Las familias ensambladas —aquellas compuestas por parejas que conviven o se casan nuevamente y crían hijos de relaciones anteriores y de la relación actual— se han convertido en una postal cada vez más habitual en América Latina. Sin embargo, los marcos legales de la región no siempre acompañan con la misma velocidad la evolución de estos nuevos modelos familiares.

“Personas que se vuelven a casar, conviven, tienen hijos propios y de parejas anteriores: todo eso es parte de la nueva normalidad. Pero aunque el modelo social de familia va mutando, el derecho no siempre acompaña esos cambios con la rapidez o profundidad necesarios”, advierte el abogado Juan Cruz Acosta Güemes, director de la gerenciadora de patrimonios FDI.

Desde FDI, firma especializada en planificación y protección patrimonial, sostienen que muchos de los conflictos legales que atraviesan las familias ensambladas pueden evitarse con una adecuada organización previa y un diálogo abierto.

“Ordenar y planificar no significa desconfiar. Significa cuidar. Cuidar a la pareja, a los hijos, a uno mismo. Hay herramientas legales para evitar conflictos, pero todo empieza por una conversación honesta. Planificar no es solo para millonarios ni para personas grandes. Es para cualquiera que quiera proteger lo que construyó y lo que quiere dejar a quien se lo quiere dejar”, concluye Acosta Güemes.

El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos resolvió este jueves, por mayoría, destituir a la jueza Josefina Etienot, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, por hechos probados de violencia laboral que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones.

La resolución fue tomada en Acuerdo General por el tribunal presidido por la senadora Gladys Domínguez e integrado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher), el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez.

En los fundamentos leídos en la audiencia pública, la vocal del STJ, Gisela Schumacher, afirmó que la conducta de la magistrada se encuadra dentro de las causales de destitución previstas en los incisos 6 y 9 del artículo 15 de la Ley N° 9283 (texto conforme Ley 9513), al haber incurrido en “actos incompatibles con el cargo y mal desempeño”.

La jueza generó un ambiente violento en su lugar de trabajo, según lo determinaron las pruebas reunidas durante el juicio. Se constataron 18 hechos de violencia sistemática sobre al menos siete víctimas, muchas de ellas integrantes del equipo judicial del juzgado, en un contexto de desigualdad de poder que agravó la situación.

El jurado también consideró que Etienot utilizó recursos públicos para ejercer esa violencia, lo que aumentó la gravedad de su accionar y afectó el funcionamiento del juzgado, así como los derechos de personas en situación de vulnerabilidad que eran atendidas por esa dependencia judicial.

La acusación contra la jueza incluía tres imputaciones. Si bien todas fueron analizadas, el Jurado resolvió que la causal determinante fue la violencia laboral, por la contundencia de las pruebas. En cuanto a otra de las denuncias, relacionada con una sentencia emitida por Etienot, se concluyó que, aunque “errada”, no puede ser objeto de revisión por este órgano político, al tratarse de una decisión judicial en el marco de sus competencias.

No obstante, la jurado abogada María Victoria Giménez votó en disidencia parcial, considerando que dicha sentencia también debía ser motivo de destitución.

El único voto por la absolución fue el del vocal del STJ Miguel Ángel Giorgio, quien argumentó que la falta de acusación por parte del Procurador General representa un impedimento legal para emitir una condena, reiterando la postura que ya había sostenido en un caso similar.

Con esta resolución, Josefina Etienot queda removida del cargo que ejercía en la ciudad de Diamante, tras haberse comprobado un accionar incompatible con la ética judicial y el ejercicio responsable de la función pública. El fallo marca un precedente en la provincia en materia de violencia laboral dentro del Poder Judicial y refuerza la mirada institucional sobre la calidad del ambiente laboral en organismos sensibles como los juzgados de familia.

El pasado 30 de mayo se concretó un paso fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura judicial en Libertador San Martín. En el edificio del Superior Tribunal de Justicia de Paraná, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 04/25, destinada a la construcción del nuevo edificio del Juzgado de Paz de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $329.719.183,69 y establece un plazo de ejecución de 240 días corridos. La futura sede se ubicará en calle 25 de Mayo 750, en un terreno donado por el municipio con cargo de uso exclusivo para el Poder Judicial.

Durante el acto licitatorio —al que se presentaron 13 empresas tras la venta de 17 pliegos— estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Leonardo Portela; el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze; y el juez de Paz local, Dr. Sergio Colja.

En diálogo con Paralelo 32, el intendente Heinze expresó su satisfacción:

“Estuve presente en la licitación para acompañar este momento tan importante. Como intendente y como comunidad, estamos muy contentos de poder tener muy pronto el edificio construido”.

Asimismo, el Dr. Sergio Colja explicó que de las 13 empresas oferentes, 11 pasaron a la instancia de evaluación, que se llevará a cabo durante el mes de junio.

“De estas empresas se seleccionará una para adjudicar la obra. Si todo avanza bien, en julio podría comenzar la construcción y se espera que esté finalizada para fines de mayo de 2026”, detalló el magistrado.

Según precisó Colja, el nuevo Juzgado contará con 110 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en:

Tres oficinas

Mesa de entrada

Hall de espera

Baños públicos, para discapacitados y para personal

“Vamos a estar muy cómodos, por lo que se ve en el plano en cuanto a dimensiones y distribución”, comentó.

Por su parte, el intendente Heinze subrayó que la obra es muy significativa para la ciudad, que se caracteriza por su perfil universitario y de servicios de salud:

“El Juzgado de Paz ya funciona, pero lo hace en un inmueble alquilado. Esta sede propia es un gran paso, y ojalá pronto podamos sumar otras instituciones públicas”.

Finalmente, Heinze valoró la obra en el marco de una política de seguridad integral para la ciudad:

“Este avance se suma al monitoreo de cámaras y al eficiente trabajo de la Comisaría local. La idea es seguir mejorando cada día para tener una ciudad más segura y tranquila”.

Nogoyá.- No hay enero que no se los recuerde y lamentablemente cada enero la historia es exactamente igual, el resultado no varía a pesar de algún sobresalto que puede tener el expediente judicial que hace dos décadas permanece abierto en los tribunales de Nogoyá. Hoy se cumplen 23 años de que los seis integrantes familia Gil están sin aparecer y no hay rastro alguno que oriente a los investigadores para saber qué pasó con ellos. Han sido motivo de las más remotas especulaciones, incluso National Geographic aventuró con relacionarlos en un documental, a un caso de contacto con extraterrestres. Campo adentro, la especulación es otra y más aberrante que un encuentro del tercer tipo. 

Paralelo 32 accedió a una entrevista con el Juez de Transición y Garantías Gustavo Acosta, quien transita sus últimos días como magistrado y es inminente su reemplazo. 

Gustavo Acosta tiene lleva adelante la causa desde el año 2015, el expediente sigue y seguirá abierto, caratulado como averiguación de paradero ya que no hay testimonio alguno que lleve a cambiar la carátula.

Sobre las últimas novedades, el Juez de Nogoyá contó a Paralelo 32 que entrevistó a varias personas durante el año pasado, fueron vecinos que se presentaron de manera espontánea pero ningún testimonio ha sido útil para la investigación, “hoy estamos detrás de un testimonio que da cuentas de un lugar específico de la estancia, pero estamos cotejando los rastrillajes anteriores para saber si lo apuntado por esta persona no haya sido investigado con anterioridad” contó el juez.

Si bien nada se puede aseverar, Acosta reconoce que entre las diversas hipótesis, una de ellas es el desenlace trágico en el ámbito de la estancia, “por eso algunas personas señalan lugares donde se pueden encontrar los cuerpos, ya que ningún testigo ha contado que la familia salió del lugar y al día de hoy tampoco hay constancia alguna de que hayan viajado a otro lugar” explica Acosta y confiesa que a pesar de trabajar todas las hipótesis, la versión del viaje de la familia hacia otro lugar es algo que está prácticamente descartado, “porque los menores hoy serían mayores de edad y con las nuevas tecnologías, ellos intentarían contactarse con familiares o amigos, naturalmente por algún recuerdo intentarían encontrar a su abuela o algún compañero de escuela. De eso no hay absolutamente nada” asegura. 

Entre los aportes de declaraciones de vecinos en la causa, todas las manifestaciones parecen tener un patrón en común. La mayoría de las entrevistas dan cuenta de un desenlace trágico, pero más allá de esto, hay que mencionar que todos los rastrillajes y excavaciones dieron resultado negativo, dando por desestimado cada una de las declaraciones narradas en el expediente. El magistrado reconoció en este punto la colaboración que ha recibido siempre del Equipo de Antropología Forense, la Policía de Entre Ríos y Vialidad Provincial para los rastrillajes y excavaciones que se han realizado en la última década. 

“Personalmente lo considero un fracaso en mi paso como juez, más allá de todo lo que hemos conseguido como la recompensa a nivel nacional, la llegada del Equipo de Antropología Forense y varias medidas más, pero a pesar de todo esto lo que uno espera es llevar una respuesta a la familia y poder decirles que pasó con su hija, su yerno y sus nietos.  Lamento no poder decirles “acá están los cuerpos o los encontramos en otra ciudad” pero ninguna de esas noticias le pudimos dar, me voy con un fracaso a cuestas a pesar de que hicimos cientos de kilómetros con María Delia para las entrevistas, para gestionar recursos y medidas, pero lamentablemente hoy lo considero un fracaso” concluyó el Juez Gustavo Acosta. 

Durante 2024, la provincia de Entre Ríos llevó a cabo un total de 34 juicios por jurados, lo que demandó una inversión de $197.444.111 por parte del Poder Judicial. Esta cifra incluyó pagos a jurados, alquileres de salones, viáticos y otros costos operativos. Si bien se había proyectado realizar 37 juicios, variables propias de los procesos judiciales redujeron la cifra esperada.

Los 34 juicios realizados se distribuyeron en diversas ciudades de la provincia de la siguiente manera:

Desde la implementación del sistema en 2020, se han llevado a cabo 111 juicios por jurados, con un promedio anual de 22. Para 2025, se proyectan 50 juicios, lo que requerirá un presupuesto de $570.700.000.

Cada juicio demandó un promedio de cuatro días, destacándose la agilidad en la selección de jurados (audiencia voir dire) y la posibilidad de iniciar el mismo día las primeras etapas del juicio, según lo permite la Ley 10.746. Esto incluyó la promesa del jurado, el video de sensibilización en cumplimiento de la Ley Micaela y, en algunos casos, los alegatos de apertura.

El tiempo promedio entre la audiencia de admisión de evidencias y la realización del juicio fue de 25 a 40 días, permitiendo a las partes negociar salidas alternativas o preparar sus estrategias para el juicio.

En 2024, 544 ciudadanos cumplieron el rol de jurados, manteniendo la paridad de género. Desde la implementación del sistema, han sido convocadas 7.945 personas para la audiencia de selección, de las cuales 1.776 finalmente participaron como jurados en los juicios realizados.

La Dirección Provincial de Juicio por Jurados cuenta con solo dos cargos específicos creados desde la implementación del sistema, lo que destaca la necesidad de optimizar recursos en conjunto con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs).

El objetivo para 2025 es aumentar la cantidad de juicios en las jurisdicciones de Paraná y Concordia, que concentran la mayor cantidad de causas pendientes. Además, se buscará mantener la efectividad en tiempos y recursos, optimizando la coordinación entre las OGAs y la Dirección Provincial.

La implementación del juicio por jurados en Entre Ríos representa un avance en la participación ciudadana en el sistema judicial y un desafío constante en términos de recursos y planificación. Toda la información sobre los juicios realizados está disponible en el sitio oficial del Poder Judicial: https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), vocal Leonardo Portela, ofreció un balance de gestión al cierre de un año marcado por desafíos económicos a nivel nacional. A pesar de las dificultades, aseguró que “el año que termina arroja un balance positivo” y destacó que se logró garantizar el servicio de justicia en la provincia.

Entre febrero y noviembre de 2024, el Poder Judicial concretó 2.367.753 actos procesales y registró el inicio de 77.814 causas judiciales. Además, los abogados y abogadas realizaron más de 1 millón de presentaciones digitales (1.001.920), reflejando la consolidación de herramientas tecnológicas en la gestión judicial.

El trabajo del Poder Judicial incluyó:

Portela subrayó que estas cifras representan solo una parte del trabajo realizado, ya que no incluyen actividades no registradas electrónicamente, como las audiencias voluntarias en Juzgados de Paz.

El presidente del STJ destacó avances en infraestructura, tecnología y organización:

Portela también valoró la implementación de las Oficinas de Gestión Única (OGU) en el fuero de familia, como parte del proceso de modernización y desconcentración administrativa.

Entre los desafíos pendientes, Portela mencionó:

Portela concluyó su balance reconociendo el compromiso del personal judicial, cuya labor considera fundamental en un contexto de crisis social. “Vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, pero los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, destacó.

El presidente del STJ valoró también la actitud de los otros poderes del Estado, que facilitaron la tarea mediante un diálogo permanente y disposición para abordar asuntos relevantes.

Hoy, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue testigo de un evento trascendental: la apertura de las VI Jornadas Nacionales y IV Internacionales de Justicia de Paz y Juzgado de Faltas. Con la consigna "Juezas y Jueces para la Paz motivo de orgullo", el evento reunió a destacados representantes del ámbito judicial de diferentes países y provincias.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, elogió la labor de los jueces y juezas de Paz, describiéndolos como "un profundo orgullo de los Tribunales superiores y de las Cortes de las provincias argentinas". Destacó la importancia de la Justicia cercana a la población más vulnerable y necesitada, elogiando el compromiso diario de quienes la imparten.

"Ustedes son nuestra cara visible. Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento por el trabajo que hacen cada día y sepan que estamos para servirles y que ustedes sirvan a la ciudadanía de la mejor manera", afirmó Medina. En un gesto de homenaje, recordó a las "pioneras" que allanaron el camino para el reconocimiento de los derechos y la labor de los juzgados de Paz, destacando a María Luisa Lucas e Isabel Elisa Strizik. También rememoró que el movimiento de jueces y juezas de Paz tuvo sus raíces en Entre Ríos durante la presidencia en el STJER de la vocal Claudia Mizawak, y el título del encuentro fue propuesto por la vocal Gisela Schumacher.

El acto fue encabezado por Susana Medina, Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Leonardo Portela. También participaron la ministra del Superior Tribunal de la provincia de Misiones, Cristina Irene Leiva; el presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Mediación de Ju.Fe.Jus y juez del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Fernando Augusto Niz; la vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos; y el presidente de la Junta Federal de Justicia de Paz de Argentina (JU.FE.PAZ), Guillermo Vega.

María del Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JUFEJUS), saludó a los participantes de manera virtual y elogió a los organizadores del evento. Destacó la importancia de los jueces y juezas de Paz como la "cara cercana a la gente" y resaltó el convenio entre Ju.Fe.Paz y la OEA.

En su intervención, Fernando Niz subrayó la creciente importancia y visibilidad de la Justicia de Paz, describiéndola como un espacio cada vez más cercano y esencial, con un reconocimiento internacional en aumento. Para Niz, los jueces y juezas de Paz representan el potencial de la Justicia argentina.

Guillermo Vega, presidente de JU.FE.PAZ, elogió la justicia de Paz como la herramienta más formidable de acceso a la justicia para los ciudadanos en todo el país. Destacó el orgullo que representa la labor de las juezas y jueces de Paz y el modo ejemplar en que desempeñan sus funciones.

Cristina Irene Leiva resaltó la labor de los juzgados de Paz como espacios para que la ciudadanía encuentre la paz necesaria, siendo el lugar donde se establece contacto directo con la gente y se ejecutan medidas provenientes de los Poderes del Estado, haciendo efectivas las políticas públicas.

Claudia Mizawak, en su rol de presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), propuso la articulación de capacitaciones dirigidas por los propios jueces y juezas de Paz, adaptadas a sus necesidades específicas.

Eleonora Rodríguez Campos agradeció la invitación y mencionó el programa de fortalecimiento de la Justicia de Paz en la provincia de Tucumán. La jornada se presenta como un espacio propicio para el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas que fortalezcan la labor de la Justicia de Paz en todo el país.

En el primer día de las jornadas hubo 142 personas acreditadas.

Estuvieron presentes delegaciones de Buenos Aires; Catamarca; Chaco; Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Formosa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Santa Fe; San Juan; Santiago del Estero; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán. Y las delegaciones de los países de Argentina; Perú y Paraguay.

Las jornadas, destinadas a jueces, juezas, secretarios y secretarias de Paz y Faltas de Argentina y Latinoamérica, son organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) y la Junta Federal de Justicia de Paz (JuFePaz) y se desarrollan en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana. Los trabajos en la preparación se realizaron coordinadamente con el Instituto Juan Bautista Alberdi del STJER.

Victoria.- La  nueva legislación que rige en nuestra provincia contempla el abordaje al menor como un sujeto de derecho y no un objeto de derecho como era antes, explicó Juan Eduardo Lloveras, Juez de Familia y Penal de Menores de nuestra ciudad.

“Esto es lo novedoso porque el magistrado ahora analiza el hecho, si está en vulnerabilidad de sus derechos, o representa un peligro para la sociedad, para posteriormente derivar a la familia o al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)”, explicó.

Agregó que antes de esta nueva legislación, los menores de entre 14 y 16 años que cometían  un delito, se los declaraba inimputables y ahí terminaba el trámite. Con la nueva legislación, cuando se trata de casos graves como robo a mano armada, homicidio o abuso contra la integridad sexual, se los somete a un juicio penal. El juez debe declarar la autoría o no del delito, que para Lloveras es importante porque se resguardan no solo el derecho de la víctima sino también el del menor.

Aclaró que de todas maneras siguen siendo inimputables pero se someten a proceso. No se les aplican penas pero son derivados al Copnaf y se intenta alguna alternativa. Inclusive cuando no se trate de delitos graves el menor puede solicitar que se lo someta a proceso para que se compruebe la autoría o no del hecho.

Hay dos tipos de medidas que se toman; una es la protección propiamente dicha y otra es la excepcional. En el primer caso se determina que el joven sea abordado en el ámbito familiar; si esto no alcanza o no da los resultados esperados se recurre a la segunda, que representa  separar al chico. Se lo puede derivar a una familia alternativa o eventualmente a una residencia socio educativa abierta, como lo es el Hogar San Martín”.

“Actualmente en  el sistema organizado por el Copnaf hay regímenes cerrados (también excepcional) que se utilizan solamente cuando lo solicita el Fiscal y lo puede pedir únicamente cuando  considera que afecta el procedimiento en curso”.

“Estos son los puntos importantes que permiten aggiornar el nuevo Código Penal para menores respetando las  convenciones y pactos internacionales, como el de San José de Costa Rica, que la legislación anterior no contemplaba”, señaló.

Otro aspecto importante está referido a la capacitación. El que trabaja en derecho penal de menores tiene que contar con una formación especial para abordar estas cuestiones, especializarse en estos temas. Además el equipo interdisciplinario (asistente social, psicólogo) debe formar parte del proceso y elabora los  informes que se  agregan  a la causa.

Por este nuevo sistema al juzgado de Familia de Victoria no ha ingresado ninguna causa, porque a la investigación penal preparatoria la llevan a cabo los fiscales en el marco de un Juez de Garantía. En cambio Llovera representa lo que se denomina un juez de sentencia, que será responsable de llevar adelante el debate y en el caso que corresponda se hace otra audiencia y se dicta sentencia. Pero si se toman medidas referidas a cumplimiento de determinadas conductas que el menor debe revertir, puede ocurrir que al momento de dictar sentencia esta no sea necesaria.

Lo que se desprende es que el sistema tiene  una marcada complejidad y pasos que no son sencillos de traducir.

Con respecto al debate en danza en torno a la idea lanzada por el gobierno nacional, de profundizar las penas a los menores, Lloveras se mostró cauto en ese sentido y sostuvo que primero  en el marco de una política de minoridad se debe determinar qué proyecto se tiene para rescatar y abordar a menores con problemas, en forma previa a la participación de un delito. “Porque puede ocurrir que no alcancen las cárceles para internar a los jóvenes”.

Hay que brindar oportunidades para que ese chico tenga la posibilidad de integrarse a la comunidad. Hay programas que andan muy bien con centros de contención u hogares de recuperación que son alternativa para algunos jóvenes, pero hay que reconocer que otros nunca de adaptan. A modo de ejemplo explicó –en diálogo con Paralelo 32– que un chico de 15 años que tiene serios problemas de adicción es muy difícil que se pueda recuperar, el trabajo hay que hacerlo antes y evitar que el chico consuma.

El artículo N° 83 de la nueva Ley Penal referida a menores, establece que la justicia no puede actuar cuando se producen casos de contravención. En estos hechos  actúa la  policía, que habitualmente lo entrega a sus representantes legales, o si considera que es peligroso para sí o para terceros puede derivarlo a Copnaf.  Para la ley, “el que infringe una ordenanza policial o municipal, comete contravención”, y la contravención está referida a cuestiones que no llegan a ser un delito (peleas en la vía pública, personas que provocan desorden por ebriedad y agresiones verbales, por ejemplo).