El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció una serie de medidas de alivio impositivo destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), durante la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los principales anuncios se encuentran la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, la ampliación del plan de facilidades de pago y la posibilidad de utilizar saldos a favor de exportaciones para cancelar deudas aduaneras.

Además, confirmó una línea especial de créditos del Banco Nación para la compra de automóviles cero kilómetro y anticipó que el Gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos.

Caputo informó que ARCA suspenderá los embargos a las empresas hasta mayo de 2027. Según explicó, la medida busca darles tiempo para ordenar sus cuentas y mejorar su situación financiera.

También anunció la extensión del plan de pago de deudas en 18 cuotas. A partir de ahora, podrán incorporarse las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, cuando anteriormente el límite estaba establecido en el 30 de junio.

Otro de los beneficios contempla que las pymes puedan utilizar el 100% de los saldos a favor por exportaciones o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. El ministro indicó que este mecanismo también alcanzará, en determinado porcentaje, a las grandes empresas.

Caputo sostuvo que la iniciativa permitirá mejorar la disponibilidad de fondos y el manejo financiero de las compañías. Además, señaló que representa un avance hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA.

El titular de Economía confirmó que el Banco Nación ofrecerá una línea especial de financiamiento para incentivar la compra de vehículos nuevos.

Los préstamos tendrán plazos de entre tres y cinco años y una tasa fija cercana al 20%.

“No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, afirmó Caputo.

En materia tributaria, el ministro anticipó que el Gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos.

La iniciativa estará dirigida a las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Como mecanismo de compensación, el Estado nacional les abonaría a las provincias el 50% de la recaudación que dejarían de percibir por ese tributo.

Durante su exposición, Caputo volvió a rechazar las propuestas de modificar el tipo de cambio como herramienta para recuperar competitividad. En cambio, planteó que el Gobierno buscará reducir los costos de producción y financiamiento.

“Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, expresó.

El ministro atribuyó parte del estancamiento económico a la incertidumbre política, que, según explicó, lleva a los bancos a restringir el otorgamiento de créditos ante el temor de que las tasas de interés aumenten después de las elecciones de 2027.

También reveló que el Gobierno mantiene conversaciones con grandes compañías para que adelanten la emisión de facturas correspondientes a sus pequeñas y medianas empresas proveedoras. El objetivo es facilitarles el acceso al financiamiento.

Caputo delineó tres ejes para los próximos meses:

El funcionario insistió en que reducir el costo financiero de las empresas es una prioridad y consideró que esa herramienta tendrá mayor impacto que una modificación del tipo de cambio. También aseguró que existen dólares suficientes para afrontar cualquier proceso de dolarización.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró positivo el anuncio de suspensión de embargos de ARCA para las pymes. La entidad recordó que en junio había solicitado al ministro Caputo que se interrumpieran las ejecuciones fiscales y que no se aplicaran multas al sector.

También respaldó la ampliación del plan de facilidades de pago, que permitirá incorporar obligaciones vencidas al 31 de octubre. Sin embargo, planteó que se elimine el anticipo del 5% exigido para ingresar al régimen, al considerar que representa un esfuerzo financiero difícil de afrontar para muchas empresas.

La organización pidió, además, que los planes contemplen un mínimo de 48 cuotas y permitan incorporar deudas incluidas en regímenes de pago que todavía no hayan caducado. Según CAME, esas condiciones permitirían una refinanciación más amplia y un mayor alivio financiero.

En el marco de las discusiones sobre una modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, CAME también había solicitado que ARCA no aplique multas a las pymes durante el período de espera previsto en la normativa.

La entidad propuso que, si el contribuyente regulariza la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese plazo, la multa se reduzca un 50%. La sanción completa debería aplicarse únicamente cuando no se cumpla con la obligación dentro de ese período adicional.

Por otra parte, la organización reclamó un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

La propuesta también contemplaba incluir las deudas vencidas al 31 de mayo, los planes de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado.

“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, señaló Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.

La entidad sostuvo que, en un contexto de consumo deprimido y ante el debate sobre una reforma tributaria, resulta necesario generar condiciones que permitan preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar su desarrollo.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo en París una reunión con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco de la Argentina Week, para analizar alternativas de financiamiento destinadas a proyectos estratégicos de Entre Ríos.

Durante el encuentro se abordaron posibles herramientas para avanzar en iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos y la transición energética, dos de las áreas que la provincia busca desarrollar con financiamiento de largo plazo.

También se analizó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a mecanismos de garantía que permitan facilitar el acceso a recursos y agilizar los procesos necesarios para avanzar con los proyectos.

“El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”, sostuvo Frigerio durante la actividad. En ese marco, destacó la necesidad de generar condiciones que permitan reducir obstáculos y facilitar el acceso a herramientas financieras para proyectos considerados estratégicos para la provincia.

La reunión formó parte de la agenda que Entre Ríos desarrolla en París para establecer vínculos con organismos internacionales y presentar oportunidades de inversión vinculadas con el perfil productivo de la provincia.

Como parte de la agenda de la Argentina Week, Frigerio también participó del encuentro encabezado por el presidente Javier Milei con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a otros gobernadores y representantes de la delegación argentina.

La reunión con Macron se realizó el jueves 1° de octubre en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, Milei mantuvo un encuentro con los gobernadores que integraron la delegación argentina en París.

La Argentina Week se desarrolla con el objetivo de promover oportunidades de inversión y negocios y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y actores internacionales. En ese marco, Entre Ríos busca presentar proyectos vinculados con sus sectores productivos y ampliar las alternativas de financiamiento para iniciativas provinciales.

El Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional plantea un escenario de equilibrio fiscal, crecimiento económico y desaceleración de la inflación. Sin embargo, un análisis elaborado por Zentrix Consultora advierte que el cumplimiento de esas metas depende de una serie de supuestos que considera exigentes.

Según el estudio, el proyecto contempla gastos de la Administración Nacional por $202,1 billones y recursos por $202,35 billones, con un resultado financiero prácticamente equilibrado. El gasto total implicaría un crecimiento real del 3,4% respecto del crédito vigente de 2026, utilizando como referencia una inflación promedio del 21,1%.

La Oficina Nacional de Presupuesto identifica oficialmente al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 entre la documentación presupuestaria nacional disponible.

Uno de los principales puntos señalados por Zentrix está en los ingresos tributarios.

El proyecto requiere que la recaudación total aumente 5,6% en términos reales durante 2027. Dentro de ese cálculo, el IVA debería crecer 5,9% real y el impuesto a los créditos y débitos, 3,9%.

El análisis compara esas metas con el desempeño acumulado hasta agosto de 2026 y señala que, durante ese período, la recaudación total habría registrado una caída real del 3,8%, mientras que el IVA y el impuesto a los créditos y débitos también mostraron retrocesos.

Para la consultora, el presupuesto supone así un cambio de tendencia en los ingresos del Estado.

El proyecto oficial contempla para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar al cierre del año.

Zentrix advierte que esa combinación supone una apreciación real del peso por segundo año consecutivo.

El análisis también señala que el proyecto prevé un superávit comercial de USD 15.560 millones, por debajo de los USD 16.951 millones proyectados para 2026.

La consultora utiliza como antecedente las diferencias entre las previsiones del Presupuesto 2026 y las estimaciones actuales para ese mismo año. El presupuesto aprobado había contemplado una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%, mientras que el proyecto 2027 estima ahora una inflación del 29% y un crecimiento del 3% para 2026.

Otro de los puntos centrales del informe está en el margen entre el resultado primario y los intereses de la deuda.

Para la Administración Nacional, Zentrix calcula un superávit primario de $15,36 billones frente a intereses de deuda por $15,11 billones. La diferencia es de apenas $0,25 billones, equivalente al 1,6% del superávit primario.

Según el análisis, ese margen reducido significa que una desviación relativamente pequeña en los ingresos o en los gastos podría modificar el resultado previsto.

El estudio también recuerda que el proyecto establece como objetivo cerrar la ejecución presupuestaria con un resultado financiero equilibrado o superavitario.

El análisis de Zentrix divide las 29 funciones presupuestarias en dos grupos: 17 tendrían aumentos reales y 12 registrarían reducciones.

Entre las mayores subas aparece Relaciones Interiores, que incluye una partida de $520.093 millones destinada a la organización de las elecciones de 2027.

También se destaca Salud, con un incremento real del 15,4%, asociado principalmente a la asistencia financiera al PAMI.

En sentido contrario, Energía y Combustibles registra una caída real del 16,8%, vinculada a la reducción de subsidios, mientras que Inteligencia presenta una reducción real del 12,8%, según la metodología utilizada por la consultora.

El servicio de la deuda, por su parte, tendría una reducción real del 4%.

Una de las partidas que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones, de acuerdo con el análisis.

Zentrix aclara que no se trata de un ministerio, sino de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda que contempla asistencia financiera a organismos y empresas públicas.

Dentro de esa partida aparecen $7,68 billones identificados como “otras asistencias financieras”, cuyo destino se define durante la ejecución presupuestaria. El informe incluye allí una reserva de $1,45 billones para salarios públicos y $5,31 billones destinados a transferencias sociales.

El proyecto también modifica la composición de los recursos que reciben las provincias.

Según el análisis, si se cumple la recaudación prevista, la coparticipación federal crecería 7% en términos reales, hasta alcanzar unos $103,7 billones.

En cambio, las transferencias que dependen directamente del presupuesto nacional caerían 2,1% real, mientras que las destinadas a obras registrarían una reducción del 20,1%.

Zentrix también analiza la situación de las obras nacionales y señala que, sobre una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dadas de baja o se encuentran en proceso de rescisión y 457 pasaron a provincias y municipios, que asumirían su financiamiento.

El análisis incorpora además distintos escenarios de riesgo para la ejecución del presupuesto.

Uno de ellos contempla qué ocurriría si el dólar se ubicara 10% por encima del valor previsto por el Gobierno. Según la estimación de la consultora, ese movimiento incrementaría en alrededor de $1,7 billones los intereses de la deuda en moneda extranjera, una cifra que compara con el margen fiscal de $0,25 billones mencionado anteriormente.

El estudio también contrasta la proyección oficial de $1.847,6 por dólar a diciembre de 2027 con una estimación de mercado de $2.015 y una inflación proyectada de 20,5%, frente al 18% previsto oficialmente.

Estos últimos valores corresponden a estimaciones y escenarios analizados por Zentrix, no a proyecciones oficiales.

Para la consultora, el punto central del Presupuesto 2027 no está solamente en los montos proyectados, sino en la capacidad de la economía para cumplir con los supuestos utilizados para construir esas cifras.

El informe identifica como variables relevantes la recuperación de la recaudación, el crecimiento económico, la evolución del tipo de cambio, el financiamiento de la deuda y el comportamiento del comercio exterior.

El proyecto fue remitido al Congreso de la Nación y, según el análisis de Zentrix, el debate legislativo comenzará el 7 de octubre.

El estudio aclara que sus comparaciones se realizan contra el crédito vigente de 2026 y que las variaciones reales utilizan una inflación promedio del 21,1%. Para los datos de ejecución de 2026, la consultora señala como fuentes a ARCA, IARAF, IIEP y la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En definitiva, el proyecto propone mantener el equilibrio fiscal, pero su ejecución estará condicionada por la evolución de los ingresos y por el cumplimiento de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar las proyecciones.

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluye un apartado específico destinado a la ejecución de obras públicas. Según los datos recopilados por el laboratorio de Inteligencia Artificial Colossus Lab, se planea destinar un total de 1,3 billones de pesos para este sector.

La partida de infraestructura representa el 0,7% del presupuesto total, que asciende a 202,1 billones de pesos. El plan contempla la realización de más de 435 obras que incluyen rutas, trenes, represas, hospitales y edificios distribuidos en todas las provincias del país.

El informe detalla que para las obras interprovinciales se asignaron 151.000 millones de pesos, mientras que a nivel nacional el monto alcanza los 110.000 millones de pesos. Por otro lado, para refacciones en el exterior, como el caso de embajadas, se apartaron 2.400 millones de pesos.

La distribución de los fondos no es equitativa entre las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires recibirá 321.000 millones de pesos, mientras que San Luis contará con 4.200 millones de pesos, lo que marca una diferencia de 316.800 millones de pesos entre ambos distritos.

Buenos Aires concentra cuatro de las diez obras más costosas del proyecto. En el listado de los diez proyectos de mayor envergadura, que incluyen ferrocarriles, un reactor y helicópteros, se totalizan 585.000 millones de pesos, cifra que representa el 45% del presupuesto total destinado a la obra pública.

El endeudamiento de las familias argentinas comenzó a mostrar nuevas señales de tensión durante julio. El financiamiento a personas físicas alcanzó los $99,4 billones, pero registró una caída del 0,7% en términos reales respecto de junio, aunque todavía se mantiene 4,7% por encima del nivel registrado un año atrás.

En este escenario, Entre Ríos presenta una mora del 14% sobre el monto total de los créditos otorgados a las familias, ubicándose entre las jurisdicciones con menores niveles de irregularidad del país.

Los datos surgen del informe “Crédito a las familias: radiografía provincial”, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el INDEC y la CEPAL.

A nivel país, la mora total alcanzó en julio el 18% del crédito, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y de 10,3 puntos en la comparación interanual.

De esta manera, la morosidad acumuló 21 meses consecutivos de aumento.

Sin embargo, el informe identifica una señal que podría marcar un cambio en la tendencia. Al analizar la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5 —la categoría de mayor irregularidad—, el indicador se ubicó en 11,8% y comenzó a mostrar signos de estabilización.

Según el estudio, esta medición permite complementar el análisis de la cartera y evitar las diferencias que pueden existir entre las empresas respecto del tratamiento de los créditos incluidos en la categoría de mayor irregularidad.

La situación provincial presenta diferencias importantes. La Rioja encabeza el ranking nacional de mora por monto, con el 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.

En el otro extremo aparecen La Pampa, con 9,6%; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.

No obstante, el informe advierte que todas las jurisdicciones registraron un aumento interanual de la mora por monto, por lo que el menor nivel relativo de Entre Ríos no implica que la provincia haya quedado al margen del deterioro general de la calidad crediticia.

Otro dato que permite dimensionar el fenómeno es la cantidad de personas afectadas.

En julio, el 26,6% de los deudores a nivel nacional registraba al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y 8,3 puntos en comparación con julio del año anterior.

El comportamiento muestra que la problemática no se limita a grandes montos de endeudamiento, sino que alcanza a una proporción creciente de las personas que utilizan financiamiento.

La evolución del financiamiento tampoco fue uniforme en todo el territorio argentino.

En la comparación interanual, 21 de las 24 jurisdicciones todavía registran crecimiento real del crédito, mientras que tres presentan caídas.

En la comparación mensual, La Pampa tuvo el mejor desempeño, con una expansión real del 0,5%, mientras que Chaco registró la mayor contracción, con una caída del 2,1%.

En este contexto, el retroceso mensual del 0,7% registrado por el crédito a las familias a nivel nacional marca una señal de contracción luego de varios meses de expansión.

El informe también diferencia entre los créditos otorgados por el sistema financiero y aquellos correspondientes a proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Estos últimos representan el 14,6% del crédito total a las familias, equivalente a unos $14,5 billones, pero concentran una mora del 31,3%.

El sistema financiero, en cambio, reúne el 85,4% del crédito y registra una mora del 15,8%.

Las diferencias también aparecen entre provincias. La Rioja presenta la mayor participación de proveedores no financieros, que representan el 36% de su crédito provincial. Dentro de este segmento, las mayores tasas de mora corresponden a Misiones (39,3%), San Luis (36,8%) y Chaco (35,8%).

Los datos de julio dejan un escenario con señales contrapuestas para las familias argentinas. Por un lado, el crédito registró una caída real durante el mes y la mora total continuó aumentando. Por otro, la mora operativa comenzó a mostrar una posible estabilización.

Para Entre Ríos, el 14% de mora por monto coloca a la provincia entre las jurisdicciones con mejor comportamiento relativo, aunque el incremento interanual de la morosidad muestra que el deterioro también alcanza al territorio entrerriano.

La evolución de la mora operativa durante los próximos meses será, según el informe, uno de los principales indicadores para determinar si se trata de una primera señal de cambio de tendencia o simplemente de una pausa dentro del proceso de deterioro de la cartera crediticia.

Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos se sumarán este jueves 10 de septiembre al “sirenazo” nacional convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para reclamar por la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de los cuarteles.

La medida se realizará a las 10, de manera simultánea en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar el reclamo por recursos que, según las federaciones, permanecen pendientes de distribución.

El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, explicó que la protesta fue definida por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ante las demoras registradas en el envío de los fondos.

Molina sostuvo que el retraso en la transferencia de recursos no es reciente y que se arrastra desde 2025.

“El atraso que viene desde el Gobierno no es de ahora sino que ya viene desde el año pasado”, señaló.

Según indicó el dirigente, más del 40% de las asociaciones de bomberos del país todavía no recibió los recursos que le corresponden.

El reclamo contempla tanto los fondos correspondientes al período actual como un remanente que, de acuerdo con lo señalado por Molina, quedó pendiente de distribución durante el año pasado.

“Queda un remanente de más de 59 mil millones de pesos que se tendría que haber distribuido en el año 2025 y que tampoco se distribuyó en los cuarteles”, afirmó.

El titular de la Federación Entrerriana advirtió que la demora en los fondos tiene consecuencias concretas para el funcionamiento de los cuarteles.

Entre las dificultades mencionó la posibilidad de sostener las capacitaciones, renovar equipamiento y mantener los vehículos utilizados para las emergencias.

“Eso significa menos capacitación, significa menos equipamiento, significa que hay cuarteles que hoy están endeudados para poder seguir dando el servicio”, expresó Molina durante una entrevista con el programa Amanece... que no es poco, de Radio Plaza.

En ese sentido, remarcó que el carácter voluntario de los bomberos no significa que los cuarteles puedan funcionar sin recursos económicos. La actividad requiere un presupuesto permanente para afrontar capacitación, equipamiento, vehículos y mantenimiento.

De acuerdo con la explicación brindada por Molina, los recursos reclamados están contemplados en la Ley 25.054 y surgen de un porcentaje de las primas de seguros.

“Los recursos llegan del cinco por mil de las aseguradoras de vehículos, de casas, un pequeño porcentaje que va para el sistema de bomberos”, explicó.

El dirigente sostuvo que la recaudación continúa debido a que los seguros siguen abonándose y consideró que esos recursos deberían llegar a las asociaciones que integran el sistema.

“La recaudación está porque los seguros se pagan trimestralmente y eso se tendría que ir repartiendo, distribuyendo, entre los más de 1.250 cuarteles que hay en todo el país”, señaló.

El “sirenazo” fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto con las 29 federaciones provinciales.

La protesta se desarrollará este jueves a las 10 y tendrá como eje el reclamo por la distribución de los fondos destinados al funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios. En Entre Ríos, los cuarteles se sumarán a la convocatoria para visibilizar la situación y reclamar por los recursos pendientes.

A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, una encuesta nacional muestra que la discusión sobre el rumbo económico podría convertirse en uno de los principales ejes de la campaña de 2027.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado en agosto, el 38,7% de los argentinos quiere que continúe el actual modelo económico, mientras que el 59,8% considera que debe cambiar el rumbo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la composición social del electorado. En la clase alta, seis de cada diez consultados respaldan la continuidad, mientras que en la clase baja esa proporción cae a aproximadamente uno de cada cuatro. En el extremo opuesto, la demanda de cambio supera el 70% entre los sectores de menores ingresos.

El relevamiento plantea así una diferencia marcada por posición socioeconómica más que por edad. Entre jóvenes, adultos y mayores, el respaldo a la continuidad se mantiene en niveles similares, entre el 37,7% y el 39,4%.

El respaldo al modelo económico convive con una creciente impaciencia respecto de sus resultados.

El 53,2% de los encuestados afirma que ya se le terminó la paciencia para esperar una mejora económica, mientras que apenas el 22,9% considera que ya está viendo resultados.

La percepción se mantiene prácticamente sin diferencias entre los distintos grupos etarios. El dato marca uno de los principales desafíos para el oficialismo: existe un sector que continúa respaldando el rumbo económico, pero que al mismo tiempo reclama resultados en el corto plazo.

La imagen y la aprobación de Javier Milei registraron una leve recuperación durante agosto.

La aprobación de su gestión pasó del 31,4% en julio al 32,2% en agosto, mientras que la desaprobación se ubicó en 54,1%.

En cuanto a su imagen personal, la valoración positiva avanzó del 30,9% al 32,7%.

Sin embargo, el crecimiento no modificó sustancialmente la estructura del electorado. La gestión mantiene sus mejores registros entre los sectores de mayores ingresos y sus niveles más bajos entre los sectores populares.

La aprobación llega a casi 60% en la clase alta, mientras que cae al 22,4% en la clase baja.

La segmentación de la imagen presidencial también muestra diferencias importantes.

Milei obtiene mejores registros entre varones, jóvenes y personas de clase alta, mientras que el rechazo alcanza su punto más elevado entre las mujeres, con 65,8% de valoración negativa, y en la clase baja, donde llega al 69,3%.

De esta manera, la mejora registrada en agosto parece consolidar al núcleo de apoyo existente, pero todavía no se traduce en una ampliación significativa hacia sectores donde el Gobierno tiene mayores dificultades.

El escenario también plantea interrogantes hacia el interior del espacio que sostiene al Gobierno.

Victoria Villarruel registra una imagen positiva del 18,9%, frente a un 55,3% de negativa. Además, el 62,8% afirma que nunca la votaría.

Su mejor desempeño aparece, al igual que el de Milei, entre los sectores de mayores ingresos: allí alcanza un 28,6% de imagen positiva y un 34,2% declara que podría votarla.

El dato permite interpretar a Villarruel como una eventual competidora por parte del mismo electorado que actualmente respalda la continuidad del modelo económico.

En un escenario donde ese espacio reúne alrededor del 39% del electorado, una eventual candidatura podría generar una disputa interna por ese voto en lugar de ampliar necesariamente la base oficialista.

El caso de Patricia Bullrich presenta algunas diferencias.

La exministra registra un 37,2% de imagen positiva y 49,8% de negativa. Su valoración también mejora entre sectores medios y altos y entre los varones, mientras que entre los sectores de menores ingresos la positiva baja al 25,6% y la negativa llega al 62,4%.

En materia electoral, Bullrich registra 19,3% de voto seguro, pero suma un 27,7% de personas que aseguran que podrían votarla.

Ese potencial la convierte, según los datos del relevamiento, en una de las figuras del oficialismo con mayor margen teórico para ampliar su electorado.

Del lado opositor, Axel Kicillof presenta una estructura prácticamente inversa a la de Milei.

La imagen positiva del gobernador bonaerense alcanza el 24,7% entre los sectores altos, mientras que sube al 48,9% en la clase baja. También obtiene mejores registros entre mujeres y personas mayores.

Sin embargo, el nivel de rechazo continúa siendo elevado y la mitad del electorado afirma que nunca lo votaría.

Por su parte, Myriam Bregman registra un 41,3% de imagen positiva frente al 44,2% de negativa, el diferencial menos desfavorable entre las figuras relevadas.

Su mejor desempeño aparece entre las mujeres, con 50,4% de imagen positiva, y entre los sectores de menores ingresos, donde alcanza el 53,5%.

Pero esa valoración no se traduce directamente en intención de voto: Bregman tiene apenas 11,9% de voto seguro, mientras que 51,7% asegura que nunca la votaría.

El relevamiento de agosto deja un escenario sin grandes desplazamientos. Ninguno de los principales dirigentes supera el 30% de voto seguro y todos enfrentan niveles de rechazo superiores al 50%.

Milei aparece con 26,5% de voto seguro, apenas por encima de Kicillof, que alcanza el 25,9%.

Los números describen un escenario electoral todavía abierto, pero con una característica definida: los principales dirigentes tienen dificultades para ampliar sus respectivas bases.

El oficialismo conserva un núcleo de respaldo cercano al 39% cuando se consulta por la continuidad del modelo económico, aunque enfrenta una demanda creciente de resultados. La oposición, por su parte, todavía no consigue capitalizar plenamente el descontento.

De cara a 2027, el desafío podría estar tanto en ampliar el electorado como en evitar una fragmentación interna. Con niveles de rechazo elevados y un electorado fuertemente condicionado por la situación económica, la capacidad de conservar unido el voto propio podría ser tan determinante como la posibilidad de sumar nuevos votantes.

En el marco del acto por el Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cargó contra el Gobierno nacional. "Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, aseguró el referente de la UIA santafesina.

También cuestionó la ausencia en ese evento de funcionarios de primera línea del Gobierno y puso en duda el conocimiento del equipo de Milei sobre la realidad productiva del país.

Moretti criticó sin nombrarlo directamente al ministro de Economía, Luis Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, graficó.

“Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.

Moretti admitió que hay sectores de la economía en crecimiento, “a los que el Gobierno apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo.

Pero insistió en que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”. Por eso, le reclamó al Gobierno que tome medidas urgentes para lograr la reactivación de la producción y proteger el empleo fabril.

La UIA realizó su tradicional evento por el Día de la Industria y buscó poner el foco en los principales desafíos que enfrenta el sector, entre ellos, la carga tributaria, el rumbo de la actividad y las condiciones de competitividad.

El acto central se desarrolló en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

El encuentro estuvo encabezado por el titular de la UIA, Martín Rappallini. En principio estaba prevista la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien finalmente no asistió. Tampoco fueron el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo. 

El evento con más de 200 empresarios industriales se realizó en un contexto de retroceso de la actividad. En el primer semestre, la producción del sector acumuló una caída de 2,2%, mientras que en el último año se perdieron alrededor de 52.000 empleos directos, según la entidad.

La confianza de los productores agropecuarios registró una leve baja durante julio y agosto, aunque continúa en niveles elevados. El Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, se ubicó en 147 puntos, 2,7% por debajo de los 151 puntos registrados en la medición anterior.

A pesar de la caída, el indicador sigue cerca de su máximo histórico de 158 puntos, alcanzado en noviembre de 2025, y acumula una mejora interanual del 15,7%, al pasar de 127 a 147 puntos.

El resultado muestra un escenario marcado por una combinación de confianza hacia el futuro y mayor prudencia a la hora de tomar decisiones en el presente.

“La moderada caída del índice refleja una mayor cautela sobre la situación presente, pero no implica un cambio en las expectativas de fondo”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El Índice de Condiciones Presentes retrocedió un 4%, desde 125 hasta 120 puntos.

El principal factor detrás de esa caída fue el deterioro de la percepción sobre la situación financiera actual, que bajó un 10%, de 123 a 111 puntos.

Sin embargo, no todos los indicadores evolucionaron en la misma dirección. Las Expectativas de Inversión en Activos Fijos crecieron 1,5%, de 126 a 128 puntos, alcanzando así su máximo histórico.

El dato resulta significativo: aunque los productores perciben mayores dificultades en el presente, mantienen disposición a invertir cuando encuentran oportunidades concretas.

El relevamiento muestra que el 64% de los productores considera que actualmente es un buen momento para realizar inversiones importantes.

Pero existe una diferencia entre considerar que las condiciones son favorables y efectivamente disponer de los recursos necesarios para concretarlas.

De ese grupo, solamente el 61% prevé realizar rápidamente esas inversiones. En consecuencia, aproximadamente el 39% del total de los productores planea efectivizar inversiones en el corto plazo.

Para Steiger, esta diferencia refleja que la decisión de invertir continúa siendo selectiva.

“Hay una diferencia entre reconocer que es un buen momento para invertir y disponer de los recursos, el financiamiento y el horizonte necesarios para hacerlo”, sostuvo.

Entre las principales alternativas aparecen:

Cada una de estas opciones responde a necesidades y plazos diferentes.

La compra de tierra requiere generalmente capital propio o financiamiento de largo plazo, mientras que la maquinaria puede financiarse mediante créditos de cinco o seis años. En el caso de la hacienda de cría, el productor debe contemplar además el período necesario para que el activo genere ingresos.

Por eso, el informe advierte que no alcanza con que una inversión sea rentable: el plazo del financiamiento debe ser compatible con el tiempo que necesita ese activo para generar los fondos destinados a su repago.

El Índice de Expectativas Futuras también registró una leve disminución: cayó 1,8%, de 168 a 165 puntos.

A pesar de la baja, continúa en niveles elevados y presenta un crecimiento interanual del 7,8%.

La principal explicación está en el deterioro de las expectativas sobre la situación financiera futura, que descendieron 9,4%, de 159 a 150 puntos.

De cara a la campaña 2026/27, el panorama aparece condicionado por márgenes más ajustados, particularmente cuando las proyecciones se realizan sobre rendimientos promedio y no sobre los resultados excepcionales obtenidos durante la campaña 2025/26.

“La confianza hacia adelante sigue siendo alta, pero el productor está mirando la próxima campaña con mayor prudencia”, señaló Steiger.

De cara a la campaña 2026/27, el 68% de los productores no prevé modificar sus planes de siembra respecto del ciclo anterior.

Entre quienes sí realizarán cambios:

En cuanto a la distribución estimada de la superficie sembrada, la soja representaría el 40%, seguida por el maíz con 28%, el trigo con 16%, el girasol con 5% y otros cultivos con el 10% restante.

Otro de los datos destacados del relevamiento está relacionado con la comercialización de la oleaginosa.

El 68% de los productores mantiene soja sin vender para afrontar alquileres y otros gastos de campaña.

Mientras tanto:

La explicación predominante, según el estudio, está relacionada con la necesidad de preservar liquidez.

“La retención de soja parece responder predominantemente a una estrategia de administración de liquidez y preservación del capital de trabajo”, explicó Steiger.

En un escenario de márgenes más ajustados, conservar parte de la producción permite a los productores contar con recursos propios para afrontar la próxima campaña y reducir su exposición al riesgo financiero.

La tecnología aparece como uno de los puntos donde el sector muestra una mirada claramente positiva.

Según el Ag Barometer Austral, el 73% de los productores considera que la inteligencia artificial y las herramientas de digitalización generarán beneficios para sus explotaciones.

Entre quienes identifican ventajas:

Solamente el 27% no encuentra beneficios significativos en estas tecnologías.

Para Steiger, los productores están adoptando una posición abierta frente a la innovación cuando existe una relación clara con la productividad y la eficiencia.

“La digitalización y la inteligencia artificial aparecen cada vez más como herramientas concretas para mejorar la gestión”, afirmó.

Los resultados de la medición julio-agosto del Ag Barometer Austral describen un escenario con tres características principales: cautela en el presente, confianza en el futuro y selectividad para invertir.

La baja del índice general está relacionada principalmente con una percepción menos favorable de la situación actual. Sin embargo, las expectativas futuras permanecen en niveles elevados y las expectativas de inversión alcanzaron un nuevo máximo histórico.

El dato que mejor sintetiza este comportamiento es que el 64% considera que es un buen momento para invertir, pero solo alrededor del 39% del total prevé concretar inversiones en el corto plazo.

Mientras tierra, maquinaria y hacienda concentran buena parte de las preferencias, la estabilidad de los planes de siembra, la retención de soja y el interés creciente por la inteligencia artificial muestran a un productor que busca preservar capital, reducir riesgos y aprovechar oportunidades sin comprometer recursos de manera apresurada.

“La confianza está, pero la inversión se decide con selectividad”, concluyó Steiger.

Una familia tipo necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y superar la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El monto corresponde a un hogar compuesto por dos adultos y dos menores y representa un incremento del 2,2% respecto de junio. En la comparación interanual, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 36,1%.

El dato refleja cuánto dinero necesita mensualmente un hogar para cubrir no solo sus necesidades alimentarias, sino también un conjunto de bienes y servicios considerados indispensables.

Durante julio también se incrementó el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral utilizado para determinar la línea de indigencia.

La CBA registró una suba mensual del 2,6%, acumuló un aumento del 20,1% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 37,4%.

Para un adulto equivalente, el valor de la CBA se ubicó en $229.131.

En términos concretos, una familia que no logra reunir los ingresos suficientes para cubrir esta canasta no alcanza a satisfacer los requerimientos alimentarios mínimos establecidos por el INDEC.

El monto necesario varía de acuerdo con la cantidad y composición del hogar.

Para un hogar integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, el costo mensual fue de:

Para un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, los valores fueron:

Este es el modelo de familia tipo utilizado habitualmente para analizar la evolución de las líneas de pobreza e indigencia.

En un hogar formado por dos adultos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, se necesitaron:

El INDEC también estableció el valor de las canastas para un adulto equivalente, una unidad utilizada para comparar las necesidades de hogares de diferentes tamaños y composiciones.

En julio:

De esta manera, el valor de $506.381 representa la línea de pobreza mensual para un adulto equivalente, mientras que los $229.131 marcan la línea de indigencia.

La diferencia entre ambas canastas es central para comprender cómo se determina la pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y cantidades necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos establecidos para un adulto equivalente. Para determinar su composición, el INDEC utiliza información sobre los hábitos de consumo de la población obtenida a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios.

Para calcularla, el INDEC utiliza el denominado coeficiente de Engel, que relaciona el gasto destinado a alimentos con el gasto total de los hogares de referencia.

Por eso, el valor de la CBT constituye el parámetro utilizado para establecer la línea de pobreza, mientras que la CBA determina la línea de indigencia.

En julio, el costo de las necesidades básicas volvió a subir y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones mensuales para superar la línea de pobreza, en un contexto en el que los ingresos de los hogares continúan siendo determinantes para medir el impacto real de la inflación sobre el poder adquisitivo.

El salario ocupa un lugar cada vez más importante en las decisiones económicas de los hogares argentinos. Cuando el costo de vida aumenta, no alcanza con saber cuánto subió una remuneración, también importa qué parte de ese ingreso queda disponible después de pagar los gastos habituales y cuánto permite comprar frente a los precios actuales. Esa relación entre ingresos y gastos se convirtió en una de las principales preocupaciones para quienes deben ajustar mes a mes su presupuesto.

Durante 2026, la evolución de los salarios muestra que la desaceleración de la inflación no se tradujo automáticamente en una mejora de las condiciones de los trabajadores. Si bien las remuneraciones continúan creciendo en términos nominales, varios sectores todavía registran aumentos inferiores a la inflación y arrastran parte del retroceso acumulado durante los últimos años.

En este sentido, los recientes datos oficiales del INDEC permiten observar qué ocurrió en los primeros meses de 2026. En mayo, los precios aumentaron 2,1% respecto de abril. Durante el mismo período, los salarios privados registrados subieron 2,0% y los ingresos de los empleados públicos nacionales avanzaron 1,9%. Entre los trabajadores públicos provinciales, el incremento fue de 1,4%.

Sin embargo, el panorama se vuelve más claro cuando se deja de mirar un solo mes y se analiza el último año. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real del sector privado registrado cayó 2,9%. Entre los empleados públicos nacionales, el retroceso interanual llegó al 7,3%, mientras que entre los provinciales fue de 3,2%.

La diferencia resulta todavía más significativa si se toma noviembre de 2023 como punto de partida. Desde entonces, el salario real de los empleados públicos nacionales se encuentra 36,5% por debajo de aquel nivel. En el caso de los trabajadores públicos provinciales, la caída alcanza 9,8% y entre los privados registrados llega al 3,6%.

Pero, ¿qué ocurre cuando se analiza un período mucho más extenso? Un análisis elaborado por Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), utiliza los datos del Índice de Salarios del INDEC y toma 2017 como referencia para observar la evolución del poder adquisitivo hasta febrero de 2026.

El resultado marca una diferencia importante entre trabajadores privados y públicos. Para un trabajador privado formal, el retroceso acumulado equivalió a 16,2 salarios mensuales tomando como referencia el nivel de ingresos de 2017. En el caso del empleado público promedio, la cifra llegó a 21,8 salarios.

Estas cifras no significan que los trabajadores hayan dejado de cobrar esa cantidad de sueldos. El cálculo expresa cuánto ingreso, medido en términos del poder de compra que tenía en 2017, se fue resignando de manera acumulada durante los 98 meses analizados. Así, los 16,2 salarios equivalen a aproximadamente un año y cuatro meses de ingresos, mientras que los 21,8 salarios representan casi dos años.

Asimismo, la dimensión del retroceso permite entender que el impacto no fue uniforme. Los empleados públicos, y particularmente los nacionales, enfrentaron una caída más pronunciada del poder adquisitivo durante los últimos años, en un período que, además, estuvo acompañado por una reducción significativa de la estructura estatal.

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, hasta junio de 2026, la cantidad de trabajadores públicos nacionales se redujo en 71.661 puestos, un 21% respecto del inicio de la gestión. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación pasó de 343.357 trabajadores a 271.696 en ese período.

El recorte alcanzó a distintos sectores de la administración pública, aunque con diferente intensidad. La mayor reducción en términos absolutos se produjo en los organismos descentralizados, que registraron 25.382 trabajadores menos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado, con una disminución de 22.765 puestos. La administración centralizada, por su parte, perdió 17.974 empleados, en tanto que la administración desconcentrada y otros entes también registraron bajas.

De esta manera, la evolución de los salarios se inscribe dentro de una transformación más amplia del sector público. A la reducción de la cantidad de trabajadores se suma el retroceso de los ingresos reales de quienes permanecieron en la administración. El informe del CEPA vincula la disminución de la dotación con la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

El efecto de este escenario alcanza, a su vez, a los hogares. Y es que cuando una parte cada vez mayor del ingreso debe destinarse al consumo básico, disminuye el margen disponible para enfrentar imprevistos, realizar compras importantes o sostener compromisos financieros. En este contexto, el acceso a alternativas de financiamiento puede convertirse en una herramienta para afrontar gastos extraordinarios cuando el salario no alcanza a cubrirlos por completo.

Es importante destacar que el panorama cambia según el lugar donde vive y trabaja cada persona.  Un análisis de Fundación Mediterránea muestra que algunas jurisdicciones tienen una fuerte presencia del Estado como empleador y que otras dependen en mayor medida del sector privado formal. Esa diferencia importa porque una caída sostenida de los ingresos reales de los empleados públicos puede tener efectos distintos sobre el consumo y la actividad económica local según el peso que tenga ese grupo en cada territorio.

En esa línea, Tierra del Fuego aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de empleados públicos provinciales en relación con su población, con alrededor de 141 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes. Córdoba se ubica en el extremo opuesto, con unos 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. También presentan una participación elevada provincias como Santa Cruz y Neuquén.

El contraste ayuda a entender que el impacto de una misma política salarial no necesariamente es igual en todo el país. En una provincia donde una proporción importante de los trabajadores depende del Estado, una pérdida de poder adquisitivo puede repercutir con mayor intensidad sobre los comercios, el consumo y los servicios locales.

CABA presenta una situación diferente. La ciudad registra alrededor de 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, Fundación Mediterránea advierte que una parte importante de esas personas reside en el Gran Buenos Aires y se traslada diariamente hacia la capital, por lo que el dato debe interpretarse teniendo en cuenta esa particularidad.

El mercado laboral privado, por su parte, atravesó modificaciones durante el último año. Según el mismo análisis, cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras que crecieron modalidades como el monotributo, que incorporó más de 90.000 registros, y el trabajo no registrado. Estos cambios no solo modifican la composición del mercado laboral, sino que pueden alterar la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos con los que cuentan los hogares.

Es en este punto donde la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una estadística y empieza a reflejarse en la vida cotidiana. Un relevamiento de la consultora Zentrix encontró que 61% de los argentinos encuestados afirma que su dinero alcanza como máximo hasta el día 20 del mes. El dato no implica necesariamente que esos hogares se queden sin ingresos, sino que el costo de los gastos habituales consume el sueldo antes de que termine el mes.

El mismo estudio señala que otro 24,3% consigue llegar hasta fin de mes, pero sin margen para ahorrar. Apenas 13% afirma que puede cubrir sus gastos y, además, guardar parte de sus ingresos. A esto se suma que 86,1% considera que su salario no le gana a la inflación, una percepción que evidencia la presión que sienten los hogares sobre su presupuesto.

Los resultados de Delfos permiten observar el problema desde otra perspectiva. En abril de 2026, 52% de los argentinos aseguró que no llega a fin de mes, el nivel más alto de la serie relevada por la consultora. Otro 31% dijo que llega “con lo justo”, por lo que 83% de los encuestados atraviesa algún grado de tensión económica. Solo 17% consigue cubrir sus gastos y ahorrar.

Aunque se trata de relevamientos diferentes y sus resultados no son directamente comparables, ambos apuntan a un mismo problema: una parte importante de los hogares tiene poco margen después de afrontar sus gastos.

La presión sobre los ingresos también aparece en las decisiones laborales. Según Delfos, 43% de los argentinos está buscando trabajo, pero el dato central es que buena parte de ese grupo ya tiene una ocupación y busca sumar otra fuente de ingresos porque su remuneración actual no alcanza. En otras palabras, la búsqueda de empleo adicional no responde necesariamente a la falta de trabajo, sino a la necesidad de complementar el ingreso.

Los números demuestran así una realidad que va más allá de la evolución mensual de los salarios. Cuando los ingresos crecen por debajo de los precios, el ajuste termina trasladándose al presupuesto familiar: se reduce el ahorro, se postergan compras y aumenta la necesidad de buscar ingresos adicionales. En 2026, el desafío para los trabajadores no es solamente conseguir aumentos, sino recuperar un nivel de ingresos que vuelva a dar margen para llegar a fin de mes.

La morosidad de los créditos otorgados a personas físicas continúa en aumento en Argentina y alcanzó en junio de 2026 al 17,5% del monto total prestado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con ECO GO.

Se trata del vigésimo incremento mensual consecutivo y confirma el deterioro de la calidad de las carteras de crédito registrado durante el último año y medio.

El dato adquiere particular relevancia al observar su evolución: en diciembre de 2024 la mora representaba el 3,6% del crédito, mientras que en diciembre de 2025 había trepado al 12,6%. En junio de 2026 llegó al 17,5%.

En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, señaló Martín E. Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

La situación presenta diferencias importantes según la provincia.

En Entre Ríos, la mora por monto alcanzó el 13,4%, ubicándose por debajo del promedio nacional y entre los niveles más bajos del país.

En el extremo superior de la tabla aparecen:

En el otro extremo se encuentran:

Los datos muestran, por lo tanto, un escenario heterogéneo, con diferencias considerables entre las distintas economías provinciales.

El deterioro también puede observarse cuando se analiza la cantidad de personas y no solamente el monto de dinero comprometido.

En junio, el 26,1% de los deudores registraba algún nivel de mora, lo que representa un incremento de 8,8 puntos porcentuales en comparación con junio de 2025.

En términos del monto total adeudado, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Es decir, mientras el crédito continúa expandiéndose, también crece la proporción de préstamos que presentan dificultades de pago.

Uno de los aspectos centrales del informe es la diferencia entre el sistema financiero tradicional y los proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Los PNFC representan el 14,1% del crédito total otorgado a personas, pero registran una mora por monto del 31%.

En el sistema financiero, en cambio, la morosidad alcanza al 15,2%.

La diferencia resulta significativa: el nivel de incumplimiento entre los proveedores no financieros es más del doble que el registrado en las entidades del sistema financiero.

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, advirtió Masci.

El incremento de los incumplimientos no significa que el crédito se haya frenado.

Por el contrario, el informe señala que, sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual.

Además, las 24 jurisdicciones del país registraron crecimiento real del crédito respecto de junio de 2025, con variaciones que fueron desde el 1,8% hasta el 13,1%.

Esto configura una situación particular: el sistema continúa prestando más dinero mientras simultáneamente aumenta la proporción de créditos que presentan problemas de pago.

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio llegó a $97,1 billones.

De ese total:

El crecimiento del financiamiento, sin embargo, convive con una mayor fragilidad en la capacidad de pago de una parte de los hogares y personas que acceden a estos préstamos.

El informe también analiza el endeudamiento en relación con el tamaño de cada economía provincial, utilizando el indicador de crédito sobre Producto Bruto Geográfico (PBG).

En este caso, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más elevados.

Este indicador permite observar que no necesariamente las provincias con mayor mora son las que presentan el mayor nivel de crédito relativo a su economía.

El Monitor mensual de crédito a las familias es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y ECO GO a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aunque el informe utiliza la denominación “familias”, el universo analizado corresponde específicamente a personas físicas con saldo positivo informado en la Central de Deudores. No se incluyen personas jurídicas.

El trabajo fue elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Martín E. Masci.

La evolución de los últimos 18 meses marca un cambio significativo en la calidad del crédito: la mora pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026.

Aunque el financiamiento continúa creciendo y Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menor morosidad, la tendencia nacional plantea un desafío para el sistema financiero: sostener la expansión del crédito sin que el aumento de los incumplimientos termine deteriorando aún más la capacidad de pago de los deudores.

Cuando la política exterior abandona la prudencia, los exabruptos de unos pocos segundos se transforman en hipotecas de varios años. Lo vivido este fin de semana en San Pablo encaja perfectamente en esa dinámica. Javier Milei decidió utilizar una tribuna partidaria extranjera para injuriar, sin nombrarlo pero sin dejar dudas, al jefe de Estado de la principal economía de América del Sur. Llamarlo "basura comunista", "el ladrón" o "el presidiario" no es una audacia retórica: es la renuncia deliberada a distinguir entre el líder de un partido y el Jefe de Estado de un país vecino, socio y garante de previsibilidad regional.

La respuesta de Brasilia fue proporcional y, diría, contenida: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. No es una ruptura de relaciones —el vocabulario diplomático distingue con precisión estos grados— pero sí es la señal más dura que un gobierno puede emitir sin cruzar ese umbral. Es, en el lenguaje de los cancilleres, una advertencia formal de que algo se ha quebrado y de que la reparación no será automática.

Quienes formulan la política exterior argentina de este gobierno suelen invocar la "autonomía" y la "libertad" como si fueran sinónimos de desapego respecto de los vecinos. Pero la autonomía real de un país mediano —y Argentina lo es, pese a las fantasías de excepcionalidad— no se construye ofendiendo a quien es, por lejos, su socio comercial más importante. Se construye acumulando márgenes de maniobra, y esos márgenes se obtienen precisamente de vínculos regionales sólidos, no de su demolición ostentosa.

Los números no dejan lugar a la ambigüedad retórica. En el primer semestre de 2026 el intercambio de bienes entre ambos países rozó los 13.803 millones de dólares, muy por encima del comercio con China o Estados Unidos. Brasil absorbió el 12,6% de las exportaciones argentinas totales en ese período y es, desde 1991, de modo ininterrumpido, el principal socio comercial del país. No es un dato menor ni coyuntural: es la estructura misma sobre la que se apoya buena parte del entramado industrial argentino, en particular el sector automotriz, donde Brasil concentra hasta el 50% de las exportaciones de pick-ups y camiones. La búsqueda de un aplauso partidario en San Pablo, cuando se hace a costa de ese vínculo estratégico, no expresa soberanía: la debilita irresponsablemente.

La integración regional no es un artefacto burocrático heredado de los años noventa ni una nostalgia progresista, como se la suele caricaturizar desde ciertos sectores del oficialismo. Es, ante todo, un instrumento de inserción internacional que multiplica el peso relativo de países que, aislados, tienen escasa capacidad de negociación frente a los grandes bloques y potencias. Ese mismo principio opera, en otra escala, en nuestra Región Centro: la convicción de que la cooperación entre provincias fortalece su capacidad para defender intereses compartidos, atraer inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de sus economías regionales. Lo ocurrido este fin de semana convierte una relación de Estado en una extensión de la interna electoral brasileña, alineando a la Argentina, sin matices, con el bolsonarismo y en contra del gobierno constitucional de su vecino.

Es válido —y hasta esperable— que un presidente tenga preferencias ideológicas y afinidades personales. Lo que ninguna diplomacia seria admite es que esas preferencias se traduzcan en injerencia declarada en un proceso electoral ajeno, ni que un mandatario en ejercicio equipare a un jefe de Estado extranjero con un delincuente desde suelo de ese mismo Estado. La defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro —condenado a más de 27 años de prisión por la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado— agrega una capa adicional de gravedad: no se trata solo de un desaire personal a Lula, sino de un cuestionamiento implícito a la autoridad del Poder Judicial de un país soberano.

Y hay algo más, que no debería quedar afuera de esta reflexión: a quién se estaba insultando. Luiz Inácio Lula da Silva es, más allá de cualquier lectura ideológica, uno de los dirigentes de mayor densidad política que ha dado América Latina en el último siglo. Su trayectoria —del sindicalismo metalúrgico, la lucha contra la dictadura militar, a la fundación de un partido desde cero, de la cárcel a la presidencia recuperada— lo instaló como una figura de estadista en el sentido más clásico del término: capacidad de construir mayorías amplias, disposición a negociar con adversarios internos y externos, y una lectura de largo plazo del lugar de Brasil en el mundo que trascendió sus propios mandatos. Ha gobernado en tres ocasiones distintas, en contextos económicos y políticos muy diferentes entre sí, y en cada una demostró una seriedad institucional que contrasta con el humor volátil de buena parte de la dirigencia regional contemporánea. Se puede discrepar, y con fundamentos, de muchas de sus políticas; lo que resulta más difícil de sostener es negarle la seriedad con la que ha ejercido la función presidencial y el peso específico que su figura tiene en la historia política reciente del continente. Agredir a un dirigente de esa talla, y hacerlo además en su propio país, no es solo un error de cálculo diplomático: es una muestra de liviandad frente a alguien que representa, para bien o para mal, una de las biografías políticas más consistentes de la región.

Ese contraste se exhibe, también, en los modos: apenas unas horas antes del desplante de San Pablo, Lula publicaba en el Washington Post una columna sobre los aranceles que Trump le había impuesto a su país. No hubo en ese texto un insulto, ni un apodo, ni la tentación fácil del exabrupto: hubo cifras, hubo el recuento paciente de reuniones y documentos entregados en mano, hubo una defensa de la soberanía formulada con la frialdad de quien sabe que la dignidad de un Estado se demuestra en el tono, no se proclama a los gritos. Ese es el nivel con el que un jefe de Estado le responde, incluso, a quien le acaba de golpear la economía.

Argentina ha construido, con avances y retrocesos, una tradición de política exterior hacia Brasil que atravesó gobiernos de signos opuestos —de Alfonsín a Menem, de Kirchner a Macri— precisamente porque comprendió que el vínculo bilateral trasciende las coyunturas ideológicas. Esa tradición asumía que la relación con Brasilia era, ante todo, una cuestión de Estado, no de gobierno. Lo ocurrido este fin de semana revierte ese consenso de décadas y lo hace, además, sin ninguna contrapartida estratégica visible: no hay ganancia diplomática, comercial ni geopolítica que compense el costo de una crisis con el socio que compra más de una décima parte de lo que el país exporta al mundo.

La política exterior no es un escenario para la pulsión antagónica ni para la construcción de identidad partidaria hacia adentro. Es, en cambio, el ámbito donde se administran con cautela los intereses permanentes de un Estado, más allá de quién lo gobierne circunstancialmente. Confundir ambas cosas —convertir un vínculo estratégico en munición de campaña— no es audacia libertaria: es, llanamente, un retroceso. Y como todo retroceso en materia de relaciones exteriores, sus costos no los pagará quien pronunció las palabras, sino el país que deberá reconstruir, con paciencia y sin épica, lo que se dañó en menos de media hora de discurso.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Las declaraciones del mandatario argentino durante su visita a Brasil el pasado fin de semana generaron una fuerte reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó los dichos como una "provocación sin precedentes".

En la Casa Rosada reconocen que existe un "enorme malestar" entre ambos gobiernos, aunque sostienen que el conflicto se limita al plano político y que no tendrá consecuencias sobre el intercambio comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

"Lo diplomático y lo comercial corren por carriles separados en este caso", señalaron fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales.

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), en San Pablo, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones brasileñas previstas para octubre.

En ese contexto, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra Lula da Silva, a quien volvió a cuestionar por su apoyo a Sergio Massa durante el balotaje presidencial argentino de 2023.

Milei afirmó que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y vinculó al actual gobierno brasileño con las políticas socialistas que, según sostuvo, llevaron a la Argentina a una profunda crisis económica.

Además, calificó a Lula como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario", y también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente condenado por intento de golpe de Estado.

Las declaraciones motivaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las expresiones del presidente argentino.

Al mismo tiempo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó a su país para mantener reuniones con la Cancillería.

En un comunicado oficial, el gobierno brasileño sostuvo que no existen antecedentes de que un jefe de Estado extranjero haya realizado declaraciones de ese tenor durante una visita al país.

"Es especialmente lamentable que este episodio involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene más de 200 años de amistad y que constituye su principal socio comercial", expresó la Cancillería brasileña.

Posteriormente, Mauro Vieira calificó los dichos de Milei como una "provocación sin precedentes" y sostuvo que representaron una injerencia en asuntos internos brasileños, además de una ofensa hacia el presidente, el Poder Judicial, las instituciones democráticas y el pueblo de ese país.

Pese al endurecimiento del clima diplomático, en el Gobierno nacional consideran que la tensión no derivará en represalias económicas.

Desde el oficialismo recuerdan que las diferencias entre ambos mandatarios comenzaron incluso antes de la asunción de Milei, luego de que Lula respaldara públicamente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En defensa del Presidente también se expresó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien afirmó que dirigentes brasileños habían participado anteriormente de actividades políticas en la Argentina durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, La Libertad Avanza difundió imágenes del viaje presidencial acompañadas por el mensaje: "La derecha sea unida", en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Más allá de la crisis política, Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Sur. Ambos países son los principales socios del Mercosur y sostienen un intenso intercambio en sectores como la industria automotriz, la producción agroindustrial, la energía y el comercio manufacturero.

Por el momento, las diferencias parecen concentrarse en el plano diplomático. Sin embargo, el intercambio de declaraciones y la convocatoria de embajadores reflejan el mayor nivel de tensión bilateral registrado en los últimos años y abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente Xi Jinping afirmó este lunes que China está dispuesta a fortalecer aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con Brasil.

Xi lo afirmó durante una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un resumen de Xinhua. 

Xi señaló que, en los últimos años, la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Brasil y la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países lograron avances positivos.

Eso desempeñó un importante papel en el impulso del desarrollo de las dos naciones y en la mejora del bienestar de sus pueblos, además de contribuir a una valiosa estabilidad en un panorama internacional marcado por la volatilidad, subrayó.

Al apuntar que este año se conmemora el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y marca el inicio del XV Plan Quinquenal del país, mientras que Brasil afrontará una importante agenda política interna, Xi afirmó que su nación está dispuesta a reforzar aún más la coordinación estratégica bilateral y multilateral con el gigante sudamericano para mantener el impulso positivo en la construcción de una comunidad de futuro compartido.

Xi indicó que, frente a las nuevas circunstancias y desafíos, China y Brasil, como importantes miembros del Sur Global, deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización, desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global y en la defensa de la equidad y la justicia internacionales.

Añadió que ambas partes deben promover conjuntamente un desarrollo de alta calidad de la cooperación del BRICS ampliado, orientar adecuadamente esa cooperación, mantener el impulso de la unidad, lograr más resultados y escribir un nuevo capítulo de solidaridad y autosuficiencia para el Sur Global.

Xi afirmó que China concede gran importancia a la posición internacional y a la influencia de Brasil, y expresó su apoyo a ese país en la defensa de su soberanía e independencia, en su oposición a las injerencias externas y en su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Por su parte, Lula destacó que Brasil y China lograron avances positivos en la construcción de una comunidad de futuro compartido para un mundo más justo y un planeta más sostenible, con una cooperación que avanza rápidamente en diversos ámbitos.

El comercio bilateral alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que la serie de actividades del Año de la Cultura Brasil-China fortaleció aún más la base social de la amistad entre ambos pueblos.

Señaló que Brasil espera reforzar la cooperación con China en áreas como la inteligencia artificial, la energía y los recursos minerales.

Y dio la bienvenida a una mayor inversión de empresas chinas en Brasil para diversificar la cooperación bilateral y generar más resultados fructíferos.

El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar el debate sobre la propiedad de los recursos estratégicos en la Argentina. Desde distintos sectores ambientalistas surgieron cuestionamientos a la iniciativa, que busca eliminar restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Uno de los críticos fue Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien en declaraciones al portal Debate Abierto advirtió que la propuesta podría facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra y de recursos naturales en manos de empresas extranjeras.

Según explicó Micheloud, el proyecto pretende modificar la legislación sancionada en 2011, que estableció límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La norma vigente fija un tope del 15 % de la superficie rural en manos de extranjeros dentro de cada jurisdicción y establece límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular.

Para el abogado ambientalista, eliminar esas restricciones implicaría abrir la puerta a una mayor concentración de la propiedad rural.

"La tierra y el agua son recursos finitos. El problema es enfrentarlos a un capital transnacional que prácticamente no tiene límites", sostuvo.

Micheloud señaló que una de las mayores preocupaciones está vinculada con la protección de las fuentes de agua.

Explicó que la legislación actual contempla restricciones para la venta de tierras que incluyen cuerpos de agua estratégicos, como lagos, lagunas o sectores ribereños, resguardos que, según su interpretación, podrían verse afectados si prospera la reforma.

En ese contexto, advirtió que la disponibilidad de agua dulce adquirirá cada vez mayor importancia en un escenario internacional marcado por el cambio climático, la transición energética y el crecimiento de industrias vinculadas a minerales estratégicos y nuevas tecnologías.

Durante la entrevista, el especialista vinculó el interés sobre los recursos naturales argentinos con la creciente demanda mundial de minerales como el litio, el cobre y las denominadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico y energético.

También mencionó el incremento del consumo de agua y energía asociado a grandes centros de procesamiento de datos utilizados por empresas dedicadas a la inteligencia artificial.

A su entender, estos factores incrementan el valor estratégico del territorio argentino en el escenario geopolítico actual.

Micheloud cuestionó además el acompañamiento de algunos sectores políticos a la iniciativa oficial y reclamó que el tratamiento legislativo se realice con un amplio debate público.

En paralelo, organizaciones ambientalistas anunciaron una convocatoria para el 6 de agosto, fecha en la que, según trascendió, el proyecto podría comenzar a discutirse en el Congreso Nacional.

La reforma aún deberá atravesar el debate parlamentario, donde oficialismo y oposición expondrán sus argumentos sobre una iniciativa que reabre la discusión acerca del régimen de propiedad de la tierra y la protección de los recursos naturales estratégicos del país.

La ciudad de Salta fue sede de una nueva Jornada de Actualización Técnica de Legumbres, organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), que reunió a productores, exportadores, técnicos y especialistas de todo el país para debatir sobre el presente y las perspectivas de una de las economías regionales con mayor perfil exportador.

Entre las exposiciones más esperadas estuvo la del economista Juan Manuel Garzón, quien ofreció un análisis del contexto económico nacional y planteó que Argentina atraviesa una etapa de estabilización que abre nuevas oportunidades, aunque también exige un cambio profundo en la forma de competir.

Garzón sostuvo que el país avanza hacia un escenario de menor inflación, aunque advirtió que el proceso no será inmediato.

"Estamos en una etapa de estabilización macroeconómica que avanzó mucho, pero la última parte llevará tiempo", explicó al iniciar su presentación.

En ese sentido, recordó que las experiencias internacionales muestran que reducir la inflación hasta niveles de un dígito anual suele demandar varios años de políticas consistentes.

Durante su exposición, el economista destacó que el equilibrio de las cuentas públicas constituye uno de los pilares del actual programa económico.

Según explicó, mantener un superávit fiscal sostenido permitirá reducir la dependencia del financiamiento monetario y fortalecer el proceso de desinflación.

Para Garzón, si esta política se mantiene, Argentina podría completar tres años consecutivos de superávit fiscal, una situación poco habitual en la historia reciente del país.

El especialista señaló que el nuevo escenario económico modificará la lógica de funcionamiento de muchas empresas.

Con una inflación mucho menor, dejarán de ser determinantes las estrategias financieras vinculadas al manejo de stock o las remarcaciones permanentes de precios.

"Ahora la competitividad estará mucho más ligada a los volúmenes de producción, la eficiencia y la capacidad para competir", afirmó.

Otro de los ejes de la conferencia fue la apertura comercial.

Garzón consideró que Argentina está dejando atrás un modelo económico cerrado para integrarse nuevamente a los mercados internacionales mediante la reducción de restricciones al comercio y la firma de nuevos acuerdos.

En ese marco destacó especialmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que representa una oportunidad concreta para las cadenas agroexportadoras.

"En el caso de las legumbres habrá una importante reducción de aranceles para los porotos, lo que abre nuevas posibilidades comerciales", indicó.

No obstante, advirtió que la apertura también implicará una competencia más intensa con productores de otros países.

El economista también analizó la evolución del mercado de divisas y aseguró que la economía argentina dejará de depender exclusivamente del agro para generar dólares.

A la producción agropecuaria —explicó— se sumarán con fuerza los ingresos provenientes de Vaca Muerta y de la actividad minera, lo que podría modificar el comportamiento del tipo de cambio en los próximos años.

"Si este proceso se consolida, es probable que convivamos con un dólar relativamente barato en términos históricos hacia 2028", señaló.

Frente a ese escenario, insistió en que las empresas deberán enfocarse cada vez más en reducir costos y mejorar su productividad para sostener su competitividad internacional.

Al referirse específicamente al sector, Garzón transmitió un mensaje alentador.

Consideró que la producción de legumbres se encuentra entre las actividades con mejores perspectivas debido a su fuerte orientación exportadora y al crecimiento esperado de los mercados internacionales.

Sin embargo, aclaró que el contexto favorable deberá ir acompañado por mejoras en eficiencia, innovación y desarrollo de nuevos mercados.

La Jornada de Actualización Técnica de Legumbres reunió a referentes de toda la cadena productiva con un amplio programa de conferencias, paneles técnicos y espacios de intercambio sobre producción, mercados e innovación.

Uno de los momentos destacados fue la charla del exfutbolista Rolando Schiavi, quien compartió la conferencia "Raspar, Sembrar y Ganar", donde estableció un paralelismo entre el deporte y la actividad agropecuaria, resaltando valores como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.

El escenario político argentino atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Mientras el Gobierno nacional busca consolidar su proyecto con nuevos acuerdos políticos, la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa unificada. Sobre este panorama se refirió el licenciado en Ciencias Políticas Nahuel Baridón, quien realizó un análisis de la coyuntura durante una entrevista con el programa Debate Abierto.

Según el analista, uno de los momentos más complejos para la administración de Javier Milei en los últimos meses estuvo vinculado al denominado "caso Adorni", situación que, a su entender, produjo uno de los mayores impactos negativos sobre la imagen del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

No obstante, Baridón consideró que el oficialismo logró atravesar esa etapa sin mayores consecuencias institucionales gracias al respaldo político de un grupo de gobernadores.

"El Gobierno consiguió sostener la gobernabilidad con el apoyo de 14 mandatarios provinciales, algunos motivados por la necesidad de recursos nacionales y otros por conveniencia electoral, ya que comparten parte del electorado con La Libertad Avanza", explicó.

Uno de los aspectos que, según Baridón, mejor explica el momento político actual es la incorporación de Diego Santilli a un lugar estratégico dentro del gabinete nacional.

En ese sentido, sostuvo que este movimiento también ayuda a interpretar la postura adoptada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien semanas atrás manifestó públicamente su intención de construir un frente electoral junto a La Libertad Avanza.

Para el politólogo, Frigerio se anticipó a un proceso de integración política que ya venía gestándose entre dirigentes del PRO y el espacio libertario, donde hoy ocupan lugares destacados figuras como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli.

A su criterio, este esquema no solo apunta a fortalecer la gestión nacional, sino también a proyectar el escenario electoral de los próximos años.

"Se empieza a visualizar una estrategia que busca consolidar la reelección de Javier Milei y, al mismo tiempo, posicionar a Diego Santilli como una figura de peso en la provincia de Buenos Aires", analizó.

En contrapartida, Baridón describió un panorama complejo para la principal fuerza opositora.

Consideró que el peronismo no logró capitalizar políticamente los momentos de mayor dificultad del Gobierno nacional y advirtió que la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa un nivel de confrontación que excede una simple disputa por candidaturas.

A su entender, la falta de una estrategia común y la profundización de las diferencias internas debilitan las posibilidades del espacio para presentarse como una alternativa de gobierno en el corto plazo.

En el cierre de su análisis, Baridón sostuvo que la combinación entre una oposición fragmentada y una leve mejora en algunos indicadores económicos favorece al oficialismo.

"Esta desunión opositora termina siendo una buena noticia para el Gobierno nacional, que comienza a mostrar un leve repunte en su imagen pública apoyado en el control de la inflación", concluyó.

De esta manera, el analista consideró que, pese a las turbulencias políticas de los últimos meses, el oficialismo logró recuperar iniciativa y comienza a delinear una estrategia con proyección hacia los próximos desafíos electorales.

El gobierno nacional autorizó un nuevo adelanto financiero de coparticipación para Entre Ríos por 150.000 millones de pesos, en el marco de un esquema destinado a asistir transitoriamente a las provincias con necesidades de liquidez. La medida fue oficializada este jueves mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este nuevo desembolso, la provincia acumulará 370.000 millones de pesos en adelantos financieros durante 2025, considerando los 220.000 millones otorgados a comienzos de año. El decreto establece un límite total de 400.000 millones de pesos para este mecanismo, que alcanza también a otras jurisdicciones del país.

Se trata de fondos coparticipables que corresponden a cada provincia y que son girados de manera anticipada por la Nación para atender necesidades financieras transitorias. Posteriormente, esos recursos son reintegrados mediante descuentos automáticos sobre las futuras transferencias de coparticipación federal.

Desde el gobierno provincial destacaron que el adelanto recibido a principios de año viene siendo cancelado según lo previsto. De hecho, aproximadamente la mitad de los 220.000 millones ya fue devuelta a través de las retenciones automáticas establecidas en el acuerdo.

La operatoria contempla una tasa de interés anual del 15 por ciento, considerablemente inferior a las condiciones que actualmente ofrecen los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos mucho más elevados para obtener financiamiento.

El mecanismo de adelantos financieros no es una herramienta nueva. Ha sido utilizado por distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años y se encuentra previsto dentro de la normativa vigente para asistir a las provincias en situaciones coyunturales de caja, evitando en muchos casos la necesidad de recurrir a endeudamiento en el mercado.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde la administración provincial consideran que estos recursos permiten fortalecer la previsibilidad financiera y garantizar la continuidad de programas, obras y servicios públicos, en un contexto económico que sigue planteando desafíos para las cuentas provinciales.

El diputado nacional Darío Schneider comenzó en diciembre pasado su actividad parlamentaria dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, uno de los bloques aliados del oficialismo libertario de La Libertad Avanza. A nivel provincial, el bloque trabaja con el gobierno de Rogelio Frigerio, defendiendo posiciones e intereses de Entre Ríos.

Schneider participa de ocho comisiones de labor parlamentaria. Es secretario de la comisión de Obras Públicas, vicepresidente primero de la de Transportes; y vocal en las de Asuntos Municipales; Deportes; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Población y Desarrollo Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Vivienda y Ordenamiento Urbano.

Luego del acto de inicio de obras en la Escuela N°105 Patria Libre, dialogó con Paralelo32 sobre sus actividades legislativas y sus opiniones y posiciones en un punto neurálgico de la vida política nacional: la Cámara de Diputados de la Nación.

Sobre la actividad parlamentaria que actualmente domina en la Cámara Baja, Schneider comentó que actualmente está en tratamiento en comisión el ‘súper RIGI’ (proyecto de ley del oficialismo que amplía los beneficios para grandes inversiones que estableció el RIGI-Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, N. de R.) y está en estudio también el proyecto de ‘Ley de Lobby’. “Hoy es lo que estamos trabajando en Diputados”, comentó.

– ¿Qué es la ley de Lobby?

-- Se busca transparentar la acción de empresas o sectores que buscan modificar determinadas leyes. Se plantea que se transparente eso porque no hay nada de malo en que una empresa, un sector empresarial o gremial, plantee que ‘tal ley se modifique’ o ‘que diga tal cosa’. Queremos que se reglamente para evitar faltas de transparencia. Hubo una propuesta en ese sentido durante la presidencia de Macri. Hoy se trabaja en un proyecto similar. Desde el bloque radical vamos a hacer algunas consideraciones, porque ahora se está debatiendo el proyecto que llega desde el oficialismo. Acompañamos ese proyecto, pero también hacemos nuestras propias sugerencias desde el bloque radical.

– ¿Cuáles son sus proyectos de autoría propia?

-- La semana pasada hemos presentado el proyecto de ‘Régimen Nacional de Mecenazgo Deportivo’. Es una ley que ya tenemos en la provincia de Entre Ríos, pero no está reglamentada a nivel nacional. Es para que pueda permitir al sector privado acompañar las actividades deportivas y que de ese acompañamiento tenga un beneficio compensatorio en materia fiscal o desde un punto de vista impositivo. De eso se trata el proyecto, que en las próximas semanas tendrá giro a alguna de las comisiones, seguramente la Comisión de Deportes, donde yo estoy como integrante. También a la Comisión de Presupuesto, supongo. Me pareció importante proponerlo, uno traslada a leyes lo que pasa también en su comunidad. En nuestro Crespo querido vemos como las empresas aportan todo el tiempo a los clubes. Hace poquito se inauguró un gimnasio en Cultural, donde una empresa hizo un aporte. Me parece que esas cosas hay que rescatarlas; incentivar la posibilidad de que las empresas puedan hacer aportes a una institución o a un deportista en particular, con un incentivo fiscal a cambio.

Schneider votó a favor de los cambios en la Ley de Glaciares, una iniciativa del gobierno libertario que tuvo y tiene un fuerte rechazo de la oposición política y de las organizaciones ambientalistas del país. El rechazo a ese voto se observó con fuerza en redes sociales donde ‘de cada 20 opiniones 19 criticaron’ el voto de Schneider.

Al dar su explicación, el legislador señaló: “No solamente voté a favor, sino que expuse y di la justificación de mi voto y de todo mi bloque desde el punto de vista constitucional”

Recordó que la ley de glaciares ya existía, y lo que hizo la reforma fue ordenar las competencias provinciales desde un punto de vista constitucional. Destacó que los glaciares tienen un nivel alto de protección, no solamente por la Ley de Glaciares, sino también por otras leyes; también por formar parte del Inventario Nacional de Glaciares y por formar parte de parques nacionales que tienen una ley específica que los protege. “Los glaciares no se tocan, como dije en mi intervención, eso tiene que quedar claro”, subrayó Schneider.

Continuó diciendo que el tema fue impulsado por las provincias cordilleranas, que tienen larga tradición en la administración del agua, que en esas zonas es un recurso crítico. “Uno, por ahí opina desde lejos, y quiere enseñarles a San Juan o a Mendoza cómo se administra el agua cuando en San Juan y en Mendoza saben sobre la escasez y ellos mismos son quienes van a cuidar este recurso; no van a hacer una intervención productiva, minera o de lo que sea, para perjudicarse a sí mismos”, dijo.

Agregó que “me parece que tenemos que darle esa potestad y esa responsabilidad también a las provincias que ya la tienen por la Constitución Nacional, para que puedan decidir y explotar los recursos naturales que tienen”. El legislador crespense dijo que se busca generar condiciones para que la inversión privada, “minera u otra actividad productiva”, se pueda desarrollar “en zonas que hoy están vedadas”.

Con respecto al Inventario Nacional de Glaciares que se hizo (el primer informe se presentó en 2018, N. de R.), Schneider dijo que “hoy la situación debe haber cambiado muchísimo. Hay zonas que estaban dentro de ese inventario, que pueden ser retiradas de allí porque ya no hay una reserva estratégica de agua, debido al cambio climático”.

“Se está buscando la posibilidad de generar inversión en zonas que hoy ya no tiene ningún sentido que estén protegidas porque no estamos hablando de glaciares en sí”. Finalmente, subrayó que “los recursos estratégicos como recursos hídricos no van a ser tocados”.

El entrevistado acompañó en general y en capítulos específicos el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional, primer presupuesto aprobado en la gestión del presidente Javier Milei. Previamente, y durante sus dos primeros años, el gobierno libertario había reconducido en 2024 y 2025 el presupuesto 2023, último presupuesto del gobierno del Frente de Todos. La nueva ‘ley de leyes’ consolidó el ajuste de partidas que castigó fuerte la obra pública, los traspasos a las provincias, las inversiones en salud y educación, entre otros temas.  En la votación en particular, Schneider se abstuvo en el capítulo 11, artículo 75, que había impuesto un fuerte recorte a la universidad pública y en discapacidad.

– Muchos esperaban un voto negativo de su parte en esos puntos. ¿Qué pasó?

-- Tenemos un bloque donde uno va consensuando cosas, pero en esto me abstuve. Creo que en definitiva al gobierno nacional le faltó un poco de ‘cintura’ para poder incorporar o sacar algunos temas de ese capítulo 11 completo. Las leyes se votan por capítulo, dentro de esos capítulos hay distintos artículos y en este caso, había una serie de artículos que perjudicaban el financiamiento de las universidades, que fue lo que motivó muchos votos negativos o abstenciones como la mía.

Pero, Schneider destacó algunas diferencias de fondo. “Yo creo que la inversión pública es absolutamente necesaria e indispensable y tiene que estar presente el Estado. En este punto, el estado provincial y el gobernador Frigerio acompañan también esta idea”, señaló.

Agregó: “Sobre las incumbencias a nivel nacional, tenemos las rutas nacionales, tenemos un montón de cosas donde hoy está faltando esa inversión. No tanto en la provincia de Entre Ríos porque hay obras nacionales en la ruta 12, la 18, la 14. Mal que mal, se están llevando adelante, están teniendo continuidad y se van a terminar”. Pero subrayó: “Creo que el gobierno nacional no puede eternamente decir ‘no voy a invertir más en obra pública’ porque de esa manera no es posible desarrollar un país”.

Schneider dijo que “esto nosotros lo defendemos y lo decimos sin un problema. Obviamente, uno entiende también las restricciones presupuestarias que hay cuando el presidente dice ‘no hay plata’. Y no hay plata”. Rescató el diálogo y los acuerdos del gobierno provincial con la Nación, que permiten la continuidad de obras. “No como uno quisiera, con celeridad, pero hay continuidad en la provincia, en distintos lugares”.

Finalizó diciendo que “es el camino que tenemos que seguir, acompañando el gobierno nacional para que le vaya bien, porque en definitiva, si le va bien al gobierno nacional nos va a ir bien a todos. Es lo que pretendemos, desde nuestro lugar como dirigentes políticos”.

– ¿Es difícil hacer acuerdos de diálogo con el sector libertario? Uno ve al presidente  Milei y algunos de sus funcionarios muy confrontativos. A veces ‘meten en la misma bolsa’ a todos los legisladores.

-- Bueno, son dos sectores que están confrontados. Entre la oposición más dura, que es el kirchnerismo, y La Libertad Avanza, hay mucha confrontación. Hoy por hoy el diálogo no se ve. Eso se traslada también al trabajo en las comisiones, donde muchas veces hay situaciones de mucha agresión verbal.

En ese contexto, Schneider reivindica el diálogo político. “Uno es dialoguista, tiene otra mirada de la política. Pero hoy el escenario es de mucha confrontación, mucha agresión verbal. A veces, hasta hay falta de respeto. Y la verdad que así no se puede construir un futuro que tiene que ser consolidado entre todos los argentinos”. En este punto, el diputado nacional subrayó: “No puede haber alguien excluido de eso”.

– ¿Le hace ‘ruido’ con su identidad radical votar cosas por exigencias partidarias, por acuerdos?

-- Bueno, todo el tiempo uno va votando según sus convicciones, pero nunca sentí que estuviese faltando a esos principios. En la UCR somos un partido que ha sido reformista siempre. Hemos participado de un gobierno como Cambiemos, que buscó reformas profundas que no se no llegaron a concretar. Hoy tenemos un gobierno con esa mirada disruptiva, que va a fondo.