Este jueves se conoció la resolución de la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, que homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa de Cristian Treppo, exintendente de Seguí, en la causa en la que fue acusado por el delito de peculado culposo.

Treppo llegó a Tribunales junto a su abogado defensor, Germán Coronel, para recibir la notificación de la decisión. Tras conocerse la resolución, el letrado confirmó que el acuerdo fue homologado en los términos presentados por los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bonggiovani y la defensa.

“Se homologó el acuerdo que se presentó. Treppo fue declarado culpable por el delito de peculado culposo”, señaló Coronel. Además, explicó que la sanción prevista para esa calificación legal es una multa y que, una vez depositada, quedará concluida la cuestión judicial respecto del exintendente.

El acuerdo establece el pago de $14.163.056,056, equivalente al 40% del monto actualizado del perjuicio estimado a las arcas municipales, que fue calculado originalmente en $5.591.876.

La causa también involucró a Sara Carina Zapata, Darío Alexis Monzón, Daniel Aníbal Hereñú, Hernán Roberto Barrera, Néstor Alejandro Hereñú y Néstor Iván Szczech, quienes resolvieron sus respectivas situaciones procesales mediante acuerdos de suspensión del juicio a prueba o probation.

Consultado sobre el extenso recorrido del expediente, Coronel sostuvo que durante la investigación la defensa cuestionó distintas decisiones judiciales, aunque aclaró que esos planteos no tuvieron como objetivo dilatar el proceso.

“Fue un proceso que se dilató mucho. Si bien es cierto que nosotros hemos cuestionado un montón de cosas, en realidad se cuestionaba no para dilatar el proceso, sino porque había cuestiones que merecían ser impugnadas”, expresó.

El abogado consideró que hubo decisiones judiciales que, a su entender, fueron ilegítimas en la valoración de los hechos y del derecho. En particular, mencionó la discusión sobre la posibilidad de utilizar como prueba el informe pericial escrito de Beltrán Uranga, quien falleció en abril de 2023.

La defensa había solicitado el archivo del expediente y el sobreseimiento de Treppo, al sostener que la muerte del perito impedía interrogarlo durante un eventual juicio oral y que esa circunstancia afectaba la validez de su informe. Según Coronel, la Cámara y Casación habían avalado inicialmente su incorporación, pero luego el Superior Tribunal de Justicia revocó esas decisiones.

“Ese trámite llevó mucho tiempo”, señaló.

Coronel manifestó que, pese a los cuestionamientos realizados durante el proceso, considera que las garantías constitucionales de su defendido fueron finalmente resguardadas.

“Entiendo que en el fondo las garantías constitucionales de Treppo estuvieron resguardadas. Pudimos llegar al Superior Tribunal, que nos dio la razón a los planteos realizados. Me siento satisfecho. La Justicia entrerriana es una buena justicia, es, sobre todo, honesta, y se puede equivocar como todos los mortales en esta Tierra”, afirmó.

El defensor también recordó las dificultades que atravesaron durante la investigación y las apelaciones presentadas ante distintas instancias judiciales.

“Hubo cuestiones que hubo que apelarlas porque el juez de Garantías no daba garantías. Así, hubo mucha lucha. Cuando hubo garantías, arriba las revocaron. Fue realmente una pelea muy dura”, sostuvo.

Respecto del resultado final, el abogado remarcó que el acuerdo reconoce que la conducta atribuida a Treppo fue culposa y no dolosa, vinculada con una supuesta inobservancia de los deberes de cuidado.

También señaló que, según su interpretación, la obra se ejecutó en su totalidad y que los fondos enviados por el Estado nacional fueron invertidos y rendidos al 100%.

Coronel planteó, además, lo que consideró una contradicción en el desarrollo de la causa: sostuvo que las eventuales maniobras vinculadas con el peculado habían sido atribuidas a los empresarios involucrados, quienes resolvieron sus situaciones procesales mediante acuerdos anteriores.

“En el fondo creo que se hizo un buen acuerdo. Él estuvo de acuerdo con que lleguemos a este final y cerrarlo. Diez años lleva esta causa, una de las más viejas de Tribunales”, expresó.

La investigación se inició por las gestiones realizadas en 2015 por Treppo, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Seguí, para obtener financiamiento nacional destinado a la pavimentación de 16 cuadras de la localidad, en el marco del programa Más Cerca.

De acuerdo con la acusación fiscal, en enero de ese año Treppo realizó gestiones ante el entonces responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, José López. El trámite derivó en la firma de un Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre el organismo nacional y la Municipalidad de Seguí, el 14 de mayo de 2015.

El presupuesto oficial de la obra ascendía a $20.644.036,81. Para su ejecución, el municipio contrató a Sara Carina Zapata como asesora externa y responsable técnica, mientras que la empresa Organización Industrial Construcciones S.A. (Oicsa), vinculada a Aníbal Hereñú, resultó adjudicataria de los trabajos.

La Fiscalía sostuvo que el contrato de obra, firmado el 25 de junio de 2015, estableció precios desproporcionados respecto de los valores de mercado. Según la acusación, los montos acordados coincidían con el presupuesto oficial presentado originalmente ante las autoridades nacionales.

La investigación también cuestionó las certificaciones de avance de obra emitidas por Zapata y Hernán Roberto Barrera, representante de la empresa contratista. Según la hipótesis fiscal, se certificaron trabajos sin realizar ensayos ni controles de calidad y sin llevar los registros correspondientes.

La acusación indicó que Treppo y el contador municipal Darío Alexis Monzón suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron los desembolsos nacionales. Los fondos ingresaron a una cuenta del municipio en el Banco de la Nación Argentina y fueron utilizados para pagar a la empresa contratista los $20.644.036,81 previstos.

Para la Fiscalía, el costo de la obra debió ubicarse entre aproximadamente $12 millones y $15.052.160,72, por lo que estimó un perjuicio para las arcas municipales de $5.591.876.

Con la homologación del acuerdo de juicio abreviado, quedó resuelta la situación procesal de Treppo en una causa que se extendió durante una década.

Victoria contará desde este miércoles con un segundo Juzgado Civil, Comercial y Laboral, que quedó formalmente inaugurado este martes durante una jornada institucional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

En ese marco, Patricia Gabriela Sanabria asumió como jueza a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral Nº 2, tras prestar juramento en una ceremonia realizada en el Salón de Actos del Honorable Concejo Deliberante de Victoria.

La designación de Sanabria fue dispuesta mediante el Acuerdo General Nº 28/26, del 27 de octubre, en su punto tercero. El juramento fue tomado por el presidente del STJ, Germán Carlomagno, ante autoridades judiciales, municipales, representantes institucionales, trabajadores del Poder Judicial, familiares e invitados especiales.

Antes de la ceremonia, los integrantes del STJ realizaron su reunión de Acuerdo en los Tribunales de calle Mitre, donde analizaron cuestiones vinculadas con la jurisdicción y la prestación del servicio de justicia en Victoria.

Participaron el presidente del organismo, Germán Carlomagno; el vicepresidente, Carlos Federico Tepsich; los vocales Daniel Carubia, Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher —de manera virtual—, Leonardo Portela y Laura Mariana Soage.

Durante el encuentro fueron recibidos el juez de Familia y de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el juez de Garantías, Alejandro Calleja; las integrantes de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), Nancy Anabel Udrizard y Aranzazú Macarena Obeid; y las autoridades del Colegio de la Abogacía de Victoria, Paula Crossa y Teodoro Gorelik, presidenta y vicepresidente, respectivamente.

Durante la jura, Patricia Gabriela Sanabria se comprometió a desempeñar el cargo con lealtad y patriotismo, y a cumplir y hacer cumplir las constituciones de la Nación y de la provincia.

La ceremonia fue asistida por la secretaria general del STJ, Elena Salomón, y contó con la presencia de la presidenta municipal de Victoria, Isa Castagnino Xavier; el juez de Garantías y Transición, José Alejandro Calleja; el juez de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el fiscal Eduardo Guaita; la defensora pública María Natalia Smaldone y el juez de Paz, Carlos Omar Pacher.

También asistieron funcionarios municipales, autoridades policiales, representantes del Registro Civil, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), del Colegio de la Abogacía y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con integrantes del Poder Judicial y familiares de la magistrada.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, Victoria suma una segunda dependencia con competencia Civil, Comercial y Laboral, que comenzará a prestar servicios este miércoles.

Nogoyá.– El juez de Garantías de Gualeguay, Roberto Cadenas, comunicó a las partes involucradas la aprobación del cómputo de pena practicado a María Elena Irusta, quien fue declarada culpable el 20 de noviembre de 2025 por un jurado popular en el marco del juicio por el homicidio de la docente Beatriz Fernández, cometido en abril de 2024 en su vivienda ubicada sobre la Ruta 12, en la zona de Villa 3 de Febrero.

La notificación judicial incluyó el envío de las constancias pertinentes al Juzgado de Ejecución para iniciar el contralor de la condena. No obstante, se precisó que la imputada por el momento no se encuentra a disposición de dicho juzgado, ya que permanece alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, supeditada a las actuaciones de la Cámara de Casación Penal debido a un recurso presentado por su defensa contra la denegatoria de la morigeración de la prisión preventiva.

Beatriz Fernández tenía 62 años cuando fue asesinada en su domicilio. Durante la etapa de investigación penal preparatoria se estableció que el homicidio fue cometido por tres personas: Hugo del Luján Bonadeo —cónyuge de la víctima—, Gustavo "Murdoc" Quinodoz, y la propia Irusta.

Meses atrás, tanto Bonadeo como Quinodoz reconocieron su responsabilidad en un juicio abreviado y fueron condenados a prisión perpetua. Posteriormente, el debate oral y público respecto a la participación de Irusta culminó con el veredicto del jurado popular, que la encontró culpable del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautora. En la audiencia de cesura, el juez técnico Javier Cadenas le impuso la pena de prisión perpetua tras determinar su rol en la planificación y ejecución del crimen contra la pareja de su amante.

Durante el juicio, uno de los testimonios más relevantes fue el de Gustavo Quinodoz, quien confesó la autoría material y relató detalles de cómo fue contactado por Irusta para perpetrar el hecho, señalando además que la motivación detrás del asesinato tuvo trasfondos económicos vinculados a tensiones de pareja. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, sostuvo durante el debate que Irusta actuó como la principal orquestadora y "jefa de la banda". En contraposición, la defensa técnica, a cargo del abogado Augusto Lafferriere, había solicitado la absolución al argumentar la inexistencia de pruebas suficientes sobre su presencia en el lugar o su rol organizador en el suceso.

Nogoyá.– Vecinos autoconvocados, docentes, referentes sociales y políticos, junto a agrupaciones como el colectivo Ni Una Menos y el MST en el FIT-Unidad, se concentraron este jueves en la Plaza Libertad de nuestra ciudad para exigir justicia por Nancy Godoy, la docente oriunda de Corrientes cuyo trágico caso conmociona a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

La movilización expresó un firme respaldo a los familiares de la víctima, visibilizando la demanda de un rápido esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades en torno a un crimen que enluta profundamente a la docencia. Durante la convocatoria, los presentes enfatizaron la necesidad de mantener activo el reclamo de verdad y justicia.

En el marco de la protesta, la dirigente política Keili Gonzalez reflexionó ante este medio sobre el trasfondo social y las implicancias de la tragedia. «Ni Una Menos es que no vuelva a pasar. Más allá del reclamo de Justicia a los autores materiales, es importante hablar de la responsabilidad del Estado y los Gobiernos. Las situaciones y malas condiciones laborales y salariales que atraviesan las y los docentes es producto de los ajustes que aplican los gobernadores en cada provincia y el presidente Milei en el país», expresó.

Asimismo, la referente cuestionó las condiciones de vulnerabilidad del sector y criticó el rol de la seccional local del gremio docente: «Este doloroso hecho desnuda fuertemente la condición de clase más allá de lo de género, entonces nos afecta profundamente por qué es insoportable tener que vivir situaciones así. Más aún cuando no son hechos aislados, porque las condiciones laborales de Nancy, son la de muchas docentes en nuestro contexto, en nuestra provincia y en el país. No solo se necesita un paro, sino la acción, un plan de lucha. Por eso nos preocupa Agmer Nogoyá que no estuvo presente en la actividad».

Finalmente, la manifestación remarcó el paralelismo con otras luchas históricas contra la violencia de género en la región, recordando el impacto sostenido del femicidio de Micaela García en territorio entrerriano y la urgencia de garantizar entornos seguros y condiciones dignas para quienes ejercen la docencia.

Tras casi una década de proceso judicial, el exintendente de Seguí y extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Álvaro Treppo, acordó con la Fiscalía una condena por peculado imprudente, en perjuicio de la Administración Pública, por irregularidades en la contratación de 16 cuadras de asfalto financiadas mediante el programa nacional Más Cerca, durante el kirchnerismo.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado este jueves ante la jueza de Garantías Matilde Federik. En un acuerdo previo para evitar el juicio por jurados que podía significar varios años de cárcel, Treppo reconoció expresamente su responsabilidad en los hechos. La pena contempla una multa de $14.163.056,56, que deberá abonar en un único pago dentro de los siete días. La magistrada dará a conocer su resolución en los próximos días.

La investigación determinó que la obra, adjudicada a la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), tuvo un presupuesto oficial de $20.644.036,81, cuando su costo de mercado se estimó entre $12 millones y $15 millones. La diferencia ocasionó un perjuicio aproximado de $5.591.876 a las arcas municipales, a valores de 2016. Este último monto fue establecido mediante una pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023, y actualizado con la tasa activa del Banco Nación para calcular la multa acordada.

Entre las pruebas centrales de la acusación se destacó un archivo Excel encontrado en computadoras de la empresa contratista, con detalles de la obra y su presupuesto, cuya última modificación databa del 4 de febrero de 2015, antes de la convocatoria formal a licitación. Para la Fiscalía, esto evidenció que la firma había preparado la oferta económica que luego formalizó el municipio. También se cuestionaron las certificaciones de avance, emitidas sin controles de calidad ni registros técnicos adecuados.

La causa se inició en 2016, a partir de una denuncia de concejales de Cambiemos. La acusación sostuvo que Treppo, en su condición de intendente, gestionó el financiamiento nacional y luego intervino en la contratación de OICSA, adjudicada en junio de 2015. Los fondos fueron transferidos en distintas etapas hasta completar el pago de la obra.

El acuerdo representa el desenlace judicial para el exfuncionario. En 2025, otros empresarios involucrados en la causa habían obtenido el beneficio de la probation.

Según tablas de cotización disponibles en Paralelo32, en 2016 el comportamiento de la cotización de la moneda norteamericana fue fluctuante y permite tomar un promedio de $ 15 por dólar, por lo que aquel presupuesto significaba, junio de 2016, la suma de U$S 1.376.269. Convertido a pesos de esta semana con el dólar compra Banco Nación a $ 1.520, representa 2.092 millones de pesos ($ 130 millones por cuadra). 

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este jueves remitir a juicio la causa en la que Sergio Urribarri está acusado como presunto autor de enriquecimiento ilícito, mientras que el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros está señalado como partícipe necesario.

La decisión se produjo luego de que el magistrado rechazara los planteos de las defensas, que cuestionaron parte de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y solicitaron la realización de dos nuevas pericias: una informática y otra contable.

La resolución será remitida a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que deberá establecer la fecha para el inicio del debate oral y público.

Las oposiciones fueron presentadas por Miguel Cullen, abogado de Urribarri, y por Ignacio Díaz y José Velázquez, representantes de Cardona Herreros. Los defensores cuestionaron la incorporación de documentos, notas, correos electrónicos, informes y soportes de información ofrecidos como prueba por la Fiscalía, representada por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.

Uno de los pedidos apuntó a realizar una nueva pericia informática. La defensa cuestionó la idoneidad de los profesionales del MPF que intervinieron en la extracción de datos de dispositivos electrónicos.

El segundo planteo estuvo relacionado con una pericia contable, que las defensas pretendían realizar con profesionales independientes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y peritos de parte. El objetivo era revisar diferencias entre los montos incluidos en un informe contable de la investigación y los consignados por la Fiscalía al solicitar la elevación a juicio.

Los abogados sostuvieron que ambas medidas eran relevantes porque, según plantearon, de esos elementos surgen documentos y cifras que sustentan la acusación y los montos que el Ministerio Público considera que no fueron justificados por Urribarri.

Al analizar los pedidos, Budasoff consideró que las medidas solicitadas no demostraban una utilidad concreta para esclarecer los puntos que las defensas pretendían discutir. También señaló que los planteos no precisaban suficientemente qué aspectos buscaban determinar.

En relación con la evidencia informática, el juez rechazó la oposición a incorporar un informe del 5 de diciembre de 2018, elaborado por el Gabinete de Informática Forense del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.

Ese documento contiene información obtenida durante una investigación anterior por los delitos de peculado, defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Budasoff entendió que esos elementos están vinculados con los hechos investigados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, ya que forman parte de la evidencia con la que la Fiscalía sostiene haber reconstruido operaciones patrimoniales y relaciones entre bienes, personas y movimientos económicos.

El magistrado distinguió entre la pertinencia de incorporar una prueba y la valoración que deberá hacerse de ella durante el juicio. En ese sentido, sostuvo que cuestiones como la autenticidad de los registros, su atribución a determinadas personas o las posibles interpretaciones de su contenido deberán discutirse durante el debate.

También rechazó los cuestionamientos sobre los informes de las compañías telefónicas. Según recordó, la validez de su incorporación ya había sido analizada y confirmada por el Tribunal de Juicio y Apelación y por la Cámara de Casación.

Respecto del pedido de una segunda pericia contable, Budasoff consideró que las defensas no demostraron la existencia de una insuficiencia concreta en el estudio realizado durante la investigación que justificara repetir el trabajo.

El juez señaló que una nueva intervención técnica no puede basarse únicamente en la expectativa de obtener conclusiones diferentes ni utilizarse para reiterar una investigación que ya se realizó.

Durante la etapa investigativa se había desarrollado una pericia contable con la participación de la contadora Romina Stepanik-Pouey y del contador Cristian Dumé, este último propuesto por la defensa. De acuerdo con los antecedentes analizados por el magistrado, ambos intervinieron en la definición de los puntos periciales, el examen de la documentación y la elaboración de las conclusiones, a las que arribaron en forma coincidente.

Para Budasoff, esa participación permitió a la defensa controlar técnicamente el trabajo, proponer aspectos para examinar y ejercer sus facultades durante la producción de la prueba.

El juez consideró que las diferencias entre el informe contable y los montos planteados por la Fiscalía, así como las discusiones sobre la atribución de gastos, los ingresos provenientes de la actividad futbolística y la interpretación de los registros económicos, podrán ser abordadas durante el juicio.

En esa instancia, las defensas tendrán la posibilidad de interrogar al contador Dumé y contrainterrogar a la contadora Stepanik-Pouey, cuestionar la metodología utilizada y confrontar las conclusiones con la documentación incorporada.

Durante la audiencia, el pedido de una nueva pericia contable quedó delimitado en cinco aspectos:

Además, la defensa de Urribarri cuestionó la identificación de determinados registros en planillas electrónicas, especialmente las referencias identificadas como “SDU”, la consideración de los ingresos de Bruno Urribarri por su actividad futbolística y la atribución de adquisiciones y gastos realizados por terceros.

La Fiscalía se opuso a la realización de una nueva pericia por considerar que el pedido había sido presentado fuera de término y que resultaba impertinente y sobreabundante. También sostuvo que el informe existente fue elaborado con intervención de un profesional propuesto por la defensa y que sus conclusiones podrán discutirse mediante interrogatorios durante el debate.

Al resolver, Budasoff entendió que no se había identificado una operación técnica concreta que necesitara una nueva revisión ni una controversia entre los profesionales que intervinieron en el estudio anterior.

De esta manera, el magistrado rechazó los pedidos de nuevas pericias y dispuso la apertura del juicio oral y público contra Urribarri y Cardona Herreros. La fecha del debate será definida por la Oficina de Gestión de Audiencias.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario Diego Armando Cardona Herreros deberán afrontar un juicio oral y público en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público.

La decisión fue tomada este miércoles por el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, quien consideró que la acusación fiscal reúne elementos suficientes para ser debatida en un juicio, sin que en esta instancia sea necesario alcanzar certeza sobre la responsabilidad penal de los imputados.

La Fiscalía atribuye a Urribarri la presunta comisión del delito como autor y a Cardona Herreros la participación secundaria. Según la hipótesis acusatoria, el exmandatario habría utilizado al empresario y a Rubén Ángel Martínez —quien ya resolvió su situación mediante un juicio abreviado— para disimular su patrimonio y administrar fondos y bienes.

La apertura del juicio no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad de los acusados deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

Tras resolver los planteos presentados por las defensas, Budasoff informó que este viernes, desde las 9, comenzará la etapa destinada a discutir qué evidencias serán incorporadas al juicio y si las partes pueden alcanzar acuerdos probatorios sobre determinados hechos.

El objetivo es ordenar el material que se presentará durante el debate y facilitar su desarrollo.

El magistrado rechazó los planteos de nulidad de la remisión a juicio, reformulación del hecho imputado, aclaración de los montos atribuidos, apartamiento de informes periciales contables e informáticos y sobreseimiento.

En su análisis, consideró que la acusación identifica el incremento patrimonial que la Fiscalía entiende ilícito, el período investigado, la modalidad en que se habría producido, las personas que habrían intervenido y la finalidad atribuida al uso de terceros.

También sostuvo que la hipótesis fiscal se apoya en documentación contable, registros digitales y otros elementos individualizados por año.

Uno de los planteos analizados por el juez fue el cuestionamiento de las defensas a la constitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito.

Según los argumentos expuestos por la defensa, la aplicación de esa figura podría afectar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a no declarar contra uno mismo, al exigir al funcionario investigado que justifique el origen de su patrimonio.

La Fiscalía respondió que la cuestión ya fue analizada en precedentes judiciales provinciales y nacionales. Entre los antecedentes mencionados figuran los casos “Yedro” y “Rossi”, en el ámbito entrerriano, y decisiones vinculadas con “Rossi” y María Julia Alsogaray en el ámbito de la Corte Suprema.

Budasoff rechazó el planteo y consideró que la figura penal es compatible con las garantías constitucionales, siempre que no se traslade al imputado la obligación de probar su inocencia.

En ese sentido, remarcó que la falta de una explicación sobre el patrimonio no reemplaza la prueba que debe aportar la acusación y que la evolución patrimonial debe analizarse a partir de elementos objetivos suficientes.

Las defensas también cuestionaron diferencias entre los montos consignados en la imputación y los datos de un informe contable utilizado como parte de la base de la acusación.

Según los importes incluidos en el planteo defensivo, a Urribarri se le atribuyen presuntos incrementos patrimoniales por 11.546.740,92 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros.

En el caso de Cardona Herreros, los montos señalados son de 8.673.275,42 pesos, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros.

Las defensas sostuvieron que las diferencias con los registros contables dificultarían reconstruir la evolución patrimonial y preparar una defensa adecuada. También argumentaron que los movimientos económicos deben analizarse considerando la continuidad entre ejercicios, ya que los saldos de un año pueden incidir en la situación del siguiente.

La Fiscalía respondió que el informe contable constituye una parte de la evidencia reunida, pero que la imputación también contempla otros gastos y elementos que, según su interpretación, permiten fundamentar los montos atribuidos.

El juez consideró que las objeciones no impedían avanzar hacia el juicio oral, donde la evidencia podrá ser discutida por las partes.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la inclusión de bienes y gastos de integrantes de la familia de Urribarri en la investigación.

La defensa del exgobernador sostuvo que la pesquisa inicial abarcó inmuebles, vehículos, inversiones y otros activos de distintos familiares, por lo que consideró necesario diferenciar los patrimonios y movimientos económicos de cada persona.

También señaló que Bruno Urribarri desarrolló una carrera como futbolista profesional en clubes de Argentina y Grecia, y planteó que esos ingresos debían tenerse en cuenta al analizar la evolución económica familiar.

Las defensas advirtieron, además, sobre limitaciones en la información obtenida de entidades bancarias y fuentes extranjeras, cuyos registros, según indicaron, presentarían datos ambiguos o contradictorios.

Frente a estos cuestionamientos, Budasoff consideró que la Fiscalía presentó elementos que, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, permitirían sostener que determinadas operaciones registradas a nombre de la empresa Relevamientos Catastrales habrían tenido como beneficiarios a Urribarri y su grupo familiar, aunque la facturación no estuviera emitida directamente a nombre del exgobernador.

El magistrado entendió que las diferencias planteadas por las defensas no justificaban impedir la apertura del juicio.

Con la resolución de apertura, la causa avanzará hacia la etapa de admisión de evidencias, en la que se determinará qué pruebas podrán incorporarse al debate y bajo qué condiciones.

La acusación deberá sostener su hipótesis durante el juicio, mientras que las defensas tendrán la oportunidad de cuestionar los elementos presentados y exponer sus argumentos.

La responsabilidad penal de Urribarri y Cardona Herreros será materia de evaluación durante el proceso oral y público, luego de que la Justicia considere admisible la discusión de la imputación en esa instancia.

La Fiscalía expuso los fundamentos de su pedido para que la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros sea elevada a juicio oral y público.

Durante la audiencia ante el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano detallaron la evidencia reunida para sostener la acusación, que comprende el período entre enero de 2008 y diciembre de 2015, cuando Urribarri se desempeñó como gobernador y diputado provincial.

El martes 20 será el turno de las defensas de los dos imputados que continúan vinculados a la investigación. El otro sospechoso, Ángel Rubén Martínez, resolvió su situación procesal mediante un juicio abreviado.

Los fiscales adelantaron las penas que solicitarán durante el eventual debate oral.

Para Urribarri, en calidad de autor, pedirán cinco años y diez meses de prisión, una multa equivalente al 100% del monto del presunto enriquecimiento y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con las pericias que sustentan la imputación, el monto atribuido al exmandatario asciende, tras su actualización, a $11.546.740,92, US$7.245.441 y 16.300 euros.

Urribarri ya cumple una condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú por cinco hechos de corrupción que fueron juzgados en un mismo debate.

En el caso de Cardona Herreros, la Fiscalía solicitará cinco años de prisión como partícipe necesario y una multa equivalente al 100% del monto investigado. Según la acusación, la suma atribuida al empresario asciende a $8.673.275,42, US$7.155.783,71 y 14.100 euros.

Estos pedidos corresponden a la pretensión de los fiscales y deberán ser evaluados en las instancias judiciales correspondientes.

Al comenzar la audiencia, Budasoff recordó que ya se habían agotado las cuestiones preliminares y resuelto los recursos presentados por las defensas.

Entre otros planteos, los abogados cuestionaron la extracción de evidencia digital, señalaron presuntos incumplimientos de los protocolos para su obtención y solicitaron que se declarara extinguida la acción penal por prescripción. También pidieron la nulidad de la remisión de la causa a juicio y el sobreseimiento de los imputados.

Una vez resueltas esas cuestiones, la audiencia avanzó sobre los argumentos de las partes respecto de la prueba reunida y la solicitud de elevación a juicio.

Durante la exposición, los fiscales repasaron año por año los elementos obtenidos en distintos allanamientos. Los procedimientos se realizaron en Buenos Aires, en la vivienda de Cardona Herreros y en la empresa Relevamientos Catastrales SA, de la que es presidente. También se secuestraron elementos en la casa de Urribarri, ubicada en calle Néstor Garat, en Concordia, y en el domicilio de Martínez, en Buenos Aires.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Cardona Herreros habría actuado como una “persona interpósita” para gestionar y facilitar beneficios para Urribarri y su familia, cuyos gastos habrían sido afrontados posteriormente por el exgobernador.

Los fiscales señalaron que entre la documentación secuestrada encontraron correos electrónicos y mensajes que, según la acusación, permitirían reconstruir esas operaciones. Entre los elementos mencionados figura un intercambio de información que identificaron con el nombre de “Ayolas”.

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con viajes al exterior que habrían realizado Urribarri, su esposa, Ana Lía Aguilera, sus hijos y personas de su entorno.

La Fiscalía enumeró desplazamientos a Londres, Madrid, París, Atenas, Venecia y Cerdeña, además de viajes a Nueva York, Natal y Río de Janeiro.

Según los fiscales, en varios casos los viajes se habrían gestionado desde la empresa de Cardona Herreros, que también habría intervenido en las reservas de hoteles de cinco estrellas y en la organización y el pago de los traslados.

La acusación sostuvo que los viajes están respaldados por informes de la Dirección Nacional de Migraciones, que fueron incorporados a la investigación.

Entre las operaciones detalladas durante la audiencia, la Fiscalía mencionó la compra de una escultura en Venecia por US$2.200. La obra, de 45,6 kilos, habría generado otros US$7.000 en gastos para su traslado desde Murano.

También se expuso la presunta adquisición de un reloj Rolex cuyo valor actualizado fue estimado en $21 millones.

Otro de los puntos señalados fue la compra, modificación y amueblamiento de un departamento en Puerto Madero, junto con el pago de sus gastos e impuestos. Según la hipótesis fiscal, la propiedad habría sido adquirida por el empresario a comisión por US$1.227.000 y abonada mediante una entrega inicial y 29 cuotas.

Estos elementos forman parte de la evidencia que la Fiscalía considera relevante para sostener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los fiscales también describieron operaciones vinculadas con la adquisición de vehículos por parte de Cardona Herreros y otras personas de su entorno. Según la acusación, algunos de esos automóviles contaban con autorizaciones para ser conducidos por los hijos mayores de Urribarri.

Como parte de la exposición, mencionaron una infracción de tránsito registrada sobre la Ruta Nacional 14, en cercanías de Concordia, correspondiente a uno de los vehículos vinculados con el empresario.

Urribarri y Cardona Herreros también están acusados por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y fraude en una causa vinculada con la contratación de un sistema de software para la administración pública.

Según la investigación, la contratación se habría concretado mediante el pago de coimas a exfuncionarios de las gestiones de Urribarri y habría beneficiado a Relevamientos Catastrales SA, empresa presidida por Cardona Herreros.

En ese expediente, numerosos exfuncionarios resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados en los que reconocieron los cargos formulados en su contra.

La audiencia continuará con las exposiciones de las defensas. La eventual elevación a juicio permitirá que las acusaciones y los elementos reunidos sean examinados en la instancia oral, en caso de que así lo resuelva la Justicia.

La Sala I en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió avanzar hacia el juicio oral en una causa por abuso sexual que se tramita en Concordia, al rechazar una impugnación extraordinaria presentada por la defensa del imputado e instruir que se realice la audiencia de remisión a juicio.

El pronunciamiento fue emitido el viernes 9 de octubre, con una nueva integración del tribunal conformada por Leonardo Portela, Carlos Federico Tepsich y Laura Mariana Soage, y se ajustó a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa se inició en 2020 a partir de la denuncia de una agente de la Municipalidad de Concordia, quien habría sido agredida mientras desempeñaba sus funciones durante la pandemia de COVID-19. La identidad del imputado se mantiene bajo reserva y fue identificado en el expediente con las iniciales J. K.

Con esta resolución, el máximo tribunal entrerriano dispuso remitir las actuaciones al Juzgado de Garantías de Concordia para que se concrete, por quien corresponda, la audiencia previa a la elevación de la causa a juicio oral.

El expediente atravesó distintas instancias judiciales antes de llegar a esta nueva resolución.

El 31 de marzo de 2025, la Sala I en lo Penal del STJ, integrada entonces por Daniel Omar Carubia, Claudia Mónica Mizawak y Laura Mariana Soage, había hecho lugar a un planteo de la defensa contra una sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.

En aquella oportunidad, el tribunal declaró la nulidad de ese pronunciamiento y de otras decisiones anteriores dictadas en la causa. Además, consideró insubsistente la potestad del Ministerio Público Fiscal para continuar con los actos de investigación y dispuso el sobreseimiento del imputado.

Sin embargo, la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de junio de 2026, el máximo tribunal nacional revocó la sentencia del STJ entrerriano y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, al considerar que la cuestión ya había sido abordada en el precedente conocido como Price.

A partir de esa intervención, la Sala I volvió a analizar el caso y emitió la resolución del 9 de octubre.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la diferencia entre el vencimiento de los plazos para investigar y la extinción de la acción penal.

El STJ reconoció que los plazos previstos para la Investigación Penal Preparatoria habían transcurrido sin que la Fiscalía solicitara oportunamente las prórrogas correspondientes. También señaló que el pedido de remisión a juicio había sido presentado fuera del plazo legal.

No obstante, el tribunal sostuvo que esa situación no implica, por sí misma, que la acción penal quede extinguida ni constituye una causal autónoma para disponer el sobreseimiento del imputado.

En cambio, precisó que el vencimiento de los términos legales limita las facultades procesales de la Fiscalía para continuar con la investigación e incorporar nuevas pruebas.

De esta manera, la resolución distingue entre la vigencia de la acción penal y la posibilidad de seguir realizando actos de investigación una vez vencidos los plazos establecidos por el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Sobre esa base, el tribunal rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa y ordenó que la causa regrese al Juzgado de Garantías de Concordia para avanzar con la audiencia de remisión a juicio.

Tras conocerse la resolución, la abogada querellante María de los Ángeles Petit, representante de la denunciante, manifestó su conformidad con la decisión judicial y destacó el trabajo del fiscal de la causa, el doctor Núñez.

“Estamos muy conformes con el fallo, y sobre todo, por el trabajo del Fiscal de la causa, el Dr. Núñez”, expresó.

La letrada también cuestionó el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente y señaló que la víctima debió esperar varios años para llegar a esta instancia.

“Esperamos la audiencia de remisión a juicio que debió realizarse hace muchos años, pero un tecnicismo privó a la víctima de justicia y de un acto de reparación, después de tanto tiempo de exposición y revictimización”, afirmó.

Con el nuevo pronunciamiento, la causa deberá continuar su trámite en Concordia. La resolución habilita el avance hacia la instancia de juicio oral, aunque no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el 16 de septiembre el procesamiento de Fabián Carlos José Pulido, Aldo Ezequiel Paganucci, Lucas Diego Martínez Videla y Alberto Luis Martínez, imputados por presunto entorpecimiento del ejercicio de derechos ajenos sobre las aguas, previsto en el artículo 182, inciso 2, del Código Penal.

La investigación está vinculada con intervenciones realizadas en el arroyo Colorado, afluente del arroyo Los Laureles, en un sector protegido del Delta del Paraná. Los cuatro procesados tienen distintos roles y responsabilidades relacionados con la firma Establecimiento Los Laureles SA, dedicada a la cría y el engorde de animales.

Según publicó Era Verde, la empresa cuenta con un permiso transitorio para desarrollar actividades pecuarias en unas 995 hectáreas del denominado Lote 35, Lámina 2 Sur, perteneciente al Estado entrerriano.

El área intervenida se encuentra a unos 52 kilómetros al sur-suroeste de Victoria y a aproximadamente 15 kilómetros al norte de Villa Constitución, en la costa santafesina.

De acuerdo con los informes incorporados a la causa, se realizaron movimientos de suelo sobre la ribera sur del arroyo Colorado, en la zona de su confluencia con el arroyo Los Laureles.

También se constató la instalación de estructuras modulares de hormigón armado conocidas como tetrápodos, además de un murallón de piedras y un tablestacado. Estas obras de estabilización habrían modificado el paisaje en una extensión aproximada de 110 metros.

A su vez, los relevamientos señalaron la eliminación mecánica de vegetación mediante tareas de desmalezado en unas 121 hectáreas de humedal.

Uno de los elementos considerados en la investigación fue que las intervenciones se realizaron dentro del Área Natural Protegida Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria y en un contexto en el que rige una medida cautelar federal de protección del Delta del Paraná desde el 1 de julio de 2020.

La confirmación de la Cámara Federal mantiene vigente el procesamiento de los cuatro imputados, pero no constituye una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse en las siguientes etapas del proceso judicial.

El expediente continuará su curso hacia el juicio oral, donde se evaluarán los hechos investigados y la eventual responsabilidad de los acusados.

Según el encuadre penal mencionado en la causa, el delito contempla penas de prisión que pueden variar según las circunstancias y la calificación que finalmente se determine. Además, el caso podría tener consecuencias en materia ambiental: la Ley General del Ambiente N.º 25.675 establece el principio de recomposición del daño cuando se produce una afectación al ambiente.

De este modo, el proceso judicial deberá establecer tanto las responsabilidades penales que correspondan como las eventuales obligaciones de reparación ambiental.

El viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso, quedó en el centro de una situación que comenzó como un conflicto de pareja y tomó dimensión institucional por el cargo que ocupa dentro del Ejecutivo municipal.

La situación se hizo pública luego de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. En ese contexto, Eugenia Fugaza, expareja del funcionario, afirmó que se encontraba internada y acusó públicamente a Troncoso de haberla agredido físicamente.

Las declaraciones fueron realizadas en respuesta a una publicación periodística que inicialmente había difundido una versión sobre una supuesta internación del viceintendente. Esa información fue posteriormente desmentida por el propio Troncoso.

Fugaza sostuvo públicamente que era ella quien se encontraba internada y atribuyó su situación a una agresión. También calificó a Troncoso como una persona violenta.

Luego de la repercusión que alcanzó el caso, el viceintendente difundió una carta pública en la que reconoció que atraviesa una situación familiar y de pareja compleja, pero negó haber ejercido violencia física contra Fugaza.

“Estoy bien de salud y no estuve internado. Quien sí se encuentra internada y recibiendo atención profesional es Eugenia, mi expareja”, expresó.

El funcionario rechazó además que la internación de Fugaza haya sido consecuencia de una agresión física de su parte.

“Rechazo totalmente que esto haya sido a causa de cualquier hecho de violencia física de mi parte hacia ella. Al respecto vengo haciendo las presentaciones correspondientes y hay un trámite judicial en marcha”, afirmó.

Troncoso cuestionó también algunas de las versiones que circularon durante los últimos días y señaló que evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o no chequeada.

El viceintendente sostuvo que el conflicto pertenece al ámbito privado y que no involucró a personal municipal. También afirmó que continúa cumpliendo sus funciones y concurriendo diariamente a trabajar.

“Hay chicos de por medio y nuestra prioridad, como adultos, es preservarlos”, manifestó.

Las declaraciones de Fugaza y Troncoso constituyen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existe una determinación judicial pública que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

La situación tuvo además una consecuencia política. El concejal de La Libertad Avanza, César Schanzenbach, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de General Ramírez para solicitar la renuncia de Troncoso.

La iniciativa plantea que los hechos denunciados comprometen la idoneidad ética requerida para el ejercicio de una función pública y propone que el cuerpo legislativo exprese su repudio institucional.

En uno de sus artículos, el proyecto solicita a Troncoso la “renuncia indeclinable” al cargo de viceintendente por una supuesta pérdida de idoneidad moral sobreviniente.

El concejal también propone que el Ejecutivo municipal, a través de las áreas de Desarrollo Social y Género, garantice asistencia y protección psicológica, médica y legal a las personas afectadas del entorno familiar.

La presentación de Schanzenbach no implica que el Concejo haya resuelto la renuncia del viceintendente. Se trata de un proyecto que deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

Troncoso integra la gestión de la intendenta Flavia Pamberger como vicepresidente municipal de General Ramírez. La situación abre ahora un escenario institucional que deberá seguirse en dos planos: por un lado, el trámite judicial al que hizo referencia el propio funcionario; por otro, el tratamiento político que pueda tener el pedido presentado en el Concejo Deliberante.

El caso también puso bajo discusión la respuesta que deberá adoptar el gobierno municipal frente a una denuncia pública que involucra a uno de los principales integrantes del Ejecutivo.

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, encabezó este viernes en Concordia la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa (MPD), encuentro en el que presentó el informe de gestión y los principales lineamientos institucionales del organismo.

La jornada reunió a integrantes de la Defensa Pública de toda la provincia y contó con la participación de Stella Maris Martínez, ex defensora general de la Nación, quien estuvo a cargo de una conferencia sobre la evolución de la Defensa Pública y su papel en la protección de los derechos humanos dentro del sistema de Justicia.

También participaron el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Federico Tepsich; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafael Cotorruelo; el ex defensor general de la provincia, Arsenio Francisco Mendoza; y la vocal del STJ Susana Medina, entre otras autoridades.

Durante su exposición, Benítez realizó un repaso de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Defensa en distintos puntos de Entre Ríos.

Entre los temas abordados estuvieron las políticas vinculadas con salud mental, con especial atención a la problemática del suicidio; el Régimen Penal Juvenil; la situación de la adopción y la disminución de inscriptos en el Registro de Adoptantes; y la difusión del dispositivo Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.

También se destacó la expansión del sistema de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que actualmente alcanza a casi todo el territorio provincial y cuenta con el acompañamiento de equipos técnicos interdisciplinarios.

El informe incluyó además un análisis de la situación carcelaria y del trabajo desarrollado por las defensorías en materia Penal, Civil y de Familia.

“Tenemos que destacar el esfuerzo que hacen todos los defensores públicos y defensoras públicas para poder darle acceso a justicia a la gente. Es un trabajo cotidiano que no se puede cuantificar y que en épocas de crisis como la actual es cuando más se incrementa”, sostuvo Benítez.

El defensor general también se refirió a las herramientas creadas para atender cuestiones vinculadas con salud mental. “Nos hicimos cargo de los derechos que se ampliaron y por eso tenemos instituciones como el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental”, señaló.

En ese contexto, planteó la necesidad de profundizar el trabajo institucional frente a las tasas de suicidio registradas en Entre Ríos, con especial atención a la población joven.

Luego de la presentación del informe se desarrollaron talleres de trabajo sobre distintas áreas de intervención de la Defensa Pública. Los encuentros abordaron cuestiones penales, de familia, niñez y adolescencia, además del funcionamiento de los equipos técnicos interdisciplinarios.

La actividad fue organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

El cierre estuvo a cargo de Stella Maris Martínez, quien brindó una conferencia sobre la historia y la actualidad de la Defensa Pública en Argentina y su función como garante del acceso a derechos dentro del sistema de Justicia.

Entre las autoridades presentes también estuvieron el secretario general de la Asociación de la Magistratura, Germán Dri; los vocales Gaspar Reca y Victoria Federik; la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; y la presidenta de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Graciela Chiappa.

El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera mantuvieron este jueves su primera audiencia de conocimiento con la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Las entrevistas se realizaron por videoconferencia y tuvieron como objetivo establecer un primer contacto entre la magistrada y los tres condenados, además de conocer aspectos relacionados con su adaptación al régimen penitenciario y las condiciones en las que cumplen sus penas. También participaron la fiscal Fernanda Ruffatti y los defensores Miguel Ángel Cullen, por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez, por Báez.

Durante su audiencia, Urribarri puso el foco en las condiciones de alojamiento y en los insultos que, según relató, recibe cuando debe desplazarse por sectores comunes del establecimiento.

El exgobernador contó que durante su primera semana estuvo alojado en un espacio común junto a otros internos y describió ese período como “siete días horribles”.

Según relató, posteriormente fue trasladado a otro sector junto a Aguilera. Desde entonces, sostuvo que evita los espacios compartidos por temor a posibles agresiones.

“No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme”, manifestó.

También explicó que actualmente su rutina transcurre principalmente dentro del sector donde está alojado. Al mismo tiempo, reconoció la actuación del personal penitenciario después del traslado y señaló que no tenía cuestionamientos contra los agentes. Según expresó, considera que realizaron un esfuerzo para garantizar su seguridad.

Ante el planteo, Bértora explicó que las restricciones para circular por determinados sectores por temor a agresiones no son una situación exclusiva de Urribarri.

“Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, explicó la magistrada.

La jueza señaló que corresponde al Servicio Penitenciario evitar el contacto entre personas que mantienen conflictos y sostuvo que situaciones de este tipo también se presentan en otros establecimientos penitenciarios.

“Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, expresó.

Urribarri respondió que desconoce las condiciones particulares del resto de los internos y planteó si existe un régimen específico para un exgobernador. “No, la verdad que no”, contestó Bértora, quien explicó que los regímenes penitenciarios se organizan de acuerdo con las características de la población alojada y no contemplan una categoría especial para quienes ocuparon cargos políticos.

Los tres condenados fueron trasladados desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná a la UP Nº 9 de Gualeguaychú a comienzos de septiembre. El Servicio Penitenciario dispuso posteriormente su alojamiento en un sector que originalmente había sido destinado al área de Sanidad.

Actualmente cuentan con 14 habitaciones, cuatro baños —dos fuera de servicio— y climatización centralizada, según la descripción realizada durante la audiencia. El espacio es utilizado exclusivamente por Urribarri, Báez y Aguilera.

El traslado al sector se produjo luego de que se registraran presiones e insultos por parte de otros internos.

Durante la entrevista, Bértora también recomendó a Urribarri realizar tratamiento psicológico, sugerencia que extendió a Báez y Aguilera.

La magistrada explicó que, cuando corresponda analizar eventuales salidas, se tendrán en cuenta distintos aspectos de la evolución de cada condenado durante el cumplimiento de la pena, además de su conducta.

La audiencia también permitió conocer aspectos personales y educativos de los tres condenados. Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y que abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Ante la consulta de la jueza, manifestó que actualmente no tiene interés en retomar una propuesta educativa dentro del establecimiento.

En el caso de Aguilera, en cambio, durante su audiencia manifestó su intención de continuar con sus estudios universitarios y ya inició gestiones con el área de Educación de la unidad para avanzar en esa posibilidad.

Las audiencias constituyeron el primer contacto formal entre Bértora y los tres condenados desde su traslado a la Unidad Penal Nº 9, dentro del seguimiento judicial de sus respectivas penas.

El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, se pronunció a favor de mantener vigente la sentencia dictada en el marco del amparo presentado por el sistema de desayunos y meriendas escolares en la provincia.

En su dictamen, García consideró que no corresponde hacer lugar a la apelación presentada por padres, AGMER y la Fundación CAUCE, y recomendó confirmar el fallo cuestionado.

El funcionario sostuvo que la sentencia no resulta arbitraria, sino que está debidamente motivada y fundamentada en las normas constitucionales, convencionales y provinciales aplicables al caso.

Uno de los puntos centrales del dictamen es el reconocimiento de que la instrumentación de las políticas públicas de alimentación corresponde al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, García aclaró que esa competencia no queda fuera del control judicial cuando se encuentran involucrados derechos fundamentales. En ese sentido, consideró que la Justicia puede intervenir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.

El Procurador también planteó que la sentencia debe interpretarse en un sentido amplio. Según su análisis, no alcanza simplemente con retirar aquellos productos que tengan sellos de advertencia nutricional, sino que el objetivo debe ser garantizar una alimentación escolar efectivamente saludable.

En ese punto, García remarcó que cualquier adecuación del sistema debe traducirse en cambios concretos en los alimentos que reciben los estudiantes y no limitarse a modificaciones formales relacionadas con su etiquetado.

La consideración apunta a que el cumplimiento de los estándares de alimentación saludable debe verificarse sobre los productos efectivamente incorporados al sistema escolar.

El Procurador General también destacó la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial impulsada por el Gobierno de Entre Ríos.

De ese espacio participan especialistas, profesionales, universidades y la empresa proveedora del servicio, entre otros actores. Para García, se trata de un ámbito adecuado para analizar las modificaciones necesarias y avanzar en la adecuación del sistema.

Finalmente, sostuvo que la apelación presentada en el expediente puede contribuir a precisar el alcance de la sentencia, pero no constituye un argumento suficiente para disponer su revocación.

De esta manera, el pronunciamiento de Jorge García respalda la continuidad de la política alimentaria implementada por el Poder Ejecutivo provincial, aunque establece la necesidad de realizar las adecuaciones que correspondan para garantizar que los productos cumplan efectivamente con los estándares de alimentación saludable previstos por la normativa.

El dictamen deberá ser considerado en el marco del proceso judicial antes de que se defina la resolución correspondiente sobre la apelación

Crespo.- La Cámara Contencioso Administrativa de Paraná dictó un fallo donde reconoce la antigüedad de una empleada contratada en la planta transitoria de la Municipalidad de Crespo y ordenó al municipio abonar dicho adicional computable desde su ingreso en 2016.

En tanto, el gobierno municipal trabaja en la apelación del fallo, por entender que el tribunal ha interpretado equivocadamente el texto de la ordenanza Nº 2/86 en la cual no está previsto un adicional por antigüedad para los agentes transitorios.

La sentencia contempla el pago de porcentajes mensuales que van del 10% al 42% sobre el sueldo básico, incrementados con los intereses correspondientes a la fecha del dictamen.

El tribunal fundamentó su decisión citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos ‘Perramón Dávalos’ y ‘Caeiro’: “La antigüedad en el derecho público computa a distintos fines y de diversos modos. En los casos en que atienda a retribuir experiencia en la función pública encomendada al agente se contabilizan los años de servicio desde su ingreso, más allá de las formas utilizadas por la administración para vincularse.”

La agente ingreso a trabajar en 2016 como contratada y planta transitoria del municipio, encontrándose en la misma categoría desde entonces, demostrándose que durante ese tiempo, todos sus compañeros fueron nombrados como agentes de planta permanente por decreto, discriminándola en esas decisiones, para luego, desde el año 2020 ser víctima de violencia laboral en contexto de genero por el que el municipio fue condenado a reparar los daños causados.

Los abogados patrocinantes de la trabajadora, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, manifestaron su conformidad con el reconocimiento de la antigüedad destacando que el adicional por ese rubro debe ser liquidado a todo el personal contratado al que se le realizan los aportes previsionales vigentes; su omisión vulnera derechos salariales y disminuye considerablemente los haberes brutos.

Por otra parte, los abogados confirmaron que apelarán el tramo de la sentencia que rechazó la estabilidad laboral. La defensa sostiene que la medida resulta contradictoria, habiéndose probado en el expediente que la totalidad del personal contratado ingresó a la planta permanente mediante decreto, sin la realización de concursos públicos. Destacan que su representada tiene dos sentencias previas a su favor por violencia laboral en contexto de género, vinculadas a situaciones acontecidas en la anterior gestión y en la actual.

“Confiamos en que la instancia superior revierta la negativa respecto a la estabilidad, garantizando la protección integral de los derechos de la trabajadora”, concluyeron.

Desde la Municipalidad, con el caso en desarrollo, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt comentó a Paralelo 32: “Respecto al fallo se está trabajando en la apelación, él mismo no cuenta con sentencia firme por el momento”. Consultada sobre el monto a pagar, la funcionaria aclaró: “En esta instancia no hay una cifra definitiva. Por ese motivo, entendemos que sería prematuro hablar de números hasta que haya mayores precisiones sobre la resolución y hasta no tener sentencia firme”.

La agente municipal tiene otro juicio por violencia de género ocurrida en 2020, que en junio pasado tuvo un fallo de la misma cámara, a su favor con una indemnización establecida en 8 millones de pesos, a pagar por la Municipalidad. Sobre este juicio, Schmidt señaló que ese fallo fue apelado, por lo que el caso ahora está en segunda instancia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa vinculada con el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el fallo de la Corte, la definición sobre el cumplimiento efectivo de la condena quedó ahora en manos de la Justicia de Entre Ríos.

Antes de que el expediente de la Corte Suprema ingresara formalmente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, el abogado de Urribarri, Leopoldo Cappa, presentó un pedido para que el exmandatario no sea trasladado a una unidad penal.

La defensa solicitó que los ocho años de prisión sean cumplidos bajo modalidad domiciliaria, en una vivienda ubicada en calle Néstor Garat, en Concordia.

Como argumento, planteó que Urribarri atraviesa un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico.

Urribarri tiene actualmente 67 años, por lo que, según el planteo presentado, su pedido de prisión domiciliaria no se fundamenta en la edad, sino en su estado de salud y en la supuesta incompatibilidad del encierro carcelario con ese cuadro.

La Fiscalía, por su parte, ya solicitó su detención y traslado a una unidad penal.

La expectativa está puesta en la decisión que adopte el tribunal provincial. Deberá definir si Urribarri regresa a una unidad penitenciaria o cumple la condena en su domicilio de Concordia.

El exgobernador ya había estado detenido durante 50 días, luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

En enero de 2025, esa medida fue revocada por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La sentencia estableció ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el mismo proceso fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, ambos a seis años de prisión.

La sentencia de primera instancia fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, por lo que el caso llegó finalmente a la Corte Suprema.

La investigación analizó cinco hechos vinculados con el manejo de publicidad y fondos estatales.

Entre ellos se incluyó el otorgamiento de pauta oficial a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial mediante las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada causa del “Sueño Entrerriano”.

También fueron investigados la instalación de un parador en Mar del Plata, cuyo costo fue de $14 millones de aquella época, y el pago a la productora Nelly Entertainment por tres spots relacionados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

Según la acusación, las maniobras habrían permitido direccionar contrataciones de publicidad oficial con fines particulares y beneficiado a Aguilera, a quien se señaló como responsable de un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos provenientes de la pauta estatal.

Sergio Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015. Luego fue legislador provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel.

Renunció a ese cargo en 2022, después de que se conociera la condena dictada por la Justicia entrerriana.

Ahora, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia, el próximo capítulo del caso se definirá en Entre Ríos: la Justicia deberá resolver cómo y dónde cumplirá Urribarri los ocho años de prisión impuestos por la condena.

Victoria.- La Fiscalía de Victoria dio un paso determinante en la causa penal que investiga al exsecretario de Planeamiento de la Municipalidad, Ebenezer García, al resolver la ampliación formal de las imputaciones e incluir, en una medida inédita para los tribunales locales, a dos empresas como personas jurídicas. La resolución alcanza a nuevos involucrados en una trama de presunta corrupción por la provisión de hormigón para obras públicas de la ciudad.

La fiscalía a cargo de Eduardo Guaita confirmó –la semana pasada- que los peritajes informáticos y telefónicos concluidos recientemente permitieron consolidar la hipótesis del presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el artículo 265 del Código Penal.

El expediente judicial se inició a partir de una presentación formulada en su momento por los concejales de la oposición Bettina Zabala, Alejandro Rees y Luciana Zorzabal, quienes contaron con el asesoramiento técnico del abogado Rubén Pagliotto. La denuncia cuestionaba una serie de contrataciones directas concretadas a comienzos de 2024, amparadas en la ordenanza de emergencia económica aprobada al inicio de la gestión municipal. Se adquirió cemento procesado a una firma de Nogoyá que estaba relacionada comercialmente a García.

A raíz de las primeras sospechas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en las sedes comerciales de las firmas involucradas: E&H SRL —propiedad del propio Ebenezer García y su socio Torrigiani- y Hormigonera Nogoyá SRL. En esos procedimientos la policía secuestró tres teléfonos celulares y 11 computadoras de uso empresarial.

También se conoció que el volumen de información que tenían las computadoras fue clave para desentrañar la información que interesaba, pero el procedimiento implicó una demora importante.

Luego de procesar la totalidad de los soportes digitales, en abril de este año la Fiscalía recibió los primeros reportes telefónicos y a fines de julio concluyó el análisis integral del material informático.

En esa línea los elementos que se conocieron fueron determinantes para imputar a García, quien tenía un vínculo muy cercano con la Hormigonera Nogoyá y que su propia firma privada (E&H SRL) habría participado directamente en la provisión de hormigón al municipio, siendo Secretario de Planeamiento.

De acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, se lograron acreditar al menos cuatro operaciones concretadas entre enero y marzo de 2024. Las compras se interrumpieron de manera abrupta en abril de ese año, cuando el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque opositor que expuso las irregularidades.

La principal novedad contenida en la cédula notificada días atrás es la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Jurídica, un marco normativo que permite atribuir responsabilidad penal directa a las sociedades comerciales cuando los actos de sus miembros redundan en un beneficio económico para la entidad. Es un hecho poco conocido de imputación a personas jurídicas

Con los nuevos elementos de prueba, la causa sumó como imputados a Horacio Torrigiani y a un directivo de apellido Noguera, quienes se agregan a la nómina de acusados que desde el inicio integraban García y Saenz. Cada uno de los imputados nominó abogado defensor y en el caso del ex funcionario lo ejerce Oscar Firpo y su hijo Sebastián.

En la siguiente fase procesal, en base a datos recabados por Paralelo32, la Fiscalía citará a prestar declaración testimonial a empleados municipales que trabajaban en la obra de calle Bartoloni (e/Ezpeleta y San Martìn), a dependientes de las firmas comerciales y al funcionario policial que procesó la prueba informática. Tras ello, se fijará la fecha para recibir las declaraciones indagatorias de todos los imputados.

A partir de ahora –en audiencia- la fiscalía expondrá los elementos y pruebas disponibles que lo imputan como responsables de negocios incompatibles con la función pública y, en ese marco, tendrán que brindar las explicaciones.

Priman a esta altura dos alternativas: si los involucrados pueden esclarecer todos los puntos que cuestionan el procedimiento de la compra de cemento, la causa se archiva; por el contrario, si no se logran aclarar los puntos cuestionado se elevará la causa a juicio oral ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.