El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de febrero fue del 2,9%, lo que llevó el aumento acumulado de precios en el primer bimestre del año al 5,9%. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registra una desaceleración desde hace nueve meses.

En términos interanuales, la variación del IPC alcanzó el 33,1%, según el relevamiento oficial.

El informe del Indec señala que la división con mayor incremento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 6,8%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por ajustes en las tarifas de servicios públicos, como gas, agua y electricidad, así como por modificaciones en los esquemas de subsidios y segmentación tarifaria en distintas provincias.

El segundo rubro con mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3,3%.

Este sector, además, tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, debido principalmente al aumento en carnes y derivados. La excepción fue la región Patagonia, donde el mayor impacto se registró en el rubro vivienda y servicios.

En contraste, las divisiones que registraron los menores movimientos durante febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registraron variación en el mes.

En cuanto a las categorías que agrupan distintos tipos de precios, los Regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que aumentó 3,1%. Por su parte, los precios Estacionales registraron una caída del 1,3%.

La publicación del índice de febrero se produce en medio de un aumento en el precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, los analistas estiman que este fenómeno podría reflejarse recién en los índices de inflación de los próximos meses.

El dato nacional difundido por el Indec se ubicó por encima del indicador publicado recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% de enero.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumulada en los primeros dos meses del año en la ciudad fue de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

Pese a la aceleración registrada en febrero, el presidente Javier Milei ha sostenido en distintos discursos y entrevistas que para agosto de este año la inflación mensual podría acercarse a cero, lo que implicaría niveles mínimos de variación de precios.

El dato también se conoció en medio de cambios institucionales dentro del organismo estadístico. En las últimas semanas se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología de medición de inflación que se venía desarrollando desde 2017.

El nuevo titular del organismo, Pedro Lines, comenzó a analizar alternativas para actualizar el indicador, cuya metodología actual presenta más de dos décadas de antigüedad y ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que recomienda una modernización del sistema de medición.

América Latina, y particularmente la Argentina, se han convertido en un punto estratégico para Mengniu Dairy Company Limited, el complejo lácteo nacido en Hohhot —capital de Mongolia Interior— que en apenas 25 años pasó de ser una firma provincial a transformarse en una de las multinacionales líderes de la industria láctea mundial.

La empresa, que en 2018 sorprendió al mundo al patrocinar a Lionel Messi rumbo al Mundial de Rusia, importa hoy productos desde la región, trabaja con distribuidores locales y adquiere ingredientes específicos para sus distintas líneas de producción.

Para los exportadores latinoamericanos de leche en polvo, proteínas lácteas o sueros, Mengniu representa un potencial comprador… aunque uno particularmente exigente: trazabilidad completa, certificaciones ambientales, calidad constante y regularidad en la entrega son requisitos imprescindibles para iniciar cualquier negociación.

Fundada a fines de la década de 1990, Mengniu es hoy una multinacional privada que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, emplea a más de 38.800 personas y procesa alrededor de 13,95 millones de toneladas de productos lácteos por año. Su presencia industrial abarca 45 plantas en China y fábricas en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y Filipinas, procesando casi 14.000 millones de litros anuales.

Según datos confirmados a Noticias Argentinas, el hólding alcanzó en 2024 una facturación de 88.675 millones de renminbis (RMB) —unos 12.400 millones de dólares—, mientras que en la primera mitad de 2025 sumó 41.567 millones de RMB (5.840 millones de dólares), con un notable margen bruto del 41,7%.

El corazón del negocio está en la leche larga vida, que concentra más de dos tercios de los ingresos. A esto se suman yogures y helados —con Aice como marca líder en Indonesia—, quesos (un segmento en pleno crecimiento en China) y fórmulas infantiles, un mercado altamente regulado y sensible.

Mengniu ha reforzado su estructura con el esquema “One Core – Two Wings”.

Para sus líneas premium e infantiles, la compañía utiliza leche e ingredientes importados desde Australia y Nueva Zelanda, mercados asociados a estándares de calidad elevados.

El crecimiento global de Mengniu está fuertemente marcado por la crisis alimentaria de 2008, cuando la industria láctea china quedó envuelta en un escándalo por leche adulterada con melamina. Aunque Mengniu no fue la autora del fraude, sí resultó afectada por su cadena de proveedores.

El impacto obligó a reestructurar completamente el sector: cierre de tambos inseguros, controles diarios, sistemas de trazabilidad desde la vaca hasta el envase y una inversión sostenida en certificaciones verdes, eficiencia hídrica, reducción de emisiones y compromisos de no deforestación para insumos importados.

Hoy, estos estándares no son solo parte de la reconstrucción reputacional del sector, sino condiciones clave para participar en cadenas globales donde la trazabilidad pesa tanto como la calidad del producto.

La Argentina produce cerca de 30 millones de litros de leche diarios, de los cuales más del 60% es procesado por 15 grandes empresas con plantas multiproducto y tecnología de nivel internacional.

Aunque la canadiense Saputo encabeza el ranking nacional en volumen, Mastellone Hnos. (La Serenísima) sigue siendo la referencia histórica y la marca más reconocida.

El sector atraviesa un proceso de reordenamiento, marcado por recientes quiebras —como La Suipachense y ARSA (fabricante de productos SanCor)— y por la delicada situación de la cooperativa SanCor, que afronta planes de salvataje e intervención judicial mientras inversores internacionales observan de cerca… entre ellos, según trascendió, Mengniu.

Para el gigante chino, Argentina representa un mercado atractivo no solo por su escala productiva, sino por la calidad de sus insumos lácteos y el potencial para integrarse en cadenas globales de valor. La compañía ya opera en la región de Asia-Pacífico con fuerte presencia en Indonesia, y utiliza Australia y Nueva Zelanda como base para sus líneas premium.

La eventual incorporación de proveedores sudamericanos dependerá, como destacan fuentes del sector, del cumplimiento estricto de los estándares que Mengniu exige a nivel global: calidad estable, trazabilidad exhaustiva y sustentabilidad ambiental.

Mientras la industria argentina busca consolidarse tras años turbulentos, la mirada del coloso mongol suma un nuevo capítulo en el reacomodamiento global del mercado lácteo.

El Gobierno nacional avanza con paso firme en su ambiciosa agenda de privatizaciones, buscando capitalizar el impulso político y económico de los últimos meses para concretar el traspaso de activos estratégicos en los sectores de transporte y energía a manos privadas.

Con la mira puesta en las próximas semanas, la administración de Javier Milei tiene previsto dar los primeros pasos concretos del proceso durante noviembre, con la licitación de rutas nacionales y de cuatro represas hidroeléctricas, al tiempo que se definen los detalles del listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.

Según trascendió en despachos oficiales, ese listado —que incluirá compañías de participación estatal total o parcial— se enviará al nuevo Congreso en los próximos meses. Mientras tanto, el Ejecutivo busca enviar una señal clara de que el proceso “no se detendrá”, marcando el inicio de un repliegue sostenido del Estado en la economía.

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas ultiman los detalles para adjudicar la denominada “ruta del Mercosur”, la primera en ser concesionada bajo la gestión Milei. Según informaron fuentes oficiales, siete empresas presentaron ofertas, y la preadjudicación se conocerá en las próximas dos semanas.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, al confirmarse el interés de las firmas oferentes.

Por otro lado, el próximo viernes 7 de noviembre se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, por las que el Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares.

Los actuales operadores —AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul— manifestaron su intención de participar, tanto para conservar la administración de sus respectivas centrales como para competir por nuevas concesiones.

Durante 2025, el Gobierno planea lanzar una segunda etapa de licitaciones para las rutas nacionales que actualmente administra Corredores Viales, que abarcan unos 4.400 kilómetros e incluyen tramos estratégicos como la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Newbery, y las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de los accesos a los puertos del Paraná. Una tercera etapa, que contempla la ruta 9, se licitaría a comienzos de 2026.

En materia energética, el proceso de venta por unidades de Enarsa se iniciará con las represas del Comahue, mientras que el Ejecutivo trabaja en la documentación para ofertar antes de febrero las acciones estatales de Transener, principal transportista de energía eléctrica del país.

También se avanza en la valuación de AYSA, empresa de agua y saneamiento del AMBA, como paso previo a la venta de la mayoría accionaria en la Bolsa. En tanto, el llamado a licitación de Belgrano Cargas se prevé entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

Hacia fin de año, el Gobierno proyecta además licitar la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para las exportaciones agroindustriales, y acelerar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, posiblemente entre diciembre y los primeros meses de 2026.

Si bien la efectiva transferencia de la mayoría de las firmas autorizadas por la Ley Bases quedaría para el primer tramo de 2026, el Ejecutivo ya delineó los pasos para continuar con su política de “retiro del Estado de la economía”, uno de los pilares del programa libertario.

En ese contexto, figuran en carpeta Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías que podrían incorporarse a una segunda ola de privatizaciones.

Un reciente informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos analizó en profundidad la situación energética y tarifaria de la provincia, comparándola con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El estudio abarcó la evolución del consumo, los precios del servicio eléctrico, la estructura de las tarifas y proyecciones a futuro, en un contexto nacional marcado por la quita de subsidios y la suba de precios.

Durante febrero de 2025, Entre Ríos registró una demanda de energía eléctrica de 395.230 megavatios hora (MWh), lo que la posicionó como la provincia con menor consumo dentro de la Región Centro. Esta cifra fue un 60% inferior a la de Córdoba y un 67% menor que la de Santa Fe.

Al observar el consumo per cápita, Entre Ríos alcanzó los 27 MWh por habitante, ubicándose por debajo de Santa Fe (33 MWh) y de Buenos Aires (31 MWh), aunque levemente por encima de Córdoba (26 MWh).

En cuanto a la variación interanual, el consumo cayó un 4% en Entre Ríos y un 5% en Buenos Aires, mientras que en Santa Fe y Córdoba creció un 18% y un 9% respectivamente. La principal caída en Entre Ríos se dio en el sector residencial, seguido por el comercial, mientras que el consumo industrial se mantuvo estable.

En contraposición, Santa Fe evidenció un marcado crecimiento en el consumo tanto del sector comercial como industrial, mientras que Córdoba mostró un fuerte repunte del uso residencial.

El informe detalla que la tarifa eléctrica se compone de tres elementos: el Costo de Adquisición de la energía en el mercado mayorista, el Valor Agregado de Distribución (VAD) –que contempla costos de operación, mantenimiento y comercialización de las redes– y los tributos provinciales y municipales, entre los que en Entre Ríos se destacan una contribución del 8,7% y una tasa municipal del 15%.

En marzo de 2025, los usuarios residenciales de mayores ingresos (N1) de Entre Ríos fueron quienes abonaron la tarifa más elevada dentro de la Región Centro por un consumo de 250 kWh mensuales. Les siguieron los usuarios de Córdoba (EPEC) y Santa Fe (EPE), mientras que las tarifas más bajas se observaron en Buenos Aires (EDENOR y EDESUR).

Para los usuarios de menores ingresos (N2), las mayores facturas se registraron en Córdoba, seguidas de Santa Fe y luego Entre Ríos. En este grupo, Buenos Aires volvió a presentar los valores más bajos. En Entre Ríos, las tarifas fueron un 20% más baratas que en Córdoba y un 8% menos que en Santa Fe, gracias a los subsidios provinciales.

En la categoría de ingresos medios (N3), Córdoba mantuvo el liderazgo en tarifas más altas, seguida de Santa Fe y luego Entre Ríos. En promedio, los entrerrianos pagaron 10% menos que los cordobeses y 2% menos que los santafesinos.

En respuesta al proceso de quita de subsidios impulsado por el gobierno nacional, la provincia de Entre Ríos adoptó distintas medidas regulatorias a través del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Entre ellas:

Resolución N° 175/24: congelamiento del VAD durante septiembre y octubre de 2024.

Resolución N° 181/24: descuentos del 25% para usuarios N2 y del 50% sobre el VAD para pymes y comercios por los primeros 350 kWh mensuales (vigente hasta diciembre 2024).

Resolución N° 254/24: congelamiento general de tarifas entre diciembre de 2024 y abril de 2025.

Resolución N° 40/25: nuevo cuadro tarifario que mantuvo los beneficios para usuarios N2 y N3, con subsidios del 25% y 15% respectivamente.

Según el informe, sin subsidios, un usuario N2 que consume 250 kWh al mes pagaría $40.226, pero gracias a la política provincial, termina abonando alrededor de $35.156. En el caso de un usuario N3, el monto real sería de $47.022, pero con subsidio se reduce a $44.022.

Los usuarios comerciales con consumos de 1.000 kWh mensuales enfrentaron las facturas más altas en Entre Ríos, superando a Córdoba y Santa Fe.

En cuanto a los grandes usuarios industriales en media y alta tensión, Córdoba lideró el ranking de tarifas más elevadas, seguida de Santa Fe, con Entre Ríos en tercer lugar, aunque con valores muy cercanos.

Entre febrero de 2024 y febrero de 2025, el Precio Monómico (valor promedio de la energía) aumentó un 37% en pesos y un 9% en dólares. Por su parte, el Precio Estacional se disparó un 97% en pesos (19% real) y un 56% en dólares, reflejando el impacto de la quita de subsidios.

El estudio advierte que los usuarios de mayores ingresos (N1) ya cubren el 100% del costo real de la energía, mientras que los usuarios N2 solo pagan el 29% y los N3 alrededor del 45%, lo que da cuenta del alto grado de subsidios aún vigente en estos grupos.

Según el Staff Report del Fondo Monetario Internacional, la Argentina se comprometió a reducir los subsidios a la energía del 1,1% del PBI al 0,5%, lo que implicaría eliminar el actual esquema de segmentación y avanzar hacia tarifas basadas en costos reales, con subsidios focalizados únicamente en los sectores más vulnerables.

De concretarse esta política, los usuarios N3 –que hoy se benefician con una cobertura estatal del 45% al 50% del costo real– serían los más afectados, junto con los usuarios comerciales e industriales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en marzo un aumento del 3,7%, marcando una fuerte aceleración frente al 2,4% de febrero y confirmando las presiones inflacionarias que persisten en la economía argentina. Los datos oficiales del INDEC reflejan un recalentamiento de los precios, con sectores clave como Educación y Alimentos liderando las subas.

En el primer trimestre del año, la inflación acumulada alcanzó el 8,6%, mientras que en los últimos doce meses el costo de vida escaló un 55,9%. Aunque el Ministerio de Economía destacó que se trata de la menor variación interanual desde marzo de 2022 y la cifra más baja para un mes de marzo desde 2020, el rebote mensual reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas antiinflacionarias.

El mayor incremento en marzo se dio en Educación (21,6%), impulsado por el inicio del ciclo lectivo y ajustes en cuotas escolares y universitarias. En segundo lugar, Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%) tuvieron un impacto significativo, con aumentos en verduras, legumbres (25,8% en CABA) y carnes (5,7%). Este rubro fue, de hecho, el de mayor incidencia en todas las regiones del país.

En contraste, las divisiones con menores ajustes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Recreación y cultura (0,2%), reflejando un consumo más estable en esos segmentos.

A nivel de categorías, los precios Estacionales (8,4%) lideraron la suba, seguidos por los Regulados (3,2%) y el IPC Núcleo (3,2%), que excluye componentes volátiles. Desde el Palacio de Hacienda insistieron en que la tendencia interanual sigue a la baja, destacando que marzo marcó el undécimo mes consecutivo de desaceleración en la comparación interanual.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación sigue una "trayectoria descendente", economistas advierten que factores como la puja salarial, la escasez estacional de productos y los ajustes tarifarios podrían mantener la presión en los próximos meses. Con un acumulado del 55,9% en el año, la pregunta es si la desaceleración interanual podrá sostenerse o si marzo fue el inicio de un repunte no deseado.

Las ventas minoristas pymes experimentaron un crecimiento del 24% interanual en febrero, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, a pesar de esta mejora a precios constantes, la variación mensual desestacionalizada reflejó una baja del 2,9%, lo que evidencia la inestabilidad del sector.

Este repunte no logra compensar las fuertes caídas del año pasado, cuando las ventas minoristas retrocedieron un 25,5% en febrero de 2024, acumulando un descenso del 27% en los dos primeros meses de aquel año.

El impacto positivo de estrategias comerciales, como promociones y descuentos, contribuyó a mejorar la situación en varios rubros. Librerías e indumentaria escolar se beneficiaron por la demanda previa al inicio del ciclo lectivo, mientras que el comercio online y las facilidades de pago ayudaron a sostener las ventas en distintos segmentos.

No obstante, el sector enfrenta incertidumbre a futuro. La evolución del poder adquisitivo será un factor clave, ya que muchos consumidores priorizan el gasto en bienes esenciales. Además, la competencia informal y el comercio transfronterizo continúan impactando negativamente en los negocios locales.

El aumento en los costos operativos también es un aspecto determinante en la rentabilidad del sector. Mientras algunos comercios optaron por mantener precios para incentivar el consumo, otros reportaron dificultades debido a la inflación y los incrementos en los insumos. La adaptabilidad será esencial para mitigar posibles caídas en la demanda.

En febrero, los siete rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. Los sectores con mayores incrementos fueron Perfumería (+33,1%), Alimentos y Bebidas (+33%) y Farmacia (+31,9%). En el acumulado del bimestre, lideró Alimentos y Bebidas con un aumento del 32,8%.

En la comparación intermensual desestacionalizada, todos los rubros presentaron variaciones negativas, con Calzado y Marroquinería como el sector más afectado (-5,4%), seguido por Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-4,3%).

Alimentos y bebidas: Crecimiento interanual del 33%, aunque con una baja mensual del 2,1%. La recuperación contrasta con las caídas de febrero de 2024, cuando el rubro retrocedió un 33,3%. Las promociones bancarias y descuentos ayudaron a sostener la demanda en un contexto de consumo ajustado.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: Incremento del 24% interanual y del 28,9% en el primer bimestre, con una caída del 1,3% mensual. La financiación en cuotas resultó clave para sostener las ventas, aunque preocupa la reducción de opciones de pago a plazos.

Calzado y marroquinería: Aumento del 23% interanual, pero con una caída mensual del 5,4%. La demanda de productos escolares impulsó las ventas, aunque la competencia con el comercio informal y las compras en países vecinos siguen afectando la rentabilidad.

Farmacia: Crecimiento del 31,9% interanual, con un acumulado del 25,9% en el primer bimestre. Sin embargo, el sector registró una baja mensual del 2,3%. La suba en costos de insumos y dificultades en la cobertura de PAMI siguen afectando la rentabilidad.

Perfumería: Incremento del 33,1% interanual y del 21,6% en el bimestre, aunque con una caída del 1,9% mensual. Las promociones y descuentos ayudaron a mejorar el desempeño del sector, pero el consumo selectivo y el aumento en los costos siguen siendo desafíos.

Ferretería, materiales eléctricos y construcción: Ascenso del 28,3% interanual y del 21,7% en el bimestre, con una baja mensual del 4,3%. La comparación con febrero de 2024, cuando las ventas cayeron un 28,2%, muestra una clara recuperación.

A pesar del crecimiento interanual en febrero, los comerciantes continúan enfrentando desafíos en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo. La evolución del consumo y las políticas económicas serán determinantes para sostener la recuperación en los próximos meses. La implementación de estrategias de ventas, promociones y financiación será clave para mantener la estabilidad del sector y afrontar los desafíos venideros.

La reunión, realizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, contó con la presencia de todo el gabinete provincial y tuvo como eje la cooperación entre el gobierno y los municipios.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto a los intendentes de Federal, Alicia Oviedo; de Colón, José Luis Walser; y de Villaguay, Adrián Fuertes, brindaron detalles sobre los principales temas tratados.

Manuel Troncoso destacó la importancia de la reunión como instancia clave para coordinar políticas y reconocer el rol de los intendentes en la gestión local. "Creemos que es fundamental aportar sentido común a la política pública y estar en contacto con todos los sectores. No hay mejores conocedores de los territorios que los presidentes municipales, quienes tienen contacto directo con los vecinos", afirmó.

El funcionario se refirió a la problemática del mantenimiento escolar y anunció un nuevo programa para abordar esta cuestión de manera estructural. "Los intendentes hacen un enorme esfuerzo para garantizar el funcionamiento de las escuelas, a pesar de que es una responsabilidad provincial. Para aliviar esta carga, vamos a abrir licitaciones y descentralizar el mantenimiento escolar, permitiendo que las empresas se ocupen de estas tareas", explicó.

Asimismo, el gobernador propuso un cambio en la metodología de trabajo de Vialidad Provincial, a través de la firma de convenios con municipios para transferir fondos destinados al mantenimiento de caminos. "Se establecerá un monto por kilómetro y los fondos se girarán en función del mantenimiento que cada municipio realice", detalló Troncoso.

La intendenta de Federal, Alicia Oviedo, resaltó la importancia del diálogo entre los distintos niveles de gobierno. "Tuvimos la oportunidad de plantear situaciones y aportar nuestra mirada. Es fundamental que el gobierno provincial nos convoque para diagramar estrategias conjuntas", señaló.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, celebró la apertura al diálogo y el trabajo colaborativo. "Este espacio multipartidario nos permite compartir problemáticas y buscar soluciones junto al gobierno provincial", destacó.

El intendente de Colón, José Luis Walser, hizo hincapié en la necesidad de coordinación en el actual contexto económico. "Hoy, con la ausencia del Estado Nacional, los municipios han asumido muchas responsabilidades adicionales. Contar con un gobernador dispuesto a trabajar codo a codo con los municipios es clave para enfrentar esta situación", sostuvo.

En un informe elaborado por el Consejo Empresario de Entre Ríos, se indica que durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, los préstamos en pesos al sector privado mostraron un crecimiento interanual del 15%. En contraste, los depósitos privados en pesos cayeron un 14%, lo que refleja la cautela de los ahorristas y la preferencia por activos en moneda extranjera o inversiones alternativas.

En cuanto a los depósitos públicos en pesos, se registró un incremento del 16%, mientras que los préstamos al sector público no tuvieron variaciones significativas. Este comportamiento sugiere una mayor liquidez en el sector público, probablemente impulsada por el financiamiento a través de otros instrumentos, como bonos y letras del Tesoro.

Dentro de la Región Centro, Entre Ríos representa el 7% de los préstamos públicos y el 2% de los depósitos públicos del total nacional. En lo que respecta a los préstamos y depósitos privados, su incidencia es menor: 1,6% y 1%, respectivamente.

Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, los préstamos al sector público en Entre Ríos se incrementaron en más del 1000%, mientras que los depósitos cayeron un 5%. Por otro lado, los préstamos al sector privado disminuyeron un 1%, y los depósitos privados cayeron un 31%, reflejando una tendencia preocupante en la captación de ahorro dentro del sistema financiero provincial.

A nivel regional, Entre Ríos presenta la menor participación en depósitos y préstamos, con una caída del 25% en los depósitos, la más pronunciada dentro de la Región Centro.

En el sector público no financiero, los depósitos en dólares disminuyeron un 7% desde diciembre de 2023, mientras que los préstamos públicos en dólares cayeron un 14%. Por el contrario, en el sector privado no financiero, los depósitos en dólares crecieron un 112%, y los préstamos aumentaron un 162% interanual, lo que sugiere un mayor acceso a créditos en moneda extranjera para empresas y particulares.

En Entre Ríos, los depósitos públicos en dólares cayeron un 29%, mientras que los depósitos privados en dólares aumentaron un 145% y los préstamos un 138% en comparación con septiembre de 2023. Este comportamiento refleja la creciente dolarización de las carteras financieras, tanto en el ahorro como en el financiamiento.

El análisis de la evolución de préstamos y depósitos en Argentina y la Región Centro permite evaluar la dinámica del sistema financiero en un contexto de alta volatilidad económica. Mientras que los préstamos al sector privado han comenzado a recuperarse, los depósitos muestran una tendencia decreciente, lo que indica una menor confianza de los ahorristas en la estabilidad económica.

En el caso de Entre Ríos, la disminución de los depósitos en pesos y el incremento de los depósitos en dólares reflejan una creciente preferencia por activos en moneda extranjera, mientras que el crecimiento de los préstamos en dólares sugiere una mayor disponibilidad de crédito en divisas para sectores productivos y comerciales.

La Liga de Intendentes del PJ de Entre Ríos elaboró un documento en el que se analiza la estructura de financiamiento de los gobiernos locales y los desafíos que enfrentan ante el actual contexto económico y político. En él, se destaca la creciente descentralización de funciones hacia los municipios y comunas sin una transferencia proporcional de recursos, lo que genera una presión cada vez mayor sobre las administraciones locales.

El documento detalla que las principales fuentes de ingresos de los municipios entrerrianos provienen de tres rubros:

a) Recursos del Régimen de Coparticipación; b) Recursos propios; c) Transferencias del Gobierno Nacional.

Históricamente, el tercer punto ha sido clave para el desarrollo de obras de infraestructura y diversos programas municipales. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno nacional ha recortado casi la totalidad de estas transferencias, afectando incluso obras que ya se encontraban en ejecución.

Ante esta situación, los municipios deben afrontar sus crecientes obligaciones con los recursos de la coparticipación provincial y la tributación local. Esta última se sostiene principalmente mediante tasas y contribuciones, dado que las potestades tributarias municipales están limitadas por normativas que impiden aplicar tributos análogos a los impuestos coparticipados.

Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de la incidencia de las tasas municipales dentro del esquema impositivo general. Según los datos presentados:

El 83% de la presión fiscal es ejercida por impuestos nacionales.

El 17% corresponde a impuestos provinciales y tasas municipales.

A pesar de la predominancia de la recaudación nacional, los municipios se ven obligados a asumir cada vez más funciones, brindando apoyo a la policía, escuelas, hospitales y otras áreas sin contar con los recursos adecuados. Al mismo tiempo, las tarifas de servicios como la energía eléctrica y el gas natural, reguladas a nivel nacional, sufren aumentos que generan indignación en la población, mientras que los gobiernos locales son señalados injustamente como responsables de estos costos.

El documento concluye con tres puntos clave:

La tributación local es una herramienta fundamental para sostener las demandas de las comunidades.

La falta de financiamiento nacional agrava la situación de los municipios y afecta la prestación de servicios esenciales.

Los municipios entrerrianos, en su mayoría, no han creado nuevos tributos, y los ajustes en tasas responden al costo de los servicios prestados.

Finalmente, los intendentes advierten que la mayor carga tributaria recae en el gobierno nacional, y que la falta de recursos enviados a las provincias y municipios limita gravemente su capacidad de gestión. En este contexto, consideran inaceptable cualquier intento de trasladar el costo político de la caída de la recaudación nacional a los gobiernos locales, lo que solo contribuiría a profundizar la confrontación política y social en el país.

Este 2025 podría ser un año favorable en materia financiera para la provincia de Entre Ríos. Ajustado a las reglas de juego de la gestión Milei, el gobierno provincial se prepara para encarar sus compromisos con recursos propios, conteniendo la demanda salarial en un esquema inflacionario más predecible, aunque con el pendiente de diciembre de 2023 como un tema central en la agenda de Agmer.

El gobierno entrerriano informó recientemente que cerró el 2024 con superávit fiscal, resaltando la diferencia con el déficit nominal del cierre de 2023. Sin embargo, aunque el superávit del 0,9% es una mejora respecto a cualquier déficit, persisten diversas problemáticas. La falta de infraestructura, la paralización general de la obra pública, la dependencia de Cafesg para las inversiones y el atraso salarial del 25% de diciembre de 2023 son puntos que continúan inclinando la balanza de manera negativa.

Las reiteradas referencias a la administración anterior podrían restar valor a la actual gestión, cuyos funcionarios deben asumir su responsabilidad sin el beneficio de inventario. Como dice la cita evangélica de Lucas 17:10: "Hemos hecho lo que debíamos hacer".

El panorama para el 2025 luce más alentador, con posibilidades de encarar obras de infraestructura que arrastran décadas de postergación. Un punto a destacar de 2024 fue la decisión de atender la situación de la Caja de Jubilaciones, aunque solo con soluciones paliativas. La problemática estructural del sistema previsional requiere consensos profundos y sostenidos.

Históricamente, Entre Ríos ha destinado la mayor parte de su presupuesto al pago de salarios y jubilaciones. Al reducirse el impacto del déficit previsional y encauzarse la discusión salarial, las finanzas provinciales podrían tener un respiro. No obstante, la falta de resolución en la equiparación salarial de diciembre de 2023 sigue siendo un obstáculo en la relación entre el gobierno y los gremios docentes, debido tanto al impacto fiscal como a la postura firme de los sindicatos.

Según informó el gobierno, los ingresos totales de Entre Ríos cayeron cerca del 20% en términos reales durante 2024. Frente a esta caída, una previsión de reducción del 7% en el primer semestre de 2025 representa una merma menor. Se espera que el segundo semestre traiga mejores perspectivas económicas.

El secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia, Uriel Brupbacher, pidió prudencia ante los "ruidos políticos" que suelen intensificarse en los años electorales. En diálogo con "Lo Que Queda del Día" en Oíd Mortales Radio de Concordia, explicó que la Comisión Federal de Impuestos proyecta una caída del 5% al 7% en los ingresos provinciales para el primer semestre de 2025, pero con una recuperación y crecimiento en el segundo semestre.

"Manejamos con mucha prudencia el primer semestre e iremos ajustando en el segundo para mejorar la inversión en obra pública y acompañar la situación salarial de manera más holgada", afirmó Brupbacher. También advirtió que existen variables externas que la provincia no controla, como la volatilidad económica nacional y la incertidumbre política.

A pesar de los desafíos económicos, Brupbacher destacó que el sector privado ha mostrado signos de reactivación gracias a algunas medidas del gobierno nacional. "Uno ve que los indicadores macroeconómicos se están consolidando. Sin embargo, la economía real aún es débil, y por eso seguimos trabajando en desarrollo social y salud, atendiendo a los sectores más vulnerables", concluyó.

El presidente d el Bloque Justicialista de la Cámara de Senadores, Martín Oliva, afirmó hoy que no va a apoyar ningún artículo que vaya en contra de la Constitución Provincial. Lo dijo en relación al proyecto del gobierno provincial que pretende ¨blanquear¨ el cobro de un impuesto que durante 2024 fue irregular.

Se trata de un adicional del impuesto inmobiliario y automotor que estuvo incorporado en las boletas que pagaron los contribuyentes entrerrianos durante el año pasado. “Incluso, aquellos que abonaron fuera de término debieron abonar multas e intereses sobre ese fondo que se estaba cobrando en forma indebida”, expresó el senador.

Estos artículos de la Ley N° 10.270 a los cuales el proyecto busca ratificar su vigencia son pagos de adicionales incluidos en impuestos provinciales de Inmuebles Urbanos, Inmuebles Rurales y Vehículos Automotores. Y también exenciones a mutuales y cooperativas.  

Es decir, durante el año 2024, la ATER cobró un adicional sin el respaldo de ley necesario.

“Quiero dejar en claro que no nos oponemos a la modificación del Código Fiscal ni a este fondo que el Poder Ejecutivo considera necesario seguir fijando, pero siempre en el marco de la ley. No se puede enmendar una omisión con un artículo que sería inconstitucional”, reflejó el senador uruguayense en declaraciones a la prensa.

El artículo al que hace referencia Oliva forma parte del proyecto de reforma al Código Fiscal que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y será modificado en el Senado. “Este proyecto, pese a su envergadura, tuvo un tratamiento express y sin debate alguno en Diputados”, señaló el senador.

El bloque peronista minoritario en Diputados así lo advirtió, pero el oficialismo hizo uso de su mayoría y aprobó una iniciativa con errores y contradicciones que deberá ser enmendada en la Cámara Alta.

Cabe señalar que a menos de una semana de ser enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Fiscal obtuvo media sanción. “En el Senado lo estamos trabajando y desde nuestro bloque haciendo las consultas que sean necesarias para darle seriedad y previsibilidad a la reforma de una ley que rige el pago de los tributos de los entrerrianos”, hizo saber Oliva.

Parrafo aparte dedicó Oliva a las permanentes referencias del gobierno a la llamada herencia recibida. “En un contexto de crisis y desfinanciamiento del gobierno nacional para con las provincias, le hemos dado al gobierno provincial las leyes de emergencia que solicitó para poder gestionar, y habilitamos contrataciones directas para agilizar esas respuestas”, explicó Oliva.

¨Sin embargo, a más de un año de gestión, seguimos escuchando el lamento de la herencia y las respuestas contundentes para resolver las cuestiones de infraestructura vial, portuaria, la falta de viviendas, la educación y las deficiencias en salud, siguen sin llegar”, manifestó finalmente.

En la sala de reuniones del segundo piso de Casa de Gobierno se dieron cita los presidentes de la Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), y de Legislación General, Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), junto a los senadores Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos).

Abrió el encuentro Rubén Dal Molín, quien agradeció la presencia de los profesionales invitados y destacó la importancia de tratar en profundidad todo lo relacionado con la política tributaria. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos expresaron su visión su presidente Julio Fochesatto, junto a los contadores Judith Tista, y Javier Nuñez Souza, miembros de la Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios del organismo.

El proyecto de tres capítulos (reformas al Código Fiscal, reformas a la Ley Impositiva N° 9622, más otras disposiciones) y 34 artículos, fue enviado por el Poder Ejecutivo y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, el proyecto contempla que se podrán establecer descuentos de hasta el cincuenta por ciento (50 %) en los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores, correspondientes a inmuebles o vehículos por los que se haya tributado correctamente el impuesto del período fiscal anterior. Este beneficio también se puede obtener al pagar en forma anticipada. En otro orden, la Ley Impositiva fijará la alícuota general, y se detallan las alícuotas para cada actividad, los importes mínimos e impuestos fijos.

Cabe recordar que el pasado 26 de diciembre se había desarrollado una reunión conjunta de ambas comisiones para abordar este texto, con la presencia del titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, quien realizó un análisis del articulado y respondió consultas de los senadores.

Ante los legisladores, Fochesatto manifestó la preocupación del Consejo ante la redacción de algunos puntos de la normativa, tanto por la técnica legislativa como por la aplicabilidad de la misma. “Somos nexo entre el órgano de recaudación y el contribuyente” señaló, tras lo cual cedió la palabra a los contadores que lo acompañaron.

Tista y Nuñez Souza explicaron de manera detallada las modificaciones propuestas para algunos artículos del proyecto. Hicieron hincapié en que la norma sea clara y no dé lugar a dudas. En cuanto a Ingresos Brutos proponen modificar el sistema de encuadre. Señalaron, asimismo, que estas reformas fueron trabajadas con ATER con el fin de dar certeza jurídica.

Los profesionales respondieron cada una de las consultas realizadas por los senadores sobre distintos puntos de las modificaciones propuestas.

Los titulares de las Comisiones reunidas solicitaron a los contadores el trabajo realizado sobre el proyecto, y acordaron con los legisladores presentes un nuevo encuentro de trabajo para la próxima semana.

La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis" anunció un incremento del 25% en las tarifas del peaje, que entrará en vigencia este sábado. Con este ajuste, las tarifas mínimas para vehículos de dos ejes, como motos y automóviles, alcanzarán los $2.500, mientras que las de vehículos de seis ejes, como camiones y ómnibus, llegarán a $21.000.

El detalle de las tarifas es el siguiente:

El esquema tarifario mantiene beneficios para determinados usuarios:

El ajuste tarifario refleja un esfuerzo por mantener la operatividad y el mantenimiento del Túnel Subfluvial, que conecta a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, este incremento también genera preocupación entre los usuarios, especialmente aquellos que dependen del túnel para actividades comerciales y laborales.

Con estas nuevas tarifas, el Túnel Subfluvial sigue siendo un enlace clave para el tránsito interprovincial, pero el desafío será equilibrar los costos operativos con el impacto económico en los usuarios frecuentes y en el sector del transporte.

Para el economista y conferencista Santiago Bulat, en adelante ahorrar en pesos se volverá más interesante, con tasas por encima de la devaluación e inflación que irán apreciando más la moneda local. En cuanto a la caída de la economía, vio como un buen signo que haya caído solo un 3,1% a pesar de un ‘ajuste demencial’, al que nadie se atrevió jamás y que el gobierno seguirá sosteniendo, incluso en años impares. Dicho esto, en función de que históricamente en Argentina los gobiernos, en años impares, con elecciones de medio tiempo o generales, han gastado mucho más para poner más dinero en la calle estimulando la economía; “el problema es que hay solo dos formas de financiar ese mayor gasto y es con mayor emisión de dinero o tomando crédito”. “Milei quiere cortar con esos ciclos y se propone no repetir más el ciclo de los años electorales”.

Bulat disertó en Crespo el martes último ante un público donde se vio a empresarios e importante número de jóvenes insertos en el mundo laboral, en un desayuno organizado por la Fundación LAR, donde se enfocó en el análisis crítico y estrategias prácticas para enfrentar la volatilidad económica y los cambios –por ahora en espera- en las políticas fiscales. Al cabo del encuentro, el disertante dialogó con medios de prensa, donde respondió que “hay varias situaciones de la economía actual que son inéditas, enumerando algunas como el plano fiscal, que es lo que el gobierno más quiere cuidar para demostrar que Argentina es solvente, que no va a entrar de nuevo en una crisis de deuda nueva ni en una inflación muy alta. Ustedes saben que afuera nos llaman ‘defaulteadores seriales’ y es la imagen que el gobierno quiere cambiar”. 

El economista considera que lo más relevante del gobierno hasta ahora, en materia económica, es haber superado el déficit fiscal, “que había alcanzado niveles históricos sorprendentes y veo difícil que lo rompan. Creo que lo electoral puede complicar porque es histórico que en los años electorales tienden a ser dolarizadores, y cuando la gente tiene pesos y duda, decide dolarizarlos. Esa historia siempre jugó un poco en contra”. 

“Otro desafío de nuestra economía es la recuperación de los ingresos reales de las personas, que se han hecho bastante pelota en los últimos tiempos. Creo que hay actividades que van a poder darles incrementos salariales a sus empleados, pero no va a pasar en todos los casos” dijo, y añadió que lo ve como un gran desafío pendiente. 

Bulat no ve mal la apertura hacia el mundo, que implica el avance de las importaciones de todo tipo. “Yo sería también aperturista porque tenemos bienes que son muy caros respecto del mundo, como electrodomésticos, autos, ropa, medicamentos, hay un montón de cosas que les quitamos acceso a los consumidores por tener precios muy altos y tener una economía cerrada. Pero también es cierto que, si nosotros continuamos con una presión tributaria alta, sin acceso al crédito, que ahora está empezando a volver, la economía argentina saldrá a competir al exterior con mucha desventaja. Ahí hay un punto importante, tenés que ver si vas a abrir la economía antes de eliminar tributos internos (como sucede), bueno, ahí podés tener un problema fuerte en la actividad económica, pese a que yo creo que en el largo plazo Argentina tiene que ser más abierta”.

-- ¿Cuándo la macro economía traslada sus buenos resultados a la micro, es decir a la economía familiar y las Pymes? 

_Yo creo que está empezando a impactar porque se están viendo mejoras en la actividad económica, el tema es que todavía le falta, aunque hay sectores todavía muy afectados, como la construcción que no ha arrancado para nada, el comercio minorista, el turismo que lo veo cada vez más complicado por el tema cambiario (Brasil muy barato, vienen menos turistas y van hacia ese destino más argentinos). En cambio, tenés sectores como por ejemplo patentamiento de autos y motos, extracción de petróleo, minería, son sectores que vienen creciendo mucho más fuerte que en los últimos años. El problema es que lo que es más mano de obra intensiva es lo que está más complicado y por eso tenés una pérdida de puestos de trabajo de unas 86 mil personas más o menos. Para mí el mayor desafío es que si esos sectores no se recuperan, cómo se hará para reinsertar a todas esas personas en el mundo laboral”.

Bulat considera sin embargo que si Argentina logra estabilizar la economía y entran muchos proyectos que en los últimos años ni se les hubiera ocurrido entrar a la Argentina, generarán mano de obra, no solo en minería y petróleo sino en telecomunicaciones, electrónica, textiles, muchos sectores que querían entrar a nuestro país, pero, así como estaba la macro no podían hacerlo.

--De la macro economía oímos hablar bastante, el tema es cómo va a impactar eso en los bolsillos del trabajador, el jubilado, el cuentapropista, mientras los ingresos están quietos, pero siguen los aumentos de los servicios, educación, movilidad, y también de la canasta familiar.

_Los salarios, es algo que yo le doy bastante importancia y vienen recuperándose desde el palazo que se pegaron en febrero, marzo, abril, lo que es una buena noticia. Lo que también es verdad que subieron un montón las tarifas, el impuesto a los combustibles, las prepagas, todo aumentó por encima de la inflación. Bueno, el año que viene no debería pasar eso porque ya se hizo el ajuste. Creo que, si las paritarias aumentan un 20% el año próximo, no tienen que aumentar los servicios porque ya lo hicieron, entonces crecerá el salario real, no en todos los sectores, ni a palos, tampoco en todas las provincias argentinas. Sí, lo que es importante es que no tiene que aumentar todo, o no debería.

-- En ese caso ¿cómo hace el empleador para no trasladarlo a precios y así volver a mover la rueda inflacionaria?

_Y si, esa es la gran pregunta que hay. El tema es que, si vos tenés una inflación que está a la baja y que no están subiendo todos tus competidores y todo lo demás, no vas a poder ser el único que quede pasado de precios. Pero si nosotros pensamos que la suba de los sueldos es lo que genera inflación permanentemente, estaríamos viendo que en los países donde el salario crece la inflación se debería disparar, y eso no está sucediendo. Lo que sí va a pasar es que los márgenes se van a comprimir un poco más. El empresario tendrá que ver cómo vender más, como promocionar, atraer más clientes y como cuida esa caja financiera que tiene o como absorbe algunos costos por otro lado. Además, toda la baja de aranceles en los insumos sirve mucho, porque puede compensar esa baja. El tema es si tengo que aumentar sueldos, me aumentan los impuestos y no me bajan las cargas laborales, ahí vas a tener un problema.

--Y en ese proceso se cae el 25% de las Pymes, según admiten voces cercanas al gobierno. Al 50% le irá bien, un 25% la tendrá que pelear duro y el otro 25% se cae.

_No tengo ese dato.

--¿No es un error de gobierno ocuparse solamente de la macro economía y esperar que la micro se acomode sola?

_Claro que no puede funcionar así, sin embargo, lo más importante es la macro. En 2023 teníamos 150 políticas productivas y la economía cayó 1,6 con inflación del 300%. No sirve para nada, podés tener un montón de micro, pero si no hay orden en la macroeconomía no sirve para nada. La macro es necesaria primero, después si, tiene que entrar la micro. Si te olvidas de ella pasa este problema del que hablabas.  Pero, claramente podrías estar haciendo un ajuste fiscal mucho menos agresivo para el bolsillo de los jubilados y los que menos tienen. ¿Qué han hecho en ese sentido? Aumentar la AUH por ejemplo (Asignación Universal por Hijo) que aumentó por encima de la inflación. Yo no hubiese congelado el bono de los jubilados, por ejemplo. No sé si el gobierno cree que con eso alcanza, eso lo verá en las elecciones del año próximo.

** Una diputada de la legislatura bonaerense, Viviana Guzzo (Unión por la Patria), presentó un proyecto para declarar de interés provincial al inodoro, calificándolo como “un lugar para la paz”. A decir verdad, a uno ya casi se le pasó la vida sin haberse dado cuenta que el retrete servía para algo más, y mucho menos para despedir desde allí el estrés, entre los despojos molestos que descarta la microbiota. 

Se sabe que, sentados sobre este rígido mueble sanitario, hay quienes pierden hasta el honor; que sobre él hay quienes han llegado a rezar; que sobre él hace fuerza el más cobarde y defecciona el más valiente; pero cuesta hacerse a la idea de Guzzo cuando pone a ese lugar a la altura de un solar de paz. En circunstancias no huele como tal y tampoco es un reclinatorio que ofrece comodidad para meditar, a excepción de que las madres de niños pequeños y molestos suelen hallar, en la intimidad de ese recinto, sus cinco minutos de pacífica soledad y descanso.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos menores) necesitó ingresos de al menos $1.001.466 en noviembre para no ser considerada pobre. Este valor surge de la medición de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, bienes y servicios esenciales como transporte, salud, vestimenta y educación.

Para un adulto, el monto requerido para superar la línea de pobreza fue de $324.099. En cuanto a la línea de indigencia, determinada por la CBA, un adulto necesitó ingresos superiores a $142.149 y una familia tipo $439.240.

La diferencia en la suba de ambas canastas se explica por la composición de la CBT, que incluye bienes y servicios más allá de los alimentos. Durante noviembre, los rubros con mayor incremento mensual fueron:

Estos aumentos impactaron en mayor medida a la CBT, elevando el costo de vida más allá de las necesidades alimentarias básicas.

El incremento mensual de la CBT en noviembre fue menor al promedio registrado en meses anteriores, aunque su impacto acumulado en el año evidencia una fuerte erosión del poder adquisitivo. La inflación persistente y el alza en servicios esenciales dificultan que las familias argentinas logren cubrir los requerimientos mínimos para una vida digna.

Este panorama refleja una creciente presión económica sobre los sectores más vulnerables, donde las variaciones en ítems como transporte y educación añaden desafíos adicionales al presupuesto familiar.

Ramiro Reiss, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, confirmó que algunos sectores de la economía provincial muestran signos de recuperación tras las fuertes pérdidas registradas a inicios de año. En una entrevista con el programa «Lo Que Queda del Día» en Oíd Mortales Radio de Concordia, Reiss se refirió a la heterogénea recuperación económica, observando repuntes leves en actividades como el agro, el sector inmobiliario y el patentamiento de vehículos.

Reiss destacó que mientras algunas industrias, como la construcción, aún no evidencian mejoras, el agro empieza a repuntar tras una temporada difícil de sequía. También subrayó el dinamismo reciente del sector inmobiliario, impulsado en parte por la derogación de la ley de alquileres, lo cual ha revitalizado la inversión en propiedades destinadas a renta.

En cuanto al patentamiento de vehículos, señaló un cambio positivo: aunque los primeros seis meses del año registraron una caída acumulada del 25%, a partir de julio se observaron números positivos que han reducido esa caída al 9,5% acumulado al cierre de octubre.

El presidente del Consejo Empresario enfatizó la importancia de que el gobierno logre mantener la inflación y las tasas de interés a la baja para sostener el crecimiento. Comentó que las recientes reducciones en la tasa de referencia facilitan financiamiento más accesible, lo que mejora la confianza del consumidor y fomenta la compra a crédito. "La clave será mantener esta estabilidad", afirmó Reiss, destacando la esperanza de recuperar la actividad en 2025.

Un informe reciente del Consejo Empresario mostró señales de mejora interanual en actividades productivas como la molienda de soja y la faena de aves. Reiss afirmó que el sector primario es un motor económico esencial para las zonas rurales de la provincia. Apoyó los regímenes de incentivo a grandes inversiones, como la reciente ley aprobada en el Senado, la cual da previsibilidad impositiva a empresas durante 15 años.

Según Reiss, el desarrollo de sectores estratégicos como el avícola, porcino y foresto-industrial es crucial para el crecimiento provincial, junto con la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de la industria del conocimiento, que puede generar empleo de calidad en Entre Ríos.

Al abordar los desafíos de la competitividad, Reiss destacó la necesidad de reducir las cargas impositivas para dar mayor impulso a los sectores productivos. "El sector privado tiene mucho para ofrecer, especialmente el primario agropecuario, que podría crecer enormemente si se alivian retenciones", apuntó.

Finalmente, Reiss compartió un mensaje de optimismo: “Después de tantas pérdidas, uno debe ser optimista para seguir adelante”, aseguró, reconociendo que la estabilidad y la previsibilidad son esenciales para la recuperación de la economía en Entre Ríos. Aun con los desafíos actuales, Reiss expresó su convicción en que, con el apoyo de políticas adecuadas, la provincia puede reactivar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de empleos formales y bien remunerados.

En una sesión especial realizada este miércoles, el Senado de Entre Ríos aprobó la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Ambos proyectos, presentados por la administración del gobernador Rogelio Frigerio, obtuvieron el respaldo del oficialismo y un empate que fue desempatado por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alicia Aluani.

La aprobación de estos regímenes no estuvo exenta de tensiones. Tras dos sesiones sin quórum, el proyecto se sometió finalmente a votación en una sesión marcada por la ausencia del senador de Villaguay, Juan Cosso, debido a un accidente vial, y por la oposición del peronismo, que proponía un proyecto alternativo para fomentar las inversiones. Además, organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo, preocupadas por el impacto que estas grandes inversiones podrían tener en los recursos naturales de Entre Ríos.

La ley aprobada tiene dos pilares principales:

Adhesión al RIGI Nacional: permite que Entre Ríos se una al régimen impulsado por el gobierno nacional, orientado a captar inversiones mayores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos mediante incentivos fiscales.

Creación del RINI: se trata de un régimen provincial diseñado para promover nuevas inversiones en industrias, transporte de carga, turismo e industrias culturales. Este incentivo está abierto tanto a nuevas instalaciones como a la expansión de las ya existentes. También se incluyen actividades relacionadas con la economía circular y la neutralidad de carbono, ampliando los beneficios de la Ley Provincial N° 11.071 de Promoción y Desarrollo Industrial, aprobada bajo la gestión de Gustavo Bordet.

El RINI otorga exenciones de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotor, así como descuentos en el consumo de energía, y elimina el 100% de los Sellos en contratos relacionados con la construcción y expansión de instalaciones productivas. También se exime a los beneficiarios de regímenes de retención y percepción mientras duren los beneficios fiscales.

El plazo de exención bajo el RINI es de 15 años, con la posibilidad de extenderse cinco años más en caso de cumplir con condiciones específicas, como el uso de Buenas Prácticas Industriales o la incorporación de mujeres al personal exclusivo.

Para facilitar los trámites, se implementará una ventanilla única que simplificará los procesos para las empresas, y se invita a los municipios a adherirse y ofrecer exenciones tributarias para complementar las disposiciones provinciales.

La ley también contempla incentivos adicionales a las empresas locales proveedoras de bienes, servicios y tecnología para las inversiones promocionadas. Las compañías podrán recibir un certificado por el monto del tributo generado, utilizable en licitaciones provinciales o en el pago de tasas de servicios.

La Autoridad de Aplicación de esta ley será el Ministerio de Desarrollo Económico, que estará a cargo de su ejecución y reglamentación. Además, los municipios y comunas de Entre Ríos están invitados a adherirse a la ley y sumar sus propias exenciones tributarias para fortalecer el régimen de incentivos.

La aprobación de la adhesión al RIGI y la creación del RINI apuntan a impulsar el desarrollo económico en Entre Ríos, atrayendo grandes inversiones y favoreciendo el crecimiento de las industrias locales. Sin embargo, las críticas de la oposición política y de los grupos ambientalistas plantean interrogantes sobre el impacto que podrían tener estas medidas en el territorio provincial, especialmente en términos de sostenibilidad y conservación ambiental.