La nueva ley que imputa a menores va a generar cambios profundos y posibles conflictos en su aplicación; esto va a ocurrir a partir de la vigencia de la norma. Serán sometidos a la justicia penal delitos cometidos por menores de entre 14 y 16 años.

Al respecto, el Juez Penal de Niñez y Adolescencia, Pablo Barbirotto (*) analizó los principales cambios, su impacto y las dificultades que podría generar su implementación.

El magistrado explicó que la norma pone fin a un debate histórico que se arrastraba desde el retorno de la democracia, vinculado a la necesidad de adecuar la legislación a estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, señaló que la discusión siempre estuvo trabada por la controversia en torno a la baja de la edad de punibilidad.

Uno de los puntos centrales es que la nueva ley permitirá imputar a adolescentes desde los 14 años, algo que antes no ocurría en el mismo sentido. Según detalló, esto implica que podrán ser sometidos a juicio y recibir penas de hasta 15 años de prisión (máximo establecido en esta ley), lo que representa un cambio sustancial en el sistema.

No obstante, Barbirotto advirtió que la aplicación efectiva de la ley presenta serios condicionantes.

En principio, su entrada en vigor está prevista para septiembre de este año, pero depende de la existencia de espacios adecuados de detención para jóvenes de entre 14 y 17 años, infraestructura que actualmente no existe ni en Entre Ríos ni en el resto del país. Esta situación podría derivar en una postergación de su implementación.

En Paralelo32 hemos dado cuenta de las limitaciones del Penal N°5 de Victoria, con escaso espacio y necesidades de adaptación estructural.

En cuanto al procedimiento judicial, aclaró que no habrá modificaciones, ya que continuará rigiéndose por las leyes procesales provinciales. Lo que cambia es la posibilidad de imponer penas a menores que antes no eran punibles en ese rango etario señaló, en una entrevista exclusiva con Paralelo32.

El juez también cuestionó el fundamento de la reforma desde el punto de vista de la política criminal. Indicó que los delitos cometidos por menores representan entre el 2% y el 3% del total, por lo que consideró que la medida no responde a una necesidad real en términos de seguridad, sino más bien a una demanda social. ”Los que piensan que van a bajar los delitos con la nueva norma, creo que se equivocan”

Además, planteó “el sistema penal llega tarde, ya que la mayoría de los jóvenes que ingresan en conflicto con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad extrema”. En ese sentido, remarcó que más del 50% de los niños en el país se encuentran en situación de pobreza, citando datos de UNICEF, y que muchos presentan problemas de escolaridad y adicciones. Consideró que el Estado debe actuar antes, para no llegar a esta situación. “Tenemos que garantizar derechos desde la primera infancia” remarcó.

Otro aspecto relevante es que la nueva legislación amplía la intervención penal a todos los delitos, incluso aquellos considerados leves. Esto implica que situaciones que antes eran abordadas por organismos administrativos ahora pasarán por la justicia penal. “Antes un joven de 14/15 años que rompía vidrios en una escuela o de un patrullero, no eran juzgados penalmente, ahora sí, a partir de la nueva legislación.

Desde el plano jurídico, Barbirotto consideró que la ley no sería inconstitucional en cuanto a la edad fijada, ya que los tratados internacionales permiten a cada Estado definirla. No obstante, advirtió posibles conflictos en la aplicación de las penas, especialmente porque la norma habilita sanciones similares a las de un adulto, sin contemplar adecuadamente las diferencias en el desarrollo de un adolescente.

Sostuvo, a modo de ejemplo, que “una persona de 50 años que delinque –de acuerdo a un artículo del CP- le corresponden 10 años y es razonable, pero un chico de 14 años no puede tener, por un delito grave, una pena de 15 años porque es más de lo que lleva de vida”.

Finalmente, el magistrado puso el foco en los riesgos de este enfoque, señalando que el endurecimiento de penas a edades tempranas puede generar efectos contraproducentes, como una mayor exposición al sistema penal y dificultades en la reinserción social.

De esta manera, la nueva ley abre un escenario de cambios importantes, pero también de interrogantes en cuanto a su implementación real y su efectividad para abordar el problema de fondo.

(*) Pablo Barbirotto, juez Penal de Niños, Adolescentes de Entre Ríos y miembro del Comité Asesor Técnico creado por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional.

El hecho ocurrió el viernes 3 de abril por la noche, cuando Hernán Gross y su familia habían salido hacia Crespo para participar de un culto religioso por Viernes Santo. “Salimos a las 19:10 y cuando volvimos, alrededor de las 21:45, ya había sucedido todo”, relató el damnificado en declaraciones a Paralelo32.

La vivienda está ubicada a unos 700 metros de la ruta, en un área con escasa densidad poblacional. Según contó Gross, no notaron movimientos sospechosos al retirarse, pero al regresar advirtieron una situación inusual: la ausencia de sus perros. “Siempre nos esperan y ese día no estaban. Nos pareció raro”, explicó.

El hallazgo del robo fue inmediato. “Mi señora y mis hijas entraron primero, prendieron la luz y comenzaron a gritar. Estaba todo revuelto”, describió. Los delincuentes habrían ingresado por la puerta trasera, tras romper un vidrio, y revolvieron muebles, cajones y pertenencias, generando un importante desorden en el interior.

El comportamiento de los animales también llamó la atención. “El más chico estaba asustado dentro de la casa y los otros volvieron mucho después. No estaban lastimados, pero tardaron en reconocernos. Nos quedó la sensación de que pudieron haberles dado algo”, sostuvo.

Entre los elementos sustraídos, el productor agropecuario detalló dinero en efectivo, ahorros en dólares de sus hijas, alhajas de oro y tres armas de fuego: una escopeta calibre 16, un rifle calibre .22 Magnum de origen estadounidense y un revólver calibre .38. También se llevaron la cartera de su esposa con documentación, dinero y anteojos recetados.

“El perjuicio ronda los 20 millones de pesos. Es dinero que uno necesita para el trabajo diario en la producción agropecuaria y ganadera. Desde afuera parece mucho, pero es capital de trabajo”, explicó. No obstante, destacó que no se llevaron una computadora ni teléfonos celulares que quedaron a la vista.

Gross indicó que radicó la denuncia principalmente por la sustracción de las armas, ante el riesgo que implica su posible utilización en otros hechos delictivos. “Del resto no tengo muchas expectativas de recupero”, lamentó.

El damnificado considera que pudo haber existido un seguimiento previo de sus movimientos. “Sabían que no quedaba nadie en la casa. Para mí hubo inteligencia previa o alguien que pasa datos”, afirmó, aunque aclaró que no sospecha de vecinos.

Un dato aportado por un testigo podría resultar clave: la presencia de un vehículo sospechoso en la zona durante el horario del robo. “Un conocido vio un auto blanco, un Renault Fluence, con balizas prendidas y el capot abierto. Podría haber sido alguien haciendo de campana”, señaló.

Ante la falta de cámaras de seguridad en la vivienda, la investigación se apoya en este tipo de testimonios y en el relevamiento de cámaras ubicadas sobre rutas cercanas, particularmente en la zona de Aldea María Luisa.

Gross también expuso complicaciones vinculadas a la jurisdicción policial tras cambios administrativos recientes. “Tenemos una comisaría en Crespo a 10 kilómetros, pero ahora dependemos de otra en Seguí, a más de 20. En una emergencia eso se siente”, remarcó.

El caso se suma a otros hechos denunciados en áreas rurales de la región, donde —según el productor— los delincuentes buscan elementos de fácil traslado y rápida comercialización. “Apuntan a dinero, oro o cosas chicas. Entran caminando y uno queda de campana”, describió.

Frente a este escenario, adelantó que evalúa reforzar la seguridad en su propiedad. “Voy a tratar de volver a comprar un arma. Si pasa algo, voy a defender a mi familia”, expresó con preocupación.

Mientras tanto, intenta retomar la actividad productiva tras el golpe sufrido. “El lunes tuve que empezar de nuevo, incluso pidiendo fiado en un comercio. Da mucha bronca y dolor”, concluyó.

La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados de haber participado en una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que tuvo como víctima a una mujer de 84 años en la ciudad de Crespo. En el hecho, ocurrido el pasado 26 de marzo, le sustrajeron 19.000 dólares y una suma de dinero en pesos aún no determinada.

La medida fue dispuesta este lunes por la jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, a pedido del fiscal Juan Pereyra. El principal imputado, identificado como G.D.P., fue acusado como coautor del delito de estafa y deberá cumplir 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

En tanto, E.F.D., imputado por encubrimiento, quedó en libertad bajo una serie de restricciones por el mismo plazo, aunque seguirá vinculado a la causa.

Según la investigación, el engaño se inició con un llamado telefónico en el que una persona se hizo pasar por la nieta de la víctima. Bajo ese ardid, le indicaron que debía entregar sus ahorros a un supuesto allegado de confianza para resguardarlos en una entidad bancaria.

Minutos después, G.D.P. se habría presentado en el domicilio de la mujer para retirar el dinero. Registros de cámaras de seguridad aportados por vecinos muestran a un hombre con características coincidentes ingresando a la vivienda y retirándose luego con un bolso.

Las imágenes también permitieron establecer que el sospechoso abordó un Peugeot rojo que lo aguardaba en las inmediaciones. A partir de ese dato, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo hasta una vivienda ubicada en calle Pablo Crauzas, en la ciudad de Paraná.

En el marco de la pesquisa, se determinó que E.F.D. habría tenido participación en el hecho. Según la Fiscalía, al día siguiente del delito se presentó en el domicilio vinculado al principal acusado y retiró un bulto oscuro, que contendría parte del dinero sustraído.

Posteriormente, el vehículo en el que se trasladaba fue interceptado sobre la Ruta Nacional Nº11, en cercanías del acceso al INTA. Durante el procedimiento, y ante la falta de documentación del rodado, se realizó una requisa que permitió el hallazgo de una suma importante de dinero, además del secuestro de tres teléfonos celulares.

No obstante, desde la Fiscalía señalaron que aún no se logró recuperar la totalidad de los dólares denunciados como sustraídos, lo que constituye uno de los principales objetivos de la investigación.

El fiscal Pereyra argumentó que la prisión preventiva para G.D.P. se fundamenta en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa. Además, se tuvo en cuenta que el imputado cuenta con antecedentes penales, incluyendo una condena previa por extorsión.

Por su parte, la defensa del principal acusado, a cargo del defensor público Fernando Callejo, se opuso a la medida y solicitó el arresto domiciliario. Alegó que su defendido tiene arraigo, vive con su familia, posee tres hijos a cargo y desarrolla actividades comerciales.

En cuanto a E.F.D., su defensa aceptó las condiciones impuestas por la Justicia y expresó la voluntad de su cliente de colaborar con la investigación. En ese sentido, accedió a aportar las claves de los teléfonos celulares secuestrados para su análisis.

Las pericias sobre los dispositivos abarcarán un período de 30 días previos al hecho, con el objetivo de detectar comunicaciones, contactos o movimientos que permitan esclarecer la maniobra y determinar si hubo más personas involucradas.

El periodista Chikilín Albornoz publicó en Facebook, el miércoles 25 de marzo, un artículo denominado: Libertad de prensa: el derecho a informar sobre hechos de interés público en el que dice: “Hoy, me toca hablar no solo como periodista, sino como alguien que cree profundamente en el derecho de la sociedad a informarse”.

Se refería a una entrevista a un joven, mayor de edad, que relató, por voluntad propia, un presunto hecho de abuso ocurrido en su ámbito familiar adoptivo. Este hecho tuvo repercusión en los medios y se publicó en Paralelo32 tres semanas atrás, dando cuenta de la denuncia de ese mismo menor a un matrimonio igualitario que les había dado resguardo mediante adopción.

En este caso, Albornoz reacciona frente a lo dispuesto por el Juzgado de Familia Civil y Penal de Menores de la jurisdicción, que ordenó el cese de la publicación (un video), la eliminación del contenido y la prohibición de difundir información que pudiera identificar a menores de edad.

El periodista señaló que acató la medida judicial y que el video fue modificado eliminando cualquier referencia a menores. No obstante, planteó que el caso abre una discusión sobre los límites entre la protección de niños, niñas y adolescentes, y el derecho a informar sobre hechos de interés público.

En ese marco, sostuvo que también se pone en debate el alcance de las restricciones a la labor periodística y su impacto en la libertad de prensa.

Consultado por Paralelo32 sobre los alcances de este material que dio a conocer la pasada semana y que la justicia le obligó a bajar en las últimas horas, Albornoz reconoció que está muy tranquilo, aunque decidió mostrar disconformidad junto al letrado Martín Juárez, convencido de que fue “censura indirecta”.

Añadió que la persona que aparece de espaldas en el video fue quien lo contactó, “ellos me contactaron”, expresó sobre el protagonista y dos acompañantes que apoyaban esa decisión. Y añadió que en el estudio de Radio Box solamente estaban el personal técnico y él.

“No voy a ir contra lo que decide un juez, pero entiendo que es una censura indirecta”, dijo sobre el video publicado en su canal de Youtube que debió bajar, tras una primera edición del material donde le quitó referencias de nombres y vínculos filiales.

Y continuó: “esta situación me pone en un lugar como si yo fuera el malo. Aunque tengo bien claro que para la sociedad y para la víctima, no lo soy. Es la verdad de él la que intentamos acercar. Es más, ellos se contactaron conmigo nuevamente -tras la emisión del video- para agradecerme”.

El propietario de Radio Box dijo que está muy tranquilo con su trabajo, aunque siente cierta incomodidad por lo que pasó, “Tengo la cabeza muy tranquila y enfocada en mi trabajo, pero no voy a negar que solicité la colaboración de un abogado para esta ocasión. En Victoria siempre pasan cosas muy fuertes, y yo elijo informarlas de primera mano. No voy a negar que me llamó la atención el mensaje que recibí del Copnaf, previo a la decisión del juez, alertándome de lo controversial del contenido de la entrevista”.

Amplió que “este tipo de entrevistas no las puede realizar cualquiera, pero cuando ocurren estas cosas (por lo que le aconteció con el video que debió bajar) uno siente decepción del periodismo en general”.

Sobre el final, y consultado por el número de visualizaciones que tuvo el material antes de pedirle que lo retire, respondió que el video alcanzó las 6.000 reproducciones, “no tuvo la repercusión nacional que tuvo lo de las palometas, por ejemplo, pero también hay que decir que no lo pusimos en otras redes sociales”.

Más allá de la libertad de prensa -entendida como el derecho a informar y a informarse, garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y por tratados internacionales-, su ejercicio encuentra límites concretos en la normativa vigente.

En ese sentido, el Código Procesal Penal establece restricciones específicas sobre la difusión de determinadas instancias de la investigación, dirigidas principalmente a fiscales, defensores y querellantes. Entre ellas, el artículo 225 dispone el carácter secreto de las actuaciones; el 227 regula el acceso a la información dentro del proceso; y el 230 fija criterios sobre la comunicación pública, limitando la posibilidad de brindar detalles o apreciaciones hasta etapas más avanzadas de la causa.

La referencia a estos artículos no es menor: delinean, en buena medida, el marco dentro del cual trabajan los medios de comunicación, en general, independientemente si son de alcance local, provincial o nacional. Una delgada línea entre lo permitido y lo restringido que no siempre coincide con la totalidad de los hechos, pero que busca aproximarse a ellos dentro de los márgenes legales.

En ese equilibrio, siempre inestable, se define en cada caso hasta dónde informar y qué consecuencias puede tener hacerlo.

En un acto institucional de fuerte significado para el sistema judicial entrerriano, este viernes se llevó a cabo la jura de nuevos defensores y defensoras públicas, junto a auxiliares de distintas jurisdicciones de la provincia. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Papa Francisco, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado.

El evento fue encabezado por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; el vicepresidente Carlos Federico Tepsich; el vocal Leonardo Portela y las vocales Gisela Schumacher y Laura Soage. También participó el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.

Las nuevas autoridades fueron designadas mediante una serie de decretos del Poder Ejecutivo provincial y la Resolución 17/2026 de la Defensoría General, luego de atravesar el proceso de selección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y obtener el correspondiente acuerdo constitucional del Senado.

Durante la ceremonia, realizada ante un auditorio colmado, Benítez destacó la relevancia del momento institucional. “Se trata de una instancia fundamental para la Defensa Pública, ya que se han regularizado gran parte de los cargos, sobre todo en defensorías civiles y multifueros”, afirmó.

El defensor general subrayó además la necesidad de avanzar en nuevos concursos, particularmente en áreas sensibles. “Esperamos que a la brevedad se realicen los concursos para los cargos de defensores penales y de niñez, para que se puedan ejercer conforme lo establece la Constitución provincial”, remarcó.

En su discurso, también agradeció la presencia de las autoridades judiciales y el acompañamiento del municipio anfitrión, destacando la importancia de federalizar este tipo de actos institucionales en el interior de la provincia.

En un mensaje dirigido a los nuevos funcionarios, Benítez enfatizó el rol social de la Defensa Pública. “No alcanza con el conocimiento jurídico, sino que es fundamental el compromiso con los más vulnerables, con los pobres, con aquellos que han sido olvidados”, sostuvo, marcando el perfil que se espera de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Asimismo, felicitó a los jurantes por haber atravesado “un proceso complejo, repleto de avatares”, y extendió el reconocimiento a sus familias por el acompañamiento brindado.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, envió una misiva en la que expresó su felicitación a los nuevos funcionarios, destacando que este nuevo desafío los encontrará “con energías renovadas”.

En el mismo sentido se pronunciaron, mediante notas, las vocales del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak y Susana Medina, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El acto contó además con la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representantes municipales, integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, fuerzas de seguridad, entidades profesionales, gremiales e instituciones de la comunidad.

Las designaciones abarcan distintas localidades entrerrianas, fortaleciendo la cobertura territorial del servicio de defensa pública:

La letrada, quien fue presidenta del Concejo Deliberante entre 2015 y 2019 y actualmente es referente del PRO local, ya había planteado en febrero la necesidad de que la elección del magistrado se realice mediante un mecanismo participativo y acorde a los lineamientos del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. En ese momento, solicitó formalmente que se convoque a profesionales de la abogacía de la ciudad para que puedan postularse.

Sin embargo, tras la aprobación de la terna el pasado 18 de marzo de 2026, Hildermann manifestó su rechazo al proceso llevado adelante por el cuerpo legislativo local. Según señaló, “jamás hubo una convocatoria de inscripción” para los abogados de Crespo, y sostuvo que la selección “debe surgir de un concurso transparente y público donde se elijan a las personas más idóneas”.

En ese sentido, la abogada remarcó que la Constitución Nacional establece que los cargos públicos deben cubrirse mediante concursos, y recordó que había propuesto un mecanismo que incluía la presentación de antecedentes y entrevistas públicas a los postulantes, siguiendo el modelo del Consejo de la Magistratura.

Hildermann cuestionó con dureza la forma en que se definió la terna, al afirmar que fue aprobada “entre gallos y medianoche” y “sin convocatoria previa”. Asimismo, consideró que el cargo de juez de Paz con competencia en materia de familia tiene un nivel de responsabilidad equiparable al de un juez de Primera Instancia, por lo que su designación debería ajustarse a procedimientos más rigurosos.

La letrada también expresó una postura personal respecto a lo ocurrido. Indicó que cuenta con 16 años de ejercicio profesional y que posee una discapacidad física del 77%, por lo cual se traslada en silla de ruedas. En ese marco, señaló que tenía la intención de participar del proceso de selección, pero que no tuvo la posibilidad de inscribirse.

“Esta iba a ser la primera vez que una persona con discapacidad, idónea y con experiencia en la profesión tenía el deseo de ocupar un lugar en la justicia, y ni siquiera se permitió la inscripción”, afirmó.

Además, calificó el procedimiento como “poco transparente, ilegal y discriminatorio”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar igualdad de oportunidades, algo que —según expresó— “en Crespo no se respeta”.

Como consecuencia de la situación, Hildermann informó que presentó un recurso de amparo ante la Justicia. A través de esta acción, solicita que se declare la inconstitucionalidad, ilegitimidad y nulidad del procedimiento de conformación de la terna.

Asimismo, pidió que se convoque de manera pública a todos los aspirantes interesados en el cargo y que se dé intervención al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y respetuoso de los derechos de los postulantes.

Finalmente, la abogada convocó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las instituciones y promover mecanismos de selección abiertos y participativos en el ámbito judicial.

Crespo.- En la noche del miércoles 18 de marzo, en sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría (nueve votos a favor, una abstención y un voto en contra) el decreto que eleva al Poder Ejecutivo provincial la terna de postulantes para el nombramiento de Juez de Paz de Crespo. La terna está compuesta por los abogados Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer, Rocío Dinora Weber y Jorge Alberto Kriger.

El decreto fue aprobado por mayoría de nueve votos. Se abstuvo el concejal oficialista Beltrán Cepeda, que alegó una relación profesional con uno de los ternados, Kriger. En tanto, votó en contra la concejal peronista Nancy Eichhorn, quien reconoció que el mecanismo aprobado está contemplado en nuestra legislación. Pero alegó que la importancia del cargo requiere mayor transparencia en la designación de los postulantes, con un procedimiento concursal mejor que una terna, consideró.

En una sesión ordinaria previa a la sesión especial de aprobación de la terna de Juez de Paz, el HCD aprobó una ordenanza que beneficia al Club Atlético Sarmiento, con la condonación de la deuda por la obra de pavimento y cordón cuneta en el frente de calle Pringles. A noviembre de 2025 la suma adeudada asciende a 40.117.998,34 pesos, desglosada en 26.367.399,50 pesos de capital y 13.750.598,84 de intereses.

Entre los argumentos para justificar condonación se destaca que el Club Sarmiento “es un pilar fundamental del tejido social crespense, cuya labor ayuda a elevar la calidad de vida de sus participantes” y que “otorgar esta exención representa un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad para sostener a instituciones que se nutren de cuotas mínimas y que, ante la situación económica actual, requieren del apoyo estatal para garantizar su desarrollo”.

También se desafectó y donó al club Tiro Federal Argentino Crespo un tractor de tres ruedas, en desuso, destinado a corte de pasto, que a la entidad le resulta útil para el mantenimiento del predio que ocupa en ex ruta 131, en dirección a Racedo. 

Victoria.- El ex Secretario de Planeamiento de la Municipalidad (durante la gestión de Domingo Maiocco) Cesar Horacio Zucotti, fue condenado por presionar a un empleado municipal, para modificar registros y pagar menos por el servicio de agua en dos lotes de su propiedad.

Según la investigación judicial, en 2017 obligó a un trabajador de Obras Sanitarias a recategorizar en el sistema informático, dos terrenos suyos para que figuraran dentro de la cuadrícula de servicio de agua medido, lo que le permitió reducir el monto del servicio que debía pagar.

La maniobra se extendió entre enero de 2018 y diciembre de 2020. En ese período, Zuccotti; que integró el gabinete municipal entre 2015 y 2018; pagó menos de lo que correspondía por la tasa de obras sanitarias, generando un perjuicio económico para el municipio de 162.687,79 pesos. Actualizado a marzo de 2023, ese monto ronda el millón de pesos.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado en el que el ex funcionario admitió su responsabilidad. El juez de garantías José Alejandro Calleja lo condenó a dos años de prisión condicional (excarcelable) y a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración pública e instigación a falsedad ideológica.

La condena también alcanzó al empleado de Obras Sanitarias que modificó los registros, quien recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos. Según la causa, el trabajador actuó presionado por el funcionario.

El juez además cuestionó que en el acuerdo judicial no se haya incluido una reparación económica para el municipio y envió la sentencia a las autoridades locales para que evalúen iniciar acciones para recuperar el dinero.

En su resolución, el magistrado remarcó que, aunque el monto no sea elevado, este tipo de conductas afectan el funcionamiento de la administración pública y generan desconfianza en la sociedad cuando quienes ocupan cargos políticos utilizan su posición para obtener beneficios personales.

La investigación por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en el local de comidas de la ciudad de Victoria, registró un avance clave en las últimas horas, tras incorporarse a la causa una pericia técnica sobre los equipos utilizados en el establecimiento ubicado en calle Matheu, entre 9 de Julio y Camoirano.

A partir de esos resultados, el fiscal interviniente, Eduardo Guaita, dispuso la imputación de Ramón Mansilla y Verónica Bernachea por el delito de estrago doloso, lo que marca un cambio relevante en la evolución del expediente.

La novedad fue confirmada por el abogado querellante, Agustín Greco, quien dijo que la pericia sobre planchas y freidoras era uno de los elementos probatorios más esperados dentro de la investigación.

Asimismo, la querella considera que la medida representa un avance importante, aunque se aclara que la causa continúa en desarrollo y no se descarta la posible responsabilidad de otras personas.

En ese marco, Greco amplió a Paralelo32 que, según su interpretación, la expectativa de pena “supera los 8 años” y que la causa “va camino a juicio”.

Cabe recordar que el incendio producido en el local gastronómico Costa Rica Fast Food, comercio que funcionaba sin habilitación municipal, en un espacio tipo garaje sin condiciones adecuadas de seguridad, sigue latente en gran parte de la sociedad, sobre todo en los familiares de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, embarazada de cinco meses, y Natalí Ayelén García, de 39 años, ambas trabajadoras del lugar que perecieron esa noche presumiblemente por asfixia.

El caso tuvo además una tercera víctima indirecta: Fabricio Mansilla, de 23 años, pareja de Cabrera, quien tiempo después del hecho tomó una autodeterminación. Su pérdida fue abordada con especial sensibilidad y forma parte del impacto social que dejó la tragedia.

La causa apunta a quienes estaban a cargo del funcionamiento del local. Además de Mansilla y Bernachea, la investigación también alcanzó a otras personas vinculadas a la actividad de este conocido comercio.

En paralelo, los familiares de las víctimas siguen reclamando responsabilidades a nivel estatal por presuntas fallas en los controles municipales, llevando esa demanda no solamente a la actual administración, sino también a las autoridades municipales anteriores.

En una audiencia realizada esta semana en Villaguay, el Juzgado de Garantías resolvió devolver a la Unidad Fiscal una causa por presunta corrupción de menores, con el objetivo que se determine con precisión qué jurisdicción debe intervenir en el caso.

El trámite se llevó a cabo en el marco de un juicio abreviado, previsto en el artículo 391º del Código Procesal Penal, bajo la conducción de la jueza Nadia Benedetti. Participaron además el fiscal Mauro Quirolo y la defensora Carolina Koelbl. La audiencia tuvo lugar en el salón correspondiente a la Oficina de Gestión de Audiencias del fuero penal y se extendió por apenas cinco minutos; indicó diario El Pueblo.

La causa, registrada bajo el legajo Nº 190/2025, tiene como imputado a un joven de apellido Acosta, de 30 años, oriundo de Villaguay y con domicilio en una zona rural del departamento, según consta en el acta de audiencia a la que El Pueblo tuvo acceso. El hombre está acusado en una investigación por el delito de corrupción de menores.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió no avanzar en el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado en esta instancia. En su lugar, dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realicen las diligencias necesarias tendientes a establecer de manera concreta la competencia jurisdiccional, es decir, definir qué tribunal debe intervenir en la tramitación del caso.

Según consta en el acta, los fundamentos de la decisión quedaron registrados en soporte digital de audio y video, conforme a lo establecido por los artículos 150º y 166º del Código Procesal Penal.

De este modo, la causa continuará en etapa de análisis previo, a la espera de que se determine el ámbito judicial competente antes de avanzar con el proceso.

Convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector agropecuario del departamento Diamante mantuvieron un encuentro para analizar la situación de productores afectados por amparos judiciales vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto.

De la reunión participaron el director de la entidad, Matías Martiarena; el ingeniero agrónomo Alfredo Bel; el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender; y abogados que asesoran a la organización y siguen de cerca las acciones judiciales en curso.

Según se informó, en la zona existen actualmente tres amparos relacionados con esta problemática. En uno de ellos, de carácter colectivo, la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado”, con el objetivo de acompañar a los productores involucrados en el proceso judicial.

Durante el encuentro, los asesores legales expusieron el estado de las causas y se generó un intercambio con los productores sobre el desarrollo de los hechos. En ese marco, los participantes coincidieron en que la situación genera preocupación tanto a nivel local como en el conjunto del sector agropecuario.

“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender.

Por su parte, Martiarena destacó la decisión de la entidad de intervenir como tercero interesado en la causa colectiva y valoró las gestiones que se vienen llevando adelante. Además, subrayó la importancia de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y de sostener la Ley Provincial de Fitosanitarios.

“Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por defenderla”, señaló.

Finalmente, los presentes coincidieron en la necesidad de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición fundamental para el desarrollo de la actividad productiva, en un contexto que consideran desafiante para los productores de la región.

Durante su exposición, Airaldi abordó distintos aspectos de su vida personal, familiar y económica, aunque el eje principal de su declaración estuvo centrado en la descripción de su patrimonio y el entramado societario que —según sostuvo— respalda sus ingresos.

Según consignó el medio Análisis, el imputado comenzó brindando sus datos personales: indicó que tiene 43 años, que es oriundo de Mar del Plata y que es padre de dos hijos pequeños. Además, señaló que es soltero y que desde fines de 2022 convive con su actual pareja.

También hizo referencia a su historia familiar, la cual —según describió— está vinculada a varias generaciones de productores agropecuarios. En ese contexto, mencionó el fallecimiento de su padre en el año 2000 y precisó que su madre se desempeña como profesora de literatura y productora rural.

En cuanto a su formación académica, afirmó haber cursado estudios en Ciencias Económicas y Abogacía, aunque no los completó.

Uno de los tramos más extensos de su declaración estuvo dedicado a detallar su actividad económica. Airaldi aseguró que participa en al menos seis estructuras empresariales, entre fideicomisos y sociedades vinculadas a actividades agropecuarias e inmobiliarias, con emprendimientos radicados en Diamante y en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, sostuvo que sus ingresos rondaban los 50 millones de pesos anuales, es decir, cerca de cuatro millones mensuales, una cifra que contrasta con otras estimaciones incorporadas a la causa.

Respecto a su patrimonio, afirmó no poseer bienes a título personal, ya que —según explicó— los inmuebles y activos están registrados a nombre de las empresas. Entre ellos mencionó campos de gran extensión, algunos de más de mil y hasta dos mil hectáreas, además de propiedades urbanas en Diamante.

Asimismo, detalló la existencia de embarcaciones utilizadas para tareas rurales y una flota de vehículos pertenecientes a las firmas, compuesta por camionetas, camiones y acoplados.

Airaldi también se refirió a la denuncia que lo vinculó con un supuesto plan para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Tras rechazar las acusaciones, manifestó su solidaridad con el fiscal Candioti, quien se encontraba presente en la sala al momento de su declaración.

La versión sobre este presunto plan fue atribuida a Daniel Celis, alias “Tavi”, quien cumple condena por su participación en las causas conocidas como “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”. Esta situación motivó el refuerzo de las medidas de seguridad y la apertura de una línea investigativa paralela.

Finalmente, Airaldi reconoció contar con un antecedente penal por portación ilegítima de un arma de guerra. Indicó que en ese caso accedió a un juicio abreviado con una condena de tres años de ejecución condicional.

Aclaró, no obstante, que ese hecho no estuvo vinculado con narcotráfico ni con la planificación de delitos violentos, y que la pena fue morigerada en el marco del acuerdo judicial.

El juicio continuará en las próximas jornadas con la incorporación de pruebas y testimonios.

El exfuncionario Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, víctimas de la tragedia vial ocurrida el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay.

La sentencia fue anticipada por el juez Darío Crespo, quien además dispuso la inhabilitación especial para conducir por nueve años, indicó El Once. Ruiz Orrico fue hallado responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

Durante la extensa lectura del adelanto del veredicto, que se prolongó por alrededor de dos horas, el magistrado sostuvo que quedó acreditada la “gravísima imprudencia” del acusado. Según explicó, Ruiz Orrico conducía un vehículo oficial, de noche, en una ruta sin iluminación y tras haber ingerido una considerable cantidad de alcohol, circunstancias que exigían mayor prudencia al volante.

El juez señaló que el acusado invadió el carril contrario, una de las maniobras más peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito. “Se constituyó como un obstáculo imprevisto e inevitable para quien circulaba en sentido contrario”, sostuvo Crespo.

Asimismo, el magistrado remarcó que la conducta de las víctimas no influyó en el resultado del accidente, más allá de que los jóvenes no llevaban colocado el cinturón de seguridad. “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en que transitaban”, afirmó.

Durante el proceso, Ruiz Orrico reconoció el hecho y pidió disculpas a las familias de las víctimas, manifestando su profundo pesar por el daño causado y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, el juez señaló que la confesión no fue determinante por sí sola, sino que debía contrastarse con el conjunto de pruebas reunidas en la investigación.

En ese sentido, Crespo aseguró que el cúmulo de evidencias es contundente y permite reconstruir lo sucedido aquella madrugada. “Las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad del acusado como único y exclusivo responsable de las muertes”, expresó.

El magistrado también se dirigió a los familiares de las víctimas, a quienes les reconoció que el proceso judicial no puede reparar el dolor por las pérdidas. A la vez, destacó que los padres de los jóvenes declararon con gran entereza durante el juicio, sin manifestaciones de venganza y reclamando justicia con respeto.

“La invasión antirreglamentaria del carril contrario fue la única causa del accidente”, enfatizó. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos a su trabajo en el frigorífico”, agregó.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera.

De acuerdo con la investigación judicial, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre y a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa, en el que viajaban cuatro trabajadores de un frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

El choque provocó la muerte de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su jornada laboral.

El caso generó una fuerte repercusión pública en la provincia y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

Se trata de César Horacio Zuccotti, quien se desempeñó como secretario de Planeamiento del municipio de Victoria durante la gestión del exintendente Domingo Maiocco. La sentencia fue dictada por el juez de Garantías José Alejandro Calleja, quien lo condenó a dos años de prisión condicional y inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La condena fue por los delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración pública e instigación a la falsedad ideológica.

De acuerdo a la investigación judicial, en 2017, cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Planeamiento, Zuccotti obligó a un empleado del área de Obras Sanitarias a modificar en el sistema informático municipal la categorización de dos lotes de su propiedad.

La modificación permitió que los terrenos figuraran como si contaran con servicio medido de agua, lo que derivó en un menor pago de la tasa correspondiente.

A partir de esa maniobra, el ex funcionario dejó de pagar 162.687,79 pesos entre enero de 2018 y diciembre de 2020, monto que actualizado a marzo de 2023 asciende a casi un millón de pesos, según los cálculos incorporados a la causa.

El empleado de Obras Sanitarias que realizó la modificación en los registros también fue condenado en el marco del mismo acuerdo abreviado. En su caso, recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos, al haber alterado los datos en el sistema municipal.

Según se estableció durante el proceso, el trabajador actuó bajo presión del entonces funcionario.

Al dictar la sentencia, el juez Calleja manifestó su desacuerdo con el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público Fiscal, especialmente por la falta de una reparación económica en favor de la Municipalidad de Victoria.

Por ese motivo, el magistrado dispuso remitir la sentencia a las autoridades municipales para que evalúen la posibilidad de iniciar acciones judiciales para reclamar la reparación del perjuicio económico.

En sus fundamentos, Calleja sostuvo que, si bien el monto involucrado no reviste una gran magnitud económica, los hechos afectan el normal funcionamiento de la administración pública.

Además, remarcó que este tipo de conductas contribuyen al descreimiento de la sociedad en sus representantes políticos, al tiempo que generan “desazón” entre los contribuyentes cuando quienes ocupan cargos públicos aprovechan su posición para obtener beneficios personales.

Zuccotti, de 74 años, es dirigente del radicalismo, oriundo de Buenos Aires y radicado desde hace décadas en Victoria. Integró el gabinete municipal entre diciembre de 2015 y febrero de 2018, durante la gestión de Maiocco.

Su salida del cargo se produjo en medio de un escándalo vinculado a un episodio ocurrido en la planta potabilizadora, cuando trabajadores municipales arrojaron al río una garrafa con gas cloro utilizada en el lugar. El hecho derivó en la muerte de un niño de 11 años que aspiró el gas, lo que motivó una investigación judicial.

Ese caso también generó polémica cuando el entonces intendente dispuso una partida presupuestaria para cubrir los honorarios de los abogados de los funcionarios involucrados.

Paradójicamente, Zuccotti se había caracterizado durante años por realizar numerosas denuncias públicas sobre presuntos hechos de corrupción, muchas de las cuales terminaron archivadas en la Justicia.

La convocatoria fue impulsada por las familias de las víctimas al cumplirse tres meses del hecho que conmocionó a la comunidad. Bajo la consigna “Justicia por Sasha y Nego”, invitan a participar de una concentración pacífica a partir de las 20 frente al edificio municipal, en Plaza Sarmiento.

Según informaron los organizadores, la actividad consistirá en una caminata alrededor de la plaza principal. El recorrido se realizará por las veredas, con el objetivo de no interferir con la circulación vehicular.

Además, quienes deseen acompañar el reclamo podrán llevar velas blancas, que serán encendidas como símbolo de recuerdo y de pedido de justicia por los jóvenes fallecidos.

Desde las familias remarcaron que la movilización busca mantener viva la memoria de Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos, y reclamar avances en el esclarecimiento del siniestro que terminó con sus vidas, un hecho que generó profunda conmoción en Crespo y la región.

El pasado jueves 26 de febrero por la mañana se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Guillermo Ramírez, ocurrida hace casi un año durante un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y finalizó en Diamante.

La audiencia tuvo lugar en el Edificio de Tribunales, ubicado en Eva Perón Nº 304 de Diamante, y fue solicitada por la querella en diciembre de 2025, con el aval y adhesión de la fiscalía, a fin de tratar la entrega del cuerpo para que sus familiares puedan darle sepultura.

El encuentro se desarrolló ante el Juez de Garantías, doctor Jorge Barbagelata. Participaron la fiscal doctora Romina Blasich; el abogado defensor doctor Eduardo Gerard, junto a los cuatro efectivos de la Policía de Entre Ríos acusados de haber torturado a Ramírez hasta la muerte; y el abogado querellante doctor Nélson Schlotahuer, acompañado por dos familiares directos del fallecido.

Guillermo Ramírez falleció tras un procedimiento de aprehensión y traslado que se inició en Plaza 25 de Mayo de Libertador San Martín, luego de que la Policía fuera alertada sobre una persona que presuntamente estaba realizando actos de ostentación en el lugar.

Según el informe preliminar y final de la autopsia, la causa de muerte fue “asfixia mecánica por compresión cervical”.

Al término de la audiencia, el medio local PARALELO 32 dialogó con el abogado defensor de los cuatro imputados, doctor Eduardo Gerard, quien explicó los fundamentos de la oposición a la entrega del cuerpo.

Gerard sostuvo que el informe de autopsia presenta “contradicciones muy flagrantes” y “falencias ostensibles” que, a su criterio, deben ser esclarecidas antes de cualquier decisión respecto al destino de los restos.

“Queremos dilucidar primero esas falencias para después ver eventualmente qué pericias realizar”, expresó el letrado, al tiempo que consideró necesario conservar el cuerpo para garantizar la posibilidad de nuevas pericias o estudios complementarios.

El abogado advirtió que, en caso de que el cuerpo no esté disponible —por ejemplo, si fuera cremado por decisión familiar—, resultaría imposible realizar nuevas evaluaciones que permitan determinar con precisión la causa y el mecanismo de muerte.

Gerard explicó que la demora en la resolución de esta cuestión se vincula con la recolección de estudios complementarios solicitados en el marco de la autopsia. Señaló que el informe fue obtenido a mediados de noviembre de 2025 y que posteriormente la defensa pidió puntos ampliatorios al cuerpo forense, los cuales aún no habrían sido respondidos.

En ese sentido, afirmó que el informe “no es concluyente, no está fundado, no es convincente y no responde a los estándares periciales”, ya que —según indicó— arriba a una conclusión sin detallar el respaldo técnico y científico que permita su verificación.

Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión pública de una causa de muerte presentada como certera e indiscutible, cuando —desde su perspectiva— no lo sería.

Finalmente, el defensor remarcó que antes de avanzar hacia un eventual juicio oral resulta imprescindible contar con el resultado de las pericias complementarias e incluso evaluar la posibilidad de una reautopsia, al considerar que ello será determinante para la continuidad del proceso.

En cuanto a la situación de sus defendidos, indicó que los cuatro efectivos policiales se encuentran en libertad, cumplen con todas las directivas procesales y actualmente no están prestando funciones por disposición de la propia fuerza policial.

En la mañana del jueves 26 de febrero se desarrolló una audiencia clave en el edificio de Tribunales de Diamante en el marco de la causa por la muerte de Guillermo Ramírez. La instancia judicial tuvo como eje el pedido de la familia para que se disponga la restitución del cuerpo y poder darle sepultura, a casi un año del fallecimiento ocurrido durante un procedimiento policial que se inició en Libertador San Martín y culminó en Diamante.

La audiencia se realizó en la sede judicial ubicada en Eva Perón Nº 304, en la ciudad de Diamante, luego de que la querella solicitara formalmente en diciembre de 2025 la devolución del cuerpo, con el aval y adhesión del Ministerio Público Fiscal. El planteo fue tratado ante el juez de Garantías, doctor Jorge Barbagelata.

Del encuentro participaron la fiscal de la causa, doctora Romina Blasich; el abogado defensor, doctor Eduardo Gerard, junto a los cuatro efectivos de la Policía de Entre Ríos imputados en la causa; y el abogado querellante, doctor Nélson Schlotahuer, acompañado por dos familiares directos del fallecido.

Guillermo Ramírez, de 38 años, murió el 27 de febrero de 2025 tras un procedimiento de aprehensión y traslado que se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Libertador San Martín. Según se informó oportunamente, la intervención policial se habría originado a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que estaría realizando actos de ostentación en el lugar.

Por el hecho se encuentran imputados cuatro funcionarios policiales: Rubén Darío Ricle, Jonathan Exequiel Vera, Mariana Cepeda y Fernanda Toffoli, acusados del delito de tortura seguida de muerte. El informe preliminar de autopsia determinó que Ramírez falleció por “asfixia mecánica por compresión cervical”.

Al término de la audiencia, la fiscal Romina Blasich brindó precisiones sobre lo resuelto por el magistrado. “En el día de hoy, el juez resolvió intimar al departamento médico y en consecuencia al perito de parte, cada uno con su respectivo plazo para que se expida respecto a esta cuestión, es decir, las futuras tomas de muestras o pericias que la defensa quiera solicitar. En base a eso entrará nuevamente a despacho y el juez resolverá respecto a esta situación”, explicó.

En relación a la autopsia, Blasich señaló que tanto el informe preliminar como el final coinciden en que la causa o mecanismo de muerte fue “asfixia mecánica por compresión cervical en probable combinación con mecanismo de compresión toracoabdominal, es decir asfixia posicional”. Indicó además que dicha conclusión se alcanzó tras estudios anatomopatológicos, pericias toxicológicas, análisis de etanol y otros informes complementarios que demandaron varios meses de trabajo.

La fiscal sostuvo que la investigación se encuentra en su etapa final y que próximamente podría ser remitida a juicio. “Es un delito muy complejo, tortura seguida de muerte, son los hechos que se le imputaron a los cuatro sindicados”, remarcó, al tiempo que confirmó que la calificación legal se mantiene desde el inicio del proceso.

Asimismo, precisó que el cuerpo permanecerá en la morgue de la ciudad de Victoria hasta que el juez de Garantías disponga lo contrario.

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó: “Por parte de esta fiscalía entendemos que queremos arribar a la verdad y estamos muy cerca de obtener eso”, concluyó.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, resolvió este lunes anular la selección del jurado realizada el pasado viernes 20 de febrero y, en consecuencia, dejar sin efecto el inicio del juicio oral en el marco del Legajo de OGA Nº 16341, caratulado “Goró, Roberto Carlos - Goró, Víctor Ezequiel s/Homicidio simple”.

Además, el magistrado instó a la Oficina de Juicio por Jurados a fijar con urgencia una nueva audiencia de selección y reprogramar el debate oral.

La decisión fue adoptada tras un planteo de la Fiscalía, que tomó conocimiento de que uno de los acusados registró mediante videofilmación el ingreso de los potenciales jurados a la sala de audiencias y posteriormente publicó el material en su estado de WhatsApp.

Ante esa situación, el juez consideró que el hecho comprometía las garantías del proceso y la integridad del sistema de juicio por jurados, por lo que dispuso la nulidad de la selección realizada.

En relación al acusado que difundió el material audiovisual, Malvasio dictó la prisión preventiva para Víctor Ezequiel Goró, quien será alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta la finalización del juicio.

En tanto, se mantuvo la libertad del otro imputado, Roberto Carlos Goró, quien no participó de la filmación ni de su publicación.

La Dirección de Jurados realizará un nuevo sorteo en las próximas 48 horas para conformar el padrón que participará en la audiencia de selección, la cual fue fijada para el 16 de marzo a las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El juicio oral, en tanto, se desarrollará entre el 17 y el 19 de marzo, también en el mismo ámbito.

Tras lo ocurrido, desde Tribunales informaron que la Dirección de Jurados, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y la División Alcaidía revisarán y actualizarán los protocolos de actuación policial y administrativa en salas de audiencias, particularmente en el marco de juicios por jurados.

El objetivo será reforzar los mecanismos de control y prevenir situaciones que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la validez de los procesos judiciales.