Cuando la política exterior abandona la prudencia, los exabruptos de unos pocos segundos se transforman en hipotecas de varios años. Lo vivido este fin de semana en San Pablo encaja perfectamente en esa dinámica. Javier Milei decidió utilizar una tribuna partidaria extranjera para injuriar, sin nombrarlo pero sin dejar dudas, al jefe de Estado de la principal economía de América del Sur. Llamarlo "basura comunista", "el ladrón" o "el presidiario" no es una audacia retórica: es la renuncia deliberada a distinguir entre el líder de un partido y el Jefe de Estado de un país vecino, socio y garante de previsibilidad regional.

La respuesta de Brasilia fue proporcional y, diría, contenida: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. No es una ruptura de relaciones —el vocabulario diplomático distingue con precisión estos grados— pero sí es la señal más dura que un gobierno puede emitir sin cruzar ese umbral. Es, en el lenguaje de los cancilleres, una advertencia formal de que algo se ha quebrado y de que la reparación no será automática.

Quienes formulan la política exterior argentina de este gobierno suelen invocar la "autonomía" y la "libertad" como si fueran sinónimos de desapego respecto de los vecinos. Pero la autonomía real de un país mediano —y Argentina lo es, pese a las fantasías de excepcionalidad— no se construye ofendiendo a quien es, por lejos, su socio comercial más importante. Se construye acumulando márgenes de maniobra, y esos márgenes se obtienen precisamente de vínculos regionales sólidos, no de su demolición ostentosa.

Los números no dejan lugar a la ambigüedad retórica. En el primer semestre de 2026 el intercambio de bienes entre ambos países rozó los 13.803 millones de dólares, muy por encima del comercio con China o Estados Unidos. Brasil absorbió el 12,6% de las exportaciones argentinas totales en ese período y es, desde 1991, de modo ininterrumpido, el principal socio comercial del país. No es un dato menor ni coyuntural: es la estructura misma sobre la que se apoya buena parte del entramado industrial argentino, en particular el sector automotriz, donde Brasil concentra hasta el 50% de las exportaciones de pick-ups y camiones. La búsqueda de un aplauso partidario en San Pablo, cuando se hace a costa de ese vínculo estratégico, no expresa soberanía: la debilita irresponsablemente.

La integración regional no es un artefacto burocrático heredado de los años noventa ni una nostalgia progresista, como se la suele caricaturizar desde ciertos sectores del oficialismo. Es, ante todo, un instrumento de inserción internacional que multiplica el peso relativo de países que, aislados, tienen escasa capacidad de negociación frente a los grandes bloques y potencias. Ese mismo principio opera, en otra escala, en nuestra Región Centro: la convicción de que la cooperación entre provincias fortalece su capacidad para defender intereses compartidos, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de sus economías regionales. Lo ocurrido este fin de semana convierte una relación de Estado en una extensión de la interna electoral brasileña, alineando a la Argentina, sin matices, con el bolsonarismo y en contra del gobierno constitucional de su vecino.

Es válido —y hasta esperable— que un presidente tenga preferencias ideológicas y afinidades personales. Lo que ninguna diplomacia seria admite es que esas preferencias se traduzcan en injerencia declarada en un proceso electoral ajeno, ni que un mandatario en ejercicio equipare a un jefe de Estado extranjero con un delincuente desde suelo de ese mismo Estado. La defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro —condenado a más de 27 años de prisión por la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado— agrega una capa adicional de gravedad: no se trata solo de un desaire personal a Lula, sino de un cuestionamiento implícito a la autoridad del Poder Judicial de un país soberano.

Y hay algo más, que no debería quedar afuera de esta reflexión: a quién se estaba insultando. Luiz Inácio Lula da Silva es, más allá de cualquier lectura ideológica, uno de los dirigentes de mayor densidad política que ha dado América Latina en el último siglo. Su trayectoria —del sindicalismo metalúrgico, la lucha contra la dictadura militar, a la fundación de un partido desde cero, de la cárcel a la presidencia recuperada— lo instaló como una figura de estadista en el sentido más clásico del término: capacidad de construir mayorías amplias, disposición a negociar con adversarios internos y externos, y una lectura de largo plazo del lugar de Brasil en el mundo que trascendió sus propios mandatos. Ha gobernado en tres ocasiones distintas, en contextos económicos y políticos muy diferentes entre sí, y en cada una demostró una seriedad institucional que contrasta con el humor volátil de buena parte de la dirigencia regional contemporánea. Se puede discrepar, y con fundamentos, de muchas de sus políticas; lo que resulta más difícil de sostener es negarle la seriedad con la que ha ejercido la función presidencial y el peso específico que su figura tiene en la historia política reciente del continente. Agredir a un dirigente de esa talla, y hacerlo además en su propio país, no es solo un error de cálculo diplomático: es una muestra de liviandad frente a alguien que representa, para bien o para mal, una de las biografías políticas más consistentes de la región.

Ese contraste se exhibe, también, en los modos: apenas unas horas antes del desplante de San Pablo, Lula publicaba en el Washington Post una columna sobre los aranceles que Trump le había impuesto a su país. No hubo en ese texto un insulto, ni un apodo, ni la tentación fácil del exabrupto: hubo cifras, hubo el recuento paciente de reuniones y documentos entregados en mano, hubo una defensa de la soberanía formulada con la frialdad de quien sabe que la dignidad de un Estado se demuestra en el tono, no se proclama a los gritos. Ese es el nivel con el que un jefe de Estado le responde, incluso, a quien le acaba de golpear la economía.

Argentina ha construido, con avances y retrocesos, una tradición de política exterior hacia Brasil que atravesó gobiernos de signos opuestos —de Alfonsín a Menem, de Kirchner a Macri— precisamente porque comprendió que el vínculo bilateral trasciende las coyunturas ideológicas. Esa tradición asumía que la relación con Brasilia era, ante todo, una cuestión de Estado, no de gobierno. Lo ocurrido este fin de semana revierte ese consenso de décadas y lo hace, además, sin ninguna contrapartida estratégica visible: no hay ganancia diplomática, comercial ni geopolítica que compense el costo de una crisis con el socio que compra más de una décima parte de lo que el país exporta al mundo.

La política exterior no es un escenario para la pulsión antagónica ni para la construcción de identidad partidaria hacia adentro. Es, en cambio, el ámbito donde se administran con cautela los intereses permanentes de un Estado, más allá de quién lo gobierne circunstancialmente. Confundir ambas cosas —convertir un vínculo estratégico en munición de campaña— no es audacia libertaria: es, llanamente, un retroceso. Y como todo retroceso en materia de relaciones exteriores, sus costos no los pagará quien pronunció las palabras, sino el país que deberá reconstruir, con paciencia y sin épica, lo que se dañó en menos de media hora de discurso.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Las declaraciones del mandatario argentino durante su visita a Brasil el pasado fin de semana generaron una fuerte reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó los dichos como una "provocación sin precedentes".

En la Casa Rosada reconocen que existe un "enorme malestar" entre ambos gobiernos, aunque sostienen que el conflicto se limita al plano político y que no tendrá consecuencias sobre el intercambio comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

"Lo diplomático y lo comercial corren por carriles separados en este caso", señalaron fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales.

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), en San Pablo, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones brasileñas previstas para octubre.

En ese contexto, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra Lula da Silva, a quien volvió a cuestionar por su apoyo a Sergio Massa durante el balotaje presidencial argentino de 2023.

Milei afirmó que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y vinculó al actual gobierno brasileño con las políticas socialistas que, según sostuvo, llevaron a la Argentina a una profunda crisis económica.

Además, calificó a Lula como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario", y también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente condenado por intento de golpe de Estado.

Las declaraciones motivaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las expresiones del presidente argentino.

Al mismo tiempo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó a su país para mantener reuniones con la Cancillería.

En un comunicado oficial, el gobierno brasileño sostuvo que no existen antecedentes de que un jefe de Estado extranjero haya realizado declaraciones de ese tenor durante una visita al país.

"Es especialmente lamentable que este episodio involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene más de 200 años de amistad y que constituye su principal socio comercial", expresó la Cancillería brasileña.

Posteriormente, Mauro Vieira calificó los dichos de Milei como una "provocación sin precedentes" y sostuvo que representaron una injerencia en asuntos internos brasileños, además de una ofensa hacia el presidente, el Poder Judicial, las instituciones democráticas y el pueblo de ese país.

Pese al endurecimiento del clima diplomático, en el Gobierno nacional consideran que la tensión no derivará en represalias económicas.

Desde el oficialismo recuerdan que las diferencias entre ambos mandatarios comenzaron incluso antes de la asunción de Milei, luego de que Lula respaldara públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En defensa del Presidente también se expresó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien afirmó que dirigentes brasileños habían participado anteriormente de actividades políticas en la Argentina durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, La Libertad Avanza difundió imágenes del viaje presidencial acompañadas por el mensaje: "La derecha sea unida", en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Más allá de la crisis política, Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Sur. Ambos países son los principales socios del Mercosur y sostienen un intenso intercambio en sectores como la industria automotriz, la producción agroindustrial, la energía y el comercio manufacturero.

Por el momento, las diferencias parecen concentrarse en el plano diplomático. Sin embargo, el intercambio de declaraciones y la convocatoria de embajadores reflejan el mayor nivel de tensión bilateral registrado en los últimos años y abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente Xi Jinping afirmó este lunes que China está dispuesta a fortalecer aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con Brasil.

Xi lo afirmó durante una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un resumen de Xinhua. 

Xi señaló que, en los últimos años, la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países lograron avances positivos.

Eso desempeñó un importante papel en el impulso del desarrollo de las dos naciones y en la mejora del bienestar de sus pueblos, además de contribuir a una valiosa estabilidad en un panorama internacional marcado por la volatilidad, subrayó.

Al apuntar que este año se conmemora el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y marca el inicio del XV Plan Quinquenal del país, mientras que Brasil afrontará una importante agenda política interna, Xi afirmó que su nación está dispuesta a reforzar aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con el gigante sudamericano para mantener el impulso positivo en la construcción de una comunidad de futuro compartido.

Xi indicó que, frente a las nuevas circunstancias y desafíos, China y Brasil, como importantes miembros del Sur Global, deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización, desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global y en la defensa de la equidad y la justicia internacionales.

Añadió que ambas partes deben promover conjuntamente un desarrollo de alta calidad de la cooperación del BRICS ampliado, orientar adecuadamente esa cooperación, mantener el impulso de la unidad, lograr más resultados y escribir un nuevo capítulo de solidaridad y autosuficiencia para el Sur Global.

Xi afirmó que China concede gran importancia a la posición internacional y a la influencia de Brasil, y expresó su apoyo a ese país en la defensa de su soberanía e independencia, en su oposición a las injerencias externas y en su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Por su parte, Lula destacó que Brasil y China lograron avances positivos en la construcción de una comunidad de futuro compartido para un mundo más justo y un planeta más sostenible, con una cooperación que avanza rápidamente en diversos ámbitos.

El comercio bilateral alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que la serie de actividades del Año de la Cultura Brasil-China fortaleció aún más la base social de la amistad entre ambos pueblos.

Señaló que Brasil espera reforzar la cooperación con China en áreas como la inteligencia artificial, la energía y los recursos minerales.

Y dio la bienvenida a una mayor inversión de empresas chinas en Brasil para diversificar la cooperación bilateral y generar más resultados fructíferos.

El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar el debate sobre la propiedad de los recursos estratégicos en la Argentina. Desde distintos sectores ambientalistas surgieron cuestionamientos a la iniciativa, que busca eliminar restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Uno de los críticos fue Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien en declaraciones al portal Debate Abierto advirtió que la propuesta podría facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra y de recursos naturales en manos de empresas extranjeras.

Según explicó Micheloud, el proyecto pretende modificar la legislación sancionada en 2011, que estableció límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La norma vigente fija un tope del 15 % de la superficie rural en manos de extranjeros dentro de cada jurisdicción y establece límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular.

Para el abogado ambientalista, eliminar esas restricciones implicaría abrir la puerta a una mayor concentración de la propiedad rural.

"La tierra y el agua son recursos finitos. El problema es enfrentarlos a un capital transnacional que prácticamente no tiene límites", sostuvo.

Micheloud señaló que una de las mayores preocupaciones está vinculada con la protección de las fuentes de agua.

Explicó que la legislación actual contempla restricciones para la venta de tierras que incluyen cuerpos de agua estratégicos, como lagos, lagunas o sectores ribereños, resguardos que, según su interpretación, podrían verse afectados si prospera la reforma.

En ese contexto, advirtió que la disponibilidad de agua dulce adquirirá cada vez mayor importancia en un escenario internacional marcado por el cambio climático, la transición energética y el crecimiento de industrias vinculadas a minerales estratégicos y nuevas tecnologías.

Durante la entrevista, el especialista vinculó el interés sobre los recursos naturales argentinos con la creciente demanda mundial de minerales como el litio, el cobre y las denominadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico y energético.

También mencionó el incremento del consumo de agua y energía asociado a grandes centros de procesamiento de datos utilizados por empresas dedicadas a la inteligencia artificial.

A su entender, estos factores incrementan el valor estratégico del territorio argentino en el escenario geopolítico actual.

Micheloud cuestionó además el acompañamiento de algunos sectores políticos a la iniciativa oficial y reclamó que el tratamiento legislativo se realice con un amplio debate público.

En paralelo, organizaciones ambientalistas anunciaron una convocatoria para el 6 de agosto, fecha en la que, según trascendió, el proyecto podría comenzar a discutirse en el Congreso Nacional.

La reforma aún deberá atravesar el debate parlamentario, donde oficialismo y oposición expondrán sus argumentos sobre una iniciativa que reabre la discusión acerca del régimen de propiedad de la tierra y la protección de los recursos naturales estratégicos del país.

La ciudad de Salta fue sede de una nueva Jornada de Actualización Técnica de Legumbres, organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), que reunió a productores, exportadores, técnicos y especialistas de todo el país para debatir sobre el presente y las perspectivas de una de las economías regionales con mayor perfil exportador.

Entre las exposiciones más esperadas estuvo la del economista Juan Manuel Garzón, quien ofreció un análisis del contexto económico nacional y planteó que Argentina atraviesa una etapa de estabilización que abre nuevas oportunidades, aunque también exige un cambio profundo en la forma de competir.

Garzón sostuvo que el país avanza hacia un escenario de menor inflación, aunque advirtió que el proceso no será inmediato.

"Estamos en una etapa de estabilización macroeconómica que avanzó mucho, pero la última parte llevará tiempo", explicó al iniciar su presentación.

En ese sentido, recordó que las experiencias internacionales muestran que reducir la inflación hasta niveles de un dígito anual suele demandar varios años de políticas consistentes.

Durante su exposición, el economista destacó que el equilibrio de las cuentas públicas constituye uno de los pilares del actual programa económico.

Según explicó, mantener un superávit fiscal sostenido permitirá reducir la dependencia del financiamiento monetario y fortalecer el proceso de desinflación.

Para Garzón, si esta política se mantiene, Argentina podría completar tres años consecutivos de superávit fiscal, una situación poco habitual en la historia reciente del país.

El especialista señaló que el nuevo escenario económico modificará la lógica de funcionamiento de muchas empresas.

Con una inflación mucho menor, dejarán de ser determinantes las estrategias financieras vinculadas al manejo de stock o las remarcaciones permanentes de precios.

"Ahora la competitividad estará mucho más ligada a los volúmenes de producción, la eficiencia y la capacidad para competir", afirmó.

Otro de los ejes de la conferencia fue la apertura comercial.

Garzón consideró que Argentina está dejando atrás un modelo económico cerrado para integrarse nuevamente a los mercados internacionales mediante la reducción de restricciones al comercio y la firma de nuevos acuerdos.

En ese marco destacó especialmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que representa una oportunidad concreta para las cadenas agroexportadoras.

"En el caso de las legumbres habrá una importante reducción de aranceles para los porotos, lo que abre nuevas posibilidades comerciales", indicó.

No obstante, advirtió que la apertura también implicará una competencia más intensa con productores de otros países.

El economista también analizó la evolución del mercado de divisas y aseguró que la economía argentina dejará de depender exclusivamente del agro para generar dólares.

A la producción agropecuaria —explicó— se sumarán con fuerza los ingresos provenientes de Vaca Muerta y de la actividad minera, lo que podría modificar el comportamiento del tipo de cambio en los próximos años.

"Si este proceso se consolida, es probable que convivamos con un dólar relativamente barato en términos históricos hacia 2028", señaló.

Frente a ese escenario, insistió en que las empresas deberán enfocarse cada vez más en reducir costos y mejorar su productividad para sostener su competitividad internacional.

Al referirse específicamente al sector, Garzón transmitió un mensaje alentador.

Consideró que la producción de legumbres se encuentra entre las actividades con mejores perspectivas debido a su fuerte orientación exportadora y al crecimiento esperado de los mercados internacionales.

Sin embargo, aclaró que el contexto favorable deberá ir acompañado por mejoras en eficiencia, innovación y desarrollo de nuevos mercados.

La Jornada de Actualización Técnica de Legumbres reunió a referentes de toda la cadena productiva con un amplio programa de conferencias, paneles técnicos y espacios de intercambio sobre producción, mercados e innovación.

Uno de los momentos destacados fue la charla del exfutbolista Rolando Schiavi, quien compartió la conferencia "Raspar, Sembrar y Ganar", donde estableció un paralelismo entre el deporte y la actividad agropecuaria, resaltando valores como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.

El escenario político argentino atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Mientras el Gobierno nacional busca consolidar su proyecto con nuevos acuerdos políticos, la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa unificada. Sobre este panorama se refirió el licenciado en Ciencias Políticas Nahuel Baridón, quien realizó un análisis de la coyuntura durante una entrevista con el programa Debate Abierto.

Según el analista, uno de los momentos más complejos para la administración de Javier Milei en los últimos meses estuvo vinculado al denominado "caso Adorni", situación que, a su entender, produjo uno de los mayores impactos negativos sobre la imagen del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

No obstante, Baridón consideró que el oficialismo logró atravesar esa etapa sin mayores consecuencias institucionales gracias al respaldo político de un grupo de gobernadores.

"El Gobierno consiguió sostener la gobernabilidad con el apoyo de 14 mandatarios provinciales, algunos motivados por la necesidad de recursos nacionales y otros por conveniencia electoral, ya que comparten parte del electorado con La Libertad Avanza", explicó.

Uno de los aspectos que, según Baridón, mejor explica el momento político actual es la incorporación de Diego Santilli a un lugar estratégico dentro del gabinete nacional.

En ese sentido, sostuvo que este movimiento también ayuda a interpretar la postura adoptada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien semanas atrás manifestó públicamente su intención de construir un frente electoral junto a La Libertad Avanza.

Para el politólogo, Frigerio se anticipó a un proceso de integración política que ya venía gestándose entre dirigentes del PRO y el espacio libertario, donde hoy ocupan lugares destacados figuras como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli.

A su criterio, este esquema no solo apunta a fortalecer la gestión nacional, sino también a proyectar el escenario electoral de los próximos años.

"Se empieza a visualizar una estrategia que busca consolidar la reelección de Javier Milei y, al mismo tiempo, posicionar a Diego Santilli como una figura de peso en la provincia de Buenos Aires", analizó.

En contrapartida, Baridón describió un panorama complejo para la principal fuerza opositora.

Consideró que el peronismo no logró capitalizar políticamente los momentos de mayor dificultad del Gobierno nacional y advirtió que la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa un nivel de confrontación que excede una simple disputa por candidaturas.

A su entender, la falta de una estrategia común y la profundización de las diferencias internas debilitan las posibilidades del espacio para presentarse como una alternativa de gobierno en el corto plazo.

En el cierre de su análisis, Baridón sostuvo que la combinación entre una oposición fragmentada y una leve mejora en algunos indicadores económicos favorece al oficialismo.

"Esta desunión opositora termina siendo una buena noticia para el Gobierno nacional, que comienza a mostrar un leve repunte en su imagen pública apoyado en el control de la inflación", concluyó.

De esta manera, el analista consideró que, pese a las turbulencias políticas de los últimos meses, el oficialismo logró recuperar iniciativa y comienza a delinear una estrategia con proyección hacia los próximos desafíos electorales.

El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El diputado nacional Darío Schneider comenzó en diciembre pasado su actividad parlamentaria dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, uno de los bloques aliados del oficialismo libertario de La Libertad Avanza. A nivel provincial, el bloque trabaja con el gobierno de Rogelio Frigerio, defendiendo posiciones e intereses de Entre Ríos.

Schneider participa de ocho comisiones de labor parlamentaria. Es secretario de la comisión de Obras Públicas, vicepresidente primero de la de Transportes; y vocal en las de Asuntos Municipales; Deportes; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Población y Desarrollo Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Vivienda y Ordenamiento Urbano.

Luego del acto de inicio de obras en la Escuela N°105 Patria Libre, dialogó con Paralelo32 sobre sus actividades legislativas y sus opiniones y posiciones en un punto neurálgico de la vida política nacional: la Cámara de Diputados de la Nación.

Sobre la actividad parlamentaria que actualmente domina en la Cámara Baja, Schneider comentó que actualmente está en tratamiento en comisión el ‘súper RIGI’ (proyecto de ley del oficialismo que amplía los beneficios para grandes inversiones que estableció el RIGI-Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, N. de R.) y está en estudio también el proyecto de ‘Ley de Lobby’. “Hoy es lo que estamos trabajando en Diputados”, comentó.

– ¿Qué es la ley de Lobby?

-- Se busca transparentar la acción de empresas o sectores que buscan modificar determinadas leyes. Se plantea que se transparente eso porque no hay nada de malo en que una empresa, un sector empresarial o gremial, plantee que ‘tal ley se modifique’ o ‘que diga tal cosa’. Queremos que se reglamente para evitar faltas de transparencia. Hubo una propuesta en ese sentido durante la presidencia de Macri. Hoy se trabaja en un proyecto similar. Desde el bloque radical vamos a hacer algunas consideraciones, porque ahora se está debatiendo el proyecto que llega desde el oficialismo. Acompañamos ese proyecto, pero también hacemos nuestras propias sugerencias desde el bloque radical.

– ¿Cuáles son sus proyectos de autoría propia?

-- La semana pasada hemos presentado el proyecto de ‘Régimen Nacional de Mecenazgo Deportivo’. Es una ley que ya tenemos en la provincia de Entre Ríos, pero no está reglamentada a nivel nacional. Es para que pueda permitir al sector privado acompañar las actividades deportivas y que de ese acompañamiento tenga un beneficio compensatorio en materia fiscal o desde un punto de vista impositivo. De eso se trata el proyecto, que en las próximas semanas tendrá giro a alguna de las comisiones, seguramente la Comisión de Deportes, donde yo estoy como integrante. También a la Comisión de Presupuesto, supongo. Me pareció importante proponerlo, uno traslada a leyes lo que pasa también en su comunidad. En nuestro Crespo querido vemos como las empresas aportan todo el tiempo a los clubes. Hace poquito se inauguró un gimnasio en Cultural, donde una empresa hizo un aporte. Me parece que esas cosas hay que rescatarlas; incentivar la posibilidad de que las empresas puedan hacer aportes a una institución o a un deportista en particular, con un incentivo fiscal a cambio.

Schneider votó a favor de los cambios en la Ley de Glaciares, una iniciativa del gobierno libertario que tuvo y tiene un fuerte rechazo de la oposición política y de las organizaciones ambientalistas del país. El rechazo a ese voto se observó con fuerza en redes sociales donde ‘de cada 20 opiniones 19 criticaron’ el voto de Schneider.

Al dar su explicación, el legislador señaló: “No solamente voté a favor, sino que expuse y di la justificación de mi voto y de todo mi bloque desde el punto de vista constitucional”

Recordó que la ley de glaciares ya existía, y lo que hizo la reforma fue ordenar las competencias provinciales desde un punto de vista constitucional. Destacó que los glaciares tienen un nivel alto de protección, no solamente por la Ley de Glaciares, sino también por otras leyes; también por formar parte del Inventario Nacional de Glaciares y por formar parte de parques nacionales que tienen una ley específica que los protege. “Los glaciares no se tocan, como dije en mi intervención, eso tiene que quedar claro”, subrayó Schneider.

Continuó diciendo que el tema fue impulsado por las provincias cordilleranas, que tienen larga tradición en la administración del agua, que en esas zonas es un recurso crítico. “Uno, por ahí opina desde lejos, y quiere enseñarles a San Juan o a Mendoza cómo se administra el agua cuando en San Juan y en Mendoza saben sobre la escasez y ellos mismos son quienes van a cuidar este recurso; no van a hacer una intervención productiva, minera o de lo que sea, para perjudicarse a sí mismos”, dijo.

Agregó que “me parece que tenemos que darle esa potestad y esa responsabilidad también a las provincias que ya la tienen por la Constitución Nacional, para que puedan decidir y explotar los recursos naturales que tienen”. El legislador crespense dijo que se busca generar condiciones para que la inversión privada, “minera u otra actividad productiva”, se pueda desarrollar “en zonas que hoy están vedadas”.

Con respecto al Inventario Nacional de Glaciares que se hizo (el primer informe se presentó en 2018, N. de R.), Schneider dijo que “hoy la situación debe haber cambiado muchísimo. Hay zonas que estaban dentro de ese inventario, que pueden ser retiradas de allí porque ya no hay una reserva estratégica de agua, debido al cambio climático”.

“Se está buscando la posibilidad de generar inversión en zonas que hoy ya no tiene ningún sentido que estén protegidas porque no estamos hablando de glaciares en sí”. Finalmente, subrayó que “los recursos estratégicos como recursos hídricos no van a ser tocados”.

El entrevistado acompañó en general y en capítulos específicos el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional, primer presupuesto aprobado en la gestión del presidente Javier Milei. Previamente, y durante sus dos primeros años, el gobierno libertario había reconducido en 2024 y 2025 el presupuesto 2023, último presupuesto del gobierno del Frente de Todos. La nueva ‘ley de leyes’ consolidó el ajuste de partidas que castigó fuerte la obra pública, los traspasos a las provincias, las inversiones en salud y educación, entre otros temas.  En la votación en particular, Schneider se abstuvo en el capítulo 11, artículo 75, que había impuesto un fuerte recorte a la universidad pública y en discapacidad.

– Muchos esperaban un voto negativo de su parte en esos puntos. ¿Qué pasó?

-- Tenemos un bloque donde uno va consensuando cosas, pero en esto me abstuve. Creo que en definitiva al gobierno nacional le faltó un poco de ‘cintura’ para poder incorporar o sacar algunos temas de ese capítulo 11 completo. Las leyes se votan por capítulo, dentro de esos capítulos hay distintos artículos y en este caso, había una serie de artículos que perjudicaban el financiamiento de las universidades, que fue lo que motivó muchos votos negativos o abstenciones como la mía.

Pero, Schneider destacó algunas diferencias de fondo. “Yo creo que la inversión pública es absolutamente necesaria e indispensable y tiene que estar presente el Estado. En este punto, el estado provincial y el gobernador Frigerio acompañan también esta idea”, señaló.

Agregó: “Sobre las incumbencias a nivel nacional, tenemos las rutas nacionales, tenemos un montón de cosas donde hoy está faltando esa inversión. No tanto en la provincia de Entre Ríos porque hay obras nacionales en la ruta 12, la 18, la 14. Mal que mal, se están llevando adelante, están teniendo continuidad y se van a terminar”. Pero subrayó: “Creo que el gobierno nacional no puede eternamente decir ‘no voy a invertir más en obra pública’ porque de esa manera no es posible desarrollar un país”.

Schneider dijo que “esto nosotros lo defendemos y lo decimos sin un problema. Obviamente, uno entiende también las restricciones presupuestarias que hay cuando el presidente dice ‘no hay plata’. Y no hay plata”. Rescató el diálogo y los acuerdos del gobierno provincial con la Nación, que permiten la continuidad de obras. “No como uno quisiera, con celeridad, pero hay continuidad en la provincia, en distintos lugares”.

Finalizó diciendo que “es el camino que tenemos que seguir, acompañando el gobierno nacional para que le vaya bien, porque en definitiva, si le va bien al gobierno nacional nos va a ir bien a todos. Es lo que pretendemos, desde nuestro lugar como dirigentes políticos”.

– ¿Es difícil hacer acuerdos de diálogo con el sector libertario? Uno ve al presidente  Milei y algunos de sus funcionarios muy confrontativos. A veces ‘meten en la misma bolsa’ a todos los legisladores.

-- Bueno, son dos sectores que están confrontados. Entre la oposición más dura, que es el kirchnerismo, y La Libertad Avanza, hay mucha confrontación. Hoy por hoy el diálogo no se ve. Eso se traslada también al trabajo en las comisiones, donde muchas veces hay situaciones de mucha agresión verbal.

En ese contexto, Schneider reivindica el diálogo político. “Uno es dialoguista, tiene otra mirada de la política. Pero hoy el escenario es de mucha confrontación, mucha agresión verbal. A veces, hasta hay falta de respeto. Y la verdad que así no se puede construir un futuro que tiene que ser consolidado entre todos los argentinos”. En este punto, el diputado nacional subrayó: “No puede haber alguien excluido de eso”.

– ¿Le hace ‘ruido’ con su identidad radical votar cosas por exigencias partidarias, por acuerdos?

-- Bueno, todo el tiempo uno va votando según sus convicciones, pero nunca sentí que estuviese faltando a esos principios. En la UCR somos un partido que ha sido reformista siempre. Hemos participado de un gobierno como Cambiemos, que buscó reformas profundas que no se no llegaron a concretar. Hoy tenemos un gobierno con esa mirada disruptiva, que va a fondo.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que se ubicó en el 2,1%, la licenciada en Economía Victoria Lambruschini analizó el escenario económico actual y sostuvo que la desaceleración inflacionaria convive con una marcada pérdida del poder adquisitivo y una creciente dificultad de los hogares para afrontar sus gastos cotidianos.

La especialista consideró que la reducción de la inflación mensual responde, en gran medida, a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, particularmente al freno de las negociaciones salariales y a la caída del consumo.

“Estamos observando una desaceleración de los precios, pero también un fuerte deterioro de la demanda. Los salarios vienen creciendo por debajo de la inflación y eso impacta directamente en la capacidad de compra de las familias”, señaló.

Lambruschini advirtió además sobre una diferencia cada vez más marcada entre la evolución de los bienes y los servicios. Mientras los productos de consumo masivo muestran incrementos más moderados, los servicios esenciales continúan registrando aumentos sostenidos.

Entre ellos mencionó los costos de salud, transporte, energía eléctrica y gas, sectores donde las actualizaciones tarifarias siguen presionando sobre el presupuesto familiar.

Según explicó, esta situación obliga a destinar una mayor proporción de los ingresos a cubrir gastos básicos, reduciendo el margen disponible para otras compras y afectando directamente la actividad comercial.

“Los comercios y las pequeñas empresas enfrentan una caída de las ventas porque la gente prioriza el pago de servicios indispensables. Eso se observa en distintas ciudades y también en los centros comerciales de Paraná, donde varios negocios han tenido que cerrar por la falta de demanda”, afirmó.

La economista también puso en debate la metodología utilizada para medir la inflación. En declaraciones al programa Debate Abierto, sostuvo que la canasta de consumo que utiliza el INDEC se encuentra desactualizada y no refleja los hábitos de gasto actuales de la población.

“Estamos utilizando una referencia construida hace más de dos décadas. Muchos de los consumos que hoy forman parte de la vida cotidiana no estaban presentes cuando se elaboró esa canasta, por lo que existe una diferencia entre la medición estadística y la percepción que tienen las familias sobre el aumento del costo de vida”, explicó.

Más allá de los datos mensuales, Lambruschini remarcó que el principal problema continúa siendo la falta de crecimiento económico sostenido.

En ese sentido, señaló que Argentina arrastra más de una década de estancamiento y que esa situación se traduce en un empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población.

La profesional indicó que la situación golpea especialmente a la clase media y a los trabajadores registrados. Según sus estimaciones, una familia necesita actualmente alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales para ubicarse por encima de la línea de pobreza, un ingreso que muchas veces no logra alcanzarse ni siquiera con empleo formal.

Respecto de la evolución de los precios durante junio, Lambruschini estimó que la inflación podría ubicarse en torno al 1,8%, siempre que no se produzcan movimientos bruscos en el mercado cambiario.

No obstante, advirtió que persisten factores que dificultan una reducción más pronunciada del índice, especialmente los aumentos pendientes en combustibles y tarifas de servicios públicos.

“Esos incrementos terminan impactando sobre toda la estructura de costos de la economía, particularmente en un país con grandes distancias y elevados costos logísticos”, concluyó.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2 por ciento.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había sido del 2,6 por ciento, y consolida una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4 por ciento.

Entre las divisiones que más subieron durante mayo se destacó Comunicación, con un incremento del 3,4 por ciento impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, que registró una variación del 2,9 por ciento.

Por el contrario, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con el 0,3 por ciento, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzaron un 0,8 por ciento.

Al analizar la evolución por categorías, los precios estacionales fueron los que registraron el mayor incremento, con una suba del 3,5 por ciento.

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo vinculado principalmente al aumento de algunas verduras, parcialmente compensado por la baja en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,4 por ciento, mientras que la denominada inflación núcleo se ubicó en el 1,9 por ciento, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2 por ciento.

El resultado informado por el INDEC se ubicó levemente por debajo de las proyecciones que manejaba el mercado. Diversas consultoras privadas estimaban una inflación para mayo de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la tendencia de desaceleración podría continuar durante los próximos meses y la inflación mensual descendería por debajo del 2 por ciento hacia agosto.

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que uno de los factores que contribuyó a moderar la suba de precios fue el limitado impacto que tuvo el ajuste de los combustibles durante mayo, sumado al mantenimiento de la estabilidad cambiaria y fiscal.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habitualmente funciona como un anticipo de la medición nacional, también había mostrado una desaceleración al registrar un incremento del 2,1 por ciento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la convergencia hacia niveles de inflación similares a los internacionales es un proceso que continuará en los próximos meses.

No obstante, algunos analistas advierten que el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la evolución de la actividad económica.

En ese sentido, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el escenario macroeconómico luce más estable que meses atrás, aunque señaló que la recuperación de la economía continúa siendo desigual entre sectores y presenta fluctuaciones que todavía generan incertidumbre.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en materia inflacionaria, mientras la atención se concentra ahora en la capacidad de la economía para consolidar una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.

El Gobierno Nacional, mediante el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció este viernes que envió al Congreso una reforma sobre la Ley de Sociedades, la cual busca que las empresas tengan menos controles.

Esto se suma al conjunto de proyectos que envió el Gobierno al Congreso en los últimos días. Entre ellos figuran el "Súper RIGI", la Ley de lobby, la Ley de Ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los puntos centrales de la Ley de Sociedades y el impacto que generará.

"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".

A través de sus redes, el funcionario indicó que se termina la "tutela del Estado" sobre "cómo los socios organizan sus negocios". En ese sentido, las normas de ley pasan a ser "supletorias", donde el estatuto manda.

"Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite", afirmó Sturzenegger.

Otro tramo de la ley elimina las trabas burocráticas de los registros, en donde el objeto social "podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades". "Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos".

También le otorga libertad a las empresas para que elijan si desean someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia.

"Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina".

La digitalización entra como eje central: a partir de su aprobación, permitirá a las sociedades pasar a una "digitalización plena", con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Según el ministro, el expediente en papel "queda en la historia".

La Inteligencia Artificial (IA) gana terreno y se introduce la "Sociedad Automatizada". La opera mediante algoritmos o IA "sin requerir empleados para su operación ordinaria".

A su vez presenta las "DAO", las cuales funcionan de manera total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. "Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", detalló Sturzenegger.

Estos fueron algunos de los puntos más importantes que enumeró el ministro, quien adelantó que la modificación de la ley "tiene un sin número de otras modernizaciones".

Finalmente, el ministro desregulador sentenció que la Ley de Sociedades lleva "el ámbito de libertad al derecho societario".__IP__

"Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", concluyó.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema mediante el cual el Estado nacional reconocía parcialmente a las empresas el costo de esos boletos establecidos por ley.

Hasta ahora, ese sistema alcanzaba a beneficiarios contemplados en distintas normativas nacionales: personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y niños bajo tratamiento oncológico.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y respondía a un modelo de fuerte intervención estatal sobre el sistema de transporte.

Con la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las empresas ahora cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían incorporar ese costo dentro de su estructura operativa.

En otras palabras: el Estado deja de compensar económicamente a las empresas, pero mantiene la obligación legal de otorgar esos pasajes gratuitos.

La nueva resolución no elimina el derecho de acceso gratuito al transporte para los sectores protegidos por ley.

Las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer seguirán pudiendo solicitar pasajes sin cargo en micros de larga distancia, tal como lo establecen las leyes nacionales vigentes.

Desde Nación remarcaron que el cambio impacta exclusivamente en la relación financiera con los operadores privados, no en los derechos de los pasajeros.

La decisión genera atención en provincias como Entre Ríos, donde miles de usuarios dependen del transporte terrestre de larga distancia para tratamientos médicos, trámites y derivaciones hacia centros de mayor complejidad.

Ciudades como Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y La Paz mantienen una fuerte conexión terrestre con centros sanitarios de referencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, destinos habituales para pacientes oncológicos, trasplantados o personas con discapacidad que requieren atención especializada.

En ese contexto, la preocupación podría centrarse en dos puntos:

Al dejar de percibir la compensación estatal, las compañías podrían absorber internamente ese costo operativo. Aunque la normativa las obliga a seguir otorgando los pasajes, el sector privado podría plantear reclamos o advertir sobre impacto económico, especialmente en corredores de menor rentabilidad.

En una provincia donde el micro de larga distancia continúa siendo clave para conectar localidades medianas y pequeñas con grandes centros urbanos, el acceso efectivo al beneficio dependerá del control estatal.

Por eso, la resolución encomienda a la CNRT mantener las tareas de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la entrega de boletos gratuitos.

En Entre Ríos, muchas familias utilizan este beneficio para viajes frecuentes vinculados a tratamientos médicos complejos, rehabilitación, controles o derivaciones sanitarias fuera de la provincia.

Si bien el Gobierno asegura que no se pierde el derecho, el desafío será verificar si el nuevo esquema se traduce en un acceso normal al servicio o si aparecen dificultades operativas, demoras o restricciones informales en la asignación de pasajes.

Por ahora, la gratuidad continúa vigente. Pero el impacto real de la medida comenzará a observarse en los próximos meses, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre sigue siendo una herramienta esencial de conectividad social y sanitaria.

A sus 84 años, Julio Bárbaro mantiene una voz activa dentro del debate político argentino. Con una mirada crítica y directa, el histórico referente del justicialismo analizó el escenario nacional, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y se refirió al presente y futuro del peronismo.

En declaraciones a Debate Abierto Radio, el dirigente sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte tensión política, deterioro social y pérdida de cohesión institucional.

Bárbaro fue particularmente duro al analizar la administración nacional y consideró que el Gobierno comienza a mostrar señales de desgaste y contradicciones internas.

Según expresó, la gestión atraviesa un proceso de reconocimiento progresivo de sus propias dificultades, reflejado —a su entender— en tensiones dentro del gabinete nacional.

“Se está viendo una fractura interna donde la culpa siempre la tiene el otro”, planteó.

El dirigente también cuestionó el impacto social de las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Sostuvo que el actual rumbo económico profundizó las desigualdades y generó un aumento de la vulnerabilidad social.

Entre sus críticas, apuntó especialmente a decisiones vinculadas a la política fiscal y al impacto que, según consideró, tienen sobre distintos sectores de la sociedad.

Otro de los puntos abordados por Bárbaro fue el discurso del presidente Javier Milei respecto a la historia económica argentina.

El referente peronista rechazó la idea de que el país haya sido una potencia en términos sociales durante etapas pasadas.

Si bien reconoció el peso económico que tuvo Argentina como exportador agropecuario, señaló que ese modelo convivía con profundas desigualdades sociales.

“La Argentina fue grande cuando los argentinos fuimos integrados en sociedad”, afirmó.

Además, recordó etapas del país que, según su visión, estuvieron marcadas por mayor cohesión social y una infraestructura pública que hoy considera en riesgo frente a procesos de privatización o desinversión.

Bárbaro también analizó la actualidad del Partido Justicialista, donde planteó la necesidad de una renovación política.

Sostuvo que el sistema político argentino atraviesa transformaciones profundas y que los partidos tradicionales perdieron parte de su estructura e identidad.

En ese contexto, consideró que el peronismo necesita construir una nueva etapa.

En relación con liderazgos recientes del espacio, expresó una mirada crítica sobre el desgaste de figuras que marcaron el último ciclo político del PJ.

Dentro del escenario opositor, Bárbaro mencionó a Axel Kicillof como una figura con proyección dentro del peronismo.

Lo definió como uno de los dirigentes con condiciones para encabezar una renovación política, aunque consideró que cualquier nueva construcción deberá diferenciarse de etapas previas y construir una identidad propia.

Su análisis se inscribe dentro del debate abierto que atraviesa el peronismo sobre liderazgo, renovación y reconstrucción electoral.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la defensa del rol estatal.

Bárbaro remarcó que el Estado debe funcionar como herramienta de protección y organización social.

Según expresó, su función principal debería estar vinculada a garantizar derechos y acompañar al ciudadano, especialmente en contextos de crisis.

En esa línea, cuestionó con dureza las propuestas de privatización y advirtió sobre el riesgo de trasladar al sector privado áreas construidas históricamente con inversión pública.

Las declaraciones de Julio Bárbaro vuelven a reflejar el debate político abierto en torno al rumbo económico del país, el rol del Estado y la reconfiguración de los espacios partidarios tradicionales.

Con críticas al gobierno nacional y una mirada sobre la necesidad de renovación dentro del peronismo, el dirigente planteó una discusión que atraviesa buena parte de la agenda política actual.

En una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, el docente, expresidente del Consejo General de Educación, y referente educativo entrerriano Hugo Pais, reafirmó su defensa de la educación pública y advirtió sobre el complejo escenario social que atraviesa el país, marcado —según sostuvo— por el deterioro económico, la violencia creciente y la ausencia de políticas estatales de contención.

Pais definió a la educación pública como “la herramienta que abre puertas y brinda oportunidades a la gente del pueblo”, y consideró que los recortes impulsados por el gobierno nacional en áreas sensibles como educación, salud y discapacidad representan una seria señal de alarma para toda la sociedad.

Al referirse a la reciente marcha federal universitaria, el exfuncionario destacó tanto la masividad de la convocatoria como el comportamiento de los participantes.

Según expresó, la movilización reflejó una preocupación genuina de amplios sectores sociales ante la reducción de partidas presupuestarias destinadas a servicios esenciales. En ese sentido, consideró que el problema de fondo está vinculado a la concepción de Estado que sostiene el gobierno nacional.

“Se aplica una teoría de Estado que no es protectora ni sostenedora de servicios esenciales”, afirmó.

Pais también cuestionó la situación económica actual y sostuvo que, más allá de algunos indicadores macroeconómicos positivos, la realidad cotidiana de los hogares argentinos muestra un fuerte deterioro social.

El educador señaló que los bajos salarios, la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo generan un escenario comparable al de la crisis de 2001.

“Un Estado que no valora al ser humano en su dignidad no tiene significancia”, expresó en declaraciones a Debate Abierto, al tiempo que criticó la falta de envío de fondos nacionales hacia provincias y municipios.

Uno de los aspectos más preocupantes planteados por Pais fue el incremento de la violencia en las escuelas, fenómeno que atribuyó al contexto social y familiar que viven muchos jóvenes.

El referente educativo sostuvo que las agresiones dentro de las instituciones educativas son el reflejo de situaciones que se desarrollan en los hogares y barrios, y vinculó esta problemática al lenguaje violento de algunos dirigentes políticos, a la falta de control familiar sobre el uso de tecnologías y al acceso cada vez más preocupante de menores a armas.

Además, denunció un fuerte crecimiento en el consumo de sustancias peligrosas entre adolescentes, especialmente del denominado “nevado”, una mezcla de marihuana y cocaína que —según indicó— genera una pérdida total del respeto hacia la autoridad y las normas de convivencia.

En otro tramo de la entrevista, el autor del libro Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia propuso retomar los principios de la justicia social y profundizar la aplicación de la educación emocional dentro de las aulas.

Pais consideró fundamental generar herramientas de contención tanto para estudiantes como para docentes, en un contexto social cada vez más complejo.

Finalmente, concluyó que la salida a la crisis requiere de un Estado presente que impulse trabajo genuino, promueva a microemprendedores y fortalezca a las pequeñas empresas.

Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit, donde sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.

“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En ese sentido, detalló que el esquema debería contemplar la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

El AmCham Summit reúne a referentes del sector privado, la política y la economía para debatir el rumbo económico del país, donde la cuestión tributaria se consolida como uno de los ejes centrales.

En la comparación interanual, el índice alcanzó el 32,6%, levemente por debajo del 33,1% registrado en febrero, lo que refleja una desaceleración marginal en términos anuales pero una dinámica mensual que vuelve a tomar impulso.

Entre las divisiones, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, impulsada en parte por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el incremento fue considerablemente superior al promedio general.

Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, motorizada por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En este rubro, el impacto del contexto internacional también se hizo sentir: desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un alza del 23%.

En contraste, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El componente de precios Regulados avanzó un 5,1%, liderando las subas debido a ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo creció 3,2%, apenas por debajo del nivel general, y los precios Estacionales aumentaron 1%.

La carne volvió a ser uno de los principales factores de presión inflacionaria. En todas las regiones del país se registraron subas superiores al 5%, destacándose Cuyo (7,9%) y el Noreste (7,6%). Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes aumentaron en promedio un 10,6% en marzo, con picos en productos como la picada común (20,4%) y la carnaza (17,7%).

Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja del objetivo de converger a cero hacia agosto, tal como había planteado el Gobierno. Desde mayo del año pasado —cuando marcó su nivel más bajo en cinco años—, la tendencia ha sido ascendente.

A nivel regional, el Noreste (4,1%), el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) superaron el promedio nacional, mientras que la región Pampeana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo.

El dato oficial sorprendió a analistas y consultoras, que proyectaban una inflación más moderada. La mayoría de las estimaciones se ubicaban entre el 3% y el 3,2%, e incluso algunas, como la Fundación Libertad y Progreso, habían calculado un 2,9%.

“El dato de marzo es contundente: el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses”, señaló el economista Julián Neufeld. En su análisis, destacó la incidencia de factores externos y la dinámica monetaria interna.

Por su parte, el economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, apuntó a la falta de un “ancla nominal” y al impacto de los precios regulados: “El control de agregados monetarios resulta inefectivo con una demanda de dinero inestable y sin una regla clara para la tasa de interés”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y al proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.

“A medida que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá una convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.

El presidente Javier Milei también se refirió al dato con tono crítico: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó, aunque se mostró confiado en una futura desaceleración.

Con un inicio de año más inflacionario de lo esperado y expectativas desalineadas, el desafío para el Gobierno será recomponer credibilidad en su programa económico. Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas.

En ese marco, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó que “estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación” y sostuvo que la movilización busca que “el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”.

Romero explicó que los jefes comunales presentarán un documento en la mesa de entradas de la cartera económica que conduce Luis Caputo. El escrito, detalló, contiene argumentos económicos que justifican la necesidad de revisar la caída de ingresos que afectan directamente a las administraciones municipales.

“La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, advirtió la intendenta.

La jefa comunal participa del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) —que recientemente se reunió en Paraná— y de la Federación Argentina de Municipios (FAM), espacios desde los cuales se articula la protesta y la búsqueda de respuestas institucionales.

Según adelantó Romero, desde el Cofein se solicitaron audiencias en el Ministerio del Interior y en ambas cámaras del Congreso, que se concretarían durante abril.

Entre los principales planteos figura el pedido de que se distribuya el impuesto al combustible —actualmente retenido por el gobierno nacional y destinado a rutas y viviendas—, además de la propuesta de disolver el esquema discrecional de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para incorporarlo al sistema de coparticipación automática.

La intendenta fue enfática al señalar que los municipios no son responsables del desequilibrio fiscal del país: “No tenemos desequilibrio fiscal y no somos parte de la carga fiscal de Argentina, ya que el 78% de los tributos son nacionales”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la movilización es también comunicar a la sociedad la situación que atraviesan los gobiernos locales: “Alzamos nuestra voz para transparentar esto ante la sociedad y que no se crea que los municipios malgastan sus fondos”.

Doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Salvia expuso en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde ofreció una cátedra sobre pobreza y luego dialogó con el medio DOSos Florines.

Durante su análisis, el especialista identificó una serie de “cuellos de botella” que, según su visión, limitan la recuperación económica. Entre ellos, mencionó la falta de crédito, el elevado riesgo país y un consumo interno que continúa deprimido.

“El gobierno está entrampado; por no poder generar inversión, más empleo ni mejores salarios, baja el consumo y tampoco se fomenta el círculo virtuoso”, sostuvo.

Salvia explicó que la estrategia oficial de priorizar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación tiene costos en el corto plazo, particularmente en términos de recesión y retracción de sectores productivos. En ese sentido, consideró que la administración nacional enfrenta un dilema complejo: estabilizar la macroeconomía sin profundizar el deterioro del mercado interno.

Asimismo, advirtió que la falta de confianza de los inversores —tanto locales como extranjeros— posterga el desarrollo de un clima de negocios favorable. Según estimó, ese escenario podría demorarse al menos hasta 2027.

El sociólogo remarcó que, para consolidar el nuevo modelo, es necesario reducir aún más la inflación, bajar el riesgo país y acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, subrayó que la ausencia de crédito y la incertidumbre macroeconómica desalientan las inversiones.

“El inversor no ve que este modelo fomente el consumo interno, que es el primer mercado para cualquier empresa. Sin demanda, no hay incentivos para producir ni para instalarse”, explicó.

También señaló que, frente a la caída de la demanda, muchas empresas optan por importar productos más baratos en lugar de invertir en producción local, lo que impacta negativamente en el entramado industrial.

En materia laboral, Salvia alertó sobre un deterioro en la calidad del empleo. Según indicó, el modelo actual no apunta a la generación de trabajo formal y protegido, sino que favorece modalidades más precarias como el empleo informal o autónomo.

“El modelo da cabida a una parte de la población, pero deja a la otra mitad fuera del empleo de calidad”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el país enfrenta un problema estructural: la necesidad de crear entre cuatro y cinco millones de empleos de calidad para sostener un desarrollo inclusivo, algo que —según su diagnóstico— no se vislumbra en el corto ni mediano plazo.

Por otra parte, el investigador reflexionó sobre el rol de las provincias en un escenario de ajuste fiscal. Planteó que los gobiernos subnacionales enfrentan una disyuntiva entre sostener el gasto social o impulsar la inversión pública.

En ese marco, cuestionó la dependencia del impuesto a los Ingresos Brutos, al que calificó como “distorsivo”, y propuso avanzar hacia una reforma tributaria integral.

Salvia manifestó su coincidencia con la implementación de un “Súper IVA” como alternativa para mejorar la recaudación y fomentar la inversión. “Es la mejor fórmula que tenemos para salir de esta trampa”, sostuvo.

Finalmente, el especialista remarcó que la economía argentina atraviesa un proceso de alta incertidumbre, en el que las definiciones políticas y económicas de los próximos años serán clave para determinar si la actual transición logra consolidarse en un modelo sostenible.