Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit, donde sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.

“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En ese sentido, detalló que el esquema debería contemplar la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

El AmCham Summit reúne a referentes del sector privado, la política y la economía para debatir el rumbo económico del país, donde la cuestión tributaria se consolida como uno de los ejes centrales.

En la comparación interanual, el índice alcanzó el 32,6%, levemente por debajo del 33,1% registrado en febrero, lo que refleja una desaceleración marginal en términos anuales pero una dinámica mensual que vuelve a tomar impulso.

Entre las divisiones, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, impulsada en parte por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el incremento fue considerablemente superior al promedio general.

Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, motorizada por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En este rubro, el impacto del contexto internacional también se hizo sentir: desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un alza del 23%.

En contraste, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El componente de precios Regulados avanzó un 5,1%, liderando las subas debido a ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo creció 3,2%, apenas por debajo del nivel general, y los precios Estacionales aumentaron 1%.

La carne volvió a ser uno de los principales factores de presión inflacionaria. En todas las regiones del país se registraron subas superiores al 5%, destacándose Cuyo (7,9%) y el Noreste (7,6%). Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes aumentaron en promedio un 10,6% en marzo, con picos en productos como la picada común (20,4%) y la carnaza (17,7%).

Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja del objetivo de converger a cero hacia agosto, tal como había planteado el Gobierno. Desde mayo del año pasado —cuando marcó su nivel más bajo en cinco años—, la tendencia ha sido ascendente.

A nivel regional, el Noreste (4,1%), el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) superaron el promedio nacional, mientras que la región Pampeana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo.

El dato oficial sorprendió a analistas y consultoras, que proyectaban una inflación más moderada. La mayoría de las estimaciones se ubicaban entre el 3% y el 3,2%, e incluso algunas, como la Fundación Libertad y Progreso, habían calculado un 2,9%.

“El dato de marzo es contundente: el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses”, señaló el economista Julián Neufeld. En su análisis, destacó la incidencia de factores externos y la dinámica monetaria interna.

Por su parte, el economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, apuntó a la falta de un “ancla nominal” y al impacto de los precios regulados: “El control de agregados monetarios resulta inefectivo con una demanda de dinero inestable y sin una regla clara para la tasa de interés”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y al proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.

“A medida que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá una convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.

El presidente Javier Milei también se refirió al dato con tono crítico: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó, aunque se mostró confiado en una futura desaceleración.

Con un inicio de año más inflacionario de lo esperado y expectativas desalineadas, el desafío para el Gobierno será recomponer credibilidad en su programa económico. Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas.

En ese marco, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó que “estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación” y sostuvo que la movilización busca que “el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”.

Romero explicó que los jefes comunales presentarán un documento en la mesa de entradas de la cartera económica que conduce Luis Caputo. El escrito, detalló, contiene argumentos económicos que justifican la necesidad de revisar la caída de ingresos que afectan directamente a las administraciones municipales.

“La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, advirtió la intendenta.

La jefa comunal participa del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) —que recientemente se reunió en Paraná— y de la Federación Argentina de Municipios (FAM), espacios desde los cuales se articula la protesta y la búsqueda de respuestas institucionales.

Según adelantó Romero, desde el Cofein se solicitaron audiencias en el Ministerio del Interior y en ambas cámaras del Congreso, que se concretarían durante abril.

Entre los principales planteos figura el pedido de que se distribuya el impuesto al combustible —actualmente retenido por el gobierno nacional y destinado a rutas y viviendas—, además de la propuesta de disolver el esquema discrecional de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para incorporarlo al sistema de coparticipación automática.

La intendenta fue enfática al señalar que los municipios no son responsables del desequilibrio fiscal del país: “No tenemos desequilibrio fiscal y no somos parte de la carga fiscal de Argentina, ya que el 78% de los tributos son nacionales”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la movilización es también comunicar a la sociedad la situación que atraviesan los gobiernos locales: “Alzamos nuestra voz para transparentar esto ante la sociedad y que no se crea que los municipios malgastan sus fondos”.

Doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Salvia expuso en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde ofreció una cátedra sobre pobreza y luego dialogó con el medio DOSos Florines.

Durante su análisis, el especialista identificó una serie de “cuellos de botella” que, según su visión, limitan la recuperación económica. Entre ellos, mencionó la falta de crédito, el elevado riesgo país y un consumo interno que continúa deprimido.

“El gobierno está entrampado; por no poder generar inversión, más empleo ni mejores salarios, baja el consumo y tampoco se fomenta el círculo virtuoso”, sostuvo.

Salvia explicó que la estrategia oficial de priorizar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación tiene costos en el corto plazo, particularmente en términos de recesión y retracción de sectores productivos. En ese sentido, consideró que la administración nacional enfrenta un dilema complejo: estabilizar la macroeconomía sin profundizar el deterioro del mercado interno.

Asimismo, advirtió que la falta de confianza de los inversores —tanto locales como extranjeros— posterga el desarrollo de un clima de negocios favorable. Según estimó, ese escenario podría demorarse al menos hasta 2027.

El sociólogo remarcó que, para consolidar el nuevo modelo, es necesario reducir aún más la inflación, bajar el riesgo país y acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, subrayó que la ausencia de crédito y la incertidumbre macroeconómica desalientan las inversiones.

“El inversor no ve que este modelo fomente el consumo interno, que es el primer mercado para cualquier empresa. Sin demanda, no hay incentivos para producir ni para instalarse”, explicó.

También señaló que, frente a la caída de la demanda, muchas empresas optan por importar productos más baratos en lugar de invertir en producción local, lo que impacta negativamente en el entramado industrial.

En materia laboral, Salvia alertó sobre un deterioro en la calidad del empleo. Según indicó, el modelo actual no apunta a la generación de trabajo formal y protegido, sino que favorece modalidades más precarias como el empleo informal o autónomo.

“El modelo da cabida a una parte de la población, pero deja a la otra mitad fuera del empleo de calidad”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el país enfrenta un problema estructural: la necesidad de crear entre cuatro y cinco millones de empleos de calidad para sostener un desarrollo inclusivo, algo que —según su diagnóstico— no se vislumbra en el corto ni mediano plazo.

Por otra parte, el investigador reflexionó sobre el rol de las provincias en un escenario de ajuste fiscal. Planteó que los gobiernos subnacionales enfrentan una disyuntiva entre sostener el gasto social o impulsar la inversión pública.

En ese marco, cuestionó la dependencia del impuesto a los Ingresos Brutos, al que calificó como “distorsivo”, y propuso avanzar hacia una reforma tributaria integral.

Salvia manifestó su coincidencia con la implementación de un “Súper IVA” como alternativa para mejorar la recaudación y fomentar la inversión. “Es la mejor fórmula que tenemos para salir de esta trampa”, sostuvo.

Finalmente, el especialista remarcó que la economía argentina atraviesa un proceso de alta incertidumbre, en el que las definiciones políticas y económicas de los próximos años serán clave para determinar si la actual transición logra consolidarse en un modelo sostenible.

En un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo, la petrolera YPF anunció que no trasladará esos aumentos a los surtidores durante los próximos 45 días. La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y busca aliviar el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Desde la compañía señalaron que la decisión responde a la necesidad de sostener el consumo en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando signos de retracción.

La empresa definió esta política como un “buffer” o amortiguador de precios. “Se van a moderar los aumentos”, indicaron voceros de YPF a distintos medios, al tiempo que explicaron que la firma absorberá, de manera temporal, el encarecimiento del crudo en el mercado internacional.

No obstante, desde la petrolera aclararon que esta medida alcanza exclusivamente a la variable vinculada al precio del barril de petróleo. En ese sentido, advirtieron que otros factores que inciden en el valor final de los combustibles, como eventuales subas impositivas o variaciones en el tipo de cambio, podrían impactar en los precios.

“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.

La decisión de YPF se enmarca en un escenario global complejo, con mercados energéticos sensibles a los conflictos geopolíticos, y representa un intento por dar previsibilidad a los consumidores en el corto plazo.

En un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo, el endeudamiento se consolida como una estrategia central de los hogares argentinos para afrontar gastos cotidianos. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, casi seis de cada diez familias recurrieron al crédito en los últimos seis meses, principalmente para cubrir consumos básicos, pagar tarjetas, cancelar deudas previas, afrontar servicios o sostener el alquiler.

El informe revela que el 56,4% de los hogares tomó algún tipo de deuda en ese período y, dentro de ese grupo, cerca de nueve de cada diez ya enfrenta dificultades para cumplir con los pagos. Lejos de vincularse con decisiones de inversión o mejora económica, el crédito aparece cada vez más asociado a la necesidad de sostener niveles mínimos de consumo.

Este fenómeno se da en un escenario donde el 83,9% de los encuestados afirma que sus ingresos no logran ganarle a la inflación, y más de la mitad de la población reconoce que no llega a cubrir sus gastos hasta el día 20 de cada mes. En este contexto, la deuda deja de funcionar como una herramienta financiera y pasa a convertirse en un recurso de subsistencia.

La situación se inscribe, además, en una percepción social más amplia de fragilidad económica. Más del 53% de los consultados se identifica como parte de la clase baja, no solo como una categoría simbólica, sino como reflejo de su experiencia cotidiana. A su vez, cerca de seis de cada diez consideran que la situación general del país es mala o muy mala, lo que refuerza una lógica defensiva en la toma de decisiones económicas.

En este marco, el endeudamiento deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte de la vida cotidiana. Cuando los ingresos no alcanzan, el crédito cubre la diferencia; pero a medida que se acumula, crecen también las dificultades de repago. Este circuito —ingresos insuficientes, recurso al crédito y problemas para cumplir con las obligaciones— se repite de manera generalizada y configura una dinámica estructural.

Los datos sobre el destino del financiamiento refuerzan esta tendencia: la mayor parte se orienta a gastos corrientes y cancelación de deudas, lo que implica que los hogares no solo enfrentan limitaciones en el presente, sino que además comprometen sus ingresos futuros para sostener el consumo actual.

En paralelo, el estudio advierte un creciente distanciamiento entre la percepción social y los datos oficiales. En marzo, el 65,8% de la población consideró que la inflación informada por el INDEC no refleja adecuadamente el aumento de precios que experimenta en su vida diaria.

Este desajuste se explica, en parte, porque la inflación dejó de percibirse como un indicador abstracto y pasó a medirse en términos concretos: cuánto rinde el salario, hasta qué día del mes alcanza y qué margen queda para cubrir gastos esenciales. Cuando los ingresos pierden poder de compra, la credibilidad del índice se ve afectada no solo por lo que mide, sino también por su impacto real.

A esto se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, lo que contribuye a erosionar la confianza en las estadísticas públicas. En términos sociales, cuando los datos oficiales no logran reflejar la experiencia cotidiana, pierden capacidad de validación.

El deterioro económico también encuentra su correlato en el plano político. Según el informe, la desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó en marzo el 53,3%, con un aumento de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. En tanto, la aprobación se ubicó en el 38,5%, consolidando una tendencia negativa en la evaluación de su gestión.

El informe vincula este resultado con la situación material de los hogares: la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para llegar a fin de mes y el uso creciente del endeudamiento impactan directamente en la percepción sobre el rumbo económico y, por extensión, en la valoración del Gobierno.

Por su parte, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof mostró una leve estabilización, aunque en niveles bajos: su imagen positiva se ubicó en el 33,8%, mientras que la negativa alcanzó el 57,2%. Si bien el dato interrumpe la tendencia descendente de meses anteriores, aún mantiene un diferencial negativo elevado.

El estudio describe un proceso que se repite en gran parte de la sociedad: caída del poder adquisitivo, dificultad para sostener el consumo, recurso al endeudamiento y creciente incapacidad de pago. Este circuito, lejos de ser marginal, define una dinámica económica en la que el crédito comienza a reemplazar parcialmente al ingreso como fuente de equilibrio.

El resultado no es solo financiero, sino también social: una realidad en la que la vulnerabilidad deja de ser transitoria y pasa a estructurar las decisiones cotidianas de amplios sectores de la población.

El relevamiento fue realizado sobre 1.198 casos a nivel nacional durante marzo, con un margen de error de ±2,83% y un nivel de confianza del 95%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de febrero fue del 2,9%, lo que llevó el aumento acumulado de precios en el primer bimestre del año al 5,9%. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registra una desaceleración desde hace nueve meses.

En términos interanuales, la variación del IPC alcanzó el 33,1%, según el relevamiento oficial.

El informe del Indec señala que la división con mayor incremento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 6,8%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por ajustes en las tarifas de servicios públicos, como gas, agua y electricidad, así como por modificaciones en los esquemas de subsidios y segmentación tarifaria en distintas provincias.

El segundo rubro con mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3,3%.

Este sector, además, tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, debido principalmente al aumento en carnes y derivados. La excepción fue la región Patagonia, donde el mayor impacto se registró en el rubro vivienda y servicios.

En contraste, las divisiones que registraron los menores movimientos durante febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registraron variación en el mes.

En cuanto a las categorías que agrupan distintos tipos de precios, los Regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que aumentó 3,1%. Por su parte, los precios Estacionales registraron una caída del 1,3%.

La publicación del índice de febrero se produce en medio de un aumento en el precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, los analistas estiman que este fenómeno podría reflejarse recién en los índices de inflación de los próximos meses.

El dato nacional difundido por el Indec se ubicó por encima del indicador publicado recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% de enero.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumulada en los primeros dos meses del año en la ciudad fue de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

Pese a la aceleración registrada en febrero, el presidente Javier Milei ha sostenido en distintos discursos y entrevistas que para agosto de este año la inflación mensual podría acercarse a cero, lo que implicaría niveles mínimos de variación de precios.

El dato también se conoció en medio de cambios institucionales dentro del organismo estadístico. En las últimas semanas se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología de medición de inflación que se venía desarrollando desde 2017.

El nuevo titular del organismo, Pedro Lines, comenzó a analizar alternativas para actualizar el indicador, cuya metodología actual presenta más de dos décadas de antigüedad y ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que recomienda una modernización del sistema de medición.

Según informaron fuentes legislativas, los sindicatos del sector acordaron este miércoles una actualización salarial acumulada del 12,5% para ese período. Debido a que las dietas de los senadores están vinculadas a los aumentos que reciben los trabajadores del Congreso, los ingresos de los legisladores se incrementarán automáticamente.

De esta manera, quienes hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo cerca de 11 millones de pesos brutos, mientras que en mayo la cifra alcanzará aproximadamente los 11,5 millones.

El mecanismo que vincula las dietas de los senadores con las paritarias legislativas fue restablecido en abril de 2024, cuando la Cámara alta decidió volver a acoplar sus ingresos a los aumentos salariales del personal del Congreso. Esa decisión se tomó a mano alzada y generó polémica dentro del propio Senado, ya que algunos legisladores manifestaron su desacuerdo con la medida impulsada por la mayoría.

Previamente, el esquema había sido suspendido mediante una resolución conjunta de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A diferencia del Senado, en la Cámara de Diputados los incrementos en las dietas no se actualizan automáticamente con las paritarias legislativas. Allí los aumentos son definidos por la presidencia del cuerpo.

Por ese motivo, actualmente los diputados nacionales perciben ingresos cercanos a los 6 millones de pesos brutos mensuales, lo que marca una diferencia significativa respecto de los senadores.

El salario de los senadores se calcula en base a un sistema de módulos. Cada legislador percibe 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Este último adicional no es percibido por los tres senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires —Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde— ni por la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien decidió no cobrar la dieta y mantener la jubilación que recibe como exgobernadora.

El acuerdo salarial firmado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso contempla incrementos retroactivos y escalonados: 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, lo que representa un 6,85% acumulado. A ello se suman aumentos del 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

El entendimiento fue suscripto por el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; el representante de UPCN, Martín Roig; y el dirigente de ATE, Claudio Britos, junto con los secretarios parlamentarios del Senado y de Diputados, Agustín Wenceslao Guistian y Adrián Pagán.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

Además, remarcaron que el incremento del 12,5% acumulado “no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando” en futuras discusiones salariales.

El titular de Grupo Mercado, Jorge Majluff, analizó el escenario político y social de cara a los próximos años y señaló que el respaldo al presidente Javier Milei se mantiene principalmente por expectativas a futuro más que por la situación económica actual. Al mismo tiempo, consideró que la gestión del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio deberá mostrar obras concretas para consolidar su capital político.

El consultor presentó un informe sobre el estado de la opinión pública en Entre Ríos y a nivel nacional durante una entrevista en el programa radial Debate Abierto. Según explicó, el panorama general no ha cambiado demasiado desde fines de 2025, aunque detectó un cambio sutil en el humor social: una creciente impaciencia ante una recuperación económica que aún no se refleja en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos.

De acuerdo con el análisis de Majluff, el presidente conserva en Entre Ríos una imagen positiva superior al 50%. Sin embargo, aclaró que ese respaldo está “anclado en la expectativa” y en la comparación con gestiones anteriores, más que en la evaluación del presente económico.

“Cuando preguntás por el hoy, todas las variables dan mal; el 80% dice que está igual o peor económicamente”, señaló el analista.

Para describir el escenario actual, utilizó una metáfora gráfica: comparó el control de la inflación con “tener un auto muy lindo en la casa, pero sin un litro de nafta”.

En ese sentido, advirtió que si hacia las elecciones de octubre de 2027 no hay mayor circulación de dinero y mejoras visibles en la economía cotidiana, la competitividad electoral del oficialismo nacional podría verse comprometida.

Majluff también observó que el estilo confrontativo del presidente en el Congreso no genera el mismo nivel de respaldo que su figura política, y que incluso parte de su base electoral cuestionó el tono de su último discurso.

En el plano provincial, el analista ubicó la imagen positiva del gobernador Rogelio Frigerio en torno al 55%. Según explicó, el mandatario logró sostener un nivel de apoyo relativamente estable gracias a su perfil dialoguista y a la ausencia de escándalos de corrupción en su gestión.

No obstante, remarcó que el principal desafío para este año será mostrar resultados concretos. “Este tiene que ser un año de cemento, asfalto y rutas”, sostuvo.

Para Majluff, la gestión provincial necesita materializar obras de infraestructura que permitan consolidar la expectativa generada durante el primer tramo de gobierno y evitar que el apoyo ciudadano se diluya.

Respecto de la relación entre la provincia y la Nación, el consultor consideró que el vínculo estrecho con el Ejecutivo nacional responde a la lógica del sistema federal argentino, al que definió como “pseudo federal”.

En ese sentido, recordó la experiencia del exgobernador Sergio Montiel, quien enfrentó al gobierno nacional durante su mandato y sufrió consecuencias económicas y políticas. Según Majluff, los gobernadores dependen en gran medida de las decisiones del presidente de turno para acceder a recursos.

Finalmente, al analizar la situación de la oposición, el consultor señaló que el peronismo enfrenta dificultades para construir una representación clara y un discurso que trascienda el peso político de la provincia de Buenos Aires.

Ante ese escenario, no descartó que en los próximos años puedan surgir figuras externas a la política tradicional.

Según explicó, el descontento social y la falta de respuestas en áreas clave como la economía, la salud o la educación podrían abrir espacio para la aparición de “outsiders” o referentes de la sociedad civil que logren canalizar el malestar ciudadano.

El diputado nacional Darío Schneider (UCR-Entre Ríos) analizó el mensaje brindado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”. Asimismo, valoró la agenda parlamentaria que el mandatario dejó planteada de cara al nuevo período legislativo.

En declaraciones al programa Amanece que nos es poco (Radio Plaza), el legislador entrerriano observó que al Presidente “se lo vio desde el primer momento muy eufórico y confrontativo”, aunque consideró que ese estilo forma parte de su identidad política. “Ese estilo y su manera de decir las cosas es en parte lo que lo ha llevado al lugar en que está”, señaló.

Schneider remarcó especialmente el tramo del discurso en el que el mandatario hizo un repaso de la situación económica desde el inicio de su gestión. “Destaco el recorrido que hizo el presidente de los logros: de estar al borde de la hiperinflación, a estar con el tema no resuelto, pero en un escenario muchísimo mejor”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el mensaje buscó poner en valor los esfuerzos realizados hasta el momento y plantear la necesidad de avanzar con reformas estructurales. “A partir de ahí, de hacer ver los esfuerzos que hemos hecho, marcó que hay que seguir adelante y que faltan reformas importantes”, explicó.

El diputado radical llamó también a “ver cómo se dicen las cosas” y reconoció que el tono presidencial no es propio de su espacio político. “No está en nuestra esencia ese estilo, pero es el Presidente y uno respeta su manera de llevar adelante la gestión y su relación con los demás sectores políticos”, sostuvo.

No obstante, subrayó que más allá de las formas, es necesario reconocer resultados. “Uno no puede dejar de reconocer que hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”, expresó.

Finalmente, destacó como un punto central del discurso la definición de una agenda de trabajo parlamentario. “Es importante que ya haya planteado una agenda de reformas que van a estar llegando al Congreso”, valoró.

Schneider sintetizó su postura señalando que el país necesita “mayor empleo, más producción, más crecimiento y desarrollo” y que para ello son indispensables las inversiones. “El Presidente está buscando generar condiciones para que se produzcan esas inversiones”, concluyó.

El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “no hubo anuncios de importancia” ni definiciones claras sobre el rumbo de la economía.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet afirmó que la exposición presidencial fue “perfectamente planificada, guionada y actuada”, y negó que los exabruptos hayan sido espontáneos. “Fue algo pensado para ir a un discurso confrontativo, que desvíe los grandes ejes que uno esperaba escuchar en una apertura de sesiones”, señaló.

El legislador entrerriano consideró que desde el inicio hubo “una actitud de provocación permanente” que desnaturalizó lo que tradicionalmente constituye un mensaje institucional ante la Asamblea Legislativa.

“La verdad que es una pena, porque me hubiese interesado escuchar cuál va a ser el rumbo de la economía y de eso no se habló. No hubo anuncios importantes tampoco”, remarcó.

Bordet cuestionó además que, más allá de los cruces y las expresiones polémicas, “los problemas en la Argentina siguen”. En ese sentido, advirtió que el costo de vida continúa en aumento y sostuvo que la inflación, que el Gobierno presenta como un logro, “desde mayo viene subiendo sostenidamente”.

“Hoy estamos en los mismos valores que hace varios años atrás, con la gran diferencia de que ahora hay inflación y estancamiento, lo que se conoce como estanflación, y esto perjudica notoriamente a las familias argentinas”, expresó. Y agregó: “Me hubiese gustado saber qué es lo que iban a proponer en materia económica. Fue más un show de prime time que un discurso de apertura de sesiones”.

El exgobernador de Entre Ríos también lamentó lo que definió como “un gran deterioro de las instituciones” y cuestionó las formas del mandatario. “La falta de respeto y ciertas guarangadas no le hacen bien a nadie”, afirmó.

Según describió, el tono confrontativo fue deliberado. “Cuando hacía el acting dirigiéndose hacia la oposición, era algo que estaba pensado. No es algo espontáneo. Y si uno analiza lo que decía, eran frases repetitivas, prácticamente las mismas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las provocaciones partieron del Presidente y que, si bien el bloque opositor se mantuvo en calma en un primer momento, algunos legisladores reaccionaron ante los agravios.

Bordet también señaló que el discurso apuntó contra la oposición política y determinados sectores empresariales, a los que —según dijo— el Presidente ha tomado como adversarios. En ese marco, citó el concepto desarrollado por Umberto Eco sobre la “construcción del enemigo” como herramienta discursiva.

“Se construye un enemigo para polemizar y denigrar, pero lo que se está ocultando es que hay una situación económica cada vez más penosa, con mayores dificultades y una especulación financiera creciente”, advirtió.

Finalmente, criticó la extensión del mensaje presidencial —que superó las dos horas— y reiteró que no hubo anuncios concretos. “Se habló de reformas y de enviar proyectos al Congreso, se mencionó por arriba una posible modificación del Código Penal, pero no hubo nada específico. Para ser una apertura de sesiones, estuvo muy fuera de lo que debió haber sido”, concluyó.

Un informe del Banco Provincia, elaborado en base a datos del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), advirtió que durante 2025 las familias argentinas incrementaron de manera significativa su nivel de endeudamiento para sostener el consumo, en un contexto de deterioro de ingresos y aumento de la morosidad.

Según el relevamiento, el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En otras palabras, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario completo adicional en el transcurso del año.

“Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025”, destacó la entidad en el informe.

El Banco Provincia advirtió que el aumento del crédito en relación con los salarios no sería necesariamente problemático si existieran expectativas claras de recuperación del ingreso real o si la morosidad se mantuviera estable.

“El aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera”, señalaron. Sin embargo, el informe remarca que ninguna de esas condiciones se estaría cumpliendo actualmente.

Por el contrario, la irregularidad de cartera mostró un fuerte deterioro, especialmente en entidades no financieras, donde la mora saltó de 7,7% a fines de 2024 a 25% un año después. En los bancos tradicionales, el índice alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

El análisis también evidenció diferencias según el tamaño de los préstamos. Al cierre de 2025, uno de cada cinco créditos inferiores a un millón de pesos registraba atrasos, mientras que en los préstamos superiores a 10 millones de pesos la morosidad descendía a 11,9%.

De esta manera, el deterioro afecta con mayor intensidad a los deudores de menores recursos.

Si se mide la mora por cantidad de personas y no por volumen de crédito, el índice asciende al 24%. Es decir, casi una de cada cuatro personas presenta dificultades para afrontar sus deudas, frente al 13% cuando se evalúa por monto. El dato implica un salto de 10 puntos porcentuales en un año, ya que a fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

El informe también desmiente que el incremento de la mora sea consecuencia exclusiva del ingreso de nuevos usuarios al sistema financiero.

Los llamados “nuevos ingresantes” —personas sin exposición crediticia previa— acumularon durante el año una deuda de $3,1 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de las familias. Si bien su ratio de mora fue levemente superior al promedio (15,5% frente a 12,9%), solo explicaron 5 de cada 100 pesos de la nueva mora generada en el período.

“La conclusión es directa: el grueso del deterioro provino de deudores que ya estaban en el sistema y que, frente al deterioro en sus ingresos, perdieron gradualmente capacidad de pago”, sostuvo la entidad.

De cara a 2026, el Banco Provincia advirtió que la sostenibilidad del crédito como motor de la actividad dependerá principalmente de dos factores externos al sistema financiero: la recuperación del salario real y la evolución de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, señaló el informe, difundido por InfoBae.

En ese sentido, la entidad concluyó que el margen para sostener el consumo mediante una nueva expansión del endeudamiento es hoy menor que en 2024 y 2025. Con una base más amplia de deudores, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el crédito enfrenta límites más estrictos como herramienta de impulso económico.

Así, la dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el salario real logra recomponerse o si el actual “puente financiero” que sostuvo el consumo alcanzó su límite estructural.

Mientras continúa la tensión por el anuncio de cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el inicio de la conciliación obligatoria, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar con dureza al sector empresario por los niveles de precios en el mercado argentino.

El mandatario se hizo eco de declaraciones realizadas por Roberto Méndez, director ejecutivo de la cadena de distribución de neumáticos Neumen, durante una entrevista en el streaming AhoraPlay, donde el empresario admitió que en determinados períodos se aplicaron márgenes excesivos en la comercialización de cubiertas.

“Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas” y “nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, afirmó Méndez. Además, sostuvo que “estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios porque teníamos un mercado que no era real”.

Según detalló, en algunos momentos las remarcaciones alcanzaron niveles de hasta 70% y los márgenes de rentabilidad superaron ampliamente los parámetros habituales del mercado. En ese marco, consideró positiva la política de apertura y desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, al señalar que una mayor competencia contribuye a ordenar los precios.

Las declaraciones de Méndez se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron replicadas por el jefe de Estado, quien escribió en su cuenta de X: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

Este jueves, Milei volvió a cargar contra sectores empresarios, a los que acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por el cierre de empresas y la apertura de importaciones.

En el mismo mensaje, el Presidente mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” en referencia a Paolo Rocca, del Grupo Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate; y “Señor Lengua Floja” por el propio Méndez.

“Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, expresó Milei. Y agregó: “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

La polémica se da en un contexto delicado para la industria. La planta de Fate en Virreyes cerró sus puertas de manera definitiva, dejando sin empleo a más de 900 trabajadores.

Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de retrotraer el conflicto al estado previo al cierre y abrir una instancia de negociación entre la empresa y el sindicato del sector.

El debate se inscribe en un escenario más amplio de discusión sobre la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local, uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno. Milei enmarca esta disputa en lo que denomina la “Batalla Cultural”, en referencia a su confrontación con sectores que, según sostiene, defendieron durante años un esquema proteccionista que derivó en precios elevados y falta de competencia.

Las declaraciones del Presidente y del empresario reavivaron la discusión sobre la estructura de costos, los márgenes de rentabilidad y el impacto de las políticas de apertura en el entramado productivo nacional, en un momento de fuerte sensibilidad social por el empleo y la actividad industrial.

De acuerdo con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, diciembre registró un alza interanual del 3,5%, mientras que en la medición desestacionalizada mostró un incremento del 1,8% respecto de noviembre.

La suba mensual fue la más alta desde julio de 2024, cuando el indicador había marcado un avance del 2,6%, consolidando así una tendencia de recuperación en el tramo final del año.

Con este resultado, 2025 cerró con un crecimiento del 4,4%, ubicándose 2,6 puntos porcentuales por encima del desempeño de 2024, cuando la economía había retrocedido 1,8%.

El EMAE funciona como indicador preliminar del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo informe trimestral también difunde el INDEC. El organismo, presidido por Pedro Lines, dará a conocer en marzo próximo el cierre del tercer trimestre y el balance anual definitivo de 2025.

El último dato oficial del PBI había mostrado una expansión interanual del 3,3% en el tercer trimestre y un leve avance del 0,3% en términos desestacionalizados. Hasta ese momento, el producto acumulaba un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

En diciembre, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas. El mayor impulso provino de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2%, favorecida por una producción récord de trigo, tanto en volumen como en rendimiento promedio.

También se destacaron:

En contraste, algunos rubros registraron variaciones negativas que moderaron el crecimiento general. La industria manufacturera cayó 3,9% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,3%, sectores que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del EMAE. También mostraron bajas hoteles y restaurantes (-1,5%) y administración pública y defensa (-1,1%).

Tras la difusión de los datos, referentes del oficialismo celebraron el desempeño de la actividad económica, que superó las proyecciones de diversas consultoras privadas.

El presidente Javier Milei destacó el crecimiento a través de sus redes sociales y afirmó que el EMAE podría haber alcanzado hasta el 7% de expansión de no haber mediado el “riesgo kuka”, en referencia al clima de incertidumbre política.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

De este modo, el Gobierno nacional cerró el año con un dato positivo en materia de actividad económica, a la espera de la confirmación oficial del PBI anual que difundirá el INDEC en marzo.

Las Bolsas de Cereales y de Comercio de siete provincias, entre ellas la de Entre Ríos, firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo a la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Modernización Laboral —también conocida como Reforma Laboral— y a la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI).

Las entidades señalaron que ambas iniciativas, que ahora aguardan su tratamiento en el Senado, constituyen pilares fundamentales para la actividad económica argentina y para el fortalecimiento del entramado productivo federal.

El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Desde las entidades consideraron que la reforma laboral “representa una oportunidad histórica para fomentar la formalización del empleo, elevar la competitividad del país y garantizar un marco jurídico dinámico que otorgue previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores”.

En el comunicado destacaron que la modernización del régimen laboral resulta clave para consolidar un mercado formal y adaptado a las nuevas demandas productivas, en un contexto económico que exige mayor eficiencia y reglas claras.

Las Bolsas celebraron especialmente la incorporación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), al que definieron como una herramienta estratégica para motorizar proyectos de inversión de escala media.

Según señalaron, el RIMI permitirá la amortización acelerada de bienes de capital y funcionará como un catalizador para la expansión de sectores productivos clave, facilitando la incorporación de tecnología de vanguardia y fortaleciendo las cadenas de valor regionales.

En el tramo final del comunicado, las entidades reafirmaron su compromiso con el desarrollo federal y alentaron la implementación de políticas públicas que eliminen “sesgos anti-productivos y burocráticos”.

Asimismo, remarcaron que la sanción definitiva de estas medidas en el Senado constituirá un paso decisivo para impulsar la inversión productiva en Argentina, generar empleo formal y consolidar un entorno económico más competitivo y previsible para el sector agroindustrial y comercial del país.

Parece inminente que se apruebe una reforma laboral que desarma la protección normativa de los derechos de los trabajadores y nos vuelve en el tiempo unos 100 años por lo menos. Despidos más flexibles, jornadas interminables y negociación uno a uno con el empleador, representan un grado de desventajas absolutas para quien debe llevar el pan a su mesa todos los días. Pero aunque el panorama sea desalentador solo está todo perdido para los que tengan intimidado el corazón y esos no somos nosotros.

La época que se viene no es para tibios, no es para cómodos y definitivamente no será fácil, pero basta conocer un poco la historia para saber que a los trabajadores nunca nos regalaron nada y así como conquistamos los derechos una vez, vamos a volver a hacerlo y con más fuerza.

Porque la esperanza está encendida y no depositada en los que se venden como salvadores en los medios o las redes cuando no representan a nadie, sino en las compañeras y compañeros que sin prensa todos los días sostienen a otros en la necesidad. Con esas compañeras, algunas entradas en años ya, que se levantan los domingos temprano a hacer un arroz con leche para que los chicos de su barrio tengan algo en el estómago, con esas que pelean con la burocracia y el tiempo cuando los compañeros necesitan atención médica, con esos compañeros que te abren las puerta de su casa para compartir, con los que no hay feriado ni domingo para encontrar formas de hacer que los demás estén un poquito mejor, con esos que cuando la vida aprieta (y sí, porque a nosotros también nos pasan cosas) tenes un abrazo fuerte, un hombro y fundamentalmente con quien contar, con esas que no duermen por semanas estudiando formas de que meter un peso más en el bolsillo del trabajador cuando hay una paritaria, con esos que hace mil kilómetros para que ningún gurí se quede sin sus útiles para estudiar, con esas y esos cuyos gestos de generosidad dan para escribir mil libros no es opción bajar lo brazos.

Mientras haya una llama prendida seguiremos luchando porque no posamos para las cámaras, vivimos así, nos duele la injusticia y el dolor ajeno como propio y esa es nuestra mayor fortaleza. Los burócratas de saco y zapatitos brillosos que se dediquen a lo suyo, nosotros vamos a estar al lado del pueblo, codo a codo como siempre.

La nueva legislación destierra la palabra solidaridad de la letra de la norma pero nada ni nadie la va a sacar de nuestros corazones y nuestras prácticas, con eso como bandera nos vamos a organizar para cuidarnos. Con esta reforma abusiva nos quieren hacer sentir que no valemos nada, pero nosotros nos vamos a formar cada día y juntos vamos a defender nuestra dignidad.

A la desprotección que dejará, le vamos a responder con unidad entre compañeros y con una lucha incansable por la recuperación. Y de yapa vamos por la actualización que sí necesitan los trabajadores: vamos por el cuidado de la salud mental y los ambientes libres de violencia, vamos por el reconocimiento de cientos de miles de trabajadores que están en la informalidad, vamos a trabajar en la integración del avance tecnológico para mejora de las condiciones laborales y por devolverles a los chicos la esperanza de un buen futuro.

Desde la juventud queremos decirle a los que buscan poner al pueblo de rodillas que solo se perderá la batalla el día que no quede ni un solo sindicalista de pie, mientras tanto acá desde el llano y con el corazón encendido daremos batalla por nuestro hermoso país, por nuestros hermanos y hermanas, en honor a la memoria de los que lo hicieron antes que nosotros y para los que vendrán después. “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir”, no es solo el final del himno, es también nuestro estilo de vida. La historia nos pone a prueba y le vamos a responder.

En la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el artículo 118 de la reforma laboral, que dispone la derogación del Estatuto del Periodista. La votación se produjo tras el aval en general del proyecto y marcó el cierre de una extensa sesión en la que los legisladores avanzaron con el tratamiento en particular de cada artículo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, incluyó la supresión de la Ley 12.908, norma que regula el trabajo periodístico en el país desde 1944. El punto fue uno de los más debatidos en el recinto y concentró la mayor cantidad de intervenciones, con planteos de distintos bloques para retirarlo del texto. Sin embargo, el oficialismo mantuvo la redacción y la sometió a votación.

El recuento final arrojó 126 votos afirmativos, 119 en contra y 4 abstenciones, resultado que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo en el marco del debate de la reforma laboral.

El respaldo a la derogación del Estatuto provino principalmente de La Libertad Avanza, espacio que reunió la mayor cantidad de votos positivos. También acompañaron legisladores del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y Provincias Unidas, entre otros bloques y monobloques provinciales como Independencia, Producción y Trabajo, País Federal y Por Santa Cruz.

En contraposición, votó en bloque en contra Unión por la Patria, que volvió a consolidarse como la principal bancada opositora. Al rechazo se sumaron los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, la Coalición Cívica ARI, sectores de Provincias Unidas e Innovación Federal, además de representantes de Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba, Primero San Luis, La Neuquinidad y Coherencia.

La eliminación del régimen específico para la actividad de prensa fue uno de los ejes más sensibles del debate. Legisladores opositores argumentaron que la derogación deja sin un marco diferencial a la actividad periodística, mientras que desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a unificar criterios laborales y reducir regímenes especiales.

Con la aprobación del artículo 118, el proyecto de reforma laboral continúa su curso legislativo. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá volver al Senado de la Nación Argentina para su revisión final. El oficialismo aspira a convertir la iniciativa en ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Una encuesta nacional reveló que, en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la preocupación por los ingresos personales y familiares se consolida como uno de los principales problemas para la sociedad.

El estudio, realizado por la consultora Proyeccion entre el 1 y el 7 de febrero sobre 1.464 casos en todo el país, muestra que el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos salarios como una de sus mayores inquietudes actuales.

El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad (46,5%) y por encima de la inflación (34,8%), que en el último mes volvió a acelerarse. La cifra expone el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo en la vida cotidiana y el malestar que atraviesa a amplios sectores sociales.

El relevamiento se conoció mientras el Congreso discute un paquete de reformas estructurales que incluye cambios laborales, tributarios y penales, promovidos por el oficialismo.

Según los datos de Proyección, el 45,4% de los encuestados se manifiesta de acuerdo con las reformas impulsadas por el Gobierno, mientras que el 33% expresa su desacuerdo. Un porcentaje significativo, en tanto, declara no tener una posición definida, lo que refleja un escenario de opinión pública aún en proceso de consolidación.

Los números configuran un cuadro social complejo: una parte relevante de la ciudadanía respalda transformaciones estructurales, pero al mismo tiempo persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral, variables directamente vinculadas al debate sobre el mercado de trabajo.

El informe también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo extremo.

En el plano doméstico, el sondeo advierte que muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía familiar.

Además, el 70,7% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año. Dentro de ese grupo, un 44,8% señaló un deterioro directo de su realidad económica. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, lo que confirma un clima económico predominantemente desfavorable.

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social determinante para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de una estrategia orientada a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y bloques opositores advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles salariales.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y en las condiciones de empleo será uno de los factores centrales para moldear el humor social en los próximos meses, en un escenario donde la economía cotidiana se impone como prioridad para amplios sectores de la población.