El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El diputado nacional Darío Schneider comenzó en diciembre pasado su actividad parlamentaria dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, uno de los bloques aliados del oficialismo libertario de La Libertad Avanza. A nivel provincial, el bloque trabaja con el gobierno de Rogelio Frigerio, defendiendo posiciones e intereses de Entre Ríos.

Schneider participa de ocho comisiones de labor parlamentaria. Es secretario de la comisión de Obras Públicas, vicepresidente primero de la de Transportes; y vocal en las de Asuntos Municipales; Deportes; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Población y Desarrollo Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Vivienda y Ordenamiento Urbano.

Luego del acto de inicio de obras en la Escuela N°105 Patria Libre, dialogó con Paralelo32 sobre sus actividades legislativas y sus opiniones y posiciones en un punto neurálgico de la vida política nacional: la Cámara de Diputados de la Nación.

Sobre la actividad parlamentaria que actualmente domina en la Cámara Baja, Schneider comentó que actualmente está en tratamiento en comisión el ‘súper RIGI’ (proyecto de ley del oficialismo que amplía los beneficios para grandes inversiones que estableció el RIGI-Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, N. de R.) y está en estudio también el proyecto de ‘Ley de Lobby’. “Hoy es lo que estamos trabajando en Diputados”, comentó.

– ¿Qué es la ley de Lobby?

-- Se busca transparentar la acción de empresas o sectores que buscan modificar determinadas leyes. Se plantea que se transparente eso porque no hay nada de malo en que una empresa, un sector empresarial o gremial, plantee que ‘tal ley se modifique’ o ‘que diga tal cosa’. Queremos que se reglamente para evitar faltas de transparencia. Hubo una propuesta en ese sentido durante la presidencia de Macri. Hoy se trabaja en un proyecto similar. Desde el bloque radical vamos a hacer algunas consideraciones, porque ahora se está debatiendo el proyecto que llega desde el oficialismo. Acompañamos ese proyecto, pero también hacemos nuestras propias sugerencias desde el bloque radical.

– ¿Cuáles son sus proyectos de autoría propia?

-- La semana pasada hemos presentado el proyecto de ‘Régimen Nacional de Mecenazgo Deportivo’. Es una ley que ya tenemos en la provincia de Entre Ríos, pero no está reglamentada a nivel nacional. Es para que pueda permitir al sector privado acompañar las actividades deportivas y que de ese acompañamiento tenga un beneficio compensatorio en materia fiscal o desde un punto de vista impositivo. De eso se trata el proyecto, que en las próximas semanas tendrá giro a alguna de las comisiones, seguramente la Comisión de Deportes, donde yo estoy como integrante. También a la Comisión de Presupuesto, supongo. Me pareció importante proponerlo, uno traslada a leyes lo que pasa también en su comunidad. En nuestro Crespo querido vemos como las empresas aportan todo el tiempo a los clubes. Hace poquito se inauguró un gimnasio en Cultural, donde una empresa hizo un aporte. Me parece que esas cosas hay que rescatarlas; incentivar la posibilidad de que las empresas puedan hacer aportes a una institución o a un deportista en particular, con un incentivo fiscal a cambio.

Schneider votó a favor de los cambios en la Ley de Glaciares, una iniciativa del gobierno libertario que tuvo y tiene un fuerte rechazo de la oposición política y de las organizaciones ambientalistas del país. El rechazo a ese voto se observó con fuerza en redes sociales donde ‘de cada 20 opiniones 19 criticaron’ el voto de Schneider.

Al dar su explicación, el legislador señaló: “No solamente voté a favor, sino que expuse y di la justificación de mi voto y de todo mi bloque desde el punto de vista constitucional”

Recordó que la ley de glaciares ya existía, y lo que hizo la reforma fue ordenar las competencias provinciales desde un punto de vista constitucional. Destacó que los glaciares tienen un nivel alto de protección, no solamente por la Ley de Glaciares, sino también por otras leyes; también por formar parte del Inventario Nacional de Glaciares y por formar parte de parques nacionales que tienen una ley específica que los protege. “Los glaciares no se tocan, como dije en mi intervención, eso tiene que quedar claro”, subrayó Schneider.

Continuó diciendo que el tema fue impulsado por las provincias cordilleranas, que tienen larga tradición en la administración del agua, que en esas zonas es un recurso crítico. “Uno, por ahí opina desde lejos, y quiere enseñarles a San Juan o a Mendoza cómo se administra el agua cuando en San Juan y en Mendoza saben sobre la escasez y ellos mismos son quienes van a cuidar este recurso; no van a hacer una intervención productiva, minera o de lo que sea, para perjudicarse a sí mismos”, dijo.

Agregó que “me parece que tenemos que darle esa potestad y esa responsabilidad también a las provincias que ya la tienen por la Constitución Nacional, para que puedan decidir y explotar los recursos naturales que tienen”. El legislador crespense dijo que se busca generar condiciones para que la inversión privada, “minera u otra actividad productiva”, se pueda desarrollar “en zonas que hoy están vedadas”.

Con respecto al Inventario Nacional de Glaciares que se hizo (el primer informe se presentó en 2018, N. de R.), Schneider dijo que “hoy la situación debe haber cambiado muchísimo. Hay zonas que estaban dentro de ese inventario, que pueden ser retiradas de allí porque ya no hay una reserva estratégica de agua, debido al cambio climático”.

“Se está buscando la posibilidad de generar inversión en zonas que hoy ya no tiene ningún sentido que estén protegidas porque no estamos hablando de glaciares en sí”. Finalmente, subrayó que “los recursos estratégicos como recursos hídricos no van a ser tocados”.

El entrevistado acompañó en general y en capítulos específicos el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional, primer presupuesto aprobado en la gestión del presidente Javier Milei. Previamente, y durante sus dos primeros años, el gobierno libertario había reconducido en 2024 y 2025 el presupuesto 2023, último presupuesto del gobierno del Frente de Todos. La nueva ‘ley de leyes’ consolidó el ajuste de partidas que castigó fuerte la obra pública, los traspasos a las provincias, las inversiones en salud y educación, entre otros temas.  En la votación en particular, Schneider se abstuvo en el capítulo 11, artículo 75, que había impuesto un fuerte recorte a la universidad pública y en discapacidad.

– Muchos esperaban un voto negativo de su parte en esos puntos. ¿Qué pasó?

-- Tenemos un bloque donde uno va consensuando cosas, pero en esto me abstuve. Creo que en definitiva al gobierno nacional le faltó un poco de ‘cintura’ para poder incorporar o sacar algunos temas de ese capítulo 11 completo. Las leyes se votan por capítulo, dentro de esos capítulos hay distintos artículos y en este caso, había una serie de artículos que perjudicaban el financiamiento de las universidades, que fue lo que motivó muchos votos negativos o abstenciones como la mía.

Pero, Schneider destacó algunas diferencias de fondo. “Yo creo que la inversión pública es absolutamente necesaria e indispensable y tiene que estar presente el Estado. En este punto, el estado provincial y el gobernador Frigerio acompañan también esta idea”, señaló.

Agregó: “Sobre las incumbencias a nivel nacional, tenemos las rutas nacionales, tenemos un montón de cosas donde hoy está faltando esa inversión. No tanto en la provincia de Entre Ríos porque hay obras nacionales en la ruta 12, la 18, la 14. Mal que mal, se están llevando adelante, están teniendo continuidad y se van a terminar”. Pero subrayó: “Creo que el gobierno nacional no puede eternamente decir ‘no voy a invertir más en obra pública’ porque de esa manera no es posible desarrollar un país”.

Schneider dijo que “esto nosotros lo defendemos y lo decimos sin un problema. Obviamente, uno entiende también las restricciones presupuestarias que hay cuando el presidente dice ‘no hay plata’. Y no hay plata”. Rescató el diálogo y los acuerdos del gobierno provincial con la Nación, que permiten la continuidad de obras. “No como uno quisiera, con celeridad, pero hay continuidad en la provincia, en distintos lugares”.

Finalizó diciendo que “es el camino que tenemos que seguir, acompañando el gobierno nacional para que le vaya bien, porque en definitiva, si le va bien al gobierno nacional nos va a ir bien a todos. Es lo que pretendemos, desde nuestro lugar como dirigentes políticos”.

– ¿Es difícil hacer acuerdos de diálogo con el sector libertario? Uno ve al presidente  Milei y algunos de sus funcionarios muy confrontativos. A veces ‘meten en la misma bolsa’ a todos los legisladores.

-- Bueno, son dos sectores que están confrontados. Entre la oposición más dura, que es el kirchnerismo, y La Libertad Avanza, hay mucha confrontación. Hoy por hoy el diálogo no se ve. Eso se traslada también al trabajo en las comisiones, donde muchas veces hay situaciones de mucha agresión verbal.

En ese contexto, Schneider reivindica el diálogo político. “Uno es dialoguista, tiene otra mirada de la política. Pero hoy el escenario es de mucha confrontación, mucha agresión verbal. A veces, hasta hay falta de respeto. Y la verdad que así no se puede construir un futuro que tiene que ser consolidado entre todos los argentinos”. En este punto, el diputado nacional subrayó: “No puede haber alguien excluido de eso”.

– ¿Le hace ‘ruido’ con su identidad radical votar cosas por exigencias partidarias, por acuerdos?

-- Bueno, todo el tiempo uno va votando según sus convicciones, pero nunca sentí que estuviese faltando a esos principios. En la UCR somos un partido que ha sido reformista siempre. Hemos participado de un gobierno como Cambiemos, que buscó reformas profundas que no se no llegaron a concretar. Hoy tenemos un gobierno con esa mirada disruptiva, que va a fondo.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que se ubicó en el 2,1%, la licenciada en Economía Victoria Lambruschini analizó el escenario económico actual y sostuvo que la desaceleración inflacionaria convive con una marcada pérdida del poder adquisitivo y una creciente dificultad de los hogares para afrontar sus gastos cotidianos.

La especialista consideró que la reducción de la inflación mensual responde, en gran medida, a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, particularmente al freno de las negociaciones salariales y a la caída del consumo.

“Estamos observando una desaceleración de los precios, pero también un fuerte deterioro de la demanda. Los salarios vienen creciendo por debajo de la inflación y eso impacta directamente en la capacidad de compra de las familias”, señaló.

Lambruschini advirtió además sobre una diferencia cada vez más marcada entre la evolución de los bienes y los servicios. Mientras los productos de consumo masivo muestran incrementos más moderados, los servicios esenciales continúan registrando aumentos sostenidos.

Entre ellos mencionó los costos de salud, transporte, energía eléctrica y gas, sectores donde las actualizaciones tarifarias siguen presionando sobre el presupuesto familiar.

Según explicó, esta situación obliga a destinar una mayor proporción de los ingresos a cubrir gastos básicos, reduciendo el margen disponible para otras compras y afectando directamente la actividad comercial.

“Los comercios y las pequeñas empresas enfrentan una caída de las ventas porque la gente prioriza el pago de servicios indispensables. Eso se observa en distintas ciudades y también en los centros comerciales de Paraná, donde varios negocios han tenido que cerrar por la falta de demanda”, afirmó.

La economista también puso en debate la metodología utilizada para medir la inflación. En declaraciones al programa Debate Abierto, sostuvo que la canasta de consumo que utiliza el INDEC se encuentra desactualizada y no refleja los hábitos de gasto actuales de la población.

“Estamos utilizando una referencia construida hace más de dos décadas. Muchos de los consumos que hoy forman parte de la vida cotidiana no estaban presentes cuando se elaboró esa canasta, por lo que existe una diferencia entre la medición estadística y la percepción que tienen las familias sobre el aumento del costo de vida”, explicó.

Más allá de los datos mensuales, Lambruschini remarcó que el principal problema continúa siendo la falta de crecimiento económico sostenido.

En ese sentido, señaló que Argentina arrastra más de una década de estancamiento y que esa situación se traduce en un empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población.

La profesional indicó que la situación golpea especialmente a la clase media y a los trabajadores registrados. Según sus estimaciones, una familia necesita actualmente alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales para ubicarse por encima de la línea de pobreza, un ingreso que muchas veces no logra alcanzarse ni siquiera con empleo formal.

Respecto de la evolución de los precios durante junio, Lambruschini estimó que la inflación podría ubicarse en torno al 1,8%, siempre que no se produzcan movimientos bruscos en el mercado cambiario.

No obstante, advirtió que persisten factores que dificultan una reducción más pronunciada del índice, especialmente los aumentos pendientes en combustibles y tarifas de servicios públicos.

“Esos incrementos terminan impactando sobre toda la estructura de costos de la economía, particularmente en un país con grandes distancias y elevados costos logísticos”, concluyó.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7 por ciento en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2 por ciento.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había sido del 2,6 por ciento, y consolida una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4 por ciento.

Entre las divisiones que más subieron durante mayo se destacó Comunicación, con un incremento del 3,4 por ciento impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, que registró una variación del 2,9 por ciento.

Por el contrario, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con el 0,3 por ciento, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzaron un 0,8 por ciento.

Al analizar la evolución por categorías, los precios estacionales fueron los que registraron el mayor incremento, con una suba del 3,5 por ciento.

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo vinculado principalmente al aumento de algunas verduras, parcialmente compensado por la baja en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,4 por ciento, mientras que la denominada inflación núcleo se ubicó en el 1,9 por ciento, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2 por ciento.

El resultado informado por el INDEC se ubicó levemente por debajo de las proyecciones que manejaba el mercado. Diversas consultoras privadas estimaban una inflación para mayo de entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la tendencia de desaceleración podría continuar durante los próximos meses y la inflación mensual descendería por debajo del 2 por ciento hacia agosto.

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que uno de los factores que contribuyó a moderar la suba de precios fue el limitado impacto que tuvo el ajuste de los combustibles durante mayo, sumado al mantenimiento de la estabilidad cambiaria y fiscal.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habitualmente funciona como un anticipo de la medición nacional, también había mostrado una desaceleración al registrar un incremento del 2,1 por ciento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la convergencia hacia niveles de inflación similares a los internacionales es un proceso que continuará en los próximos meses.

No obstante, algunos analistas advierten que el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la evolución de la actividad económica.

En ese sentido, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el escenario macroeconómico luce más estable que meses atrás, aunque señaló que la recuperación de la economía continúa siendo desigual entre sectores y presenta fluctuaciones que todavía generan incertidumbre.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en materia inflacionaria, mientras la atención se concentra ahora en la capacidad de la economía para consolidar una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.

El Gobierno Nacional, mediante el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció este viernes que envió al Congreso una reforma sobre la Ley de Sociedades, la cual busca que las empresas tengan menos controles.

Esto se suma al conjunto de proyectos que envió el Gobierno al Congreso en los últimos días. Entre ellos figuran el "Súper RIGI", la Ley de lobby, la Ley de Ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los puntos centrales de la Ley de Sociedades y el impacto que generará.

"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".

A través de sus redes, el funcionario indicó que se termina la "tutela del Estado" sobre "cómo los socios organizan sus negocios". En ese sentido, las normas de ley pasan a ser "supletorias", donde el estatuto manda.

"Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite", afirmó Sturzenegger.

Otro tramo de la ley elimina las trabas burocráticas de los registros, en donde el objeto social "podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades". "Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos".

También le otorga libertad a las empresas para que elijan si desean someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia.

"Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina".

La digitalización entra como eje central: a partir de su aprobación, permitirá a las sociedades pasar a una "digitalización plena", con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Según el ministro, el expediente en papel "queda en la historia".

La Inteligencia Artificial (IA) gana terreno y se introduce la "Sociedad Automatizada". La opera mediante algoritmos o IA "sin requerir empleados para su operación ordinaria".

A su vez presenta las "DAO", las cuales funcionan de manera total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. "Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", detalló Sturzenegger.

Estos fueron algunos de los puntos más importantes que enumeró el ministro, quien adelantó que la modificación de la ley "tiene un sin número de otras modernizaciones".

Finalmente, el ministro desregulador sentenció que la Ley de Sociedades lleva "el ámbito de libertad al derecho societario".__IP__

"Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", concluyó.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema mediante el cual el Estado nacional reconocía parcialmente a las empresas el costo de esos boletos establecidos por ley.

Hasta ahora, ese sistema alcanzaba a beneficiarios contemplados en distintas normativas nacionales: personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y niños bajo tratamiento oncológico.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y respondía a un modelo de fuerte intervención estatal sobre el sistema de transporte.

Con la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las empresas ahora cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían incorporar ese costo dentro de su estructura operativa.

En otras palabras: el Estado deja de compensar económicamente a las empresas, pero mantiene la obligación legal de otorgar esos pasajes gratuitos.

La nueva resolución no elimina el derecho de acceso gratuito al transporte para los sectores protegidos por ley.

Las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer seguirán pudiendo solicitar pasajes sin cargo en micros de larga distancia, tal como lo establecen las leyes nacionales vigentes.

Desde Nación remarcaron que el cambio impacta exclusivamente en la relación financiera con los operadores privados, no en los derechos de los pasajeros.

La decisión genera atención en provincias como Entre Ríos, donde miles de usuarios dependen del transporte terrestre de larga distancia para tratamientos médicos, trámites y derivaciones hacia centros de mayor complejidad.

Ciudades como Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y La Paz mantienen una fuerte conexión terrestre con centros sanitarios de referencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, destinos habituales para pacientes oncológicos, trasplantados o personas con discapacidad que requieren atención especializada.

En ese contexto, la preocupación podría centrarse en dos puntos:

Al dejar de percibir la compensación estatal, las compañías podrían absorber internamente ese costo operativo. Aunque la normativa las obliga a seguir otorgando los pasajes, el sector privado podría plantear reclamos o advertir sobre impacto económico, especialmente en corredores de menor rentabilidad.

En una provincia donde el micro de larga distancia continúa siendo clave para conectar localidades medianas y pequeñas con grandes centros urbanos, el acceso efectivo al beneficio dependerá del control estatal.

Por eso, la resolución encomienda a la CNRT mantener las tareas de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la entrega de boletos gratuitos.

En Entre Ríos, muchas familias utilizan este beneficio para viajes frecuentes vinculados a tratamientos médicos complejos, rehabilitación, controles o derivaciones sanitarias fuera de la provincia.

Si bien el Gobierno asegura que no se pierde el derecho, el desafío será verificar si el nuevo esquema se traduce en un acceso normal al servicio o si aparecen dificultades operativas, demoras o restricciones informales en la asignación de pasajes.

Por ahora, la gratuidad continúa vigente. Pero el impacto real de la medida comenzará a observarse en los próximos meses, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre sigue siendo una herramienta esencial de conectividad social y sanitaria.

A sus 84 años, Julio Bárbaro mantiene una voz activa dentro del debate político argentino. Con una mirada crítica y directa, el histórico referente del justicialismo analizó el escenario nacional, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y se refirió al presente y futuro del peronismo.

En declaraciones a Debate Abierto Radio, el dirigente sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte tensión política, deterioro social y pérdida de cohesión institucional.

Bárbaro fue particularmente duro al analizar la administración nacional y consideró que el Gobierno comienza a mostrar señales de desgaste y contradicciones internas.

Según expresó, la gestión atraviesa un proceso de reconocimiento progresivo de sus propias dificultades, reflejado —a su entender— en tensiones dentro del gabinete nacional.

“Se está viendo una fractura interna donde la culpa siempre la tiene el otro”, planteó.

El dirigente también cuestionó el impacto social de las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Sostuvo que el actual rumbo económico profundizó las desigualdades y generó un aumento de la vulnerabilidad social.

Entre sus críticas, apuntó especialmente a decisiones vinculadas a la política fiscal y al impacto que, según consideró, tienen sobre distintos sectores de la sociedad.

Otro de los puntos abordados por Bárbaro fue el discurso del presidente Javier Milei respecto a la historia económica argentina.

El referente peronista rechazó la idea de que el país haya sido una potencia en términos sociales durante etapas pasadas.

Si bien reconoció el peso económico que tuvo Argentina como exportador agropecuario, señaló que ese modelo convivía con profundas desigualdades sociales.

“La Argentina fue grande cuando los argentinos fuimos integrados en sociedad”, afirmó.

Además, recordó etapas del país que, según su visión, estuvieron marcadas por mayor cohesión social y una infraestructura pública que hoy considera en riesgo frente a procesos de privatización o desinversión.

Bárbaro también analizó la actualidad del Partido Justicialista, donde planteó la necesidad de una renovación política.

Sostuvo que el sistema político argentino atraviesa transformaciones profundas y que los partidos tradicionales perdieron parte de su estructura e identidad.

En ese contexto, consideró que el peronismo necesita construir una nueva etapa.

En relación con liderazgos recientes del espacio, expresó una mirada crítica sobre el desgaste de figuras que marcaron el último ciclo político del PJ.

Dentro del escenario opositor, Bárbaro mencionó a Axel Kicillof como una figura con proyección dentro del peronismo.

Lo definió como uno de los dirigentes con condiciones para encabezar una renovación política, aunque consideró que cualquier nueva construcción deberá diferenciarse de etapas previas y construir una identidad propia.

Su análisis se inscribe dentro del debate abierto que atraviesa el peronismo sobre liderazgo, renovación y reconstrucción electoral.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la defensa del rol estatal.

Bárbaro remarcó que el Estado debe funcionar como herramienta de protección y organización social.

Según expresó, su función principal debería estar vinculada a garantizar derechos y acompañar al ciudadano, especialmente en contextos de crisis.

En esa línea, cuestionó con dureza las propuestas de privatización y advirtió sobre el riesgo de trasladar al sector privado áreas construidas históricamente con inversión pública.

Las declaraciones de Julio Bárbaro vuelven a reflejar el debate político abierto en torno al rumbo económico del país, el rol del Estado y la reconfiguración de los espacios partidarios tradicionales.

Con críticas al gobierno nacional y una mirada sobre la necesidad de renovación dentro del peronismo, el dirigente planteó una discusión que atraviesa buena parte de la agenda política actual.

En una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, el docente, expresidente del Consejo General de Educación, y referente educativo entrerriano Hugo Pais, reafirmó su defensa de la educación pública y advirtió sobre el complejo escenario social que atraviesa el país, marcado —según sostuvo— por el deterioro económico, la violencia creciente y la ausencia de políticas estatales de contención.

Pais definió a la educación pública como “la herramienta que abre puertas y brinda oportunidades a la gente del pueblo”, y consideró que los recortes impulsados por el gobierno nacional en áreas sensibles como educación, salud y discapacidad representan una seria señal de alarma para toda la sociedad.

Al referirse a la reciente marcha federal universitaria, el exfuncionario destacó tanto la masividad de la convocatoria como el comportamiento de los participantes.

Según expresó, la movilización reflejó una preocupación genuina de amplios sectores sociales ante la reducción de partidas presupuestarias destinadas a servicios esenciales. En ese sentido, consideró que el problema de fondo está vinculado a la concepción de Estado que sostiene el gobierno nacional.

“Se aplica una teoría de Estado que no es protectora ni sostenedora de servicios esenciales”, afirmó.

Pais también cuestionó la situación económica actual y sostuvo que, más allá de algunos indicadores macroeconómicos positivos, la realidad cotidiana de los hogares argentinos muestra un fuerte deterioro social.

El educador señaló que los bajos salarios, la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo generan un escenario comparable al de la crisis de 2001.

“Un Estado que no valora al ser humano en su dignidad no tiene significancia”, expresó en declaraciones a Debate Abierto, al tiempo que criticó la falta de envío de fondos nacionales hacia provincias y municipios.

Uno de los aspectos más preocupantes planteados por Pais fue el incremento de la violencia en las escuelas, fenómeno que atribuyó al contexto social y familiar que viven muchos jóvenes.

El referente educativo sostuvo que las agresiones dentro de las instituciones educativas son el reflejo de situaciones que se desarrollan en los hogares y barrios, y vinculó esta problemática al lenguaje violento de algunos dirigentes políticos, a la falta de control familiar sobre el uso de tecnologías y al acceso cada vez más preocupante de menores a armas.

Además, denunció un fuerte crecimiento en el consumo de sustancias peligrosas entre adolescentes, especialmente del denominado “nevado”, una mezcla de marihuana y cocaína que —según indicó— genera una pérdida total del respeto hacia la autoridad y las normas de convivencia.

En otro tramo de la entrevista, el autor del libro Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia propuso retomar los principios de la justicia social y profundizar la aplicación de la educación emocional dentro de las aulas.

Pais consideró fundamental generar herramientas de contención tanto para estudiantes como para docentes, en un contexto social cada vez más complejo.

Finalmente, concluyó que la salida a la crisis requiere de un Estado presente que impulse trabajo genuino, promueva a microemprendedores y fortalezca a las pequeñas empresas.

Durante una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, Lafferriere calificó al actual esquema económico como un “Plan Masacre” y sostuvo que el objetivo de las medidas adoptadas es “desarticular la estructura social argentina” mediante una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población.

Según explicó, la devaluación inicial del 118 por ciento provocó una aceleración inflacionaria que dejó rezagados a salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores autónomos, generando una fuerte caída del consumo interno.

“El derrumbe del mercado interno afecta al 99 por ciento del entramado empresarial argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En ese marco, el economista aseguró que durante el actual proceso económico se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 24.000 empresas en todo el país, principalmente industrias y emprendimientos familiares construidos a lo largo de décadas.

Lafferriere sostuvo además que el modelo económico vigente no apunta a la recuperación de la producción y el empleo, sino al fortalecimiento de sectores concentrados vinculados a actividades extractivas.

En ese sentido, mencionó como ejemplos la producción transgénica, la megaminería y el fracking, actividades que —según afirmó— están controladas por grandes corporaciones transnacionales y generan escasa mano de obra.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado a la contradicción entre la capacidad productiva del país y la situación social de gran parte de la población.

“El país produce alimentos para 600 millones de personas, pero sus 45 millones de habitantes tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, expresó, al tiempo que señaló que actualmente Argentina registra uno de los consumos de carne vacuna más bajos de su historia.

También cuestionó la política energética y denunció lo que definió como un “saqueo energético”, al remarcar que pese al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, los usuarios locales enfrentan tarifas cada vez más elevadas calculadas según valores internacionales.

Por otra parte, Lafferriere puso en duda la credibilidad de los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a los que calificó como “mentirosos”.

En el tramo final de la entrevista, el economista también criticó la influencia de la banca internacional sobre las decisiones económicas del país y sostuvo que varios funcionarios del área provienen de entidades financieras internacionales y legislan en función de intereses externos.

Finalmente, convocó a una mayor participación social frente al actual escenario económico. “No hay ningún indicador que diga que vamos a estar mejor; la sociedad debe reaccionar y reclamar porque tenemos todas las posibilidades de vivir bien si priorizamos lo nuestro”, concluyó.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit, donde sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.

“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En ese sentido, detalló que el esquema debería contemplar la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

El AmCham Summit reúne a referentes del sector privado, la política y la economía para debatir el rumbo económico del país, donde la cuestión tributaria se consolida como uno de los ejes centrales.

En la comparación interanual, el índice alcanzó el 32,6%, levemente por debajo del 33,1% registrado en febrero, lo que refleja una desaceleración marginal en términos anuales pero una dinámica mensual que vuelve a tomar impulso.

Entre las divisiones, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, impulsada en parte por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el incremento fue considerablemente superior al promedio general.

Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, motorizada por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En este rubro, el impacto del contexto internacional también se hizo sentir: desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un alza del 23%.

En contraste, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El componente de precios Regulados avanzó un 5,1%, liderando las subas debido a ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo creció 3,2%, apenas por debajo del nivel general, y los precios Estacionales aumentaron 1%.

La carne volvió a ser uno de los principales factores de presión inflacionaria. En todas las regiones del país se registraron subas superiores al 5%, destacándose Cuyo (7,9%) y el Noreste (7,6%). Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes aumentaron en promedio un 10,6% en marzo, con picos en productos como la picada común (20,4%) y la carnaza (17,7%).

Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja del objetivo de converger a cero hacia agosto, tal como había planteado el Gobierno. Desde mayo del año pasado —cuando marcó su nivel más bajo en cinco años—, la tendencia ha sido ascendente.

A nivel regional, el Noreste (4,1%), el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) superaron el promedio nacional, mientras que la región Pampeana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo.

El dato oficial sorprendió a analistas y consultoras, que proyectaban una inflación más moderada. La mayoría de las estimaciones se ubicaban entre el 3% y el 3,2%, e incluso algunas, como la Fundación Libertad y Progreso, habían calculado un 2,9%.

“El dato de marzo es contundente: el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses”, señaló el economista Julián Neufeld. En su análisis, destacó la incidencia de factores externos y la dinámica monetaria interna.

Por su parte, el economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, apuntó a la falta de un “ancla nominal” y al impacto de los precios regulados: “El control de agregados monetarios resulta inefectivo con una demanda de dinero inestable y sin una regla clara para la tasa de interés”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y al proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.

“A medida que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá una convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.

El presidente Javier Milei también se refirió al dato con tono crítico: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó, aunque se mostró confiado en una futura desaceleración.

Con un inicio de año más inflacionario de lo esperado y expectativas desalineadas, el desafío para el Gobierno será recomponer credibilidad en su programa económico. Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas.

En ese marco, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó que “estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación” y sostuvo que la movilización busca que “el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”.

Romero explicó que los jefes comunales presentarán un documento en la mesa de entradas de la cartera económica que conduce Luis Caputo. El escrito, detalló, contiene argumentos económicos que justifican la necesidad de revisar la caída de ingresos que afectan directamente a las administraciones municipales.

“La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, advirtió la intendenta.

La jefa comunal participa del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) —que recientemente se reunió en Paraná— y de la Federación Argentina de Municipios (FAM), espacios desde los cuales se articula la protesta y la búsqueda de respuestas institucionales.

Según adelantó Romero, desde el Cofein se solicitaron audiencias en el Ministerio del Interior y en ambas cámaras del Congreso, que se concretarían durante abril.

Entre los principales planteos figura el pedido de que se distribuya el impuesto al combustible —actualmente retenido por el gobierno nacional y destinado a rutas y viviendas—, además de la propuesta de disolver el esquema discrecional de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para incorporarlo al sistema de coparticipación automática.

La intendenta fue enfática al señalar que los municipios no son responsables del desequilibrio fiscal del país: “No tenemos desequilibrio fiscal y no somos parte de la carga fiscal de Argentina, ya que el 78% de los tributos son nacionales”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la movilización es también comunicar a la sociedad la situación que atraviesan los gobiernos locales: “Alzamos nuestra voz para transparentar esto ante la sociedad y que no se crea que los municipios malgastan sus fondos”.

Doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Salvia expuso en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde ofreció una cátedra sobre pobreza y luego dialogó con el medio DOSos Florines.

Durante su análisis, el especialista identificó una serie de “cuellos de botella” que, según su visión, limitan la recuperación económica. Entre ellos, mencionó la falta de crédito, el elevado riesgo país y un consumo interno que continúa deprimido.

“El gobierno está entrampado; por no poder generar inversión, más empleo ni mejores salarios, baja el consumo y tampoco se fomenta el círculo virtuoso”, sostuvo.

Salvia explicó que la estrategia oficial de priorizar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación tiene costos en el corto plazo, particularmente en términos de recesión y retracción de sectores productivos. En ese sentido, consideró que la administración nacional enfrenta un dilema complejo: estabilizar la macroeconomía sin profundizar el deterioro del mercado interno.

Asimismo, advirtió que la falta de confianza de los inversores —tanto locales como extranjeros— posterga el desarrollo de un clima de negocios favorable. Según estimó, ese escenario podría demorarse al menos hasta 2027.

El sociólogo remarcó que, para consolidar el nuevo modelo, es necesario reducir aún más la inflación, bajar el riesgo país y acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, subrayó que la ausencia de crédito y la incertidumbre macroeconómica desalientan las inversiones.

“El inversor no ve que este modelo fomente el consumo interno, que es el primer mercado para cualquier empresa. Sin demanda, no hay incentivos para producir ni para instalarse”, explicó.

También señaló que, frente a la caída de la demanda, muchas empresas optan por importar productos más baratos en lugar de invertir en producción local, lo que impacta negativamente en el entramado industrial.

En materia laboral, Salvia alertó sobre un deterioro en la calidad del empleo. Según indicó, el modelo actual no apunta a la generación de trabajo formal y protegido, sino que favorece modalidades más precarias como el empleo informal o autónomo.

“El modelo da cabida a una parte de la población, pero deja a la otra mitad fuera del empleo de calidad”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el país enfrenta un problema estructural: la necesidad de crear entre cuatro y cinco millones de empleos de calidad para sostener un desarrollo inclusivo, algo que —según su diagnóstico— no se vislumbra en el corto ni mediano plazo.

Por otra parte, el investigador reflexionó sobre el rol de las provincias en un escenario de ajuste fiscal. Planteó que los gobiernos subnacionales enfrentan una disyuntiva entre sostener el gasto social o impulsar la inversión pública.

En ese marco, cuestionó la dependencia del impuesto a los Ingresos Brutos, al que calificó como “distorsivo”, y propuso avanzar hacia una reforma tributaria integral.

Salvia manifestó su coincidencia con la implementación de un “Súper IVA” como alternativa para mejorar la recaudación y fomentar la inversión. “Es la mejor fórmula que tenemos para salir de esta trampa”, sostuvo.

Finalmente, el especialista remarcó que la economía argentina atraviesa un proceso de alta incertidumbre, en el que las definiciones políticas y económicas de los próximos años serán clave para determinar si la actual transición logra consolidarse en un modelo sostenible.

En un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo, la petrolera YPF anunció que no trasladará esos aumentos a los surtidores durante los próximos 45 días. La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y busca aliviar el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Desde la compañía señalaron que la decisión responde a la necesidad de sostener el consumo en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando signos de retracción.

La empresa definió esta política como un “buffer” o amortiguador de precios. “Se van a moderar los aumentos”, indicaron voceros de YPF a distintos medios, al tiempo que explicaron que la firma absorberá, de manera temporal, el encarecimiento del crudo en el mercado internacional.

No obstante, desde la petrolera aclararon que esta medida alcanza exclusivamente a la variable vinculada al precio del barril de petróleo. En ese sentido, advirtieron que otros factores que inciden en el valor final de los combustibles, como eventuales subas impositivas o variaciones en el tipo de cambio, podrían impactar en los precios.

“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.

La decisión de YPF se enmarca en un escenario global complejo, con mercados energéticos sensibles a los conflictos geopolíticos, y representa un intento por dar previsibilidad a los consumidores en el corto plazo.

En un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo, el endeudamiento se consolida como una estrategia central de los hogares argentinos para afrontar gastos cotidianos. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, casi seis de cada diez familias recurrieron al crédito en los últimos seis meses, principalmente para cubrir consumos básicos, pagar tarjetas, cancelar deudas previas, afrontar servicios o sostener el alquiler.

El informe revela que el 56,4% de los hogares tomó algún tipo de deuda en ese período y, dentro de ese grupo, cerca de nueve de cada diez ya enfrenta dificultades para cumplir con los pagos. Lejos de vincularse con decisiones de inversión o mejora económica, el crédito aparece cada vez más asociado a la necesidad de sostener niveles mínimos de consumo.

Este fenómeno se da en un escenario donde el 83,9% de los encuestados afirma que sus ingresos no logran ganarle a la inflación, y más de la mitad de la población reconoce que no llega a cubrir sus gastos hasta el día 20 de cada mes. En este contexto, la deuda deja de funcionar como una herramienta financiera y pasa a convertirse en un recurso de subsistencia.

La situación se inscribe, además, en una percepción social más amplia de fragilidad económica. Más del 53% de los consultados se identifica como parte de la clase baja, no solo como una categoría simbólica, sino como reflejo de su experiencia cotidiana. A su vez, cerca de seis de cada diez consideran que la situación general del país es mala o muy mala, lo que refuerza una lógica defensiva en la toma de decisiones económicas.

En este marco, el endeudamiento deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte de la vida cotidiana. Cuando los ingresos no alcanzan, el crédito cubre la diferencia; pero a medida que se acumula, crecen también las dificultades de repago. Este circuito —ingresos insuficientes, recurso al crédito y problemas para cumplir con las obligaciones— se repite de manera generalizada y configura una dinámica estructural.

Los datos sobre el destino del financiamiento refuerzan esta tendencia: la mayor parte se orienta a gastos corrientes y cancelación de deudas, lo que implica que los hogares no solo enfrentan limitaciones en el presente, sino que además comprometen sus ingresos futuros para sostener el consumo actual.

En paralelo, el estudio advierte un creciente distanciamiento entre la percepción social y los datos oficiales. En marzo, el 65,8% de la población consideró que la inflación informada por el INDEC no refleja adecuadamente el aumento de precios que experimenta en su vida diaria.

Este desajuste se explica, en parte, porque la inflación dejó de percibirse como un indicador abstracto y pasó a medirse en términos concretos: cuánto rinde el salario, hasta qué día del mes alcanza y qué margen queda para cubrir gastos esenciales. Cuando los ingresos pierden poder de compra, la credibilidad del índice se ve afectada no solo por lo que mide, sino también por su impacto real.

A esto se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, lo que contribuye a erosionar la confianza en las estadísticas públicas. En términos sociales, cuando los datos oficiales no logran reflejar la experiencia cotidiana, pierden capacidad de validación.

El deterioro económico también encuentra su correlato en el plano político. Según el informe, la desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó en marzo el 53,3%, con un aumento de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. En tanto, la aprobación se ubicó en el 38,5%, consolidando una tendencia negativa en la evaluación de su gestión.

El informe vincula este resultado con la situación material de los hogares: la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para llegar a fin de mes y el uso creciente del endeudamiento impactan directamente en la percepción sobre el rumbo económico y, por extensión, en la valoración del Gobierno.

Por su parte, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof mostró una leve estabilización, aunque en niveles bajos: su imagen positiva se ubicó en el 33,8%, mientras que la negativa alcanzó el 57,2%. Si bien el dato interrumpe la tendencia descendente de meses anteriores, aún mantiene un diferencial negativo elevado.

El estudio describe un proceso que se repite en gran parte de la sociedad: caída del poder adquisitivo, dificultad para sostener el consumo, recurso al endeudamiento y creciente incapacidad de pago. Este circuito, lejos de ser marginal, define una dinámica económica en la que el crédito comienza a reemplazar parcialmente al ingreso como fuente de equilibrio.

El resultado no es solo financiero, sino también social: una realidad en la que la vulnerabilidad deja de ser transitoria y pasa a estructurar las decisiones cotidianas de amplios sectores de la población.

El relevamiento fue realizado sobre 1.198 casos a nivel nacional durante marzo, con un margen de error de ±2,83% y un nivel de confianza del 95%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de febrero fue del 2,9%, lo que llevó el aumento acumulado de precios en el primer bimestre del año al 5,9%. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registra una desaceleración desde hace nueve meses.

En términos interanuales, la variación del IPC alcanzó el 33,1%, según el relevamiento oficial.

El informe del Indec señala que la división con mayor incremento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 6,8%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por ajustes en las tarifas de servicios públicos, como gas, agua y electricidad, así como por modificaciones en los esquemas de subsidios y segmentación tarifaria en distintas provincias.

El segundo rubro con mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3,3%.

Este sector, además, tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, debido principalmente al aumento en carnes y derivados. La excepción fue la región Patagonia, donde el mayor impacto se registró en el rubro vivienda y servicios.

En contraste, las divisiones que registraron los menores movimientos durante febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registraron variación en el mes.

En cuanto a las categorías que agrupan distintos tipos de precios, los Regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que aumentó 3,1%. Por su parte, los precios Estacionales registraron una caída del 1,3%.

La publicación del índice de febrero se produce en medio de un aumento en el precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, los analistas estiman que este fenómeno podría reflejarse recién en los índices de inflación de los próximos meses.

El dato nacional difundido por el Indec se ubicó por encima del indicador publicado recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una inflación del 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% de enero.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumulada en los primeros dos meses del año en la ciudad fue de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

Pese a la aceleración registrada en febrero, el presidente Javier Milei ha sostenido en distintos discursos y entrevistas que para agosto de este año la inflación mensual podría acercarse a cero, lo que implicaría niveles mínimos de variación de precios.

El dato también se conoció en medio de cambios institucionales dentro del organismo estadístico. En las últimas semanas se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología de medición de inflación que se venía desarrollando desde 2017.

El nuevo titular del organismo, Pedro Lines, comenzó a analizar alternativas para actualizar el indicador, cuya metodología actual presenta más de dos décadas de antigüedad y ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que recomienda una modernización del sistema de medición.

Según informaron fuentes legislativas, los sindicatos del sector acordaron este miércoles una actualización salarial acumulada del 12,5% para ese período. Debido a que las dietas de los senadores están vinculadas a los aumentos que reciben los trabajadores del Congreso, los ingresos de los legisladores se incrementarán automáticamente.

De esta manera, quienes hasta noviembre percibían alrededor de 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo cerca de 11 millones de pesos brutos, mientras que en mayo la cifra alcanzará aproximadamente los 11,5 millones.

El mecanismo que vincula las dietas de los senadores con las paritarias legislativas fue restablecido en abril de 2024, cuando la Cámara alta decidió volver a acoplar sus ingresos a los aumentos salariales del personal del Congreso. Esa decisión se tomó a mano alzada y generó polémica dentro del propio Senado, ya que algunos legisladores manifestaron su desacuerdo con la medida impulsada por la mayoría.

Previamente, el esquema había sido suspendido mediante una resolución conjunta de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A diferencia del Senado, en la Cámara de Diputados los incrementos en las dietas no se actualizan automáticamente con las paritarias legislativas. Allí los aumentos son definidos por la presidencia del cuerpo.

Por ese motivo, actualmente los diputados nacionales perciben ingresos cercanos a los 6 millones de pesos brutos mensuales, lo que marca una diferencia significativa respecto de los senadores.

El salario de los senadores se calcula en base a un sistema de módulos. Cada legislador percibe 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Este último adicional no es percibido por los tres senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires —Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde— ni por la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien decidió no cobrar la dieta y mantener la jubilación que recibe como exgobernadora.

El acuerdo salarial firmado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso contempla incrementos retroactivos y escalonados: 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, lo que representa un 6,85% acumulado. A ello se suman aumentos del 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

El entendimiento fue suscripto por el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; el representante de UPCN, Martín Roig; y el dirigente de ATE, Claudio Britos, junto con los secretarios parlamentarios del Senado y de Diputados, Agustín Wenceslao Guistian y Adrián Pagán.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

Además, remarcaron que el incremento del 12,5% acumulado “no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando” en futuras discusiones salariales.

El titular de Grupo Mercado, Jorge Majluff, analizó el escenario político y social de cara a los próximos años y señaló que el respaldo al presidente Javier Milei se mantiene principalmente por expectativas a futuro más que por la situación económica actual. Al mismo tiempo, consideró que la gestión del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio deberá mostrar obras concretas para consolidar su capital político.

El consultor presentó un informe sobre el estado de la opinión pública en Entre Ríos y a nivel nacional durante una entrevista en el programa radial Debate Abierto. Según explicó, el panorama general no ha cambiado demasiado desde fines de 2025, aunque detectó un cambio sutil en el humor social: una creciente impaciencia ante una recuperación económica que aún no se refleja en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos.

De acuerdo con el análisis de Majluff, el presidente conserva en Entre Ríos una imagen positiva superior al 50%. Sin embargo, aclaró que ese respaldo está “anclado en la expectativa” y en la comparación con gestiones anteriores, más que en la evaluación del presente económico.

“Cuando preguntás por el hoy, todas las variables dan mal; el 80% dice que está igual o peor económicamente”, señaló el analista.

Para describir el escenario actual, utilizó una metáfora gráfica: comparó el control de la inflación con “tener un auto muy lindo en la casa, pero sin un litro de nafta”.

En ese sentido, advirtió que si hacia las elecciones de octubre de 2027 no hay mayor circulación de dinero y mejoras visibles en la economía cotidiana, la competitividad electoral del oficialismo nacional podría verse comprometida.

Majluff también observó que el estilo confrontativo del presidente en el Congreso no genera el mismo nivel de respaldo que su figura política, y que incluso parte de su base electoral cuestionó el tono de su último discurso.

En el plano provincial, el analista ubicó la imagen positiva del gobernador Rogelio Frigerio en torno al 55%. Según explicó, el mandatario logró sostener un nivel de apoyo relativamente estable gracias a su perfil dialoguista y a la ausencia de escándalos de corrupción en su gestión.

No obstante, remarcó que el principal desafío para este año será mostrar resultados concretos. “Este tiene que ser un año de cemento, asfalto y rutas”, sostuvo.

Para Majluff, la gestión provincial necesita materializar obras de infraestructura que permitan consolidar la expectativa generada durante el primer tramo de gobierno y evitar que el apoyo ciudadano se diluya.

Respecto de la relación entre la provincia y la Nación, el consultor consideró que el vínculo estrecho con el Ejecutivo nacional responde a la lógica del sistema federal argentino, al que definió como “pseudo federal”.

En ese sentido, recordó la experiencia del exgobernador Sergio Montiel, quien enfrentó al gobierno nacional durante su mandato y sufrió consecuencias económicas y políticas. Según Majluff, los gobernadores dependen en gran medida de las decisiones del presidente de turno para acceder a recursos.

Finalmente, al analizar la situación de la oposición, el consultor señaló que el peronismo enfrenta dificultades para construir una representación clara y un discurso que trascienda el peso político de la provincia de Buenos Aires.

Ante ese escenario, no descartó que en los próximos años puedan surgir figuras externas a la política tradicional.

Según explicó, el descontento social y la falta de respuestas en áreas clave como la economía, la salud o la educación podrían abrir espacio para la aparición de “outsiders” o referentes de la sociedad civil que logren canalizar el malestar ciudadano.

El diputado nacional Darío Schneider (UCR-Entre Ríos) analizó el mensaje brindado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”. Asimismo, valoró la agenda parlamentaria que el mandatario dejó planteada de cara al nuevo período legislativo.

En declaraciones al programa Amanece que nos es poco (Radio Plaza), el legislador entrerriano observó que al Presidente “se lo vio desde el primer momento muy eufórico y confrontativo”, aunque consideró que ese estilo forma parte de su identidad política. “Ese estilo y su manera de decir las cosas es en parte lo que lo ha llevado al lugar en que está”, señaló.

Schneider remarcó especialmente el tramo del discurso en el que el mandatario hizo un repaso de la situación económica desde el inicio de su gestión. “Destaco el recorrido que hizo el presidente de los logros: de estar al borde de la hiperinflación, a estar con el tema no resuelto, pero en un escenario muchísimo mejor”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el mensaje buscó poner en valor los esfuerzos realizados hasta el momento y plantear la necesidad de avanzar con reformas estructurales. “A partir de ahí, de hacer ver los esfuerzos que hemos hecho, marcó que hay que seguir adelante y que faltan reformas importantes”, explicó.

El diputado radical llamó también a “ver cómo se dicen las cosas” y reconoció que el tono presidencial no es propio de su espacio político. “No está en nuestra esencia ese estilo, pero es el Presidente y uno respeta su manera de llevar adelante la gestión y su relación con los demás sectores políticos”, sostuvo.

No obstante, subrayó que más allá de las formas, es necesario reconocer resultados. “Uno no puede dejar de reconocer que hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”, expresó.

Finalmente, destacó como un punto central del discurso la definición de una agenda de trabajo parlamentario. “Es importante que ya haya planteado una agenda de reformas que van a estar llegando al Congreso”, valoró.

Schneider sintetizó su postura señalando que el país necesita “mayor empleo, más producción, más crecimiento y desarrollo” y que para ello son indispensables las inversiones. “El Presidente está buscando generar condiciones para que se produzcan esas inversiones”, concluyó.