La Justicia de La Paz condenó a un hombre de 37 años, oriundo de Santa Elena, por la explotación de juegos de azar ilegales a través de plataformas de casinos en línea. La pena es de tres años de prisión de ejecución condicional y, según se informó, constituye el primer fallo de este tipo en Entre Ríos.

El Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, a cargo del juez Ramón Lell, declaró al acusado autor material y penalmente responsable de la infracción prevista en el artículo 301 bis del Código Penal Argentino.

La sentencia fue firmada el 18 de agosto y establece una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por la explotación de juegos de azar sin autorización legal.

El caso adquiere particular relevancia porque se trata, de acuerdo con la información proporcionada, de la primera condena dictada en la provincia por el delito de ofrecer y captar apuestas clandestinas.

Según los fundamentos de la sentencia, el condenado había organizado un sistema destinado a captar apuestas para casinos en línea que no contaban con autorización oficial.

Para llevar adelante la actividad contaba con la colaboración de otras personas que cumplían funciones de "cajeros" y "cajeras". De acuerdo con la resolución judicial, estos intermediarios se encargaban de gestionar los cobros y actuaban como vínculo entre los apostadores y las plataformas digitales.

La Justicia consideró acreditada la existencia de una estructura organizada para desarrollar de manera sistemática la actividad ilegal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el equipo legal del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), organismo provincial encargado de la autoridad de aplicación y fiscalización de los juegos de azar en Entre Ríos.

La presentación tuvo como antecedente una publicación del portal La Departamental Noticias, en la que el propio acusado había brindado una entrevista y explicado espontáneamente cómo funcionaba la actividad que desarrollaba.

A partir de esa información se realizaron distintas medidas probatorias, entre ellas peritajes y un allanamiento en el domicilio del involucrado. Esos procedimientos permitieron reunir elementos sobre la infraestructura utilizada para la captación de apuestas no autorizadas.

Uno de los aspectos destacados por el juez Lell fue que el propio imputado había explicado públicamente la estructura mediante la cual se desarrollaba la actividad.

La resolución señala que describió cómo se gestionaban los cobros y cuál era la función de las personas que actuaban como cajeros y cajeras, estableciendo el vínculo entre quienes realizaban las apuestas y las plataformas digitales.

Para el tribunal, esas declaraciones no sólo permitieron establecer su participación en la actividad investigada, sino también identificar los distintos roles dentro de una organización previamente estructurada para explotar el juego clandestino.

El artículo 301 bis del Código Penal Argentino contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen sistemas de juegos de azar sin la autorización legal correspondiente.

En este caso, la Justicia de La Paz aplicó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, en lo que representa un antecedente inédito en la provincia para este tipo de delito.