumentaron un 145% y los préstamos un 138% en comparación con septiembre de 2023. Este comportamiento refleja la creciente dolarización de las carteras financieras, tanto en el ahorro como en el financiamiento.

El análisis de la evolución de préstamos y depósitos en Argentina y la Región Centro permite evaluar la dinámica del sistema financiero en un contexto de alta volatilidad económica. Mientras que los préstamos al sector privado han comenzado a recuperarse, los depósitos muestran una tendencia decreciente, lo que indica una menor confianza de los ahorristas en la estabilidad económica.

En el caso de Entre Ríos, la disminución de los depósitos en pesos y el incremento de los depósitos en dólares reflejan una creciente preferencia por activos en moneda extranjera, mientras que el crecimiento de los préstamos en dólares sugiere una mayor disponibilidad de crédito en divisas para sectores productivos y comerciales.

La Liga de Intendentes del PJ de Entre Ríos elaboró un documento en el que se analiza la estructura de financiamiento de los gobiernos locales y los desafíos que enfrentan ante el actual contexto económico y político. En él, se destaca la creciente descentralización de funciones hacia los municipios y comunas sin una transferencia proporcional de recursos, lo que genera una presión cada vez mayor sobre las administraciones locales.

El documento detalla que las principales fuentes de ingresos de los municipios entrerrianos provienen de tres rubros:

a) Recursos del Régimen de Coparticipación; b) Recursos propios; c) Transferencias del Gobierno Nacional.

Históricamente, el tercer punto ha sido clave para el desarrollo de obras de infraestructura y diversos programas municipales. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno nacional ha recortado casi la totalidad de estas transferencias, afectando incluso obras que ya se encontraban en ejecución.

Ante esta situación, los municipios deben afrontar sus crecientes obligaciones con los recursos de la coparticipación provincial y la tributación local. Esta última se sostiene principalmente mediante tasas y contribuciones, dado que las potestades tributarias municipales están limitadas por normativas que impiden aplicar tributos análogos a los impuestos coparticipados.

Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de la incidencia de las tasas municipales dentro del esquema impositivo general. Según los datos presentados:

El 83% de la presión fiscal es ejercida por impuestos nacionales.

El 17% corresponde a impuestos provinciales y tasas municipales.

A pesar de la predominancia de la recaudación nacional, los municipios se ven obligados a asumir cada vez más funciones, brindando apoyo a la policía, escuelas, hospitales y otras áreas sin contar con los recursos adecuados. Al mismo tiempo, las tarifas de servicios como la energía eléctrica y el gas natural, reguladas a nivel nacional, sufren aumentos que generan indignación en la población, mientras que los gobiernos locales son señalados injustamente como responsables de estos costos.

El documento concluye con tres puntos clave:

La tributación local es una herramienta fundamental para sostener las demandas de las comunidades.

La falta de financiamiento nacional agrava la situación de los municipios y afecta la prestación de servicios esenciales.

Los municipios entrerrianos, en su mayoría, no han creado nuevos tributos, y los ajustes en tasas responden al costo de los servicios prestados.

Finalmente, los intendentes advierten que la mayor carga tributaria recae en el gobierno nacional, y que la falta de recursos enviados a las provincias y municipios limita gravemente su capacidad de gestión. En este contexto, consideran inaceptable cualquier intento de trasladar el costo político de la caída de la recaudación nacional a los gobiernos locales, lo que solo contribuiría a profundizar la confrontación política y social en el país.

Este 2025 podría ser un año favorable en materia financiera para la provincia de Entre Ríos. Ajustado a las reglas de juego de la gestión Milei, el gobierno provincial se prepara para encarar sus compromisos con recursos propios, conteniendo la demanda salarial en un esquema inflacionario más predecible, aunque con el pendiente de diciembre de 2023 como un tema central en la agenda de Agmer.

El gobierno entrerriano informó recientemente que cerró el 2024 con superávit fiscal, resaltando la diferencia con el déficit nominal del cierre de 2023. Sin embargo, aunque el superávit del 0,9% es una mejora respecto a cualquier déficit, persisten diversas problemáticas. La falta de infraestructura, la paralización general de la obra pública, la dependencia de Cafesg para las inversiones y el atraso salarial del 25% de diciembre de 2023 son puntos que continúan inclinando la balanza de manera negativa.

Las reiteradas referencias a la administración anterior podrían restar valor a la actual gestión, cuyos funcionarios deben asumir su responsabilidad sin el beneficio de inventario. Como dice la cita evangélica de Lucas 17:10: "Hemos hecho lo que debíamos hacer".

El panorama para el 2025 luce más alentador, con posibilidades de encarar obras de infraestructura que arrastran décadas de postergación. Un punto a destacar de 2024 fue la decisión de atender la situación de la Caja de Jubilaciones, aunque solo con soluciones paliativas. La problemática estructural del sistema previsional requiere consensos profundos y sostenidos.

Históricamente, Entre Ríos ha destinado la mayor parte de su presupuesto al pago de salarios y jubilaciones. Al reducirse el impacto del déficit previsional y encauzarse la discusión salarial, las finanzas provinciales podrían tener un respiro. No obstante, la falta de resolución en la equiparación salarial de diciembre de 2023 sigue siendo un obstáculo en la relación entre el gobierno y los gremios docentes, debido tanto al impacto fiscal como a la postura firme de los sindicatos.

Según informó el gobierno, los ingresos totales de Entre Ríos cayeron cerca del 20% en términos reales durante 2024. Frente a esta caída, una previsión de reducción del 7% en el primer semestre de 2025 representa una merma menor. Se espera que el segundo semestre traiga mejores perspectivas económicas.

El secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia, Uriel Brupbacher, pidió prudencia ante los "ruidos políticos" que suelen intensificarse en los años electorales. En diálogo con "Lo Que Queda del Día" en Oíd Mortales Radio de Concordia, explicó que la Comisión Federal de Impuestos proyecta una caída del 5% al 7% en los ingresos provinciales para el primer semestre de 2025, pero con una recuperación y crecimiento en el segundo semestre.

"Manejamos con mucha prudencia el primer semestre e iremos ajustando en el segundo para mejorar la inversión en obra pública y acompañar la situación salarial de manera más holgada", afirmó Brupbacher. También advirtió que existen variables externas que la provincia no controla, como la volatilidad económica nacional y la incertidumbre política.

A pesar de los desafíos económicos, Brupbacher destacó que el sector privado ha mostrado signos de reactivación gracias a algunas medidas del gobierno nacional. "Uno ve que los indicadores macroeconómicos se están consolidando. Sin embargo, la economía real aún es débil, y por eso seguimos trabajando en desarrollo social y salud, atendiendo a los sectores más vulnerables", concluyó.

El presidente d el Bloque Justicialista de la Cámara de Senadores, Martín Oliva, afirmó hoy que no va a apoyar ningún artículo que vaya en contra de la Constitución Provincial. Lo dijo en relación al proyecto del gobierno provincial que pretende ¨blanquear¨ el cobro de un impuesto que durante 2024 fue irregular.

Se trata de un adicional del impuesto inmobiliario y automotor que estuvo incorporado en las boletas que pagaron los contribuyentes entrerrianos durante el año pasado. “Incluso, aquellos que abonaron fuera de término debieron abonar multas e intereses sobre ese fondo que se estaba cobrando en forma indebida”, expresó el senador.

Estos artículos de la Ley N° 10.270 a los cuales el proyecto busca ratificar su vigencia son pagos de adicionales incluidos en impuestos provinciales de Inmuebles Urbanos, Inmuebles Rurales y Vehículos Automotores. Y también exenciones a mutuales y cooperativas.  

Es decir, durante el año 2024, la ATER cobró un adicional sin el respaldo de ley necesario.

“Quiero dejar en claro que no nos oponemos a la modificación del Código Fiscal ni a este fondo que el Poder Ejecutivo considera necesario seguir fijando, pero siempre en el marco de la ley. No se puede enmendar una omisión con un artículo que sería inconstitucional”, reflejó el senador uruguayense en declaraciones a la prensa.

El artículo al que hace referencia Oliva forma parte del proyecto de reforma al Código Fiscal que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y será modificado en el Senado. “Este proyecto, pese a su envergadura, tuvo un tratamiento express y sin debate alguno en Diputados”, señaló el senador.

El bloque peronista minoritario en Diputados así lo advirtió, pero el oficialismo hizo uso de su mayoría y aprobó una iniciativa con errores y contradicciones que deberá ser enmendada en la Cámara Alta.

Cabe señalar que a menos de una semana de ser enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Fiscal obtuvo media sanción. “En el Senado lo estamos trabajando y desde nuestro bloque haciendo las consultas que sean necesarias para darle seriedad y previsibilidad a la reforma de una ley que rige el pago de los tributos de los entrerrianos”, hizo saber Oliva.

Parrafo aparte dedicó Oliva a las permanentes referencias del gobierno a la llamada herencia recibida. “En un contexto de crisis y desfinanciamiento del gobierno nacional para con las provincias, le hemos dado al gobierno provincial las leyes de emergencia que solicitó para poder gestionar, y habilitamos contrataciones directas para agilizar esas respuestas”, explicó Oliva.

¨Sin embargo, a más de un año de gestión, seguimos escuchando el lamento de la herencia y las respuestas contundentes para resolver las cuestiones de infraestructura vial, portuaria, la falta de viviendas, la educación y las deficiencias en salud, siguen sin llegar”, manifestó finalmente.

En la sala de reuniones del segundo piso de Casa de Gobierno se dieron cita los presidentes de la Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), y de Legislación General, Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), junto a los senadores Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos).

Abrió el encuentro Rubén Dal Molín, quien agradeció la presencia de los profesionales invitados y destacó la importancia de tratar en profundidad todo lo relacionado con la política tributaria. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos expresaron su visión su presidente Julio Fochesatto, junto a los contadores Judith Tista, y Javier Nuñez Souza, miembros de la Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios del organismo.

El proyecto de tres capítulos (reformas al Código Fiscal, reformas a la Ley Impositiva N° 9622, más otras disposiciones) y 34 artículos, fue enviado por el Poder Ejecutivo y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, el proyecto contempla que se podrán establecer descuentos de hasta el cincuenta por ciento (50 %) en los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores, correspondientes a inmuebles o vehículos por los que se haya tributado correctamente el impuesto del período fiscal anterior. Este beneficio también se puede obtener al pagar en forma anticipada. En otro orden, la Ley Impositiva fijará la alícuota general, y se detallan las alícuotas para cada actividad, los importes mínimos e impuestos fijos.

Cabe recordar que el pasado 26 de diciembre se había desarrollado una reunión conjunta de ambas comisiones para abordar este texto, con la presencia del titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, quien realizó un análisis del articulado y respondió consultas de los senadores.

Ante los legisladores, Fochesatto manifestó la preocupación del Consejo ante la redacción de algunos puntos de la normativa, tanto por la técnica legislativa como por la aplicabilidad de la misma. “Somos nexo entre el órgano de recaudación y el contribuyente” señaló, tras lo cual cedió la palabra a los contadores que lo acompañaron.

Tista y Nuñez Souza explicaron de manera detallada las modificaciones propuestas para algunos artículos del proyecto. Hicieron hincapié en que la norma sea clara y no dé lugar a dudas. En cuanto a Ingresos Brutos proponen modificar el sistema de encuadre. Señalaron, asimismo, que estas reformas fueron trabajadas con ATER con el fin de dar certeza jurídica.

Los profesionales respondieron cada una de las consultas realizadas por los senadores sobre distintos puntos de las modificaciones propuestas.

Los titulares de las Comisiones reunidas solicitaron a los contadores el trabajo realizado sobre el proyecto, y acordaron con los legisladores presentes un nuevo encuentro de trabajo para la próxima semana.